🕒 0:00 Adrián Ernesto Castro Piedra (75%)

el asambleísta Adrián Castro. Muchas gracias, presidente y colegas asambleístas. Este punto del orden del día tiene que ver específicamente y exclusivamente con un tema de transparencia, de lo que la gente en nuestros cantones, en nuestras provincias necesita conocer, porque muchas veces nos enteramos de ciertas noticias a través de boletines de la Coroneloría General del Estado, pero no terminamos de aterrizar en territorio. Hace exactamente dos horas, colegas asambleístas, les invito a revisar el portal Primera Plana ECU, que acaba de sacar un reportaje en donde se analiza a 248 autoridades de este país, 79 de ellas, con lo que un equipo de 13 periodistas del Ecuador determina como 79 saltos patrimoniales inusuales, que significa que han incrementado su patrimonio por arte de magia. 13 periodistas de 37 medios, con el auspicio nada más y nada menos que del Pulitzer Center y además de Fundamedios. Periodistas de todo lado, además para que nos quedemos tranquilos. Y eso tiene relación directa con lo que estamos tratando en este punto, colegas asambleístas, porque la Contraloría General del Estado hace un análisis desde el enero del 2024 hasta el 2026 y determina 137 indicios de responsabilidad penal. 137 indicios que se concentran en municipios de este país. Algo totalmente inusual, nunca antes visto, al menos en lo que corresponde a la provincia de la SUAE. Y aquí no nos dejan mentir, colegas de las diferentes bancadas, en la historia de nuestra ciudad y de nuestra provincia nunca ocurrió aquello. Hay que ver con vergüenza las cifras que publicaba la Contraloría General del Estado cuando comparecía a la Comisión de Desarrollo Económico y a la Comisión de Régimen Económico, en donde mostraba un ranking vergonzoso de provincias encabezada por la provincia del Oro con 28 indicios de responsabilidad penal, seguidos lamentablemente de mi querida provincia de la SUAE con 18. Luego Pichincha con 17, Loja con 9, Guayas con 8, Manaví con 5 y así sucesivamente en indicios de responsabilidad penal. Esto, colegas asambleístas, no es un hecho menor. Esto es un hecho que todos nosotros en nuestras distintas jurisdicciones y a nuestros votantes les hemos dicho que íbamos a investigar en el momento en que llegábamos a nuestras curules. Y esta es nuestra obligación. Por más que algunos quieran decir que no, que es competencia de los municipios, que hay que dejarles nomás hacer lo que les da la gana. No, señores, nosotros somos los que aprobamos las leyes, nosotros somos los que aprobamos los presupuestos generales del Estado, nosotros somos los que hacemos los procesos de fiscalización nacionales y no podemos abstraernos de ninguna manera de tocar temas que afectan al bolsillo de nuestros pobladores, de nuestros ciudadanos. Y tengo que referirme a caso puntual de nuestra ciudad de Cuenca, porque siendo el segundo en el ranking, yo entenderé que mis colegas de las distintas provincias y cantones también podrán ver casa adentro lo que está pasando, pero lo que ocurre es extremadamente grave. Por citar algunos casos vergonzosos, como por ejemplo el famoso caso Radares, en una terminación inusual de contratos unilateralmente, que debían ser unilateralmente, terminaron siendo de mutuo acuerdo, a pesar de que existía un informe que decía que debía darse una terminación unilateral. El exgerente de la empresa pública de movilidad, parte de la actual administración, sale ahora a los medios de comunicación a decir que es testigo de reuniones secretas, de reuniones entre directivos, a puertas cerradas entre gallos de medianoche para resolver ese tema. 5,5 millones de dólares le costó eso a la ciudad de Cuenca debido a este mal uso de los fondos públicos. Otro caso, el caso obligado, que seguramente han de haber escuchado, o lamentablemente quienes deberían estar dedicados a resolver los problemas del transporte, que está solamente circulando hasta las 7 de la noche, lamentablemente lo único que tiene chance de movilizarse y muy seguros. El alcalde, pues, vehículo blindado de 180 mil dólares por regra de asambleístas, 180 mil dólares en un vehículo blindado. Ese es el gasto magnífico para la seguridad de una sola persona que, por supuesto, de llegar no más a cualquier hora a su casa. Entenderé que muchos de nosotros usamos acá en quinto transporte público, pero allá se dan el lujo de tener gastos de 180 mil dólares. Muchos de nosotros con un riesgo mucho más elevado que el de la primera autoridad allá, ¿no? Imagínense ustedes el famoso caso Talleres. Esto sí es de Ripley, una persona muy cercana al alcalde, de la familia del alcalde, firmando contratos, presentando facturas y al final del año anulándolas para que un tercero se beneficie de esas facturas y entre a ganar todos los santos contratos de talleres en la ciudad de Cuenca. Todos los contratos. Un monopolio a través de facturas falsas. Esto lo dijo un economista el otro día en uno de los programas nacionales, entiendo que eran políticamente correctos y como que se hicieron los locos los que estaban presentes ahí. Ahí está clarito. Familiares, amigos. Si eso no nos asusta, pues, yo no sé en dónde estamos. El famoso caso Farra, también determinado en uno de los exámenes de control, en donde a los artistas que fueron contratadas les pregunto al equipo auditor si cobraron efectivamente lo que dice el contrato y ¿saben qué respondieron? Que no. Que no cobraron lo que decía el contrato. ¿Dónde se fue el resto de la plata, colegas aleístas? Ojo que son casos que seguramente están pasando en el resto del país y no se concentra en uno solo. Y el caso hospitales que denunciamos el año pasado acá al frente en la Contraloría, junto con mi bancada, en donde revelábamos que 21 millones de dólares y un poco más se fueron a un solo contratista. ¿Qué suerte? Invitaban en cada proceso a mil doscientos y pico de contratistas en una institución internacional, donde podía participar Ecuador, la China, Japón, Noruega, etcétera, y ganó un solo contratista. Un solo consorcio. Y uno de los técnicos a cargo decía, ¿qué es coincidencia nomás? ¿Qué suerte que haya ganado un solo consorcio la construcción de tres hospitales? Acá no nos oponemos a la salud, pues que sería el colmo hacerlo, pero sí nos oponemos a los contratos truchos, amañados, que vienen plagados de una serie de actos ilícitos, como les acabo de mencionar. Por eso pedí este cambio del orden del día hace algún tiempo atrás, colegas, y en buena hora que se toque, porque creo que es obligación de la Asamblea Nacional llevar arresto a la Comisión de Régimen Económico y, por supuesto, realizar un trabajo de fiscalización para transparentar al país entero y a las principales provincias y cantones de este país que están dentro de ese ranking vergonzoso sobre lo que ocurre detrás de un indicio de responsabilidad penal. Hasta aquí mi palabra, señora Presidenta y colegas asambleístas. Muchas gracias.