🕒 0:00 Keevin Fernando Gallardo Ruiz (100%)

el asambleísta Kevin Gallardo. Presidente encargado de la Asamblea Nacional, colegas legisladores, en primera instancia me gustaría empezar reconociendo a Matilde Hidalgo de Prócel, la primera mujer ecuatoriana y latinoamericana en ejercer el derecho al voto, que ha sido el legado de toda la democracia en nuestro país. Compañero presidente, estamos tratando un tema que los colegas legisladores de la bancada de la izquierda han hecho la consulta de por qué ahora. Porque hay una Comisión de Relaciones Internacionales que actúa con responsabilidad. Esa es la respuesta. Y desde este punto, compañero presidente, quiero hacer esta intervención dividida en dos aspectos fundamentales. La primera, silencio por favor compañeras legisladoras, debatamos con respeto y altura que el pueblo ecuatoriano nos está observando. El primero de ellos, desde el derecho internacional público, ya está la Convención de Bienes sobre el Derecho de los Tratados, del artículo 25, 26, 27, que hacen referencia al pacto Asuncer-Banda, que hacen referencia a la obligatoriedad del Estado ecuatoriano de someterse a acuerdos y obligaciones internacionales. Y también está el artículo 43, que claramente hace referencia, el artículo 54, que claramente hace referencia a la denuncia de los tratados internacionales. Esto desde la doctrina realista de las relaciones internacionales, donde tenemos a Walsh, por ejemplo, o a Morrentau, hacen referencia a que los tratados internacionales, en base a la soberanía del Estado, una soberanía que viene desde 1648 con la constitución del primer Estado-nación en Westfalia, deben terminarse, deben denunciarse cuando no son llamativos o no son beneficiosos para el Estado que genera el Tratado Internacional. Desde el año 2020 no existe movimiento internacional económico y verifiquemos, esto no se trata de un proceso de integración regional o de ponerle un pie a los procesos de integración como han tratado de instaurar la narrativa a los compañeros de la izquierda del hemiciclo. Yo les consulto y les devuelvo la pregunta, compañeros legisladores de la Revolución Ciudadana, ¿en qué paso de un proceso de integración regional favorecía el tratado su...? ¿Acaso zona de libre comercio? ¿Acaso unión aduanera? ¿Acaso mercado común? ¿Acaso unión económica? ¿Acaso comunidad económica? Creo que no me van a poder contestar esta pregunta. Este es un tratado obsoleto y en virtud de la soberanía del Estado para no obligarnos y para no exponer al Estado ecuatoriano a posibles incumplimientos del Tratado Constitutivo, este tratado con absoluta responsabilidad, transparencia y autonomía del Estado ecuatoriano tiene que ser denunciado como bien lo está haciendo la Comisión de Relaciones Internacionales y esta Asamblea Nacional. Hacía referencia también la compañera legisladora, por ejemplo, a que propone una moratoria de 12 meses para la denuncia de este tratado, y discúlpeme que suelte esta expresión. Cuando el mismo Tratado Constitutivo hace referencia a que previo a la denuncia tienen que transcurrir 12 meses para que se haga vigente, está proponiendo lo mismo que el Tratado Constitutivo requiere. Colegas legisladores, este es un tema que tiene que ser debatido con absoluta responsabilidad de los intereses del Ecuador. Y bien lo hace esta Asamblea Nacional cuando desde la teoría del derecho internacional, del dualismo, el tratado no ingresa de manera automática al ordenamiento jurídico, o razón por la cual tampoco puede salir de manera automática del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Esta es la realidad de lo que pasa con Sucre. Y les voy a contar también cómo funcionaba este tratado, de lo que pude revisar, por ejemplo, una empresa ecuatoriana decía que exportaba bienes a Venezuela. ¿Qué pasaba? El importador venezolano pagaba en qué? ¿En qué moneda, compañeros? ¿En qué? En bolívares. En bolívares. El sistema convertía esta operación a qué? Azucre es de esa moneda ficticia que no tenía respaldo. Los bancos centrales de cada país compensaban estas operaciones. El supuesto exportador ecuatoriano recibía la plata en qué? Ya no en bolívares, sino adivinen qué. En dólares. El mismo tratado constitutivo, dentro de sus objetos y fundamentos, ¿qué dice? Que se trata de generar una moneda alterna y quitarle la fuerza al dólar. ¿Qué dice nuestra Constitución con respecto a la moneda oficial? ¿Es del bolívar o es del dólar? ¿O es del sucre? ¿A qué hay que defender? ¡Al dólar! Esa es la razón fundamental por la que este tratado no reconoce el beneficio para el Estado ecuatoriano. Más aún cuando verifiquemos quiénes son nuestros socios comerciales según este tratado, ¿con qué países nos estamos obligando? ¿Con la dictadura cubana? ¿Con la dictadura venezolana? ¿Con la dictadura de Nicaragua? ¿Con la crisis de Bolivia? ¿Y con países que no generan representatividad a nivel comercial del Ecuador dentro de la comunidad internacional? La política exterior del Estado ecuatoriano es cierto, la está contemplada en el texto constitucional. Pero desde el ejercicio pragmático y realista de las relaciones internacionales, nuestros principales socios comerciales tienen que ser los que en verdad generan una balanza forable dentro del comercio exterior ecuatoriano. Mi palabra, presidente. Tiene la palabra la asambleísta...