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Mónica Rocío Alemán Mármol (75%)
Gracias, presidente. Un saludo a todos los colegas asambleístas, a toda la ciudadanía que debe estar pendiente de este debate a través de los diferentes medios de comunicación. Una vez más, el presidente envía un proyecto económico urgente con título pomposo, sostenibilidad y eficiencia del gasto de los gobiernos autónomos descentralizados. Y asimismo, una vez más, otro proyecto con vicios de inconstitucionalidad. Y aquí cabe preguntar, ¿sostenibilidad para quién? Para el gobierno que va en la línea de tomarse los recursos de los gobiernos descentralizados para resolver la crisis fiscal. ¿Eficiencia de quién? Esa eficiencia que no ha tenido el gobierno central para establecer políticas públicas que ayuden a mitigar temas de inseguridad. Esa eficiencia que no ha tenido el gobierno para resolver la crisis de salud. Esa eficiencia que no ha tenido el gobierno para reactivar la economía y generar el empleo que tanto ofreció a la gente. Este proyecto de urgencia económica no es un ejercicio de técnica fiscal. Este proyecto constituye una emboscada política contra los GAD. Quiero manifestar mi preocupación en este pleno, compañeros, respecto al procedimiento que se ha dado en la comisión. Se ha negado sistemáticamente la presencia de autoridades de los distintos GAD que formalmente han solicitado ser escuchados. Se habla de una asamblea de puertas abiertas, pero sin embargo, estamos vallados en los alrededores del Palacio Legislativo, restringiendo el contacto con la ciudadanía. Señores comisionados de desarrollo económico, el no recibir a otras autoridades no es solo un error administrativo, es un vicio formal de inconstitucionalidad por falta de deliberación democrática real. No se puede legislar a espaldas de los territorios, transformando una reforma supuestamente técnica en una imposición centralista que asfixia a quienes están en primera línea de atención ciudadana. Esta exclusión deslegitima el proceso y nos advierte sobre la naturaleza engañosa de un proyecto que busca el control de un presupuesto ajeno. El gobierno intenta justificar este proyecto bajo la narrativa de fomentar la inversión mediante la regla fiscal del 70-30. Como legisladores deberíamos nosotros ya conocer que esta regla ya existe. La obligatoriedad del 70% de los recursos se destina a la inversión y el 30% a gastos corrientes. ¿Cuál es entonces el verdadero fin de esta ley? No es el orden fiscal, sino una maniobra estratégica para desvanecer la deuda de más de mil millones de dólares que el gobierno central mantiene con los GAT. Al imponer una regla punitiva e inaplicable, el Ejecutivo busca enoglar políticamente a los gobiernos locales. Parecería que al gobierno le encanta lo ajeno. No hace ni deja ser. Por eso incluso se condonaron 70 millones de impuestos, recursos públicos, señores. Este proyecto introduce una guillotina fiscal. La mecánica es perversa. Si un GAT no cumple una métrica contable manipulada, se activan reducciones drásticas en el modelo de equidad territorial, bajando los porcentajes a los mínimos constitucionales. El impacto financiero, según datos proyectados en el 2025, realmente es preocupante. Ingresos permanentes, reducción del 21 al 15%. Ingresos no permanentes, reducción del 10 al 5%. Impacto total de disminución de alrededor de 960 millones de dólares, casi mil millones de dólares. Esta medida constituye, por supuesto, una regresión de derechos inconstitucional y destruye la previsibilidad financiera exigida por el artículo 271 de la Constitución, dejando a las alcaldías y prefecturas realmente a su merced de la discrecionalidad de un burócrata del Ministerio de Finanzas. La trampa contable más agresiva radica en la reclasificación del gasto. El proyecto pretende que el personal que genera valor agregado y las transferencias de inversión pasen a ser computados como gasto corriente. Con eso se garantiza el incumplimiento automático de la regla de 70-30. ¿Cómo cumplen esta regla que pretenden imponer? Si este gobierno no asigna oportunamente los recursos a los GAT, pague lo que les debe a los gobiernos autónomos descentralizados. Primero, cumpla con los mandatos constitucionales. La sanción no es a la autoridad, la sanción es al pueblo, a la gente. A la gente le restan la posibilidad de tener agua potable, alcantarillado, vías, sistemas de riego y más obras en beneficio de su comunidad. Este proyecto de ley pone en riesgo programas de desarrollo social que se han implementado y esto no afecta a la burocracia dorada, afecta a los ciudadanos más vulnerables. El debilitar a los gobiernos locales dejará vacíos que el gobierno central en su probada ineficiencia no podrá llenar. En Pichincha se pone en riesgo de alrededor de 200 mil personas al año que se han atendido a través de un proyecto de salud de Pichincha Humana. Sin el grupo 71 no habrá especialistas para su atención. En Quito se amenaza la estabilidad de los colegios municipales que educan alrededor de 25 mil jóvenes. Deberíamos preguntarnos de qué sirve tener infraestructura para atender a mujeres víctimas de violencia si no puedes tener un personal técnico especializado para su atención. De qué sirve tener proyectos que incentivan el deporte a nuestros niños y adolescentes si no puedes tener los entrenadores. De qué sirve la infraestructura para atender a la gente con servicios de salud si no puedes contar con especialistas que atiendan a la ciudadanía. Debo ser tajante. Esta ley es nula de origen. Viola el artículo 425 de la Constitución al pretender que normas técnicas del Ministerio de Finanzas e Instrumentos Infralegales determinen el alcance de derechos constitucionales. Esto vulnera la autonomía consagrada en los artículos 238 y 240 de la Constitución. Hay que ser claros. Quien debe decir si los GAT cumplen la aplicación de la norma del 70-30 ya vigente es la Contraloría General del Estado no pues del Ministerio de Finanzas siendo juez y parte. Señor gobierno, para plantear una regla hay que dar el ejemplo. ¿Por qué no se autoimpone la norma que plantea? Quizá porque no le conviene. Porque la ejecución presupuestaria del gobierno ha sido nula en temas de inversión. Han sido, lo que sí, muy eficientes en ejecutar alrededor de 560 millones para bonos electorales. Ahora sí también han priorizado alrededor de 130 mil dólares en renovar tres baños del Palacio de Canón de Lez y además que el Ejecutivo ni siquiera pasa ahí. Colegas asambleístas, no caigamos en la ingenuidad de creer que este proyecto es mejorable. La disposición transitoria primera proponía una implementación gradual a partir del año 2027. Ahora, como esto lógicamente se contradecía con el concepto de económica urgente, la han cambiado para que se aplique desde este año 2026. Esto incluso demuestra que no escucharon a los comparecientes de esta comisión, que ellos pedían otra cosa. Esta transitoria es un horror. Colegas, los presupuestos del 2026 ya fueron aprobados en el año 2025, lo que hace de esta ley una aplicación retroactiva, lo que es completamente ilegal. El proyecto de ley tiene una lógica antieconómica y antijurídica. Si una autoridad electa es ineficiente, se debe castigar a la autoridad y no a los ciudadanos como pretende el gobierno. Por ejemplo, si la Contraloría identifica problemas en contratos, la solución que está poniendo este gobierno no es castigar al mal funcionario, es precisamente dejar sin los servicios a la ciudadanía con la reducción de los presupuestos a los gobiernos autónomos descentralizados. Para concluir, este proyecto busca la quiebra del modelo de Estado descentralizado para cubrir las deficiencias de la caja fiscal del gobierno central. Persistir en su aprobación generará una avalancha de demandas de inconstitucionalidad. Colegas, por la dignidad de nuestros territorios, por quienes esperan que esta Asamblea Nacional trabaje en beneficio de las grandes mayorías, no podemos dejar de herencia una norma que legalice la vulneración de sus derechos. La gente de nuestras parroquias, cantones, provincias de nuestro país merecen leyes que abonan al desarrollo. Por eso y más, esta propuesta debe ser negada y archivada. Por lo que insisto, presidente, se considera votación la moción presentada por mi colega asambleísta Javier Lazo. Es hora de defender la autonomía con firmeza legislativa. Muchas gracias.