asambleísta Germania Romero.
Buenos días, señora presidenta, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano. Hoy vengo a defender el derecho del pueblo ecuatoriano a conocer toda la verdad. No podemos cerrar una fiscalización política cuando todavía existen preguntas fundamentales que esta comisión decidió no hacer. Si no, todo lo contrario, la mayoría subordinada decidió encubrir a los responsables de la corrupción. No podemos decirle al Ecuador que hemos investigado completamente un caso cuando los principales responsables políticos de la conducción del sector energético no fueron llamados a comparecer ante esta comisión. Por múltiples ocasiones, si lo pueden certificar, pedí la comparecencia de los ministros Luque y Manzano.
Sin embargo, siempre los votos de ADN lo negaron. E incluso la presidencia de la comisión, que podía llamarlos a comparecer, nunca lo hizo. Entonces, ¿por qué es la pregunta? ¿Por qué le tienen miedo a dar la cara? No podemos utilizar la ausencia de esas comparecencias para concluir que no existe responsabilidad política. Esto no es fiscalizar, esto es investigar a conveniencia. Y luego pretenden convertir esa investigación incompleta en una absolución política. Presidentas, colegas asambleístas, si realmente les importa la verdad y el país, les exhorto a que esta sesión virtual se suspenda y sea convocada de manera presencial, lo antes posible en el pleno de la Asamblea Nacional.
Y se han recibido en Comisión General, Luque y Manzano, para que le den la cara al país, ya que no le dieron la cara a la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social. Colegas asambleístas, el informe de mayoría nos dice que no se desprenden actos u omisiones, imputables, autoridades que puedan configurar responsabilidad política. Pero yo pregunto, ¿cómo llegamos a esta conclusión si no escuchamos a quienes tenían la responsabilidad política de dirigir el sector energético? El informe de minoría deja constancia de que solicitamos que comparezcan autoridades como Roberto Luque, Inés Manzano y otros funcionarios vinculados con la conducción del sector.
Esas solicitudes no prosperaron, insisto, de manera frontal. Dichas solicitudes fueron descaradamente negadas por los asambleístas de ADN. Entonces, pregunto al país, ¿cómo se puede declarar inocente políticamente a alguien a quien ni siquiera se le hizo la investigación política? Se pretende justificar la ausencia de responsabilidad política diciendo, en esencia, que Contraloría no determinó responsabilidad política contra los ministros. Pero, colegas, Contraloría no tiene esa competencia. La Contraloría puede determinar responsabilidades administrativas, civiles e indicios de responsabilidad penal. La responsabilidad política corresponde a esta Asamblea Nacional. Es increíble cómo abusan de la ignorancia para encubrir la corrupción.
La Contraloría hizo su trabajo. La Fiscalía debe hacer el suyo. Y nosotros tenemos que hacer el nuestro. No le quieran ver la cara al pueblo ecuatoriano, por favor. Respeten la investidura sagrada que el soberano les entregó. Porque aquí no estamos hablando de un error administrativo menor. Estamos hablando de contratos millonarios. Estamos hablando de Progen y ATM. Estamos hablando de una crisis energética que llevó al Ecuador a soportar apagones y una enorme afectación económica y social. Estamos hablando de hallazgos de control que son extremadamente graves. En el caso Progen, compañeros, el informe de minoría recoge que Contraloría determinó indicios de responsabilidad penal y recomendó responsabilidades administrativas con más de 130 mil dólares y responsabilidad civiles por aproximadamente 69.6 millones de dólares.
En Salitral, según lo recogido en el informe, se pagó el 70% del valor contractual, 69.58 millones de dólares, sin evidencia técnica, suficiente para acreditar adecuadamente el cumplimiento del primer étud. En Quevedo, nuevamente, aparecen problemas relacionados con la acreditación del primer étud. En la capacidad técnica y económica de Progen y hasta se identifica un pago realizado a nombre de Astro Bricsa, S.A., sin que se justificara adecuadamente su relación contractual con Progen. Y en ATM, la situación tampoco es menor. El informe de minoría recoge que se redujo injustificadamente la potencia mínima requerida de 100 a 90 megavatios.
Que se permitió que se permitió utilizar equipos de hasta siete años cuando el requisito era de cuatro. Que se permitió que se permitió que se permitió que se permitió que se permitió que se permitió que se permitió que se permitió un pago superior a 53 millones de dólares correspondiente al segundo hito. O sea, ¿verdad? Entonces, yo pregunto, compañeros. de verdad vamos a decir asambleístas su tiempo
terminado, por favor.
no existe ninguna dimensión esto es señores asambleístas, hoy tenemos que decidir qué tipo de asamblea queremos ser, una asamblea que impure la corrupción o una asamblea que con transparencia le da respuesta al país por eso, colegas no aprobemos la impunidad en el Ecuador nadie está por encima de la ley al pueblo ecuatoriano le debemos decir ¿no?