🕒 0:04 María Verónica Iñiguez Gallardo (75%)

Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, colegas. La discusión de este proyecto de ley nos exige mirar un poco más allá de la coyuntura y también pensar en la salud institucional de nuestro país. Nadie niega que el derecho a la repetición es legítimo y además necesario para proteger los recursos públicos y también exigir responsabilidades de quienes, sea por dolo o también por culpa grave, han causado algún tipo de perjuicio para el Estado. Sin embargo, la forma en la que se estructura y la que se pretende aplicar esta ley puede marcar una gran diferencia entre la justicia y la arbitrariedad. La ley de repetición debe servir para proteger el dinero del Estado, han dicho aquí. Es correcto, suena muy bien en el discurso, pero en la práctica, ustedes, quienes están en ese lado del hemiciclo, han mostrado algo completamente distinto. Les voy a decir por qué. El gobierno de Daniel Novoa primero planteó dentro de una consulta popular que se permitiera el arbitraje internacional y el pueblo contundentemente se opuso en las urnas y le dijo que no. Así que no vengan ahora a decirse que se preocupan por los laudos arbitrales porque eso es lo que están persiguiendo y esa es la verdadera razón detrás de buscar que se apruebe la ley tal y cual está. Prueba de esto también es que el caso de Chevron Texaco, que también ha sido mencionado aquí, desvirtuándolo completamente, porque para venir a este pleno, señoras y señores, es necesario hablar con conocimiento, pero no hicieron esa tarea. Y este caso de Chevron Texaco data desde los finales de los 60, no desde el 2015 como se ha dicho aquí, pero ciertamente por conveniencia y voluntariamente omitiendo, no quieren decir que hubo un solo gobierno en esta república que se opuso al pago de los laudos arbitrales y ese fue el gobierno de Rafael Correa Delgado. Y eso es lo que duele aquí. En una suerte de doble moral, lo que hicieron fue tratar de culparlo a él de haber defendido, incluso el mismo proceso dijo que había una defensa muy grande hacia el ambiente. Esto fue reconocido no sólo a nivel nacional, fue reconocido a nivel internacional. Y ustedes intentan aquí desvirtuar aquello. Pero eso no sólo es suficiente. Les comento lo que pasó hace seis días aquí en el Ecuador y no lo han mencionado ustedes. El Ecuador le devolvió 84 millones en garantías al oleoducto de crudos pesados, por el oleoducto de crudos pesados, a la empresa argentina Pampa Energía. 84 millones de dólares en garantías que tenían que quedarse porque hubo denuncias probadas sobre daños ambientales y perjuicios laborales a los empleados de las petroleras. Aún así, el gobierno de Daniel Doboa le dio los 84 millones de dólares y aquí nadie dijo nada. Ustedes tampoco se han pronunciado, sí lo hicieron cuando fue lo de Chevron, todavía festejando que estaba pagando 220 millones de dólares diciendo diciendo que era una cantidad menor a la que tenía que pagarse. No, señores, no engañan a nadie. Eso ya tenía que darse desde hace mucho tiempo y la lucha no ha sido por eso. Ha sido porque ese dinero vaya a las comunidades, pero ustedes lo que están buscando es que se pague eso. ¿Y cómo lo quieren hacer? A través de una falsa ley de repetición en donde buscan perseguir políticamente pero no realmente subsanar cuáles son los problemas. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a permitir que sigamos pisando la soberanía que es lo que se hace con los laudos arbitrales y sigamos premiando la sumisión? Puede ser que ustedes estén acostumbrados a ser sipayos, pero aquí en este país desde las entrañas siempre se ha defendido la independencia y la soberanía. Y nosotros desde este lado del hemiciclo siempre vamos a respaldar a esta gente, a la gente que pelea realmente por no tener esta injerencia internacional. No podemos permitir que una ley tan delicada sea tratada con la ligereza con la que estamos hablando aquí. Ya se aprobaron cinco leyes, entre comillas, económicas urgentes, donde todas fueron declaradas inconstitucionales por este carácter persecutorio. Ahora no estamos haciendo más que lo mismo. Por eso es que surge la pregunta, ¿quiénes van a ser los nuevos chivos expiatorios? ¿Ahora quién están buscando perseguir? Porque hasta ahora, si bien han hablado de los laudos arbitrales y que están cero impunidad, solo recuerden lo que ustedes hicieron hace pocos días también, blindar a los ministros detrás del caso de Progena TM. ¿Pretenden decirnos ahora que después de blindar eso quieren que haya juicios de repetición? ¿Para quién? Para los mandos bajos, para aquellos empleados que realmente a veces hasta por necesidad incluso terminan firmando y también condenándose por aquello. Pero a esto sí no lo estamos tratando ni tampoco se está mencionando. Aquí los chivos expiatorios no serán únicamente las figuras políticas, también van a ser todos los funcionarios de bajo rango, personas que muchas veces solo están cumpliendo con su trabajo y que por presión o por temor podrían perder hasta su empleo. La rendición de cuentas, colegas asambleístas, es fundamental, pero debemos evitar que esta ley se convierta en una herramienta de revancha política. La experiencia regional ya nos demuestra que cuando las normas permiten una persecución selectiva, se termina judicializando a la política y debilitando nuestra confianza en las instituciones. Lo que hoy se dirige como hacia un grupo, mañana puede volverse contra otro. Ya ayer, incluso en este mismo pleno, se hablaba de que las dictaduras no son eternas, el poder es efímero y a lo mejor estamos nada más lanzando saliva al cielo. Así que mucho cuidado con esto. Además, el proyecto de ley carece de salvaguardas suficientes para evitar el uso arbitrario, no establece límites claros sobre la retroactividad ni mecanismos independientes para determinar la existencia del dolo o de la culpa grave y los protocolos para tratar cada uno de estos casos. Asimismo, tampoco garantiza que el proceso no sea manipulado por intereses coyunturales, tal cual lo estamos viviendo en este momento. La máxima autoridad, en cualquiera que sea la entidad, puede ser juez y parte. Un jefe inmediato puede tranquilamente decir que el empleado es el culpable si se llegase a aprobar la ley tal cual está. La presión política puede condicionar la presentación de demandas incluso sin tener pruebas sólidas. Y esto es muy peligroso. A lo mejor ustedes se sienten intocables ahora, pero el pueblo ecuatoriano sabe muy bien que esto va en contra de ellos mismos, no de ustedes. La ley tampoco distingue entre errores administrativos ni conductas dolosas, lo que incrementa el riesgo de esta cacería de brujas. No podemos construir un Estado de Derecho sobre la base de la sospecha ni del castigo ejemplarizante. La responsabilidad tiene que ser real, pero también justa y proporcional. Si realmente queremos proteger al Estado y a la ciudadanía, entonces debemos exigir una ley que sea equilibrada, con procedimientos claros, plazos razonables, órganos independientes y además con una provisión expresa de la retroactividad. ¿Hasta cuándo, señoras y señores, asambleístas, oficialistas, vamos a seguir utilizando a la Asamblea Nacional como un escenario para ajustar cuentas personales y simplemente seguir persiguiendo a adversarios políticos? Basta ya. Muchas gracias.