🕒 0:07 Janeth Katherine Bustos Salazar (75%)

Gracias, señor presidente, compañeros asambleístas. Acogiendo sus palabras, señor presidente, ojalá que de aquí en adelante existe el respeto, la consideración y el debate a la altura que merecen los ecuatorianos. Gracias por esa gran rectificación. Ninguna propuesta a la inseguridad será legítima ni eficaz si no se reconoce esta realidad. Militarizar sin corregir las causas profundas es en atender el síntoma, más no la enfermedad. Hablar de seguridad en el país es hablar sobre una herida abierta y sobre todo de una provincia de la que vengo, como es mi hermosa Esmeraldas, que todos los días tiene asesinatos, vacunas, extorsiones, secuestros, claro, sin desconocer la realidad del resto del país. El país está viviendo en condiciones de pobreza estructural, abandono del Estado en los últimos años y una violencia que se expandió allí donde el Estado se retiró. Cuando no hay salud, educación, empleo ni oportunidades, el crimen organizado ocupe ese vacío. La inseguridad que hoy vive es el resultado de los últimos años de exclusión territorial. Hoy se nos plantea el apoyo complementario a las Fuerzas Armadas a la Policía, acorde a lo que establece el artículo 158 de la Constitución. Debemos decirlo con claridad. La militarización de la seguridad sin una política social integral, sin prevención, sin intervención social, implica graves, pero gravísimos riesgos. Las Fuerzas Armadas no fueron formadas para tareas policiales cotidianas, ni para convivir con comunidades ni barrios empobrecidos. Cuando se las despliega sin límites claros, sin controles estrictos y sin formación adecuada, el riesgo de abuso se multiplica, compañeros legisladores y señor presidente. El país ya ha pagado un precio demasiado alto por decisiones tomadas sin planificación, sin una visión clara de seguridad y desconectada de la realidad. Qué tristeza ver, y aunque a algunos les moleste o nos incomode decir esto, qué tristeza ver el uniforme militar manchado de sangre de inocentes. El caso de los niños de las Malvinas no puede repetirse jamás. El caso de Efraín Fuérez, donde el mando político envió a las Fuerzas Armadas a reprimir su pueblo, ni podemos tolerar los 237 casos de uso ilegítimos de la fuerza, extralimitación de funciones, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que se han denunciado ante el país y la Fiscalía General del Estado. Esta no es una cifra que me la invento, esto está en la Fiscalía General del Estado. La seguridad no se puede construir sacrificando derechos humanos ni normalizando la violencia estatal contra los más vulnerables. El apoyo complementario de Fuerzas Armadas necesita ser regulado y sus miembros necesitan ser capacitados, porque se le distrae de su misión fundamental, su propia naturaleza, que es la custodia de la soberanía. El discurso sobre la seguridad también debe cambiar, porque se trata de contener el crimen y no de amplificar la violencia. Las respuestas a la inseguridad deben ser contundentes, eficientes, inteligentes, planificadas y respetuosas de los derechos humanos, si no, no podrán ser efectivas. Por eso, desde el país, desde mi provincia verde, exigimos que cualquier intervención militar esté estrictamente regulada, controlada y humanizada. Regulación clara para que la excepcionalidad no se vuelva una regla. Apoyamos, escúchese bien, apoyamos que exista un articulado que obliga la legalidad en capacitación obligatoria en derechos humanos y uso legítimo de la fuerza, porque el rol de las Fuerzas Armadas debe ser adaptarse a esta nueva misión y de esa manera conocer el marco legal que les rige, lo que se les prohíbe y lo que se les permite. Y nunca más en este país se violenten derechos de nadie. Que la Fuerza Pública cumpla su misión, que es proteger la paz y el orden público de los derechos humanos. En algún momento se pensó que el país había entrado en razón y no ocurriría nunca más un caso parecido a los de los hermanos Restrepo. Pero nos equivocamos porque recién pasamos un caso de tortura y desaparición y asesinato en los niños de las Malvinas. Se requiere sobre todo conciencia ciudadana e institucional, porque no podemos construir desde el populismo y desde la demagogia, sino con propuestas serias, viables, coordinadas y evaluadas. Porque gobernar es algo más allá que postear en redes, es hacer que las calles vuelvan a ser seguras. No porque hay más armas, más tanques, más fusiles, gente en la calle con violencia, sino porque haya justicia, dignidad, oportunidad y estabilidad. Los miembros de las Fuerzas Armadas también necesitan ser atendidos, porque ellos también tienen familia, tienen derechos, necesitan oportunidades. Su situación les exige cumplir, pero también tienen derechos. Ahora mismo, su precarización laboral y el ajuste de políticas institucionales a este nuevo rol es negativo para sus derechos. Atender la situación de sobrecarga operativa, el desgaste físico y mental de un conflicto prolongado en el tiempo por la incapacidad del gobierno también es negativo para ellos. No podemos pedirles que asuman un rol y no prepararlos para ello y brindarles el apoyo que se requiere desde el Estado, que lejos de aliviar sus condiciones de trabajo, lejos de atender la situación de inseguridad, lo que pretenden es elevar su edad de jubilación y reducir sus pensiones de retiro. También hay que estar de parte de las Fuerzas Armadas y resaltar que sus derechos también quieren ser y están siendo vulnerados. Y no solo se trata de asignarles una nueva responsabilidad y no garantizar que cuenten con el apoyo de recursos necesarios. Recordemos que la contribución especial del IVA debe destinarse al fortalecimiento de fuerzas para rehabilitar su movilización, su alimentación, sus derechos y sobre todo sus salarios. Deben invertir en la coordinación de las Fuerzas Armadas del orden público con la función judicial, la estructura y todo el apoyo. Total, ya van cerca de 3 mil millones de dólares del IVA recaudado que nos cobran a los ecuatorianos y no vemos dónde se están implementando. Para esto, para implementar y equipar las Fuerzas Armadas, también tienen que ser designados estos rubros. Es necesario, además, que todas las instituciones vinculadas establezcan un ámbito legítimo. Y por eso, señor Presidente, pido por medio de Secretaría se lea el artículo 226 de la Constitución de la República. Por favor. Gracias. Gracias. Gracias.

🕒 9:11 Continuación Sesión (62%)

Autorizado. Artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador. Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal, ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.

🕒 9:43 Janeth Katherine Bustos Salazar (75%)

Gracias, señor secretario. Es claro el artículo que cada institución y quien la dirige tiene competencias claras. El otro no puede invadir sus competencias, por eso nuestro aporte a esta ley es que se cree también un comité de coordinación institucional de monitoreo y evaluación de la intervención. ¿Y por qué proponemos esta, hacemos esta propuesta? Porque cuando llegó todo el comité de la fuerza pública a la comisión de fiscalización y control político, ellos dijeron que no había articulación, que no había coordinación y que no trabajaban en conjunto. Por ello, señora presidenta, compañeros asambleístas, las instituciones deben de trabajar en conjunto para que no siga existiendo más vulneración del derecho y sobre todo que una institución no entre en competencias que no le atribuye y no le corresponde en el ámbito del control de la inseguridad. Muchas gracias, señor presidente.