🕒 0:00 Luis Esteban Torres Cobo (100%)

Gracias, Presidenta. Incrementar penas a este tipo de delitos e incorporar más delitos creo que es lo mínimo que podemos hacer. Contravenciones por delitos tan graves no tienen asidero realmente en la situación que vive el país. Otros países tratan como delitos gravísimos al mal uso de uniformes de agente de la ley, tanto como delitos en el caso de Estados Unidos federales, como delitos estatales, con varios años de prisión, como delitos de tercer grado, de grado 4 en algunos estados, es algo que no se deja a la ligera. Y menos aún cuando se utilizan los uniformes para cometer delitos. Estamos hablando de que aquí es un agravante para aquel que comete un delito, mata, secuestra, extorsiona, utilizando un uniforme de los agentes de la ley. Y esa es una problemática que preocupa y preocupa por los últimos sucesos y por lo que se ha venido dando en estos últimos años con un crimen organizado que realmente ya no tiene ningún límite, ni siquiera entre ellos, ya se ajustan cuentas con las familias incluidas y que además ha visto en los uniformes policiales y militares e incluso en aquellos agentes de tránsito municipales la manera de engañar, engañar no sólo a ciudadanos, engañar no sólo a garitas en urbanizaciones lujosas en algunas ciudades, sino en todo lado. Y por eso me atrevo a decir, señorita Presidente de la Comisión, que la reforma tiene que tener también una reforma a otros códigos que tratan temas de seguridad para que los debidos controles se los haga permanentemente dentro de las instituciones respectivas, con la debida fiscalización. Saber, por ejemplo, cómo están planificados los tipos de operativos. A mí me pasó el año pasado manejando mi vehículo en la provincia de Manaví, en el día, por suerte no era en la noche, que comenzaron a parar en una calle en un operativo, entiendo que era de tránsito, uno no sabe si es un operativo CAMEX que hacen militares, policías o si era un operativo de tránsito. Y sí me sorprendió no ver, por ejemplo, un vehículo oficial, que realmente en este momento es lo único que diferencia a un delincuente vestido con un uniforme policial o militar de un agente real de la ley, porque el vehículo es difícil de fingir. Hasta las motos ahora he visto que les ponen calcomanías y fingen que están siendo de policías y militares. Pero en ese operativo sí me asusté, porque vi una sola moto y vi a seis personas haciendo los controles en la calle. Entonces, uno duda y dice, quizás aquí es más seguro acelerar e irme más allá que parar. Finalmente paré, no pasó nada, pero ese temor es el que experimentan muchos ecuatorianos y muchos ciudadanos día a día en el Ecuador. Así que creo que esto requiere también una fiscalización permanente de cómo están previstos los operativos y, por ejemplo, dictaminar, yo no sé si a nivel legal, pero quizás con una sugerencia, de que en la mayoría de operativos exista al menos un vehículo que diferencie a unos y a otros, porque la moto ya no tiene ninguna diferenciación. Pero algo que vale la pena también discutir y que preocupa muchísimo a los ecuatorianos y que también es motivo, no sólo de una revisión exhaustiva de lo que está pasando en las instituciones encargadas de regular este tipo de cosas, sino que es un tema importante de fiscalización, es justamente saber qué está pasando con las empresas de seguridad. ¿Por qué hay narcotraficantes que tienen a su nombre empresas de seguridad? Con 20, 30, 40 supuestos guardias de seguridad, además con permisos legales de armas. Yo fui la persona que presentó en diciembre del 2020 la primera reforma a la Ley de Armas de 1980 buscando justamente el porte legal y civil para los ciudadanos que cumplían con requisitos en la ley. Finalmente se cristalizó, ya no a nivel legislativo, pero a nivel del Ejecutivo. Y muchas personas, incluyéndome, tenemos permisos legales de porte y de tenencia de armas. Pero todos los requisitos que se tienen que cumplir, todas las prácticas que se tienen que hacer, toda la regulación que se va para renovar los permisos, aparentemente se les pasa por encima a aquellos que autorizan empresas de seguridad a nombre de delincuentes y que tienen a 20 o a 30 gatilleros con permisos circulando en las ciudades y haciendo de las suyas. Así que que valga esta reforma en la que estoy de acuerdo y yo creo que hay que incrementar incluso más las penas a estos delitos para también ver qué está pasando con las empresas de seguridad y todo aquello que lamentablemente preocupa a los ecuatorianos. Gracias, señora Presidenta.