🕒 0:22 José Luis Nango Cuji (100%)

Marichicha y Luguna, Ecuador, Mamilactata, Arimani. Un gusto saludarles, compañeros de asambleístas, señora Presidenta, encargada, pueblo ecuatoriano que nos escucha por los diferentes medios digitales a nivel del país y del mundo. Hemos venido a la Asamblea a aprender a debatir, a crear, a derogar leyes, pero lo que pasó hace momentos no debe volver a pasar. Pasemos de esta historia a otra historia, una asamblea digna, responsable, y que no nos faltemos el respeto en todos los ámbitos. Hoy debatimos la adhesión del Ecuador al Tratado sobre el Comercio de Armas. No es un asunto remoto ni protocolario, es una decisión que toca a la seguridad pública, el control efectivo del Estado y nuestro deber constitucional de proteger la vida y la paz social. En los últimos años, el país ha visto cómo operan redes dedicadas al tráfico de armas y municiones, con decomisos relevantes y estructuras que abastecen a organizaciones criminales. Esas armas sostienen economías ilícitas, extorsión, sicariato y control territorial. Cuando un arma entra al circuito ilegal, aumenta el poder de fuego del delito, crece el miedo y se rompe la convivencia. Frente a ello, sobre el Tratado de Comercio de Armas, fija estándares para que las transferencias internacionales de armas convencionales, exportación, importación, tránsito y corretaje, se sometan a reglas claras, autorizaciones previas y controles verificables. En términos sencillos, que ninguna transferencia se haga a ciegas y que el Estado sepa que se mueve, quién lo mueve, por dónde y quién es el usuario final real. El Tratado incorpora, además, una dimensión ética y de derechos humanos, exige evaluar el riesgo y negar una transferencia cuando exista probabilidad de que esas armas faciliten delitos graves o alimenten violencia. Es un enfoque preventivo que pone límites donde hoy el crimen organizado busca avanzar. En el plano jurídico, este instrumento ya fue sometido a control previo de constitucionalidad. Se determinó que requiera aprobación legislativa por las adecuaciones internas que implica y se verificó su compatibilidad con nuestra Constitución. Hoy, no decidimos a ciegas, decidimos con sustento jurídico y perspectiva de Estado. Pero aprobar el Tratado no es el final, es el inicio de una obligación. Se requieren sistemas modernos de registro y control, coordinación institucional, intercambio de información y control efectivo de rutas, puertos y fronteras. A esta responsabilidad debe sumarse la de la Asamblea, fiscalizar la implementación, exigir resultados y asegurar que los compromisos no queden en letra muerta. En este debate es indispensable hablar de justicia territorial, particularmente de la realidad del Ecuador profundo y de la Amazonía. La adhesión al Tratado debe ser también una oportunidad para revisar y perfeccionar nuestra normativa interna sobre uso y control de armas, con un enfoque que reconozca la diversidad del país. En la región amazónica, muchas comunidades utilizan armas de corto alcance como herramienta de subsistencia para alimentar a sus hogares y para protegerse frente a los riesgos del entorno natural, como enfrentarse a una anaconda de 12 metros, a un tigre, a un jaguar. Esa realidad no puede tratarse con la misma lógica con la que se combate el tráfico ilícito que abastece al crimen organizado. No se trata de evadir la ley ni de pedir impunidad. Se trata de que estas realidades se incorporen en la norma con reglas claras y verificables para evitar que un ciudadano indígena amazónico sea criminalizado por transportar o tener un arma destinada a su subsistencia y protección en su territorio sin una vía de registro y regularización acorde a su contexto. Hablamos de permisos y registros con trazabilidad y procedimientos adecuados que distingan a quien usa estas herramientas para vivir de quien trafica armas para matar y controlar territorios. Eso es el sentido de la legalidad con pertinencia territorial. Señora Presidenta encargada, colegas asambleístas, el mensaje que debemos enviar hoy es de responsabilidad y firmeza institucional. El Tratado sobre el Comercio de Armas nos orienta a elevar estándares, cerrar brechas y asegurar controles efectivos, trazabilidad y cooperación para impedir que las armas y municiones terminen en circuitos ilícitos. Por todo el expuesto, llamo a este Pleno a aprobar la adhesión del Ecuador al Tratado y al mismo tiempo a impulsar las reformas internas necesarias para que el control de armas sea más eficaz, coherente con la diversidad del país y verdaderamente útil para proteger a la ciudadanía y a la vida del ser humano. Muchas gracias, señora Presidenta.