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Buenos días. Antes de empezar mi intervención, saludo respetuosamente a la señorita Magíster Sade Fritschi, primera vocal del Consejo de Administración Legislativa y presidenta encargada de esta sesión, a los distinguidos, distinguidas señoras y señores vocales del Consejo, a los honorables señoras y señores asambleístas. Extiendo también un saludo atento a quienes, desde distintos lugares, servidores públicos y conciudadanos, siguen estas palabras a través de las distintas plataformas digitales. Presidenta de la sesión, solicito que se autorice a que, por secretaría, se proyecte la presentación que hemos preparado. Autorizada. Muchas gracias. Comparezco ante ustedes con el respeto que reclama la gestión pública y la serenidad de quien rinde cuentas. Este año, el 2026, es el último del período para el que fui designado Procurador General del Estado. Y con él, se aproxima también el cierre de una etapa que se ha intentado sostener por responsabilidad, el aprendizaje y la convicción de servir. He venido, como en otras ocasiones, a dar razón de lo actual, a rendir cuentas no sólo de los resultados visibles, sino también del esfuerzo, de las decisiones difíciles, de los silencios necesarios y del compromiso asumido con el Estado y con la ley, aún en las circunstancias más inciertas. Ejercer la titularidad de la Procuraduría General del Estado es habitar un espacio de complejidad, es caminar entre la letra y el espíritu de la norma, entre el interés público y la inquietud del tiempo que siempre apremia. Es custodiar la palabra del Estado, esa palabra que una vez pronunciada compromete la dignidad de todos. No nos reúne únicamente el importante mandato previsto en el artículo 47 de la ley orgánica de la función legislativa, que dispone rendir cuentas al país de la gestión de la Procuraduría General del Estado. Nos reúne también una vocación de servicio, la de resguardar el interés público y el ejercicio de los derechos de todas las personas en el territorio, sin estridencias y con apego a la ley. La Procuraduría General del Estado cumple de manera permanente las competencias que la Constitución y la ley le han confiado. Lo hace de forma integral, consciente de que la defensa jurídica del Estado es una tarea continua, que no admite interrupciones ni atajos. En este marco se inscribe la representación judicial y la defensa del Estado en los diferentes ámbitos locales e internacionales, el asesoramiento legal, la iniciativa legislativa, la mediación y el control de los actos y contratos del sector público. Funciones esenciales para afirmar una sociedad regida por el orden constitucional y legal del Ecuador. Por ello, corresponde ahora poner en su conocimiento los resultados alcanzados por la Procuraduría General del Estado durante el año 2025, junto con las principales acciones e hitos logrados por el extraordinario equipo humano que es el que realmente sostiene a la institución, en resguardo del interés público y del patrimonio estatal, y donde cabe además resaltar que está conformado en un 53% por mujeres, también en el nivel jerárquico superior, evidenciando una política institucional orientada a la igualdad de oportunidades y al liderazgo femenino. El modelo de gestión de la Procuraduría ha permitido atender la problemática y las condiciones que enfrenta el Estado y la sociedad, de manera medida frente a los escenarios de alta litigiosidad. Se ha priorizado un enfoque preventivo, sin descuidar el fortalecimiento de capacidades y con una modernización constante de los procesos, cuyo fin último es fortalecer la defensa del Estado y preservar la seguridad jurídica. En cuanto a la misión de la Procuraduría, la Constitución de la República, en sus artículos 235 y 237, asigna a esta Procuraduría su rol técnico-jurídico, así como su autonomía administrativa y financiera, lo que la define como un organismo independiente. Complementariamente, el numeral 4 del artículo 134, reconoce a esta institución la iniciativa para la presentación de proyectos de ley. En lo que tiene que ver con las áreas misionales, comencemos con representación judicial y patrocinio nacional. En observancia de lo dispuesto en el artículo 237, numerales 1 y 2 de la Constitución, así como en los artículos 3 y 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, la institución actuó como parte en los procesos que involucran a instituciones sin personería jurídica y en aquellos de trascendencia para el Estado que conciernen a entidades autónomas o con personería jurídica. Durante el año 2025, en ejercicio de la representación y patrocinio del Estado, se contabilizaron 96.448 procesos a nivel nacional, de los cuales 21.183 correspondieron a causas nuevas y 11.978 llegaron a su conclusión, lo que deja un total de 84.470 causas activas al cierre del año. Esto representa una reducción de 35.354 casos con respecto al año 2024, logrando una depuración sin precedentes para la Procuraduría, que marca, por cierto, un hito histórico en la gestión de causas. De esas 11.978 causas finalizadas, 9.396, equivalentes al 78%, se resolvieron mediante sentencias favorables al Estado, Estos indicadores reflejan datos positivos para el país. El porcentaje de casos ganados constituye el registro más alto de la última década en la defensa técnica ejercida por la Procuraduría General del Estado en tribunales nacionales. Sobre los casos relevantes, en materia penal se destacan los resultados obtenidos en el caso Pantalla, en que la Corte Nacional de Justicia dictó sentencia condenatoria contra los principales acusados. De igual manera en el caso Reconstrucción de Manaví, en el que el Tribunal de Juicio dictó sentencia el 30 de junio de 2025, condenando también a los principales acusados como coautores del delito de peculado. Así también, en los casos Purga, Obstrucción a la Justicia y Caso a las Torres, hasta el momento el país ha conseguido resultados favorables. En materia constitucional, sobre el caso Hermanos Isaías, la Corte Constitucional del Ecuador aceptó las acciones extraordinarias de protección presentadas por la Procuraduría General del Estado en contra de las decisiones judiciales emitidas dentro de los juicios civiles de insolvencia seguidos por el Banco Central del Ecuador en contra de los hermanos Roberto y William Isaías Dazú. En los procesos finalizados en el año 2025, en los que se reclamaban cuantías por un total de 133 millones de dólares, la Procuraduría ha logrado evitar el pago de 121 millones de dólares, lo que representa un pago evitado del 91% del total de las cuantías, consolidando así un resultado histórico en la defensa del patrimonio del Estado y reafirmando el compromiso con la protección del interés público. En lo que tiene que ver con recuperación de activos, esta Procuraduría, en cumplimiento de su compromiso de proteger los intereses nacionales y recuperar recursos derivados de actos de corrupción, ha logrado la obtención de pagos por 1.994.056 dólares durante el año 2025, que corresponde a casos como Sobornos, Odebrecht, Pantalla, Metástasis, Carlos Pollitt, etc. Y sobre los casos de repetición, la Procuraduría ha intervenido en juicios contra los exministros Ponce y Cordero, así como en los casos denominados Cambacampos y Quintana Cuello, logrando, por cierto, avances significativos en la tramitación de estas causas. En lo relativo a asuntos internacionales y arbitraje, la Procuraduría ejerce el patrocinio del Estado y de sus organismos en procesos arbitrales nacionales e internacionales, en procesos judiciales en sede extranjera y en procesos ante otros tribunales internacionales. Respecto del arbitraje nacional, el valor de las demandas sumaba un total de 92 millones de dólares. No obstante, los tribunales arbitrales que conocieron estas causas fijaron un monto final a pagar de 25 millones de dólares, lo que significa que se evitó un pago de más de 67 millones de dólares, correspondiente al 73% de las cuantías, mitigando significativamente el impacto en las finanzas públicas. En lo relativo a asuntos internacionales, durante el año 2025, uno de los más trascendentes en la historia de la defensa jurídica del Ecuador, la Procuraduría General del Estado alcanzó logros sin precedentes en el ámbito de la defensa internacional, generando un ahorro superior a 4.091 millones de dólares, con un 94%, 94% de pago evitado al Estado y sus entidades. Lo que evidencia que en los arbitrajes internacionales ha existido una actuación técnica sólida, estratégica y altamente efectiva. Respecto al arbitraje internacional, durante el año 2025, 86 causas fueron procesadas, de las cuales 9 causas nuevas ingresaron y 8 causas terminaron. Se registra entonces, al cierre, un total de 78 procesos internacionales, con corte al 31 de diciembre del 2025. De los 78 procesos internacionales activos, existen 5 arbitrajes en materia de inversión, 11 arbitrajes comerciales, 8 juicios en sede extranjera, 3 procesos ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2 ante la Corte Internacional de Justicia, 2 casos ante juntas combinadas de disputas y 47 notificaciones de controversia. Las materias involucradas en este tipo de disputas son varias, entre las que resaltan asuntos relativos a contratación pública, minería, hidrocarburos, recursos no renovables, medio ambiente, infraestructura pública, electricidad, entre otros. Destacamos 5 casos, con resultados extremadamente positivos para el país. Un hito digno de mencionar, es la importante victoria obtenida en los arbitrajes internacionales, que se plantearon en contra de los intereses nacionales, por parte de CRBC, China Road and Bridge Corporation, Corporación Nacional de Cobre del Chile, CODELCO, Santiago Romero y Mario Auxiliola Rodríguez, Linton Trading y el conocido caso Chevron III. En todos estos casos, la defensa de los intereses estatales obtuvo un resultado completamente favorable y se logró que las demandas se desechen en su totalidad o con un ahorro sustancial de al menos el 94% de pago evitado, entre la cuantía reclamada y el monto finalmente otorgado por los tribunales. En el caso de Linton Trading, sobre inversiones en casinos, el tribunal arbitral dispuso que la demandante restituya, además al Ecuador, el 80% de los costos incurridos en el arbitraje. Es decir, en este caso, la cuantía reclamada por Linton superaba los 200 millones de dólares. Y el tribunal no sólo que no concedió ningún valor económico a la demandada, sino que incluso condenó a Linton al pago a favor del Ecuador y los costos por honorarios profesionales de sus abogados en el arbitraje. Sobre el caso Romero, también en materia de inversiones en casinos, el 3 de diciembre de 2025, el tribunal por mayoría dictó un laudo sobre jurisdicción, acogiendo las objeciones del Ecuador y declarando su falta de jurisdicción. Aplicó para ello el estándar de nacionalidad dominante y efectiva, concluyendo que la nacionalidad dominante y efectiva de los demandantes era la ecuatoriana y no la italiana, y por consiguiente, no calificaban como inversionistas italianos para efectos de la protección dada por el tratado de inversión con dicho país. Además, incluso, consideró que se configuraba un caso de abuso de derechos, eso sí, sin mala fe subjetiva. En términos prácticos, la defensa del Estado, en este caso, evitó un posible pago superior a 152 millones de dólares. Otro caso de 100% de éxito. En el caso China Road and Bridge Corporation, mediante el laudo final del 19 de septiembre de 2025, el tribunal arbitral resolvió, de manera unánime, declarar la nulidad absoluta del contrato de alianza estratégica, al concluir que el instrumento vulneraba normas imperativas del ordenamiento jurídico ecuatoriano, y que el vicio identificado afectaba su validez desde el origen. En consecuencia, el tribunal rechazó en su totalidad las pretensiones formuladas por CRBC, incluidas las reclamaciones económicas derivadas del contrato objeto de la controversia, que ascendían a 36 millones 503 mil dólares, es decir, un monto evitado también del 100%. Sobre el caso Codelco, si bien se ordenó un pago a favor de las demandantes, la estrategia de defensa del Estado prevaleció en los temas jurídicos debatidos. Al haberse rechazado la pretensión principal de las demandantes, que era que se ceda y se transfiera a su favor el 49% y a título gratuito de la concesión de Yurimagua, se logró mantener la totalidad de la titularidad en cabeza del Estado ecuatoriano. Y de esta forma, además, se evitó el pago de más de 542 millones de dólares, lo que implica una reducción de más del 95% frente a lo pretendido. Finalmente, sobre el caso Chevron en contra de Ecuador 2009-23, en su fase 3, en la que únicamente se discutía la cuantificación de una responsabilidad que ya fue declarada en agosto de 2018, la pretensión de las demandantes ascendía con intereses a la fecha de expedición del laudo a aproximadamente 3.300 millones de dólares. Y el Tribunal, acogiendo la posición ecuatoriana, el modelo de daños y de intereses propuesto por Ecuador, fijó una indemnización total de 220 millones, 180 millones por concepto de capital o daños y 40 millones de intereses prelaudo. Si bien es verdad que se ordenó un pago a favor de los demandantes, la estrategia de defensa del Estado evitó el pago de más de 3.100 millones de dólares, lo cual implica una reducción del 93.4% frente a lo pretendido. El proceso, por cierto, continúa hacia una cuarta fase relativa a los costos, costas del arbitraje. En lo relativo a derechos humanos, en esta materia, la Procuraduría General del Estado ejerce la representación judicial y la defensa del Estado ecuatoriano ante los sistemas internacionales de derechos humanos, resguardando los intereses nacionales y asegurando el cumplimiento de las obligaciones internacionales en la materia. La gestión de la Procuraduría se orientó a defender con compromiso al Estado ecuatoriano y a garantizar la observancia de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, reafirmando así su rol como garante de la legalidad y el interés público. En este periodo, ingresaron 46 peticiones nuevas y terminaron 14. En total, se tramitaron en el periodo 420 causas, manteniéndose activas 406 al cierre del 2025. Se debe destacar que la defensa técnica internacional a cargo de la Procuraduría evitó un pago de alrededor de 4.293.000 dólares para el país. La gestión también ha permitido difundir la importancia de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, facilitar la coordinación interinstitucional en este ámbito y brindar capacitaciones a los servidores públicos competentes. En este sentido, en diciembre de 2025 se publicó el libro Problemáticas procesales desde el litigio estatal ante el sistema interamericano de peticiones y casos como un aporte técnico y formativo. Este estudio, sustentado en la experiencia litigiosa de la Procuraduría ante el sistema interamericano de derechos humanos, busca identificar las falencias procedimentales que pueden afectar el debido proceso y la credibilidad institucional, contribuyendo así al fortalecimiento de la gestión estatal y a la defensa de los derechos humanos. Como complemento a esta labor investigativa y con un enfoque de transferencia de conocimientos, se elaboraron cuatro guías informativas especializadas destinadas a fortalecer las capacidades institucionales y a servir como herramientas prácticas para operadores jurídicos y servidores públicos. Estas guías abordan varios ejes temáticos como la libertad de expresión, la protección de los derechos de las mujeres, por nombrar algunos. En cuanto a mediación, a través del centro de mediación de la Procuraduría General se brinda a los usuarios un entorno de diálogo seguro y técnico, orientado a superar diferencias en diversas materias, con especial atención a las controversias que involucran a organismos del Estado, asegurando soluciones justas, eficaces y alineadas con el marco legal vigente. Esta cualidad distintiva del centro de mediación permite reunir en un mismo espacio de diálogo a representantes de entidades públicas y al sector privado, ofreciendo una alternativa eficaz para disminuir la litigiosidad y mitigar el pasivo contingente que afecta las finanzas públicas, fortaleciendo así la gestión responsable del Estado y la confianza en sus procesos. Durante el año 2025 se recibieron 1.153 solicitudes de mediación y se cerraron un total de 1.212 casos que incluyen tanto los ingresos nuevos del período como ingresos o como causas iniciadas en ejercicios anteriores y que culminaron en el 2025. De los 1.212 casos concluidos, 292 se resolvieron mediante acuerdos totales y 9 mediante acuerdos parciales, reflejando así la efectividad del centro de mediación en la búsqueda de soluciones consensuadas y técnicas. La Procuraduría reconoce como fundamental el impulso de mecanismos alternativos para la resolución de conflictos, conscientes de que a través de ellos se evita el crecimiento sostenido de los procesos judiciales en los que el Estado se ve involucrado. Esta estrategia no sólo protege el patrimonio público, sino que fortalece la confianza en las instituciones y garantiza una gestión más eficiente y más responsable del interés colectivo. Durante este período queremos destacar el proceso de mediación seguido entre la compañía China CETC Internacional y el Ministerio de Defensa Nacional. Luego de varias audiencias y reuniones técnicas las partes lograron alcanzar un acuerdo que generó un ahorro de aproximadamente 10 millones de dólares para el Estado evitando así indemnizaciones y la terminación de contratos en un proceso judicial en el que ambas partes se habían demandado mutuamente. Como parte de la implementación del nuevo modelo de gestión se emitió además el nuevo reglamento del Centro de Mediación en octubre de 2025 que moderniza y ajusta o adecua este centro a los desafíos actuales de la materia. Además se llevaron a cabo remodelaciones en los Centros de Mediación de Quito Portoviejo Cuenca y Río Bamba optimizando los espacios tanto para los servidores del centro como para los usuarios externos incluyendo instituciones públicas. Para el efecto se habilitaron áreas privadas en estricto apego a la confidencialidad que caracteriza los procesos de mediación y salones más amplios para la realización de reuniones y audiencias garantizando de esta forma mayor comodidad y eficiencia en la atención. Estas obras por cierto tienen el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. En lo relativo a consultoría y asesoramiento legal la Procuraduría ha atendido consultas en distintas áreas del derecho público muchas de ellas surgen de la transformación y del devenir social casos difíciles y apremiantes de trascendencia legal su estudio ha exigido el aporte del equipo de abogados y la articulación con otras áreas de la institución todo con el fin de sostener el criterio conjunto y examinar la normativa vigente incluyendo sus frecuentes reformas lo que garantiza así la solidez jurídica. Durante el año 2025 la gestión en el área de consultoría se centró en emitir criterios y pronunciamientos destinados a disminuir la litigiosidad en el sector público se recibieron un total de 584 solicitudes de las cuales se resolvieron 192 con pronunciamientos nuevos 189 mediante pronunciamientos previos y 17 a través de ratificaciones de pronunciamientos lo que representa un total de pedidos resueltos del 68 punto 15 por ciento el restante porcentaje corresponde a 34 casos calificados como abstenciones que representa el 5 punto 82 por ciento y 152 solicitudes de consultas archivadas equivalente al 26 punto 0 3 por ciento que representa por cierto un importante avance con respecto al ejercicio anterior en el que se hablaba de una disminución en este porcentaje del 38 por ciento en este contexto se emitieron pronunciamientos en diversas áreas entre las que destacan el derecho administrativo la contratación pública las telecomunicaciones el derecho tributario financiero y bancario la regulación de gobiernos autónomos descentralizados etc entre los pronunciamientos vinculantes expedidos en el 2025 consideramos relevantes por la materia por el ámbito de aplicación o por su impacto en el adecuado ejercicio de competencias para hacer efectivo el goce de los derechos de las personas entre otras la consulta formulada por la superintendencia de bancos sobre cuál es la entidad competente para regular la emisión de créditos preferentes previstos en el inciso segundo del artículo 61 de la ley orgánica de personas con discapacidad la procuraduría concluyó que corresponde a la junta de política y regulación financiera y monetaria la formulación de la política crediticia y la expedición de la regulación financiera de carácter general incluyendo el establecimiento del sistema de tasas de interés y la creación de productos financieros orientados a grupos específicos entre ellos los grupos de atención prioritaria como las personas con discapacidades se destaca también la consulta formulada por el municipio de Cotacachi sobre la procedencia de publicar los anuncios de proyectos públicos de obras públicas en un diario de amplia circulación en la localidad donde se realiza la obra pero de forma digital la procuraduría concluyó que es procedente que el anuncio del proyecto de una obra pública realizado mediante acto administrativo por la autoridad competente pueda ser publicado en un diario que utilice medios digitales para su circulación siempre que este sea de una amplia circulación digital en la localidad donde se realizará la obra por otro lado en el área de contratación pública cobra relevancia la consulta formulada por el municipio del distrito metropolitano de Quito sobre el cumplimiento de contratos financiados con convenios internacionales la procuraduría general del estado concluyó que en los procedimientos de contratación pública que se financien mediante convenios con fondos provenientes de organismos multilaterales de crédito de los cuales el Ecuador sea miembro así como en aquellas contrataciones que se realicen con fondos reembolsables o no provenientes de financiamiento de gobierno a gobierno u organismos internacionales de cooperación deberá observarse lo establecido en las cláusulas de los respectivos contratos incluso por sobre el contenido de la normativa nacional que regula la contratación pública únicamente en lo no previsto en dichos convenios resultarán aplicables la ley orgánica de la materia su reglamento general y la normativa complementaria vigente finalmente resalta la consulta formulada por el Ministerio de Educación sobre la procedencia del cobro de intereses de mora multas y responsabilidades patronales relacionadas con los aportes y fondos de reserva adeudados alíes por el indicado Ministerio por concepto de aportes correspondientes a educadores comunitarios o populares aquí la Procuraduría desarrolló un análisis constitucional y legal del derecho a la seguridad social enfatizando su carácter irrenunciable y obligatorio así como las reglas sobre la exigibilidad de las obligaciones en donde concluyó que la disposición transitoria de la ley de la materia estableció un régimen excepcional y condicionado de regularización con plazos específicos 60 y 30 días para pagar o convenir la purga de mora sin intereses sólo quienes cumplieron íntegramente dichos plazos pudieron beneficiarse de la remisión de intereses y responsabilidades patronales lo que redunde un beneficio para los maestros educadores comunitarios y populares en lo relativo a el asesoramiento jurídico no vinculante a las entidades públicas a través del servicio de asesoramiento legal externo ale resaltamos que al concluir el 2025 existen 1849 entidades y empresas públicas registradas es decir más de 218 adicionales al año anterior hemos recibido 119 pedidos de asesoramiento todos los cuales han sido atendidos en el término de hasta 4 días de acuerdo con lo previsto en el inciso final del artículo 8 de la resolución 25 de la procuraduría complementariamente en el ámbito investigativo y de manera inédita la procuraduría general del estado impulsó la publicación de una obra que recopila pronunciamientos jurídicos relevantes entre los años 2010 y 2024 seleccionados por su aporte a la eficacia normativa y a la aplicación uniforme de las disposiciones jurídicas esta publicación constituye un hito institucional al haber sido traducida por primera vez al idioma quichua con el fin de facilitar su comprensión y promover un acceso inclusivo e intercultural a los instrumentos jurídicos institucionales en lo que tiene que ver con control de la legalidad en el marco del cumplimiento de la constitución y la ley y aplicando los principios de eficacia eficiencia y seguridad jurídica la procuraduría realiza una gestión minuciosa y sostenida de supervisión jurídica posterior a los procedimientos de contratación estatal en todas sus fases durante el año 2025 se analizaron un total de 165 casos un número bastante importante y mejor que en años anteriores en el marco de las actividades de control de los cuales 146 correspondieron a ingresos efectuados en dicho año y 19 casos fueron de arrastre del 2024 hay que acotar que en el último trimestre de 2025 ingresaron 20 casos de esos 165 casos 145 fueron cerrados durante el año los 20 casos que ingresaron en el último trimestre del 2025 serán analizados y resueltos dentro del primer y segundo trimestres de este año conforme a los términos establecidos en la resolución 11 de 3 de diciembre de 2018 respecto a los 165 casos 73 corresponden a la función ejecutiva 34 a los gobiernos autónomos descentralizados 54 al sector eléctrico minería telecomunicaciones empresas públicas y otros y 4 al sector de hidrocarburos como parte del apoyo investigativo que desarrolla la Procuraduría General del Estado en materia de contratación pública se publicó en diciembre de 2025 la obra reflexiones de contratación pública compuesta por 8 artículos que abordan con amplitud diversos temas de actualidad y relevancia en el ámbito de las compras públicas complementariamente se han elaborado 6 artículos que se publicaron como infografías en la página web de la Procuraduría por temas sobre temas por ejemplo como las ferias inclusivas la colusión en contratación pública etcétera finalmente diremos que durante el año 2025 se llevaron a cabo solamente respecto de esta área 12 eventos de capacitación dirigidas a 1.086 servidores públicos entre las que sobresalen las efectuadas en el marco de las segundas jornadas de contratación pública en lo atinente a iniciativa legislativa diremos que en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 134 de la constitución y la letra J del artículo 3 de la ley orgánica de la institución corresponde al Procurador General del Estado ejercer la iniciativa legislativa en las materias inherentes a sus atribuciones legales y constitucionales en ese sentido la Procuraduría General del Estado realizó un total de 55 actuaciones a oficios remitidos por la Asamblea Nacional de ese total 16 correspondieron a requerimientos de información 12 a la formulación de observaciones a proyectos de ley 6 a solicitudes de comparecencia y 21 a otros asuntos de diversa naturaleza vinculados al ámbito de competencia institucional del total reportado dos trámites recibidos a partir de la tercera semana de diciembre de 2025 se encuentran aún en proceso en atención a los pedidos formulados por la Asamblea Nacional respecto de proyectos de ley en trámite legislativo la Procuraduría llevó a cabo la revisión y el análisis jurídico de 12 proyectos normativos entre los que se destacan la ley orgánica que garantiza el derecho de consulta ambiental la ley orgánica de consulta popular la ley orgánica de consulta y consentimiento previo libre e informado la ley orgánica de víctimas por mencionar algunas en cambio en materia de iniciativa legislativa propia de la Procuraduría General del Estado hemos presentado ante la Asamblea Nacional dos proyectos de ley el primero corresponde al proyecto de ley orgánica de repetición y el segundo al proyecto de nueva ley orgánica de la Procuraduría General del Estado ambos proyectos se constituyen en propuestas normativas orientadas al fortalecimiento del régimen de responsabilidad estatal y al perfeccionamiento del marco jurídico e institucional de la Procuraduría General del Estado en el ámbito de la investigación jurídica la Procuraduría General del Estado marcó un hito institucional con la elaboración y publicación de la primera guía completa de técnica legislativa concebida como un instrumento técnico de alto nivel para orientar el análisis diseño y presentación de proyectos normativos esta publicación inédita busca fortalecer la calidad normativa del país y posicionar a la Procuraduría General del Estado como un referente técnico en la materia en total la Procuraduría General del Estado desarrolló y publicó 14 proyectos de investigación jurídica entre los cuales se incluye la mencionada guía técnica legislativa los dos libros especializados previamente señalados así como la traducción de los pronunciamientos jurídicos al idioma quichua las seis infografías de control de legalidad y cuatro infografías en materia de derechos humanos estas acciones han permitido ampliar el acceso al conocimiento jurídico fortalecer la difusión de estándares legales y promover la inclusión intercultural en otros aspectos debemos señalar que permanentemente la Procuraduría General del Estado promueve de forma activa la capacitación de las y los abogados del país y en ese sentido durante el año 2025 se realizó la tercera edición del simposio internacional denominado en esta ocasión los actuales desafíos del derecho y el rol de la Procuraduría el mismo contó con la participación de representantes de los equipos jurídicos del sector público estudiantes de derecho funcionarios de la Procuraduría y autoridades y servidores de distintas entidades públicas también se llevó a cabo la segunda jornada de contratación pública efectuada en las ciudades de Guayaquil Cuenca Loja y Portoviejo fortaleciendo así la labor preventiva de la institución De igual manera la Procuraduría General del Estado ejecutó el plan de capacitación anual externa logrando la realización de más de 40 capacitaciones y beneficiando a más de 2.800 personas en diversas áreas especializadas Estas actividades estuvieron dirigidas a instituciones como el Congope la Corporación Financiera Nacional la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria la Superintendencia de Bancos la Superintendencia de Competencia Económica los Gobiernos Autónomos Descentralizados etc. Las capacitaciones contribuyeron a fortalecer la cooperación técnica interinstitucional promover el conocimiento de los servicios y competencias de la Procuraduría General del Estado y favorecer la articulación jurídica entre entidades públicas lo que permitió optimizar procesos y mejorar la coordinación institucional De igual manera se realizaron 10 podcasts institucionales como parte de la estrategia de fortalecimiento de la comunicación a través de herramientas tecnológicas orientados a difundir conocimientos jurídicos especializados a compartir experiencias institucionales y a promover el intercambio con expertos de alto nivel ampliando el alcance informativo y acercando los contenidos de la Procuraduría a diversos públicos señoras y señores asambleístas los resultados obtenidos por la Procuraduría durante el año 2025 nos obligan como servidores públicos a redoblar nuestro compromiso con la colectividad nos instan a perfeccionar los procedimientos que respaldan la defensa jurídica a agilizar la tramitación de los casos mediante esquemas de trabajo más eficientes y a acortar los plazos y reducir al mínimo las fallas humanas con la certeza de que la eficacia y la precisión son pilares fundamentales de nuestra labor el informe escrito presentado ante la Asamblea Nacional a través de la Secretaría General detalle las actividades desarrolladas por la Procuraduría General durante el año 2025 y documenta los resultados alcanzados respaldados con estadísticas que evidencian de manera fehaciente nuestra gestión y el compromiso con la transparencia y la defensa del interés público finalmente déjenme decirles señoras y señores asambleístas que aunque la Procuraduría General del Estado actúe la mayoría de las veces lejos del ojo público su razón de ser está en el ciudadano común en el contribuyente que confía en que el Estado sea defendido con honestidad y en cada persona que espera que el derecho no deje de ser un amparo rendir cuentas no consiste únicamente en cerrar ciclos significa reconocer que las instituciones perduran más allá de las personas que lo esencial no es quién ocupa un cargo sino cómo lo ejerce y que el verdadero legado de una gestión no está realmente en los expedientes ni en las sentencias por muy valiosas que sean sino en la integridad con que se ha sostenido el deber expreso mi sincero agradecimiento a cada uno de ustedes por acompañarnos en este acto tan significativo que representa la rendición de cuentas al pueblo ecuatoriano y reafirmo nuestro compromiso de continuar trabajando con rectitud rigor y dedicación en la defensa de legalidad y bien común muchas gracias