🕒 0:02 Paola Michael Jaramillo Zurita (100%)

Buenas tardes, señora Presidenta, a todos los ecuatorianos que nos ven a través de los diferentes medios de comunicación. Hoy en este pleno no hablamos de una reforma más, hablamos de una ley que busca devolverle la confianza a miles de familias ecuatorianas en el sistema judicial, ya que por muchos años se ha visto manchado por actos de corrupción. Los ecuatorianos reconocen el trabajo del presidente de la República, Daniel Novoa, en su lucha contra el narcotráfico. Los ecuatorianos reconocen el trabajo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en territorio. Pero ¿qué nos dicen las familias ecuatorianas? ¿De qué sirve que la policía haga su trabajo si en menos de 24 horas el delincuente va a estar en las calles? Las famosas medidas cautelares son revocadas y sustituidas por los jueces a favor de los delincuentes. Se vuelve a delinquir, se vuelve a matar. ¿Por qué? Porque la realidad es que existen jueces y fiscales que operan al servicio del narcotráfico, alterando fallos, vendiendo sentencias y otorgando libertades irregulares. ¿O acaso se nos olvida el caso purga, el caso plaga, el caso metástasis? Que quede claro, ecuatorianos. Según las fuentes oficiales del Consejo de la Judicatura, desde el año 2020 se vienen realizando procesos sostenidos para destituciones de jueces y servidores judiciales por faltas disciplinarias, por corrupción, por error inexcusable. Desde esa fecha se han destituido aproximadamente 90 funcionarios judiciales, de los cuales 46 son jueces que han estado vinculados con el narcotráfico. Pero lo más alarmante es que no nos dicen cuántos volvieron a ocupar el cargo público. La misma presidenta del Consejo de la Judicatura mencionó que existe una red de corrupción para salvar a esos jueces de los procesos disciplinarios, con una tarifa de 10.000 a 30.000 dólares. Terrible, terrible lo que se vive en nuestro país. Por eso felicito a la Comisión por este trabajo que han realizado a favor de las familias ecuatorianas. Uno de los puntos importantes es que esta reforma plantea, el uso del polígrafo, las pruebas de confianza como eje principal de prevención para el ingreso del sistema judicial. Pero para mí no debe ser por una sola vez. Estas pruebas de confianza deben ser permanentemente, incluso para quienes están actualmente en función. Otro punto, no menos importante para mí, el más importante de esta reforma, es la creación de la unidad administrativa para dar seguimiento al incremento patrimonial de jueces y fiscales. Actualmente existen sumarios donde hay jueces que han incrementado su patrimonio de la noche a la mañana, pero siguen trabajando en las unidades judiciales como si nada, sin justificación. Hago un llamado de atención a esos jueces también de la unidad de San Borondón, tierra de nadie. Que el Consejo de la Judicatura vea qué jueces han incrementado su patrimonio y que se justifique y que se incaute, porque así debe ser. Un juez destituido por actos de corrupción no debe volver a la función pública y su patrimonio deberá ser incautado. Ecuatorianos, con esta ley no vamos a permitir que las lágrimas de una madre de familia que llora por su hijo no tenga una sentencia justa. No vamos a permitir que el narcotráfico continúe contaminando las unidades judiciales. No vamos a permitir que una madre que busca, que el delincuente, que el violador siga en las calles como si nada, mientras día, tarde y noche buscan justicia. Haré llegar mis observaciones a la comisión y, por último, le digo a todos los ecuatorianos y a la oposición. Cuando se trata de recuperar la confianza en la justicia es un trabajo de todos. Muchísimas gracias.