🕒 0:20 Johnny Alfredo Lavayen Tamayo (75%)

Inicio dando gracias a Dios, señor presidente, compañeros asambleístas, medios de comunicación, medios legislativos, a toda la ciudadanía, en especial a mis hermanos migrantes a quienes represento y hacen patria aún estando lejos. En primer lugar, quiero agradecer a Dios por permitirme servir al país desde este parlamento, un espacio que simboliza la voz viva del Ecuador, esté donde esté, en nuestras provincias, en nuestras comunidades y también en cada ecuatoriano que construye su vida más allá desde las fronteras. Justamente porque representamos a un país dentro y fuera de sus límites, no podemos olvidar una verdad que atraviesa nuestra historia y el presente de miles de familias, como lo dijo el reconocido experto en trata de personas Kevin Valles. La esclavitud no ha terminado, solo ha cambiado de forma. Esa frase tan dura pero real describe lo que enfrentan hoy muchos compatriotas, una esclavitud moderna que se disfraza de oportunidad, de viaje, de promesa, que se esconde en las rutas migratorias, en las fronteras, en los pasos irregulares y en las redes criminales que se lucran con la vulnerabilidad humana, pero también está presente en formas silenciosas, en la explotación laboral, en jornadas interminables, en deudas impagables impuestas a migrantes e intermediarios que abusan de la necesidad de nuestra gente y convierten el trabajo en una cadena invisible. Justamente frente a esta realidad cruda, compleja y dolorosa, este Parlamento tiene la obligación de actuar con seriedad, con rigor y con sentido de país, porque cuando hablamos de trata de personas, de tráfico ilícito de migrantes o de explotación laboral, no hablamos de conceptos jurídicos, hablamos de seres humanos atrapados en sistemas que se aprovechan de su desesperación. Por eso debo decirlo con absoluta responsabilidad, la reforma que debatimos hoy, tal como está estructurada, no enfrenta esa realidad en su máxima dimensión, no fortalece el mecanismo de identificación de víctimas, no mejora coordinación institucional, no amplía capacidades, no genera herramientas nuevas, no responde a las dinámicas actuales de la movilidad humana. Mis observaciones se centrarán en tres aspectos estrictamente técnicos, no políticos, considero indispensables para salvaguardar la coherencia del sistema jurídico y la eficiencia del Estado. Primero, el proyecto incorpora contenidos de carácter procedimental que ya están previstos en el reglamento general vigente. No es un cuestionamiento a la intención, sino una necesidad de correspondencia normativa conforme al artículo 425 de la Constitución. La ley debe fijar principios y competencias generales. Los detalles operativos que ya exigen flexibilidad deben permanecer en el nivel reglamentario. Segundo, varios artículos propuestos contienen lineamientos propios de políticas públicas, como campañas, equipos técnicos, protocolos o acciones programáticas que, según la Constitución, corresponden a la función ejecutiva. Una ley demasiado rígida puede limitar la capacidad del Estado para reaccionar ante nuevas modalidades criminales. Tercero, el proyecto contempla la creación de unidades, programas y mecanismos sin identificar la fuente del financiamiento ni contar con el informe respectivo del Ministerio de Economía y Finanzas. Esto afecta la iniciativa legítima y compromete la sostenibilidad fiscal conforme a nuestra Carta Magna. A estos tres elementos se suma un cuarto elemento fundamental, que es la seguridad jurídica. La seguridad jurídica no es un concepto abstracto ni un tecnicismo distante. Es la garantía de que el Estado actúe sin contradicciones, sin improvisación y con un marco normativo coherente. Cuando la ley y el reglamento se superponen, cuando la normativa incorpora detalles que deberían adaptarse con rapidez, el Estado pierde coordinación, pierde eficiencia y quienes terminan pagando ese desorden son las víctimas. Por estas razones técnicas, constitucionales y operativas, mi conclusión dentro de la Comisión fue clara. El proyecto no satisface los principios de necesidad normativa, proporcionalidad, jerarquía constitucional ni viabilidad fiscal. Y quiero dejar algo absolutamente establecido para que no exista duda alguna. Esto no es un pronunciamiento en contra del objetivo del proyecto. No es un pronunciamiento en contra de la lucha de la trata de personas. No es un pronunciamiento en contra del asambleísta proponente. El combate y la explotación humana es una prioridad nacional y debería mantenerse así. Mi responsabilidad y la de este Parlamento es garantizar que cada norma esté a nivel jurídico adecuado, que cada disposición tenga respaldo constitucional y que ninguna obligación quede en el papel sin recurso para ejecutarse. Colegas, como lo mencioné al inicio, la esclavitud moderna sigue presente, disfrazada de oportunidad, de movilidad, de empleo, de sueño migratorio y es nuestra obligación combatirla, pero con herramientas sólidas y efectivas. Este proyecto, por las razones expuestas, no construye ese camino. Por eso, con respeto, con coherencia y con responsabilidad, sostengo mi recomendación de archivo. Sigamos trabajando en una reforma integral, seria y moderna, que realmente fortalezca al Estado y proteja a quienes hoy son víctimas de trata, tráfico ilícito y explotación, porque cuando se trata de dignidad humana, no podemos fallar. Hasta aquí mi intervención. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el asambleísta...