🕒 0:01 Mireya Katerine Pazmiño Arregui (100%)

Gracias, señor presidente. Bueno, realmente es muy oportuno el tratamiento de este proyecto de ley. Nosotros, y digo que es oportuno porque el día de ayer todo el Ecuador vio o fue testigo de otro relato engañoso. Vimos cómo el presidente, sus ministros, en especial el ministro del Interior y con lo espectacular que es ahora la inteligencia artificial, permitió hacer un video y manifestaba lo siguiente. Hoy Ecuador cuenta con un sistema penitenciario que se proyecta como uno de los mejores de la región. Realmente el nivel de sinvergüencería es tan alto que un video aguanta todo. Y ahora pretende señalar que el sistema penitenciario, donde hay decenas de casos de tuberculosis, de desnutrición, y de igual manera donde que ha habido en el año 2024, 324 fallecimientos de PPL y en el 2025, 121 fallecimientos, se atreven a calificarlo como ejemplar para la región. Es importante recordar que hay unas cifras muy tenebrosas que han cerrado tanto del año 2024 y 2025 con 16 mil 936 muertes violentas, que pueden subir cuando se cierre la revisión ya del año 2025. Es importante señalar estas cifras porque el pueblo ecuatoriano no puede normalizar la barbarie. Esta barbarie está descontrolada y pretende ser ocultada con estos videos. Que sepultan también el Plan Fénix, un Plan Fénix que no sirvió. ¿Y saben por qué no sirvió? Porque nunca existió. El gobierno nacional, que le falta identidad propia y que busca a quien imitar, también ha pretendido parecerse a Bukele con las megas cárceles, a subir aranceles pareciéndose a Trump. Pero lo único que sabe hacer es videos con algo de la espectacular inteligencia artificial para seguir engañando al pueblo ecuatoriano, porque ni para remedar sirven. Es necesaria una reforma y una reconstitución del sistema penitenciario. Nadie lo duda. Sistema penitenciario que fue desmantelado en el gobierno de Moreno. Moreno desmanteló la institucionalidad que regentaba el sistema penitenciario. Eliminó el Ministerio de Justicia y eliminó toda la institucionalidad para dar las debidas garantías a los guías penitenciarios. Desmanteló la inteligencia penitenciaria y eliminó las escuelas de formación para los guías penitenciarios. Que todo puede o podía ser mejorado es una regla de vida, pero para Moreno desmantelar el Estado era la tarea impuesta por los que le compraron. Nos encontramos en un momento crucial para la seguridad nacional. El avance incesante de las mafias y la criminalidad organizada y transnacional, junto con la complicidad institucional, han desbordado las estructuras básicas del Estado y el sistema penitenciario. Lamentablemente, esta es la radiografía de la crisis de nuestro país. Hoy conocemos el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria del sistema penitenciario. Este proyecto es fundamental porque necesitamos darle al Estado, a la sociedad, las garantías mínimas de que los delincuentes estén controlados y vigilados por un sistema penitenciario que dé las garantías adecuadas para que no existan motinamientos y, peor todavía, fugas, que en muchos casos han terminado siendo actos de complicidad a favor de ciertos capos. La fuerza de una ley no reside sólo en su intención punitiva, sino en integral, sino que tiene que ser integral y su irrestricto respecto a los derechos constitucionales y legales, los cuales deben ser cubiertos con los respectivos recursos económicos que garanticen la seguridad de todo el sistema penitenciario. Además, es claro que una ley, por más buena que sea, no es suficiente si no tenemos funcionarios que tengan la claridad para ejecutarla a favor de los intereses de toda la sociedad ecuatoriana. En la reconstrucción del sistema penitenciario es fundamental tomar en cuenta los siguientes parámetros. Uno, transitar hacia un régimen penitenciario especializado, diseñado para neutralizar las dinámicas de la delincuencia organizada y transnacional, reconociendo que no podemos enfrentar a estas estructuras con herramientas administrativas obsoletas y con personal sin capacitación y sin garantías adecuadas. Dos, es fundamental buscar la institucionalización de una unidad de inteligencia penitenciaria que coordine con el sistema de inteligencia del Estado, como accionar proyectando al intercambio de información y coordinación efectiva con la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía General del Estado y el sistema de control del lavado de activos, que lastimosamente en la actualidad tiene varias deficiencias. Tres, las reformas deben clarificar la competencia del organismo técnico encargado y observar una mejora sustancial en los protocolos de uso legítimo de la fuerza, incorporando criterios diferenciados y ajustados a las amenazas actuales y futuras. Todo esto, en su conjunto, es la hoja de ruta para una contención real. Es la planificación estratégica alineada con el sistema de seguridad pública, que permitirá desarticular las estructuras criminales que en la actualidad siguen operando desde las cárceles. Sin embargo, en este camino hacia el fortalecimiento institucional, hemos identificado una omisión que no es sólo técnica, sino que compromete la vigencia de los derechos constitucionales y la sostenibilidad a largo plazo del sistema. La propuesta presentada, hay un vacío preocupante en lo que respecta al eje del talento humano y el escalafón de la carrera penitenciaria. Colegas asambleístas, la ley no puede exigir heroísmo sin ofrecer garantías. No podemos permitir a nuestro personal de custodia que enfrente la peor de las criminalidades si a cambio el Estado los deja en un limbo administrativo, ilegal y económico. Resulta imperativo reforzar la regulación de los derechos y garantías del personal que opera en torno de máxima seguridad, inteligencia y uso de la fuerza. La sostenibilidad de la reforma es directamente proporcional a la protección de sus custodios. Si el Estado no garantiza un marco de seguridad jurídica, la operatividad del sistema se verá seriamente limitada. Compañeros y compañeras legisladoras, Este proyecto de ley que estamos debatiendo debe ser una parte de toda una estrategia en contra de las mafias y el crimen organizado, que sigue operando desde las cárceles, pero la lucha en contra de las mafias y la delincuencia organizada local y transnacional no se la gana solo con las leyes, se necesita estrategia, inteligencia, vigilancia y recursos económicos que no desamparen a los guías penitenciarios, que son la primera línea para vigilar y controlar a los privados de libertad. El control estatal debe ser real y auditable y debe contribuir directamente a desarticular las estructuras criminales. Pero esto solo será posible si insistimos en el fortalecimiento del sistema y al mismo tiempo protegiendo los derechos constitucionales de quienes se juegan la vida ante los delincuentes. Es fundamental aplicar y seguir debatiendo este proyecto de ley para reconstruir un sistema penitenciario desmantelado por las políticas neoliberales de los últimos tres gobiernos. Muchas gracias, compañeros legisladores.