convocados para definir en segundo debate el proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo, que nos encontramos a una reforma de carácter estructural que incide directamente en la forma en que el Estado organiza el territorio, planifica el desarrollo urbano y garantiza derechos fundamentales como el bienestar, la seguridad, viviendas y seguridad incluso jurídica. Presidente, colegas asambleístas, primero quiero resaltar el papel de la comisión y a todos los comisionados que somos de distintas líneas y fuerzas políticas, siempre ha prevalecido el respeto, en la cual me siento honroso de esta comisión que sí podemos tener diferencias, pero ha habido el respeto y a la cual reitero una vez más mi respeto y cariño y empatía a cada uno de los comisionados que hemos recibido en comisión varios análisis, varias instituciones que han dado sus informes técnicos para el tratamiento de este proyecto, lo cual mismo la señora presidenta lo ha dicho que hemos estado incluso haciendo jornadas territoriales. El problema o la reforma, que no es únicamente un problema técnico o administrativo, es ante todo un problema humano, social y constitucional. El Ecuador de hoy persiste en realidad es que no podemos seguir normalizando, tenemos urbanizaciones levantadas en zonas de riesgo, asentamientos humanos sin planificación, catástrofes desactualizados y decisiones administrativas que en muchos casos no guardan coherencia con la planificación nacional ni con criterios técnicos mínimos. Por ejemplo, todos hemos sido testigos de cómo se ha aprobado construcciones en zonas inundables o deslizamientos, y cuando llegan las lluvias, a propósito de la etapa invernal que estamos pasando o estamos pasando en algunas provincias del país, lo que fue una decisión administrativa termina convirtiéndose en una tragedia humana. Y es así, presidente, que voy a tratar dentro de mi poco tiempo, hablar técnicamente pero con ejemplos. Fui uno de los primeros que también dijo que el proyecto regresara a la comisión para que se hagan diferentes cambios o ajustar de acuerdo a la conformidad de todos los que pertenecemos a la comisión. Las consecuencias de estas realidades del ejemplo que hice son claras. Familias expuestas a desastres, crecimiento urbano desordenado, debilitamiento institucional y una profunda inseguridad jurídica. Frente a ello, la reforma que hoy analizamos tiene un objetivo claro. Ordenar el territorio con reglas claras, información estable, confiable y responsabilidad efectiva. En primer lugar, esta ley fortalece un principio fundamental, la planificación basada en información pública, confiable y verificable. Se consolida el sistema nacional de catastro y se establecen mecanismos para su estandarización, interoperabilidad y actualización obligatoria. Esto significa, en la práctica, colegas asambleístas, que un ciudadano antes, vuelvo y repito, antes de comprar un terreno, podrá verificar si este previo es apto para vivienda, si está en zona de riesgo o incluso si tiene restricciones legales. Por ejemplo, una familia ya no dependerá únicamente de la palabra de un intermediario, sino que podrá tomar decisiones con información oficial, reduciendo la informalidad, evitando fraudes y fortaleciendo la seguridad jurídica. En segundo lugar, la reforma establece de manera técnica y efectiva el rol de control del Estado. Se consolida la potestad de la superintendencia para supervisar el cumplimiento de la normativa territorial, sancionar incumplimientos, corregir actuaciones ilegales o arbitrarias, incluso garantizar procedimientos con respeto al debido proceso. Además, se introduce la posibilidad de establecer compromisos de remediación antes de la sanción, lo que permite corregir errores sin paralizar innecesariamente la gestión pública. Por ejemplo, si una entidad pública incurre una omisión, podrá proponer un plan de corrección dentro de un plazo determinado, dentro de un plazo determinado, y en los cuales, si cumple, se evita la sanción. Pero sin cumple, lógicamente, se aplicará una sanción. Este enfoque no solo sanciona, ojo, sino que también promueve la corrección oportuna. En tercer lugar, esta reforma establece un régimen claro, técnico y completo de infracciones, especialmente en lo que respecta a las infracciones muy graves. Se tipifican conductas como emitir actos administrativos que pongan en riesgo la vida de las personas, aprobar planes territoriales contrarios a la planificación nacional, autorizar cambios de uso del suelo sin competencia, permitir construcciones en zonas de riesgo no mitigables, incumplir el control de asentamientos humanos, o no actualizar el catastro conforme a la ley. Esto es fundamental, porque lo que no está claramente tipificado difícilmente puede ser sancionado. Pensemos en un caso concreto. Si una autoridad aprueba un proyecto urbanístico en una zona de alto riesgo y años después ocurren deslizamientos que afectan a varias familias, hoy muchas veces la responsabilidad es disfusa. Con esta reforma, esa conducta queda claramente definida como una infracción muy grave y tendrá consecuencias proporcionales. Lo pongo como ejemplo en mi provincia de Esmeraldas. Por historia, no ha habido un ordenamiento territorial. Hemos sufrido terremotos, varios sismos fuertes, y han sido dados por permisos de diferentes administraciones en las municipalidades, en los cuales, incluso en zonas de riesgo, ¿qué pasa factura después? En temas de desastres naturales, sísmicos, y en temas también de etapas invernales, entre otros. Y que va concatenado incluso con la ley de riesgo que aprobamos el periodo pasado. En cuarto lugar, se establece un régimen sancionatorio más coherente y técnico. Se han ajustado las categorías de infracciones leves, graves y muy graves, ya lo ha manifestado la señora presidenta en el cambio, donde se ajustan las multas para garantizar proporcionalidad y se prevén sanciones específicas en función de la gravedad de la conducta. Pero además, se incorpora un elemento esencial, la obligación, la obligación de reparar el daño. Esto significa que no basta con imponer una multa, sino la que la entidad infractora deberá restituir las condiciones del suelo, corregir los daños territoriales o incluso ejecutar el derrocamiento de construcciones ilegales cuando corresponda. De esta manera, pasamos de un modelo sancionador meramente económico a un modelo de responsabilidad integral. Colegas asambleístas, esta reforma tiene efectos concretos en la vida de la ciudadanía. Es normal las diferencias que podemos tener incluso en la comisión y en el pleno. Por eso mismo hace enriquecedor el debate porque en medio de las diferencias tenemos que poner un punto de equilibrio que es la coincidencia. Esto permitirá en este debate los resultados que familias accedan a la información verificada antes de adquirir un terreno, evitando que pierda sus ahorros, garantizará que los procesos administrativos no se vean afectados por dilataciones injustificadas, prevendrá la ocupación de zonas en alto riesgo y permitirá que los municipios mejoren su gestión mediante catastros actualizados. Por ejemplo, y estoy haciendo ejemplo de cada una de las partes que voy avanzando, un municipio con información catastral precisa podrá identificar previos no registrados o subvalorados, mejorando incluso su recaudación sin necesidad de crear nuevos impuestos. Desde el ámbito social el impacto es aún mayor. Tendremos ciudades más ordenadas, viviendas más seguras, menos asentamientos en zonas de riesgo y una reducción significativa de la vulnerabilidad de la población. Esto se traduce en evitar tragedias que en muchos casos no solo son productos sino de decisiones inadecuadas o falta de control. Es importante señalar que esta reforma y en lo que yo leía en cada uno del informe final, esta reforma no vulnera la autonomía de los gobiernos autónomos y centralizados. Por el contrario, fortalece adotar dos herramientas técnicas, reglas claras y mecanismos de asistencia para mejorar su gestión incluso se prevén medidas de apoyos para aquellos gobiernos locales que no cuentan con capacidades suficientes, garantizando así una implementación equitativa de la ley. Colegas asambleístas, ordenar el territorio no es una opción, es una obligación de todos y los que conformamos este poder legislativo. Hoy tenemos la oportunidad de corregir prácticas ineficiencias que por historia han arrastrado y quienes por resultado han padecido son familias enteras de cada una de nuestras jurisdicciones, territorio y del país. Cerrar estos espacios a la arbitrariedad y sentar las bases de un modelo moderno, transparente y responsable de la gestión del suelo es nuestra responsabilidad. Vuelvo y repito mi respeto y siempre puedo resaltar el trabajo en unión que hemos tenido la comisión y en la cual estamos dando en esta sesión de pleno el trabajo de meses en cuanto a esta reforma que estamos haciendo. Mi saludo a todos los colegas asambleístas. Mi palabra, presidente.