presentan Asamblea en Pleno. Bienvenidas, bienvenidos.
Continuación de la Sesión No. 024-AN-2025-2029 del pleno de la Asamblea Nacional
Grabación completa de la sesión, de principio a fin.
Quién habla y cuándo
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Martes 5 de mayo del 2026, muy buenos días, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Asamblea en Pleno, la transmisión de los medios legislativos, TVL Canal 42 y la radio de la Asamblea Nacional con sus frecuencias en todo el país. Soy Mariela Logroño y es un gusto compartir con ustedes este espacio. Saludamos también en esta mañana con nuestra compañera María Camila Zurita, quien se encuentra desde el hall plenario. María Camila, buenos días.
Muy buenos días, Mariela, qué gusto saludar contigo y con todos quienes ya sintonizan la señal de TVL y la radio de la asamblea en esta mañana de este martes 5 de mayo de 2026. Así es, como tú lo decías hace un momento, nosotros nos encontramos en los exteriores del salón plenario, en donde en breves instantes se instalará justamente la sesión número 091 de esta sesión de la asamblea nacional, en donde se tratarán cuatro puntos en el orden del día. Nosotros también en pocos instantes ya iniciaremos con las primeras reacciones de las y los legisladores que como ustedes pueden observar a mis espaldas ya se encuentran justamente ingresando aquí en el salón plenario, Mariela.
Así es, María Camila Zurita, en breves minutos más haremos contacto contigo para las primeras entrevistas. Saludamos también en esta mañana con nuestra compañera Maritza Flores, quien se encuentra desde la cabina de cristal de la radio de la Asamblea Nacional. Maritza, qué gusto.
Hola Mariela, ¿cómo estás? Muy buenos días y el saludo para la audiencia de TVL y la radio de la Asamblea Nacional. Los asambleístas que ingresaron empiezan a ocupar ya sus curules para los próximos minutos. Una vez que se disponga, empiece el registro y dar inicio a la primera de las dos sesiones que están convocadas para esta jornada. La primera sesión es una sesión nueva, se desarrollará todo el procedimiento que dicta la ley orgánica de la función legislativa y la segunda es de continuación.
Mariela. Así es, Maritza Flores, contarles que el día de hoy para este día martes han sido convocadas dos sesiones plenarias. La primera, la sesión 091 que tiene en agenda cuatro puntos. Himno Nacional de la República del Ecuador, conocer el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica de agilización judicial para la adopción. Tercer punto, conocer el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria para restituir el control previo de legalidad de actos y contratos y finalmente conocer el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica del servicio público y al código de trabajo.
Esto para determinar que el 18 de noviembre de cada año sea feriado nacional y demás unificados. Mientras que para las 12 horas se retomará la continuación de la sesión plenaria 024 que tiene en agenda un único punto. Este es conocer y resolver respecto del informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional. Nosotros les hemos preparado un reportaje con el contenido de la sesión 091. Para este martes fue convocada la sesión 091 del pleno de la asamblea nacional con el siguiente orden del día.
Himno nacional de la República del Ecuador, conocer el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica de agilización judicial para la adopción, conocer el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria para restituir el control previo de legalidad de actos y contratos y conocer el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica del servicio público y al código de trabajo para determinar que el 18 de noviembre de cada año sea feriado nacional y demás unificados. El pleno de la asamblea conocerá el informe de la comisión de transparencia sobre el proyecto de ley que busca agilizar el proceso de adopción.
Entre los principales cambios constan reducción de plazos mediante términos claros y perentorios en todas las etapas del proceso, articulación entre fases judiciales y administrativas evitando duplicidades, redefinición de adoptabilidad, priorizando el bienestar integral del niño por encima de criterios meramente biológicos, fortalecimiento de garantías procesales incluyendo el derecho de niños, niñas y adolescentes a ser escuchados y a comprender las decisiones judiciales en lengua accesible. Lo explicó la asambleísta Diana Jacome, presidenta de esta mesa legislativa. Implica que aquel juez que ya ordenó...
no las medidas de protección, sea el mismo que se encargue del proceso.
de adoptabilidad de un niño. Posteriormente, sobre la base del informe de la Comisión de Régimen Económico, los legisladores tramitarán en primer debate el proyecto de reformas para restituir el control previo de legalidad de actos y contratos. Al respecto, la mesa legislativa considera que aprobar esta reforma implicaría un retroceso y un desafío estructural, por lo que recomiendan al Pleno su archivo. Finalmente, el Pleno conocerá el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria, a la Ley Orgánica de Servicio Público y al Código de Trabajo, para determinar que el 18 de noviembre de cada año sea feriado nacional y demás unificados.
La sesión 091 será a partir de las 11 de la mañana, informó Mariela Logroño. Y bien, estos son los temas que constan en la sesión plenaria 091 convocada para este día martes. Y precisamente María Camila Zurita ya tiene las primeras reacciones. Adelante, te escuchamos.
Así es, Mariela, para conocer más detalles acerca de la Ley Orgánica de Agilización Judicial para la Adopción, me acompaña la presidenta de la Comisión de Transparencia, hablamos con la asambleísta Diana Jacome, asambleísta, muy buenos días, bienvenida a TVL y la radio de la Asamblea. Legisladora, justamente el día de hoy los asambleístas van a conocer este informe para primer debate, un tema justamente que preocupa a la ciudadanía porque la adopción es un tema que en muchos casos se demora meses y hasta años. Este proyecto de ley busca agilizar estos procesos y estos tiempos.
¿Cuáles son justamente lo que se propone para que estos trámites sean más ágiles aquí en el país, legislador?
Muchísimas gracias. En efecto, el día de hoy en el Pleno de la Asamblea Nacional vamos a conocer un proyecto muy importante que es el proyecto de ley orgánica para la agilización judicial de la adopción. ¿Qué pretende o qué busca esta normativa? Es establecer términos y plazos para que las autoridades, funcionarios judiciales, funcionarios administrativos cumplan con los tiempos y no se deje a discrecionalidad los informes, las responsabilidades de cada uno de los funcionarios. También se establecen sanciones. Pero ¿cuál es lo importante? Uno de los artículos importantes de este proyecto es que aquel juez que ya conoce o que ya emitió una medida de protección a favor de un niño, sea el mismo que conozca el caso hasta el final, hasta la declaratoria de adoptabilidad.
Recordemos que cuando un juez emite una medida de protección posterior, cuando ese niño tiene que pasar a este proceso lastimosamente, se sortean entre otros jueces y eso dilata tiempos. Por lo tanto, estamos estableciendo que el mismo juez sea el que conozca hasta el final la causa del menor. Otra de las propuestas importantes es la privación de la patria potestad para aquellos padres o madres que intenten someter a sus niños a procedimientos farmacológicos, quirúrgicos, que traten de cambiar su sexo. En ese sentido, también se implementa esto, la adopción en igualdad de condición, tanto para parejas de distinto sexo heterosexuales como para personas solas heterosexuales.
Se lo define y va en concordancia y armonía con la Constitución de la República del Ecuador. Y uno de los temas también importantes aquí que estamos implementando es reformando el artículo 77 de la Ley de Educación Superior, donde establecemos dentro de las categorías de becas a los jóvenes, a los adolescentes, que ustedes saben que a partir de los 18 años tienen que salir de las casas de acogida, pues hoy tienen una oportunidad y el Estado los protege a través de estas becas que tendrán que ser otorgadas, y para eso también se genera una transitoria, una disposición en la cual el Ministerio de Educación y el MIES tendrán que coordinar para conocer qué adolescente ya está por cumplir los 18 años e inmediatamente se genere una beca para que ese niño en el momento que salga pueda tener la oportunidad de estudiar y tener una esperanza de vida.
Regisladora, justamente también se plantea o se topa también el tema de la reinserción familiar dentro de este informe.
En efecto, hay el emparentamiento, se establece seis meses, para el emparentamiento dos meses, la reinserción seis meses, esto es importante, ya se definen tiempos, eso era necesario para poder avanzar con los procesos de adoptabilidad, es creo importante ahora la responsabilidad que nosotros tenemos, considero que es así, por parte de los legisladores, de marcar un antes y un después, y sobre todo cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, y aquí lo que buscamos es que el interés superior del niño sea protegido en su integralidad. Gracias.
Esas fueron las palabras justamente de la legisladora Diana Jacome, que lo que nos decía es que este proyecto de ley busca poner plazos máximos para acelerar las decisiones, evitar que los procesos se alarguen sin límite y justamente mejorar la coordinación entre instituciones. Mariela.
Gracias a María Camila Zurita por esas reacciones. El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Orsenpid, ya hizo su ingreso al Salón Plenario Nela Martínez. Además, ya dispuso a la Secretaría General la constatación del quórum reglamentario. Es decir, este es un procedimiento que permite el registro de las y los asambleístas para la jornada plenaria que ha sido convocada para este día martes 5 de mayo del 2026. Maritza Flores, cuéntanos cómo avanza este registro.
Están presentes hasta este momento 140 legisladores y legisladoras, así a través del registro dactilar que tiene que hacer cada uno de ellos y es lo que podemos observar también en la imagen que acompaña esta transmisión. Los legisladores y legisladoras desarrollan este procedimiento una vez que se dispuso el registro de los asambleístas y en los próximos minutos cerrará este procedimiento para que con ello ya inicie el orden del día de esta de la primera de las dos sesiones. La primera, la 91 con los cuatro puntos del orden del día hasta este momento que serán analizados por los asambleístas y ya vamos a conocer también si se han ingresado las solicitudes para modificar esta convocatoria de ser el caso se desarrollará el procedimiento correspondiente y los puntos a analizar.
El informe de primer debate del proyecto de ley orgánica de agilización judicial para la adopción, primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria para restituir el control previo de legalidad y actos y contratos y también el primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria, la ley orgánica de servicio público y el código de trabajo Mariela.
Gracias Maritza por esa información y nosotros tenemos una nueva entrevista desde el hall plenario. María Camila, cuéntanos.
Así es, Mariela, muchas gracias. Me acompaña el legislador Isaac Solano para conocer más detalles acerca de este informe para primer debate de la Ley Orgánica de Agilización Judicial para la Adopción. Asambleísta, muy buenos días. Bienvenido a TVL y la radio de la Asamblea Nacional. El día de hoy se va a conocer esta ley tan importante. Según el Ministerio de Desarrollo Humano, hasta el año 2025, 1.900 niñas, niños y adolescentes se encuentran dentro del sistema de acogimiento institucional. Este informe para primer debate lo que busca evidentemente es que los procesos de adopción se agilicen.
En ese sentido, quisiéramos que nos cuente, por favor, qué cambios se plantean, cuáles son los tiempos máximos en los que se busca que las familias puedan acceder a estos procesos de adopción.
Muy buenos días con todos, desearle también buenos días al pueblo ecuatoriano que nos está viendo en los diferentes medios de comunicación que tiene esta Asamblea Nacional. Un proyecto de ley que sí, efectivamente lo aprobamos gracias a la intención de cada asambleísta, a la voluntad que tiene para ayudar a niños, que la problemática aquí actualmente es que ellos están dentro de los centros de acogida y muchos de esos casos tardan hasta 10 años para que cada niño tenga el calor de una familia. Un proyecto reformatorio a distintos cuerpos legales, Código Orgánico de la Función Judicial, Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, Código Orgánico General de Proceso y una reformatoria al artículo 77 de la Ley Orgánica de Educación Superior.
¿Por qué se hacen estas reformas? Por la problemática de que mucho tiempo los niños esperan por el calor de una familia, muchos de ellos salen ya teniendo mayor de edad. ¿Y qué hacen ellos teniendo ya 18 años sin orientación, sin acompañamiento, sin apoyo? Una de las claves que planea, bueno, que está en el informe del primer debate es en el artículo 77, lo cual los integra. Ya, no es que se crea becas, aquí no estamos ordenando recursos, lo que es, se amplían las oportunidades para que ellos también tengan el derecho de acceder a una universidad, que tengan el derecho de ser profesionales y representar a nuestro país de la forma más formal posible.
Esto también incluso habla y establece sanciones para todos los jueces que dictan sentencias o, más bien dicho, son parte de los procesos de adopción. ¿Cómo se va a reorganizar todo este proceso dentro del sistema judío?
Por supuesto, lastimosamente hay jueces que carecen del conocimiento en el tema de adopción y por eso también se genera lo que es un retraso. Hay una reforma que se está haciendo en el artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial en el cual dice que todo juez que no respete los plazos se lo va a tipificar como una infracción leve con el 10% de su salario remunerado. Eso es una clave para que ahora sí los jueces en verdad trabajen y agiliten procesos para que le garanticen la familia al niño que tanto desea.
Incluso legislador, dentro de los casos, incluso muy críticos, en donde las niñas, niños y adolescentes son víctimas, por ejemplo, de violencia sexual, ¿cómo se van a tomar en cuenta también, incluso dentro del tema de los derechos de los niños, que son sumamente importantes dentro de estos casos, las voces de ellos, porque tienen que ser considerados también dentro de los análisis judiciales?
Por supuesto, muchos de estos problemas también vienen de los padres. Y aquí entra un tema muy importante que es la privación de la patria potestad. Se está planeando, bueno, ya está en el primer informe una reforma en la cual incorpora dos incisos importantes para quitarle la patria potestad a padres irresponsables. Aquellos padres que los someten a algún maltrato físico o sexual y aquellos padres que los obligan a algún tratamiento quirúrgico, se les va a quitar la patria potestad. Y el niño, pues, tendrá todo el derecho también de saber qué es lo que está pasando.
Muchos de los jueces redactan una sentencia técnica que el niño no entiende. El niño tiene todo el derecho de saber qué es lo que está pasando en el proceso de adopción. Se incorpora eso. También es una reforma del Código Orgánico de la Función Judicial en el que el juez detalla en un extracto tipo carta un lenguaje adecuado para el niño para saber qué es lo que está pasando.
Finalmente, entonces podríamos decir que el derecho y el interés superior del niño estaría considerado durante todo el proceso de manera transversal y cuáles serían los criterios entonces para decir quiénes estarían aptos para adoptar y quiénes no.
Por supuesto, actualmente la ley con unas reformas que no se hicieron, la ley te dice en el artículo 158 del mismo código orgánico de la niñez y adolescencia, son un sinnúmero de reformas que se está haciendo, que no sólo, bueno, actualmente te dice que el niño puede ser adoptado siempre y cuando no tenga padres o siempre y cuando aparezca un familiar de tercer grado de consaguinidad, pero aquí viene la contra, o sea, no sólo basta que el niño tenga un familiar de tercer grado de consaguinidad, ¿quién te garantiza que ese familiar le está dando todo el respaldo?
¿Quién te garantiza que ese familiar le está brindando un mejor estilo de vida? Ahora, con las incorporaciones que se está haciendo en este artículo 158, vale la opinión del niño mucho más que cualquier sentencia técnica, eso es lo que se está haciendo actualmente en este informe que lo vamos a debatir en el primer debate de la Asamblea Nacional.
Muchas gracias. Esos fueron los criterios justamente de el asambleísta Isaac Solano, que nos comentaba que el interés superior del niño va a ser muy relevante para el análisis de este informe, para primer debate de la ley de adopción. Mariela, regresamos contigo.
Gracias María Camila Zurita por esa información. Recordar que este informe para primer debate del proyecto de ley orgánica sobre la agilización judicial para la adopción fue trabajado al interior de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. De momento son 144 legisladores quienes ya se han registrado. Y tenemos una nueva reacción junto a María Camila Zurita. Cuéntanos de qué se trata.
Muchas gracias, Mariela. Así es, el día de hoy el Pleno de la Asamblea Nacional también conocerá el informe para primer debate del proyecto de la Ley Orgánica Reformatoria para restituir el control previo de la legalidad de actos y contratos. Para conocer más detalles al respecto, me acompaña la legisladora Nathalie Farinango. Muy buenos días, legisladora, qué gusto tenerla con nosotros en TVL y la radio de la Asamblea Nacional. Quisiera que nos comente, por favor, cuáles son los puntos clave que contiene este informe y cuáles son los problemas, por supuesto, que busca evitar este control previo.
Bueno, buenos días. Este informe que fue discutido en la Comisión Especializada de Régimen Económico, que recibió una serie de comparecencias, como la Procuraduría General del Estado, la Contraloría General del Estado, ha recomendado por unanimidad el archivo de este informe. ¿Por qué? Porque fue presentado en otro contexto diferente a la realidad actual. En el 2019, el ex-procurador del Estado, Íñigo Salvador, presentó este proyecto de ley. Ya en el 2025 se presentó otro proyecto diferente, que recae en la Comisión Especializada de Justicia y Estructura del Estado, que ya analice este tema, igual con reformas a la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, eliminamos el informe previo de pertinencia, que creemos que igual el control público debe ser importante, la transparencia en la compra pública debe ser importante, pero con la actualidad de los controles que ya se manejan.
Es decir, actualmente tenemos otros cuerpos legales, otras normativas que ya cubrirían estos aspectos.
Aprobados por esta Asamblea Nacional en este periodo legislativo también reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que buscan también la transparencia en la contratación pública y que este informe ya recomienda por eso su archivo a este proyecto de ley que fue presentado en el 2019 con una realidad diferente a la que hoy vivimos y por ende se ha recomendado este archivo.
Podríamos quizás detallar cuáles serían estos, porque como usted conoce, pues la ciudadanía quisiera saber, ¿no? Actualmente todavía existen muchos detalles y muchas problemáticas puntualmente en este tema de las compras públicas que ocasionan temas de corrupción en distintos frentes del Estado y que se necesita todavía cubrir.
El control previo de legalidad primero también sería una carga a la Procuraduría General del Estado. Ya hay falencias por el tema de inconstitucionalidad porque la única función del Estado que puede presentar proyectos de ley con carga al presupuesto general del Estado es la función ejecutiva. Desde ella nace una inconstitucionalidad. Este control previo de legalidad, como digo, ya está solventado en otros cuerpos legales como la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en donde ya habíamos eliminado igual el informe previo de pertinencia. El control público actual, la tendencia de control público actual determina que no se debe revisar ya todo el expediente sino prevenir justamente que hayan actos de corrupción, por ejemplo con controles puntuales, estratégicos y demás.
Entonces en ese aspecto es lo que se ha recomendado este archivo en el informe.
Sus expectativas entonces, legislador, atrás del debate y obviamente con la recomendación de archivo después de lo que se ha conversado dentro de la comisión.
Bueno, la Comisión ha hecho un trabajo técnico, por eso ha sido aprobado por unanimidad por todos los miembros de la Comisión. Esperamos la misma coherencia en el Pleno de la Asamblea Nacional. Que ya como votaron en la Comisión, se pueda también votar en el Pleno de la Asamblea Nacional y tener unanimidad también. Gracias, legisladora. Estaremos atentos. Gracias.
Gracias, esas fueron las palabras de la legisladora Nathalie Farinango con respecto al informe para primer debate de esta ley orgánica reformatoria para restituir el control previo de legalidad de actos y contratos. Como nos comentaba, la comisión recomendó el archivo tras del debate y bueno, esto es lo que se va a debatir el día de hoy ante el pleno de la Asamblea Mariela.
Así es, María Camila Zurita, gracias por esa información. Entre las conclusiones de este informe que fue trabajado al interior de la Comisión del Régimen Económico, se destaca que el proyecto de ley orgánica reformatoria para restituir el control previo de legalidad de actos y contratos fue presentado en el 2019 en un contexto jurídico e institucional distinto al que atravesamos actualmente. Y en diciembre del año 2025, la Procuraduría General del Estado presentó el proyecto de ley orgánica de la Procuraduría General del Estado. El mismo que se encuentra en la Comisión Especializada Permanente de Justicia y desarrolla toda la figura de control legal de actos y contratos con enfoque actualizado.
Por ello, esta mesa legislativa recomienda el archivo al Pleno de la Asamblea Nacional respecto a esta iniciativa legal que fue trabajada en la Mesa del Régimen Económico y contó con estos aportes técnicos. Esperamos ya las disposiciones correspondientes del presidente de la Asamblea Nacional cuando de momento son 144 legisladores presentes y se espera el cierre del registro para dar inicio con la sesión.
Me permito informar, señor presidente, que contamos con 144 asamblistas registrados en la sesión. Contamos con el quórum legal.
Se instala la sesión número 91-AN-2025-2029. Señor Secretario, por favor, dé lectura a la convocatoria.
Con 144 legisladores presentes se da inicio a la sesión plenaria 091. Esto es Asamblea en Pleno. Continuamos contigo, Maritza.
Con su autorización, señor presidente, doy lectura a la convocatoria. Convocatoria, por disposición del asambleísta Nisdol Sempid, presidente de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 12, número 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se convoca a los asambleístas a la sesión número 091-N-2025-2029 del Pleno de la Asamblea Nacional a realizarse el día martes 5 de mayo de 2026 a las 11 horas en la sede de la Función Legislativa ubicada en la avenida 6 de Diciembre y Piedraíta, en el distrito metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.
Primero, himno nacional de la República del Ecuador. Segundo, conocer el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica de agilización judicial para la adopción. Tercero, conocer el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria para restituir el control previo de legalidad de actos y contratos. Cuatro, conocer el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de servicio público y al Código de Trabajo para determinar que el 18 de noviembre de cada año sea feriado nacional y demás unificados.
Hasta aquí el texto de la convocatoria, señor presidente.
Esos son los puntos que hasta este momento se tratarán durante el desarrollo de la sesión noventa y uno. En los próximos minutos conoceremos si se han incorporado, se han presentado solicitudes para modificar el orden del día de esta, la primera de las dos sesiones que están previstas para esta jornada de martes cinco de mayo del año dos.
Secretario, por favor informe si se han presentado solicitudes de modificación del orden del día.
Cumplo con informar, señor presidente, que no contamos con solicitudes de modificación del orden del día para la presente sesión.
Antes de dar inicio con el primer punto, quiero dar la bienvenida a los estudiantes de la escuela Rafael Armijos Valdivieso de la parroquia de Alangasí. Bienvenidos a la Asamblea Nacional, bienvenidos a su casa. Señor Secretario, demos inicio con el primer punto del orden del día.
Primero, himno nacional de la República del Ecuador.
Sin modificaciones, a la sesión número 91 inicia con el himno nacional de la República de Ecuador en voz de todos los presentes en el Pleno del Parlamento Ecuatoriano.
¿Quién sobre?
Sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, convocatoria número 91, se cumplió el primer punto del orden del día de esta sesión.
del orden del día
Segundo, conocer el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica de agilización judicial para la adopción.
Señor Secretario, por favor dé lectura al memorando número AN-CTPC-2026-0103-M y del informe en su parte resolutiva. El informe íntero remitido por la Comisión será parte del acta de la presente sesión.
Con su autorización, señor presidente, doy lectura al memorándum número AN-CTPC-2026-0103-M de 16 de abril de 2026. Asunto informe para primer debate del proyecto de ley orgánica de agilización judicial para la adopción de mi consideración. Por disposición del asambleísta Diana Jacome Silva, presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y del artículo 32 del Reglamento de Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales de la Asamblea Nacional, remito el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica de agilización judicial para la adopción.
Aprobado por esta mesa legislativa en la sesión ordinaria número 067-CEPTPSCS-2025-2027, realizada el día jueves 16 de abril de 2026 a las 10 horas en modalidad presencial en la sala de sesiones ubicada en el sexto piso a la occidental del Palacio Legislativo, a fin de que se continúe con el trámite respectivo en el Pleno de la Asamblea Nacional. La asambleísta ponente del informe para primer debate del proyecto de ley orgánica de agilización judicial para la adopción es la asambleísta Diana Jacome Silva, presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social.
La votación realizada en la sesión ordinaria número 67-CEPTPSCS-2025-2027 es la siguiente. Siete votos a favor, asambleístas Diana Angélica Jacome Silva, presidenta Edmundo José Cerda Tupuy, vicepresidente Jorge Enrique Chamba Cabanilla, Isaac Vladimir Solano Calle, Jorge Luis Guevara Benavides, Dominic Elían Serrano Molina y Otto Santiago Vera Palacio. Cero votos negativos, tres votos en abstención, asambleístas Guido Andrés Mendoza Andrade, Blasco Remigio Lunarevalo y Josefina Germania Romero Ponguillo. Y cero votos en blanco, consentimientos de distinguida consideración. Atentamente, abogado Francisco Javier Larrea Yepes, secretario, relator. De igual forma, señor presidente, doy lectura a la parte resolutiva y de conclusiones del informe.
Informe para primer debate del proyecto de ley orgánica de agilización judicial para la adopción. Seis conclusiones. Del análisis técnico y jurídico realizado, la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, concluye que el proyecto de ley orgánica de agilización judicial para la adopción es una iniciativa legislativa que guarda armonía y coherencia con la Constitución de la República del Ecuador y el resto del ordenamiento jurídico vigente, por lo que es pertinente que el Pleno de la Asamblea Nacional en ejercicio de sus competencias conozca y debata su contenido.
Considerando que el proyecto de ley busca dotar de celeridad a los procesos judiciales y administrativos relacionados con la adopción de niños, niñas y adolescentes, garantizando el principio de su interés superior. Recomendaciones. La Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social recomienda y solicita a la Presidencia de la Asamblea Nacional poner en conocimiento y consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica de agilización judicial para la adopción. Hasta aquí la lectura de lo dispuesto, señor presidente.
Se abre el debate. ¡Gracias!
En este momento corresponderá entonces conocer los criterios de los legisladores y legisladoras en torno al proyecto de ley orgánica de agilización judicial para la adopción que corresponde al primer debate una vez que ha sido presentado y dado lectura de la parte medular del proyecto de ley. Se ha otorgado el uso de la palabra a la presidenta de la Comisión de Transparencia, asambleísta Diana Jacómez.
Buenas tardes a todos los ecuatorianos. Buenas tardes, señor presidente, colegas asambleístas. Bueno, para mí es un día muy importante, sobre todo lo que implica en un trabajo no de un mes, de seis meses, sino más de diez años. Un trabajo que lo conozco porque sé lo que viven muchos niños, niñas y adolescentes, sé la realidad que ellos viven en las casas de acogida. Y hoy para mí representa un honor y una gran responsabilidad llevar al debate este proyecto normativo. Bueno, quiero antes de iniciar agradecer a quienes han sido parte de este proceso, a la asambleísta Lucía Pozo, proponente del proyecto.
Muchísimas gracias, Lucía, por este importante proyecto. Consejo de la Judicatura, Ministerio de Desarrollo Humano, Defensoría Pública, Vicepresidencia de la República, DINAPEN, Fundación Esperanza, Alegría de Vivir, Fundación Padres de Corazón, Fundación Hacienda de la Esperanza, Fundación Henry Davis, Fundación Tim Ballard, sede Ecuador, Doctor David Alejandro Barzallo Núñez, médico especialista en psiquiatría, pediatría, neurología, pediatría infantil, Doctor André Luis Santos Espinosa, Doctora Gabriela Larreati, experta en derecho de familia, Doctor Martín Domínguez Jaramillo, a la Fundación Esperanza, Alegría de Vivir, Paula Vallejo, Carolina Sánchez, Enmar Rojas, Verónica Villaruel, Diego Martínez, Andrés Santos también, que nos acompaña, y por supuesto a Mafi Villalba, y a John, gracias por estar aquí, que están en las barras altas, gracias por acompañarme en este día tan especial.
Bueno, decirles que las leyes no se construyen únicamente desde un escritorio. Pido a usted, señor presidente, autorice, se puede emitir una imagen en la pantalla, por favor.
Autorizado.
Esta imagen representa el camino que hemos construido durante este tiempo. Reitero, las leyes no se construyen únicamente desde un escritorio, se construyen también en territorio para conocer la realidad de quienes confían en nosotros, para recordarnos a quienes servimos y por quienes trabajamos. Y por supuesto, por quienes estamos en este espacio. Honrar a cada niño, cada niña que nos recibió en las casas de acogida para poder construir este proyecto normativo. Esa imagen representa mucho, esta imagen es el caminar de la comisión visitando casas de acogida y escuchando a los principales protagonistas de este proyecto normativo, los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.
Para ellos pido un fuerte aplauso, porque se lo merecen, porque son valientes, porque a su corta edad tienen que pasar por estas circunstancias que no deberían. Sin embargo, hoy la Constitución, la ley, nos entrega una responsabilidad importantísima. Cambiar el rumbo, el destino de esos niños, niñas y adolescentes. A través de este proyecto de ley orgánica de agilización judicial para la adopción. Qué gran responsabilidad tenemos, colegas legisladores. Qué gran responsabilidad y qué orgullo que nos toque el día de hoy debatir y conocer este proyecto. La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, con total responsabilidad y conforme a lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, conoció y tramitó el proyecto de Ley Orgánica de Agilización Judicial para la Adopción y luego de cumplir el debido proceso parlamentario, aprobó el informe correspondiente, cuyo contenido se debate el día de hoy en el Pleno de la Asamblea Nacional.
Quiero hacer una pausa nada más para agradecer a cada uno de los miembros de la Comisión, a Jorge Enrique Chamba, a Jorge Enrique Chamba, también a Jorge Guevara, a Dominique, a mi querido Isaac, a los de la bancada también de la oposición, Blasco Luna, Mendoza, a nuestra colega, también a todos, a nuestro querido Vicepresidente Edmundo Cerda, gracias siempre por su respaldo constante, a cada uno de ustedes, porque hoy no estamos pensando en el color del partido político, en la bancada o en la ideología, estamos pensando en el bienestar y en el futuro de los niños, niñas y adolescentes, que hoy prime el interés superior del niño.
Así que gracias a cada uno de ustedes, gracias, que el debate se lleve con altura, con argumentos y con razón sobre todo, pensando en ellos. Es importante mencionar que para la elaboración del informe, así como para el perfeccionamiento de esta ley, reitero, hemos recibido a varias personas, ha sido un análisis técnico jurídico integral, se han realizado observaciones dentro del ordenamiento jurídico con expertos en la materia y las sugerencias emitidas por los funcionarios públicos vinculados con el proceso de adopción, que acudieron a la mesa legislativa durante el tratamiento del proyecto de ley.
Colegas asambleístas, como ustedes pueden observar en sus pantallas, ustedes tienen ahí la oportunidad de leer el proyecto, que ya ha sido enviado con anterioridad, sin embargo, podemos revisarla también en nuestras pantallas. El proyecto de ley orgánica de agilización judicial para la adopción está compuesto por 22 artículos, 5 disposiciones generales, una disposición transitoria y una disposición final, en los cuales se plantean reformas importantes al Código General de Procesos, al Código Orgánico de la Función Judicial, al Código de la Niñez y la Adolescencia y a la Ley Orgánica de Educación Superior.
En primer lugar, es importante destacar que este proyecto de ley establece plazos máximos para los procesos relacionados con la adopción, plazos que actualmente no constan en la norma, en el ámbito legal. En este sentido, la propuesta normativa reforma los artículos 162, 174, 176, 269 y 270 del Código de la Niñez y la Adolescencia, respectivamente, como lo he mencionado, para determinar el plazo máximo, escúchese bien, de 10 días para que la Unidad Técnica de Adopciones elabore el informe de asesoría en el caso de adopciones por consentimiento.
Imagínense, no existían estos plazos. También se establece el plazo máximo de dos meses para el emparentamiento del niño, niña o adolescente, con la familia que querrá adoptar y darle amor a un niño, darle un hogar. El término máximo de un día para que el registro civil también haga lo propio, que es registrar la sentencia. Un día no puede tardarse más y así se inscriba la sentencia que concede la adopción. El plazo máximo de dos meses para que la Policía Especializada y la Oficina Técnica presente el informe de investigación para ubicar a familiares hasta tercer grado de consanguinidad de la niña, niña o adolescente.
Y el plazo máximo de seis meses para que se proceda la reinserción de una niña, niño o adolescente en su familia biológica. Esta reforma busca dotar de agilidad al proceso de adopción, garantizando, por supuesto, el principio de celeridad establecido en el artículo 75 y 169 de la Constitución de la República del Ecuador. Esto en consonancia con lo establecido también en plazos y términos máximos. El proyecto de ley agrega el numeral 15 en el artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, así como también incorpora el numeral 3 en el artículo 252 del Código de la Niñez y Adolescencia, con el propósito de establecer sanciones económicas para los servidores administrativos y judiciales que incumplan con los plazos o términos legales de los procesos de medidas judiciales de protección, privación de padre potestad, declaratoria de adoptabilidad, fase administrativa de adopción y juicio de adopción.
Quiero detenerme aquí. ¿Por qué es importante establecer plazos y términos? Porque no estamos hablando de un celular, no estamos hablando de un objeto, no estamos hablando de una casa, de un terreno, de un carro, estamos hablando de la vida de un niño que merece y debe tener un hogar, una familia, que lo cobije, que lo respalde. En ese sentido, establecer plazos y términos permite que tengamos el trabajo eficiente y que se cumpla, porque un minuto perdido, un día perdido, es también un día que pierde ese niño de tener un hogar, de tener una familia.
Y sanciones sí para los funcionarios administrativos, judiciales, servidores públicos que no cumplan con su función, porque no podemos ocupar ocho horas de nuestro día laboral sin hacer nada y no cumplir con los tiempos y plazos que establecemos, con los términos y plazos. Ahí está corriendo la vida de un niño, la esperanza de ese niño. Así que establecemos esto para que se cumpla con nuestra responsabilidad. Es importante también mencionarles en este contexto que la propuesta está orientada a asegurar, lo que mencioné, los tiempos legales, a fin de garantizar celeridad en los procesos judiciales y administrativos y el interés superior del niño.
Y esto está, por supuesto, en concordancia con los artículos 44, 45, 46, 75, 82 y 169 de la Constitución de la República del Ecuador. En la misma línea, el proyecto de ley prevé la reforma al artículo 270 del Código de la Niñez y Adolescencia, la cual tiene por objeto optimizar los procesos de adopción al establecerse que en el caso de que existen investigaciones previas realizadas en la fase de esclarecimiento de la situación del niño o niña adolescente, no es necesario volver a repetir las mismas diligencias de búsqueda, debiendo el juez ya resolver con base en las actuaciones existentes y declarar la adoptabilidad del niño o niña adolescente.
Esta reforma busca que no se requieran la práctica de diligencias ya realizadas previamente, porque aquí estamos dilatando el proceso y es lo que queremos evitar. Por otra parte, el proyecto de ley incorpora el artículo 218 del Código de la Niñez y Adolescencia a una disposición para que el juzgador que ordenó una medida de protección a favor del niño o niña adolescente, esto es importantísimo, importantísimo, sea también competente para conocer sobre su declaratoria de adoptabilidad. No es posible que el juez que emite la medida de protección, ok, listo, y luego el niño tiene que pasar el proceso de adoptabilidad.
¿Y qué sucede ahí? Se sortea otro juez hasta que le llegue el expediente, hasta que le notifique. Perdemos tiempo. El mismo juez que emitió la medida de protección sea el mismo juez que conozca hasta el final este caso hasta la declaratoria de adoptabilidad e inmediatamente cuando emite la medida de protección ordene a la unidad de investigación de la Policía Nacional proceder con la investigación correspondiente para dar con el paradero de los familiares. ¿Se dan cuenta cómo vamos acortando tiempos en las atribuciones de funcionarios y sobre todo pensando en el interés superior del niño?
Aquí estamos haciendo este cambio importante. También compete conocer sobre su declaratoria de adoptabilidad al juez y esto está en consonancia con el artículo 169 de la Constitución de la República del Ecuador. Dentro de esta propuesta también buscamos dar solución a un problema que se ha suscitado y muchos niños no pueden ser adoptados actualmente, ya que la ley da prioridad también a las parejas de distintos sexos sobre las personas solas. En este sentido se plantea una reforma al artículo 113 del Código de la Niñez y la Adolescencia en donde se da la misma oportunidad de adopción a las parejas de distintos sexos heterosexuales como aquellas personas solas heterosexuales.
Ojo con eso. La misma jerarquía. Parejas de distintos sexos heterosexuales y personas solas heterosexuales. Esto está en consonancia con lo que establece la Constitución en su artículo 68. Y estamos armonizando con la propia norma suprema. También el proyecto reforma el artículo 113 del Código de la Niñez y Adolescencia para incluir como causal deprivación de la patria potestad cuando los padres promuevan intervenciones médicas, quirúrgicas y farmacológicas orientadas a modificar el sexo biológico de hijo o hija con excepción de intervenciones médicas estrictamente necesarias para el tratamiento de personas con condiciones intersexuales.
La modificación, lo dejo ahí para por si acaso, me sale algún experto defensor, defensor, la modificación, guarda armonía con el artículo 20 del Código de la Niñez y Adolescencia que garantiza el derecho a la vida en el que se prohíbe los experimentos y manipulaciones médicas en niños, niñas y adolescentes. Además, se reforma, esta reforma busca garantizar la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en concordancia con el principio de interés superior de los derechos previstos en los artículos 44, 45 y 46 de la Constitución de la República del Ecuador.
Finalmente, reforma el inciso segundo del artículo 77 de la Ley Orgánica de Educación Superior. Esta es una buena noticia y lo digo porque en territorio lo escuché, lo viví con los adolescentes, hablaba con ellos. ¿Qué propone esta reforma al artículo 77 de la Ley de Educación Superior? Otorgar becas a las personas que hayan cumplido 18 años de edad y que no han sido adoptadas. Ustedes saben que un adolescente que cumple 18 años tiene que salir de la casa hogar. ¿Y qué futuro le espera? ¿Regresar tal vez a la casa donde era vulnerado, donde era agredido?
¿Suicidarse? ¿Tal vez ser parte de alguna banda criminal? ¿O qué esperanza le podemos dar nosotros hoy? ¿Qué esperanza le podemos dar cada uno de nosotros al reformar el artículo 77 de la Ley de Educación Superior? ¿Brindarle la oportunidad, una esperanza de que pueda estudiar, de que pueda tener una beca universitaria o de un instituto técnico superior para formarse? ¿Salir de esa casa de acogida? Sí, pero el Estado lo protegerá, pero el Estado le dará esa esperanza. Y eso ya está establecido para personas con vulnerabilidad y la categorización que se le da para algunos grupos de atención prioritaria y que hoy lo estamos incluyendo aquí en este articulado, garantizando el acceso gratuito a la educación superior.
La reforma busca ayudar a los niños, niñas y adolescentes, que se permita desarrollar, que puedan tener una esperanza. Estos beneficios, quiero aclararlo, deben ser otorgados dentro del 10% de programas de becas que deben actualmente cumplir las universidades e institutos por ley, destinar las universidades. Esto es algo que ya está establecido en la norma, estamos incluyendo nada más a los adolescentes que tienen que salir de casas de acogidas. Y para este fin se establece una disposición general, mucha atención, una disposición general por el cual se dispone que las instituciones de acogida, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Humano, remitan semestralmente al Ministerio de Educación la información de las personas que no han sido adoptadas y que están próximas a cumplir 18 años para que se proceda con la asignación de becas y ayudas económicas.
En definitiva, el cometimiento de estos artículos, el contenido de cada uno de los artículos del proyecto de ley en su integralidad, materializa los principios constitucionales de celeridad, economía procesal, para con responsabilidad agilizar los procesos de adopción por cuánto se establecen plazos y términos máximos, sanciones también, así también se clarifica el trámite de los procesos judiciales y administrativos relacionados con la adopción y se incorporan disposiciones orientadas a tutelar los derechos de niños, niñas y adolescentes, teniendo siempre presente el principio, el interés superior del niño. Quiero finalizar, nada más, agradeciendo a cada uno de ustedes, al país, al Ecuador, decirles que este espacio les pertenece a ustedes, que la voz de esos niños, de esos adolescentes, de la casa de acogida, hoy hablaron a través de Diana Jacomo.
Bueno, agradezco infinitamente a cada uno de ustedes y espero poder avanzar en este debate, ya que el proyecto cumple y tiene armonía y coherencia con la Constitución de la República del Ecuador. Muchísimas gracias.
Esta fue la intervención de la asambleísta Diana Jacob en calidad de ponente de este informe para primer debate del proyecto de ley orgánica de agilización judicial para la adopción. Dijo que se trata de un informe que ha sido trabajado en territorio, escuchando sobre la realidad que rodea el proceso de adopción. Se abre el debate, interviene en estos momentos el asambleísta Blas Coluna, quien además es integrante de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional.
Buenos días, presidente, estimados legisladores, ciudadanía que está pendiente del cumplimiento de nuestra función legislativa en la Asamblea Nacional. Traemos a debate una propuesta de ley que efectivamente busca dar una salida y solución a un problema social relacionado al proceso de adopción. Y claro, hagamos un paréntesis ahí, están una cámara creo aquí cubriéndome, no hace falta, vayan nomás allá, se deben estar 10 cámaras creo, suficiente con la que la Asamblea Nacional me hace la cobertura. No necesitamos fotos, necesitamos hablar con frontalidad, con objetividad y sobre todo con transparencia.
Dejen nomás, ya la transmisión es suficiente. Muchas gracias. No malgasten los recursos del pueblo ecuatoriano, por favor. Utilicemos bien los recursos del pueblo ecuatoriano. Busca dar una salida a un problema que está ahí, pero lo de fondo y lo planteamos en la comisión. Y quienes acudieron a la comisión, que por cierto, ya lo vamos a dar a conocer también, fue un grupo de personas que está bien. Pero no ha habido una verdadera participación ciudadana. Y quiero hacer referencia a qué es la participación ciudadana. La participación ciudadana, según la Constitución de la República del Ecuador, es un derecho y un deber de la ciudadanía a ser parte de la incidencia en la toma de decisiones.
O sea, la parte. Presentamos por escrito el pedido a la comisión de que les reciban. Ejemplo, doctor Juan Carlos Paz Mena, juez de la niñez y adolescencia, no fue recibido. Patricio Calero, un ciudadano que trabaja en estos temas, no fue recibido.
Gracias.
de Cuenca, Carolina Verdugo, no fue acogida. Brigitte Figueroa, Casa Pacarina, tampoco fue recibida. Silvia Bustamante, trabajadora social, Hogar de Cristo, tampoco fue recibida. Si hacemos leyes sin escuchar a las otras partes, por Dios, no hay una verdadera participación ciudadana. Las comisiones están para recibir a la gente. No es ir a tomarse una foto y decir que ya estoy con los niños y los jóvenes. No, no es eso. No hagamos show mediático. Es más, estamos violando el derecho de los niños a la protección de su identidad.
Solo por figurar, no está bien. Respetemos el derecho de los niños, por Dios. Yo no estoy presentando videos de que estoy abrazado a niños para decir que estoy trabajando en la ley. Respeto el derecho de los niños. Empecemos respetando la ley, por favor. Y señalaba, en lo de fondo, la propuesta de ley tiene cuellos de botella. Y lo señalaron en la comisión, algunos representantes, empezando por la misma Ministerio de Inclusión Económica y Social. Los cuellos de botella es la falta de presupuesto. ¿Saben qué tiempo se demoran los notificadores para llegar a entregar los documentos para que puedan avanzar los procesos judiciales?
Cuatro meses, ocho meses. ¿Qué tiempo demora un proceso de adopción por estas trabas y estos cuellos de botella? Dos años, cuatro años, seis años. Lo de fondo es la falta de presupuesto que no lo están entregando y que lamentablemente dificulta. Otra observación que hicimos, porque acá venimos a dar a conocer y dejamos planteando, ojalá para segundo debate, es los procesos judiciales relacionados a las notificaciones. Además, las casas de acogida, por Dios, no cuentan con el presupuesto ni siquiera para poder cubrir ese costo de una publicación en un medio nacional.
¿Qué está pasando ahí? Falta presupuestaria. Los convenios que se firman entre Estado, gobiernos seccionales, que a propósito ahora ya ni siquiera pueden firmar directamente porque les recortaron con la dichosa ley 70-30, la posibilidad de que utilicen recursos para dar atención, contratar personal, firmar contratos con las casas de acogida y atender a estos niños que están desprotegidos. Entonces, ahí también la fregaron. No digo la fregamos porque yo no voté por esa ley. La fregaron. Afecta también a sus procesos de adopción. Hay que decirlo con punto y coma, con nombre y apellido.
Entonces, el problema de fondo radica en las trabas institucionales. ¿Qué debemos propiciar? En 238, 237, la Constitución dice efectivamente nosotros no tenemos la potestad para incrementar presupuesto. Pero debería venir, si es que tienen iniciativa propia, de parte de quien sí lo puede hacer, una motivación para garantizar la asignación de los recursos a tiempo a la adjudicatura para que no tengan que estar comprando del bolsillo y las resmas de papel, mucho menos tener que estar apilados los procesos de notificación. Contraten más notificadores que tengan un trabajo específico de salir a entregar esas notificaciones y se agiliten los procesos.
La norma, la ley por exposición de algunos comparecientes, no es que está del todo mal. Los ajustes se han hecho de acuerdo. Pero propiciemos un verdadero proceso de cambio. Ya quiero hacer alusión al artículo 22 que reforma el artículo 77 de la Ley Orgánica de Educación Superior. No le vendamos humo a la gente, por Dios, no le vendamos humo a la gente. Ya existe un pronunciamiento de la corte en relación a este tema. El caso 72-24-IN, en el que declararon una ley inconstitucional por haber propiciado o buscado el incremento presupuestario cuando no es potestad de nosotros.
Entonces, si planteamos en esta propuesta que quienes cumplen 18 años sean acreedores a una beca, muy bien, de acuerdo. Pero para ello, no tenemos que quitarle al deportista, no tenemos que quitarle al estudiante de recursos limitados o pocos recursos económicos para acceder a una beca, para poder incluirles a ellos qué es lo que está planteando esta propuesta. Metamos en ese mismo saco a los niños mayores de 18 años. ¿Qué pasa con eso? Es simple. Aquí estamos, 151 legisladores. No vamos a incrementar el presupuesto, pero metemos aquí 20 más.
¿A quién afecta? A alguien va a terminar, pues, afectando. Es lógico, ¿qué sería? Que exista voluntad política para que se genere un incremento presupuestario como potestad del Ejecutivo para que se cubra y se atienda esas necesidades de los niños que efectivamente a los 18 años tienen que abandonar las casas de acogida y muchos de ellos no saben a dónde ir. ¿Por qué? Porque tenemos un Estado fallido. Se esperamos y aspiramos que para el tratamiento del segundo debate acojan la participación ciudadana y permitan que vengan a hacer los apóstoles profesionales, conocedores de la materia, porque yo no soy erudito en el tema, responsablemente como miembro de la comisión me informo, analizo, planteo alternativas y observaciones y que ellos puedan guadiubar a tener una mejor norma y una mejor ley para poder atender esa demanda de los pobres jóvenes que se quedan prácticamente sin posibilidad de tener un hogar o ver días mejores.
Llego nos del tiempo, estimado presidente y estimados legisladores. Bueno, que bueno que se le ha dado celeridad al tratamiento de esta propuesta de ley. Así deberían ser todas las leyes. El 19 de diciembre en la comisión se conoció el acto más burdo de corrupción que ha tenido este gobierno, el caso Progen y ATM. Se trató un informe que fue aprobado, que evitaba la sanción de los ministros que hoy ya sabemos que tienen responsabilidad, Luque, Manzano, Huón y Calero. Allá no les gusta, allá no les gusta.
Hasta el día de hoy han pasado ya cinco meses y esta asamblea no ha tratado. Ahí presentamos un informe de minoría que debería ser conocido y tratado ojalá la próxima semana para señalar las responsabilidades políticas del atraco más grande que ha tenido este país. Progen, ATM, el caso energético, el caso de corrupción más grande. Cinco meses y no lo hemos tratado aquí. ¿Qué pasa? Fiscalización, no impunidad. Basta ya de tapar la corrupción y que estos personajes se vayan a la cárcel del encuentro post corruptos. Hasta aquí mi palabra, presidente.
Esa fue la segunda intervención en voz de la asambleísta Blas Coluna, habló de cuellos de botellas por falta de presupuesto, lo que demora los procesos, dijo, y al finalizar su intervención consideró oportuna la celeridad de la iniciativa y es la celeridad que debería darse a otros proyectos, dijo. Interviene la asambleísta Jorge Chamba.
Parece que el colega que me antecedió la palabra perdió el rumbo. Hoy estamos tratando para conocer el primer debate del proyecto de la Ley Orgánica de Agilización Judicial para la Adocción, colega. No tiene nada que ver su remate. Es importante preguntarnos, colegas asambleístas, sabemos cuántos niños hay en las casas de acogida en el país, innúmeros. Por ello este proyecto, más que proyecto político, debe ser un proyecto humano, un proyecto sin tintes políticos, sin banderas políticas. Precisamente, colega Blas Coluna, este primer debate es para recoger de cada uno de los ponentes lo mejor para mejorarlo y que regrese la comisión.
Y en el segundo debate, llegue totalmente mejorado. Hoy es el momento, pero es importante también decirle al país, colega Blas Coluna, que usted es uno de los que más participa en esta comisión y lo felicito. No sé por qué se queja el día de hoy. Espero que este debate se maneje y se mantenga con altura, porque eso es lo que espera el país de nosotros. Quiero felicitar primero a la colega ponente de este proyecto, para quien pide un voto de aplauso, para mi colega Lucía Pozo.
Mi querida Lucía, muchas gracias por acordarte este problema álgido, porque quienes recorremos los sectores populares sabemos que allí radican el mayor número de niños que hoy están en casas de acogida. Productos de extrema pobreza, de hogares disfuncionales, de padres alcohólicos y drogadictos, eso es lo que debe importarnos el día de hoy. Hoy, ese niño que espera un hogar con esperanza para tener un futuro mejor. Hoy será importante el aporte que cada uno de nosotros hagamos para que ese niño tenga un hogar decente. Felicito también a usted, Yanita Jacome, presidente de la comisión, por el excelente trabajo en este proyecto.
Hubieron más de 20 personas, expertos en temas legales, con conocimientos plenos de lo que significa la adopción. Hubieron debates profundos, con altura, con colegas de la bancada de la Revolución Ciudadana, del Partido Social Cristiano, colegas independientes, los colegas de ADN, pero como siempre, se opusieron a que este proyecto hoy llegue al pleno. Por eso siempre digo que no siempre debe ser palo porque bogas, palo porque no bogas. Este proyecto no hay que presentarlo con tintes políticos, por favor. Más que un proyecto político, es un proyecto humano.
Son seres humanos, son niños que viven momentos duros y difíciles en esta casa de acogimientos. Hoy, felicito también a todos quienes formamos parte de esta comisión, todo el aporte importante que hicimos. Y agradezco la parte que acogió la presidenta en lo que a mí corresponde, porque cuál era mi preocupación. Cuando hay niños que llegan de tres años, cuatro años, y se devoran seis, siete años para poderlos adoptar, ese niño llega a un hogar ya siendo mayorcito, doce, trece años. Y es difícil que se adapte a una familia que nunca conoció.
Pero lo más importante es que se haya aceptado que el gobierno apoye y ampare a un niño que se hace joven, que a los 18 años tiene que abandonar la casa silo. Por eso, ¿a dónde va a ser joven si no conoce el mundo? ¿A dónde va a ser joven si no tiene familia? Por eso la importancia de una beca o que instituciones particulares le brinden la oportunidad para que este joven no se pierda en el camino y tenga una luz de esperanza en una empresa que lo cobije para que se pueda defender en la vida.
Hoy espero que este debate se mantenga con altura y que sea unánime. Vuelvo y repito, no son aparatos los que están pidiendo que se los adopten. Son niños que esperan un hogar para poder ser felices. Solamente hasta allí mi participación, presidente. Muchas gracias. Gracias, colegas asambleistas.
Esa fue la intervención del asambleísta Jorge Chamba. Se refirió a la situación de los jóvenes que se encuentran en muchos de los casos en casas de acogida y que han cumplido la mayoría de edad. En la palabra del asambleísta Isaac Solano. Destacó la acción del gobierno en dotarles de incentivos y becas. Cuarta intervención a cargo del asambleísta Isaac Solano.
Gracias, Presidente, por el uso de la palabra. Muy buenos días con todos, colegas asambleístas. Primero Dios, antes que nada. Señor Presidente, colegas legisladores y al pueblo ecuatoriano que nos está viendo en este momento en los diferentes medios de comunicación que tiene esta Asamblea Nacional. Hoy existe una pregunta en este debate que nos obliga a todos, como representantes de cada una de las provincias que tiene el Ecuador, a responder con absoluta honestidad. ¿Qué le estamos haciendo a ese niño cuando lo dejamos? Muchos años en un centro de acogida, sin familia, sin una sentencia, sin certeza.
No por crueldad deliberada de ningún funcionario, sino porque en el marco legal nunca se estableció con claridad cuánto podía tardar cada etapa del proceso. Y cuando una ley no fija límites, señores, déjenme decirles por si no lo sabían, el tiempo se convierte en el mayor enemigo de la infancia. Un niño no puede pausar su desarrollo emocional, mientras el expediente que define su futuro se duerme en un despacho sin plazo de resolución. Lo que cambia este proyecto de ley es algo medible y concreto. Ahora sí se establecen plazos obligatorios y sanciones reales a quienes no cumplan.
permite que los adoptantes, señores, puedan seguir con el proceso judicial cerca de donde viven ellos y no necesariamente donde está el niño. Ya no viajar a otra ciudad, a otra provincia. Eso fuera de los comentarios intelectuales en la realidad. Lo que implicaba era gastos innecesarios y también retrasos. define legalmente etapas del proceso que hoy en día por estas reformas que se está implementando en este proyecto de ley y antes que nunca se implementaron reformas, hoy los jueces lo interpretan a su manera, causando también retrasos en el tiempo de adopción.
Y algo muy importante, señores, ¿qué pasa cuando ese niño cumple 18 años sin orientación, sin acompañamiento, sin protección del Estado? Señores, que no se confunda. Lo que se está haciendo en el artículo 77 no es ordenando recursos, se está ampliando oportunidades. Aquellos niños que lastimosamente sufren años sin ser adoptados y salen de la casa de acogida sin una orientación. Lo que estamos garantizando ahora, señores, es garantizar ese derecho para que pueda acceder a la educación superior, para que pueda pisar una universidad y pueda ser un profesional de la República del Ecuador.
Eso es lo que se está haciendo en este primer debate. Y merece atención especial también lo que esta ley modifica respecto a la familia de origen. Durante décadas, durante décadas, encontrar a un pariente del menor era suficiente para cerrar indefinidamente el proceso de adopción. sin preguntarse si ese parentesco le está dando la calidad de vida que merece, le está dando esa estabilidad, esa condición de vida digna. Incluso ya la Corte Constitucional advirtió que si van a privilegiar el parentesco por encima del interés del niño, automáticamente se está vulnerando sus derechos.
Lo que hace esta ley, señores, es esa advertencia, hacerla una obligación legal. No es un cambio ideológico, simplemente se hace lo que la Constitución de la República del Ecuador ya lo ordena. Y esta ley protege al niño brindándole lo que más necesita, una decisión a tiempo. Protegiendo a la familia adoptante, brindándole la claridad necesaria y también protegiendo a la sociedad. Porque un país que garantiza a su infancia el derecho a crecer en un entorno familiar, también se invierte en el futuro. Y hoy a la ciudadanía me dirijo para decirle algo muy importante, que este problema también les pertenece.
Durante años, la adopción en el Ecuador se ha visto como un tema muy lejano, fuera de la realidad. Y eso ha permitido que la lentitud se normalice. Pero exigir a un niño que tenga una familia en un tiempo razonable, no es un acto de generosidad. Esto, señores, es un acto de justicia que se está haciendo. Por lo menos, hemos tenido la intención y la voluntad de preparar un proyecto de ley que va a beneficiar a lo más sagrado que tiene un país, a nuestros niños, niñas y adolescentes.
Para que no queden atrás, para garantizar la inclusión. Porque una ciudadanía que exige, que pregunta y que no acepta la burocracia, cuando hay niños esperando, es la garantía de que esta ley no solo quede en el papel, señores. Y para finalizar, quiero expresar mis más sinceras felicitaciones a la proponente de este proyecto de ley, a nuestra Presidenta de la Comisión y a cada uno de los asambleístas que han apoyado de forma positiva con su voto en la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social para que por lo menos los 151 asambleístas conozcan de qué se trata este proyecto de ley.
Hablaban de que hay que garantizar presupuesto. Señores, les recuerdo que nosotros no tenemos la varita mágica para solucionar de forma rápida los errores que nos dejaron gobiernos anteriores. Tenemos la voluntad de trabajar por el pueblo ecuatoriano y no mirar una bandera política. Esto de aquí, señores, es un paso importante que da nuestra Comisión. Y yo creo, sinceramente, que este proyecto de ley sí le va a cambiar y a mejorar la vida a muchos niños, niñas y adolescentes. Esos niños que esperan el calor de una familia.
Y que quede claro algo, con la niñez no se juega. Muchas gracias, presidente. Gracias, colegas asambleístas. Gracias.
El asambleísta Isaac Solano dijo que el tiempo se convierte en el mayor enemigo de la infancia y este proyecto de ley establece plazos y sanciones reales. Interviene el asambleísta Diana Jaco.
el señor Luna, así no sabe estar en las comisiones, eso le importa este debate, de igual manera sucede en las comisiones ya para mí eso no es asombro, no sabe estar en su puesto, se va a dar declaraciones sale, regresa y le tengo que tener paciencia, y hoy también me tocó tenerle paciencia, en fin habrá que llamarle con un megáfono para ver si vuelve al tema que es de su comisión, bueno señor Luna, ya no me asombra de usted, solo para el show está ahí para grabarse, él dice que no le gusta grabarse pero siempre está ahí con su community manager, y decirle al señor que a mí sí me importan los niños, y no es de un proyecto que llego a la comisión porque soy presidenta, no señor, llevo más de 10 años trabajando con niños, y muchos de aquí lo saben, lo saben muy bien, esto no es un acto fingido como algunos si lo hacen y sí, se les invitó a los colegas asambleístas a que me acompañen a las casas hogares, algunos pudieron otros se justificaron, entiendo que hay agendas, y otros que hoy vienen al ser la voz, diciendo que porque un niño tiene, puede tener una beca debe tener vergüenza, porque tratar de excluir a un niño que ha pasado un proceso traumático de dolor y estar 18 años en una casa de acogida, sin una familia, y no darle la oportunidad de que tenga una beca, en que le afecta, en que le afecta afecta, pues yo sí voy a estar aquí defendiendo los derechos de ellos, porque los conozco de cerca, no me senté en el escritorio a escribir esto, lo viví, lo escuché, lo sentí, y sé la esperanza que tienen esos adolescentes si esta propuesta se aprueba, si reformamos el artículo 77 de la ley de educación superior, brindarle la oportunidad de una esperanza, de un sueño a un niño, de que ingrese a la universidad, ¿en qué le afecta señor Luna?, ¿en qué le duele a usted?, aquí nos está hablando del presupuesto general del estado, se está incluyendo dentro de la categoría de personas vulnerables, para que accedan a la universidad, sobre todo esos niños que lo necesitan, y mi responsabilidad es responderle a ellos, segundo, lea bien la sentencia de la Corte Constitucional, se refiere a un caso del Consejo Directivo del IES, sobre el presupuesto de ellos, ¿qué mete?
Papas con choclos, distinga las cosas, manzana con peras, viene a meter una sentencia que nada tiene que ver con el tema, dos, que no existe pluralidad, que no existe participación, señor, usted envió el 23 de octubre del 2025 una petición de que se reciba a unos profesionales, no sé, bueno, envía solo los nombres, mande los números pues, o que yo soy su asistente operadora, mande los números, el 27 de noviembre un mes después contesta y me pone los números celulares, se les llama y los señores no pueden, hasta ahí llegó su insistencia de participación ciudadana, señor Luna.
Dos, reitero, así pasa su corul en las comisiones, porque no le importa el tema, solo le importa hacer show. Y así que también los activistas que me pidió que reciba la comisión, no se preocupe, en las próximas sesiones haré constancia de los activistas que me pide que reciba. Y bueno, finalmente, quiero decirles algo, aquí no se trata de protagonismo, no soy yo a quien le van a dar un voto a posterior, es a esos niños, es a esos adolescentes que necesitan de nuestro respaldo. Y no voy a permitir que se diga que en el mismo saco se le incluye a los niños.
Respete, tenga empatía con ellos, aquí no se meten sacos a niños, aquí se los respeta y se los cuida. Y hoy me tocó a mí pararme ante esta ley, frente a usted, señor Luna y frente a quien sea, porque sí lo voy a defender. No voy a permitir que se trate de minimizar la situación de los niños de las casas de acogida. Aprenda a respetar y cómase su odio.
Antes de continuar con el debate, quiero darle la bienvenida a los estudiantes del Colegio Andrés Bello del Norte de Quito. Bienvenidos a la Asamblea Nacional. En este momento estamos conociendo el informe para primer debate del proyecto de la Ley Orgánica de Agilización Judicial para la Adopción. Bienvenidos a la Asamblea. Tiene la palabra el asambleísta Edmundo Cerda.
El presidente de la Asamblea Nacional, antes de retomar con el debate correspondiente a este informe para primer debate, saludó también con los estudiantes del Colegio Andrés Bello, que está ubicado al norte de Quito, quienes nos acompañan desde Barras Altas. Avanza el debate con intervención del asambleísta Edmundo Cerda.
pueblo ecuatoriano que nos ve y nos sigue por los diferentes medios digitales, buenos días. Cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, siempre hemos repetido una y mil veces en esta Asamblea Nacional de que estamos hablando del presente y el futuro de nuestro país. De aquellos niños que algún día van a liderar este país buscando siempre el desarrollo de nuestro querido Ecuador. Por eso esta ley es muy importante para nosotros. Hoy estamos frente a una reforma legal que tiene la posibilidad de transformar la vida de miles de niños y niñas de nuestro país, que permanecen en el sistema de acogimiento institucional a la espera de una familia y la situación de cientos de familias que desisten de adoptar por trámites engorrosos y falta de respuestas inmediatas.
Entre estas dos realidades hay una brecha que no es natural ni inevitable, sino el resultado de un sistema de adopciones fragmentado, lento e ineficiente, como se evidencia en el contenido del informe que sustenta este proyecto. Los procesos de adopción pueden extenderse durante años debido a la duplicidad de trámites, la falta de articulación institucional y retrasos injustificados en fases judiciales y administrativas. Si consideramos que un proceso de adopción puede tardar más de cuatro años, estamos hablando de que un periodo importante de la infancia de una persona puede transcurrir en acogida institucional.
Organismos internacionales como UNICEF advierten que la permanencia prolongada en instituciones de acogida afecta el desarrollo psicológico de los menores y limita sus oportunidades de integración social futura. Por eso es importante la aprobación de esta ley. En mi provincia de Napo, aunque no se dispone de cifras desagregadas, las limitaciones en cobertura institucional y capacidad operativa prolongan aún más los tiempos de respuesta del Estado, agravando problemas como la fragmentación de trámites, la duplicidad de procesos, la falta de articulaciones institucionales y los retrasos injustificados en las distintas fases judiciales y administrativas.
Frente a esta realidad, la Constitución de la República es clara. Ya lo dijo la compañera Presidenta de la Comisión, en los artículos 44 y 45, establecen que el interés superior de niñas y niños debe prevalecer sobre cualquier otra consideración y que el Estado tiene la obligación de garantizar su desarrollo integral y su desarrollo a vivir en familia. Este proyecto de ley orgánica para agilizar la adopción responde precisamente a esa obligación. Su objetivo es, claro, facilitar el proceso de adopción, eliminando barreras estructurales y procesales que lo vuelven ineficiente y en muchos casos injusto, por lo cual introduce al menos cuatro reformas estructurales concretas.
Incorpora la competencia concurrente en los procesos de adopción, permitiendo que no solo el juez del domicilio de la niña o niño, sino también del domicilio de los adoptantes puedan conocer la causa. También permite que un mismo juez conozca tanto las medidas de protección como la declaratoria de adoptabilidad, eliminando cuello de botella territoriales y reduciendo los tiempos de demora. El proyecto define de manera clara y precisa el procedimiento para la declaración de adoptabilidad, establece criterios objetivos para su determinación y fija quienes están legitimados para iniciarlo. Esto elimina la discrecionalidad y la incertidumbre que hoy afectan a estas decisiones judiciales.
El proyecto corrige uno de los problemas más graves del sistema actual, la fragmentación de fases. Su unificación evita que un mismo caso pase por múltiples instancias, duplicando actuaciones y generando retrasos innecesarios. Además, incorpora medidas concretas de ejerciación en todas las etapas del proceso, establece plazos máximos para la emisión de informes técnicos, fija un límite temporal para el emparentamiento entre los menores y la familia adoptante y dispone de la inscripción inmediata de la sentencia de adopción en el registro civil. Finalmente, además de la reducción de plazos obligatorios y las sanciones para operadores judiciales que los incumplan, el proyecto garantiza el derecho de niños, niños y adolescentes a ser escuchados en función de su madurez, reafirmando la prevalencia de su interés superior en cada etapa del proceso.
Con un enfoque profundamente humanista, desde la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, trabajamos en este proyecto en forma seria, técnica y participativa. Escuchamos autoridades del sistema de adopciones, operadores judiciales, representantes de la sociedad civil y de organizaciones especializadas recogiendo observaciones y aportes que han fortalecido el contenido de esta propuesta. Compañeras y compañeros legisladores, debemos comprender la dimensión real de la decisión que vamos a tomar. El Estado puede seguir siendo más lento que la necesidad de un niño de tener una familia. No podemos permitir que la burocracia pese más que el interés superior del niño, porque cada día de demora es un día menos de infancia y cada trámite innecesario es una oportunidad perdida.
En consecuencia, corresponde a este Pleno actuar con responsabilidad y permitir que este proyecto avance, porque cuando el Estado actúa a tiempo, no solo resuelve procesos, sino que cumple su deber constitucional y restituye derechos prioritarios. Colegas legisladores, representantes del pueblo ecuatoriano, debe quedar claro para todos que este proyecto no es ideológico, es humano, es técnico y sobre todo es urgente. Señor Presidente, compañeros legisladores, pueblo valiente de Napo al que represento y del Ecuador entero, decirles nada más que hoy esos niños esperan de nosotros una respuesta positiva, respuesta a una luz en el horizonte.
Muchas gracias, compañero Presidente, compañeros legisladores.
El asambleísta Edmundo Cerda dijo que es una reforma que puede transformar la vida de miles de niños, niñas y adolescentes que estarán a la espera de una familia. El proyecto corrige la fragmentación de fases. Evita que un mismo caso pase por múltiples instancias. Interviene en este momento el asambleísta Otobera.
Hoy, más allá de los problemas que sufre el pueblo ecuatoriano, es un día especial.
Porque...
Así sea porque esta ley, cuando sea aprobada, porque esperamos que así lo sea, así sea que beneficie a un niño que lamentablemente se le ha ido la vida en procesos judiciales y este sistema de justicia ha confabulado por su lentitud y su retardo para poder vivir en un ambiente sano con una familia que lo proteja y que lo enseñe y que lo oriente. Por un niño, solo por un niño está bien que estemos debatiendo esta ley. Pero la realidad es otra, aunque no hay estadísticas claras, se habla de decenas de niños que el dato más cercano que tenemos es del año 2023, que llegó a cerca de 200 niños que fueron declarados en tutela y fueron entregados en adopción.
Pero lamentablemente el promedio que se tardó el sistema de justicia ecuatoriano para poder entregar esa patria potestad superaba los tres años, tres y cuatro años. De tal manera que si un niño estaba atravesando la adolescencia e iniciaba este proceso de adopción por parte de los que requerían, ya prácticamente estaban entregando a una dama o a un hombre casi hechos, más que adolescentes. Y esa etapa valiosa perdida dentro de esa trampa del sistema judicial es lo que en muchas ocasiones para cientos de niños y adolescentes les ha perjudicado a nivel de que cuando ya cumplen su mayoría de edad, muchos, y tenemos que decirlo con mucha pena, se dejaron inducir por el mal camino y terminaron incluso en grupos organizados, grupos delincuenciales organizados.
Por eso es importante que la Asamblea hoy tome atención a este particular. Y quiero resaltar la labor de la Comisión, en su Presidenta, la doctora Jacome, y cada uno de sus miembros, más allá del debate que muchos por las inclinaciones podemos tener nuestras posturas, pero aquí lo importante es debatirlo y que la ley en el futuro, porque yo se aspiro que se apruebe, pueda tener imperfecciones. Sí, pero siempre quede en nuestra conciencia de que estamos haciendo lo que está a nuestro alcance para darles tranquilidad y dignidad a los niños ecuatorianos que se encuentran en una situación o en esta situación.
Hablar sobre la ley creo que ha sido suficientemente claro cada uno de los miembros de la Comisión, la competencia concurrente para poder tomar la decisión judicial de declarar la libertad de la tutela y entregar a la adopción, que eso obviamente va a estar en favor del interés superior del niño, es decir, la decisión se va a tomar en la jurisdicción que más favorezca a la rapidez y la eficiencia de la adopción. Esta decisión final que tome el juez correspondiente tiene que no solamente tener la decisión técnica o la resolución técnica, sino que finalmente debe tener una carta con un lenguaje fácil de entender para que el niño y para que quienes se vayan a hacer cargo de su tutela puedan saber sobre sus responsabilidades y sus obligaciones.
Para que esto se cumpla, además de que en la integralidad lo que se busca es la eficiencia en la adopción, que con todos los procedimientos abreviados que se están insertando, ojalá no superemos los 12 o los 18 meses para poder realizar la adopción, la única manera que se encuentra para que esto se pueda realizar de forma eficiente es incluir el fortalecimiento del régimen sancionatorio. Más allá de que yo pueda opinar de que debería ser un régimen sancionatorio superior y no leve, y no solamente debe existir una sanción por escrito o una sanción pecunaria, sino que nosotros deberíamos incluso pensar hasta en la destitución de aquel funcionario que retarde injustificadamente el proceso que le corresponde.
¿Por qué? Porque estamos hablando de vidas de seres humanos y los más importantes que hay en el Ecuador y en la vida, que son los niños y los adolescentes. Es importante también incluir que cuando se pierda la tutela de la persona que es la encargada de llevar los detinos de ese niño o ese adolescente, se incluya adicionalmente, y lo vamos a hacer formalmente por escrito, que se pierda la tutela de la persona encargada cuando las personas estén involucradas y obviamente luego del proceso correspondiente tengan una decisión penal que los involucre en algún grupo organizado, delincuencial organizado.
Porque lamentablemente vemos en la actualidad que hay muchos niños que quedan sin protección absoluta, no solamente estatal, sino de los familiares cuando es sentenciado un criminal que ha equivocado su vida, que pertenece a un grupo criminal organizado y que queda lamentablemente en desprotección el niño o el adolescente del cual ha dependido. Y ya hemos visto muchos casos que se han dado a nivel nacional. Y finalmente, incluir, escuchamos aquí dentro de las propuestas que se realizaron, que yo creo que son saludables, y no es que no existe el presupuesto para poder llevar adelante el funcionamiento las casas de acogida.
Existe el presupuesto. Lo que no existe en ocasiones es la falta de voluntad del funcionario de medio talle que se encuentra a llevar adelante esa administración. Y yo creo que para proteger justamente al niño y al adolescente deberíamos incluir un proceso de sanción o un proceso sancionatorio que involucre no solamente una... que involucre un tema pecuniario sino incluso también la destitución cuando las personas encargadas de administrar las casas de acogida no ejecuten al menos el 80% del presupuesto correspondiente. Porque como lo dije hace un instante estamos hablando de la vida de los niños y cuando esos niños no reciben la orientación correspondiente en las casas de acogida porque el que administró ese lugar no lo hizo eficientemente tiene que haber un culpable y ese culpable tiene que tener una sanción.
Esos son nuestros aportes por lo demás mis felicitaciones a la comisión por llevar adelante un debate técnico que ha permitido la participación de todos los que hemos integrado. Muchas gracias.
Tiene la palabra el asambleísta Luis Fernando Molina.
El asambleísta Otto Vera se refirió al fortalecimiento del régimen sancionatorio y que pueda acarrear en la destitución de aquel funcionario que retarde el procedimiento de adopción. Séptima intervención a cargo del asambleísta Luis Molina.
haciendo una ley importante para el país, una reforma a la ley de adopción, que además, dicho sea de paso, es una necesidad imperiosa en el marco de la desactualización normativa la que tenemos. Aquí hubo un asambleísta que dijo que el gobierno no tiene la varita mágica para resolver los problemas de la niñez y adolescencia. Y creo que es preciso evidenciar que sí, ya vamos cerca de dos años y medio y no aparece la varita mágica del gobierno y del presidente de la república para resolver. Al parecer no hay varitas mágicas, al parecer existen milagreros, milagreros que pasan del Ministerio de Desarrollo Humano al Ministerio de Trabajo a retirar impedimentos para que los ministros puedan o no ejercer funciones.
Pero resulta que esto es con hechos, es con hechos porque hace exactamente un año inicié un proceso de fiscalización y me permito aquí dar lectura, únicamente para efectos de saber cuál es la fiscalización. Ojalá no les tomen el diente, ¿no? Al hogar de Niños San Vicente de Paul de la Congregación de las Hijas de la Caridad aquí en el centro de la ciudad, porque este es el orfanato más antiguo que tiene. ¿Y qué descubrimos frente a eso? Que el problema no está únicamente en lo engorroso que puedan ser las reformas competenciales de los jueces.
¿Saben dónde está el problema engorroso? El problema engorroso está en el Ministerio de Desarrollo Humano, porque hay algunos informes y documentos burocráticos que retardan los procesos de adopción. Y resulta que las subsecretarías, las direcciones del Ministerio de Desarrollo Humano, tienen estas dificultades y resulta que los informes que tienen que enviar, ¿saben cuánto dura? Entre dos a cinco años. ¿Qué significa eso? Que el pobre niño de cinco o seis meses que decide una familia adoptarle, además en un orfanato, ¿no? Además en un orfanato, tiene que esperar cinco años y recién pueden legalizar cuando tiene cinco años el bebé.
Y si tiene dos o tres años, será cuando es ocho. Y hay una cosa que concuerdo con el asambleísta que intervino en ADN, es que el problema es que los retardos hacen que también en cuestiones de niñez y adolescencia, resulta que ya cumplen la mayoría de edad antes de que salga el trámite. Entonces, si algo queremos nosotros ser objetivos, yo creo que lo importante en este momento, sí, asambleísta Jacome, es importante también escuchar a las congregaciones, a los orfanatos, y ver cómo podemos fortalecer un tema que es importante, no sólo el tema del procedimiento jurisdiccional, sino cómo agilitar el procedimiento administrativo dentro del Ministerio de Desarrollo Humano.
Pero también sería importante en el Ministerio de Desarrollo Humano, pedirles, vean, por favor, por caridad, que se pongan al día en el pago de las asignaciones de los convenios hacia las casas de acogida y hacia los orfanatos. Porque, insisto, ojalá no les cojan el diente y luego no les pongan trabas burocráticas, pero las Madres de la Caridad tuvieron que a diciembre del año anterior realizar rifas para poder cumplir, para poder tener recursos y poder cumplir con el personal. Y eso ocurre, eso pasa, cuando los ministerios se convierten en marginarias electorales en lugar de cumplir la misión que tienen que tener, que es atender a las casas de acogidas.
Y este orfanato, este orfanato, la Asambleísta Castillo no me va a dejar mentir, creo que tiene más de 100 años de antigüedad, desde el más antiguo de la ciudad, ¿verdad, Asambleísta Castillo? Y tiene problemas, y tiene problemas de pagos puntuales, y tiene problemas porque además los procesos de fiscalización que realicé, me decían, mire, ya tengo en este momento el último papel que necesita el juez para el proceso de adopción. Dígale a la función judicial que por favor emite ese documento para que el niño que ya tiene cuatro años esperando la adopción pueda salir y pueda tener una familia.
Ya pasamos pues de un consejo de la judicatura que tuvo a un godoy que entró por la ventana, a un estudiante de derecho que fue transitoriamente presidente de la judicatura. Ahora esperemos que la señora Caicedo también cumpla con el deber que le corresponde en la judicatura porque no se resuelve únicamente con el papel, sino también con que haya una justicia prolija en los temas de niñez y adolescencia y en los temas civiles. Yo creo que es importante pensar en cómo podemos reestructurar el Ministerio de Desarrollo Humano, les invito a todos ustedes a reflexionar, a ver cómo podemos reestructurar, cómo podemos ver, analizar las competencias, evaluar cómo está funcionando la Secretaría Responsable de Adopciones, ver cuántos trámites tiene represadas, cuánta gente necesita para poder cumplir con sus objetivos y que la adopción no sea un tema tan engorroso que les desalienta a los jóvenes, que les desalienta a las parejas que quieren tener un hijo, que quieren adoptar un hijo y que también ponen complicaciones y que les asignen los recursos.
Y quiero finalizar, no voy a utilizar ni los 10 minutos, Presidente, voy a utilizar 6, 7 minutos. Yo sí quiero invitarles a ustedes, señores y señoras legisladores, a que abramos los espacios para la crítica, para la autocrítica, para la presentación de observaciones y para la construcción de una agenda conjunta. Que no les pase y que no nos pase aquí lo que ocurrió con la ley de uso de suelo, que su propio Presidente veta por inconstitucional las leyes que ustedes mismos defendieron aquí con vemencia. Mi palabra, señor Presidente.
Esa fue la séptima intervención en voz del asambleísta Luis Fernando Molina. Habló acerca de la iniciativa y para finalizar la reunión a trabajar en una agenda conjunta. En la siguiente intervención vamos a escuchar a la legisladora Josabeth Jaramillo.
Señor Presidente, colegas asambleístas, como es conocimiento de todos, algunas familias en nuestro país han soñado con darle un hogar digno a un niño, o que conocen de cerca a algún niño esperando un hogar. ¿Cuánto tiempo puede esperar un niño para lograr tener un hogar en nuestro país? En el informe de gestión de junio del 2025, hay 129 niños, niñas y adolescentes, con declaratoria de adoptabilidad, esperando ser asignados por una familia. Hay 72 familias esperándolos, y sin embargo, no logran culminar estos procesos de adopción, porque el 90% de estos niños ya cumplen más de 10 años durante el tiempo de espera, dada por la burocracia sin plazos, y este tiempo que no los deja fuera del perfil de las familias que lo solicitan.
Esto no es mala suerte, es una falla del sistema normativo. Y eso es exactamente lo que hoy venimos a debatir. Estas reformas hacen lo necesario, corrigen cuatro leyes vigentes. Hoy, cuando un niño ingresa a una casa de acogida, queda en una espera indefinida, sin límites claros, ni responsabilidades definidas. Entonces, mientras el sistema se demora, su infancia transcurre sin respuestas. A esto se suma la falta de continuidad en las decisiones. El juez dicta las medidas de protección, pero no es quien resuelve su situación final. Son procesos separados, que no se articulan, y esta descoordinación la pagan los niños, con un tiempo que no se recupera.
Por eso, este proyecto de ley corrige esto. Al asegurar una continuidad judicial, el artículo 17 establece que el mismo juez que dicta la medida de protección conocerá también la declaratoria de adoptabilidad. El artículo 6 dispone que un solo juez tendrá el trámite de adopción de todos los hermanos de un mismo grupo familiar. Con esto garantizamos coherencia, continuidad y celeridad. Segundo, el proyecto de ley establece plazos claros y obligatorios. En cada etapa del proceso, la policía, por ejemplo, contará con un máximo de dos meses para localizar a la familia biológica.
De ser ubicada, el Estado dispondrá de seis meses para evaluar con criterios técnicos y objetivos si el niño puede reintegrarse en condiciones reales de seguridad y bienestar. No basta con la existencia de un vínculo. Es indispensable la capacidad efectiva del cuidado. Si esto no es posible o si la familia no aparece, el juez declarará al niño en condición de adoptabilidad. Cada fase tiene un límite y cada incumplimiento tiene una consecuencia. Las sanciones hasta el 10% de la remuneración para el funcionario o juez responsable. Porque sin responsabilidad no hay eficacia y sin eficacia lo que queda es una infancia que sigue esperando respuestas, cuidado y justicia.
Tercero, el vínculo biológico no puede ser la única respuesta. La Corte Constitucional, en su sentencia 28-15-IN, ha sido categórica al señalar que presumir la idoneidad de la familia biológica sin evaluar sus condiciones reales vulneran el interés superior del niño. Este proyecto recoge esa jurisprudencia y la convierte en norma. El artículo 7 dispone que la idoneidad no se presume, se verifica, considerando la existencia de vínculos efectivos reales, estabilidad emocional y capacidad concreta para garantizar el desarrollo integral. Cuarto, existen jóvenes que alcanzan la mayoría de edad dentro de las instituciones de acogida, sin haber accedido a una familia ni a una adopción y hasta ahora, sin herramientas reales para iniciar su vida adulta.
El artículo 22 propone una reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior para garantizar el acceso a las becas completas, apoyo económico y políticas de acción afirmativas al ingreso a institutos y universidades. Porque la obligación del Estado no puede extinguirse el día en que cumplan los 18 años. Al contrario, ahí comienza una etapa donde el acompañamiento es indispensable. Señor Presidente, en Loja esta realidad no es teórica. Desde el 2015 contamos con una unidad técnica de adopciones y sin embargo, los procesos han llegado a extenderse por más de dos años, por fallas administrativas, sino por la ausencia de plazos exigibles en la fusión judicial.
En el 2021 apenas se contrataron tres adopciones en toda la provincia. Todas de niños menores de tres años, mientras diez familias esperaban una asignación y decenas de niños mayores permanecen en instituciones invisibilizados por el sistema. Represento a esta provincia y de esta realidad concreta respaldo este proyecto. Esto no es un debate jurídico abstracto, es una decisión urgente sobre el presente y el futuro de nuestros niños. Hoy tenemos la oportunidad de ponerles tiempo, responsabilidad y humanidad a un sistema que ha fallado. Hagámoslo, por ellos, por su derecho a crecer en una familia y por el país que estamos obligados a construir, con justicia y dignidad.
Muchas gracias.
Esta fue la intervención del asambleísta Josepet Jaramillo en la octava dentro de este primer debate del proyecto de la democracia de agilización judicial para la adopción. Punto de información solicitado por la asambleísta Diana Jacome en este primer debate.
Bueno, mencionar nada más que recibo con muchísima altura y respeto cuando las observaciones vienen con caballerosidad, con altura, con argumentos, bienvenido las observaciones. También lo invito a la asambleísta Molina, irnos a las casas de acogida y a la que usted ha mencionado para ir a conocer también un poco más de cerca la realidad que viven en otros espacios y así poderlo incluir dentro del informe para el segundo debate de ser el caso, gracias a quienes están aportando con respeto. Hablar solamente en el sentido de que sí se establecen sanciones para los funcionarios judiciales y administrativos en el artículo 3 del proyecto de agilización judicial para la adopción.
Sanciones que si bien puede ser una amonestación o sanciones pecuniarias, creo que va más allá de eso, va más allá en cuanto a la responsabilidad que tienen los funcionarios públicos de entender que se está tratando de la vida de los niños. Un minuto que se pierde o un minuto que un funcionario judicial, un funcionario administrativo no actúa, no emite el informe, no investiga, no se levanta, no acude, no revisa, no envía el expediente, no hace el informe, es un minuto que le roba a ese niño, es un minuto de felicidad de ese niño que pierde.
Bueno, bienvenido, ya regresó el señor que me cuestionaba. Y ahí quiero decirles que ahora sí que le importe, voy a decirlo rapidísimo. Ahora le voy a aclarar, como no leyó el proyecto y hablaba que los tiempos, las citaciones, gracias por venir, le cuento, le cuento, porque no ha leído el proyecto. Estamos estableciendo que un solo juez conozca la causa. El mismo juez que emitió la medida de protección, sea el juez que conozca hasta el final con la sentencia de adoptabilidad. No estamos ahí ahorrando procedimiento, no estamos ahí también ayudando a ese niño para que de manera inmediata pueda tener su sentencia.
Que el mismo juez que emitió la medida de protección, sea el que conozca hasta el final. Y también que el mismo juez que conoce el caso de un niño con hermanos, sea el mismo el que lleve el caso de todos los hermanitos. No estamos también ahí ahorrando etapas procesales, pero con responsabilidad, conscientes de la realidad de un niño. Y ahí está, solo decirle, para leerle, le voy a refrescar, plazos y términos. Unidad técnica de adopciones, 10 días para emitir el informe. El informe de investigación por parte de la policía y la oficina técnica, 2 meses, señor.
Se determina también el plazo máximo que proceda a la reinserción, 6 meses. Y el plazo máximo de duración del emparentamiento, 2 meses. Un día para la inscripción de la sentencia, un día término. Señor, ahí están los plazos, ahí están los términos. Lea, por favor. Y cuando quien siembra veneno, cuidado, termina atrapado en él. Nosotros actuamos con firmeza, responsabilidad y coherencia. Gracias.
Ese fue el punto de información de la Asamblea Israel.
Replicada, asambleísta Blas Coluna.
El legislador Blas Coluna se prepara para esta réplica que ha sido solicitada dentro de este segundo punto del orden del día.
Iba a utilizar el refrán de un conterráneo, Luis Cordero el Grande, le dejo de elección. Chunkán me muerde con furia. Hasta ahí nada más, para que lo revise. Porque aquí lo que se trata es venir a proponer y debatir. Estoy haciendo observaciones, asambleísta Jacome, al artículo 7, me parece que es relacionado a esta propuesta de ley. Porque aquí no venimos a la foto. Aquí venimos a debatir el artículo 22, referente a las reformas de la Ley Orgánica de Educación Superior. Entiendo que usted es constitucionalista, asambleísta, y debe respetar la Constitución.
Le estaba dando lectura para que revise, por favor, y su equipo asesor, el caso 72, 24 y N. Mire, cómo la Corte termina a una norma y a una ley declarándola inconstitucional, porque se arrogan funciones relacionadas a incremento presupuestario. Y no ponga palabras en mi boca que no he dicho. Yo no he dicho que no queremos darle beca a los niños que salen luego de cumplir su mayoría de edad. En ningún momento he dicho, para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Vaya y revise mi intervención.
Señalaba y le daba ejemplo gráfico para que no se pierda. Aquí estamos, 51 legisladores. Hay un presupuesto asignado. Si usted incorpora un grupo adicional, que en este caso son los que cumplen más de 18 años, ¿cómo cubre ese presupuesto? Si quiere, con peras y manzanas. Tenemos siete peras y tenemos un presupuesto. Y tenemos que meter tres más. A alguien tenemos que afectar, pues. A eso me estoy refiriendo. No estoy diciendo de que no se le dé. No mientan, por favor. Hagamos política seria, con propuesta. A eso tenemos que llevar hasta Asamblea Nacional.
No caigamos en que generemos una inconstitucionalidad, una propuesta. Caso 72, 24 y N de la Corte Constitucional, que declara una ley inconstitucional por arrogarse funciones de incremento presupuestario. Yo no vengo acá a estar entre dimes y directos. Somos siempre respetuosos. Objetamos y argumentamos. Pero generemos un debate de propuesta y sobre todo de altura. Mire, Presidenta de la Comisión, revisemos la norma. Usted no puede exponer a niños en fotografías, por Dios, solamente por decir que ha visitado una casa hogar. Eso está penado, está normado. No es correcto.
Si lo quieren hacer, allá ustedes. Pero aquí lo que se busca es debate con altura. Y por supuesto que en la Comisión hemos tenido que salir a cubrir a los medios de comunicación. Si nos buscan, por algo hacer. Si no les buscan ustedes, ¿y a qué puedo hacer? Porque generamos debate y opinión, argumento, no insulto, no caemos en la bajeza y mucho menos de la mentira. Esperemos que haya quedado claro mi posición, estimado Presidente, estimados legisladores. Revise una vez más la norma y la ley y con base a la norma y la ley, debatamos, propongamos y construyamos un país de porvenir, que eso es lo que buscamos.
Y el caso Progen, por favor, necesitamos tratarlo acá. No se olviden. Muchas gracias.
Esa fue la réplica del asambleísta Blas Colón.
Christopher Jaramillo
En este momento, el Pleno de la Asamblea Nacional se escucha en primer debate el proyecto de ley orgánica de agilización judicial para la adopción. En la novena intervención vamos a escuchar al asambleísta Christopher Jara.
Gracias, señor presidente, colegas legisladores, muy buenas tardes. Qué gusto y qué virtud poder debatir este tema tan importante el día de hoy. Y hoy quiero hablar de oportunidades, las oportunidades que los 151 legisladores hemos tenido en toda nuestra trayectoria para el día de hoy estar aquí, sirviendo a la ciudadanía. Tuvimos la oportunidad de tener una familia, la oportunidad de educarnos, educación primaria, secundaria, la oportunidad de poder hacer deporte, de escoger un sueño, la oportunidad de formarnos en educación superior. Y hoy la oportunidad de servir a nuestra comunidad, a nuestras provincias.
La pregunta es, ¿vamos a darles esa oportunidad a aquellos niños, niñas y adolescentes que actualmente están en proceso de adopción? Claro que sí, es nuestra responsabilidad darles a nuestros jóvenes la facilidad de poder acceder a esas oportunidades que todos nosotros hemos tenido. Recuerdo haber visitado una casa hogar en mi provincia de Santo Domingo de Los Sáchilas y haber dialogado con un adolescente y me manifestaba el sueño que ella tenía y su preocupación como tal. Ella manifestaba que deseaba ser doctora y que su preocupación era que al momento de cumplir los 18 años, ¿cómo iba a poder estudiar?
¿Cómo iba a poder acceder a la educación superior? Hoy, este proyecto de ley cumple una responsabilidad muy grande y les da esa oportunidad de educarse a aquellos jóvenes que lastimosamente han cumplido su mayoría de edad en una casa de acogida. Estamos avanzando, colegas legisladores, y es aquí, en este foro de la democracia, en este parlamento, en donde realmente estamos construyendo un país mejor mediante esta modalidad. Quiero felicitar, por supuesto, a la proponente de este proyecto de ley, la asambleísta Lucía Pozo, a la asambleísta Diana Jacome, que ha presidido la comisión en búsqueda de beneficios reales para nuestros niños, niñas y adolescentes de mi patria.
Todo mi respaldo a este proyecto de ley, por supuesto, y es seguir debatiendo por un futuro mejor, un futuro en donde nuestros jóvenes sean parte de ese cambio y donde tengan esas oportunidades que todos merecemos. Muchísimas gracias.
la novena intervención a cargo del legislador Christopher Jaramillo respaldo el tratamiento de esta iniciativa legal que va en favor de la niñez y adolescencia de nuestro país destacó una siguiente intervención a cargo del asambleísta Cristian Benavides
Gracias a todas y todos los asambleístas y a todo el Ecuador que nos escuchan. Creo que redundar en la importancia de esta ley es injusta con el tiempo. Creo que la ley tiene un objetivo, una validez legal, constitucional y sobre todo humana. Y hay que empujarla, hay que apoyarla. En ese sentido me permito manifestar un par de observaciones sencillas pero que creo que pueden ser contundentes en el tiempo. Una de ellas tiene que ver con las casas de acogimiento y lo que yo busco en mi intervención es el fortalecimiento de las mismas.
Creo que el Estado a través del Ministerio de Desarrollo Humano debe hacerse cargo definitivamente y de manera institucionalizada de cada una de las casas de acogimiento que existen en el Ecuador. No puede ser posible que gobiernos autónomos descentralizados que no son competentes o fundaciones sean las responsables del manejo de estas instituciones. Al igual que la unidad técnica de adopciones debe ser el Ministerio del Ramo el que sea responsable de la sostenibilidad de las mismas. Así no digo que no se firmen convenios, lo que digo es que el ente rector, el ente institucional deba ser este ministerio.
Más de dos mil niños viven en estos espacios. Con conocimiento de causa debo comentarles una experiencia sencilla pero que la escuchaba de uno de los legisladores. Si se trata de un niño vale la pena el esfuerzo. Me permití inaugurar en el dos mil diecinueve una casa de acogimiento en mi ciudad. Junto a mi esposa luchamos mucho y logramos que un niño al que sus padres lo bautizaron con un nombre que en idioma extranjero significa muerte. Luego fue abandonado en el puente Rumichaca y tuvimos que hacernos cargo.
Tuvimos la oportunidad de luchar, gestionar y logramos la adopción de este niño, de este bebé. Pero, oh sorpresa, me entero que la institución encargada hoy está devolviendo, ya no firma los convenios y los niños tendrán que salir como si fuesen muebles viejos a la calle a buscar el espacio. Por eso mi reflexión, porque conozco a ciencia cierta cómo esto funciona. Y no se trata de recursos, se trata de voluntad, se trata de amor al prójimo, que debemos evidentemente siempre tenerlo en nuestro corazón, mucho más si somos entes políticos.
Debemos buscar y promover e incentivar la adopción, porque es un acto noble, es un acto humano. Debemos dar las facilidades a la ciudadanía, a aquellas parejas que buscan de una u otra manera tener dentro de su núcleo familiar a un niño que pueda ser adoptado desde estos espacios de acogimiento. Para ello, la entidad, el Ministerio de Desarrollo Humano debe buscar los mecanismos, los vínculos educativos, promocionales, para hacer que estos gestos no sean únicamente un trámite, o sean un efecto de voluntad que nace de aquella gente que conoce la ley, sino de cualquier familia que busca dentro tener en su núcleo a una persona que ha sufrido de discriminación, de maltrato, de abuso por sus mismos familiares, y luego con medidas de protección judiciales terminan en estos espacios de acogimiento.
Dos temas que me preocupan, y no son de esta Asamblea, tienen que ver con un colegislador, un fantasma, que se ha convertido prácticamente en hacedor o deshacedor de las normas, y me refiero a la Corte Constitucional. Si bien es cierto, tenemos actualmente una norma clarísima, que es expresa en el artículo 68, en su inciso número 2, que dice que la adopción se puede generar sólo a parejas de distinto sexo, eso está claro, pero ya existe un caso numerado con el número 109-21-IN del 8 de julio del 2022, que busca la inconstitucionalidad de este artículo.
Ahí hay que ir analizando cómo podemos generar una coraza, y evitar de alguna manera que se quiera hacer uso de la garantía de los derechos para que puedan meterse en las familias ecuatorianas y puedan de alguna manera distorsionar lo que dice la Carta Magna, y es muy clara y es muy específica. En ese sentido, existe también ya una opinión consultiva, la 24-17 de la Corte Interamericana, que les permite, o que dice que la orientación sexual no puede ser un criterio de exclusión, ya lo adoptó Argentina, ya lo adoptó Colombia, Brasil, Costa Rica, que Ecuador no vaya a caer en manos de estas excentricidades, porque a la familia hay que respetarla.
De igual manera, el artículo 113, numeral 8, que es coadyuvante a este tema, y es justamente cuando se habla de la pérdida judicial de la patria potestad. Ahí este numeral es muy claro, y dice que se le puede quitar la patria potestad a quienes promuevan tratamientos para modificar el sexo biológico. Pero de igual manera, a lo que manifestaba hace unos segundos, existe una sentencia, la número 4-24-CN-26, que le permite al adolescente escoger la identidad de su género. Allí podemos tener inconvenientes, y yo le pido a los equipos asesores que están a cargo del análisis de esta norma, usted señora Presidenta de la Comisión, porque es fundamental que podamos de alguna forma buscar, contener, proteger los derechos de los niños, pero claro, viendo la magnitud de esta sentencia, mi preocupación salta a la vista, porque si existen, por ejemplo, padre y madre que están separados, y existe esta sentencia que los ampara, sobre todo a los niños, entre comillas, trans, haríamos que lastimosamente se pueda perder la patria potestad ante un padre o una madre que busca disciplinar.
Ahí hay que tener cuidado, porque me preocupa, sobre todo, que se pueda hacer mal uso de la norma y de esta sentencia constitucional que les ha dado la potestad a los adolescentes de escoger en qué lugar o sobre su sexualidad. Habría que analizar a profundidad estos temas, son eminentemente técnicos, constitucionales, pero yo no quiero que el día de mañana nos encontremos con una barricada, con la Corte Constitucional, que pueda dar de baja a un proyecto que para mí es fundamental, porque hay una deuda, porque cada niño que está en una de estas casas, hogares, cada día cuenta, porque es un centro de privación de libertad, aunque no lo querramos ver.
Ellos no pueden salir a un parque, ellos no pueden salir de una manera libre como cualquier niño en el Ecuador. Las casas de acogimiento tienen reglas, tienen normas, y una de ellas es permanecer, estar permanentemente entre estos espacios que suelen ser cuatro paredes. Por esos niños hay que legislar, hay que protegerlos, hay que cuidarlos, hay que amarlos, que sea esta asamblea la que da ese mensaje y que seamos todos y acogiendo lo que dicen también los otros sectores políticos, que sea participativo. Yo no creo que nos podamos negar a ello.
Cada intención, cada visión, cada análisis cuenta, pero a la final los que legislamos somos nosotros y es nuestra responsabilidad humana por esos niños que esta ley camine y que no sea porque la queja siempre es permanente, que por qué se la trata rápido, que se la trate mañana, que mañana salga a la luz esta normativa. No podemos esperar, esos niños no pueden esperar para ser acogidos, para ser adoptados por gente de bien. Por ellos tenemos que legislar. Muchas gracias, señor presidente.
El asambleísta Cristian Benavides dijo que más de 2.000 niños viven en casas de acogida. Debemos apoyar a las parejas que buscan tener su núcleo familiar a un niño que puede ser adoptado. La siguiente intervención, asambleísta Yahaira Urrez.
pueblo ecuatoriano. Qué importante es traer un tema tan sensible, tan humano y sobre todo tan constructivo ante nuestra sociedad aquí, al Pleno de la Asamblea. Esta tarde quiero proponer a la Presidenta de la Comisión algunos ajustes en cuanto a esta ley, ya que estamos en el primer debate y que obviamente contribuye al gran esfuerzo que ha hecho la Comisión para prevalecer el derecho de niñas, niños y adolescentes y sobre todo el cuidado de la familia aquí en el Ecuador. Bien dice esta ley y lo señala en dos partes principales.
Primero que señala la Constitución del Estado y segundo el derecho internacional de los niños, niñas y adolescentes en cuanto a la protección del bienestar emocional, desarrollo integral y salud física, además de las garantías del desarrollo integral de los infantes y adolescentes en su crecimiento. Teniendo en cuenta estos dos grandes derechos que abarcan a nuestra infancia ecuatoriana, solicito señora Presidenta que durante el periodo de vigilancia que señala esta ley, la policía realice un informe no solamente ya establecido aquí en esta ley, sino que también se realice una acción conjunta con el MIES y el Ministerio de Salud Pública para evidenciar el cuidado del infante en las casas de acogida y el amparo familiar.
¿Por qué? ¿Cuántos titulares, señores asambleístas hemos tenido en donde se evidencia maltrato a los infantes, trata de blanca, desapariciones forzosas, trabajos forzosos e incluso chantajes por cuidado, por comida y vestimenta en trabajo infantil forzado dentro de algunas casas de acogida a nivel nacional? Este tipo de tratamientos que tienen algunos lugares, entre comillas, casas de acogida, no solamente debilitan el debido proceso del crecimiento de nuestros infantes, sino también la esperanza que ellos tienen en ser profesionales y en tener un proyecto de vida. Ustedes se han preguntado ¿qué tipos de problemas tienen los niños para llegar a una casa de acogida?
Primero, ¿fueron vulnerados en sus propios hogares? Segundo, ¿fueron abandonados por sus propios padres? Tercero, ¿pueden ser de que llegaron a esas casas de acogida porque asesinaron a su madre? Son temas profundos de mucho dolor que ellos también tienen que ir sanando conforme un sistema de salud pública los ampare. Por ese motivo, he solicitado de manera pública, señora presidenta, que por favor se realice también desde la Policía Nacional este informe de vigilancia a las casas de acogida, en donde muchos de nosotros en nuestra vida estudiantil hicimos algunos acercamientos y pudimos evidenciar que mientras aparentes organizaciones, aparentes fundaciones entregaban comida a las casas de acogida, a los niños les daban sopas con vísceras de los pollitos y de otros animales, mientras que el departamento administrativo de las casas de acogida comían las presas principales de los animales en platos principales.
También hemos evidenciado cómo los maltratan o los tienen presos en sus habitaciones cual celdas y eso no es un tratamiento para el crecimiento propio de los niños, niñas y adolescentes. Concluyo con absoluto respeto y claridad mi acercamiento profundo a esta ley, debido a que en su momento también mi madre quiso adoptar una niña, pero justamente por ese trámito engorroso no lo pudo hacer. Justamente por este tipo de trámites que debilitan no solamente el que hacer judicial, sino la voluntad de las familias, la voluntad de los niños en ser adoptados, la voluntad de una sociedad en crecer en un núcleo principal como una familia, hace que nuestros niños ahora sean captados por bandas criminales.
Así que concluyo señor presidente con absoluto respeto, humanidad y sensibilidad a lo que nos trae esta ley, que se acojan estas observaciones para que no aparentes casas de acogida y fundaciones, maltraten a nuestros niños, los vulneren o tengan como una carta para estar dentro de bandas o GDOs y usufructuar del dolor de nuestros niños. Muy agradecida con todos.
Esta fue la intervención de la asambleísta Yahaira Uresta, la número 11 dentro de este primer debate del proyecto de la Orgánica para la agilización judicial para la adopción. Siguiente intervención a cargo de la asambleísta Pamela Aguirre dentro de este primer debate sobre el proyecto de ley para la agilización de la adopción.
de manera especial para la provincia de Imbabura. Realmente este proyecto de ley de agilización judicial para la adopción nos tiene que convocar a nosotros como legisladores a construir una normativa que realmente sirva para que los niños que tienen la posibilidad de ser adoptados lo hagan de manera inmediata. No estamos en contra de la adopción, no estamos en contra del proyecto per se, queremos una adopción digna, pero no únicamente que quede en papel, sino que exista política pública del Estado Central para que las casas de acogida y para que los niños en situaciones de vulnerabilidad sean protegidos por los ministerios correspondientes.
El objetivo que es reformar el Código Orgánico General de Procesos, el Código Orgánico de la Función Judicial, el Código de la Niñez, entre otros, es válido, porque se busca eliminar barreras para la adopción y reducir tiempos, porque la urgencia de todos los legisladores, sobre todo de quienes pertenecemos a la Revolución Ciudadana, es proteger a los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, no se protegen únicamente porque esta Asamblea cree y se promulga una ley. Se protegen con políticas públicas diarias, donde cada uno de los ministerios, salud, educación, el MIES, entre otros, acudan con políticas públicas reales, como decía el asambleísta Luna, no sólo para la foto, sino políticas públicas reales, que garanticen los derechos a la salud, a la educación, a la dignidad.
Existe una crisis en el sistema judicial, existe un colapso institucional, existen menor cantidad de jueces y en la función judicial existe un abandono. La estructura operativa es insuficiente, incluso para algo tan sencillo como las notificaciones. Querer que el cambio en la ley sea suficiente para que el sistema de justicia atienda a los niños, niñas y adolescentes, es un sueño. Primero se tiene que garantizar un sistema de justicia eficiente, fortalecer las unidades técnicas de niños, niños y adolescentes. El servicio público, nuevamente, como lo he dicho en varias intervenciones, tiene que ser lo mejor y eso es lo que buscamos desde quienes estamos en la Revolución Ciudadana.
Lo público tiene que ser lo más eficiente, eficaz y tiene que servir a la mayor cantidad de gente, tiene que servir a todas y todos los ecuatorianos. Es cierto que el tema de las becas es necesario y no estamos en contra de que existan becas, sobre todo para quienes no pudieron acceder a la adopción. Sin embargo, sí nos preocupa que nosotros no controlamos el presupuesto y quienes se vayan a quedar fuera de los sistemas en el tema de las becas para poder entregar a otros. Lo ideal es que se creen mayor cantidad de becas para que todos, deportistas, músicos, artistas y también aquellos que no han podido acceder a la adopción, tengan becas.
Eso tiene que garantizar la ley, señora Presidenta de la Comisión, que todos tengan estas becas. Nosotros no controlamos el presupuesto, como lo decimos, eso lo hace el Ejecutivo. Sin embargo, sí podemos incluir en la ley un texto que diga con claridad que no se afectará a ningún presupuesto ni a ningún otro becario que ya ha sido favorecido de este importante recurso como son las becas. De igual forma, quiero reconocer que es positivo el numeral 12 del artículo 10, que es una reforma al Código Orgánico de Proceso respecto a la competencia concurrente, donde el juez competente es el juez de los niños, niños y adolescentes y de manera excepcional el juez del domicilio de los adoptantes.
Porque muchas veces, por la inexistencia de la cantidad de jueces necesarios, los niños se quedan sin los procesos de adopción correspondientes. Y además, es positivo que el juez que conozca los casos de uno de los niños que está en solicitud de adopción, también conozca el caso de los hermanos. Qué doloroso que en una situación de adopción se tenga que separar a las familias, más aún cuando existen uno o dos hermanos que están en estos procesos. Es válido que el juez sea concurrente y que sea el mismo juez el que proteja a los hermanos o hermanas.
Yo quiero hacer un énfasis en la Declaratoria de Adoptabilidad. La opinión de los niños, niños y adolescentes está garantizada en el artículo 45 de la Constitución. Los niños tienen derecho a ser consultados, tienen que ser escuchados. Por eso es importante que en la Declaratoria de Adoptabilidad sean escuchados y sean consultados. Más aún cuando son pequeños, a través del acompañamiento de los profesionales de la salud correspondientes, sobre todo psicólogos, para que de manera muy fácil pueda escucharse su voz y pueda tenerse una interpretación con los operadores de justicia.
Es importante también en la Declaratoria de Adoptabilidad que el cuidador sea capaz de satisfacer las necesidades físicas, emocionales y educativas de los niños, niñas y adolescentes que van a ser adoptados. Un cuidador puede tener muchísimas ganas de adoptar, sin embargo, si no tienen las posibilidades económicas, emocionales o peor aún, en el siguiente punto hablaré sobre los casos de exclusiones completamente necesarios. Es necesario, señora Presidenta, reforzar la exclusión taxativa de quienes tengan la voluntad de adoptar y que hayan tenido, dentro de sus antecedentes, violencia física, psicológica, doméstica, económica, patrimonial y también la violencia vicaria.
Ninguna de estas personas pueden estar dentro de la lista de las personas que pueden ser padres adoptivos. Algún sujeto que haya sido violento en su familia, con violencia doméstica, con violencia vicaria, con violencia patrimonial, puede tener mucha voluntad de adoptar, sin embargo, este patrón puede repetirlo y puede hacer gran daño al niño, niña o adolescente que pueda ser adoptado. Respecto a las sanciones de los servidores, estamos de acuerdo que los servidores que incumplan sean sancionados. Sin embargo, yo quiero recalcar que si un sistema de justicia se encuentra en deterioro y en abandono, los servidores judiciales no podrán cumplir con su trabajo.
Hemos visto que la crisis del sistema judicial es un gran impedimento para el desarrollo. Entonces, multar al servidor que no notificó si es que desde la unidad de justicia no existe el personal suficiente o ni siquiera están creadas estas unidades de justicia, es únicamente atacar al más pequeño del problema y no al problema real que tenemos como sociedad, como Ecuador, que es un sistema de justicia insuficiente. Finalmente, quiero hacer un énfasis en que los niños, niñas y adolescentes tienen que ser protegidos no únicamente dentro de las familias que van a ser adoptadas, sino también en las casas de acogida, porque no son todos los casos de niños y niñas que van a ser adoptados.
Quienes se queden en las casas de acogida tienen que tener dignidad, pagos puntuales, pagos a tiempo, que vaya de la mano con visitas permanentes de los TAPS, que son los técnicos en atención primaria, que de la mano tengan atención en la salud, hospitales bien equipados y atención médica permanente, que exista una educación pública gratuita y de gran calidad, especialmente para quienes se sientan, se encuentren en sitios de acogida, en casas de acogida. Hacer una ley es importante, pero jamás va a reemplazar el deber del Estado de garantizar que los niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad en casas de acogida sean realmente protegidos por quien debe hacer lo que es el Estado.
Por eso, nuestro apoyo a que existan plazos perentorios, que exista una ley regulatoria, que se excluya a cualquier persona que haya cometido actos de violencia para ser padres adoptivos, pero también nuestro llamado urgente por esos niños, por esas niñas, por esos adolescentes, a que las casas de acogida sean tratadas con dignidad, con pagos eficientes, que el sistema de salud trabaje de manera correcta, que exista tanto en el sistema de educación como en el sistema de educación primaria, secundaria y universitaria, que exista calidad, especialmente en el sistema público.
Muchas gracias, señora Presidenta.
Tiene la palabra el asambleísta Ricardo Patiño.
Escuchamos ahí la intervención del asambleísta Pamela Aguirre realizar estas observaciones en torno a este proyecto de ley. La siguiente intervención en el uso de la palabra del asambleísta Ricardo Patiño.
Es importante reiterar lo que han dicho los colegas y las colegas, en el sentido de que desde la bancada de la Revolución Ciudadana defendemos el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en una familia segura, estable, amorosa y permanente. Y queremos decir también que desde la Comisión de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, aprobamos el informe para el segundo debate del proyecto de reforma al Código de las Niñas y Adolescencia, en donde se trata el tema de las adopciones. Y nos preocupa que ahora se esté tratando este tema en forma particular, cuando nosotros desde la Comisión Especializada remitimos el informe a la presidencia de la Asamblea, el 17 de diciembre del año 2025, han pasado casi seis meses, y hasta la presente fecha esto no ha sido puesto en el orden del Día del Pleno de la Asamblea Nacional, lo cual nos parece absolutamente inaceptable, sin sentido, que desde una Comisión Especializada, que se tratan los temas con la más absoluta responsabilidad, seriedad y participación de instituciones especialistas, personas, personas que son especialistas en tratamiento de los problemas de las niñas y de la adolescencia, esos temas no se plantean aquí, esos informes no se plantean, no se discutan aquí, y se discutan los que provienen de una comisión que, con todo respeto, no tiene esa especialización.
Incluso este proyecto de ley debía haber sido tratado por la Comisión Especializada, de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, en donde tenemos la información respecto a los problemas que tienen que ver incluso con las casas de adopción, y sin embargo se lo envió de manera equivocada a la Comisión de Transparencia, insisto, con todo respeto para la Comisión, pero no a su nivel de especialización. Por otro lado, quiero también decir, señora Presidenta y colegas legisladores, que a fines del año 2000, perdón, a inicios del año 2024 y en el 24 y en el 25, se han producido problemas muy graves en casas de acogida.
Se registraron hechos gravísimos vinculados al Centro de Acogimiento Institucional Buen Vivir, en Macas. Se conoció de la muerte de una niña, presuntamente asesinada, tras haber reintegrado a su familia biológica. Un adolescente de 13 años murió dentro del centro, aparentemente por suicidio, y al día siguiente se reportó el intento de suicidio de un adolescente de 14 años en el mismo lugar. Finalmente, en abril del 24, se hizo pública la noticia de un intento de suicidio de tres adolescentes acogidos en dicha institución. La Comisión Especializada de la Niñez y Adolescencia ha tratado el tema, ha hecho seguimiento a los problemas que ahí se han producido y en general a las casas de acogimiento.
Y en el sexto informe que hemos aprobado también, enviado a la presidencia de la Asamblea, y que no ha sido tratado ni el cuarto, ni en quinto, ni el sexto, que corresponden a esta presidencia de la Asamblea, nosotros establecemos algunas conclusiones importantes que se derivan de los informes que recibimos de las instituciones del Estado. El Ministerio de Desarrollo Humano no ha garantizado una intervención integral en las casas de acogida. Por eso, de manera correcta, algunos colegas han señalado que el problema no es solamente las leyes, el problema es cómo se aplican y quiénes aplican las leyes.
El Ministerio de Desarrollo Humano, famoso por su incapacidad en este gobierno, no ha garantizado una intervención integral en las casas de acogida. Reporta falta de recursos y personal, pero anteriormente evidenció una ejecución presupuestaria de apenas el 53% en vez del 100%. O sea, no tienen ni siquiera preocupación de que esas casas de acogida o de acogimiento tengan los recursos, tengan las capacidades, tengan el financiamiento para hacer su trabajo. Sabemos que lo mejor es que estén en una familia, por supuesto. Compartimos plenamente, ahí creo que hay una unanimidad plena en esta Asamblea.
Todos quisiéramos que los niños y las niñas y adolescentes estén dentro de una familia, en un hogar, no en una casa de acogida. Sin embargo, mientras estén ahí, tenemos que preocuparnos de que las cosas funcionen bien. Entre las conclusiones planteamos también que el Ministerio de Salud demuestre atención médica, psicológica y psiquiátrica individualizada por cada una de las casas de acogida, que no lo hace. Exigimos que el Ministerio de Educación informe sobre los avances concretos para probar cuántos niños, niñas y adolescentes institucionalizados, o sea, que estén en casas de acogida, reciban atención efectiva.
Y esto ni se ha tratado aquí, y por supuesto no se ha dado paso a lo que sigue después, que es que el Pleno de la Asamblea Nacional conozca los informes, pero llame urgentemente a las máximas autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano, del Consejo de la Judicatura, de la Fiscalía, que también tienen responsabilidades en esto, del Ministerio de Salud, de Educación, para que expliquen al país las falencias operativas, presupuestarias, judiciales, sanitarias y educativas del sistema de acogimiento institucional. Esto hace falta. Lamentamos que desde la Presidencia de la Asamblea no se actúe institucionalmente, se actúe discrecionalmente, lo cual es un gravísimo error que no se debe seguir cometiendo.
No voy a repetir algunas de las observaciones que creo que desde ambas bancadas se han dicho correctamente respecto a los temas que hacen falta mejorar y corregir en este proyecto de ley. Insisto en nuestro acuerdo en que los procesos se aceleren, se faciliten, pero también cuidar que lo positivo que significa acelerar no implique, por supuesto, falencias en términos de los derechos especialmente de niñas, niños y adolescentes. Hay algunos aspectos positivos que han sido referidos aquí, respecto a los jueces de domicilio de los adoptantes, respecto a que los jueces redacten un extracto de tipo de carta en lenguaje comprensible para los niños.
Pero sí hay que tener cuidado de que no sean solamente las infracciones leves, digamos el incumplimiento de los plazos y las sanciones que se establezcan ahí, no dé lugar a que finalmente no se valore una cosa que es fundamental, que es resolver la dotación de personal, el presupuesto, los jueces, los psicólogos, los trabajadores sociales y los defensores públicos que tienen que participar alrededor de los temas que tienen que ver con los procesos de adopción. Porque si no atendemos esos problemas estructurales, estamos hablando en el vacío y estamos evitando resultados concretos.
Los procesos de adopción no solamente tienen que ver con los tiempos, sino con solucionar los problemas estructurales. En lo que tiene que ver con la declaratoria judicial de adoptabilidad, es importante que se base en una evaluación individualizada y que se valore la opinión del niño, de sus deseos y de sus emociones. Pero este enfoque puede ser correcto si se aplica con garantías, porque el riesgo aparece cuando se combina con plazos rígidos, presión institucional y falta de equipos técnicos. Porque no basta con decir que habrá evaluación individualizada, hay que garantizar que esa evaluación exista, que sea técnica, interdisciplinaria, motivada y con participación real de la niña, niño o adolescente.
Es necesario, sí, y es adecuado fijar un plazo máximo para el emparentamiento de los niños con las personas que lo adoptarían. Pero debe permitirse una evaluación técnica flexible cuando haya un interés superior del niño, porque no se puede forzar un vínculo afectivo por solamente cumplir un calendario. Quiero, por razones del tiempo, solamente concluir con algunas observaciones finales. No basta con poner plazos, queridos asambleístas, es necesario poner presupuesto. No basta con sancionar funcionarios, hay que fortalecer las instituciones. No basta con hablar del interés superior del niño, hay que garantizar evaluaciones técnicas, equipos, defensa pública y seguimiento posterior a la adopción.
Desde esta curul proponemos entonces para el segundo debate que se incorporen al menos cinco correcciones, una disposición obligatoria para fortalecer las unidades técnicas de adopción, oficinas técnicas judiciales, DINAPEN y Defensoría Pública. Segundo, una especialización real de jueces, defensores públicos, psicólogos y trabajadores sociales. Tercero, que los plazos previstos en los artículos 18, 20 y 21 no produzcan declaratorias automáticas de adoptabilidad, sino decisiones motivadas y técnicamente sustentadas. Cuarto, fortalecer al acogimiento familiar, la prevención del abandono y el apoyo a la familia ampliada antes de llegar a la adopción.
Y quinto, establecer un seguimiento post-adoptivo obligatorio, porque el derecho del niño no termina con la sentencia, empieza una nueva etapa que el Estado debe acompañar. La adopción, pues, finalmente no se la debe tratar como un procedimiento rápido, sí, efectivo, sí, pero la adopción es una decisión definitiva en la vida de una niña, niño o adolescente. Por eso, sí a la adopción, sí a la celeridad, sí al derecho a vivir en familia, pero no a una ley incompleta, sin presupuesto, sin garantías suficientes y con riesgo de decisiones apresuradas.
Cuando se legisla sobre la infancia, el error no lo paga el legislador, lo paga una niña, un niño o un adolescente durante toda su vida. Muchas gracias.
Esta fue la intervención del asambleísta Ricardo Patiño, quien se refirió a fortalecer el acogimiento familiar y prevención del abandono y establecer un seguimiento posadoptivo obligatorio. La siguiente intervención está a cargo del asambleísta Andrés Castillo.
Cuando hay las visitas guiadas aquí en la Asamblea Nacional o cuando recorremos del país y nos encontramos con niños y con jóvenes, seguramente el lugar común que decimos todos es que los niños no son el futuro, son el presente. Y eso se ha venido recurriendo en todas las visitas, reuniones, etc. Y hoy es el momento de seguir trabajando como lo hemos hecho ya en oportunidades pasadas para alcanzar esa protección integral de nuestros niños. Ahora, por supuesto, hablamos de los niños que pueden ser sujetos de una adopción.
Y comienzo diciendo esto porque no existe otra forma más de ternura que trabajar en favor de los niños. Entendiendo que el interés superior de ellos es lo que nos debe mover. Ese debe ser el principio fundamental dentro de la norma que estamos tratando. El principio del interés superior del niño. Y claro, digo esto y les ruego particular atención especialmente a los que están en el teléfono. Porque vengo del futuro. Todo lo que hemos conversado hoy seguramente tendrá el apoyo de la inmensa mayoría de nosotros. ¿Saben dónde van a comenzar a haber problemas?
Además, en lo que siempre hemos tenido problemas. En la adopción de las parejas por el mismo sexo. En la adopción que haya en torno a ese asunto. En lo que se va a regular para eso. En los derechos de las parejas LGBTI+. Y en eso nos vamos a circunscribir en la discusión. Se los puedo garantizar. Y les digo que vengo del futuro porque ya existe, como bien decía mi colega y amigo, el asambleísta Cristian Benavides, ya existe pues una acción de inconstitucionalidad planteada por la o el señora o señor Diane Marie Rodríguez Zambrano en su calidad de representante de la asociación Silueta X que había sido asambleísta alterno de la revolución en el año 2017 y ha presentado una acción de inconstitucionalidad en contra de la norma que ya existe en la ley de la niñez y de la adolescencia que la manejan muy bien quienes están en esa comisión.
¿Qué es lo que quiere que se declare inconstitucional? La señora Rodríguez. ¿Qué es lo que quiere que se declare inconstitucional? El artículo 159. ¿Qué dice el artículo 159? Los candidatos a adoptantes deben cumplir los siguientes requisitos. Y perdón, señor presidente, que dé lectura. A mí sí me da un poco de vergüenza inscribirme en el club de la lectura, pero toca leer exactamente lo que dice la demanda. Número 6. En los casos de parejas adoptantes, esta debe ser heterosexual y estar reunida por más de tres años en matrimonio o unión de hecho que cumplan los requisitos legales.
Miren ustedes sobre qué se va a ir la discusión después. Cuando nosotros pongamos en la norma como en efecto está que la adopción tendrá que ser en parejas de distinto sexo, seguramente ya nos llevarán a la Corte Constitucional. Porque aquí nos estamos acostumbrando a que todo se resuelva en la justicia constitucional. Pero debemos entender que los proyectos de ley que tienen que ver con los niños no tienen que ser adultocentristas. No, no tenemos que preocuparnos por los adultos y los derechos y la protección de los GLBTI y ese tipo de grupos.
No, tenemos que preocuparnos del interés superior del niño. Eso es fundamental. Y claro, aquí en la demanda podemos ver lo siguiente, señor presidente, con su venia nuevamente procedo a leer. El bloque de constitucionalidad, dentro del bloque de constitucionalidad, es una figura que parte desde el propio ordenamiento jerárquico de cada ordenamiento jurídico con la intención de elevar a rango constitucional a preceptos no contenidos formalmente en la Carta Suprema. En el Ecuador, la Constitución de la República, mediante los artículos 11, 417, 424, 426, establece que el tipo de bloque de constitucional que se usa dentro de nuestro ordenamiento jurídico es flexible, abierto, de cláusula abierta, en concordancia con el principio pro persona y de aplicación directa.
Eso ponen como el mágico argumento para decir que la adopción de niños, niñas y adolescentes por parejas del mismo sexo tiene que entrar en el bloque de constitucionalidad porque hay que impulsar el principio pro persona. No, señor, aquí se equivocan. Aquí no hay principio pro persona. Aquí debemos garantizar el principio del interés superior del niño, del que se va a adoptar. Ese es el derecho que tiene él, no el derecho de quien le quiere adoptar. Nosotros como Estado tenemos que garantizar que esos niños tengan una familia.
Por supuesto que sí. ¿Vamos a proteger que esa familia esté constituida? Por supuesto que sí. Y claro, dicen en la demanda que hay que garantizar el derecho a la familia y la protección de esta y hay que garantizar la igualdad en sus diferentes expresiones normativas. Yo pregunto, ¿estamos hablando entonces de los derechos de las parejas del mismo sexo o estamos hablando en esta demanda de inconstitucionalidad? Que seguramente hará corta y pega la señora Diane Rodríguez en el caso de que aprobemos esta norma. Así es que vamos poniéndole el cascabel al gato.
Todo lo que hemos discutido seguramente estamos de acuerdo porque siempre hemos estado de acuerdo. Aquí va a haber la discusión. Aquí vamos a ver de qué parte nos ponemos. Aquí vamos a ver si es que defendemos a los niños o defendemos a aquellos que creen que tienen el derecho de poder jugar con el futuro de nuestros niños. Y quiero avanzar un poco más porque hay que entrarle al debate técnico también, señor presidente. En esa demanda de inconstitucionalidad, que seguramente utilizarán como argumento para echar abajo este proyecto de ley, dice en la parte medular lo siguiente.
Si bien es cierto que ciertas sociedades pueden ser intolerantes a condiciones como la raza, el sexo, la nacionalidad o la orientación sexual de las personas, los Estados no pueden utilizar esto como justificación para perpetuar tratos discriminatorios. Los Estados están intencionalmente obligados a adoptar las medidas que fueran necesarias para hacer efectivos los derechos establecidos en la Convención. ¿Cómo se estipula en el artículo 2 de dicho instrumento interamericano por el que se debe propender precisamente por defender las manifestaciones intolerantes y discriminatorias con el fin de evitar la exclusión o negación de una determinada condición?
Esto dicen haber tomado de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atala, Rifo y Niñas versus Chile. Y ese es el gran argumento, que no se puede discriminar por su condición sexual. A las personas. ¿A qué personas? ¿A los niños o a los que les pretenden adoptar? Pero ¿saben qué? Vayan diciéndole a su ex asambleísta alterna que esa norma, esa sentencia, la sentencia de Atala, Rifo y Niñas versus Chile, hace relación a un proceso que se dio en el cual uno de los padres, teniendo un hijo de un compromiso anterior, se unió con una pareja del mismo sexo y decidieron quitarle la tenencia del niño por haber estado con una pareja del mismo sexo.
Por supuesto que si uno de los padres tiene un hijo de un compromiso anterior, no podemos discriminarle por su condición sexual. Claro que no. Pero nada tiene que ver la tenencia con la adopción. Nada tiene que ver lo que en derecho se conoce como la ratio decidendi y el iberdicta en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿A qué me refiero con la ratio decidendi? Y el iberdicta. Lo uno tiene que ver a las razones de por qué se resuelve algo y el iberdicta la resolución final del caso.
Las razones simplemente, presidente, son argumentos que se presentan dentro del análisis jurídico, pero no necesariamente son obligatorios. Y aquí, aquellos que defienden el lobby GLBTI+, quieren hacer creer en el Ecuador que eso es norma absoluta, que eso hay que creer a pies juntidas, que eso hay que aplicar en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Lamento decirles que al menos desde este lado del hemisipo y en esta curul va a haber un dique de contención con Tormantel. Lo demás, de acuerdo. Por supuesto que estamos de acuerdo. En esto, yo quiero invitarles a los compañeros legisladores a que hagamos un esfuerzo para trabajar sobre el tema.
Quiero proponer dos cosas. Primero, en el artículo 179, habrá que incrementar los años de seguimiento post-adoptivo de dos a cinco años. Porque si es que se aceleran los procesos de adopción, habrá que mejorar los procesos de control, habrá que prolongar los procesos de control para que se mejore la condición de vida de los niños. Y eso quiero proponer a la Presidenta de la Comisión. Y asimismo, señor Presidente, cada loco con su tema, y este es uno de mis temas, prohibido, prohibido la reinserción de los niños con su familia biológica, si es que estos niños han sido víctimas de violencia sexual.
Eso no se puede permitir en la norma. Y quiero pedirle a la Presidenta de la Comisión que lo incorporemos también dentro del proceso. Concluyo, señor Presidente y compañeros legisladores, diciendo lo que en algunas oportunidades he dicho ya. Este es un primer debate. Han salido buenas observaciones aquí. Por Dios, por Dios, van a tener todo el tiempo del caso para presentar las observaciones que han dicho aquí en el Pleno, por escrito. Y vayan a la Comisión y defiéndanlas. Yo sé que al asambleísta Butiñá le causa mucha gracia.
Seguramente porque no sale nadie yucho en el Pleno. ¿No es cierto? Le causa mucha gracia. ¿No? Pero si es que van a hacer observaciones por escrito, vayan y defiéndalas para que en el segundo debate no estemos discutiendo el por qué no están de acuerdo. Si no están de acuerdo, estamos a tiempo. Por lo demás, felicitaciones a Lucía por la iniciativa, felicitaciones a Diana por trabajarlo, a la Comisión, a pesar de aquellos que protestan. Y con esto devuelvo la palabra de usted, señor presidente. Gracias.
Finaliza la intervención. Tiene la palabra la asambleísta Diana Jacome. Dentro de este debate, el asambleísta Andrés Castillo presentó algunas propuestas a ser consideradas para el segundo informe. Interviene el asambleísta Diana Jacome.
Gracias a quienes nos están respaldando en este importante proyecto, que como reitero al inicio de este debate, no es Diana Jacome, no es una bancada, son los niños, niños y adolescentes de nuestro país. Un trabajo consciente, un trabajo responsable. Aportar con lo que dijo Andrés en el artículo 113 del Código de la Niñez, en efecto, la oportunidad de adopción de parejas de distinto sexo heterosexuales y también personas solas heterosexuales en armonía con lo que establece la propia Constitución en su inciso final, en el artículo 68.
Somos coherentes con lo que dice la Constitución de la República del Ecuador, personas heterosexuales para la adopción de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y en el artículo 113 también establecemos una de las causales para la pérdida de la patria potestad, que lo había mencionado, la pérdida de la patria potestad, es precisamente que no sujetemos a nuestros niños a ningún tipo de procedimiento, intervenciones médicas, quirúrgicas, farmacológicas, orientadas a cambiar el sexo biológico de nuestros niños. A ellos hay que protegerlos ante sentencias que están tendientes a otro tipo de cosas, como la sentencia 4-24-CN-26 de identidad de género, en el que declara la inconstitucionalidad del artículo 94 de la ley de identidad de datos.
Aquí estamos cuidando y velando por nuestros niños. ¿Querían reconocimiento social? Pues ya la Corte Constitucional se los dio a través de esta sentencia en consulta de norma. Pero reconocimiento médico con niños, no señores. Mientras estemos aquí, mientras cuidemos de nuestros niños con firmeza, con responsabilidad, no lo vamos a permitir. Así que hay este requisito, esta causal, de privación de patria potestad, aquel que se atreva a vulnerar, alterar a un niño. No, no lo vamos a permitir, que eso les quede claro. Así que si la Corte sigue emitiendo este tipo de sentencias, veamos, después de que, si Dios permite y todos estamos de acuerdo, esta norma se promulga, veamos qué dice la Corte.
Ojalá no me declare inconstitucional este artículo por privar de patria potestad a los que quieren alterar el género de un niño, una niña, el sexo de una niña, un niño. A ver si tenemos coherencia, ¿no? Y finalmente, para cerrar, en mi intervención, rápidamente, señores, nuevamente, no hay aumento de gasto público, no se está estableciendo el porcentaje del 10% que se incremente al 10, 11, 12%, no se está haciendo eso. Se está únicamente incluyendo en el artículo 77 una categoría adicional. En el informe para segundo debate, quiero ahí refrescar la memoria de un personaje que no le importa el proyecto, solo el show.
Le recuerdo que la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación para la Implementación Efectiva del Emprendimiento Juvenil, que fue aprobado con 132 votos en la sesión 701 del Pleno de la Asamblea Nacional el 10 de agosto del 2021, se incluyó precisamente una reforma al artículo 77 que hoy nos lleva al debate en la Ley Orgánica de Educación Superior, incluyendo como beneficiarios de becas a los estudiantes que hayan ejercido proyectos de emprendimiento innovadores. ¡Qué bien! Me alegra, se lo merecen. ¡Qué bien! Y el señor que discrepa conmigo siempre votó a favor.
No lo digo yo, aquí está su voto señor, aquí está su voto, ahí sí votó sí. ¿Y por qué ahora quiere negarle también la posibilidad de que un niño que salga de una casa de acogida a los 18 años tenga una beca y tenga una oportunidad como los que usted incluyó en el artículo 77 en el 2001? Tenga coherencia, o es mucho pedirle, señor de la Revolución Ciudadana. Gracias.
Se cierra el debate. Una vez que ha finalizado el debate, se dispone que el proyecto de ley retorne a la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, para la elaboración del informe para segundo debate. Tercer punto, señor Secretario, por favor.
Tercero, conocer el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria para restituir el control previo de legalidad de actos y contratos.
Secretario, por favor, dé lectura al memorando número AN-CRT-2026-0122-M y del informe en su parte resolutiva. El informe íntegro remitido por la comisión será parte del acta de la presente sesión.
Con su autorización, señor presidente, doy lectura del memorando número AN-CRT-2026-0122-M de 22 de abril de 2026. Asunto alcanza el memorando número AN-CRT-2026-0121-M de 22 de abril de 2026. Remisión e informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria para restituir el control previo de legalidad de actos y contratos. De mi consideración. Por disposición del asambleísta Nathalie Estefanía Farinango Delgado, presidenta de la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su regulación y control de conformidad con el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por cuanto ha habido una imprecisión dentro del texto del memorando número AN-CRT-2026-0121-M de 22 de abril de 2026 en alcance al anterior, tengo bien remitir el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria para restituir el control previo de legalidad de actos y contratos aprobado en la sesión número 091-CRETRC-2026 de 22 de abril de 2026 en esta mesa legislativa, a fin de que se continúe con el trámite respectivo en el Pleno de la Asamblea Nacional.
La ponente del proyecto es la asambleísta Nathalie Estefanía Farinango Delgado, presidenta de la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su regulación y control. La votación realizada en la sesión 91-CRETRC-2026 es la siguiente. Afirmativo 10, en contra 0, abstención 0, asambleístas ausentes 0. Consentimientos de distinguida consideración, atentamente, Magister Diana Carolina Arboleda Monge, secretario relator. De igual forma, señor presidente, doy lectura a la parte de conclusiones y de recomendaciones del informe. Informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria para restituir el control previo de legalidad de actos y contratos.
7. Conclusiones del informe. A continuación, se presentan las conclusiones del informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria para restituir el control previo de legalidad de actos y contratos. Primero, el proyecto de ley orgánica reformatoria para restituir el control previo de legalidad de actos y contratos fue presentado en el año 2019 en un contexto jurídico e institucional distinto al que atravesamos actualmente. Y en diciembre del año 2025, la Procuraduría General del Estado presentó el proyecto de ley de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, el mismo que se encuentra en la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional y desarrolla toda la figura de control legal de actos y contratos con enfoque actualizado.
2. En el proyecto de ley orgánica reformatoria para restituir el control previo de legalidad de actos y contratos, presentado en el año 2019, se argumenta un relajamiento en los procedimientos contractuales como una consecuencia de la eliminación del informe previo. Sin embargo, de la experiencia del informe de pertinencia, esto no fue un mecanismo de control eficiente porque implicaba la revisión de expedientes completos de contrataciones sin considerar que la tendencia actual de prevención implica la identificación de riesgos puntuales utilizando la automatización de sistemas, interoperabilidad, entre otras herramientas que no entorpezcan las contrataciones.
3. Aprobar el proyecto de ley orgánica reformatoria para restituir el control previo de legalidad de actos y contratos, implicaría un retroceso y un desafío estructural para la Procuraduría General del Estado. 4. Implementar el proyecto de ley orgánica reformatoria para restituir el control previo de legalidad de actos y contratos, requeriría mayor presupuesto para la Procuraduría General del Estado en cuanto a personal, procesos y tecnología, para que esa nueva estructura funcione de forma adecuada. Si no hay asignación presupuestaria por parte del Estado, para financiar la implementación de la nueva estructura, personal y tecnología, se podría implementar el cobre de una tasa, la que encarecería la intervención de los proveedores que quieran participar en procesos de contratación pública.
5. El contenido del proyecto de ley direcciona que la Procuraduría General del Estado se convierta en juez y parte debido a que, por un lado, una dirección emitiría un informe de control previo y otra dirección emitiría un informe de control posterior, lo cual podría acarrear inconsistencias en la propia institución. 6. Somar un requisito adicional a la fase precontractual, como el informe previo, implicaría un retraso para las entidades contratantes. 7. Los riesgos en los procedimientos de contratación pública serían paralización y latitud administrativa, dilución de responsabilidades, riesgos de distorsión y discrecionalidad.
8. El contenido del proyecto de ley excede las competencias del proponente y carece de validez legislativa, toda vez que la iniciativa implica un aumento en el gasto público, cuya facultad de presentación corresponde exclusivamente a la presidenta o presidente de la República. 9. La Procuraduría General del Estado es un organismo público dependiente de la función ejecutiva, por lo que debe regirse de manera obligatoria por las disposiciones contenidas en la ley orgánica del servicio público. 8. Recomendación del informe. La Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico Tributario y su Regulación y Control solicita a la presidencia de la Asamblea Nacional poner en conocimiento del Pleno el presente informe y recomienda el archivo del proyecto de ley orgánica reformatoria para restituir el control previo de legalidad de actos y contratos, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 60 de la ley orgánica de la función legislativa.
Hasta aquí la lectura de lo dispuesto, señor presidente.
Vamos a escuchar entonces la intervención que corresponde dentro de este informe para el primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria para restituir el control previo de legalidad de actos y contratos. Hará el uso de la palabra la presidenta de la Comisión del Régimen Económico, asambleísta Natalie Farinango.
Colegas legisladores presentes y buenas tardes, por supuesto, a la ciudadanía ecuatoriana que nos mira a través de los medios legislativos y medios que hacen cobertura. Primero quiero iniciar felicitando los puntos tratados en el día de hoy en el Pleno, como el punto anterior, la Ley Orgánica de Agilización para la Adocción. Creo que es importante que las instituciones del Estado, la primera función del Estado en el ámbito de sus competencias, pongan en el centro a nuestros niños, niñas y adolescentes, sobre todo los que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.
Y allendo al punto del debate, señor Presidente, colegas legisladores, la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su regulación y control ha realizado un trabajo técnico, jurídico, en el que se ha priorizado, como siempre, la relevancia institucional del Estado y la eficiencia de la administración pública en el marco del informe para primer debate de la Ley Orgánica Reformatoria para restituir el control previo de legalidad de actos y contratos, de iniciativa del ex procurador general del Estado, doctor Íñigo Salvador. Este proyecto, presentado en el año 2019, responde a una realidad jurídica e institucional bastante distante a la que vivimos actualmente.
En aquel momento se sostenía, y quizás con razón, que el informe previo en materia de contratación pública había generado un relajamiento en el procedimiento contractual. Sin embargo, la experiencia acumulada durante estos años nos permite afirmar que esta tesis no refleja completamente la realidad y que muchos de estos problemas fueron solventados también en reformas que se dieron durante estos años, como la reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que aprobó esta Asamblea Nacional en este periodo legislativo. Adicionalmente, en el mes de diciembre del año 2025, la Procuraduría General del Estado presentó un proyecto de ley, proyecto de ley orgánica de la Procuraduría General del Estado, que calificó al Consejo de Administración Legislativa y lo remitió a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado de esta Asamblea Nacional.
En este proyecto ya se desarrolla toda la figura de control legal de actos y contratos, con un enfoque más actualizado a nuestra realidad. El llamado informe de pertinencia, que buscaba cumplir una función de control previo, no logró consolidarse con un mecanismo eficiente, porque implicaba la revisión exhaustiva de expedientes completos, generando cargas administrativas innecesarias y ralentizando procesos que requieren agilidad. Hoy en día, las tendencias modernas en control público apuntan que no es necesario revisar todo, sino identificar riesgos específicos mediante herramientas tecnológicas e interoperabilidad institucional. En este contexto, aprobar este proyecto, colegas legisladores, ciudadanía que nos mira, no representaría un avance, sino un claro retroceso.
Implicaría reintroducir un modelo de control que ya ha demostrado limitaciones frente a necesidades actuales del Estado y sus instituciones. No podemos ignorar, además, el impacto estructural que tendría su implementación. La Procuraduría General del Estado requeriría un incremento significativo en recursos, más personal, más procesos, mayor inversión tecnológica. Y aquí surge una pregunta. ¿De dónde saldrían todos estos recursos si actualmente no constan dentro de una asignación presupuestaria que permita cubrir estos valores? La alternativa, como se leyó también en el informe que hizo referencia al señor Secretario General de la Asamblea Nacional, podría ser trasladar estos costos a usuarios del sistema, es decir, a los proveedores del Estado, encareciendo así la contratación pública de nuestro país.
Otro aspecto preocupante que contiene el proyecto de ley es el diseño institucional que propone. Se plantea dentro de la misma Procuraduría General del Estado, existen instancias que emitan control previo y otras que realizan control posterior. ¿Esto qué significa? Que generaría un evidente conflicto. La institución podría convertirse en juez y parte, abriendo la puerta a inconsistencias y debilitando la seguridad jurídica. Así también, la incorporación de un requisito adicional en la fase precontractual, como el informe previo, no haría más que ralentizar los procesos. En lugar de facilitar la gestión pública, introducir mayores tiempos de espera, afectando la ejecución de obras, servicios y adquisiciones que son esenciales para la ciudadanía ecuatoriana.
Los riesgos son claros. Estancamiento administrativo, dilución de responsabilidades, incluso posibles espacios para la discrecionalidad o prácticas indebidas, como la extorsión, al pedir estos informes previos. Pero no solo hablamos de eficiencia o gestión, también estamos ante un problema de legalidad. El proyecto implica un aumento en el gasto público, lo cual, según nuestro marco constitucional, y muchos decían referencia en el anterior proyecto de ley, es una iniciativa que corresponde exclusivamente al presidente o presidenta de la República. Por lo tanto, su validez legislativa es cuestionable desde su origen, desde su proponente.
Finalmente, es importante recordar que la Procuraduría General del Estado es un organismo dependiente de la función ejecutiva, y como tal debe regirse por las disposiciones de la Ley Orgánica de Servicio Público. Cualquier reforma debe respetar este marco normativo y fortalecer, no debilitar la institucionalidad. El Pleno de esta Asamblea Nacional debe centrarse en los desafíos que actualmente tenemos. Avanzar hacia mecanismos de control modernos, eficientes y transparentes. Por estas consideraciones, el informe para primer debate aprobado por unanimidad, por todos los miembros de la Comisión, en donde recomienda ya su archivo, se ha puesto a consideración de este Pleno de la Asamblea Nacional, y esperamos que todos los legisladores votemos en coherencia como también se votó en la Comisión, pidiendo y aprobando este informe y pidiendo el archivo del mismo.
Muchísimas gracias, señor Presidente.
Gracias, asamblista. Al no tener más solicitudes de palabras, cerramos el debate. Señor secretario, certifique si la moción presentada por la asamblista Natalie Farinango ha sido ingresada por escrito.
Sí, señor presidente, la moción ha sido ingresada por escrito a esta secretaría.
Señores asambleístas, ¿tiene apoyo de la moción? Señor secretario, de lectura de la moción presentada y tome votación.
Procedo a dar lectura y tomar votación de la moción presentada mediante memorando número AN-FDNE-2026-0064-M de 5 de mayo de 2026. Asunto, moción, sesión 91-AN-2025-2029 de mi consideración. Con atento saludo me dirijo a usted en mi calidad de presidenta de la Comisión Especializada del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, en el marco del punto número 3 del orden del día de la sesión número 91-N-2025-2029 del Pleno de la Asamblea Nacional, cuyo objeto es tratar el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria para restituir el control previo de legalidad de actos y contratos, en virtud de lo que determinan el artículo 60 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito presentar la siguiente moción con base en las siguientes consideraciones.
Uno, fundamento constitucional. Desde el ámbito constitucional el archivo se justifica ya que el proyecto genera duplicidad o conflicto con las competencias ya establecidas, afectando la seguridad jurídica y el equilibrio entre las funciones del Estado. Dos, análisis técnico-legislativo. En el plano técnico-legislativo se solicita el archivo por falta de eficacia normativa, ya que introduce procedimientos que podrían complicar la contratación pública y generar cargas administrativas sin suficiente sustento técnico. Finalmente, el proyecto implica un aumento de gasto público, lo cual según el marco constitucional es una iniciativa que corresponde exclusivamente al presidente o presidenta de la República.
En consecuencia, y conforme lo dispuesto en los artículos 60, 135 y 110, número 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, mociono que se archive el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para restituir el control previo de legalidad de actos y contratos. Solicito que esta moción sea puesta en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional para su votación. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente, abogada Natalia Estefanía Farinango Delgado, asambleísta. Hasta aquí el texto de la moción, procedo a tomar votación. Señores asamblistas, por favor, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas.
De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría.
Estamos en el tercer punto del orden del día de la sesión 91 del Pleno de la Asamblea Nacional, cuando en pocos minutos más los legisladores y legisladoras se pronunciarán en torno a la moción que ha sido presentada por la asambleísta Natalie Farinango sobre el archivo del proyecto de ley orgánica reformatoria para restituir el control previo de legalidad de actos y contratos. La asambleísta ha explicado las razones por las cuales se sugiere este archivo al señalar que el proyecto fue presentado en el año 2019. Responde a una realidad jurídica distante, los problemas planteados fueron solventados con reformas aprobadas en estos años.
Implicaría reintroducir un modelo de control que registra limitaciones e impacto estructural con su aplicación fue parte de lo que pudimos escuchar. Una vez que no hubo más intervenciones registradas para este debate, el presidente de la Asamblea Nacional dispuso el cierre de este proceso, es decir, el debate e inmediatamente la lectura de la moción y con ello el registro de los legisladores y legisladoras para conocer cuál es el pronunciamiento en torno a lo planteado. La Comisión del Régimen Económico analizó esta iniciativa y el miércoles 22 de abril, con 10 votos afirmativos, aprobó este informe que ha puesto ya en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional, al considerar que esta iniciativa busca incorporar a la ley de la Procuraduría General del Estado la atribución de emitir informes previos de legalidad sobre actos vinculados a procesos de contratación que generan.
impactos administrativos. Y precisamente avanza el registro de los asambleístas para someter a votación la moción planteada por la asambleísta de que se recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional el archivo de este proyecto de ley orgánica reformatoria para restituir el control previo de legalidad de actos y contratos. Son alrededor de nueve conclusiones que constan en este informe, entre ellas de que este proyecto de ley que fue presentado en el 2019 en un contexto jurídico e institucional distinto al que atravesamos actualmente y que en diciembre del año 2025 la Procuraduría General del Estado presentó el proyecto de ley orgánica de la Procuraduría General del Estado, el mismo que se encuentra en la Comisión Especializada de Justicia y desarrolla toda la figura de control legal de actos y contratos con enfoque ya actualizado, que en el proyecto de ley orgánica reformatoria sobre la legalidad de actos presentado en el 2019 se argumenta un relajamiento en los procedimientos contractuales como una consecuencia de la eliminación del informe previo.
Sin embargo, de la experiencia del informe de pertinencia, este no fue un mecanismo de control eficiente porque implicaba la revisión de expedientes completos de contrataciones sin considerar que la tendencia actual de prevención implica la identificación de riesgos puntuales utilizando la automatización de sistemas, además de otras herramientas que pueden entorpecer las contrataciones. Una tercera conclusión, de aprobar el proyecto de ley orgánica implicaría un retroceso y un desafío estructural para la Procuraduría General del Estado. Implementar el proyecto de ley requeriría mayor presupuesto para la Procuraduría General del Estado en cuanto a personal, procesos y tecnología.
Además, se destaca que el contenido del proyecto de ley direcciona a que la Procuraduría General del Estado se convierta en juez y parte, debido a que, por un lado, una dirección emitiría un informe de control previo y otra dirección emitiría un informe de control posterior, lo cual podría acarrear inconsistencias en la propia institución. Además, sumar un requisito adicional a la fase precontractual como el informe previo implicaría un retraso para las entidades contratantes. Los riesgos en los procedimientos de contratación pública serían paralización y lentitud administrativa, dilución de responsabilidades, riesgos de extorsión y discrecionalidad.
El contenido de este proyecto de ley excede las competencias del proponente y carece de validez legislativa, toda vez que la iniciativa implica un aumento en el gasto público, cuya facultad de presentación correspondiente exclusivamente a la Presidencia de la República. Y la Procuraduría General del Estado es un organismo público dependiente de la función ejecutiva.
Me permite informar, señor presidente, que contamos con 139 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleísta Nathalie Farinango. Señoras y señores asambleístas, por favor consignar su voto.
Con 139 legisladores presentes se procede a someter a votación la moción de archivo de este proyecto de ley orgánica reformatoria para restituir el control previo de legalidad de actos y contratos que fue trabajado al interior de la Comisión del Régimen Económico y con el análisis técnico-jurídico se determinó y se plantea en estos momentos al Pleno de la Asamblea Nacional el archivo correspondiente de esta iniciativa legal. De momento son 120 votos afirmativos, 0 votos en contra, 0 blancos y 0 abstenciones.
El respaldo del Pleno de la Asamblea Nacional, ese respaldo planteado plasmado a través de los votos de los legisladores que hasta este momento no registra votos en contra, blancos ni abstenciones, lo que significa que ya se puede dar a conocer los resultados y con ello también el pronunciamiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Dos asambleístas todavía faltan por consignar su voto, que podría llegar a ser unánime la moción presentada por la asambleísta Natali Farinango para el archivo de esta iniciativa. Un solo voto más falta y ya cuando lo disponga el presidente de la Asamblea Nacional.
Proclame el resultado, señor secretario. En este momento conozcamos esos resultados de la votación.
Señor operador, presente los resultados. Señor presidente, me permite informar que de un total de 139 asambleístas presentes, contamos con 138 votos afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 1 abstención. Por tanto, la moción presentada por la asambleísta Natalie Farinango ha sido aprobada.
Con 138 votos afirmativos, entonces se aprobó este archivo del proyecto de ley orgánica sobre el control previo de legalidad de actos y contratos. Nos encontramos en el tercer punto.
orden del día.
Cuatro, conocer el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria, la ley orgánica del servicio público y el código del trabajo para determinar que el 18 de noviembre de cada año sea feriado nacional y demás unificados.
Señor Secretario, por favor dé lectura el memorando número AN-CTSS-2026-0064-M y del informe en su parte resolutiva. El informe íntegro remitido por la Comisión será parte del acta de la presente sesión.
Con su autorización, señor presidente, doy lectura al memorando número AN-CTSS-2026-0064-M de 25 de abril de 2026, asunto informe para primer debate proyecto de ley orgánica reformatoria, la ley orgánica del servicio público y al código de trabajo para determinar que el 18 de noviembre de cada año sea feriado nacional y demás unificados. De mi consideración, por medio del presente le extiendo un atento y cordial saludo. Tengo el agrado de dirigirme a usted por disposición del doctor Egner Riedel Recalde Álava, presidente de la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, y en mi calidad de secretaria relatora con el fin de remitir el informe para primer debate respecto del proyecto de ley orgánica reformatoria, la ley de servicio público y al código de trabajo para determinar que el 18 de noviembre de cada año sea feriado nacional y demás unificados.
Con las respectivas firmas de los asamblistas que aprobaron el mismo. En sesión virtual número 58-CEPDTSS-2025-2027, efectuada el día viernes 24 de abril de 2026 para que sea tratado por el Pleno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 58 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Con sentimiento de distinguida consideración. Atentamente, Magíster María Auxiliadora Palacios González, secretario relator. Me permito dar lectura de la parte de conclusiones y recomendaciones del informe. Informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria, la LOCEP y el Código de Trabajo para determinar que el 18 de noviembre de cada año sea feriado nacional unificado.
Seis. Conclusiones y recomendaciones. Por lo expuesto anteriormente, la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social determina que los 11 proyectos evaluados y que han sido unificados han perdido vigencia y ya no se ajustan a las condiciones actuales que motivarían su implementación. Los cambios sustanciales en el contexto operativo, técnico y material han generado que dichas propuestas resulten desactualizadas y carentes de utilidad práctica, lo que impide su ejecución efectiva. Asimismo, de la revisión integral se evidencia que los proyectos no generarán un beneficio cierto ni acreditan impacto positivo en el contexto actual.
En consecuencia y en aplicación de los principios de oportunidad, eficiencia, eficacia y reserva de ley y responsabilidad que rigen la gestión pública, así como el deber de velar por el adecuado uso de los recursos institucionales. Por lo tanto, se recomienda el archivo del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria, la LOCEP, al Código del Trabajo para determinar que el 18 de noviembre de cada año sea feriado nacional y unificados que se encuentren en esta comisión. Asambleísta ponente. La Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social resuelve que el asambleísta ponente en el Pleno de la Asamblea Nacional sea el asambleísta Egner Ríder Recalde Álava, quien podrá delegar a otro miembro de la comisión de ser el caso.
Hasta aquí la lectura de lo dispuesto, señor Presidente.
Se ha dado lectura a la parte resolutiva de este informe que fue trabajado al interior de la Comisión del Derecho al Trabajo. Nos referimos al proyecto de ley orgánica de reformas al servicio público y al Código de Trabajo para declarar el 18 de noviembre como feriado nacional. Interviene el asambleísta Eina Recalde en calidad de ponente.
Pueblo ecuatoriano, un saludo fraterno también a los señores medios de comunicación. Hace poco, durante una jornada de trabajo en territorio, conversaba con un grupo de ciudadanos que participaban en actividades culturales y sociales. Entre ellos habían jóvenes artistas, emprendedores, trabajadores, y uno de ellos me dijo algunas palabras y que se me quedó bien grabado. Me decía asambleísta, nosotros no sólo necesitamos reconocimientos, necesitamos que se tomen decisiones que sean realmente, que nos ayuden a crecer como país y como personas. Y esa frase sencilla, pero muy profunda, resume exactamente el debate que hoy tenemos en este pleno.
Porque legislar no es únicamente reconocer aspiraciones legítimas, legislar es tomar decisiones responsables para el país. Hoy estoy ante ustedes para sustentar el informe para primer debate del proyecto de ley que propone declarar el 18 de noviembre como feriado nacional, junto con otros proyectos que se unificaron con autorización del CAL, que pretendía reformar normas que rigen la ley orgánica del servicio público como del Código del Trabajo. Este informe es producto de un proceso amplio, técnico y participativo que se desarrolló en la Comisión del Derecho al Trabajo y Seguridad Social.
Un proceso que no fue improvisado, al contrario, hubo la participación de organismos del Estado como también de asesores y de quienes tienen la experticia y conocimiento de las normas técnicas, de las normas que rigen la administración del talento humano en el sector público como en el privado. Y con eso nos dio el sustento para realizar este informe y de esta manera demostrar que no se debe legislar desde la improvisación, sino desde un verdadero análisis técnico, jurídico, conforme a nuestro marco legal y constitucional. Y eso quiero empezar reconociendo que algo fundamental, el Festival de Artes Vivas de Loja es un momento valioso, es una ceremonia valiosa, es una conmemoración valiosa, pero es decirles, es un acto cultural, es un acto de identidad, también que permite la dinamización económica.
Los datos lo demuestran, miles de asistentes, inversión pública, retorno económico, generación de empleo cultural. Eso no está en discusión, lo que sí está en discusión es otra cosa. Si la declaración de un feriado local a nacional es una herramienta adecuada para potenciar la economía del país. Y ahí es donde entra la responsabilidad legislativa y durante el análisis técnico se identificaron elementos claves que no podemos ignorar. Primero, la normativa vigente ya contempla mecanismos suficientes para el reconocimiento de fechas y celebraciones a nivel local, regional y nacional.
Es decir, el ordenamiento jurídico sí tiene herramientas para este tipo de fines, sin necesidad de elevarlos a ley. Segundo, no se evidenció que la declaratoria de un feriado nacional garantice de manera proporcional un beneficio general para todo el país. Porque un feriado no sólo implica descanso, implica también impacto en la productividad, costo para todos los sectores del país y efectos en la dinámica económica nacional. Y como legisladores estamos obligados a mirar el equilibrio completo, no sólo una parte de la realidad. Tercero, se identificó que varios de los proyectos unificados abordan materias que ya se encuentran regulados de la normativa vigente o que pueden ser atendidas por la vía administrativa y reglamentaria.
De aquí, hay un punto clave que debemos asumir con madurez institucional. No toda necesidad debe transformarse en una ley. Muchas veces, la solución está en aplicar en la norma que tenemos vigente. Compañeras y compañeros asambleístas, el rol de esta asamblea no es únicamente producir normas, es garantizar que las normas sean necesarias, útiles y coherentes con el sistema jurídico vigente. Porque cuando una ley no cumple con esos estándares, no sólo pierde eficacia, también se debilita la seguridad jurídica. Y sobre este punto quiero ser muy claro. La Corte Constitucional ha sido enfática en exigir que toda iniciativa legislativa debe cumplir con principios como necesidad, proporcionalidad, razonabilidad y oportunidad.
Y en este caso, esos estándares no se cumplen de manera suficiente. Además, existe otro elemento que no podemos pasar por alto, el principio de igualdad. Si le vamos a rango nacional, una conmemoración local a nacional, debemos preguntarnos, ¿cuál es el criterio objetivo que justifica esa decisión frente a otras expresiones culturales igualmente valiosas que existen en nuestro país? Y hay que tomar en cuenta que Ecuador es diverso, Ecuador es plural. Ecuador tiene múltiples manifestaciones culturales que merecen reconocimientos. Y es precisamente por eso nuestras decisiones deben ser coherentes, equilibradas y justificadas.
Ahora bien, también es importante decir con absoluta claridad, archivar este proyecto como los que están adjuntos no significa desconocer la importancia del hoja. Archivar este proyecto no significa restar valor a la cultura del hoja, no significa cerrar oportunidades, significa algo mucho más importante, elegir el camino correcto para alcanzar ese reconocimiento. Porque existen alternativas que las podemos encaminar, como el fortalecimiento de políticas públicas culturales, mayor inversión estratégica, promoción turística focalizada, decisiones ejecutivas dentro del marco de sus competencias. Señor Presidente, este informe no es un rechazo, es una decisión técnica, de acuerdo a nuestro marco legal constitucional vigente.
No es una negativa a la cultura, es una afirmación de responsabilidad legislativa. Y hoy tenemos una oportunidad poco frecuente de ejercicio político y legislativo, es demostrar que esta Asamblea no legisla por impulso, ni por presión, ni por apariencia, sino que legisla con criterio. Porque el país necesita algo más que buenas intenciones. El país necesita decisiones fundamentales y con el sustento respectivo. Por ello, y en cumplimiento al deber constitucional de legislar con responsabilidad, coherencia y respeto y con oportunidad al orden jurídico, mociono el archivo del presente proyecto de ley y los que están adjuntos a este informe por las razones mencionadas.
Es así que he presentado la moción respectiva y solicito, señor presidente, que en su momento previa a la votación se dé lectura. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias.
Esta fue la intervención del asambleísta Egner Recalde en la ponencia de este informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria de la ley orgánica de servicio público y al código de trabajo para determinar el 18 de noviembre de cada año como feriado nacional.
La ministra de Ecne Recalda ha sido ingresada por escrito.
Sí, señor presidente, la moción ha sido ingresada por escrito a esta secretaría.
Señoras asambleístas, tiene apoyo a la moción. Señor secretario, dé lectura de la moción presentada y tome votación, por favor.
Procedo a dar lectura de la moción y posteriormente tomar votación de la moción presentada mediante memorando número AN-7-SS-2026-0071-M de 5 de mayo de 2026, asunto moción para el archivo del proyecto de ley orgánica reformatoria, la ley orgánica de servicio público y al código de trabajo para determinar que el 18 de noviembre de cada año sea feriado nacional y demás unificados. De mi consideración, en mi calidad de asambleísta por la provincia de Pichincha, en atención a la convocatoria a la sesión número 91-AN-2025-2029 del pleno de la Asamblea Nacional, prevista para el día martes 5 de mayo de 2026 a las 11 horas, con relación al punto del orden del día que tiene por objeto conocer el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria, la ley orgánica de servicio público y al código de trabajo para determinar que el 18 de noviembre de cada año sea feriado nacional y demás unificados y en cumplimiento del procedimiento previsto en los artículos 60 y 135 de la ley orgánica de la función legislativa, me permito presentar la siguiente moción.
Moción. Archivar el proyecto de ley orgánica reformatoria, la ley orgánica de servicio público y al código del trabajo para determinar que el 18 de noviembre de cada año sea feriado nacional y demás unificados. Con sentimientos de distinguida consideración. Atentamente, doctor Egnery de Recalde Álava, presidente de la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social. Hasta aquí la lectura de la moción, procedo a tomar votación. Señores asambleístas, por favor registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor informar a esta secretaría.
Y precisamente se ha dado lectura a la parte resolutiva de esta moción que fue planteada por el asambleísta Elner Recalde. En estos momentos, los asambleístas proceden con el registro pertinente para la votación de esta moción. Esto, el asambleísta en su justificación señaló que este informe que se desarrolló en la Comisión de Trabajo no se trata de un proceso que fue improvisado, sino que contó con aportes de organismos del Estado, asesores y quienes tienen expertise en normas técnicas de administración de talento humano. Destacó además que el Festival de Artes Vivas de Loja es una ceremonia valiosa, un acto cultural.
Los datos demuestran la presencia de miles de asistentes. Lo que sí está en discusión, dijo, es que si la declaración de un feriado local a nacional puede ser una herramienta adecuada para potenciar la economía del país. En el análisis técnico se identificaron varios elementos, entre ellos, que la normativa vigente ya contempla mecanismos para el reconocimiento de fechas y celebraciones a nivel local. El ordenamiento jurídico sí tiene herramientas para estos fines. Además, que no se evidenció que la declaratoria de un feriado nacional garantice de manera proporcional y beneficios general para todo el país.
Además, que los varios de los proyectos unificados abordan materias que se encuentran en la normativa vigente o pueden ser atendidas de manera administrativa. Destaco además el principio de igualdad. Si llevamos a rango nacional una conmemoración local a nacional, debemos preguntarnos cuál es el criterio objetivo que justifica esta decisión frente a otro tipo de celebraciones que ya existen en el Ecuador. Archivar no significa desconocer la importancia de Loja, tampoco restar validez a la cultura de Loja ni cerrar oportunidades. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias.
Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias.
con 138 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Egner Recalde. Señores asambleístas, por favor consignar su voto.
Saludamos también la presencia de nuestro compañero de la radio de la Asamblea Nacional, Javier Guerrero. ¿Cómo estás, Javier?
Mariela, buenas tardes, un saludo para todas las personas que siguen asamblea en pleno a través de la televisión legislativa y la radio de la Asamblea Nacional. Ya se ha solicitado en este momento consignar su voto a los señores legisladores, 66 votos afirmativos desde el momento, 0 votos en blanco, 0 negativos, 49 votos en abstención. Ya tenemos 75 votos, faltan solamente pocos legisladores por consignar y de lo que podemos ver ya en pantallas son 82 los legisladores que ya han dado su voto afirmativo y con esto se daría paso precisamente a la propuesta del legislador Egner Recalde.
Recordemos que la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social aprobó con seis votos a favor el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la LOSEP y al Código del Trabajo que propone declarar el 18 de noviembre de cada año como feriado nacional unificado y recomienda su archivo. En el proceso de análisis, la Comisión dio tratamiento a 11 proyectos de ley que fueron unificados en esa propuesta, los cuales fueron evaluados de manera integral. Como resultado de la revisión técnica y jurídica, la Comisión concluyó que los 11 proyectos han perdido vigencia y no se ajustan a las condiciones actuales que justificarían su implementación.
Los cambios sustanciales en el contexto operativo, técnico y material han derivado en que estas iniciativas resulten desactualizadas y carezcan de utilidad práctica, lo que imposibilita su ejecución.
Gracias, señor secretario.
Señor operador presente, los resultados. Señor presidente, me permite informar que de un total de 138 asamblistas presentes, contamos con 84 votos afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 54 abstenciones. Por tanto, la moción presentada por el asamblista Igner Recalde ha sido aprobada.
Señor Secretario, certifique si existen puntos adicionales en el orden del día de la presente sesión.
Señor Presidente, cumplo con certificar que se ha agotado el orden del día.
Se clausura la presente sesión.
Se toma nota, señor presidente, se clausura la sesión siendo las 14 horas con 51 minutos. Se solicita muy cordialmente a los señores asambleístas permanecer en sus curules para la instalación de la siguiente sesión.
Se cumplieron los cuatro puntos dentro del orden del día de la sesión 091 y por ende ya a disposición del presidente de la Asamblea Nacional la clausura de la presente sesión. Nada más para recordar lo que se cumplió el primer debate del proyecto de ley orgánica para la agilización judicial para la adopción. Además, en este primer debate del proyecto de ley para el control previo de legalidad de actos y contratos, se aprobó el archivo de esta iniciativa legal y también el archivo de este proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de servicio público y al código de trabajo para determinar que el 18 de noviembre de cada año sea feriado nacional y demás unificados.
Por disposición del presidente de la Asamblea Nacional, en breves minutos más se reinstalará la continuación de la sesión plenaria 024, que tiene un único punto. Conocer y resolver respecto del informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional que fue trabajado al interior de la Comisión de Garantías Constitucionales.
Recordemos la votación, 84 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 en blanco y 54 abstenciones se registró en este cuarto punto del orden del día, precisamente en la propuesta del legislador Echner Recalde, que dijo que durante el análisis técnico se identificó elementos claves como la normativa vigente y que contempla mecanismos para reconocimiento de fechas y celebraciones. No se evidenció que la declaratoria de feriado nacional garantice un beneficio general a la población. También recalcó el asambleísta Recalde e identificó que proyectos unificados son parte de la normativa vigente en este momento.
El presidente del legislativo, Nils Olsen, también ha solicitado a los asambleístas permanecer dentro de la sala y también posteriormente registrarse para lo que será esta nueva sesión del Pleno de la Asamblea Nacional.
Y bien, estamos a la espera nada más de que pueda avanzar el registro de los asambleístas. Con ello se procede ya con la reinstalación de la continuación de la sesión plenaria 024 y se conocerán también los argumentos de este informe que fue trabajado en la Comisión de Garantías Constitucionales. Esto precisamente a una propuesta de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Estamos a la espera nada más de la reinstalación de la sesión y gracias a quienes nos han sintonizado a través de TVL Canal 42, de la radio, de la Asamblea Nacional con sus frecuencias en todo el país y además de las distintas plataformas digitales.
En el informe, en exposición de motivos de este documento de reformas a la Ley de Garantías Jurisdiccionales, se destaca que la Convención Americana de Derechos Humanos ha desarrollado parámetros con respecto a la protección judicial. En la misma línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado la importancia de contar con un adecuado marco jurídico, cuyo aspecto central sea el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos con justicia institucionalizada que vele y promueva el trato equitativo de todos los ciudadanos ante la ley. A partir de la Constitución de 2008, el Ecuador se concibió como un Estado constitucional de derechos y justicia.
Este nuevo modelo direccionó el accionar estatal hacia un enfoque garantista y propicio la incorporación de nuevos mecanismos judiciales. Las garantías constitucionales dentro del sistema legal ecuatoriano juegan un papel importante en la promoción y protección de los derechos. Estas garantías no solo reconocen derechos, sino también mecanismos para garantizar que la justicia se aplique adecuadamente. Esto con el fin, en última instancia, en salvaguardar el pleno disfrute de estos derechos. Estas garantías de protección de derechos fueron creadas para declarar violaciones de derechos fundamentales, determinar actuaciones responsables que conlleven a su vulneración, limitar el poder de coerción del Estado y otorgar reparaciones integrales a las víctimas.
¡Gracias! ¡Gracias!
Verifique el coro para instalar la continuación de la sesión número 24-AN-2025-2029.
Buenas tardes, señor presidente, señoras y señores asambleístas, por favor registrar en sus curules electrónicas de existir alguna novedad, por favor informar a esta secretaría y a cada uno de sus técnicos asignados.
Por disposición del presidente de la Asamblea Nacional a Secretaría General, se procede con la constatación del cuérum reglamentario, el registro de las y los asambleístas para la reinstalación de la continuación de la sesión plenaria 024.
Dando lectura precisamente a esta exposición de motivos de la ley, dice que su diseño respondió a la necesidad imperiosa de adecuar el ordenamiento interno ecuatoriano a las normas y estándares internacionales en materia de derechos humanos, en particular el derecho a la tutela judicial efectiva que supone la existencia de procedimientos sencillos, eficaces y rápidos dentro del ordenamiento interno de cada estado. El 21 de septiembre del 2009 entró en vigencia la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional como resultado de la evolución del marco jurídico ecuatoriano que se ha centrado en la institucionalización de los derechos y garantizar la exibilidad de la justicia para su protección y cumplimiento.
El objetivo principal de esta ley es el ejercicio pleno de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador, así como instituir mecanismos para controlar la constitucionalidad de las normas y actos que puedan afectar dichos derechos. Estos mecanismos son acción de protección, acción de avias corpus, acción de acceso a la información pública, acción de avias data, acción por incumplimiento, acción extraordinaria de protección y acción extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena. Sobre esta base, la Corte Constitucional del Ecuador ha resuelto que dichos mecanismos se conviertan en un pilar fundamental para la defensa de los derechos de las personas.
Además, es beneficioso para la sociedad que se articulen con principios y garantías básicas que permitan una correcta administración de justicia. Sin embargo, durante los últimos años se ha pretendido desnaturalizar el objetivo primordial de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, debido al abuso de las garantías constitucionales que se ha vuelto un diario vivir de la sociedad ecuatoriana. Es prioritario contar con una reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional a fin de fortalecer la justicia constitucional y generar mejores condiciones de ejercicio de los derechos constitucionales en el Estado ecuatoriano.
Por eso se destaca que el objetivo principal de este proyecto de ley es el ejercicio pleno de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador, así como también instituir mecanismos para controlar la constitucionalidad de las normas y actos que puedan afectar dichos derechos. Estos mecanismos son como, por ejemplo, acción de protección, acción de habeas corpus, acción de acceso a la información pública, acción de habeas data, acción por incumplimiento, acción extraordinaria de protección y acción extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena.
Sobre esta base, la Corte Constitucional del Ecuador ha resuelto que dichos mecanismos se convierten en un pilar fundamental para la defensa de los derechos de las personas, además que es beneficioso para la sociedad que se articulen con principios y garantías básicas que permitan una correcta administración de justicia. Sin embargo, durante los últimos años se ha pretendido desnaturalizar el objetivo primordial de esta ley, debido al abuso de las garantías constitucionales que se ha vuelto un diario vivir de la sociedad ecuatoriana. Por ello, es prioritario contar con una reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
Esto reza en exposición de motivos de este informe que fue trabajado al interior de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional. De momento, son 138 legisladores presentes. Se espera el cierre del registro y se procede ya con la continuación de la sesión plenaria 024, que tiene en la agenda un único punto. Se esperan nada más las disposiciones correspondientes desde la Presidencia de la Asamblea Nacional.
Vamos a dar lectura también de cuáles son las propuestas que trae este proyecto de Ley Orgánica Reformatoria, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales.
Gracias, ministro. Señor secretario.
Se espera el cierre del registro. Son 141 legisladores presentes para la continuación de la sesión plenaria 024 que con Javier dábamos lectura a la exposición de motivos y también a los alcances de esta iniciativa legal que fue trabajada en la Comisión de Garantías Constitucionales. El presidente de la Asamblea Nacional ya solicitó a Secretaría General el cierre del registro correspondiente. Se están solucionando algunos temas netamente tecnológicos y con ello se procedería con el cierre. Este procedimiento es necesario para dar inicio a la reinstalación de la continuación 024 que ha sido convocada para este día martes 5 de mayo del 2026.
142 legisladores.
Gracias, señor presidente, que contamos con 143 asambleístas registrados en la sesión. Contamos con el quórum legal.
Con el poro correspondiente.
Con la sesión, doy la bienvenida al asambleísta que ha sido principalizada, Clara Graciela Camino Sánchez, alterna al asambleísta Viviana Veloz. Y conforme a lo que dispone el artículo 112, la ley orgánica de la función legislativa queda legalmente posesionada. Se instala la continuación de la sesión número 24-AN-2025-2029. Señor Secretario, por favor, dé lectura a la convocatoria.
Se instala la continuación de la sesión número 024-AN-2025-2029, siendo las 15 horas con un minuto. Con su autorización, señor presidente, doy lectura a la convocatoria. Por disposición del asambleísta Nils Olsen-Pitt, presidente de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 12, número 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se convoca a los asambleístas a la continuación de la sesión número 024-AN-2025-2029 del Pleno de la Asamblea Nacional, a realizarse el día martes 5 de mayo de 2026, a las 12 horas, en la sede de la Función Legislativa, ubicada en la Avenida 6 de Diciembre y Piedra Ita, en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pechincha, con el objeto de continuar con el tratamiento del orden del día aprobado.
Primero, conocer y resolver respecto del informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Hasta aquí el texto de la convocatoria, señor presidente.
Se ha dado lectura a la...
Inicio con el primer punto del orden del día, señor secretario.
Primero, conocer y resolver respecto del informe para segundo debate el proyecto de ley orgánica reformatoria, la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional.
Se reanuda el debate. Tiene la palabra el asambleísta Héctor Rodríguez.
El presidente de la Asamblea ha dado el uso de la palabra al asambleísta Héctor Rodríguez para continuar con este segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria.
Señoras y señores asambleístas, comparezco ante este pleno en mi calidad de ponente de la Ley de Garantías Jurisdiccionales. Con responsabilidad jurídica e institucional, el estado del proyecto que hoy nos convoca merece retrotraernos al 5 de agosto del 2025, fecha en la cual se dio la primera discusión dentro de esta asamblea para tratar el tema de esta ley, en segundo debate. Siendo objetivos de este proyecto de ley, tuvo un análisis técnico riguroso, tuvo el aporte de distintos actores, permitió identificar con claridad los problemas estructurales del sistema de garantías jurisdiccionales y trajo consigo varias propuestas que estructuralmente nos convocaron a todas las bancadas de aquí presentes.
Si bien es cierto que había algunas divergencias, el proyecto de ley tuvo, digamos, una aceptación generalizada. Sin embargo, corresponde reconocer con rigor jurídico y con sujeción democrática a la vigencia de la norma, que los tiempos previstos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa han sido superados, según el penúltimo inciso del artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establece que la votación del texto final del proyecto de ley no podrá exceder el plazo de 60 días, y han transcurrido más de 200.
permaneciendo en estado de suspensión e inactividad, lo cual configura una causal de archivo de acuerdo a la norma vigente. En sujeción a la norma y en coherencia con el principio de legalidad parlamentaria, corresponde disponer el archivo de este proyecto, para lo cual he enviado una moción hacia la Presidencia y la Secretaría de este órgano legislativo. No como una decisión política arbitraria, sino como una consecuencia jurídica debida al cumplimiento de la ley. El Pleno debe tener absoluta claridad de lo siguiente, el archivo no resuelve el problema de fondo, porque la necesidad de reformar la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional sigue vigente y es urgente.
Ha sido evidenciada en este mismo proyecto legislativo, tanto es así que el día jueves hemos sido convocados para el tratamiento en primer debate de una ley con el mismo objeto, sobre la misma materia. Y frente a esto, el Pleno debe actuar con coherencia jurídica. Si hay un texto que aborda garantías jurisdiccionales, control constitucional y la estructura de los sistemas de protección de derechos, este debe tratarse en la Comisión de Garantías Constitucionales. Se activa el principio fundamental de principio de especialidad, por lo cual es deseable que, concluido el primer debate, esta ley se traslade a la comisión respectiva para que continúe su elaboración y el segundo debate transcurra con normalidad.
Por lo tanto, como ponente, planteo con claridad, de acuerdo a la moción presentada, disponer el archivo del proyecto en aplicación del penúltimo inciso del artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Mi palabra, señor presidente.
Esta fue la intervención del asambleísta Héctor Rodríguez en calidad de ponente.
Cerramos el debate. Señor Secretario, certifique si la moción presentada por el asamblista Héctor Rodríguez ha sido ingresada por escrito.
Estamos verificando que la moción haya sido ingresada por escrito a esta Secretaría, señor Presidente.
El asambleísta Héctor Rodríguez en su ponencia destacó que la Comisión de Garantías Constitucionales hizo un análisis técnico riguroso que trajo consigo varias propuestas que permitió incluso convocar a varios asambleístas de distintas organizaciones políticas. Se plantea el día de hoy al Pleno de la Asamblea Nacional el archivo, esto como una consecuencia jurídica. El archivo no resuelve el tema de fondo de esta com. Cito además que este día jueves del Pleno de la Asamblea Nacional debatirá en primera instancia un proyecto de ley que tiene las mismas características sobre garantías constitucionales y garantías jurisdiccionales y control constitucional.
Por ello, mocionó ante el Pleno de la Asamblea Nacional el archivo correspondiente. En estos momentos se espera nada más la intervención del secretario general con la lectura de la moción planteada y con ello se procede con la votación de esta propuesta planteada por el legislador Héctor Rodríguez.
El legislador Rodríguez, representante de la provincia de Pichincha, dijo que el proyecto de ley tuvo un análisis técnico riguroso y permitió detectar el problema del sistema de garantías jurisdiccionales. Los tiempos previstos de la Ley Orgánica de la Función Legislativa han sido superados, indicando que no pueden los proyectos de ley durar más de 60 días de su tratamiento y han pasado 200 dentro de ese proyecto, lo que conlleva el archivo del mismo. Esta es una consecuencia jurídica debido al cumplimiento de la ley, subrayó el asambleísta Rodríguez.
El archivo no resuelve el asunto de fondo, por eso es que en la comisión se tratará un nuevo proyecto a partir de esta semana, también indicó. Disponer el archivo del proyecto en aplicación del penúltimo inciso del artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa fue la propuesta del asambleísta Héctor Rodríguez durante esta sesión. Recordemos que la sesión tuvo 143 legisladores presentes y en este momento también ya en próximos minutos se constatará el quórum para la votación.
Sí, señor presidente, la moción ha sido ingresada por escrito a esta secretaría.
Señores asambleístas, tiene apoyo a la moción. Señor secretario, dé lectura a la moción presentada y tome votación, por favor.
Procedo a dar lectura y tomar votación de la moción presentada mediante memorando número AN-RSHE-2026-0062-M de 5 de mayo de 2026. Asunto, moción de archivo del informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria, la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional. De mi consideración, en mi calidad de asambleísta y miembro de la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, y en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 61, último inciso de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, respecto de la continuación de la sesión del Pleno número 024-AN-2025-2029, convocada para el día martes 5 de mayo de 2026, a las 12 horas, en atención al punto del orden del día.
Conocer y resolver respecto del informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria, a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, me permito mocionar. Que el Pleno de la Asamblea Nacional disponga el archivo del informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Esto en razón de que el referido proyecto ha superado ampliamente los plazos de tramitación previstos en el penúltimo inciso del artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, permaneciendo en estado de suspensión en actividad por un periodo prolongado, lo cual configura la causal de archivo conforme a la normativa vigente.
Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente, señor Héctor Eduardo Rodríguez Chávez, asambleísta. Hasta aquí la lectura de la moción, procedo a tomar votación. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Gracias.
Se ha dado lectura a la parte resolutiva de esta moción que fue planteada por el asambleísta Héctor Rodríguez en calidad de ponente de este documento que sostiene el legislador para evitar duplicidad normativa y que ya reposa también en la Asamblea Nacional un proyecto de ley en las mismas características. La moción dice lo siguiente. La moción dice lo siguiente. La moción dice lo siguiente. La moción dice lo siguiente. La moción que fue planteada por el legislador y que en estos momentos se procede con el registro correspondiente para someter a votación esta iniciativa.
141 asambleístas presentes, se tiene hasta el momento y ya se espera solamente la disposición del presidente de la Asamblea Nacional para continuar con la votación. Recordemos que estamos en la continuación de la sesión número 24 del Pleno de la Asamblea Nacional. 142 asambleístas ya se han registrado para participar de esta votación. La moción dice que el Pleno de la Asamblea Nacional disponga el archivo del informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional. Es una razón de que el referido proyecto ha superado ampliamente los plazos de tramitación previstos en el penúltimo inciso del artículo 61 de la ley orgánica de la función legislativa, permaneciendo en estado de suspensión e inactividad por un periodo prolongado, lo cual configura la causal de archivo conforme a la norma vigente.
Esta es la moción presentada por el asambleísta Héctor Eduardo Rodríguez Chávez, legislador representante de la provincia de Pichincha. 143 asambleístas presentes ya estamos a pocos minutos también de conocer la votación sobre esta propuesta. Es el asambleísta Héctor Rodríguez.
Este es el único punto dentro del orden del día de esta continuación de la sesión plenaria 024.
Registro, señor Secretario.
Con el cierre del registro se procede con la votación.
Permite informar, señor presidente, que contamos con 143 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Héctor Rodríguez. Señores asambleístas, por favor consignar su voto.
Brevemente se procede con la votación de esta moción planteada por el asambleísta Héctor Rodríguez, recordarles que este es el último punto dentro del orden del día, ya el último de esta jornada plenaria de martes 5 de mayo del 2026. Avanza la votación, de momento son 103, 106 votos afirmativos, cero votos en contra un blanco y cero abstenciones. Avanza la votación, están pendientes algunos votos por consignarse, posterior a ello se proclaman los resultados y con ello...
Proclame resultados, señor secretario.
Señor operador presente, los resultados. Señor presidente, me permito informar que de un total de 143 asambleístas presentes contamos con 140 votos afirmativos, 0 negativos, 1 blanco, 2 abstenciones. Por tanto, la moción presentada por el asambleísta Héctor Rodríguez ha sido aprobada.
Señor Secretario, certifique si existen puntos adicionales en el orden del día de la presente sesión.
Señor Presidente, cumplo con certificar que se ha agotado el orden del día.
Antes de clausurar la presente sesión, quiero agradecer a las reinas de los diferentes barrios de Quito por habernos acompañado en esta sesión. Muchas gracias. Se clausura la presente sesión.
Se cumplió este último punto de la continuación de las 024 y se procede con acción.
A las 15 horas con 15 minutos.
Se clasura la presente sesión y con ello junto a Javier y a Maritza también que nos acompañó en esta jornada plenaria, agradecerles a ustedes por habernos acompañado en la transmisión de los medios legislativos de Asamblea en Pleno. Gracias Javier.
Gracias Mariela, un saludo para todas las personas que nos han seguido a través de la televisión legislativa y la radio de la Asamblea Nacional. Que tengan una excelente tarde.
TVL y la Radio de la Asamblea Nacional presentaron Asamblea en Pleno.