🕒 0:06 Luigi Edu Garcia Velasquez (100%)

Gracias señora Presidente, colegas legisladores ecuatorianas y ecuatorianos. Hoy en esta asamblea tratamos un proyecto de ley que nos obliga a mirar de frente una de las heridas más dolorosas que tenemos como sociedad y es ver cómo nuestros niños, nuestras niñas y adolescentes son captadas por las manos del crimen organizado. Y es que no estamos hablando de amenazas en una manera abstracta estamos hablando de que niños y niñas que deberían de estar en una cancha pateando un balón, de que niños y niñas que deberían de estar en un colegio aprendiendo en muchos lugares del país hoy los rodea el miedo, los rodea la violencia y se ven de una u otra forma obligadas o seducidos a pertenecer a la delincuencia. Este proyecto de ley contempla un enfoque integral para atacar a la problemática. Se contemplan elementos propios de la problemática. Misma problemática que recordemos gracias a un decreto del señor Presidente Daniel Novoazín es prioridad nacional y en respuesta a esta prioridad nacional debemos partir de la premisa fundamental de que esta ley debe prevenir, debe atender, debe investigar, debe sancionar y debe garantizar la reintegración de los menores afectados en el marco de estas conductas. Y antes de eso, para un correcto enfoque debemos partir de una correcta diferenciación en los conceptos porque más allá de la semántica, la correcta diferenciación, la correcta definición de conceptos va a garantizar un correcto enfoque diferenciado en las diferentes intervenciones. Me permito realizar una observación en torno al concepto del uso. El uso debe estar correctamente conceptualizado y definido. El uso debe estar definido como la asignación concreta de tareas, funciones, actividades con el propósito de beneficiar de una u otra forma a estas organizaciones electivas. Y dentro de estas actividades que se mencionan en el uso, se debe incluir la vigilancia, la mensajería, el transporte, el almacenamiento, el cobro y la distribución. Nosotros, como legisladores, al individualizar en la ley estas tareas, buscamos que el uso se configure como una forma de explotación que instrumentaliza a nuestros menores en el intento de que formen parte de estas estructuras criminales. Es necesario que esta ley contemple y conceptualice las tres modalidades rectoras, reclutamiento, utilización y uso. Pero, ojo, que no se entienda, que no sean comprendidas como decisiones plenamente libres voluntarias o autónomas de nuestros niños. Por el contrario, debemos de tener claro, y tiene que quedar claro, que responden a contextos de violencia y vulnerabilidad que provocan que la respuesta estatal deba ser integral, que la respuesta estatal deba ser profunda. Y para que sea integral y profunda, debemos contemplar diversos escenarios de los menores de nuestra patria. Vamos a hablar de diferentes escenarios y de diferentes realidades. Este proyecto de ley debe de fortalecer el eje de protección a aquellos niñas, aquellos niños y aquellos adolescentes que ya han sobrepasado una situación de vulneración o amenaza previa. Y me refiero específicamente a los niños, niñas y adolescentes que ya se encuentran bajo intervención estatal o institucional. Es decir, a aquellos niños, niñas y adolescentes que viven en casas de acogida. Las observaciones que hoy este legislador ha planteado en el proyecto de ley exigen mayor densidad normativa para estos niños en diferentes situaciones de vulnerabilidad. Que para llegar a donde están hoy, ya han tenido que atravesar violencia intrafamiliar, a abusos, abandono, explotación y un sinnúmero de factores. Que lo único que han hecho es aumentar su exposición a mecanismos de captación criminal. Otorgar este refuerzo normativo a esta brecha identificada responde a los principios rectores más básicos en la protección de niños, niñas y adolescentes. Principios como el interés superior del menor y la prioridad absoluta. Principios que exigen que esta ley no escatime en diferenciar las diferentes realidades de los menores de nuestra patria. Exigiendo que en frente a un riesgo diferenciado, la respuesta estatal debe ser diferenciada, debe ser oportuna, debe ser especializada y sobre todo debe ser suficiente. Debemos entender compañeros legisladores que la situación de cada niño, niña y adolescente es diferente. Que la pluralidad de escenarios exige un plan individualizado y un plan verificable. Pues tratar de manera general los diferentes escenarios de nuestros niñas en el país, puede provocar que el día de mañana estemos frente a una desigualdad material en la ley. Y me refiero específicamente a que esta ley debe reconocer las diferentes circunstancias específicas de los riesgos que puede asumir cada menor. Debemos garantizar que la prevención no solo dependa de aquellas familias donde contemplamos un padre, una madre o ambos. Tenemos que también contemplar el escenario en aquellos niños que no tienen una familia, en aquellos niños que están en obligaciones, que están en el escenario de obligación y cuidado del Estado. De tal forma, señora Presidenta, considero necesario que la ley incorpore una mención específica a los niños, niñas y adolescentes privados de medio familiar o bajo cuidado alternativo. En el artículo 57, se contempla la protección especial frente a la violencia. Sin embargo, no diferenciamos las medidas para aquellos menores sin una familia protectora. Es necesario que se incluyan medidas de prevención, medidas de seguridad, medidas de atención psicosocial y medidas de reparación, pero con especial énfasis a aquellos niños que no tienen un padre y una madre que cumplan esta función de cuidado y prevención. En el artículo 66.1, se dirige el cuidado y prevención desde los padres y madres de los menores y no estamos desarrollando obligaciones, no estamos desarrollando protocolos y sistemas de alerta temprano para el Estado y las instituciones a cargo de estos niños. En síntesis, esta ley debe reconocer un enfoque dual. Por un lado, la prevención familiar, la prevención comunitaria y por otro lado, no nos podemos olvidar de nuestros niños, niñas y adolescentes bajo cuidados alternativos por parte del Estado o de diferentes instituciones. Desde esta curul, aplaudo la iniciativa de fortalecer, de prevenir y de dejar un mensaje claro y contundente. No vamos a permitir que se metan con los niños ecuatorianos y ecuatorianas. Está en manos de esta Asamblea, está en manos de todos los asambleístas de este Pleno, independientemente de la fuerza política o de la bancada que representen, de aportar a este proyecto de ley, de fortalecer este proyecto de ley para que nunca más los niños y niñas de la patria sean vistos como piezas descartables del crimen organizado. Devuelvo la palabra. Gracias, Presidente.