🕒 0:25 Mario Amado Zambrano Vera (100%)

Muy buenas tardes, señorita Presidenta Encargada Sade Fritsche, todas las autoridades de esta distinguida Asamblea.

🕒 0:33 Mario Amado Zambrano Vera (75%)

¿Listos?

🕒 0:35 Mario Amado Zambrano Vera (100%)

Señoras y señores asambleístas, distinguidos medios de comunicación, ecuatorianas y ecuatorianos. A través de su autoridad solicito que mediadamente, señorita presidenta encargada, la autorización para proyectar una…

🕒 0:50 Mario Amado Zambrano Vera (75%)

presentación.

🕒 0:52 Mario Amado Zambrano Vera (100%)

La misma que acompañará mi presentación. Gracias. Sobre la ejecución presupuestaria y optimización del recurso público, empezaré esta exposición por la parte administrativa sobre la ejecución...

🕒 1:18 Mario Amado Zambrano Vera (75%)

presupuestaria.

🕒 1:20 Mario Amado Zambrano Vera (100%)

Pues bien, señoras y señores asambleístas, durante el ejercicio fiscal 2025, el Consejo de la Judicatura alcanzó una ejecución presupuestaria del 99.30%, lo que evidencia una gestión financiera eficiente, responsable y alineada con principios de legalidad, transparencia y uso adecuado de los recursos públicos. De un presupuesto codificado de aproximadamente 352 millones de dólares, de los cuales se devengaron 350 millones de dólares, garantizando la continuidad operativa de la función judicial y la provisión de los servicios judiciales a nivel nacional. Este nivel de ejecución refleja una planificación financiera ordenada y una priorización del gasto orientada, asegurar el funcionamiento institucional, el cual da cumplimiento a las competencias del Consejo de la Judicatura y a la consolidación de los procesos administrativos y jurisdiccionales. Sobre la gestión de procesos del Pleno, continuamos ahora con este ámbito en donde el Consejo de la Judicatura aseguró una gestión oportuna y técnica en los procesos de Pleno, garantizando la debida notificación, registro y formalización de sus decisiones. En este marco se emitieron 103 disposiciones, se aprobaron y suscribieron 100 actas y se desarrollaron 113 sesiones de Pleno, 82 ordinarias y 31 extraordinarias, las cuales se extendieron por 173 horas con 6 minutos a lo largo de 112 días sesionados. Asimismo, se aprobaron 770 resoluciones principalmente vinculadas a expedientes disciplinarios, medidas preventivas e informes motivados y se emitieron 22 resoluciones que están publicadas en el registro oficial, evidenciando una gestión ordenada, transparente y alineada a los principios de legalidad y seguridad jurídica. Sobre la independencia judicial y control disciplinario. En cuanto a la independencia judicial y control disciplinario, durante el 2025 nos comprometimos de manera extendida para defender la independencia interna y externa, mediante una gestión disciplinaria activa, técnicamente desarrollada en el marco de la transparencia. En este sentido, se sustanciaron y se resolvieron 991 expedientes disciplinarios, de los cuales 446 culminaron con sanción, 177 sin sanción y 186 fueron inadmitidos. Además, de excusas, revocatorias y nulidades procesales, consolidando un control efectivo en el régimen disciplinario. Como resultado de estos procesos, el Pleno dispuso la destitución de 102 servidores judiciales a nivel nacional por infracciones graves vinculadas, entre otras, abandono de trabajo, error inexcusable, negligencia manifiesta, acoso sexual, solicitudes indebidas en beneficios económicos y vulneración de la independencia judicial. Adicionalmente, se impusieron 384 sanciones disciplinarias, incluyendo suspensiones, sanciones pecuniarias, amonestaciones descritas y la eliminación temporal de registro de peritos, lo que evidencia una política institucional firme y ordenada. Sobre las medidas preventivas de suspensión y negativas de las medidas preventivas que emite el Consejo de la Judicatura, durante el 2025, en aplicación del artículo 269, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial y conforme al criterio vinculante de la Corte Constitucional, el Pleno del Consejo de la Judicatura ejerció de manera excepcional y motivada la facultad de disponer medidas preventivas de suspensión como un mecanismo de protección institucional. En este periodo se elaboraron 28 proyectos de medidas preventivas de suspensión y 10 proyectos negativas de medidas preventivas, dirigidas a servidoras y servidores judiciales de distintos niveles y funciones a escala nacional. Sobre la implementación del Sistema de la Gestión Antisoborno, que es la norma ISO 37.001-2016, la lucha contra la corrupción constituye un eje estructural del proceso de modernización del sistema judicial. Prácticas como el tráfico de influencias, sobornos, dádivas, que ha afectado históricamente la credibilidad institucional y la integridad de los procesos judiciales. Y frente a esta realidad, en la administración del año 2024 y la 2025 en la que encabezo, por primera vez se realizan las acciones tendientes a instaurar la norma ISO 37.001-2016, priorizando procesos de alta incidencia institucional. Por ejemplo, el sorteo de causas en la unidad judicial penal en Quitumbe y el proceso disciplinario en la Dirección Provincial de Pichincha y la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Como resultado de este proceso, en mayo del 2025, el Consejo de la Judicatura recibió la conformidad de la auditoría, sin observaciones, y tampoco existieron inconformidades, lo que permitió el distintivo de la ISO 37.001, lo cual le acredita al Consejo de la Judicatura el cumplimiento de los requisitos para la implementación del sistema de gestión antisoborno. Asimismo, se fortalecieron las capacidades institucionales mediante la capacitación de servidores judiciales como implementadores y auditores internos. La formación de personal de la Dirección Provincial de Pichincha y de la Unidad Judicial de Quitumbe, y la aprobación formal de la política antisoborno del Consejo de la Judicatura. Al cierre del 2025, el proyecto de sistema de gestión antisoborno registra un avance global del 58.1% con las fases de diagnóstico, planificación, definición de la política, identificación de riesgos y elaboración de manuales. Sobre el fortalecimiento de la estadística judicial y calidad de la información, para continuar con esta exposición, acompáñenos a ver el siguiente video sobre el fortalecimiento de estadística judicial.

🕒 8:09 Mario Amado Zambrano Vera (75%)

En 2025 logramos importantes avances en la calidad y confiabilidad de la información estadística judicial. El Consejo de la Judicatura alcanzó un logro institucional relevante al obtener la Certificación de la Calidad Estadística 2025, otorgada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INIC. Esta certificación respalda la operación estadística de producción judicial basada en datos de causas ingresadas, resueltas y en trámite. Este aval confirma que la información que genera la institución es confiable y oportuna para la toma de decisiones y la construcción de políticas públicas en el sistema de justicia. Paralelamente modernizamos el portal de estadística judicial automatizando sus procesos y garantizando actualizaciones mensuales sin intervención manual. Actualmente el portal cuenta con 13 visualizadores activos y registra un crecimiento sostenido en el uso ciudadano, reflejo de valor de la información así como su utilidad y pertinencia.

🕒 9:12 Mario Amado Zambrano Vera (100%)

Gracias. Sobre la creación de la unidad complementaria antilavado del Consejo de la Judicatura, es necesario indicar que de acuerdo al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y Financiación de Otros Delitos, el Consejo de la Judicatura avanzó durante el 2025 en la consolidación de la unidad complementaria antilavado prevista en el artículo 76 de la norma con el objetivo de fortalecer la capacidad institucional para la prevención, detección y combate del lavado de activos y delitos conexos. Para este fin, se desarrollan acciones orientadas de cooperación e intercambio de información con la unidad de análisis financiero, así como gestiones de apoyo de cooperación internacional, como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Embajada del Reino Unido y el Programa Ítalo-Ecuatoriano para el Fortalecimiento del Sistema de Seguridad y Justicia del Ecuador-Italyus. De manera complementaria, se realizaron mesas de trabajo interinstitucionales. Se coordinó la implementación legal administrativa de conformidad a la ley antilavado. Sobre la atención y gestión de denuncias de presuntos actos de corrupción en órganos autónomos de auxiliares de la función judicial, se gestionó de manera oportuna y técnica las denuncias a través de la unidad de transparencia. En este periodo, se atendieron 333 denuncias que contaron con los respectivos informes de admisión, inadmisión y traslado, incluyendo aquellas ingresadas en el año 2024 y tramitadas durante el ejercicio 2025. Adicionalmente, 8 denuncias se encuentran en fase de investigación. De las 309 denuncias ingresadas, específicamente en el 2025, 289 fueron atendidas, alcanzando un nivel de atención de aproximadamente 94%, lo que evidencia una gestión oportuna y alineada a los principios de transparencia y celeridad. Respecto de la gestión e investigación de actos de corrupción en la función judicial, es importante indicar que en el año 2025 fue la gestión de investigación sobre presuntos actos de corrupción en órganos jurisdiccionales y sobre este tema, señoras y señores asambleístas, podemos resaltar que se atendieron 584 denuncias por presuntos actos de corrupción, incluyendo aquellas ingresadas en el 2024 y gestionadas en el periodo analizado. Todas ellas contaron con sus respectivos informes de admisión, inadmisión y traslado conforme a los procedimientos vigentes. Adicionalmente, 21 denuncias se encuentran en fase de investigación, lo que evidencia la continuidad de las acciones de control y seguimiento institucional. De manera específica, en relación a las denuncias ingresadas durante el año 2025, se registraron 576 denuncias, de las cuales 486 fueron atendidas, alcanzando un nivel de atención de 84%. Este resultado refleja una gestión alineada a los principios de transparencia y celeridad. De igual manera, durante el año 2025, el Consejo de la Judicatura investigó 17 casos de presunta corrupción y de conmoción social, en los cuales se encontraban involucrados servidores de la función judicial. Estas investigaciones concluyeron con la elaboración y remisión de los correspondientes informes técnicos y traslado ante las autoridades competentes, las cuales se puso el conocimiento de los hallazgos identificados y se emitieron las recomendaciones correspondientes. Sobre la investigación de los actos de corrupción, específicamente en la función judicial, además, se tiene que indicar que al 31 de diciembre del 2025, se atendieron 250 denuncias con la emisión de los respectivos informes de admisión y traslado, incluyen aquellas ingresadas en el 2024. Respecto de la activación de la operatividad del subcomité de seguridad para combate a la corrupción y crimen organizado, es importante señalar que desde julio de 2025, el Consejo de la Judicatura lidera la activación y funcionamiento del subcomité de seguridad en el marco del convenio de cooperación interinstitucional suscrito con el Ministerio del Interior como un mecanismo estratégico de articulación interinstitucional para enfrentar fenómenos como el crimen organizado vinculado a actuaciones irregulares de servidores públicos. Este subcomité, integrado por el Consejo de la Judicatura, el Ministerio del Interior, la Fiscalía General del Estado, ha permitido coordinar acciones conjuntas para el análisis de los casos de relevancia social y alta connotación mediática. El acompañamiento y seguimiento en los procesos judiciales y disciplinarios, la adopción de medidas inmediatas frente a alertas de posible corrupción y la presentación de las denuncias ante la Fiscalía General del Estado, consolidando la transparencia institucional, la integridad del sistema judicial. Sobre la gestión de patrocinio en procesos judiciales de relevancia institucional, como otro de los ejes en los que se trabaja en la institución, se encuentra la gestión de patrocinio institucional en materia de garantías constitucionales, penal, contencioso, administrativo, y sobre todo en la estrategia de defensa jurídica y lucha contra la corrupción. En este marco se presentaron 47 denuncias contra servidores judiciales y ex-servidores judiciales, además de que se compareció en calidad de víctima. Se impulsaron 252 investigaciones previas, de las cuales 19 fueron judicializadas, pasando a la etapa de formulación de cargos. Asimismo, el Consejo de la Judicatura presentó 10 acusaciones particulares en juicios penales de trascendencia nacional, entre los que se incluyen los casos plaga, purga, pantalla, obstrucción a la justicia y vidrio libre, evidenciando una actuación activa y firme en la defensa institucional. En el caso plaga, se obtuvieron 15 sentencias condenatorias por el delito de delincuencia organizada, que derivaron en la imposición de 95 mil 680 dólares en multas y 694 mil por concepto de reparación integral, alcanzando un monto económico de aproximadamente 790 mil dólares. Por su parte, en el caso Pantalla, se dictaron tres sentencias condenatorias por el delito de asociación ilícita por un monto determinado de 121 mil dólares. En multas y reparaciones, ascienden a 35 mil 877 dólares, las cuales fueron canceladas a favor del Consejo de la Judicatura. Respecto de la atención de alertas tempranas en casos de relevancia mediática y de conmoción social, en la misma línea, el Consejo de la Judicatura, con el firme objetivo de atender una contundente respuesta institucional frente al crimen organizado y prevenir actos de corrupción, en julio de 2025, el Consejo de la Judicatura activó un plan de alertas tempranas en el marco de la Mesa de Seguridad y de otros instrumentos de cooperación interinstitucional vigentes. Esta unidad recibió, atendió y dio seguimiento a 826 alertas relacionadas en casos de relevancia mediática conmoción social orientadas a identificar posibles irregularidades en la actuación de servidores judiciales y activar según corresponda el protocolo pertinente. Sobre la capacitación y sensibilización en transparencia y lucha contra la corrupción, para conocer sobre este trabajo que lleva adelante el Consejo de la Judicatura, en capacitación y sensibilización en transparencia, solicito conmediatamente la proyección del video. Gracias.

🕒 17:50 Mario Amado Zambrano Vera (75%)

Como parte del proceso de capacitación y sensibilización en transparencia y lucha contra la corrupción, durante el 2025, 2.704 servidores judiciales del Consejo de la Judicatura aprobaron el curso de Código de Ética y suscribieron el compromiso ético institucional. De manera complementaria, en coordinación con la Secretaría General de Integridad Pública, más de 10.000 servidores judiciales participaron en el curso nacional de Ética, Integridad y Transparencia, alcanzando un 97% de aprobación. Estos resultados reflejan una gestión comprometida con la integridad pública, la prevención de la corrupción y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en la justicia.

🕒 18:41 Mario Amado Zambrano Vera (100%)

Gracias. Respecto del monitoreo de procesos de contratación pública, el Consejo de la Judicatura durante el año 2025 fortaleció los mecanismos de prevención, control y transparencia en la gestión administrativa mediante el monitoreo de 24 procesos de contratación pública en sus fases precontractual y contractual, tanto a nivel central como desconcentrado, por un monto de 4 millones 300 mil dólares. Estas acciones permitieron identificar oportunidades de mejora, prevenir irregularidades y verificar el cumplimiento del marco normativo vigente. Sobre los registros de centros y oficinas de mediación, seguimos con el trabajo que hemos realizado a nivel nacional sobre los centros y oficinas de mediación.

🕒 19:33 Mario Amado Zambrano Vera (75%)

Gracias.

🕒 19:33 Mario Amado Zambrano Vera (100%)

Instraron 27 centros de mediación a nivel nacional, con mayor concentración en las provincias de Pichincha, Guayas, Chimborazo, Tunguragua y Santo Domingo de los Ángeles. Este crecimiento evidencia el fortalecimiento progresivo de la red de mediación y la aplicación territorial del servicio, garantizando cobertura y acceso ciudadano a mecanismos alternativos a la solución de conflictos. En el mismo periodo se registraron 24 oficinas de mediación distribuidas principalmente en Pichincha, Guayas, Azuay, Manaví y Chimborazo. Sobre el registro y fortalecimiento del cuerpo de mediadores, este trabajo no tendría sentido si al mismo tiempo no se fortalece el cuerpo de mediadores. Por lo que entre enero y diciembre del 2025 se registraron 865 mediadores a nivel nacional. Una mayor concentración de aquellos se encuentra en Pichincha, Santo Domingo de los Ángeles, seguidas por Guayas e Inbabura. Asimismo, el registro mensual de mediadores muestra una incorporación sostenida durante el año, destacándose los meses de marzo, junio y enero, lo que refleja un proceso continuo y habilitación y formalización de mediadores en cumplimiento a los estándares normativos. Sobre los centros de mediación con aval académico, en cuanto a estos centros de mediación, durante el año 2025, se registraron cuatro centros de mediación con aval académico, ubicados en Pichincha y Chimborazo. Esto lo que convierte es el fortalecimiento de la calidad técnica sobre la mediación, al incorporar procesos formativos avalados académicamente y promover estándares en los más altos índices de capacitación y profesionalización de los mediadores. En cuanto al registro de arbitraje, lo que significan los árbitros y secretarios arbitrales, en el periodo de enero a diciembre de 2025, se registraron 54 árbitros y 22 secretarios arbitrales a nivel nacional. Estos registros fortalecen el sistema de resolución alternativa de conflictos, ampliando la capacidad institucional en materia de arbitraje y asegurando la disponibilidad de operadores debidamente habilitados para la atención de controversias especializadas. En cuanto a los registros de juezas y jueces de paz, durante el 2025 se registraron 41 juezas y jueces de paz distribuidos en Pichincha, Pastaza y Azuay, con incorporaciones sostenidas a lo largo del año, destacándose los meses de julio, septiembre y octubre. Este indicador evidencia el fortalecimiento del Sistema Nacional de Justicia de Paz, consolidando su presencia territorial. Sobre el direccionamiento estratégico y resultados del sistema de mediación de la función judicial, para complementar esta información de los resultados, respecto del direccionamiento estratégico y resultados del sistema de mediación de la función judicial, por favor solicito la proyección del video.

🕒 23:10 Mario Amado Zambrano Vera (75%)

En 2025, el Consejo de la Judicatura consolidó a la mediación como un mecanismo alternativo para la solución de conflictos. A través del Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial se instalaron 42.092 audiencias. En ellas se alcanzaron 40.439 acuerdos en materia no penal, logrando una efectividad del 96.04%. Es decir, 15 de cada 100 conflictos de este tipo se resolvieron gracias a la mediación. Los beneficios de este mecanismo alcanzan incluso el ámbito económico. En el último año se generó un ahorro para el Estado de más de 17 millones de dólares. Así, el Consejo de la Judicatura impulsa la mediación como una vía efectiva para resolver conflictos, optimizar recursos y acercar la justicia a la ciudadanía.

🕒 24:04 Mario Amado Zambrano Vera (100%)

Gracias. Sobre la formación y fortalecimiento de mecanismos alternativos de solución de conflictos, vamos a continuar como parte de este proceso de 2025, explicando que el Consejo de la Judicatura priorizó la formación y capacitación continua de los operadores, reconociendo que la calidad del servicio depende en gran medida del fortalecimiento de las capacidades técnicas. En ese marco, a lo largo del año 2025, se ejecutaron 11 capacitaciones especializadas en métodos alternativos de solución de conflictos dirigidas a operadores de 228 centros de mediación a nivel nacional y estas acciones permitieron capacitar a un total de 1.463 mediadores, de los cuales 479 participaron de manera presencial y 984 en modalidad virtual. De manera complementaria, durante el mismo periodo se registraron 20 centros de mediación a nivel nacional, lo que evidencia el fortalecimiento progresivo de la red institucional de mediación y la consolidación de mecanismos alternativos como herramientas efectivas para la resolución pacífica de conflictos. Sobre el fortalecimiento del Sistema Nacional de Justicia de Paz, durante el 2025 el Sistema Nacional de Justicia de Paz se fortaleció con un mecanismo clave para el acceso a la justicia y la resolución pacífica de conflictos. En este marco se realizaron 26 nuevas elecciones de juezas y jueces de paz a nivel nacional. Además se priorizó la capacitación continua y virtual de las juezas y jueces de paz, lo cual arroja los siguientes resultados, 1.317 juezas y jueces de paz capacitados hasta el 2025. Asimismo se atendieron 1.658 causas en las 430 oficinas de justicia de paz a nivel nacional. Finalmente se promovió el Sistema Nacional de Justicia de Paz mediante actividades que se socializaron con 19 instituciones educativas y la participación de 1.946 asistentes. Sobre la suscripción de convenios, otro de los ejes que permite el funcionamiento de las instituciones, el trabajo conjunto y el trabajo articulado, se suscribieron siete convenios administrados por la Dirección Nacional de la Escuela de la Función Judicial orientados al fortalecimiento de los procesos de formación, capacitación y especialización de los servidores judiciales. De estos instrumentos, seis se encuentran vigentes con plazos de duración que oscilan entre dos y seis años. Los convenios suscritos en el año 2025 incluyen acuerdos con instituciones académicas y organismos especializados, como el Instituto de Altos Estudios Nacionales de AEN, la Universidad de San Isidro, la Universidad San Francisco de Quito, la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, el Ministerio de Gobierno y la Universidad Católica de Cuenca, consolidando una red de cooperación que fortalece las capacidades institucionales en la función judicial. Sobre la modernización tecnológica e interoperabilidad del sistema del trámite judicial ecuatoriano. Se implementaron proyectos tecnológicos estratégicos orientados a modernizar la gestión judicial, garantizar el acceso a los servicios y proteger la información. Entre los principales avances se destaca la implementación del nuevo sistema de procesamiento y búsqueda de sentencias en la Corte Nacional de Justicia que optimiza la consulta jurisprudencial. Adicionalmente, se inició un proceso histórico de interoperabilidad interinstitucional que incluye la automatización y el envío de boletas judiciales a la Policía Nacional y al Servicio Nacional de Atención Integral de Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores. Esta se encuentra en la fase de implementación que arrancó en el 15 de diciembre, con un avance del 90%, fortaleciendo la cooperación interinstitucional. Sobre los proyectos tecnológicos con apoyo de la cooperación internacional, desarrollamos proyectos tecnológicos estratégicos con apoyo de la cooperación internacional orientados a fortalecer la interoperabilidad y la protección de derechos. Entre ellos se destaca la creación del Registro Único de Personas Privadas de Libertad, en coordinación con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores. Esto con la asistencia técnica de la Unión Europea y el Registro Único de Niñas y Niñas y Adolescentes con medidas de protección, implementado con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Todo esto también con el apoyo del Gobierno de Canadá. En cuanto a la gestión de innovación y desarrollo, especialización de la justicia constitucional, se aprobó la creación de dependencias judiciales especializadas en materia constitucional, mediante la resolución 083-2025 del 29 de octubre de 2025. Esta decisión establece la creación de 167 dependencias de primera instancia y 23 dependencias en segunda instancia, garantizando una cobertura de los servicios de la justicia constitucional en los 223 cantones y fortaleciendo el acceso efectivo oportuno y especializado a la tutela de los derechos constitucionales, tal como lo consagró y dispuso las sentencias de la Corte Constitucional. En primer nivel, se definieron 20 dependencias como implementación directa, que entrarán en funcionamiento en el 2026, con la actuación de 37 jueces constitucionales y 147 dependencias que estarán por encargo. En cuanto a la segunda instancia, se dispuso la creación de 23 dependencias constitucionales que funcionarían como salas de cortes provinciales con la participación de 75 jueces. Sobre la gestión del sistema pericial, durante el año 2025, el Consejo de la Judicatura consolidó avances sustantivos en la gestión del sistema pericial, destacándose la implementación de instrumentos técnicos, tecnológicos y normativos orientados a mejorar la transparencia. Entre los principales indicadores sobresalen la publicación del Banco de Preguntas Frecuentes FAQ del servicio pericial, con 39 consultas estructuradas por rol y cerca de 5 mil consultas atendidas, esto en cumplimiento oportuno de las disposiciones transitorias de la resolución 216-2024. Adicionalmente, se elaboró un concurso básico de peritos, donde se reguló el acceso a la información del sistema conforme la normativa de protección de datos y fortaleció la cobertura territorial mediante la calificación de 400 peritos y la implementación de especialidades periciales a nivel 1, en donde en siete provincias, consolidando un sistema pericial moderno y alineado a los estándares de la calidad institucional. Sobre la gestión del sistema notarial, entre los principales hitos se destaca la derogatoria del reglamento para la autorización de salida del país de niños, niñas y adolescentes, tras un análisis técnico que evidenció su inviabilidad operativa, la incorporación y exoneración de los tributos en actos notariales de transferencia de dominio entre entidades públicas, optimizando el uso de recursos estatales, la supervisión sistemática de escrituras públicas y comprobantes de venta. En síntesis, este informe de labores del 2025 demuestra una gestión institucional sólida, coherente y sustentada en los resultados verificables, lo que priorizó la consolidación de la función judicial, el fortalecimiento de la independencia judicial y la modernización del sistema de justicia. Las cifras expuestas reflejan una administración responsable de los recursos públicos en una actuación disciplinaria firme, avances estructurales de mediación, justicia de paz, especialización constitucional, innovación, cooperación internacional, así como la interinstitucional y de igual manera el compromiso sostenido con la transparencia y la rendición de cuentas.

🕒 33:24 Mario Amado Zambrano Vera (75%)

Muchas gracias.