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Janeth Paola Cabezas Castillo (75%)
Saludos, colegas legisladores. Quisiera que me tomaran un poquito de atención porque creo que sí es importantísimo este proyecto de ley. Antes de entrar al punto central de este debate, quisiera recordar que ayer se conmemoró un año de la desaparición forzada de Josué, Ismael, Neemías y Steven. Los cuatro niños de las Malvinas. Tuvimos la oportunidad ayer de acompañarles a sus familiares. Y señor presidente, creo que esta es una fecha que ya ha quedado en el corazón de todos los ecuatorianos. Esto ya nos superó como país porque ya no solamente lo hablamos en el Ecuador, ya hay instancias internacionales que hablan de este execrable hecho. Y señor presidente, yo le hice llegar un documento ayer justamente porque en enero esta Asamblea Nacional aprobó una resolución. Y en dicha resolución justamente buscábamos que las barras altas de este hemiciclo tuvieran el nombre de los cuatro chicos de las Malvinas. Resolución que se votó en este Pleno de la Asamblea Nacional con 92 votos. Dirá usted por qué no lo hicieron en el periodo anterior. No son excusas. Usted sabe que hubo una vacancia, tuvimos que salir porque la mayoría de nosotros nos presentábamos a la reelección y no pudimos cumplir con esa resolución. Señor presidente, esto ya no es un tema que ni siquiera tiene que ver con banderas políticas. La Asamblea tiene que medianamente tratar de cumplir al menos sus propias resoluciones. Y por la dignidad y por la justicia y por la no repetición de casos tan bochornosos como el de los cuatro niños de las Malvinas, aspiraríamos, señor presidente, que usted considere, cuando así sea oportuno, que se haga un acto para que las barras altas de este hemiciclo tengan el nombre de los cuatro chicos de las Malvinas. Ahora bien, señor presidente, vamos al debate que nos trae. Hoy no estamos resolviendo una cuestión meramente administrativa. Hoy estamos votando algo o tenemos una ley que hace diferencia técnica con algunos artículos. Lo que debatimos hoy es un tema profundamente moral y constitucional. Si esta Asamblea asume su obligación de proteger la dignidad humana o si decide cerrar los ojos frente a la esclavitud moderna en el Ecuador. Eso es lo que discutimos hoy. Y lo digo con claridad, este proyecto no es un capricho, no es un gesto político y no es un cálculo partidista. Colegas, a mí me encantaría, y lo hemos hablado en ocasiones, presidente, que cuando hablemos de leyes que beneficien a la gente, procuremos puntos mínimos, mínimos. Seguramente la Comisión tomó una decisión de archivo por quien proponía la ley, pero todos ustedes saben que esta ley fue propuesta por las víctimas, por defensores de derechos humanos. Porque una ley, cuando llega por iniciativa ciudadana, se demora más, tiene que ser articulada con un asambleísta. Por eso presentamos este proyecto de ley que no cumple con otros elementos que sí ha presentado la Defensoría del Pueblo y por ello esta ley. Es una respuesta legislativa necesaria frente al mandato constitucional, a las obligaciones internacionales y sobre todo frente a la sentencia de la Corte Constitucional sobre el caso Furukawa, que evidenció que en el Ecuador sí existió servidumbre de la gleba, trabajo forzoso y múltiples formas de trata con fines de explotación laboral. En la Comisión se aprobó el archivo con seis votos. Y es evidente que esa decisión no se basó en análisis técnico, sino en una posición política frente a que la iniciativa la presentó Paola Cabezas. Cuando esta Asamblea empieza a archivar sistemáticamente proyectos que no provienen del oficialismo, estamos cayendo en una peligrosa tendencia. Convertir al Parlamento en una asamblea de archivos, no de leyes, donde se bloquea todo lo que no corresponde al alineamiento político interno. Y ¿sabe qué, Presidente? Esa no es la función de esta Asamblea. La Asamblea legisla para el país, no para un gobierno ni contra una bancada. Basta, compañeros, de legislar con odio. Basta de establecer privilegios, porque hoy estamos archivando una ley que le beneficia a las víctimas. Hablar de trata es hablar de la violencia extrema, de captura, de coerción, de explotación, de vidas rotas. Y cuando este Parlamento archiva una ley de prevención, el mensaje es devastador. Porque al decir del legislador que presenta la moción de archivo, no es necesario prevenir. Si no fuera necesario prevenir 60 años, en donde el Estado miró para otro lado y que justamente se permitió que a estas personas se las esclavizara y se las privara de todos sus derechos humanos. Y cuando este Parlamento archiva una ley de prevención, definitivamente el mensaje que estamos dando es devastador. Que la vida de las víctimas pesa menos que las tensiones políticas internas en esta Asamblea. Ecuador tiene hoy rutas de captación, explotación sexual, trata laboral, servidumbre, matrimonios forzados, captación de migrantes vulnerables, situación de explotación comunitaria y casos de explotación en el sector agrícola-manufacturero. No estamos exagerando, estamos describiendo lo que ocurre como lo que confirmó el caso Furukawa. Un caso que avergonzó al país y que demostró que cuando un Estado no actúa, la esclavitud renace. Los argumentos del archivo son falsas excusas y hoy quiero demostrarlo uno por uno. Por eso quisiera, colegas legisladores, que la decisión que tomen frente al archivo sea informada, con el corazón en la mano. La Comisión no archivó este proyecto porque fuera inviable, lo archivó porque no quiso legislar sobre la materia. Y lo justificó con argumentos que hoy voy a demostrar de manera técnica y responsable. Primer argumento desvirtuado, la supuesta generación de gasto público. En este argumento central, el informe de archivo se archivó, sin embargo, es un argumento absolutamente falso. El proyecto no genera un solo centavo adicional de gasto. La disposición transitoria primera se expresa e indica textualmente, los ministerios de trabajo, salud y fiscalía deben actualizar sus protocolos y manuales con sus recursos humanos, administrativos y tecnológicos existentes en un plazo de 120 días. Eso dice la transitoria de la ley. Eso lo dice. Las instituciones ya tienen personal y sencillamente ajustar con el personal existente, con los recursos existentes en 120 días. Estamos hablando de una gestión administrativa, no de presupuesto. Es decir, el proyecto cuesta cero dólares. Lo que sí cuesta, y muy caro, es no hacer nada. Cuesta vidas, cuesta dignidad, cuesta repetición de violaciones estructurales, cuesta casos como el de Furukawa. Archivar una ley preventiva, preventiva, usando la excusa del gasto, es una cortina de humo para tapar una decisión política. Digámoslo abiertamente. Segundo argumento desvirtuado, que el proyecto invade competencias del Ejecutivo. Este argumento desconoce algo fundamental, la jerarquía de la normativa. Acá nos están diciendo que ya existe un reglamento. Colegas, la ley no está por encima de ningún reglamento. Abogados, abogados, un reglamento puede estar por encima de una ley. Lo que estamos pidiendo es que justamente para que no vuelva a existir una violación como esta, ese reglamento, presidente, existente, se haga ley. Porque un reglamento, dependiendo del ministro que llegue, lo borra, pues. Cambia las normas, porque eso está en potestad del ministerio. Entonces, la Asamblea está plenamente facultada para legislar sobre derechos, sobre políticas públicas, sobre competencias y mecanismos de protección. Los reglamentos del Ejecutivo son siempre subordinados a la ley. Elevar a rango legal disposiciones actualmente contenidas en los protocolos o reglamentos no invade competencias, fortalece el Estado de Derecho. No legislar, porque eso ya está en el reglamento, sería una renuncia gravísima a nuestra atribución constitucional que está contemplada en el artículo 120 de la Constitución. Esto es una autorrestricción absurda. Nos estamos tirando un disparo en el pie, colegas. Les juro, a mí me duele un montón que los argumentos sean ya hay reglamento, ¿para qué es la ley? Por Dios, si las leyes, y lo voy a decir muy coloquialmente, las leyes aquí nos las pasamos por el forro. Imagínense un reglamento. Tercer argumento desvirtuado. El supuesto exceso respecto a la sentencia de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional... La Corte Constitucional...
🕒 10:24
Janeth Paola Cabezas Castillo (75%)
por favor me dé tres minutos más y con esto termino. Se lo estoy pidiendo encarecidamente. Tercer argumento desvirtuado, el supuesto exceso respecto a la sentencia constitucional. La Corte Constitucional en el caso Furukawa ordenó medidas regulatorias específicas, pero en ningún momento limitó la potestad legislativa de esta Asamblea. La función legislativa tiene la capacidad plena de desarrollar el marco más amplio que considere conveniente. Cumplir con la sentencia es obligatorio, pero legislar más allá de ella es legítimo, necesario y constitucional. Limitarse exclusivamente a lo que dice la sentencia sería renunciar a nuestra propia potestad soberana de configurar una normativa. Cuarto argumento desvirtuado, que no es competencia del legislador intervenir en temas laborales y administrativos. Este argumento es gravísimo, eso dice el informe, presidente. Es desconocer que la explotación laboral es una forma de tratar de personas. El Ministerio de Trabajo falló a Furukawa precisamente porque no tenía mandato legal claro para actuar justamente preventivamente. Esto es lo que vamos a hacer ahora, darle argumentos al Ministerio de Trabajo para que no vuelva a permitir que esto pase. Este proyecto corrige esa omisión, ordena inspecciones con enfoque de trata, coordinación interinstitucional, prevención activa. No es injerencia en el Ejecutivo, es una orden legislativa para que nunca más se repita una tragedia como Furukawa. Quinto argumento desvirtuado, que no hubo participación ciudadana o que no era necesario escuchar expertos. Colegas, no somos expertos en todo y para eso son las comisiones. Quienes han presidido comisiones saben perfectamente que es importante poder escuchar. A la presidenta le entregó una lista de expertos, a las víctimas, a los abogados. Era necesario entender todo lo que representó el caso Furukawa. La comisión no escuchó a las víctimas, no escuchó a expertos, no escuchó a académicos, no escuchó a quienes han litigado casos de trata laboral, no escuchó a quienes conocen el fenómeno del territorio, no escuchó ni siquiera a los representantes legales de los trabajadores. Pudieron haber llamado a la misma empresa, porque de eso se trata, tener las dos partes. No lo hicieron. Sin embargo, sí se escuchó exclusivamente a la Defensoría del Pueblo, cuya postura en este tema fue lamentable insuficiente, poco rigurosa, desconectada con los estándares. Es más, tuvimos que presentar la ley primero nosotros para que recién la Defensoría aparezca. Y la Defensoría, mire, yo ya no espero mucho, porque espera que la ciudadanía se movilice para recién aparecer. Eso ha pasado con la Defensoría durante todo el tiempo y no me sorprende que en este tema la Defensoría también sea cómplice. Archivar sin escuchar a las víctimas, vulnera el principio de participación ciudadana que está en el artículo 95 y 100 de la Constitución. Deliberación democrática del artículo 133, el estándar interamericano de proceso legislativo abierto. Archivar las espaldas de quienes han sufrido explotación no es legislar, es silenciar. Y, colegas, para terminar, la votación de hoy quedará registrada para la historia de esta Asamblea. ¿Sabes, Presidente? Yo podría, y estuve pensando, presentar una moción previa. Pero dije no. ¿Para qué? Si aquí somos lo suficientemente coherentes para poder, sencillamente, Presidente, que hoy le demos la oportunidad a este proyecto de ley a las víctimas, que vuelva a la Comisión, que no se archive y que hagamos un procedimiento abierto. Escuchen a la gente, escuchen a las víctimas. Vote por prevenir la esclavitud moderna o vote por archivar una ley que, por conveniencia política, no se quiere dar paso. No permitamos que esta Asamblea ignore a las víctimas. No permitamos que se repita otro caso Furukawa. Legislemos, como dice la Constitución, para la vida, para la dignidad, para la libertad y para el trabajo decente. Gracias, señor Presidente. Gracias, colegas asambleístas.