🕒 0:00 Arisdely Paola Parrales Yagual (100%)

La palabra a la asambleísta Arisdeli Parrales. Muchas gracias, presidente encargado. Muy buenos días con todos y todas asambleístas y pueblo ecuatoriano que nos ve a través de los diferentes canales que tiene la Asamblea Nacional para informar a la ciudadanía. Quisiera iniciar esta intervención primero expresando mi solidaridad a las hijas, a los familiares, al pueblo peninsular, por la repentina muerte de la activista por causas ambientales y sociales de la provincia de Santa Elena, me refiero a la señora Mónica Silva. Mi solidaridad con todos sus seres queridos y también con el pueblo peninsular que hoy llora una muerte más dentro de las tantas que se vienen suscitando en esta provincia que otrora era una provincia de paz, una provincia tranquila, pero que hoy los eventos trágicos nos golpean día a día. Y me gustaría en este momento, presidente, y si usted lo permite, que la Asamblea pueda también tener un espacio de minuto de silencio en honor a esta activista social y ambientalista de la provincia de Santa Elena. Aprobado. Gracias, presidente. Gracias, colegas asambleístas. Y bien, refiriéndonos al debate que nos convoca el día de hoy al Pleno de la Asamblea Nacional, quisiera, colegas asambleístas, que empecemos por la pregunta que nadie en el oficialismo quiere responder. ¿Por qué ahora? El Sucre lleva en pausa administrativa desde el 2019. El proceso de denuncia, como aquí muy bien ya lo han indicado, fue iniciado formalmente en el 2022 bajo el gobierno del entonces presidente Guillermo Lazo. Sin embargo, recién ahora, en mayo de 2026, a semanas de que estallen nuevas revelaciones sobre el caso Progen, el presidente Novoa decide activar urgentemente este expediente y enviarlo a la Asamblea Nacional. El caso Progen sacudió al Ecuador con la relevancia de una presunta red de corrupción vinculada a las empresas estadounidenses Progen Industries, en la que el Estado ecuatoriano desembolsó 104 millones de dólares por equipos de generación eléctrica que resultaron ser inservibles. La investigación de la Fiscalía sobre presuntas irregularidades en los contratos del sector eléctrico abrió una disputa pública entre exfuncionarios y autoridades, involucrando al exministro de Energía Roberto Luque y a la exministra Inés Manzano, quienes se mantuvieron en sus cargos a pesar de este escándalo. Y como si fuera poco, la gestión del actual gobierno se ha visto además salpicada por denuncias de presunto peculado y tráfico de influencias en otros contratos. La empresa TM, la compra de chalecos militares, el episodio del Porsche Cayenne y el fallido acuerdo con Helpers. Un gobierno que prometió un nuevo Ecuador acumula más escándalos de los que pueden manejar, de los que pueden procesar. Cuando diversas voces políticas empezaron a hablar con más fuerza sobre el caso Progen, desde el gobierno y la Fiscalía se trataría de distraer la atención hablando sobre otros supuestos casos de corrupción que involucrarían actores de oposición. Eso, colegas asambleístas, se llama Caja China. Traer al Pleno la denuncia del Sucre cargada históricamente de connotación política opositora asociada en el imaginario público con Venezuela en el momento preciso en el que el gobierno del presidente Daniel Novoa está en el ojo del huracán por presuntos escándalos no es casualidad. Es estrategia, es distracción y esta asamblea no puede ser cómplice de una maniobra como esta. Pero más allá de la coyuntura política, el fondo del debate quiero puntualizar. El Sucre nació en el 2009 como el proyecto de coordinación monetaria más ambiciosa desarrollada en América Latina en décadas. Es un mecanismo que sirve para canalizar pagos internacionales resultantes de las operaciones de comercio recíproco entre sus países miembros, basado en la utilización de una moneda virtual para el registro de operaciones exclusivamente entre bancos centrales, de modo que la liquidación local se efectúa con las respectivas monedas nacionales de los países miembros. Sus ventajas estructurales son concretas y están documentadas, colegas. Proporcionaba liquidez a los bancos centrales sin recurrir al dólar como intermediario a través de asignaciones en moneda virtual como activos de reserva. Minimizaba los costos cambiarios en pagos internacionales. Minimizaba los costos de transacción al eliminar las largas cadenas de corresponsalías entre entidades financieras. Elinaba costos y retrasos debido a mecanismos de control de salida de divisas aplicables en países participantes. Y facilitaba la coordinación de política financiera, monetaria, cambiaria, vinculadas a los condicionamientos del dólar. Y para el Ecuador en particular, fortalecía la dolarización al evitar la salida de divisas para pagos de importaciones. Y este sistema funcionó. En 2012, Ecuador canalizó a través del SURE más de 900 millones de dólares en exportaciones con más de 2.077 transferencias. A nivel del bloque, el sistema movilizó más de 3.000 millones de dólares entre su creación hasta el 2015. Atún en conserva, aceite de palma, leche, arroz, neumáticos, medicamentos, producción ecuatoriana que encontró mercado regional gracias a este canal, gracias a este sistema de pagos. Eso, colegas, es integración con resultados concretos para los productores ecuatorianos. El informe de la comisión nos presenta la inoperatividad del SUCRE como evidencia de un fracaso estructural del tratado. Rechazo esta altura, por eso mi voto en contra en la comisión, porque el sistema comenzó a deteriorarse no por defectos del instrumento per se, sino por la profundización de la crisis venezolana y el impacto de las acciones unilaterales impuestas por los Estados Unidos a países miembros de este sistema. La coyuntura no fue favorable. Los países que conforman el SUCRE no pudieron fomentar el crecimiento de sus intercambios comerciales debido a la crisis internacional que golpeó más fuertemente a los países exportadores de petróleo. Y el golpe definitivo no vino del tratado, vino de una decisión política. En el 2018, el gobierno de Lenín Moreno retiró a nuestro país del ALBA-TCP, privando al mecanismo de su segundo operador principal. No podemos culpar al instrumento por las consecuencias de decisiones políticas que lo vaciaron de contenido. Asambleístas, nosotros hemos jurado defender la Constitución, respetar la Constitución. Y el artículo 423 de nuestra Carta Mana establece como objetivo estratégico del Estado ecuatoriano promover la integración latinoamericana y caribeña y avanzar hacia mecanismos que conduzcan, entre otros fines, a la creación de monedas y sistemas financieros regionales. Ese mandato constitucional no tiene fecha de vencimiento. Por eso, votar hoy a favor de la denuncia del Sucre es votar en contra de ese mandato constitucional. Es cerrar la única puerta que el Ecuador ha construido hacia la soberanía financiera regional en un momento en el que el debate sobre alternativas al dólar en Latinoamérica y en varias regiones a nivel mundial son más urgentes que nunca. El informe nos dice que hay 2.4 millones de recursos públicos comprometidos en un fideicomiso inaccesible, administrado por bandas de entidades sancionadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos e invertidos en bonos venezolanos en default. Y nos dice que la solución es denunciar el tratado. Ese argumento, colegas asambleístas, no resiste el menor análisis jurídico. El artículo 22 del propio tratado establece que el momento de la denuncia debe celebrarse con un acuerdo de liquidación de todas las obligaciones pendientes. ¿Con quién vamos a negociar ese acuerdo? ¿Con un Consejo Monetario Regional paralizado, sin presupuesto ni capacidad operativa? ¿Con una entidad fiduciaria sancionada internacionalmente? La denuncia no recupera los recursos per se. Lo que sí recupera los recursos es la acción diplomática, la activación de mecanismos de soluciones de controversias y una auditoría. Por eso aplaudo las observaciones y sugerencias que hoy presentó mi compañera Berta Vélez. Eso es lo que debería estar haciendo hoy el Ejecutivo, en lugar de enviarnos expedientes para distraernos de los grandes casos de corrupción que hoy azotan al régimen. Venimos a defender la institucionalidad, la integración regional y la coherencia constitucional, para que el Gobierno Nacional deje de usar los instrumentos de integración regional como cortinas de humo y rinda cuenta a los ecuatorianos sobre sus propios actos. Señor Presidente, el Ecuador que queremos no se construye, saliendo de todos los espacios de integración regional cuando nos resultan políticamente incómodos. Se construye con transparencia, con soberanía y con la valentía de decir la verdad, aunque incomode al poder de turno. Gracias, Presidente, colegas asambleístas.