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Comps Pascacio Córdova Díaz (100%)
Hoy será un día triste para mi región. Estamos queriendo dar un paso, pero retrocedemos cuatro o cinco pasos. Y cuando vemos esta ley, que si bien es cierto, la intención es mejorarla, pero al final nos encontramos con una serie de obstáculos, entre ellos que lastima a una ley que por constitución, por régimen especial, pues nos ha dado derechos. Y estoy hablando de la ley amazónica. La ley amazónica, para conocimiento de todos ustedes, genera dos fondos. El Fondo de Desarrollo Sostenible, que se alimenta por un 4% por cada barril de petróleo extraído en la Amazonía. De eso, el gobierno nos está debiendo, hasta la fecha, más de 2.500 millones de dólares a los gobiernos seccionales de la Amazonía. Y aparte, nos está debiendo por otro fondo que genera el Fondo Común. Que este Fondo Común se alimenta por un 60% de las regalías incluidas, las que podrían pagarse anticipadamente, el 3% de la venta de contratos de prestación de servicios que se suscriben en la Amazonía, el 12% y el 5% de las utilidades mineras generadas en la circunscripción territorial especial amazónica, de conformidad como lo establece la ley amazónica. También del sector estratégico, del sector de hidrocarburos, hidrocarburos, o del sector de la energía, hidroeléctrico. Ya los asambleístas amazónicos lo han referido. El 30% del superávit que obtengan las empresas públicas generadoras de energía en la Amazonía. En fase de operación, el 12% de utilidades excedentes generados de electricidad, etc. Por el Fondo Común, el tema minero nos están debiendo más de 300 millones de dólares. Eso ya fiscalizado por la Asamblea Nacional 2019-2023. Nos hace falta fiscalizar sin duda 2024 y 2025. Es una millonaria deuda que le deben a la Amazonía. Y ahora, con esta ley, pretenden borrarnos los recursos que le asignan al Fondo Común por el tema minero. Es más, esa plata ni siquiera la han pagado al Fondo Común si no está en arcas del Estado. Y el Estado, es decir, el gobierno, a través del Banco Central, el Ministerio de Economía, no transfieren al Fondo Común. Pero resulta que esta ley nos dice que nosotros, los ecuatorianos, tenemos que construirles las carreteras. Tenemos que darles energía a las grandes empresas, a las corporaciones de energía. Cuando todos sabemos, presidente y estimados asambleístas, que las vías en la Amazonía se dañan por la maquinaria pesada de los sectores estratégicos. O veamos la vía que pasa en Moreno, Santiago y Zamora. ¿Acaso no son las boquetas que llevan el material petro, el material, precisamente minero, a Puerto Bolívar y se daña la vía? O veamos en sucumbidos de Oriana, ¿acaso no es la industria petrolera que nos daña las vías? Y cuando se les pide un favor, no quieren dar mantenimiento. Debería ser responsabilidad de ellos. Es por eso que yo en algún momento presenté una propuesta de ley para crear un fondo de compensación vial. Lo negaron. No me dieron paso. Eso debieron poner aquí. Que las vías, que todo el tema integral, lo solucionen estas empresas. Lo siguiente. Me preocupa el respeto y restrito el cumplimiento de la Constitución, presidente. Es que la consulta previa, las compensaciones e indemnizaciones que tienen que hacer, las fases que deben cumplirse para establecer una minería legal, que son seis fases, hasta lograr la explotación. También está en riesgo. Está en riesgo un derecho muy esencial, que es que cuando el gobierno o una institución incumple, el pueblo puede acogerse a la resistencia ciudadana. Pero cuando en esta ley le dicen que vamos a poner a la fuerza pública para que sea la que dé garantía, seguridad, estamos volviendo a ese país cuando a través del ejército protegían a Texaco, una empresa que contaminaba, mataba. Estamos volviendo a eso, de que estamos quitando la responsabilidad, es decir, a la fuerza pública que tiene que estar controlando precisamente las fronteras, impidiendo que no pase pues un gramo de droga. Pero aquí vamos a darles garantía a las transnacionales. Esta ley no es necesariamente para fortalecer o para garantizar al artesano, al pequeño artesano, la pequeña, la mediana. No, eso son para las grandes corporaciones. Y tras eso se vienen los tratados vinculantes de inversión. Yo estoy esperando, presidente y asambleístas, de parte de la Corte Constitucional, porque le he hecho una recusación ante una jueza que tiene que dar su veredicto sobre el TBI que firmó el presidente Novoa con los Estados Árabes Unidos. Hasta ahora la jueza Claudia Salgado no se ha pronunciado, tiene conflicto de intereses. Y es más, el presidente de la Corte Constitucional ya ha violado el artículo 176 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional. Tres días tenía para despachar desde el 16 de enero, no lo ha hecho. Entonces, estamos en un momento donde vemos que quienes hicieron lo posible para que aumente la minería ilegal, y lo voy a decir con este sentido, es decir, desde el 2020, en los gobiernos de Moreno, Lazo y del presidente Novoa, al final son subsecretarios, al final ministros, al final siempre han sido lo mismo, han permitido. Primero cerraron un halcón, recordaron 2020, luego le quitaron recursos a la empresa pública de minería, 2023, el presupuesto llegó a dos millones y medio, le redujeron. En 2024, la empresa de minería, la empresa pública, la que lógicamente procesa el material que lo incauta a la minería ilegal.
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Comps Pascacio Córdova Díaz (100%)
están fuera de la concesión. Al final lo que nos queda de la Amazonía es tomar agua con mercurio, cianuro, hidrocarburos. Eso y la vio ya lo ha demostrado. Mientras el pueblo de Sucumbíos, de Orellana, pide al gobierno crear, aportar, apoyar el proyecto del Nudo Due para darles agua hasta siete cantones, seis cantones de Sucumbíos y también de Orellana, en el caso que le corresponde también desde otro lugar y hasta en los estudios, el gobierno se niega y le quita recursos a los gobiernos seccionales. Entonces ahí viene la pregunta. ¿Cómo podemos garantizar la vida a los habitantes de la Amazonía si estamos condenados a la muerte? Esta ley no soluciona realmente los problemas del pueblo. Soluciona, sí, los bolsillos de las grandes empresas y posiblemente de la familia presidencial porque tiene intereses en la minería. Muchas gracias.