🕒 0:00 Rosa Alegría Torres Cadena (100%)

Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, compañeros asambleístas. El día de hoy comparezco como presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado y creo que es un día muy importante para demostrarle a los ecuatorianos que todos estamos en conjunto bajo una misma lucha. Luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico. Y demostrarle a los 18 millones de habitantes que estamos recogiendo el clamor ciudadano de cada una de las provincias que representamos. Y en verdad poniéndole la cara a los enemigos reales del país, como lo es el crimen organizado, la violación, el narcotráfico, la minería ilegal. Y eso es lo que hemos estado haciendo desde esta comisión, porque se ha demostrado la voluntad política y el compromiso con todos los ecuatorianos. Es importante mencionar al ecuatoriano que esta ley de extradición no es un papeleo más, no es una ley más. Al contrario, es una herramienta técnico-jurídica que va a permitir, primero, votar al gobierno nacional para continuar combatiendo con este enemigo en común que tenemos. El narcotráfico y el crimen organizado está captando a nuestros jóvenes. Jóvenes que viven en provincias como la que represento yo, una de las provincias más violentas del país. Por eso, lo he dicho, esta lucha no es retórica, esta lucha no es institucional, esta lucha es profundamente personal. Y en efecto, hoy es un día histórico para nuestro país. Hoy estamos discutiendo si el Estado ecuatoriano tendrá las herramientas necesarias y actualizadas para enfrentar el enemigo en común que tenemos todos los ecuatorianos. Esta ley de extradición data del año 2000, que significa que hace 26 años no se ha actualizado una normativa elemental para poner la cara al crimen organizado y al narcotráfico. Hace más de dos décadas estamos trabajando con una ley que no responde a los desafíos actuales de este Ecuador del 2025, de 2026, mientras estamos legislando en este momento, hay redes criminales que están operando. Colombia, México, Estados Unidos. No solo hablo de la región, hablo que es una problemática global. Y ante este vacío legal que surgió de la ley de extradición, asumimos el compromiso y el desafío que era actualizarla. Actualizarla y casi reemplazar en su integralidad a la ley anterior. Estamos hablando que la capacidad operativa y la estructura financiera de todos los cabecillas criminales cada vez evoluciona. Y digo yo, es altamente adaptable. Y aquí, queridos asambleístas, compañeros, hoy debemos recordar una realidad evidente, y es que el crimen organizado lamentablemente ya no es local ni tampoco improvisado. Ahora es transnacional, financiero, tecnológico y altamente adaptable. Opera con estructuras jerárquicas definidas, con economías ilícitas propias, con redes internacionales de cooperación criminal y con una capacidad cada vez mayor de infiltrarse en las diferentes instituciones del Estado. Y por supuesto, la función judicial no es excepción de aquello. Es importante mencionar que al hablar de esta ley de extradición, no solo estamos hablando de un mecanismo que, a raíz de la consulta, del referéndum propuesto por el presidente Daniel Loboá, abrió esta posibilidad y rompe este candado de impunidad que existía anteriormente. Solo la organización delictiva de los lobos tiene adoctrinado a más de 8000 personas, y muchos de ellos son jóvenes. ¿Y por qué hablo, y soy muy enfática, en el reclutamiento de los menores? Porque ese es el objetivo de las estructuras criminales. Esta ley no solo está atacando a los capos, cabecillas criminales para que sean sentenciados o judicializados bajo otro sistema penal como los Estados Unidos. Lo que pretende es debilitar estructuras criminales que están captando a nuestros jóvenes. Y también nos obliga a reconocer algo importante, y es que el delito sea internacionalizado. Y cuando el delito se internacionaliza, la justicia también debe hacerlo. Esa ley nace, insisto, de esta voluntad que tuvo el Ejecutivo, que tuvo el Presidente de la República a través del referéndum de abril del 2024, donde a través de la voluntad popular, el pueblo ecuatoriano decidió que la extradición pasiva sea una realidad y sea una herramienta para poder combatir el crimen organizado. Y la respuesta fue contundente. Más de 6 millones de ecuatorianos votaron a favor de esta reforma. La extradición no es simplemente una herramienta jurídica. La extradición deja un mensaje claro al ecuatoriano, y es que este Estado no negocia con las mafias, y que nadie está por encima de la ley. Casos emblemáticos que han estremecido al país demostraron la necesidad urgente de modernizar esta norma, esta ley. Y lo he dicho antes, ante los desafíos que estamos viviendo, si el crimen organizado, si el narcotráfico, si la violación y la minería ilegal no tienen fronteras, la justicia tampoco debería tenerlas. Y es por eso que nosotros, con ese mismo compromiso y voluntad, no hemos trabajado en esta comisión con una reforma integral al sistema de extradición. Evidentemente, alineándolos con los tratados y convenios internacionales con sujeción a los derechos humanos. Y para ello, me voy a permitir destacar algunos aspectos más relevantes de esta propuesta. Entre ellos, elevamos el rango de la norma de ordinaria a una norma orgánica. ¿Y por qué es tan importante elevarle el rango? Porque estamos hablando que se tratan derechos y garantías. Respetando el debido proceso, se incorpora la posibilidad de extraditar ciudadanos ecuatorianos conforme a lo dispuesto o en sintonía con la Constitución de la República, respetando los tratados internacionales. Durante años, muchos criminales creyeron que cruzando la frontera podían tener impunidad. Ahora, esta ley deja ese mensaje claro. No hay frontera que pueda defender a un criminal. Y que sean estos criminales y capos, cabecillas criminales que enfrenten la justicia. No más impunidad para ellos. Y es por eso que hemos apostado a través de la cooperación internacional, a través de la asistencia técnico-jurídica, fortalecer y dotar al sistema, a la administración de justicia, una norma que también esté en sintonía para combatir estos delitos. le damos responsabilidades, acortamos tiempos para que un proceso de extradición no demore, no sea largo, no demore dos, tres, cuatro años, sino que un proceso de extradición sea lo más célere y pronto posible. Todos hemos escuchado justicia que no llega pronto, no es justicia. Y eso es lo que queremos subsanar con esta ley, es que los procesos de extradición, cuando se estén extraditando líderes, cabecillas criminales, estén pagando su condena en países donde también hicieron el daño. Cuando hablamos de narcotráfico, no solo estamos hablando del país, Ecuador, donde probablemente surge la droga, sino donde también hace el daño, el cometimiento. Es importante entender que por muchos años los criminales, y no solo estoy hablando del narcotráfico, estoy hablando de otros delitos como la violación y la minería ilegal y el crimen organizado, el lavado de activos, utilizaron este candado constitucional como una figura de impunidad. Ahora, esta ley y el tratamiento de esta ley es una herramienta elemental para poder dotar al gobierno de herramientas actualizadas, de una normativa actualizada para combatir el crimen organizado y hablar que actualizar la norma no es por improvisación o no es para tener titulares, actualizar la norma jurídica es por responsabilidad con los 18 millones de habitantes. Y así también unirnos, sobre todo esta bancada, al trabajo que el gobierno nacional ha emprendido. Cuando hablamos de combatir a estos enemigos en común, estamos hablando de corresponsabilidad y es parte de nuestra responsabilidad como asambleístas crear normativas que sin duda alguna dejen un mensaje claro al ciudadano y es que esta asamblea está en conjunto para poder combatir a uno de los peores enemigos de la historia, a ese enemigo que está captando a nuestros niños, niñas y adolescentes en provincias sobre todo sumamente vulnerables en materia de seguridad. Ese es el mensaje que deja este parlamento, que deja esta asamblea nacional, que sin duda alguna vamos a darle la cara al crimen organizado a través de estas herramientas jurídicas. Hasta aquí mi palabra señora presidenta.