🕒 0:00 Franklin Omar Samaniego Maigua (75%)

Franklin Samaniego. Tres cosas que me parecen importantes y al final cerrar con algunas recomendaciones que espero sean tomadas en cuenta en la resolución. Primero, quiero señalar que la Organización Panamericana de la Salud estima que aproximadamente el 12% de la población de América Latina y el Caribe vive al menos una discapacidad, lo que determina alrededor de 66 millones de personas. Y aquí quiero hacer una corrección en un dato que se dijo anteriormente. El censo del año 2022 establece que en el Ecuador me habían puesto en las líneas 1.1 millón de personas que tienen discapacidad, pero en realidad son 1.099.435 personas según el censo, de las cuales para conocimiento de las personas que no han investigado todo, el 53% son mujeres. Miren qué grave que es la situación. Quiero adicionalmente señalar que hay provincias en donde hay grave porcentaje en el Ecuador con personas con discapacidad, pero además con abandono. Y quiero señalar, por ejemplo, a Orellana, a Morona Santiago, a Esmeraldas, quienes en virtud del abandono de la política pública, de la falta de focalización de las mismas, ha hecho que crezcan esas brechas territoriales y que la inclusión social sea tan solo una expectativa. Asimismo, quiero señalar que luego de la investigación que hemos realizado, hay algunas deudas complejas que se vienen arrastrando en el Ecuador y que ojalá en esta resolución se las pueda también recoger para que sea realmente una resolución que ratifique el compromiso de la Asamblea Nacional y que además ratifique lo que corresponde a una de las potestades que tenemos, que es la de fiscalización. En este sentido, para julio del año 2025, la deuda del MIES, Ministerio de Desarrollo Humano, ahora, con los servicios que presta la Subsecretaría de Discapacidades, por ejemplo, en Esmeraldas, llegan a 15 mil 569 dólares y que creen, no han sido resueltas. En Pichincha, por ejemplo, en Perucho, 17 de cada 100 mil habitantes presentan al menos una discapacidad funcional permanente. En Atahualpa, Chavezpamba, al menos 14 de cada 100 mil habitantes, en Pueyaro, San José de Minas, Gualea y Pacto, al menos 10 de cada 100 personas presentan alguna discapacidad. Y también hay una deuda, una deuda que llega en total de todas las provincias a nivel nacional, de la información entregada en virtud del informe pertinente por parte del MIES, a 331 mil 124,67. No nos da tristeza saber que 300 mil dólares no se pueden resolver y entregar a las personas con discapacidad en los centros de atención. Quiero adicionalmente señalar algunas otras cosas, como por ejemplo, los servicios que presta el MIES, que son dos fundamentalmente. El primero, el servicio de atención de centros diurnos de desarrollo integral para desarrollo con discapacidades que cuenta con 30 centros a nivel nacional, con un pago pendiente a octubre del 2024 del 43.33 por ciento de los centros. Y el 76.67 indican que el motivo de no haber recibido estos pagos corresponde fundamentalmente a la falta de desembolso del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero hagamos transparentes las cifras. El 16.67 por ciento precisa que el motivo corresponde a dificultades con las gestiones entre el MIES y el Ministerio. Y hay un 13 por ciento que tienen problemas con los centros o las personas cooperantes que no han permitido los pagos. El segundo, que es el servicio de atención en centros de referencia y acogida inclusivos para personas con discapacidad que a nivel nacional cuentan con 15 centros y que tienen pagos pendientes al 2024 del 42.86 por ciento. Y ahí el detalle que les había hecho anteriormente, que es algo parecido. Esto no ha cambiado para el año 2025. Para el año 2025, al 17 de julio, cuando nos entregan la última información, les señalaba que había 331 mil 124.67 dólares de deuda. Es decir, el problema continúa. El problema no ha cambiado. Lo que ha cambiado únicamente es el ministro. Compañeros y compañeras, yo quiero también señalar que en esta Asamblea estamos hablando de compromiso. Quien les habla con varios de otros compañeros asambleístas del año anterior en virtud de una resolución del Pleno de la Asamblea Nacional en la Comisión de Participación Ciudadana, hablo del periodo anterior, llevamos un proceso de investigación sobre las deudas de los centros de desarrollo infantil, de las personas con discapacidad, de las personas adultas mayores. Y lamentablemente, digo lamentablemente, porque esa resolución que adoptó, que es la 2023-2025-142 del Pleno de la Asamblea Nacional, se envió un informe de la Comisión a la Presidencia de la Asamblea Nacional y lamentablemente no ha habido el compromiso de debatirla y analizarla en este Pleno. Es más, con fecha 14 de agosto de este año le pedí al señor presidente que por favor se incluya en el orden del día y el señor secretario tuvo a bien contestarme en forma expresa en la parte pertinente que le reserva al presidente o presidenta de la Asamblea Nacional a la Facultad del artículo, del numeral 5, que es proponer el orden del día para decisiones ordinarias y extraordinarias. Entonces, si hablamos de un compromiso, por favor, hagámoslo integralmente. Existe ya un informe sobre este tema en donde recoge todas estas deudas. Y un último tema que quería plantear, con esto voy a terminar. Además, la Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades 2021-2025 identificó 297.534 personas con discapacidad en edad entre 18 a 64 años en el Ecuador, pero únicamente 62.298 personas con discapacidad están afiliadas al IES bajo relación de dependencia. Esto que quiere decir que, lamentablemente, lamentablemente no se está dando cumplimiento a ese 4% obligatorio que debe realizarse para la inclusión de las personas con discapacidad. Esto es, compañeros y compañeras, si queremos hablar, si queremos hablar de compromiso, transparentemos esta información. Y frente a esto, quiero proponerle, como siempre hemos hecho desde la bancada de la Revolución Ciudadana, ser propositivos, proponerle a la señora asambleísta que ha presentado esta resolución al Pleno de la Asamblea Nacional, la inclusión de las siguientes disposiciones. Primero, exigir al Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Humano, realicen los pagos de la deuda que mantienen con los centros que brindan servicios a las personas con discapacidad de manera inmediata. Segundo, exigir al Ministerio de Trabajo que realice inspecciones a nivel nacional, tanto a entidades públicas como al sector privado, sobre el cumplimiento del 4% de la cuota de inclusión laboral obligatoria para empresas con 25 o más personas, de lo cual deberá informar inmediatamente. Tercero, las carteras de Estado de Economía, Finanzas, Desarrollo Humano y Trabajo deberán presentar en el máximo de tres meses a esta Asamblea Nacional un informe detallado de las acciones realizadas en torno a lo dispuesto en esta resolución. Y cuarto, que el Presidente de la Asamblea Nacional nos ayude poniendo en el plazo de diez días en conocimiento este informe de la Comisión de Participación Ciudadana, en donde se transparenta toda la información de manera amplia de lo que he señalado el día de hoy y este Pleno de la Asamblea Nacional debata, discuta y apruebe este informe y estas recomendaciones. Ahí creo yo que estamos dando un pasito pequeño para ratificar esta palabra importante que le han puesto en la resolución, que es el compromiso con la Asamblea Nacional, de la Asamblea Nacional con las personas con discapacidad. De lo contrario, lo que estamos haciendo es queriendo poner una plataforma para poder manipular estos temas políticamente. La realidad es esta, enfrentémosla, enfrentémosla con transparencia, enfrentémosla en virtud de nuestras potestades. Ya se ha hablado aquí de una reforma que se ha hecho a la ley de discapacidad. Diez minutos, tiene treinta segundos para terminar su intervención. Hoy fiscalicemos como nos corresponde y que esta resolución que se apruebe en la Asamblea Nacional responda a los requerimientos de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Muchísimas gracias.