Siga en vivo la Sesión No. 072-AN-2025-2029 del pleno de la Asamblea Nacional

Asamblea Nacional presentan Asamblea en Pleno. Bienvenidas, bienvenidos.

Son las 11 de la mañana con 27 minutos y a través de la señal de TVL y la radio del Parlamento Ecuatoriano les decimos buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión de Asamblea en Pleno. Hoy el Parlamento Ecuatoriano sesiona en territorio en la provincia del Guayas para el tratamiento de los proyectos económicos urgentes. Estaremos con ustedes, todo el equipo de TVL, la radio de la Asamblea Nacional, desde la capital, pero también desde la provincia del Guayas en San Borondón, en donde se encuentra para la transmisión de este espacio.

Asamblea en Pleno y en la conducción, Mariela Logroño y quien les habla, Maritza Flores. ¿Cómo estás Mariela? Muy buenas.

buenos días. Maritza, María Camila, muy buenos días, qué gusto saludarles y también darles la más cordial bienvenida a este, su programa Asamblea en Pleno, lo que será la sesión plenaria 072 para el tratamiento de los dos informes que fueron trabajados al interior de la Comisión de Desarrollo Económico. Saludamos con nuestra compañera María Camila Zurita, quien se encuentra en las instalaciones de la Universidad Ecotec Campus San Borondón, ubicado en la provincia del Guayas. María Camila, muy buenos días.

Muy buenos días, Mariela, Maritza, qué gusto saludarlas a ustedes y por supuesto a nuestros amigos que siempre nos ven y nos escuchan por la señal de TVL y la radio de la Asamblea Nacional. Nosotros nos encontramos justamente en Guayaquil, en la ciudad portuaria, precisamente en la Universidad Tecnológica Ecotec. La asamblea se ha trasladado a territorio y en breves instantes iniciará la sesión del pleno número 072. Arrancaremos con las primeras reacciones en breves instantes.

Azurita, así es, gracias María Camila Azurita. El día de hoy se llevará a cabo la sesión plenaria 072 con el siguiente orden del día, Himno Nacional de la República del Ecuador, conocer y resolver respecto del informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados calificado como urgente materia económica, pero además conocer el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía calificado como urgente materia económica.

Ambos informes fueron trabajados al interior de la Comisión de Desarrollo Económico y María Camila Azurita en breves minutos más también tendrá las primeras reacciones en torno a los temas que constan en la agenda de la sesión plenaria 072, Maritza.

Estos económicos urgentes ingresaron el pasado 28 de enero y por ende corren los 30 días que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa para el Tratamiento y hoy se cumplirá con el segundo debate de las reformas al COTAD y con ello el pronunciamiento del Pleno de la Asamblea Nacional en torno a la propuesta remitida por parte del Presidente de la República dentro de los plazos que también se determinan para el primero y segundo debate. En este segundo debate se someterá a votación la moción que se presente y que conoceremos ya más adelante una vez que se terminen las intervenciones de los parlamentarios y parlamentarios.

Con el pronunciamiento de la Asamblea Nacional se enviará también esta respuesta al Presidente de la República para las observaciones de ser el caso o remitir al registro oficial. Mientras tanto, para el siguiente punto en el orden del día, el tercero hasta este momento, cuando se trata del primer debate respecto a las reformas encaminadas a minería y electricidad, se deberá desarrollar este debate, se recogerán esas observaciones y regresará a la Comisión de Desarrollo Económico para que la Mesa Legislativa continúe con este análisis y presente el informe para segundo debate en el Pleno del Parlamento que se cumpliría ya la próxima semana a propósito también de este segundo económico urgente.

Como antecedente con

que el pasado 28 de enero del 2026, Enrique Herrería, secretario jurídico de la Presidencia de la República, llegó a la Asamblea Nacional con estos dos proyectos de ley urgente en materia económica. El primero, referente a los gastos que realizan los gobiernos autónomos descentralizados y además del fortalecimiento de los sectores de la minería y energía. Herrería justificó el envío de estos dos proyectos económicos urgentes. Estamos en estado de excepción, estamos habilitados como gobierno para presentar estos proyectos, dijo tras asegurar que las iniciativas tienen el respaldo de unidad de materia y por lo tanto esperan un trato célere en la Asamblea Nacional.

Sobre la primera iniciativa, Herrería explicó que existe disposición normativa expresa que limitan los gastos corrientes, por lo tanto queremos que haya una cohesión con el Plan Nacional de Desarrollo. Según el proyecto, la falta de obra, inversión y desarrollo social en las comunidades autónomas crea una presión al Estado central. Por la estrechez económica que tienen, a veces no pueden suplir las deficiencias que existen en los gobiernos autónomos. En consecuencia, el proyecto busca insertar esta disposición normativa en el Plan Nacional para que haya una mejor respuesta a las necesidades de las y los ecuatorianos.

En cuanto al segundo proyecto, tiene relación con la energía y minería. Recordó además la sentencia de la Corte Constitucional en torno a permitir la inversión del sector privado en energía, para no solamente asegurar la provisión de energía, sino también que existan los recursos necesarios para que el Estado ecuatoriano también pueda insertarse con esta provisión de energía y, en muchos casos, cuando los costos del Estado sean mayores, lograr que el sector privado provea el servicio de energía liberando al Estado de esta carga tan importante de inversión para destinarla al desarrollo social.

En torno a las reformas de El Cotat, hace pocos instantes hubo la rueda de prensa por parte de la bancada ADN en la Universidad Ecotec respecto a esta iniciativa que busca fortalecer esa asignación oportuna y eficiente de los recursos. Al menos el 70% de los dineros de los municipios y prefecturas deberá ir a obra, destinado a solventar esas necesidades que tienen los ecuatorianos y ecuatorianas. Nos preparamos ya para trasladarnos nuevamente hacia la provincia de El Guayas, hacia la Universidad de Ecotec. En donde se encuentra María Camila Zurita para tener las primeras reacciones antes del inicio de esta sesión del Pleno.

Te escuchamos María Camila.

Muchas gracias Maritza, así es, tenemos las primeras reacciones. Con respecto al informe que el día de hoy los asambleístas conocerán, el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria Alcotad. Para comentar dos más detalles al respecto, me acompaña el legislador Alex Morán, quien integra parte de la mesa legislativa de desarrollo económico. Asambleísta, muy buenos días, bienvenido a TVL y la radio de la Asamblea Nacional. Quisiera que nos comente, por favor, la población tiene muchas preguntas acerca de si esta reforma implicará una reducción en las asignaciones presupuestarias para los GATS o nada más una redistribución en cuanto a los recursos que actualmente reciben los municipios.

Bien, buenos días. Un saludo a toda la gente que nos mira en los diferentes medios digitales. Sí, creo que obviamente la retórica de quienes están en contra de este proyecto de ley es el miedo que le han incuscado a la ciudadanía, pero todo eso se va a caer en el momento que veamos el proyecto de ley. Recordemos que actualmente la Constitución indica que el 70% debe ser inversión y el 30% de gasto corriente. Nosotros lo que estamos haciendo es a través de este proyecto de ley, por así decirlo, modernizar esta ley que ya encontramos actualmente para que de manera correcta sí se utilice eficientemente el dinero de los ecuatorianos.

En ese mismo sentido, ¿de qué manera entonces esta reforma fortalece la sostenibilidad fiscal sin afectar a lo que tanto se ha hablado justamente en estos días con respecto a la autonomía de los gobiernos?

No, actualmente nosotros nos estamos basando en este proyecto de ley en el marco de la Constitución actual. Por lo tanto, esto que declaran que es inconstitucional, pienso que les recomendaría a quienes están en contra de este proyecto de ley que lean la ley, que lean la Constitución. Algunos de estos opositores defendieron tanto una Constitución actual en una pasada elección y ni siquiera tienen la molestia de leer. El proyecto de ley, como lo presentó el doctor Herrera, está marcado de la manera constitucional. Lo que estamos haciendo es simplemente creando el reglamento adecuado para que de una vez por todas, todos los municipios y todas las prefecturas cumplan con el 70% de inversión y no se utilice todo este porcentaje porque lastimosamente hemos encontrado municipios que tienen el 80% de su presupuesto para utilizarlo en gasto corriente, en gasto de sueldos para devolver favores políticos y no para donde debería irse, que es a la ciudadanía.

Finalmente, legislador, ¿cómo se prevé que esta normativa incida en la calidad de los servicios públicos que reciben? Justamente la asambleísta Valentina Centeno se refería a que existen alrededor de 4 millones de ecuatorianos que actualmente todavía no tienen acceso al agua potable. ¿Cómo se prevé entonces que este proyecto de ley de alguna manera mejore esta situación?

Y no solo el agua potable, también recalco, añado a lo que dijo mi compañera Valentina Centro, también que no tenían acceso al alcantarillado, es muy lamentable. Vengo de un distrito que, quienes conocen Guayaquil, todo el sector de Montesina y Pascuales carece tanto de agua potable como de alcantarillado, y lo que se va a hacer es que el dinero vaya de manera prioritaria al agua potable y al alcantarillado que son los conceptos, o está marcado en la Constitución, que es las prioridades de los gobiernos autónomos descentralizados, agua potable, alcantarillado y las vías.

Entonces, lastimosamente, como no hay un reglamento estructurado, los gobiernos autónomos descentralizados y algunas prefecturas han utilizado todo ese dinero en fiestas, en pagar favores políticos contratando a parientes y no en la obra pública que necesita el pueblo ecuatoriano.

Finalmente, legislador, ¿habrán sanciones para las municipalidades que no cumplan esta nueva regla fiscal? Que bueno, no es nueva, se aplica ya desde el año 2011, sin embargo, con estas nuevas reformas que se plantean en este proyecto de ley, ¿habrán sanciones para quienes no lo cumplan?

Bueno, lo que estipula el proyecto de ley es que quienes no cumplan con el 70-30 se le va a bajar el presupuesto, recalcando también el marco constitucional que tenemos actualmente, de los gastos permanentes y no permanentes, porque hay un mínimo y hay un máximo, actualmente está recibiendo el máximo. En caso de no cumplir con el 70-30, paulatinamente va a bajar hasta quedar en el mínimo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.

Estas fueron las palabras del legislador Alex Morán, que nos comentaba justamente que este proyecto busca reordenar el gasto público de los gobiernos autónomos descentralizados, priorizando principalmente la inversión frente al gasto corriente con el objetivo de fortalecer, obviamente, el acceso a los servicios básicos a lo largo del país. Mariela Maritza, volvemos con ustedes.

Escuchábamos parte de esta explicación relacionada con el proyecto económico urgente que reforma el COTAD y se insiste que no se afectará ni a municipios ni a prefecturas y que lo que se busca es esa redistribución correcta de estos recursos. Al menos el 70% de los recursos que tienen los gobiernos autónomos descentralizados, municipales y las prefecturas se han utilizado para la obra pública. Se ha excluido a las juntas parroquiales porque sus recursos se verían afectados y ha dicho también por parte de los legisladores y por eso no han sido contemplados dentro de esta iniciativa, Mariela.

Varios son los ejes que constan en este informe que fue trabajado en la Comisión de Desarrollo Económico y también por informarles que fue el pasado martes 17 de febrero con seis votos afirmativos que la Comisión de Desarrollo Económico aprobó este informe para segundo debate del proyecto de reformas Alcotad para la sostenibilidad y eficacia del gasto de los gobiernos autónomos descentralizados calificado como urgente en materia económica. La presidenta de la comisión, la asambleísta Valentina Centeno, señaló que esta iniciativa legal responde a una preocupación principal del Estado.

Actualmente, gran parte de los recursos de los gobiernos autónomos descentralizados se destinan al pago de sueldos y salarios sin que ello garantice de manera adecuada la provisión de servicios básicos a los ciudadanos. En este sentido, el proyecto busca asegurar la eficiencia y sostenibilidad en el uso de los recursos públicos por parte de municipios y prefecturas. Durante el tratamiento legislativo señaló que se ratificó la exclusión de las juntas parroquiales del alcance de esta reforma en atención al pedido formulado por la CONAGOPARE. Asimismo, precisó que la propuesta no reduce los presupuestos asignados a municipios y prefecturas y respeta la regla constitucional de distribución mínima de recursos, pero establece una reorganización del gasto definiendo con claridad que corresponde a gasto de inversión y también a gasto corriente.

El informe incorpora mayores mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas.

Relacionado con el primer debate del proyecto económico urgente para los sectores estratégicos en materia de minería y energía calificado, como decíamos, económico urgente, el informe también analizado en la Mesa Legislativa de Desarrollo Económico establece que la transición hacia una matriz energética diversificada constituye un imperativo económico para el Estado. Ya vamos a tener más detalles respecto a lo que se plantea dentro del informe. Regresamos con María Camila Zurita.

Muchísimas gracias Maritza, así es, tenemos una nueva reacción. Me acompaña la asambleísta Valentina Centeno, quien preside justamente la mesa legislativa de desarrollo económico, la misma que le dio tratamiento a este proyecto económico urgente. Legisladora, muy buenos días, bienvenida a TVL y la radio de la Asamblea Nacional. Mucho se ha hablado acerca de este proyecto de ley, ha sido bastante controversial y la gente quiere saber, existen alrededor de 4 millones de ecuatorianos que actualmente no tienen acceso a servicios básicos como el agua potable. ¿Cómo esta reforma busca de alguna manera resolver esta problemática en el país?

Buenos días a todos los ecuatorianos que nos siguen. Definitivamente eso es lo que buscamos, que se pongan en orden las prioridades. Todavía tenemos en este país 4 millones de personas que no tienen agua en sus casas, no tienen líquido vital. En provincias como Manaví, mi provincia, gran cantidad de cantones todavía no tienen abastecimiento de agua potable, tanto en el norte como en el sur. Al mismo tiempo, uno de cada dos ecuatorianos no tenemos alcantarillado. Y los que sí recibimos agua, el 70% de esa agua es de mala calidad.

El 70% de los ecuatorianos recibimos agua de baja calidad.

Gracias, señor.

son las realidades de las cosas que deberían de estar cumpliendo los municipios, las prefecturas, los alcaldes, pero que lamentablemente se han ocupado de poner la plata de la gente en entretenimiento, en shows, en incremento excesivo de su gasto corriente, es decir, del pago de sueldos a funcionarios en vez de atender las necesidades prioritarias de la gente como es el agua, el alcantarillado, el saneamiento, las vías, los caminos vecinales que todavía siguen siendo un problema, sobre todo en los sectores rurales de nuestro país. Esta norma lo que busca es hacer justicia y nadie les impide invertir en educación, nadie les impide invertir en lo social, lo que decimos es que de su presupuesto total el 70% se vaya a la obra pública, a la infraestructura física y el 30% a la nómina y a los funcionarios, no al revés, ellos tienen proyectos en donde el 100% es funcionario, el 100% de su presupuesto se destina a roles de pago y lamentablemente eso lo que ha servido es para engrosar estructuras políticas para hacer campaña, para hacer campaña por ellos y por sus intereses políticos y no necesariamente para trabajar por las necesidades del pueblo.

En ese sentido, legislador, ¿existirán sanciones para estas municipalidades que quizás no se ajusten a esta nueva regla fiscal del 70-30?

Lo que estamos estableciendo en el proyecto de ley es que para quienes no se ajusten van a recibir los recursos que establece la Constitución de la República, que no debe considerarse sanción alguna, es lo que establece la Constitución. Entonces, si la Constitución establece unos mínimos, esos son los mínimos que van a recibir si es que no están cumpliendo con la regla 70-30. Es completamente justo y además es una Constitución que redactaron ellos en el 2008, en el Monte Cristi. Entonces hicieron esa regla, se inventaron el 70-30 en el COTAD y ahora quieren decir que esto es injusticia, que esto es atentar a la autonomía, es completamente falso.

Aquí tiene que haber orden y justicia con la plata de los ecuatorianos, sobre todo en un momento en el que el país está construyendo futuro y todo empieza a caminar hacia una esperanza para los ecuatorianos.

Legisladora, finalmente en términos de rendición de cuenta y transparencias, ¿cómo este proyecto de ley establecerá una presentación de información para estas municipalidades en cuanto al uso de los recursos?

Tienen que presentar informes cada tres meses al Ministerio de Economía y Finanzas, porque imagínese usted que esa regla del 70-30 ya ha existido desde el 2011, pero nadie la cumple. Los municipios invierten más del 64% de su presupuesto en gasto corriente. Muchos municipios el 100% de su presupuesto en pagos de sueldos. Y hay una regla vigente. Entonces, como no ha existido control, transparencia, una verificación de la información por parte de los ministerios, en este caso el de Economía y Finanzas, es que han hecho de las suyas y hay un despilfarro desmedido.

Ahora tienen que presentar información trimestralmente y tiene que ser pública, el pueblo lo va a conocer y es lo mejor para la transparencia y para los ecuatorianos.

Finalmente, legisladora, las expectativas de aprobarse este proyecto de ley para, obviamente, el bienestar de los ecuatorianos el día de hoy.

Estamos bastante optimistas, esperamos que se haga justicia y que hoy realmente la eficiencia en el gasto público sea lo que prevalezca en el debate. Muchas gracias.

Estas fueron las palabras de Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico que justamente le ha dado tratamiento a este proyecto de ley. Adicionalmente tenemos una nueva reacción, me acompaña el legislador Alejandro Lara con el que vamos a conversar acerca del punto número 2 en el orden del día. Legislador, muy buenos días, bienvenido a TVL y la radio de la Asamblea. Los legisladores hoy conocerán el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía.

Gracias por ver este informe.

Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio, efectivamente hoy en el segundo punto nosotros trataremos del informe para primer debate de la ley orgánica para el fortalecimiento de estos sectores estratégicos como es el minero y el eléctrico. Lo que busca básicamente este proyecto de ley es incentivar a esa inversión en la minería formal, abrir ese catálogo, ese concepto frente al autoabastecimiento para permitir también al sector privado que ellos sean los que generen su propia energía y siendo el caso que se dé, que inyecten también ese excedente de energía que ellos puedan obtener al sistema eléctrico nacional.

Lo que se está haciendo también es fortalecer la recaudación fiscal garantizando que esas regalías que se generen dentro de esta generación se queden dentro de los territorios. Se habla también de algunos aspectos importantísimos teniendo en cuenta de que esta, por ejemplo hablando de los 2023, las cifras han sido alarmantes que pasamos de 200, de 449 millones de dólares en 2023, solo en un año, el 2024, se generaron 3 mil millones, más de 3 mil millones de dólares en pérdidas. Entonces ese ha sido el carácter urgente económico que tiene el tratamiento de esta ley y pues ahora nosotros en la asamblea personalmente seré el proponente y que estaré también explicando cuáles son esos aspectos que se necesitan para esta reforma.

Legislador, ¿cómo se balanceará entonces este impulso que se busca dar a las alianzas público-privadas pero también de una manera directa la sostenibilidad en términos ambientales con respecto principalmente a los proyectos mineros?

Sí, sí, totalmente, mucho se ha dicho de que se va a eliminar las licencias ambientales, de que ya no va a existir control ambiental, todo lo contrario, lo único que se está haciendo es simplificando esta licencia, se obliga también que se presenten estos estudios técnicos para reducir, para mitigar o para prevenir estos impactos que se generan en el medio ambiente, simplemente como les dije, se simplifica el tema de la licencia para lo que ha pasado antes o lo que está pasando hoy en día, por ejemplo, es que existe mucha minería informal porque justamente estos trámites son muy engorrosos, demoran mucho tiempo y lo que se está tratando de hacer ahora es acelerando esos trámites para promover la minería formal.

Y justamente en ese sentido, ¿qué cambios plantearía esta normativa para entender la diferencia principal entre minería artesanal y también minería a pequeña escala? Porque hay una diferencia importante que también va a entrar dentro de este informe de ley.

Sí, sí, bueno, de hecho, hablando de la minería artesanal, se cambia un poco el nombre, ahora se llama como una actividad transitoria y temporal, que claro, que aquí lo que será justamente es que existan tasas en la fase de la exploración inicial, teniendo en cuenta de que ahora, como ya serán temporales y como ya serán limitadas, ya no tendrán ese mismo impacto, pero siempre y cuando tendrán, siempre van a tener ese control de la entidad ambiental y también dentro de los concesionarios para evitar ese daño al patrimonio, ese daño a la infraestructura.

Entonces, no se está omitiendo nada, simplemente se está fortaleciendo, como les dije, esa minería formal. Muchas gracias.

Gracias. Estas fueron las palabras justamente de la asambleísta Alejandro Lara, quien se pronunciaba con respecto al informe para primer debate que el día de hoy los legisladores tratarán con respecto al tema de minería y energía. Maritza María, la volvemos con ustedes.

Gracias a María Camila Azurita también por las reacciones correspondientes. Ella se encuentra en la Universidad Ecotec, ubicada en el campus San Borondón, provincia del Guayas. Y precisamente el pasado jueves 12 de febrero, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó este informe para primer debate del proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía calificado como urgente materia económica. El proyecto establece un marco normativo especial aplicable a las actividades de minería y energía eléctrica en los ámbitos público y privado en todo el territorio nacional.

Entre sus principales ejes se incluyen reformas a la ley de minería para regular con mayor claridad los actos administrativos previos a la actividad minera, actualizar el régimen de patentes de conservación, precisar las etapas de exploración y explotación, fortalecer además los mecanismos de control ambiental y redefinir el sistema de regalías, asegurando que el Estado participe de manera justa en los beneficios de la explotación de estos recursos naturales marítimos.

Y el presidente de la Asamblea Nacional, Nils Olsen, hace pocos instantes solicitó ya la constatación del quórum para conocer cuántos asambleístas están presentes para participar de esta sesión del pleno convocatoria número 72 para el análisis hasta este momento de los tres puntos en el orden del día. También procederá a conocer si es que hay las modificaciones de esta convocatoria y podemos observar cómo los asambleístas y las asambleístas encuentran en las curules que se han instalado en esta universidad para esta sesión en territorio. Lo decíamos e insistimos, están sesionando en la provincia de El Guayas, en la Universidad Ecotec, en el Campus San Borondón, en donde se habilitó este espacio para que los parlamentarios y parlamentarias puedan participar y presentar sus criterios en torno a los temas que han sido planteados.

A propósito del proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía calificado como urgente en materia económica, se habla acerca de la patente de conservación y se plantea hasta única y exclusivamente el mes de marzo de cada año, las concesionarios mineros pagarán una patente anual de conservación por cada hectárea minera, la que comprenderá el año calendario en el curso a la fecha del pago y se pagará de acuerdo con la escala indicada a partir del tercer inciso del artículo. En ningún caso, ni por vía administrativa o judicial, se otorgará prórroga para el pago de esta patente.

La patente de conservación desde el otorgamiento de la concesión hasta el 31 de diciembre del cuarto año de la exploración equivaldrá al 2.5% de una remuneración básica unificada por cada hectárea minera concesionada. Esta patente de conservación se aumentará al 5% de una remuneración básica unificada por cada hectárea minera concesionada para los años siguientes en la etapa de exploración. Es parte de lo que contempla el proyecto de ley en la que también se hace referencia a la concesión minera y se dividirá en una etapa de exploración y una etapa de explotación que incorporará los minerales principales secundarios y otros que tengan valores económicos.

Así es, Maritza. Avanza entonces el registro de las y los asambleístas para dar inicio con la sesión plenaria 072, que de momento tiene tres puntos dentro del orden del día. Himno nacional de la República del Ecuador. Conocer y resolver respecto del informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, calificado como urgente materia económica. Tercer punto, conocer el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía calificado como urgente en materia económica.

Ambos informes fueron trabajados al interior de la Comisión de Desarrollo Económico. De momento son más de 149 legisladores los que ya se han registrado para dar inicio a la correspondiente convocatoria de esta jornada del día viernes 20 de febrero de 2026. Como ya lo habíamos reiterado, la Asamblea Nacional sesiona en San Borondón, provincia del Guayas. Sesiona en territorio. Observamos en imágenes también avanza el ingreso de los asambleístas, lo propio con el registro correspondiente y se daría inicio a la sesión plenaria 072.

Y para el registro, los asambleístas están utilizando el mecanismo de votación digital, es decir, el que se registra también en el Salón del Pleno Nela Martínez y en las comisiones parlamentarias, a pesar de encontrarse fuera del Palacio Legislativo. La tecnología lo permite y de esta manera se desarrolla este registro y también la votación después del segundo debate del proyecto de reforma al COTAD. Hay que dar a conocer que también se cumple con lo establecido en los artículos de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el 62 específicamente que se refiere al segundo debate para proyectos de urgencia en materia económica.

En uno de sus párrafos establece La presidenta o presidente recibirá el informe para segundo debate, ordenará por Secretaría General de la Asamblea Nacional la distribución del informe a las y los asambleístas. Concluido el plazo de 48 horas contados desde la distribución de los informes, la presidenta o presidente del Parlamento ecuatoriano lo incluirá en el orden del Día del Pleno para segundo debate, en el que se aprobará, modificará o negará el proyecto de ley. Además, se establece que en caso de que el proyecto merite cambios, la o el ponente solicitará al presidente o presidenta de la Asamblea Nacional la suspensión del punto del orden del día a fin de que la comisión analice y apruebe la incorporación del cambio sugerido.

Para este efecto, el presidente o presidenta de la comisión respectiva convocará a la comisión para que en una sola sesión analice la prueba con mayor y absoluta análisis y el texto final será puesto en consideración del Pleno para su análisis. Esto también es parte del procedimiento legislativo que contempla la norma que rige al primer poder del Estado. En los próximos minutos, cierra el registro.

Así es, avanza entonces el registro, son 149 legisladores que de momento se han registrado, se esperan las disposiciones correspondientes de la presidencia de la Asamblea Nacional para el cierre de registro y con ello se avanzaría con el orden del día. En el caso de que hayan solicitudes de cambio en el orden del día también, como ya es en el trámite, en el procedimiento legislativo correspondiente, se conoce si en todo caso hay este tipo de solicitudes. Solicitudes, luego la justificación por parte del proponente, del legislador proponente y con ello se procede también con la votación.

De contar con los votos favorables se incluiría en el orden del día que de momento tiene tres puntos en esta sesión plenaria 072. Esto es asamblea en pleno, la Asamblea Nacional sesiona en territorio en la Universidad Ecotec Campus San Borondón, ubicada en la provincia de El Guayas. Sigue entonces avanzando, se esperan nada más las disposiciones correspondientes. Y avanzaríamos con los temas que están pendientes y que habíamos hecho mención. También María Camila Zurita conversaba con varios de los asambleístas que incluso son integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico con las aclaraciones respectivas y los últimos cambios que han sido incorporados en el informe para segundo debate de la reforma Zalcotad y en el informe para primer debate del proyecto de ley sobre los sectores estratégicos en cuanto a la minería y energía.

En el informe de la Comisión de Desarrollo Económico,

El informe de la Comisión de Desarrollo Económico del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados cuenta con 69 páginas y en ellas se incorpora el articulado que ha sido modificado. Artículo 1 establece el objetivo. La presente ley orgánica tiene por objetivo incorporar en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización reglas fiscales de sostenibilidad y racionalidad del gasto, orientadas a preservar la disponibilidad presupuestaria para inversión, mantenimiento, provisión de servicios públicos y cumplimiento de competencias en armonía con la planificación y la sostenibilidad fiscal.

El artículo 2 establece que en el segundo inciso del artículo 168 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAT, se sustituye a la frase a través de documentos físicos o medios digitales por la frase a través de documentos físicos o medios digitales. Además, también hace referencia al monto total a transferir. Los gobiernos autónomos descentralizados participarán del 21% de los ingresos permanentes y del 10% de los no permanentes del presupuesto general del Estado. Para el caso de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y provinciales, los citados porcentajes aplicarán siempre que se cumpla la regla de asignación mínima prioritaria que está prevista en el artículo 198.1 del presente Código.

Caso contrario, el cálculo para las transferencias de cada uno de ellos no excederá a los porcentajes establecidos en el artículo 271 de la Constitución de la República. Es así como se plantea que del artículo que ha sido reformado.

Así es, y son los artículos 238 y 272 de la Constitución de la República del Ecuador que definen al país como un estado descentralizado donde los gobiernos autónomos descentralizados gozan de autonomía política, administrativa y financiera para alcanzar el buen vivir y la equidad territorial. Bajo esta premisa, la descentralización establecida en la Constitución tiene como objetivo que los niveles de gobierno más cercanos a la población gestionen de manera eficiente competencias que son exclusivas, tales como la provisión de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales y vialidad urbana, entre otras, esto en beneficio de la población local.

Sin embargo, tras más de una década de vigencia del modelo de descentralización actual, se han identificado un desequilibrio estructural en el manejo de las finanzas locales de los GATS, que tiene un impacto directo en la sostenibilidad del sistema económico a nivel nacional. Adicionalmente, la autonomía financiera de los gobiernos autónomos descentralizados debe interpretarse de forma sistemática con los principios de unidad del Estado, coordinación y corresponsabilidad, complementariedad y solidaridad interterritorial, así como en el deber de asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la eficacia del gasto público nacional.

En esa medida, se requiere que se establezcan reglas generales de disciplina y priorización del gasto cuando las mismas se orienten a garantizar los derechos, cerrar brechas de servicios básicos y evitar que la rigidez del gasto corriente comprometa objetivos de política fiscal y estabilidad macroeconómica.

la convocatoria.

Se instala la sesión número 072-AN-2025-2029, siendo las 11 horas con 57 minutos. Con su autorización, señor presidente, doy lectura a la convocatoria. Convocatoria. Por disposición del asambleísta Nils Olsen-Pitt, presidente de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 12, número 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se convoca a las y los asambleístas a la sesión número 072-AN-2025-2029 del Pleno de la Asamblea Nacional a realizarse el día viernes 20 de febrero de 2026 a las 11 horas en la Universidad Ecotec Campus San Borondón, ubicado en la vía San Borondón, kilómetro 13.5, provincia del Guayas, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

Primero, himno nacional de la República del Ecuador. Segundo, conocer y resolver respecto del informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, calificado como urgente en materia económica. Tres, conocer el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, calificado como urgente en materia económica. Hasta aquí la lectura de la convocatoria, señor presidente. ¡Gracias!

Gracias, señor Secretario. Por favor, informe si se han presentado solicitudes de modificación del orden del día.

Cumplo con informar, señor presidente, que no contamos con solicitudes de modificación del orden del día para la presente sesión.

Gracias, señor secretario. Por favor, iniciemos con el primer punto del orden del día.

Himno Nacional de la República del Ecuador.

Inicia esta convocatoria la sesión número 72 del Pleno del Parlamento en la provincia de El Guayas, con la presencia de 150 legisladores y legisladoras sin modificaciones en el orden del día. Himno Nacional de la República del Ecuador.

Con la entonación del himno nacional de la República del Ecuador se cumplió el primer punto dentro del orden del día de la sesión plenaria 070.

Señor Secretario, siguiente punto del orden del día, por favor.

Segundo, conocer y resolver el aspecto del informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, autonomía y descentralización para la sostenibilidad y eficiencia del gasto de los gobiernos autónomos descentralizados, calificado como urgente en materia económica.

Señor Secretario, por favor dé lectura al memorando número AN-CDEP-2026-0049-M y del informe de su parte resolutiva. El informe íntegro remitido por la Comisión será parte del acta de la presente sesión.

Con su autorización, señor presidente, doy lectura del memorando número AN-CDEP-2026-0049-M, de Quito, 17 de febrero de 2026, dirigido al señor Nils Olsen-Pitt, presidente de la Asamblea Nacional. Asunto, informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, autonomía y descentralización para la sostenibilidad y eficiencia del gasto de los gobiernos autónomos descentralizados. De mi consideración, por disposición de la asambleísta Valentina Centeno Arteaga, presidenta de la Comisión Especializada Permanente del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, de conformidad con el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y del artículo 32 del Reglamento de Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales, tengo a bien remitir el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, autonomía y descentralización para la sostenibilidad y eficiencia del gasto de los gobiernos autónomos descentralizados, calificado de urgente en materia económica, aprobado en la sesión 125-2025-2027, de 17 de febrero de 2026 en esta mesa legislativa, a fin de que se continúe con el trámite respectivo en el Pleno de la Asamblea Nacional.

El ponente del informe es la asambleísta Valentina Centeno Arteaga, presidenta de la Comisión Especializada Permanente del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. La votación realizada en la sesión 125-2025-2027, de 17 de febrero de 2026, es la siguiente. Afirmativo 6 en contra 2, abstención 1, asambleístas ausentes 1. De igual manera, remita usted el informe de minoría presentado por el asambleísta Diego Salas, miembro de la Comisión Especializada Permanente del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, mediante memorándum número AN-SBDE-2026-0016-M, de 17 de febrero de 2026, dentro de la sesión 125-2025-2027, de conformidad a lo establecido en el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y artículo 31 del Reglamento de Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales de la Asamblea Nacional.

Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente, abogada Andrea Estefanía Poveda Camacho, secretario, relator. De igual forma, señor presidente, me permito dar lectura de la parte concluyente y resolutiva del informe. Seis, conclusión y recomendación. La Comisión Especializada Permanente del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa pone en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, el mismo que fue conocido, debatido y aprobado en la sesión 125-2025-2027, de 17 de febrero de 2026.

Siete, resolución y detalle de votación del informe. Por las motivaciones constitucionales y legales expuestas en el presente informe, así como las señaladas en las sesiones realizadas por la Comisión Especializada Permanente del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, resuelve aprobar el presente informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, calificada como urgente en materia económica, con seis votos a favor, dos en contra, una abstención, cero votos blancos de las y los asambleístas presentes.

Hasta aquí la lectura de lo dispuesto, señor presidente.

Muchas gracias, señor secretario. Con esto abrimos el debate. Tiene la palabra la asambleísta Valentina Centeno.

El secretario general dio lectura a la parte resolutiva de este informe preparado por la Comisión de Desarrollo Económico en estos momentos en el uso de la palabra de la asambleísta Valentina Centeno en calidad de ponente.

hemos venido a debatir sobre un proyecto de reforma al Código Orgánico de Organización Territorial que principalmente lo que plantea es una forma eficiente de distribución de los recursos públicos, los recursos de la gente, por parte de los municipios y de las prefecturas. Y esta regla que está vigente desde el 2011 establece que el 70% del total del presupuesto de los municipios y prefecturas debe invertirse en obra pública, en infraestructura y en servicios básicos. En atención al cumplimiento de la competencia exclusiva que tienen los municipios y las alcaldías, los municipios y las prefecturas, de acuerdo a lo que establece la Constitución, para atender los servicios básicos y las necesidades prioritarias de los ciudadanos.

Y el 30% restante debe invertirse en gasto corriente. Entiéndase como roles de pago, funcionarios, entretenimiento y demás gastos. Esto responde a una lógica de eficiencia, responde además a una lógica de justicia social con la ciudadanía, para que primero se prioricen las necesidades básicas de agua potable, líquido vital, alcantarillado y luego el gasto corriente, como dije, el pago de funcionarios y de sueldos. Y la verdad es que existe una realidad que muchos alcaldes y prefectos en nuestro país, no todos, pero muchos de ellos no quieren contar.

Primero hablemos de agua potable. En el Ecuador todavía tenemos cerca de 4 millones de habitantes, 4 millones de ecuatorianos que no tienen acceso al líquido vital. Y esta es una realidad completamente grave que sobre todo afecta a las poblaciones más vulnerables. Y lo voy a decir el día de hoy, cómo esto ha afectado a la desnutrición crónica infantil de nuestras niñas y nuestros niños. Pero antes de hablar de la falta de agua potable, además, quienes sí recibimos agua, quiero que ustedes sepan que de acuerdo a la Agencia de Regulación y Control, el 71% de la población en este país recibe agua de baja calidad.

Eso quiere decir que 12 millones de ecuatorianos al día de hoy recibimos agua no potable en nuestras llaves, en nuestros hogares. Eso significa que los alcaldes están fallándole a 12 millones de ecuatorianos al incumplir con su responsabilidad de dotar de agua potable, agua limpia, agua libre de contaminación. Y ahora hablemos de las cifras de esta provincia en la que nos encontramos sesionando el día de hoy, de la provincia de Guayas. Cantones como Alfredo Vaquerizo Moreno, en Guayas, con 25.000 habitantes, 17.000 no tienen acceso a agua por parte del municipio.

Eso significa el 72% de la población del cantón. Durán, 303.000 habitantes, 126.000 de ellos no tienen acceso a agua potable. Eso significa el 42%. La mitad de la población de Durán todavía en pleno, 2026, no tiene agua por parte del municipio. Salitre, 68% no tiene acceso a agua. Simón Bolívar, 50% no tiene acceso a agua. Y así me puedo quedar horas hablando solo de la provincia de Guayas. Mi provincia, Miquel, les cuento. Cantones como Olmedo, en el norte de Manaví, de 10.000 habitantes, 8.000 no tienen agua.

El 80% de la población. Paján, un cantón en el sur de Manaví, 78% no tiene agua. Esmeraldas, lo mismo se repite en cantones como Eloy Alparo, Río Verde, Puerto Quito. 50% de la población no tiene agua por parte del municipio. Y en la Amazonía los datos son aún más alarmantes. Ahora hablemos de alcantarillado, otra de las competencias exclusivas de los municipios. 58.9% de los ecuatorianos no tienen alcantarillado. Uno de cada dos ecuatorianos no tenemos alcantarillado. Eso significa que uno de cada dos ecuatorianos tiene agua en posadas, agua en las calles, agua contaminando el suelo y que en época invernal tiene graves inundaciones que afectan al desarrollo de la ciudad.

No tener alcantarillado además es un problema de salud pública porque previene enfermedades. Y nuevamente las consecuencias las asumen las niñas y los niños. La desnutrición crónica infantil en nuestro país asciende al 19%. Los cantones más afectados, las provincias más afectadas, Chimborazo, Bolívar, Santa Elena, Guayas, Pichincha. Y voy a dar un dato de la Amazonía porque de acuerdo a las cifras que obtuvimos del INEC en la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil, vemos la cantidad de familias que tienen niños de 5 años viviendo en sus hogares que reciben agua contaminada con la bacteria E.

coli, que significa desnutrición crónica infantil. Y los porcentajes más alarmantes se registran en Pastaza, Napo, Zamora, Chichipe, Orellana, Morona, Santiago. Todos, más del 50% de los hogares con niños de menos de 5 años reciben agua contaminada con la bacteria E. coli. El oro, Bolívar. Y aún así vemos que muchos alcaldes siguen ofreciendo más conciertos, más entretenimiento por millones de dólares. Aquí lo que hablamos es poner en orden las prioridades. Y voy a hablar de las competencias exclusivas porque es importante diferenciar. La Constitución establece en el 264 que es competencia exclusiva de los municipios prestar servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos y actividades de saneamiento ambiental, entre otros.

Luego además se establecen otras competencias que son entendidas como las competencias concurrentes o complementarias a las competencias exclusivas. Y esto se da con una responsabilidad compartida y coordinada de acuerdo al COTAD con el gobierno central. Y hoy voy a refrescar un poco la memoria. Porque nosotros establecemos que es importante reorganizar, poner orden a cómo se está distribuyendo el recurso público para que el 70% se invierta en obra y en servicios y el 30% se invierta en gasto corriente. Pero bajo ningún supuesto estamos limitando o en ninguna parte del proyecto queda prohibida la inversión en infraestructura educativa por parte de los alcaldes.

Yo quiero que por favor Secretaría pase un proyecto, una noticia periodística del 2013.

Autorizado.

Avanza la intervención del asambleísta Valentina Centeno, quien además es presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico. Estamos en el segundo debate del proyecto de reformas al COTAD para la eficiencia y sostenibilidad de los gastos de los gobiernos autónomos descentralizados.

En el 2013, de acuerdo al telégrafo, dice la noticia que el ministro de Educación de la época, Augusto Espinosa, se reunía con cinco delegados de los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Para qué? Para analizar el estado de la infraestructura educativa. Y el secretario de Estado en esa época, en el 2013, le recuerda a los alcaldes que está prohibido que gestionen o inviertan en educación. Ya que eso es competencia del Estado Central y ya no de las entidades seccionales. Otra nota del 2013 dice, el Ministerio de Educación pide a Cabildos transferir fondos para obras.

No solo estaba prohibido para los alcaldes que inviertan en infraestructura educativa, sino que además les decían, si usted quiere invertir en una escuela, tiene que pasarme la plata a mí como gobierno central y yo puedo invertir en esa obra de educación. Eso es vulneración a la autonomía. Eso es una vulneración realmente a la descentralización. Yo me pregunto dónde estaba la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, en esa época, cuando se establecían ese nivel de prohibiciones a los alcaldes para que no inviertan en infraestructura educativa. Era asambleísta, miembro de la Comisión de GATS, de Gobiernos Autónomos Descentralizados.

¿Y dónde estaba el alcalde Pavel Muñoz en esa época, cuando se prohibía a los municipios invertir en educación? Era secretario nacional de planificación, además presidente del Consejo de Competencias, que regula justamente las competencias concurrentes de los municipios. Aquí nosotros no hemos venido a prohibirle la inversión en educación, ni en salud, ni en programas sociales a nadie, como sí lo hacían ustedes en el 2013. Nosotros lo que decimos es que si quieren invertir, inviertan de manera eficiente. 70% en obra pública, en inversión, y 30% en gastos de roles de pago y funcionarios.

Ahora hablemos del gasto excesivo que tienen muchos municipios, porque como digo, esta norma no es una norma nueva, existe desde el 2011. El problema es que nadie la ha cumplido. De acuerdo a los reportes del Ministerio de Economía y Finanzas, los municipios en su generalidad invierten el 64% de su presupuesto en gasto corriente. Y ya he dicho en el primer debate cuáles son el ranking de municipios que más invierten en gasto corriente, que invierten hasta el 180% de su presupuesto en gasto corriente. Esa es la injusticia que queremos cambiar.

Solo en el 2024 los GATS destinaron 953 millones de dólares para gasto corriente. Mil millones de dólares en el 2024 para sostener estructuras burocráticas. Aquí nadie cuestiona el trabajo de los buenos funcionarios, de los funcionarios honestos que hacen su trabajo y cumplen su deber. Aquí lo que estamos cuestionando es una dimensión de gasto corriente frente realmente a la realidad que vive nuestro país. Cuando hay comunidades que no tienen agua potable, cuando hay barrios que viven entre aguas hervidas, cuando hay vías destruidas, destinar mil millones de dólares a engrosar estructuras políticas es definitivamente un problema político y moral.

Eso no es una prioridad técnica. Y es una señal de que aquí en este país las prioridades están mal ordenadas. Nuevamente, otro dato, para quienes dicen que se pone en riesgo el trabajo de algunas personas. Quizás tenemos que ver también los sueldos dorados de algunos municipios. El municipio de Quito, un director general de comercio gana 4.300 dólares mensuales. 4.300 dólares. Y son algunos directores que tiene el municipio. Mientras que en el Ministerio de la Producción, un director del mismo rango gana 2.400 dólares. Quizás, si sincerizan esos rubros de sueldos, podrían sostener la nómina que dicen que está en riesgo.

Sinceran. Hoy tenemos una oportunidad de hacer justicia con el país. Tenemos una oportunidad de corregir la forma en la que se está invirtiendo el gasto público para que se invierta en servicios para la gente, para que se invierta en obra pública. Y creo que la Asamblea debe hacer lo correcto. Debe poner primero al agua, debe poner primero al alcantarillado, debe poner primero al pueblo. Cuando se invierte bien, la dignidad se construye. Y hoy más que nunca, el Ecuador necesita construir un futuro. Muchas gracias. Gracias. Gracias.

Gracias.

Escuchamos ahí la primera intervención en voz del asambleísta Valentina Centeno, ponente y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico. Habló de responder con justicia social para que se prioricen las necesidades básicas y luego el gasto corriente. Muchos alcaldes y prefectos no suministran servicios y en Ecuador hay más de 4 millones de habitantes que no tienen acceso a agua potable, fue parte de lo que escuchamos. También indicó que son cerca de mil millones de dólares de gasto corriente que han destinado a los gobiernos.

en los autónomos descentralizados.

Siguiente intervención, asambleísta Sergio Peña.

Yo creo que este debate es importantísimo, pero vamos a referirnos mucho a las cifras, porque es muy fácil decir, o amenazar inclusive, de manera descarada, con que se van a eliminar programas sociales, cuando lo que menos invierten es en programas sociales. Así que vamos a los números. Primera cosa, con ciertos millonarios, contrataciones para fiestas, artistas internacionales pagados con los recursos de los ecuatorianos, autos blindados sin justificación. Entonces, ¿eso es gestión pública? No, eso es despilfarro e irresponsabilidad. Así de sencillo. Estas cifras, de las cuales voy a hablar, no mienten.

Los datos oficiales, como tal en el año 2023, para tener una referencia, fueron 43.7 millones de dólares, según el CERCOP, que se destinaron a eventos y fiestitas. Pero vamos ahora a la realidad. Solamente en el año 2026, escúchese bien, tenemos dos meses y menos. Solamente en el 2026 van más de 6 millones de dólares gastados en fiestas. 61 procesos de contratación para fiestas. Eso es lo que tenemos en este momento en los GATS. Vamos a pequeños valores específicos también, para que se entienda de lo que estamos hablando.

Guaranda, 499 mil dólares para fiestas, hasta ahora. Guayaquil, 494 mil dólares ya adjudicados. Paute, 394 mil dólares. Bolívar, 355 mil dólares en este momento adjudicados. Señores, los GATS confundieron lo que es autonomía con gasto alegre, con gasto contento de los recursos públicos. Y a eso ahí tenemos que decirle la verdad a los ecuatorianos. Seguimos, porque esto no solo pasa en ciertos GATS. Vamos con Quito. ¿Cuánto gastó un concejal en un evento privado? 193 mil dólares en un evento interno, donde 72 mil dólares solo fueron en alimentación.

Parece que el hornado de 15 dólares que se descubrió en su momento no era solamente un caso específico. 72 mil dólares solo en alimentación. Vamos a Machala, un alcalde conocido, por gastar millones en fiestas, entrega de yanquis, artistas internacionales. Solamente desde el año 2025 a la fecha, solamente en fiestas, 498 mil dólares. Seguimos. El alcalde de Cuenca, caso emblemático, conocido. Compró un auto blindado por 176 mil dólares. Un auto blindado que ya fue determinado, en este caso, por Contraloría, con responsabilidad, con indicios de responsabilidad penal.

Un auto blindado. Y me están hablando de que la amenaza es eliminar los servicios, en este caso, de servicio social. No sean descarados, señores. 176 mil dólares en un auto blindado. ¿Qué es lo que se debería invertir, señores? La inversión pública. Debe de ser el agua potable, el alcantarillado. Eso es lo que deberíamos estar invirtiendo como GATS. Pero, repito, se confundió la autonomía con gasto alegre de los recursos. Hoy tenemos la oportunidad, dentro de esta asamblea, de no pensar en las seccionales, de dejar ese egoísmo y pensar en que la gente reciba los servicios que merece.

Ya hablaremos, como lo dijo Valentina de Durán. Y alguien tendrá que hacerse cargo de esa alcaldesa sentenciada por peculada. Una alcaldesa, que ya puedo decirle delincuente porque tiene sentencia, de que se robó el agua teniendo los recursos. 13 millones de dólares, aunque tenía los recursos y Durán sigue sin agua. Eso es lo que deberíamos estar hablando. Entonces, entendiendo esto, menos del 39% actualmente de los recursos se están utilizando para realmente lo que se deberían de utilizar. Y el resto va a pagar favores políticos. Por eso tenemos municipios que hoy defienden esto y sacan obligados a sus empleados a marchar y cuatro pelagatos a decir que están en contra.

Cuando realmente, si estuvieran en contra, ¿saben cuántos municipios hay? 221. ¿Saben cuántas personas estuvieran en la calle en estos momentos? Ya. Bueno, está bien. Uno más, es más. Tienes hasta más gente en la calle. ¿Y sabes cuánto había ayer? 500 personas. Eso demuestra que están obligando a funcionarios a salir. Esa es la realidad. Porque si no tuviéramos medio país paralizado, si estuvieran en contra de que podamos realmente ejecutar el presupuesto como se tiene que ejecutar. Entendiendo esto, esta regla fiscal del 70-30, ¿qué busca? Es una herramienta que básicamente busca que el 70% de los ingresos que tiene un municipio se inviertan en lo que se debe, en la obra pública, alcantarillado.

En eso es lo que queremos basar esta regla. El artículo como tal, en el cual estamos regulando esto, nos dice que al menos el 70% del presupuesto codificado deberá destinarse a gastos no permanentes. Es decir, inversión y mantenimiento. Clarísimo. No entiendo cómo podemos oponernos a que el dinero público le sirva a la gente. No entiendo. Y la amenaza, repito, una amenaza sinvergüenza de decir es que se van a afectar los programas sociales. Cuando la gran masa salarial, y en este caso el gasto real, está en los sueldos y salarios dorados, como bien lo decía y lo suponía Valentina, con sueldos de 4 mil dólares, y en estas fiestitas, lujos y vanidades que están teniendo los alcaldes.

Por lo cual, dentro de esta regla, hemos puesto una disposición transitoria importantísima. En el año 2026, se realizaría el seguimiento, desde diciembre, con el cumplimiento mínimo del 65% desde junio de este año. En el 2027, mínimo el cumplimiento debe estar en el 68%. Y en el 2028, el 70%. Con esta gradualidad y el apoyo técnico del Ministerio de Finanzas, se busca que los municipios pequeños también se tecnifiquen. Y como bien decía la Presidenta del AME, un municipio pequeño y sin el presupuesto para tener agua, hoy, a través del apalancamiento responsable y una buena gestión, está gestionando el agua para muñe.

Es decir, si se quiere, se puede. Finalmente, mis queridos colegas legisladores, esta ley busca que la gente reciba lo que por años no le han dado. Yo quiero hablar de un caso específico, porque crecí en Durán. Y desde pequeño, Durán efectivamente no ha tenido agua. Pero hubo en algún momento el presupuesto de 57 millones para que el agua llegue a Durán. ¿Saben qué pasó? Se lo robaron. Eso es lo que pasó. Y yo no veo cartas de ese partido político diciéndole a la gente de Durán, discúlpenos, porque tuvimos una delincuente como alcaldesa.

Yo no veo el comunicado de prensa diciendo, perdón, Durán, por dejarlo sin agua. Pero hoy, esos mismos que se rascan las vestiduras son los que dicen que van a eliminar los planes sociales y que se va, en este caso, a reducir el presupuesto. Digámosle primero perdón a Durán por dejarlo sin agua y ahí realmente comencemos a sincerar las cosas. Por lo cual, este proyecto de ley lo que busca es eso. Eficiencia. Que la tarima no pese más que el agua potable. Que el circo y el show no sea primero por encima de la obra que necesitan los ecuatorianos.

Por eso, señor presidente, este proyecto busca corregir esa distorsión. Poner orden donde existe desorden. Y eso es lo que nosotros, como asambleístas, hoy deberíamos estar ponderando. Mi palabra, señor presidente. Muchas gracias.

Es la segunda intervención a cargo del asambleísta. Sergio Peña dijo que la gestión pública que no ha sido manejada adecuadamente por ciertos GATS. Solamente en el 2026 van más de 6 millones gastados en fiestas, es decir, 61 procesos de contratación para actos sociales.

del texto íntegro del proyecto de ley orgánica reformatoria del código orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización para la sostenibilidad y eficiencia del gasto de los gobiernos autónomos descentralizados. Muchas gracias.

Gracias, asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Diego Salas.

La intervención anterior en voz del asambleísta Valentina Centeno fue para presentar la moción de aprobación del proyecto económico urgente reformatorio al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Interviene el asambleísta Diego Salas.

desde los barrios, desde el campo, desde la ciudad, a quienes madrugan para trabajar, a quienes esperan el agua en las llaves, a quienes dependen de una vía para sacar sus cosechas y a quienes solo piden lo básico, servicios que funcionen. Dicen en el campo no se arregla una gotera rompiendo el techo. Y eso es lo que hace este proyecto económico urgente. Dice que quiere mejorar el gasto, pero en la práctica puede terminar rompiendo el techo de los servicios básicos. Seamos francos, sí hay que gastar mejor.

Nadie defiende el despilfarro ni la propaganda, pero esta reforma no mide la calidad ni resultados, mide porcentajes. Y lo más grave, si el gobierno decide que un gap no llegó al porcentaje, lo pone en modo castigo y le baja la transferencia al mínimo. Cuando bajas recursos en territorio, a un municipio, a una prefectura, no bajas un simple Excel o no recortas un simple papel. Bajas el bacheo, bajas mantenimiento vial, bajas alcantarillado, bajas agua potable y sentencian también al fracaso los proyectos que cambian vidas. Es quitarle el presupuesto al centro de rehabilitación para personas con discapacidad.

Es cerrar también las escuelas deportivas para nuestros jóvenes que apartan, que se apartan del vicio. Es dejar sin brigadas médicas a los adultos mayores que ya han sido olvidados por el gobierno nacional. Y aquí conecto también con el informe de minoría. Esta ley no solo es rígida, sino que es una camisa de fuerza, porque impone el 70-30, sobre todo el presupuesto, no solo sobre las asignaciones. Y además define un gasto computable con lista cerrada, que deja unos rubros que hacen posible la obra real. Es decir, te exigen invertir, pero quitan en el conteo partes esenciales para ejecutar bien, como equipos técnicos, fiscalización, componentes operativos, empujando a dos caminos iguales de malos.

Maquillar los rubros para llegar con la partida o endudarse para cumplir solo con el papel. Y cuando la Constitución exige asignaciones predecibles, una regla que puede activar recortes, vuelve impredecible la caja, obligando a paralizar servicios, obras, se caen los contratos, el proveedor no cobra, el barrio sigue esperando. Aquí hay un hecho que no podemos ignorar. En la Comisión, por comparecencias y oficios, se ha dicho que el gobierno central todavía debe alrededor de mil millones de dólares a los gobiernos locales. Que pretenden licuarlos, por supuesto. Los GAT dejan de tener certeza.

Hoy planifican con una plata y mañana le pueden ajustar o recortar. Además, se ha presentado un escenario en el que recortar el presupuesto a los GAT podría ser de alrededor de 960 millones de dólares. Y lo más grave, cambian la forma de contar la inversión cuando el año ya está culminando, con presupuestos que ya estaban aprobados, comprometidos y ejecutándose. El propio escenario presentado por Finanzas lo evidencia. Para llegar al 70% habría que invertir a cerca de 5.530 millones de dólares. Pero con la nueva forma de cálculo, lo que cuenta hoy apenas llega al 24.30% en municipios y 32.62% en prefecturas.

Es decir, aproximadamente 2.081 millones de dólares. Esta brecha no es un pequeño detalle. Es la prueba de que la regla, así como está, nace para fallar y para activar los recortes antes mencionados. Debo reafirmar con firmeza a lo ocurrido en la Comisión. Es lamentable que la Presidenta de AME, Yuri Colorado, dio un dato gravísimo, que muchos municipios dependen fuertemente de estas asignaciones. Pero frente a una regla punitiva, lo que se necesitaba era pluralidad y firmeza, no ambigüedades. Se habló también de análisis, pero sin transparentar con claridad el peor escenario para los municipios o para los cantones más pequeños o más débiles.

Y asimismo el Prefecto del Oro, en representación del Congope, habló de la importancia de la inversión. Pero cuando tocó lo decisivo en el tema de sanciones y el impacto, faltó más firmeza, una postura completa. Incluso se sugirió sigilo sobre sanciones. No, colegas asambleístas, en democracia no hay sigilo cuando se castiga al territorio. Si se va a castigar, el país merece saber cómo se calcula y a quién se golpea. Sin datos completos y sin escuchar a quienes alertan el daño, esto, sin lugar a dudas, es legislar a ciegas.

Compañeros y compañeras asambleístas, la gente no vive de porcentajes. Vive de agua, vive de alcantarillado, vive de recolección de basura, vive de mantenimiento de vías, vive de servicios. Una ley que puede recortar recursos por cumplir un número, sin medir calidad ni resultados, no es solución, es un riesgo. Y a eso estamos llegando. Y cierro como empecé. Esa madre, ese productor, ese niño, esa ambulancia que no pudo llegar a tiempo, no necesitan un porcentaje bonito. Necesitan un Estado serio que legisle con evidencia, con participación real y sin castigar a la ciudadanía.

Por ellos, por todos los territorios y por la seguridad de los servicios básicos, esta reforma no puede pasar tal como está. Conmino a cada uno de ustedes, colegas asambleístas, que se deben a sus provincias, a sus territorios, a votar en contra de este informe de mayoría, porque es una ley inconstitucional. Muchísimas gracias.

Fue la intervención del asambleísta Diego Salas. A su criterio, la regla fiscal podría generar recortes a los recursos asignados. Una siguiente intervención sería la quinta a cargo del asambleísta Mariana Yumbay. Ya sea lista, recordarles que estamos en la sesión plenaria 072 del Pleno de la Asamblea Nacional desde el Cantón San Borondón, provincia del Guayas.

Gracias, presidente. Muy buenos días con todos y todas, en especial con el pueblo ecuatoriano que está pendiente de este debate, de esta llamada ley de urgencia económica. Quiero partir señalando que es importante hablarle con la verdad al pueblo ecuatoriano. No podemos seguir mintiendo y debo decir, nosotros como Pachacuti no podremos y no seremos cómplices de aprobar estas iniciativas que violentan la norma constitucional, que provocan la regresión de derechos. La reforma al COTAD no sólo es un debate técnico sobre porcentajes o sostenibilidad fiscal. Es una decisión sobre el modelo de Estado que queremos preservar.

Hoy vamos a discutir si la descentralización consagrada en el artículo 1 y 2.75 de la Constitución será respetada o si mediante esta ley se vaciará la autonomía política administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados reconocida en el artículo 2.38. Si eso ocurre, estaríamos reformando la Constitución de manera encubierta, lo que resultaría inconstitucional. Y también representa que lamentablemente desde el gobierno central no entienden el mensaje dado el 14 de noviembre por el pueblo ecuatoriano. Quieren a través de estas iniciativas reformar la Constitución. ¿Hasta cuándo van a entender?

No se dan cuenta. Siete leyes que ustedes han aprobado en complicidad de algunos aliados están con más de 30 demandas de inconstitucionalidad. Dos de ellas ya fueron expulsadas del ordenamiento jurídico. Quiero señalar algunas observaciones que de paso he remitido, pero claro, como siempre, no han sido acogidas. Primero, si bien el artículo 140 de la Constitución permite calificar un proyecto como urgente en materia económica. Pero la Corte Constitucional en su sentencia 51-25-IN-25 en su párrafo 121 establece algunos requisitos que deben concurrir. Uno, que el proyecto se refiera a aspectos sustantivos de política económica.

Segundo, que el trámite expedito sea necesario para garantizar el equilibrio de las finanzas públicas o enfrentar una situación económica adversa. Este proyecto, si bien es cierto, toca temas de política fiscal, pero no demuestra una situación urgente o inesperada que justifique acortar el trámite ordinario legislativo. Es una reforma estructural que debe seguir el procedimiento ordinario, porque no responde a una crisis inmediata. En ese sentido, se inobserva lo resuelto por la Corte Constitucional. Dos, el artículo 3, al reformar el artículo 192, afecta directamente la autonomía política y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados, garantizado en el artículo 238 de la Constitución.

No estamos hablando de simples porcentajes, ese 21% de ingresos permanentes y 10% de los no permanentes se traduce en agua potable para comunidades, caminos rurales para agricultores, sistemas de riego, alcantarillado y proyectos de desarrollo productivo en los cantones y provincias. Entonces, condicionar estas asignaciones al cumplimiento de una regla impuesta desde el gobierno central significa que la ejecución de obras y servicios va a depender de una fórmula rígida y difícil de cumplir. En la práctica, esto puede reducir las asignaciones del 21 al 15% en ingresos permanentes y del 10 al 5% en no permanentes, lo que representa un retroceso en derechos y en el proceso de descentralización.

Tres, el artículo 4 incorpora nuevos articulados, el 198.1, 198.2, 198.3, modificando la forma en que se calcula el porcentaje mínimo del 70% destinado a inversión. Este cambio introduce uno de los aspectos más preocupantes de la reforma. La nueva fórmula excluye del cálculo rubros fundamentales del clasificador presupuestario. El subgrupo 71 correspondiente a egresos en personal para inversión, es decir, servicios personales vinculados directamente a programas sociales o a la ejecución de obra pública. Eso dicen, eso están propiciando ustedes. El subgrupo 78 correspondiente a transferencias o donaciones para inversión que comprende subvenciones sin contraprestación destinadas a proyectos y programas de inversión.

El subgrupo 71 financia al personal técnico que es indispensable para la ejecución de proyectos. Ahí están los ingenieros, fiscalizadores, arquitectos, promotores sociales, profesionales que operan programas comunitarios. Sin este personal las obras no pueden planificarse, no van a poder ejecutarse ni supervisarse adecuadamente. El subgrupo 78 financia programas sociales, apoyo a grupos prioritarios, niños, niñas, adolescentes, mujeres víctimas de violencia, adultos mayores, infraestructura básica, equipamiento, proyectos productivos, así como infraestructura social y ambiental. Estos recursos constituyen inversión real en el territorio. Sin embargo, la reforma dispone que estos rubros no sean considerados dentro del cálculo del 70% obligatorio de inversión.

En consecuencia, se exige que los gobiernos autónomos descentralizados destinen el 70% de su presupuesto a inversión, pero simultáneamente se excluyen del cómputo de componentes esenciales para ejecutar dicha inversión. Esto genera, por supuesto, un efecto práctico claro. El 70% se vuelve mucho más difícil de cumplir. Y si no se cumple, los municipios y prefecturas serán sancionados mediante la reducción de sus asignaciones presupuestarias, limitándose al porcentaje mínimo previsto en el artículo 271 de la Constitución, o sea, 15 y 5%. En la práctica, asambleístas y pueblo ecuatoriano, esta medida puede provocar despidos masivos de personal técnico, reducción de equipos que ejecutan programas sociales, menor capacidad de planificación y fiscalización de obras, paralización o retraso de proyectos en ejecución, entre otros.

Cuarto, los artículos 4 y 5, refuerza el control del ente rector de finanzas públicas mediante la publicación trimestral. Aunque la transparencia es necesaria, pero ese control no puede convertirse en una supervisión permanente que limite la autonomía política y financiera de los GATS, ni condicione su planificación. A su vez, el artículo 7 permite reducir transferencias por supuestos incumplimientos de las reglas de inversión, abriendo la puerta a disminuir la asignación. Esto va a terminar afectando directamente la provisión de agua potable, el saneamiento, mantenimiento vial, programas sociales, especialmente en cantones y provincias pequeñas que dependen de estos recursos.

Termina castigando a la población y frenando el desarrollo territorial. Van a permitir que lo que dice el artículo 3, que es un deber primordial del Estado ecuatoriano, garantizar el desarrollo territorial y garantizar una vida digna de todo el pueblo ecuatoriano, no se cumpla. No podemos permitir que en nombre de la eficiencia se termine debilitando a los gobiernos locales y se afecte los derechos de la población. Por eso, les invito a que reflexionen, dejen de aprobar este tipo de normativas que violentan derechos constitucionales. Así que reaccionen y garanticemos efectivamente un desarrollo del pueblo, pero aprobando leyes que permitan aquello, no leyes que van a provocar una real regresión de derechos, una violación a la autonomía, a la descentralización.

Hasta aquí, muchas gracias.

leyista Mariana Yumbay finaliza

No solo es un debate técnico, es una decisión sobre el modelo que se quiere preservar, indicó. Intervención número 6, se prepara el asambleísta Alfredo Serrano para el debate y presentar sus criterios.

Comencemos diciendo temas como estos. Señores, esta no es nuevamente, como ustedes lamentablemente los últimos ocho meses han convertido en la Asamblea, una pelea entre RC y ADN. Los municipios, las juntas parroquiales y las prefecturas están por encima de esa bronca. Nuevamente, la gente de las parroquias, la gente de los cantones y la gente de las provincias están muy por encima de la bronca que tienen ustedes entre RC y ADN. Dediquémonos, por tanto, a hablar de la descentralización porque los municipios, como dice su frase, son la patria, igual que son los consejos provinciales, igual que las parroquias.

Dicho esto, señor presidente, y ojalá en el debate enriquezamos la ley con aportes y dejemos de lado las broncas políticas. No es cierto, señor presidente y compañeros legisladores, lo que se afirmó al inicio, que la actual ley dice que el 70-30 es sobre el presupuesto total de los municipios. Falso. La actual ley dice que de las rentas que le entrega el gobierno a los gobiernos autónomos, el 70 tiene que destinarse a gasto corriente y el 30, perdón, a gasto de inversión y el 30 gasto corriente.

De manera que, cuando ustedes en la ley ponen que ahora va a ser sobre el presupuesto total de los gobiernos autónomos, comienza la primera inconstitucionalidad. Ni la Asamblea Nacional, ni el Ejecutivo, tiene facultad para decidir qué hacen los gobiernos autónomos con sus recursos propios. Esa es facultad autónoma porque así lo manda la Constitución de la República. Segunda, segundo tema. Señor presidente, se cambia un concepto fundamental en la elaboración de una ley que se llama la generalidad de la ley. Ahora resulta ser que va a haber una definición de gasto de inversión para los municipios y otra definición de gasto de inversión para el gobierno.

Por favor. Y otra definición para gasto de inversión para el gobierno. La ley, señor presidente, uno de los elementos fundamentales de la ley, los abogados lo saben, es la generalidad. No podemos tener una definición de gasto de inversión para el gobierno central y otra definición de gasto de inversión para los gobiernos autónomos. Dos tipos de inversión. Por eso es que, ¿qué nos dice la ley? Vamos a cumplir con el 70-30. Nos dice la ley. Pero les voy a cambiar las reglas del juego. Porque ya no va a ser inversión la partida 71 ni la partida 78 que tiene que ver con gasto social, que tiene que ver con obras de inversión, que tiene que ver con transferencias a los gobiernos autónomos pequeños.

Por ejemplo, las transferencias que hacen los municipios a las juntas parroquiales, las transferencias que hacen las prefecturas a las juntas parroquiales. Hoy ya las califican de gasto corriente, ya no va a ser gasto de inversión. Y es por eso que perjudican a las juntas parroquiales. Porque ahora sí el prefecto les va a decir, y los alcaldes les van a decir a las juntas parroquiales, perdónenme, ya no les puedo transferir plata. Tronco de pretexto que le hemos dado para aquellos prefectos y alcaldes que no quieren atender a las juntas parroquiales.

Hoy la Asamblea les quiere dar un pretexto legal para que no les den recursos a las juntas parroquiales, que con los recursos que les da el gobierno prácticamente cubren gastos corrientes. Y ustedes aceptaron eso, por eso es que la sacaron de la ley. Sanción. Si un alcalde, si un prefecto, no cumple con el 70 de inversión y 30 de gasto corriente, yo me pregunto, y créanme compañeros, háganse en ustedes esa pregunta, ¿por qué tenemos que sancionar a la gente? ¿Por qué no sancionamos al alcalde y a su consejo que apruebe el presupuesto?

¿Por qué no sancionamos al prefecto y al consejo que aprueba su presupuesto? Pero no, la propuesta cuál es, que se le va a sancionar a la gente de ese cantón, a la gente de esa provincia, ¿cómo se la va a sancionar? Bajándole el presupuesto, quitándole rentas, porque no es cierto lo que se ha dicho aquí, que no se va a quitar rentas. Sí, se va a quitar rentas. Y si no, refútenme, por favor. Si no se cumple con la regla, la nueva regla, porque ya es nueva regla del 70-30, les van a bajar las rentas a las ciudades y a las provincias.

Y por ende, no le van a dar las rentas a las juntas parroquiales. De manera que ese castigo, como es en cualquier castigo en la administración pública, debe ser para el funcionario público que no cumple la ley. No debería ser para la gente de ese cantón. No debería ser para la gente de esa provincia. No debería ser para la gente de esa parroquia. Sancionemos al funcionario que no cumple con la ley, pero no a la gente, señor presidente. Vean ustedes, compañeros legisladores, el actual artículo 200 del COTAD, porque aquí no se ha dicho nada, absolutamente nada, de las rentas atrasadas del gobierno.

Y en el informe no dice nada sobre eso. 1.100 millones le debe el gobierno a los gobiernos autónomos descentralizados. Escúchense. 1.100 millones de dólares. Yo les pregunto, ¿quién puede planificar, quién puede ejecutar una obra con ese tipo de retrasos en las obras? Pero ¿saben qué dice el artículo 200 del COTAD? Ya que en esta ley no estamos poniendo ningún tipo de sanción para el funcionario que no transfiere las rentas. Ya está en la ley. Y sin embargo no se la cumple. El artículo 200 del COTAD dice, en la parte pertinente, las asignaciones y transferencias a las que se refiere este artículo se realizarán mensualmente a los gobiernos autónomos descentralizados.

Y aquí viene la pepa. En caso de incumplimiento de esta disposición por parte de los funcionarios públicos responsables, se impondrán sanciones establecidas en la Ley Orgánica de Servicio Público. ¿Conocen ustedes algún caso de algún ministro que haya sido sancionado porque no le ha entregado a tiempo las rentas a los gobiernos autónomos descentralizados? Nada. Entonces, hoy queremos obligarlos a los gobiernos autónomos descentralizados a cumplir con una norma imposible de cumplirla. Imposible de cumplirla. 200 años de república tenemos y siguen cantones sin agua. ¿Qué les hace creer que para el próximo año con esta ley ya va a haber agua y alcantarillado en los cantones?

Si los gobiernos de turno, no solamente, sino todos los gobiernos se retienen las rentas que les corresponden a los gobiernos autónomos descentralizados. Este es un proceso. Debería haber un tiempo de ejecución de esta norma. ¿Qué es plausible? ¿Quién no va a estar en contra de que el 70% se destine a inversión y el 30% a gasto corriente? Claro que es una norma plausible. Es imposible estar en contra de ella. Pero en la forma como está establecida es inejecutable y por lo tanto va a haber sanción para la gente.

Si no es cierto eso, sancionen al alcalde y van a ver que yo cambio mi discurso y no voy a decir que esta ley sanciona a las ciudades, a la gente de las ciudades, a la gente de las parroquias, a la gente de las provincias. Al funcionario público se debe sancionar, al que no cumple con la ley. ¿Por qué tiene que pagar, señor presidente y compañeros legisladores, el pueblo, no sé, de aquí del cantón Santelena porque su alcalde no cumple con la ley? ¿Por qué tiene que pagar ese pueblo las consecuencias de tener un alcalde que no cumple?

Y así puedo dar ejemplos por los 222 cantones y que ya el próximo año serán 223 porque se exhumó un nuevo cantón que recientemente fue aprobado en Esmeralda, el cantón Borbón. Entonces, seguimos repartiendo el mismo pate pero para más integrantes. Pero no crece la torta. Esto es fundamental, señor presidente, también. En esta ley se le está dando la facultad de juez y parte al Ministerio de Finanzas para que diga qué municipio y qué prefectura cumple o no cumple la ley. Y por lo tanto, el Ministerio de Finanzas dice este municipio, como no es de mi agrado, no cumple con la ley.

Y truco, lo pongo en la lista que le voy a bajar las rentas. ¿Por qué no le damos atribución al que por ley y constitución tiene esa atribución? ¿Qué es la Contraloría General del Estado? Es la Contraloría General del Estado la que debería hacer la auditoría para ver si cumple o no cumple con la nueva norma del 70-30. Y claro, la sanción debe ser para el alcalde, debe ser para el consejo, debe ser necesario, pero no para el pueblo. Por Dios, ¿de cuándo acá queremos sancionar al pueblo que responda por los alcaldes y responda por los prefectos?

El pueblo sí a veces se equivoca en las urnas y elige mal, pero no, eso no significa que hay que castigarlo bajándole las rentas porque ese alcalde no cumplió con ese precepto. Hemos defendido la descentralización, señor presidente, históricamente. La primera consulta popular en todo el Ecuador la auspiciamos los socialcristianos y la ganamos. La primera ley de descentralización que se hizo en este país fue de autoría del Partido Socialcristiano y hemos apoyado a los gobiernos autónomos no hoy porque estamos en campaña política, sino desde siempre, porque creemos y confiamos en que son el verdadero motor de cada uno de sus localidades.

Lamentablemente, los presupuestos que reciben atrasados que van a poder resolver temas de agua potable, de alcantarillado, si hay cantones que con las completas pueden pagar sueldos y no pueden cumplir con la gente. Por tanto, señor presidente, como lo dije yo en la intervención del primer debate, nosotros imposible que en estas condiciones podamos apoyar este proyecto de ley. Porque créanme de verdad y acuérdense lo que les digo, compañeros legisladores, muy pronto vamos a ver los resultados de esta ley cuando comiencen a bajarse las rentas de los municipios porque va a ser incumplible, señor presidente.

Y si no, hagan una cosa, dejen la invigencia del artículo que está vigente actualmente, que dice el 70-30, sobre los recursos que le asigna el gobierno, no sobre las rentas propias. Ahí usted tiene la primera causal de inconstitucionalidad, por lo cual la corte le va a decir que no procede. Señor presidente, compañeros legisladores, desquizamos el debate haciendo aportes, olvidémonos de las broncas que tenemos, o broncas políticas, porque créanme, la situación que viven las juntas parroquiales, los municipios y las provincias es desatrosa a aquel nivel de discusión política.

La discusión debe ser técnica en este momento. O sancionamos a los alcaldes que no cumplen y a los prefectos que no cumplen o sancionamos a la gente. Nosotros jamás vamos a estar porque se sanciona a la gente. Señor presidente, muchas gracias por la palabra.

Fue la intervención del asambleísta Alfredo Serrano, se refería a varios aspectos de este informe como las sanciones y además dijo que esta discusión debe ser técnica. Avance entonces el segundo debate de este proyecto de reformas Alcotad en materia económica. Estamos en la sesión plenaria 072 del Pleno de la Asamblea Nacional. Ya se prepara la asambleísta Lucía Pozo también para intervenir y dar sus aportes en el marco de este debate y esta discusión que llega a ustedes a través de la señal de TVL Canal 42 de la radio de la Asamblea Nacional y también a través de las distintas plataformas digitales.

Estamos en el segundo punto dentro del orden del día de la sesión plenaria 072 del segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al código orgánico de organización territorial autonomía y descentralización para la sostenibilidad y la eficiencia del gasto de los gobiernos autónomos descentralizados calificado como urgente en materia económica. Un informe que fue trabajado en la comisión de desarrollo económico además esperamos ya nada más que se puedan resolver los aspectos técnicos y se procedería ya con la intervención del asambleísta Lucía Pozo representante de la provincia del Carchi quien además es presidenta de la comisión de gobiernos autónomos de la Asamblea Nacional.

la ciudadanía en las localidades. ¿Y por qué? Porque ellos tienen una herramienta importantísima, tienen el acceso a la información directa, conocen sus localidades, pueden adaptar las políticas públicas a las realidades de sus territorios, porque no es lo mismo administrar recursos en la costa, administrar recursos en el oriente, administrar recursos para las ruralidades y para los cascos urbanos. Es importante que la ciudadanía comprenda que este proyecto de ley fortalece la inversión en sus territorios, en las localidades donde están las autoridades que todos nosotros elegimos para que nos representen en los municipios, prefecturas y las juntas parroquiales.

Sin embargo, es importante también refrescar la memoria de quienes hoy quieren desestabilizar la gestión de la Asamblea Nacional y del Ejecutivo, quienes han sacado funcionarios municipales de las prefecturas a realizar marchas en contra de la ley. Pero como lo dijo mi compañero asambleísta que, bueno, hace dos intervenciones lo realizó, si hubiesen salido los doscientos veintidós municipios a marchar a la ciudad de Guayaquil, no hubiesen alcanzado las calles de Guayaquil para abastecer a toda la gente. Se ha socializado, se ha conversado con todos los municipios, con la AME, con Congope, con Conagopare, y este proyecto ha sido fortalecido técnica y jurídicamente.

No se vulnera la autonomía de las municipalidades, se conserva, se consagra las transferencias determinadas en la Constitución en el artículo doscientos setenta y uno. Y a mayor calidad del gasto, pues se verá el incremento en las transferencias mensuales. No puede ser que haya autoridades que por décadas hayan abandonado sus territorios. Han sido dos veces alcaldes, dos veces prefectos, fueron concejales. Décadas de abandono de nuestras municipalidades, de las prefecturas, de varias juntas parroquiales. En muchos casos, incluso la corrupción se ha inquistado en las estructuras de los municipios, de las prefecturas.

El día de hoy tenemos una herramienta importante, devolverle a la ciudadanía el valor que todos nos merecemos, la inversión por parte de los municipios, de las prefecturas que nos están representando. Hay administraciones que por años han preferido la fiesta y no la inversión. Hemos visto en las cifras, y no son cifras frías, la falta de alcantarillado, la falta de agua potable, la falta de adoquinado. Estas ciudades, estos pueblos, estas parroquias abandonados hoy se han convertido en el bastión, en la incubadora del crimen organizado. Han reclutado a nuestros niños, niñas y adolescentes porque son barrios que viven en la pobreza, que viven en el olvido, que no tienen autoridades locales que responda por ellos.

Y si este modelo de gestión, compañeros asambleístas, hubiese funcionado estas décadas de abandono, pues realmente no sería factible este proyecto de ley que hoy estamos tratando. Hoy nos vamos a modernizar, vamos a entregar herramientas de planificación. No podemos vivir en el olvido durante años, no podemos tapar el sol con un dedo, y lo digo a todos los asambleístas, incluso asambleístas serrano que me antecedió. Galápagos tampoco tiene un buen sistema de alcantarillado, tampoco tiene una importante inversión. Quiere decir que el sistema no funcionó. La falta de control, la falta de trazabilidad del gasto en los gobiernos autónomos descentralizados no es razón de autonomía, no es sinónimo de autonomía el que los alcaldes y prefectos puedan despilfarrar sus recursos en festividades.

La autonomía es tener la capacidad de priorizar el gasto, de planificar la inversión y de dotar de buenos servicios públicos a sus ciudadanos. Eso es lo que busca este proyecto normativo, racionalizar el gasto, elevar la calidad del gasto de los gobiernos autónomos descentralizados, y a mayor calidad del gasto, mayor transferencia de recursos mensualmente. Esto es una lógica, es democracia, es coherencia. Y otra mentira que hoy vamos a desmontar, es lo que dijo la prefecta de Pichincha, que esto va a generar una contracción económica, que se va a desmotivar la inversión privada en las localidades.

Al contrario, ustedes creen que no genera empleo directo la construcción de una importante infraestructura, mejorar la calidad de servicios en las localidades, obviamente genera empleo directo y atrae inversión privada complementaria a las localidades. Compañeros asambleístas, ciudades bellas, seguras, bonitas, atraen la seguridad, atraen la inversión, atraen el turismo, atraen el desarrollo. Construyamos el Ecuador que todos soñamos desde las ruralidades, desde los cantones, desde las cabeceras provinciales. Apoyemos a que estos proyectos de ley funcionen en el territorio. Yo sé cuál es la postura de la oposición, pero no podemos seguir tapándonos los ojos y creer que el modelo de gestión descentralizado, sin control, al despilfarro, ha funcionado y ha generado obras, bienes y servicios en el territorio.

Son cantones que por años han vivido en el abandono, en la inseguridad, en el olvido, y el gobierno nacional tiene que corresponsabilizarse por la mala gestión de las autoridades locales. La autonomía es cuando realmente les conviene, porque cuando despilfarraron los recursos, los malversaron, no los administraron bien, van a golpear las puertas para los créditos del Banco de Desarrollo, para que el Ministerio de Infraestructura y Transporte transfiera recursos directos a prefecturas para mantenimiento de redes viales rurales. Pero ahí no se dice, no, soy autónomo, no me entreguen más recursos de los que me corresponden.

Ningún recurso público puede estar exento del control social, de la rendición de cuentas directas, de una trazabilidad y a buena hora, que hoy tendremos el control del ente rector de las finanzas públicas. Y lo que dijo el alcalde de Quito es lamentable. Me sorprende que el alcalde Pavel Muñoz, después de años de haber vivido del Estado ecuatoriano, hoy venga a decir que va a construir escuelas sin maestros, que va a construir centros de salud sin médicos, sin profesionales que puedan solventar el servicio. Me sorprende que años viviendo del Estado no comprenda la diferencia en lo que es el gasto de inversión y el gasto corriente.

Ahora comprendo, alcalde Pavel Muñoz, ¿por qué québrotame? El problema no es esta ley, el problema es su mala administración y de quiénes están atrás de desestabilizar este proyecto de ley. Si seguimos administrando de la misma manera que por más de 20 años se han administrado las localidades del país, nunca vamos a poder ver la diferencia en inversión local. Vamos a seguir trabajando de manera cooperada, corresponsable con el Estado ecuatoriano, con el gobierno central, en todas las competencias desconcentradas, descentralizadas, corresponsabilizando también a las carteras de Estado para que cumplan con su aporte, con sus competencias en territorio, pero de manera coherente.

No puede ser que desgasten sus recursos y vamos a desgastar al gobierno central. No es el gobierno central la única vaca lechera. Tenemos que ser responsables de los recursos que se nos asignen territorio y también ser responsables de la administración de las tasas municipales, de la recaudación de impuestos prediales. Es terrible cómo vienen administrando algunos gobiernos locales sus propios recursos. Vienen imponiendo tasas a ojo de buen cubero y eso lo vamos a regular a través de la reforma al COTAD que hoy por hoy estamos tramitando en la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Los GAC necesitan mayor planificación, control, regulación, acompañamiento, asesoramiento. Si todos nos apoyamos, sacamos adelante al Ecuador de este momento crítico que realmente está. El gobierno del presidente Daniel Novoa por más de dos años ha venido restableciendo la seguridad de la economía del Ecuador, de las cenizas que gobiernos anteriores lo dejaron. Así que hoy espero que votemos con coherencia y que los asambleístas de provincia seamos responsables con nuestro voto del futuro y desarrollo de nuestras localidades. Mi palabra, señor presidente.

Fue la séptima intervención a cargo de la asambleísta Lucía Pozo. Dijo que no es lo mismo administrar recursos en la costa como en la sierra. La ciudadanía debe comprender que el proyecto de ley fortalece la inversión en sus territorios. Además, recalcó que esta iniciativa fue socializada ampliamente con todos los actores. Se trata de un proyecto que ha sido fortalecido técnica y jurídicamente, dijo la asambleísta Lucía Pozo. Una siguiente intervención estaría a cargo de la asambleísta Liliana Durán. Sería la octava dentro de este segundo debate del proyecto de reformas al COTAD en materia económica.

Gracias, presidente, colegas asambleístas. Permítanme ahora mismo empezar con un abrazo solidario y un cálido saludo a esas mujeres que han tenido oportunidad de recuperar su vida a través de los programas sociales que han sido implementados por los gobiernos subnacionales como prefecturas y municipios y juntas parroquiales. A ellas un abrazo enorme. A los niños y niñas que han sido rescatados de las garras de la delincuencia a través de las escuelas de fútbol, a través de las escuelas de música. Ahora los niños y niñas, los jóvenes, los adolescentes, se encuentran en una gran incertidumbre porque no saben qué es lo que va a pasar ahora mismo de aprobarse esta mal denominada, inconstitucional ley que reforma al cotado.

Las democracias no mueren de un día para otro, se erosionan cuando poco a poco el poder central empieza a decirle a los territorios cómo deben pensar, cómo deben planificar y cómo deben gastar. Ayer, 19 de febrero de este año, miles de ciudadanos y ciudadanas en Quito levantaron su voz para expresar su rechazo absoluto a este proyecto de ley. Porque saben cómo lo hacen sus autoridades locales, que esta norma es un atentado directo contra la autonomía territorial y la vida de sus comunidades, la gente que marchó grita con sentido común y con experiencia vivida.

No quieren un Estado que les dicte cómo gastar cada dólar de su presupuesto local. Quieren un Estado que reconozca sus prioridades locales y fortalezca los servicios, la educación, la salud, la seguridad y los programas sociales. De eso estamos hablando ahora. Esa multitud no salió a reclamar cifras, salió a defender sus derechos, a decidir, a planificar, a construir futuro desde sus territorios. Hoy no estamos ante un simple ajuste presupuestario. Ya contiene una regla vinculada al uso de transferencias del gobierno central. Hasta 30% para gasto permanente y mínimo 70% para gasto no permanente.

Esa es la situación vigente. Lo que hace este proyecto es transformar esa lógica. Ya no se trata únicamente del destino de transferencias. Se impone que cada GAT en cada ejercicio fiscal destine al menos el 70% del presupuesto institucional anual codificado de egresos no financieros a gasto no permanente de inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura y activos públicos. Y no solo eso, colegas asambleístas, se redefine que es gasto computable mediante una lista cerrada del clasificador presupuestario. Solo los rubros que caen en esos grupos suman al 70%.

Se excluyen otros gastos que hoy permiten sostener programas sociales, operación básica y servicios territoriales. Se vuelve al cumplimiento obligatorio y verificable en formulación, reformas de vengas. Se exige anexo de cumplimiento, certificación de veracidad de la máxima autoridad y aprobación por el órgano legislativo del GAT. Y no se cumple, no estamos ante una observación técnica, se activa una ruta sancionatoria que puede terminar en reducción de transferencias. Eso es un cambio cualitativo, colegas asambleístas. No estamos discutiendo inversión, estamos discutiendo un mecanismo de disciplina fiscal central sobre la estructura presupuestaria territorial.

El problema sí es constitucional y material. La Constitución reconoce la autonomía política, administrativa y financiera a los GAT. La autonomía financiera no es simbólica, implica capacidad real de planificar y ejecutar presupuesto conforme prioridades locales. Este proyecto impone una arquitectura obligatoria del gasto y condiciona la aprobación y reformas presupuestarias. Reduce la autonomía financiera real y la sustituye por cumplimiento porcentual verificado centralmente. Además, una regla uniforme para todos los niveles y modelos de GAT, ignora asimetrías estructurales, población, ruralidad, dispersión geográfica, capacidad recaudatoria y costos operativos. Aplicar el mismo umbral a realidades profundamente desiguales produce impactos desproporcionados.

Y el impacto no es terórico. Desde el punto de vista microeconómico, la transferencia es motor de circulación local. Pagos a proveedores, salarios, consumo, empleo. Un recorte como sanción reduce liquidez territorial, rompe cadena de pagos y contrae la demanda local. Especialmente en cantones pequeños, altamente dependientes del gasto del GAT. Desde el punto de vista macroeconómico, el reporte opera como un shock contractivo y procíclico. Enfría actividad económica, reduce empleo e ingresos y puede terminar generando estancamiento territorial antes que inversión efectiva. Un ejemplo práctico, colegas asambleístas, incluso en municipios grandes como el de Quito, que reportan alrededor del 56% de inversión.

El salto hasta el 70% implicaría mover más de 130 millones de dólares. En municipios pequeños, un ajuste del 10% o del 20% de flujo total, significa millones menos en operación básica. Esto no es eficiencia técnica, es riesgo operativo, pero además del fondo, existe un problema político y democrático grave. Esta reforma se tramitó como urgente en materia económica, pese a que reconfigura el equilibrio territorial y la autonomía financiera. Una materia estructural, no se demostró urgencia macroeconómica real que justifique comprimir el debate. Y en ese debate comprimido, múltiples autoridades solicitaron ser recibidas.

No fue sólo la prefecta de Pichincha, quien pidió comparecer. Alcaldes de distintos cantones, prefectos y prefectas provinciales, gobiernos locales, asociaciones territoriales y representantes de los diversos GAT, remitieron sendos oficios a esta asamblea y desde luego a la Comisión de Desarrollo Económico. Informes económicos y solicitudes formales de participación. Se advirtieron impactos concretos en programas sociales, inversión local y capacidad operativa. Sin embargo, ninguna de esas solicitudes fueron atendidas contra, yendo definitivamente contra la norma que exige la posibilidad de que en estos temas de trascendental importancia para la vida de las comunidades deben ser escuchadas.

Frente a este escenario, los y los asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana, que integran la Comisión de Desarrollo Económico, asumieron su responsabilidad constitucional y presentaron un informe de minoría, un documento de más de 400 páginas. No fue un acto testimonial, ni una postura retórica, fue una decisión técnica, fundamentada y sustentada en el análisis jurídico, financiero y territorial del proyecto, dejando constancia expresa de que los vicios estructurales que atraviesa la propuesta y de la necesidad de su archivo. Ese informe sostiene que el proyecto es improcedente como urgente económico, que vulnera la autonomía financiera, igualdad material, seguridad jurídica y progresividad de derechos, y recomienda expresamente su archivo.

Advierte además que la penalidad por reducción de transferencias puede traducirse en retrocesos reales, en provisión de servicios y en efectos contradictivos territoriales significativos. El informe no plantea mejorar el texto, sostiene que el vicio es estructural y esa es la clave precisamente. No estamos ante un artículo mal redactado, estamos ante un diseño que transforma la autonomía en cumplimiento disciplinario. El Estado no se fortalece debilitando al municipio, la inversión no se garantiza castigando al territorio, la eficiencia no se construye ignorando asimetrías ni cerrando el debate. Por respeto a la Constitución, por respeto a la autonomía territorial, por las advertencias técnicas y económicas evidenciadas, por la falta de deliberación suficiente y por coherencia con el modelo descentralizado del Estado.

Hoy no decimos sobre un porcentaje, no decidimos sobre un porcentaje, decidimos si el Ecuador sigue siendo un Estado descentralizado.

Gracias, señor asambleísta, 10 minutos con 50 segundos. Le pido que termine su intervención en 30 segundos, por favor.

convierta en obediencia presupuestaria, por responsabilidad constitucional, presidente, y también por responsabilidad política. El camino correcto es solo uno, negar y archivar este maldado proyecto. Y decirle, para concluir, si me permite, este no es un problema de pugnas entrebancadas, este es un tema de principios. ¿Quiénes estamos del lado de la gente y trabajamos?

Muchas gracias a las asambleístas por su intervención. Tiene la palabra el asambleísta Pablo Jurado.

La asambleísta Liliana Durán en la intervención número 8 finaliza su intervención. Durante su exposición mostró su desacuerdo a la reforma al Cotat. En la siguiente intervención se prepara el asambleísta Pablo Jurado. Estamos en el segundo punto del orden del día de la sesión 72.

Asambleístas, seguimos desgraciadamente con el argumento que lo que yo hago vale y lo que los otros hacen no sirve. Alfredo Serrano empezó su intervención haciendo referencia no a lo que percibimos los asambleístas, sino a lo que percibe el país. Es decir, si es que ADN presenta una propuesta, entonces con seguridad esa propuesta será tachada y será obviamente buscada las mínimas, entre comillas, de errores para tratar de decirle al país que eso no sirve. Quien habla empezó siendo jefe de Relaciones Públicas del municipio de Ibarra. Quien habla más tarde fue consejero provincial alterno y secretario general del gobierno oficial de Imbabura.

Con el respaldo de Ibarreñas y de Ibarreños, me cupo el honor de ejercer por dos ocasiones la Consejalía de Ibarra, la Vicealcaldía de Ibarra y luego la Alcaldía de Ibarra. Con el respaldo de Ibarra, asumimos la prefectura por dos periodos y con el respaldo de la mayoría de prefectas y de prefectos del Ecuador, estuvimos al frente del Congope en dos periodos. Con eso lo que quiero decir es que como funcionario he vivido la realidad del municipio. Como funcionario he vivido la realidad del gobierno provincial, como autoridad también, y he vivido la realidad de cómo históricamente desde el Ejecutivo se respalda a quien es afín a la tendencia ideológica del gobierno de turno y a quien no lo es.

Lo vivimos en carne propia, la crisis del país, en el dos mil dieciséis a la provincia de Imbabura, porque a veces se puede pensar que le hacen daño al respecto a la alcaldesa o a la prefecta. En la provincia de Imbabura, a la provincia de Imbabura en el dos mil dieciséis, se le generó un recorte de seis millones de dólares. ¿Por qué? El argumento era obviamente que el país tenía crisis económica y que los prefectos, los alcaldes, sepan cómo se arregla. Pero obviamente nosotros responsablemente tuvimos que hacer replanteamientos y revisar las planificaciones para salir adelante.

Las obras que debíamos hacer en el dos mil dieciséis no lo pudimos hacer en el dos mil dieciséis y obviamente lo hicimos las obras ya en el dos mil dieciocho prácticamente. Esas son realidades que viven las alcaldes, las alcaldes, los alcaldes, que viven los municipios, que viven las prefecturas. Pero también nosotros entendemos, y así lo hicimos desde la función de alcalde y la función de prefecturas, queríamos comprender el esfuerzo que hacía el Ejecutivo de turno para poder solucionar las crisis económicas. Más aún cuando nosotros hoy por hoy seguimos siendo un país dolarizado y si es que no tenemos las reservas necesarias, obviamente la dolarización se pone en juego.

Ese tipo de aportes, de entendimientos, fue dando la posibilidad que salgamos adelante de manera concurrente, tanto el gobierno nacional como los otros mil dieciséis de gobierno. Me refiero a las juntas parroquiales, me refiero a los municipios y me refiero también a las prefecturas. Esta mañana me visitaron representantes de la Asociación de Empleados del Gobierno Provincial de Inbabura, representantes del Sindicato de Trabajadores del Gobierno Provincial de Inbabura, para poder conversar y expresar su preocupación, porque obviamente se les ha manifestado que en cualquier momento les van a enviar a la casa porque ya tendrán recursos económicos, que obviamente la agenda social no se va a cumplir porque está prohibido con las reformas que se están estableciendo y que obviamente estamos debatiendo en este momento.

Yo creo que cada uno, igualmente, de los asambleístas nos ha correspondido ir explicando hasta dónde llega, obviamente, la reforma y hasta dónde no llega la reforma. Consideramos nosotros que cuando se dice que ya para la obra social no va a haber recursos económicos, debemos recordar que hay un mandato legal donde dice que todas las instituciones del Estado, todas deben al menos destinar el 10% del presupuesto de inversión para invertir en sectores o grupos de atención prioritaria. Y ahí están obviamente las niñas, los niños, los adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores.

Entonces, en algún momento a alguien se le ocurrió y se dijo que los patronatos municipales no serían. A través de esos patronatos, muchas alcaldías realizaban agenda social, servicio social, en temas de salud particularmente, y se eliminaron los patronatos. Pero no se eliminaron todos. Entonces, varios de esos que a su tiempo habían sido declarados, obviamente, instituciones de derecho público, se mantuvieron. Y a mí me correspondió, en la audiencia de IBABUR, obviamente, regentar el patronato de amparo social que la anterior administración ya lo manejó también. Y desde ese espacio trabajamos en inversión contra la violencia a la mujer, en temas de ciclo de vida, en temas de movilidad humana.

Se trabajó con personas con discapacidad, con ayudas técnicas también, haciendo alianzas con diferentes instituciones, tanto nacionales como extranjeros. Más tarde, se llevó la administración actual y se dijo que se extingue el patronato municipal, porque eso no sirve. Se extinguió el patronato municipal, y había sido, ahora ya no se llama patronato municipal, ahora ya me entiendo, igual me más, y es decir, casa de las mujeres. Es decir, se llegó con un modelo propio, que está en su derecho, ¿no?, de la actual administración. Pero no conozco, en la reforma, en algún artículo, es posible que esté equivocado, que se me diga, ¿en qué parte le está prohibiendo a la alcaldía o le está prohibiendo a la prefectura la reforma para que tenga recursos económicos para la obra social?

Cierto es que también existen modelos en algunos territorios donde el prefecto quiere ser alcalde, por lo tanto, no genera iniciativas para tratar de crear impacto político en las partes urbanas. O hay alcaldes que quieren ser prefectos, obviamente que también han manejado ciertas estrategias para poder también salir a invertir en la zona rural. Hoy por hoy, yo creo que es el punto de partida para una transformación. Sí, Alfredo decía que es imposible. Yo no diría que es imposible. Yo diría que es difícil, que se la pone difícil, cierto es.

Pero para eso, creo que vivir en democracia nos da esa posibilidad de que se acojan, ¿no?, recomendaciones que puedan ir perfeccionando de la mejor manera esa norma que hoy estamos debatiendo, pensando siempre en el bienestar de la comunidad. A través de los medios de comunicación, en los últimos días, nosotros hemos sido testigos, como expertos en el manejo económico, como también organizaciones de la sociedad civil que hacen seguimientos a la inversión pública, están aplaudiendo y están dando el visto bueno de que ya era hora que desde el Ejecutivo y el Legislativo, haciendo uso de su facultad, llegue a conocer y resolver estas transformaciones y estos cambios.

Considero que ninguna ley está escrita en piedra. Considero que todo es susceptible de ir perfeccionándolo. Considero que sí es importante que se acojan cosas que hasta el momento se han dicho también de parte del otro lado, de quienes no están de acuerdo totalmente. Alfredo decía, no estoy de acuerdo en que ese 10% se haga de la masa presupuestaria, sino que se regule el 10% de lo que el Gobierno Nacional a través del modelo de equidad territorial le entrega tanto a los municipios como también a las prefecturas.

Señor presidente, colegas de asambleístas, yo creo que no solamente en este tema, en muchos de los temas tenemos que dar pasos hacia adelante. Yo creo que mantener el estatus quo ahí, dejar las cosas como están, sabiendo que no están dando resultado, también es una irresponsabilidad. Y yo me sumo, insisto, a la sugerencia de que las cosas positivas, las cosas que mejoren este cuerpo legal y que vayan siempre en favor de las parroquias, en favor de los cantones, en favor de las provincias, pues así tengan que ser.

Y qué mejor que mañana haya una mejor articulación entre todos los niveles del Gobierno para que vayamos solucionando temas como los que Valentina Centeno hoy estadísticamente con mucha claridad ha hecho referencia. Señoras asambleístas, señores asambleístas, la gente no está conforme cómo se están manejando los recursos económicos. La gente no está conforme cómo se están manejando las alcaldías y cómo se están manejando las prefecturas. De alguna manera tenemos que responder también a esa exigencia ciudadana que dice para algo están ahí, vayan mejorando. Pero, insisto, si es que en el camino se detectan inconvenientes, pues para esta, la Asamblea Nacional, para ir articulando tanto con la participación ciudadana como desde la visión local, ir mejorando las normas, insisto, para que siempre vayan en favor de los que más necesitan.

Hasta aquí me puedo hablar, señor presidente.

Fue la novena intervención a cargo del asambleísta Pablo Jurado. Aclaró que cuando se dice que se limitará la obra social, aclaró que es importante recordar que todas las instituciones del Estado deben al menos destinar el 10% del presupuesto para invertir en sectores de atención prioritaria. Consideró que la propuesta es apenas un punto de partida. Concluyó que se deben acoger las observaciones pensando siempre en el beneficio de la colectividad ecuatoriana. Siguiente intervención a cargo del asambleísta Otto Vera.

para las ciudades y los pueblos del Ecuador. Creo en principio, por el título del proyecto de ley, que quizá la intención ha sido buena. Quizá la intención ha sido buena. Lamentablemente, lo que está escrito en el texto del proyecto de ley no concuerda con la intención principal de este proyecto. Si bien es cierto, este proyecto debería impulsar que alcaldías y prefecturas inviertan 30% en el gasto corriente y 70% para la inversión, pero los parámetros que van a permitir el cumplimiento o no de esto van a hacer que nosotros mañana o más tarde seamos sujetos de sanciones o de incumplimientos de inconstitucionalidad.

¿A qué me refiero? Voy a leer textualmente el artículo 192 que está siendo modificado. El artículo 192 del COTAD, modificándolo, dice, los gobiernos autónomos descentralizados participarán del 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los ingresos no permanentes del presupuesto general del Estado. Para el caso de los gobiernos autónomos municipales y provinciales, los citados porcentajes aplicarán siempre que se cumpla la regla de asignación mínima prioritaria prevista en el artículo 198.1 de este código. Caso contrario, el cálculo para las transferencias de cada uno de ellos no excederá los porcentajes establecidos en el artículo 271 de la Constitución.

¿Qué pasa con este artículo? Si es aprobado, este artículo va a ser contrario a lo que dice la Constitución en el artículo 271. Porque el artículo 271 habla de los mínimos valores que deben ser transferidos a los gobiernos autónomos descentralizados. Esto es, mínimo el 15% de los ingresos permanentes del presupuesto general del Estado y mínimo el 5% de los ingresos no permanentes del presupuesto general del Estado. ¿Cómo una ley puede estar en contra de lo que dice la Constitución? Además de lo que dice Alfredo Serrano, este sería otro motivo claro para la declaratoria de inconstitucionalidad de este proyecto.

Y una cosa importante, en la que yo sí estoy de acuerdo con muchos legisladores que hoy han hecho su intervención. Si bien es cierto, hay muchos municipios y prefecturas que no están haciendo la inversión como corresponde, que están invirtiendo mucho en fiestas o que están haciendo inversiones que son completamente equivocadas para el cumplimiento de las competencias exclusivas que tiene cada gobierno autónomo descentralizado. Pero yo quiero ponerles un ejemplo aquí. En mi provincia, en mi provincia los recursos que provienen del presupuesto general del Estado son alrededor de 60 millones de dólares.

Estoy hablando de prefecturas y los tres municipios que hay en Santa Elena. Y de esos 60 millones de dólares, la reducción del presupuesto, de acuerdo a los cambios que se quieren hacer, solo llegaría a 43, 44 millones de dólares. Es decir que la reducción de las asignaciones estaría entre el 25 y 30%. Si esto lo hacemos a nivel país, estamos hablando de que una reducción para todos los gobiernos autónomos descentralizados oscilaría entre mil millones de dólares. Y si se acuerdan, compañeros legisladores y pueblo cotoriano que nos esté escuchando, eso yo ya lo vengo escuchando varios meses atrás cuando se tomó este Parlamento de forma equivocada, tomó la decisión de subir el 3% más del IVA, que se iban a recaudar mil millones de dólares, supuestamente para poder luchar contra la criminalidad.

Pues esta reducción, si se aprueba esta ley, va a lamentablemente, forzosamente, perdón, a reducir los ingresos de los municipios, de las prefecturas en mil millones de dólares. Por tanto, el resumen es que este nuevo proyecto de ley solamente constituye un nuevo impuesto para todos los ecuatorianos, porque son mil millones de dólares que les estamos quitando, no a los municipios ni a las prefecturas, sino a los ciudadanos de bien que merecen la obra pública que debe construirse en cada uno de sus territorios. Sí, este proyecto de ley es un 3% más de IVA si lo analizamos numéricamente.

Por eso es importante acoger el pedido que hace el doctor Alfredo Serrano, que sí estamos de acuerdo en que la distribución económica entre inversión y gasto corriente debe ser 70-30, siempre y cuando se cumplan algunas disposiciones que permitan, obviamente, no quitar los recursos para temas sociales y para algunas actividades que son importantísimas para el desarrollo local. Pero en el caso de que esto no se cumpla, la ciudad no tiene por qué pagar los platos rotos, el pueblo no tiene por qué ver mermada la inversión en agua potable, en alcantarillado sanitario.

En último de los casos, lo que deberíamos nosotros impulsar es que sean las autoridades las que en el momento de efectuar adelante ese incumplimiento sean destituidas. ¿Por qué no pueden ser las autoridades destituidas? ¿Por qué este proyecto de ley, si realmente quiere buscar la mejor ubicación de las inversiones en cada uno de los territorios, por qué no destituimos a los alcaldes o a los prefectos que incumplan estas disposiciones? Pues no, este proyecto lo que está haciendo es no cumplen la institución, le quito la plata al pueblo para que este dinero vaya a dónde piensan que va a parar.

Irá a parar por si acaso, o ustedes se imaginan que este dinero irá a parar a un fideicomiso en el que mañana ese municipio o esa prefectura cumple y le devuelven su dinero, no va a pasar eso jamás. Ese recurso, ¿a dónde piensan que se quedará? Se quedará en las arcas del gobierno central y ya sabemos cómo es el Estado central y la forma en que ejecuta los proyectos de acuerdo a sus competencias. Si ya estamos claros que el año pasado se invirtió solamente el 1%, imagínense ustedes, mientras se exige que está bien, y yo concuerdo con aquello, que a los gobiernos descentralizados se les exige el cumplimiento del 70% de inversión, mientras el Estado central invierte 1, 2% de los recursos de los ecuatorianos en la obra pública.

Es decir, de que cada 100 dólares que nosotros cobramos en impuestos como Estado ecuatoriano, 1 o 2 dólares solo se invierte en la obra pública. Por tanto, compañeros legisladores, yo pienso que esto no es de intentar llevar adelante la narrativa de que es el Estado la vaca lechera. Yo creo que aquí más bien es lo contrario. Lo que queremos hacer es que la vaca lechera sean las ciudades en donde queremos seguirle metiendo la mano al bolsillo de los trabajadores, de las inversiones que deben realizarse en cada una de las ciudades para poder reinvertirlas en, entre comillas, aquellos proyectos que lleva adelante el gobierno central.

Por eso, y de esa manera, como está redactado el actual proyecto, nosotros como Partido Social Cristiano nos opondremos a la aprobación de este proyecto. Muchas gracias.

En esta intervención número 10 escuchamos al asambleísta Otto Vera y realizó las observaciones que considera se deberían aplicar y también su oposición a la iniciativa. En la intervención número 11 vamos a escuchar la intervención a la participación del asambleísta Steven Ordóñez dentro de este segundo debate de las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización que se desarrolla en la Universidad Ecotec en el campus San Borondón en la provincia del Guayas. Los parlamentarios y parlamentarias presentan sus criterios en torno a esta iniciativa económica urgente dentro de los plazos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

uso de la palabra, un saludo a todos los asambleístas, de verdad que hoy es un día importante y hoy no vengo con un discurso político ni un discurso bonito, hoy vengo con un discurso decisivo, porque hoy tenemos que tomar una decisión. He escuchado con atención las intervenciones de todos los asambleístas, porque para esto es la asamblea, para debatir, para hablar. Y créanme que yo empiezo primero diciéndoles que tenemos que entender y tenerlo claro que las autoridades somos empleados de la gente, porque ninguna autoridad, ninguna, ninguna autoridad en este país hace una obra con su plata para empezar, ni tampoco hace una fiesta ni un show con su plata, la hace con la plata de la gente.

Y cuando uno está en los barrios en campaña, tocando las puertas y pidiendo el voto, uno habla de soluciones a la gente, porque la gente no entiende de competencias. Yo voy a un barrio y la gente me dice que quiere agua potable, porque no entiende que los asambleístas no hacemos obra, ni manejamos recursos, o quiere alcantarillado. ¿Por qué le pide a uno? Porque tal vez no se siente representado por su autoridad local, por su prefecto, por su alcalde, o a veces por su presidente de la junta parroquial.

Y ahí, uno lo que hace es escuchar y transmitir y comenzar a debatir este tipo de leyes. Y yo lo digo públicamente, he sido uno de los principales legisladores que siempre ha peleado y ha defendido a los municipios, a las prefecturas, a las juntas parroquiales. Pero también siempre he dicho que no estoy de acuerdo cómo están manejando el recurso en este país, y principalmente en mi provincia. Yo no voy a generalizar que sean todos los alcaldes o todos los prefectos que estén manejando mal los recursos, pero sí la gran mayoría.

Y yo tengo que ser claro, porque cada dato mata cualquier relato. Y a mí siempre me gusta venir con papel en mano. Y el claro ejemplo, lo que decía Pablo Jurado, es que el principal ejemplo que lo tienes en tu provincia, porque es Machala. Yo creo que todos tienen la referencia, cuando hablan de show y de espifarro, hablan del GAT municipal de Machala. Machala, desde el 2019 hasta esta fecha, ha gastado casi 5 millones de dólares en shows artísticos en artistas internacionales. Solo en el 2024 gastó 2 millones de dólares para llevar a artistas internacionales.

En el 2025, un millón de dólares más. Y así todos los años. Incluso en diciembre del 2025 quería contratar 500 mil dólares para un arbolito de Navidad. Por suerte, CERCO pudo paralizar este proceso, porque si no, también se despilfarraba esa plata. Igual pusieron un arbolito de Navidad, haciendo gestión propia. Cuando quieren ser eficientes, sí saben cómo conseguir recursos. Cuando quieren ser eficientes. Y aquí yo tengo el ejemplo claro. Esta administración va en su segundo periodo. En el año 2019, ellos ingresan con una inversión que tenían de vengado de 46 millones de dólares.

En el año 2023, baja a 27 millones de dólares. En el año 2024, baja, está en 30 millones de dólares. Es decir, en vez de aumentar la inversión, comenzó a bajar. ¿Por qué? Porque en el gasto corriente, en el pago de sueldos, en el año 2018, 2019, que era un presupuesto prorrogado, tenía un gasto de 10 millones 627 mil dólares. En el año 2020, incrementa a 12 millones 690 mil dólares. En el 2021, a 15 millones 398 mil dólares. En el 2022, casi a 19 millones de dólares.

Entonces, en vez de aumentar la inversión, comenzó a aumentar el gasto corriente. Comenzaron a incrementar el pago de los sueldos. Y lo que decía Valentina Centeno, nosotros no estamos en contra de los trabajadores que son honestos. Pero nosotros sí estamos en contra cuando no son autoridades eficientes que manejan el recurso bien. Y yo lo decía hace unas tres semanas, cuando hablábamos de las autonomías. Porque cuando quieren, hacen valer la autonomía. Y cuando no quieren, no. ¿Teníamos un problema de la basura? Ahí no decían nada, que esa era su competencia, y que ellos eran los autónomos y eran los responsables de ese cobro de la tasa.

Y decían que era la culpa del gobierno. Ahora dicen que no, que ellos sí son autónomos. Cuando quieren, les conviene hablar y llevar la narrativa al lugar que necesitan. Y eso que no estamos topando, el tema de las empresas públicas de cada municipio. Porque ese sí es otro lugar. Vayan a ver cómo van incrementando el gasto administrativo. Yo decía que en la provincia del Oro, en un municipio, en el GAT de Santa Rosa, en una empresa municipal, por cada dos obreros había un administrativo. Y vayan a ver en el resto de las empresas municipales, quienes trabajan, las novias, los hijos de los concejales, y ahí viene cuando no viene el proceso adecuado de una fiscalización.

Y yo lo decía, Machala, en el año 2019 le dieron un proyecto para una mancomunidad de agua potable, para Machala, Pasaje y El Guabo. Por 37 millones de dólares, regalado el 75% de la CAF. Vayan a ver a Machala si existe el agua potable. La CAF retiró el recurso porque usaron mal los fondos, temas irregulares, y hoy por hoy, ¿quién paga los platos rotos en Machala? ¿Por qué? Porque la obra va a avanzar, está en un litigio, pero el alcalde ha dicho que va a avanzar la obra, pero ahora va a pagar con la plata del municipio.

Yo pregunto, con esos 37 millones de dólares, ¿cuántas obras se van a dejar de hacer? ¿Cuántas cubiertas? ¿Cuánto alcantarillado? ¿Cuánto agua potable? ¿Cuántas canchas? ¿Cuántos parques? ¿Cuánta iluminación? ¿Quién se ve afectado? Directamente la ciudadanía. Y no quiero que después se repita en mi provincia, porque hay autoridades que ahí sí salen a defender y dicen que el asambleí Tordóñez no está hablando las cosas como son, o solo direcciona la fiscalización, o habla mal de cada administración que le conviene. No, yo hablo para todos. Incluido porque siempre dicen, es que la Prefectura del Oro no la topa.

La Prefectura del Oro también la vamos a topar. Yo dije el año pasado, en septiembre, no estamos de acuerdo que inviertan en fiestas, no estamos de acuerdo que inviertan en la Reina Mundial del Banano. Lo dijimos públicamente. Igual lo hizo la Prefectura del Oro. Cada autoridad responde por sus actos. Lo hicieron de una manera supuestamente privada. Bueno, ya le corresponde a la UAF, al SRI, a la Fiscalía, investigar cuáles son esos empresarios exitosos y bondadosos que regalan para artistas internacionales. Y espero que este año, que son las fiestas en abril, no vuelva a traer artistas internacionales e inviertan en fiestas, porque en este momento no son las prioridades de este país.

Y esto lo puedo repetir, porque aquí tenemos información de todos los municipios, Santa Rosa. En el año 2019, ellos ingresan con un gasto corriente de 4.200.000 dólares. En el 2019, un presupuesto prorrogado se mantiene. Y de ahí en adelante, hasta el día de hoy, tiene un gasto corriente de casi 7 millones de dólares. Va aumentando cada vez los sueldos y el dinero no se lo utiliza de una buena manera. Y así me puedo pasar, porque aquí tenemos información casi de todos los cantones del país. Asimismo, Saruma.

Saruma es una de las ciudades más bondadosas porque le ha dado mucha riqueza a este país. Mucha riqueza, desde el año 1.500, extrayendo minerales. Que ellos incluso vivían un problema social, que lo debemos de topar, presidente, en la siguiente ley. A ellos también le dieron un proyecto de agua potable en el año 2019 por casi 9 millones de dólares, regalado igual por la CAFA el 75%. Vayan a ver a Saruma si hay agua potable. No hay. Cogieron un contratista, amarraron el contrato, proyectaron las planillas, pagaron casi 6 millones de dólares, más del 50% del contrato.

Claro, ya fue la Contraloría. Llegó un nuevo alcalde en el 2023. Lo declaró contratista incumplido. Le hizo efectiva las pólizas de garantía. La Contraloría dictaminó que solo el 14% de la obra había hecho, casi un millón y medio, y el resto se lo tragaron. Disculpen la mala palabra. Se la comieron la plata, porque la obra no está. Vayan a ver a Saruma si hay agua potable. No existe. Y hoy por hoy el contratista que le hicieron efectiva las pólizas ha puesto en el Contencioso Administrativo, en el Tribunal Contencioso Administrativo de Porto Viejo, que no tiene nada que ver porque no es la jurisdicción, que no es el oro.

Y estaremos atentos a ver qué van a dictaminar estos jueces, porque con el agua nadie se tiene que meter. Ni con el alcantarillado, ni con el tratado de aguas lluvias. Entonces, ¿yo cómo me puedo poner a este tipo de cosas? Entiendo. Hay algunos asambleístas que han dicho aquí que para eso está la Contraloría, para dictaminar cuáles son los responsables cuando no utilizan bien los fondos. Y aquí también tenemos información. La provincia del oro es la segunda provincia que tiene más informes de responsabilidad penal. Y dentro de eso, el que tiene más es Machala, y de ahí van algunos cantones que en los próximos días, me imagino que están mandando el informe a la Fiscalía, y que cada quien se va a hacer responsable por sus actos.

Pero cuando actúa la Contraloría, ya es demasiado tarde, pues. Cuando actúa la Contraloría, ya no hay la plata. Cuando actúa la Contraloría, ya se ha gastado todo. Y cuando viene una nueva administración y quiere sacar un crédito en el Banco de Desarrollo, ¿qué te dice el Banco de Desarrollo? Usted no es sujeto a crédito porque su cupo está ocupado. Y vaya a ver la obra paralizada. Entonces, yo no puedo estar a favor de la gran fiesta. Yo puedo estar a favor de la gran obra. Y lo que necesitamos son personas, políticos, primero que sean humanos, y segundo que sean eficientes.

Eso es lo prioritario para este país. Y de verdad, yo les digo, compañeros, son decisiones duras que tenemos que tomar, pero adecuadas, porque al final del día nosotros nos debemos a la gente. Y a ningún político hay que agradecerle nada, sino siempre a la gente. Muchas gracias, presidente. Que Dios los bendiga a todos.

Gracias, asambleísta. Tiene la palabra la asambleísta Paola Cabezas.

Fue la intervención del asambleísta Steven Ordóñez, mostró su desacuerdo al manejo de los recursos de ciertos gobiernos autónomos que no han sido utilizados correctamente. Dijo que Machala desde el 2019 hasta la fecha alrededor de 5 millones de dólares fueron utilizados para conciertos y contratación de artistas. En estos momentos interviene el asambleísta Paola Cabezas.

Usted no sabe que yo le tengo infinito cariño y respeto, pero Alfredo, esta no es bronca entre bancadas. Esto no es bronca entre bancadas. Esto es un tema de principios y de defender la autonomía de los gobiernos locales, que al menos ustedes han sido históricamente, supuestamente, los abanderados de la autonomía. Hablaba tú hace un momento que ustedes han sido los impulsadores de la primera ley de autonomía, pero debieron haberle dicho a Yuri Colorado y a Roberta Zambrano que salieron de su partido, que la lean. Porque hoy por hoy son ellas dos las peores enemigas de la descentralización del país.

Háganse cargo. Tú sabes que te quiero, Alfredo. Pero esto no es un tema de cinturita. Esto no es de mover la cintura dependiendo de lo que me convenga. Yo te respeto, pero yo creo que esto no es un tema de reducir este debate tan importante para el país en un tema de broncas entre bancadas. Acá hemos escuchado a personas de Pachacuti que están en contra, independientes en contra. Entonces, creo que hay que ser muy precisos para que esto no se vea en una bronca entre bancadas.

Porque al menos la movilización en Quito era de padres de familia y estudiantes de 20 instituciones municipales. Que si se aprueba esta ley, sus hijos se van a quedar sin educación. ¿Sabe lo que está pasando? Decía la asambleísta Valentina Cerceno y tomaba como referencia un dato sobre un ministro de la Revolución Ciudadana que en su momento le decía a los alcaldes, no inviertan en educación, obviamente. ¿Pues sabes por qué? Porque en esa época, en el 2013, se invertía el 5.6 del PIB en educación. Hoy anda pregunta, ¿cómo están las escuelas?

Vayan a ver. Hay que estar haciendo colecta para las bancas. No tienen absolutamente, no hay educación en este país. Los veces desarticulados. Entonces, no pueden comparar el desastre de la inversión de ustedes, que no hay que no fiscalice, a lo que sí pasaba hace muchos años. Y miren, lo más grotesco, es increíble cómo desprecian a la gente. Hablaban de vaca lechera. Oiga, el Drácula es el gobierno de ustedes, que se quiere meter con la plata de los gobiernos locales, plata que no recaudan, porque lo que no le han dicho al país es que no es la plata de ellos, es la plata de sus impuestos a la que le quieren meter el dedo, le quieren meter la mano.

Dráculas, no. Aquí no hay vaca lechera, Drácula es el gobierno de ustedes. Esto es impresentable. Ahora le quieren decir que, vean, ecuatorianos, con la ley como se aprueba, tal cual como está. Me da mucha pena decirles, las fiestas van a continuar. Les están mintiendo. Tal cual como está la ley, van a seguir farreando. Porque las más farreras son justamente la presidenta de AME y la vicepresidenta del Congo. Pero van farrísimas. Y ahora le quieren meter, mentira al país que con esta ley no va a haber farras.

Mentira. Ahora sí. Habiendo utilizado mis tres primeros minutos para el punto de información que no me dio el presidente, ahora sí, vamos al grano. Y obviamente, Steven, tú quieres ser candidato y estás utilizando esto para plataforma, la plataforma peruñañito, una lástima. El proyecto de ley se somete a un segundo debate. No constituye reforma administrativa ni una actualización técnica del régimen de los gobiernos autónomos descentralizados. Se trata en realidad de una modificación estructural al modelo constitucional de descentralización del Estado ecuatoriano que afecta de forma directa el principio de autonomía territorial reconocido por la Constitución como eje organizador del poder público.

La autonomía de los GATS no es una concesión política ni una atribución discrecional del Ejecutivo. Es una garantía constitucional que se expresa en tres dimensiones inseparables. Autonomía política, autonomía administrativa y autonomía financiera. Esta triada no es retórica institucional, es el diseño que permite que el Estado funcione desde los territorios, no contra ellos, y que las políticas públicas respondan a realidades sociales y económicas productivas y culturales diferenciadas. Las reformas propuestas sustituyen este modelo por una lógica de centralización fiscal y control político. La regla presupuestaria 70-30 deja de ser un criterio de orientación técnica para la planificación y se transforma en un mecanismo obligatorio, rígido, sancionatorio, que condiciona la autonomía presupuestaria de los gobiernos locales y subordina sus decisiones a parámetros definidos desde el poder central.

Esta estructura no fortalece la planificación pública, la neutraliza. No mejora la gestión territorial, la subordina. No promueve eficiencia, impone obediencia. El Ministerio de Finanzas, el peor de la historia, porque esta gente, vea, la oficina del Ministerio de Finanzas está en el FMI, porque lo que no le dicen al país es que quieren licuar cerca de los mil millones que le deben a los gobiernos locales, porque ya el FMI les tiene que haber dicho busquen cómo no pagarle a los GAT y por eso están haciendo esta trampa.

El Ministerio de Finanzas, que constitucionalmente no es órgano rector del régimen territorial, es la Contraloría, pero pasa a ejercer funciones de control estructural sobre los GAT, configurando una rectoría de facto que resulta incompatible con el modelo de descentralización previsto en el orden constitucional. Esta distorsión institucional convierte el ente financiero en un órgano de dirección territorial indirecta, alterando el equilibrio entre niveles de gobierno y rompiendo el principio de autonomía como pilar del Estado descentralizado. Desde el punto de vista financiero, el proyecto no resuelve el problema estructural de finanzas públicas, lo traslada, no sanea la crisis fiscal del Ejecutivo, la territorializa.

La lógica de esta reforma es clara, utilizar mecanismos normativos para condicionar transferencias, restringir recursos y administrar la deuda interna mediante sistemas de presión presupuestaria. La deuda con los GAT no se honra, se gestiona políticamente, se transforma en instrumentos de disciplinamiento institucional. El Estado cumple con la deuda externa, pero precariza la deuda interna. Cumple con los acreedores internacionales, pero castiga a los territorios. Las consecuencias no recaen sobre las autoridades locales, recaen sobre ustedes, ecuatorianos. La restricción de los recursos afecta directamente a los servicios públicos esenciales, inversión local, empleo, producción territorial, infraestructura básica, economía comunitaria y derechos sociales.

La ruptura de la cadena de pagos no es una categoría técnica, es hambre, es desempleo, es precarización y empobrecimiento real. Este proyecto no es neutro, tiene dirección política, no es técnico, es estructural, no es administrativo, es de poder, no es reforma, es regresión constitucional. La bancada de la Revolución Ciudadana ha presentado un informe de minoría que recoge con rigor los fundamentos jurídicos, constitucionales y técnicos que demuestran la inconstitucionalidad en materia de esta reforma. No se trata de una disputa partidista, por favor compañeros, es reduccionista que aquí tratemos de este debate polarizarlo entre ADN y Revolución Ciudadana.

Quienes están marchando a las calles son ciudadanos, porque un alcalde, un prefecto se va mañana, es la plata de ustedes la que está en riesgo en esta discusión. Se trata de la defensa del modelo de Estado, del principio de descentralización, del equilibrio territorial y de la vigencia de la efectiva Constitución. Finalmente, no se puede ignorar una realidad política, social, evidente. Los principales afectados de esta reforma no están dentro de este recinto. Desprecian tanto a la gente presente. ¿Sabe qué, presidente? Y míreme, esta sesión debió ser en Quito.

Le tienen miedo a la gente. Por eso se vienen a San Borondón. Y gracias a los directivos de la ECOTED les agradecemos por recibirnos aquí. Pero tan democráticos son que no han recibido a la gente. Están en las calles. Están aquí afuera de este recinto.

Remita el punto, señor asambleísta, por favor.

que no les gusta escuchar a la gente. La asamblea vallada y nos traen a sesionar justamente a San Brontón.

Y martes y miércoles también es en Guayaquil, señora Asamblea.

Pero llévenos a un barrio popular.

¡Que viva Guayaquil! Remita es el punto del debate, señor asambleísta.

Barrio Popular, presidente, vamos a estar encantados.

Más alto. ¡Que viva Guayaquil!

¡Viva San Borondón, presidente!

¡Esperaldas!

no está aquí presidente están afuera están en los territorios de los municipios

Punto del debate, señora asambleísta, por tercera vez, por favor.

barrios, en los mercados, en los sistemas productivos locales están expectantes, pero no esperan nada de ustedes, porque han visto cómo se rompe la ley, cómo se vulnera la constitución y cómo se normaliza el abuso de poder. Mientras aquí se discute en tecnicismo, allá afuera hay familias que no tienen empleo, proveedores que no cobran, obras paralizadas porque el gobierno no le paga a los gobiernos locales, economías locales colapsadas y territorios abandonados. Y lo único que este proyecto hace es profundizar esa fractura, trasladar la crisis fiscal al pueblo y seguir cavando una tumba política para quienes creen que gobernar es castigar, por razones constitucionales, jurídicas, técnicas, financieras, sociales y por supuesto...

10 minutos, señor asambleísta, tiene 20 segundos para terminar su...

Gracias, señor presidente. Tengo un minutito más. Este proyecto de ley no debe ser aprobado, debe ser archivado, porque defender la autonomía no es un acto ideológico, es una obligación constitucional, porque defender a los territorios no es discurso, es justicia, y porque gobernar no es someter, gobernar es garantizar los derechos de la gente. ¡Que viva los gobiernos locales! ¡Que viva la gente que no ha sido invitada!

Gracias, asambleísta. Tiene la palabra la asambleísta Jorge Chamba.

La asambleísta Paola Cabezas en la intervención número 12 habló de la defensa de la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados. Muchas gracias, señor presidente.

Muchas gracias, colegas asambleístas, por el uso de la palabra y su atención. Hoy me siento más guayaquileño que nunca. Hoy me siento más guayacense que nunca. Le agradezco, Presidente, que haya traído a mi provincia esta sesión de la Asamblea Nacional para tratar este problema económico urgente que atraviesan los gobiernos seccionales. Siempre he manifestado, Presidente, que hay que contar la historia. Yo quizás sea el de mayor edad en esta Asamblea Nacional. Recuerdo que por mi guayaquil querido han pasado más de 40 alcaldes desde Don Azad Bucarán hasta el actual.

Pero antes no estábamos en estas discusiones de bancadas por un centavo. Yo, recuerdo tanto a Don Azad Bucarán, con un presupuesto ínfimo, señor Presidente, legalizó masivamente el suburbio donde yo vivo. Más de 500 mil personas obtuvieron su escritura pública. Y no había 70, 30, 40, 80, ni mucho menos. Señores, no se peleaba por dinero, se peleaba por dignidad. Un alcalde era un lujo, no un delincuente como hoy. Señor Presidente, por eso les molesta a estos alcaldes hoy que se los fiscalicen. ¿Sabe con cuánto laboraba Fobras Cordero?

Aquí hay un social cristiano que no me deja mentir. Con 85, 15. Por eso que se veía la obra en guayaquil, pues. Obra que hoy no se ve. Obra que hoy no existe. No se puede andar por la calle ofendiendo, colegas. Lo escuché decirles, Drácula. No se puede ofender. Aquí todos somos iguales. Todos somos legisladores y estamos en igualdad de condiciones. Por eso que después se quejan cuando lo sancionan. No nos puede decir Drácula. Señor Presidente, es importante que la gente recuerde que yo vengo de los sectores populares.

¿Por qué no les alcanza el 70-30? Porque el dinero lo invierten en campañas políticas. Lo invierten en gastos innecesarios. Y la gente que vive en la Reinaldo Quiñones, Fundó el Triunfo, Ciudad de Dios, la Carolina, Carolina Alta, los túmulos quemados, las pirámides, no tienen agua potable, no tienen alcantarillado, no tienen servicios básicos. Y por ahí le decía, un colega que están castigando al pueblo. Al pueblo no se lo está castigando. Al pueblo lo castigan los malos alcaldes que se les llevan la plata y no les hacen la obra.

¿Sabe cuánto recibe, señor Presidente, el alcalde de Guayaquil como aporte del gobierno? Mil millones de dólares anuales. Mil millones de dólares anuales. ¿Y dónde está la obra? ¿Dónde están mis hermanos abandonados en los sectores populares? A mí no me lo ha contado nadie. Porque yo vengo de ahí. Yo vivo ahí. Y conozco los grandes problemas de la gente. Por eso se enojan. Porque no les gusta que los fiscalicen. Por eso. Por eso. Valoro. Valoro. A este Presidente valiente. De Daniel Novoacín. Que le dicen, señores. No armen los gastos.

No se roben la plata. No gasten en cosas innecesarias. Por eso apoyo este 70-30. Y apoyo al Presidente Daniel Novoacín. Muchas gracias, Presidente.

Fue la intervención del asambleísta Jorge Chamba, dijo que...

Gracias, asambleísta. Con esto cerramos el debate. Señor Secretario, certifique si la moción presentada por la asambleísta Valentina Centeno ha sido ingresada por escrito.

Sí, señor presidente, la moción ha sido ingresada por escrito a esta secretaría.

Señoras y señores asambleístas, ¿tiene apoyo esta moción? Señor Secretario, dé lectura de la moción presentada y tome votación, por favor.

Procedo a dar lectura y tomar votación de la moción presentada mediante el memorando número AN-CDEP-2026-058-M de 20 de febrero de 2026, dirigido al señor Nils Olsen-Pitt, presidente de la Asamblea Nacional, asunto, moción de aprobación. De mi consideración, en mi calidad de presidenta de la Comisión Especializada de Desarrollo Económico Productivo de la Microempresa y como asambleísta ponente en uso de mis facultades constitucionales y legales, de acuerdo a los artículos 62 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, dentro del segundo punto del orden del día de la sesión número 72-AN-2025-2029 del Pleno de la Asamblea Nacional, convocada para el día viernes 20 de febrero de 2026 a las 11 horas, eleva usted la siguiente moción para que sea sometida a votación.

Aprobación del texto íntegro del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, calificado como urgente en materia económica. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente, abogada Valentina Centeno Arteaga, presidenta de la Comisión Especializada Permanente en Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa. Hasta aquí el texto de la moción, procedo a tomar votación. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría.

Gracias.

Y después de la intervención de 13 parlamentarios y parlamentarias quienes expresaron sus criterios en torno a la reforma al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, el presidente de la Asamblea Nacional dispuso ya el cierre de este debate y con ello la lectura de la moción que hace pocos instantes escuchamos en voz del secretario general de la Asamblea Nacional. Y sobre esa moción en los próximos minutos después del registro, empezará la votación para conocer si es que existe o no ese respaldo parlamentario respecto a aprobar el texto íntegro remitido por parte de la Comisión de Desarrollo Económico al proyecto de ley económica urgente que fue iniciativa del presidente de la República ingresado al Parlamento el pasado 28 de enero.

Así es, fueron tres intervenciones dentro de este segundo debate. En estos momentos ya se ha dado lectura también a la moción que fue presentada por la asambleísta Valentina Centeno para la aprobación íntegra de este documento que tuvo varias observaciones, incluso también se había contado la realidad de varios sectores cuando los recursos que reciben los gobiernos autónomos descentralizados, ciertos gobiernos autónomos han sido utilizados para conciertos, para eventos sociales y no para las obras en realidad. También recordar algunos de los puntos que constan en este informe y también destacar que la presente propuesta establece que al menos el 70% del presupuesto de los gobiernos autónomos debe destinarse obligatoriamente en gasto no permanente de inversión y mantenimiento.

Con ello, se busca garantizar que los recursos públicos se enfoquen en infraestructura esencial que la ciudadanía demanda, limitando el gasto corriente y eliminando las distorsiones que actualmente debilitan el sistema económico y social del Ecuador, pero siempre en el marco del respeto a la autonomía constitucional contemplada por los gobiernos autónomos descentralizados. En términos teleológicos, la reforma persigue que cada dólar transferido a los gobiernos autónomos descentralizados se debe traducir en resultados verificables para los ciudadanos, como por ejemplo, agua potable, saneamiento, tratamiento de aguas residuales, infraestructura, vialidad urbana, entre otros.

La regla de asignación mínima prioritaria no restringe la autonomía en el manejo presupuestario de los GATS, como fin, sino que la encausa hacia su finalidad constitucional de poder garantizar derechos y equidad territorial mediante inversión pública efectiva respetando dicha autonomía. Avance entonces el registro de las y los asambleístas para someter a votación esta moción que fue planteada por la asambleísta Valentina Centeno, quien fue ponente de este informe y es además presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico Mesa Legislativa, que analizó este económico urgente que llegó a la Asamblea Nacional el 28 de enero y que fue presentado y entregado por el secretario jurídico de la Presidencia de la República.

Gracias.

Y en la propuesta de reforma se habla acerca de la determinación del gasto computable para el cumplimiento de la regla de asignación mínima prioritaria y se establece que para efectos del cumplimiento de la regla prevista en el artículo anterior, se considera exclusivamente el gasto registrado en los grupos, subgrupos o ítems de clasificador presupuestario de ingresos y egresos del sector público o el instrumento que lo sustituya correspondiente a gastos de inversión, entendiendo como aquel destinado a insumos para la generación, ampliación, rehabilitación, mantenimiento o reposición de infraestructura pública, activos físicos, equipamiento y bienes de capital, así como la provisión de bienes de servicios públicos cuya ejecución se materialice en productos, obras o resultados físicos identificables directamente asociados al ejercicio de las competencias constitucionales y legales de los gobiernos autónomos descentralizados, provinciales y municipales.

Además, se agrega que en particular se computará únicamente el gasto registrado en los siguientes grupos, subgrupos, ítems y clasificador del presupuesto y se establece cada uno de estos dentro del artículo correspondiente a modificar. También hace referencia al cumplimiento de la regla de asignación mínima prioritaria y se establece que en esta ley será obligatorio y verificable en las fases de formulación, asignación, reformas de vengado y ejecución del presupuesto institucional de los gobiernos autónomos descentralizados, provinciales y municipales. Para tal efecto, se plantea, la reforma presupuestaria anual y toda la reforma presupuestaria que incida en el cumplimiento del porcentaje mínimo establecido deberá incorporar un anexo de cumplimiento de la regla de asignación mínima prioritaria que contendrá al menos el presupuesto institucional anual codificado de egresos no financieros, el detalle del gasto computable destinado a la inversión de mantenimiento, reposición de infraestructura, bienes, activos públicos, identificado por grupos, subgrupos y más, el porcentaje resultante de asignación prioritaria, así como la certificación de integridad técnica y vericidad de la información que estará suscrita por la máxima autoridad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado.

De momento son 149 legisladores quienes ya se han registrado para someter a votación esta moción que fue planteada por la asambleísta Valentina Centeno. Nos encontramos en el segundo punto dentro del orden del día que correspondió a este segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al COTA para la sostenibilidad del gasto de los gobiernos autónomos descentralizados urgente en materia económica. En exposición de motivos de esta iniciativa se destaca también que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social y democrático organizado en forma de república y gobernado de manera descentralizada.

Este modelo no es meramente declarativo, expresa una opción constitucional orientada a la distribución equilibrada del poder, la corresponsabilidad territorial y la cercanía del Estado con los ciudadanos. En ese sentido, la Constitución impone como deber primordial del Estado la promoción del desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio nacional a través del fortalecimiento efectivo de las autonomías y del proceso de descentralización como herramientas indispensables para garantizar la cohesión social. En esa línea, el ordenamiento jurídico establece como finalidades del modelo de descentralización el desarrollo equitativo, solidario y equilibrado de todo el territorio nacional, esto con el objetivo de garantizar el buen vivir.

En esta línea, además, el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2029 establece que la participación de actores del gobierno central, de los gobiernos autónomos descentralizados y de los Consejos Nacionales para la Igualdad permite articular e integrar visiones complementarias provenientes de distintos niveles de gobierno y enfoques de gestión pública. Esta articulación favorece la comprensión integral de las problemáticas, necesidades y posibles soluciones tanto a nivel nacional como territorial.

El presidente de la Asamblea Nacional ha dispuesto a cerrar el registro, 150 asambleístas están presentes y se puede observar a través de las gráficas correspondientes y ese registro que se ha hecho de manera digital por parte de cada uno de los parlamentarios y parlamentarias de 151 asambleístas, 150 están presentes y en los próximos minutos dará la información oficial del secretario general y con ello iniciará la votación.

Cierre registro, señor secretario.

Ya se ha solicitado el cierre del registro correspondiente y de esta forma se procedería con la votación.

Con la respectiva votación. Contamos con 150 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleísta Valentina Centeno. Señoras y señores asambleístas, por favor consignar su voto.

Únicamente los 150 asambleístas que se registraron podrán consignar su voto a través de las cuatro opciones a favor, en contra, el blanco y la abstención. Hasta este momento se han hecho uso de dos de las cuatro opciones, el voto en contra y el voto a favor y avanza esta votación. Todavía faltan muchos asambleístas por consignar su voluntad. En este proyecto de reforma al COTAD también se habla de transparencia y rendición de cuentas. Se establece que los gobiernos autónomos descentralizados municipales y provinciales publicarán trimestralmente el indicador de gasto, su composición por ítems y las medidas adoptadas para cumplir la regla conforme a los principios de transparencia y la evaluación de la gestión pública.

La información señalada en este artículo, dice el documento, deberá ser publicada en los portales institucionales hasta el día 15 del mes siguiente cada trimestre y difundida a través de los mecanismos de participación ciudadana que están previstos en la norma. Sobre el seguimiento de la regla de asignación mínima prioritaria, se define que el ente rector de las finanzas públicas realizará el informe de seguimiento trimestral dentro de los 60 días siguientes a la terminación de cada trimestre, mismo que será puesto en conocimiento de los gobiernos autónomos descentralizados, provinciales y municipales.

También hace referencia el artículo 198.6 que se refiere al incumplimiento de la regla de asignación mínima prioritaria. En caso de incumplimiento de esta regla de asignación mínima prioritaria, el ente rector de las finanzas públicas aplicará los porcentajes establecidos en el artículo 271 de la Constitución de la República e informará a la Contraloría General del Estado, parte de las modificaciones que se plantean dentro de esta iniciativa del presidente de la República.

Avance entonces la votación de esta moción que fue presentada por la asambleísta Valentina Centeno. Decirles también que esta propuesta normativa tiene por objetivo incorporar en el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización reglas fiscales de sostenibilidad y racionalidad del gasto orientadas a preservar la disponibilidad presupuestaria para inversión, mantenimiento, provisión de servicios públicos y cumplimiento de competencias en armonía con planificación y sostenibilidad fiscal. En el artículo segundo, en el inciso 168, además sustituir la frase a través de documentos físicos y medios digitales por la siguiente a través de documentos físicos.

En cuanto al monto total a transferir los gobiernos autónomos descentralizados participarán del 21% de ingresos permanentes y del 10% de los no permanentes del Presupuesto General del Estado. Para el caso de los gobiernos autónomos descentralizados, municipales y provinciales, los citados porcentajes aplicarán siempre que se cumpla con la regla de asignación mínima prioritaria prevista en el artículo 198.1 de la presentación.

Estamos en votación, más respeto, por favor.

Avanza, están pendientes apenas cuatro votos por consignarse, se tiene de momento 74 votos afirmativos y 71 votos en contra. De esta forma avanza entonces la votación de esta moción que se busca es aprobar de manera íntegra el proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial de Autonomía y Descentralización para la Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los gobiernos autónomos descentralizados calificado como urgente en materia económica.

75 asambleístas le dicen sí a la moción presentada por la asambleísta Valentina Centeno para aprobar este proyecto de reforma al COTAD que mereció la intervención de 13 legisladores y legisladoras en este segundo debate. De acuerdo a la norma legislativa se necesitan por lo menos 77 votos de respaldo para aprobar los proyectos económicos urgentes y los proyectos de ley que llegan al pleno del Parlamento ecuatoriano. 76 asambleístas hasta este momento le dicen que sí, faltan dos parlamentarios y parlamentarias por consignar su voto y una vez que lo hagan ya se dará a conocer los resultados oficiales.

Lo que escuchamos ahí, los aplausos.

Señor Secretario, proclame resultados.

Se proclaman los resultados correspondientes, serían con 77 votos afirmativos. Se aprobó el proyecto de reformas al Cotá en urgente materia económica.

me permito informar que de un total de 150 asambleístas presentes, contamos con 77 votos afirmativos, 71 negativos, 0 blancos, 2 abstenciones. Por tanto, la moción presentada por la asambleísta Valentina Centeno ha sido aprobada.

Tiene la palabra la asambleísta Valentina Centeno.

Consideración, por favor, de la votación. Gracias.

Señor Secretario, tomé votación sobre la reconsideración planteada.

Señoras y señores asambleístas, por favor registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor informar a esta Secretaría.

La asambleísta Valentina Centeno ya solicitó también al presidente de la Asamblea Nacional para que se pueda reconsiderar la votación respecto a estos 77 votos afirmativos que dieron paso a la aprobación de este proyecto de reformas al COTAD urgente en materia económica. La reconsideración de la votación es uno de los elementos legislativos también para dejar en firme la votación anterior respecto a esta moción que buscaba y busca es la aprobación integral de esta iniciativa legal. Uno de los aspectos también que consta en este informe, en este proyecto de ley es respecto a la regla de asignación mínima prioritaria.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 198 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, los gobiernos autónomos descentralizados, provinciales y municipales deberán destinar al menos el 70% del presupuesto institucional anual codificado de egresos no financieros a gasto no permanente de inversión manteniendo y reposición de infraestructura. Bienes y activos públicos que soportan la prestación de servicios públicos registrados en los grupos, subgrupos e ítems del clasificador presupuestario de ingresos y gastos del sector público o el instrumento que lo sustituya emitido por el ente rector de las finanzas públicas.

Para egresos no financieros se considerarán a todos los grupos de egresos de clasificador presupuestario, a excepción de los siguientes. Grupo 56 sobre los egresos financieros, Grupo 87 sobre inversiones financieras, Grupo 96 amortización de la deuda pública, Grupo 97 pasivo circulante, Grupo 98 obligaciones por ventas anticipadas de petróleo, derivados y por convenios con entidades del sector público no financiero y el Grupo 99 otros pasivos.

Además, también en las disposiciones transitorias para el cumplimiento de la regla de asignación mínima prioritaria se establece que se ejecutará de conformidad con lo establecido en el artículo 198.5 a partir de los siguientes criterios. Para el año 2026, el seguimiento al cumplimiento de la regla de asignación se lo hará a partir del 1 de diciembre de este año, verificando que se cumpla con al menos el 65% desde el 1 de junio del mismo año. Para el año 2027, en atención al criterio de gradualidad, se cumplirá con al menos el 68% y para el ejercicio fiscal 2028 y subsiguientes el 70%.

Sobre los lineamientos técnicos referenciales, se establece que en un plazo máximo de 90 días contados desde la publicación de esta ley, el ente rector de las finanzas públicas emitirá lineamientos técnicos referenciales para estandarizar el formato de anexos del cumplimiento de la regla de asignación mínima prioritaria. También se habla acerca del presupuesto prorrogado. Para el ejercicio fiscal 2027, no se aplicará lo establecido en el artículo 107 del Código Orgánico de Planificación de Finanzas Públicas para los sujetos obligados al cumplimiento de la regla de asignación mínima prioritaria.

Además, se establece que en tal sentido iniciará el precitado ejercicio fiscal con el presupuesto codificado al 31 de diciembre de 2026, pudiendo efectuar los ajustes y reprogramaciones presupuestarias que resulten necesarias a fin de garantizar el ejercicio de sus competencias. Esta disposición prevalecerá sobre cualquier norma igual o menor jerarquía, es lo que plantea el proyecto de ley. Gracias. Gracias.

Avance entonces del registro, son 145 los legisladores que se han registrado de momento, se cierra en este caso el registro y posterior a ello se procede con la votación para la reconsideración de lo anteriormente votado. ¿Qué dice el artículo 198 de este proyecto de ley? Respecto al cumplimiento de la regla de asignación mínima prioritaria prevista en esta ley será obligatorio y verificable en las bases de formulación, asignación, reformas de vengado y ejecución del presupuesto institucional de los gobiernos autónomos descentralizados, provinciales y municipales. Para tal efecto, la proforma presupuestaria anual y toda reforma presupuestaria que incide en el cumplimiento del porcentaje mínimo establecido podrán incorporar un anexo de cumplimiento de la regla de asignación que contendrá al menos el presupuesto institucional anual codificado de egresos no financieros determinado conforme a las normas del Sistema Nacional de Finanzas Públicas y al clasificador presupuestario o al instrumento que haga sus veces.

El detalle del gasto computable destinado a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura, bienes y activos públicos, identificado por grupos, subgrupos e ítems del clasificador presupuestario expresamente previstos en esta ley. El porcentaje resultante de asignación prioritaria respecto del total de egresos no financieros codificados y la certificación de integridad técnica y veracidad de la información suscrita por la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Autónomo descentralizado.

Me permito informar, señor presidente, que contamos con 149 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la reconsideración planteada por la asambleísta Valentina Centeno. Señoras y señores asambleístas, por favor consignar su voto.

149 asambleístas se pronunciarán en los próximos minutos respecto a la reconsideración de la votación. Se busca que con este pronunciamiento no existe ese respaldo para la reconsideración y quede en firme los 77 votos que hace pocos instantes expresaron los parlamentarios con el que se da paso a estas reformas al COTAD y con ello ya una vez que se pronuncian al término ya de esta reconsideración se remitirá también ya inmediatamente al Ejecutivo para las observaciones de ser el caso respecto a esta iniciativa de lo contrario si no hay observaciones por parte del presidente de la república se enviaría directo al registro oficial para su publicación y se convierta en ley de la república esto también es parte del trámite legislativo los asambleístas se pronuncian no alcanza hasta este momento los votos de respaldo para la reconsideración de la votación lo que significa que este proyecto de ley ya cuenta con el pronunciamiento del parlamento ecuatoriano faltan muy pocos asambleístas y para reconsiderar una votación se necesitan por lo menos 77 votos cuando hay algo más de 60 votos de respaldo están 69 votos de respaldo y los pocos que restan de sumarse tampoco alcanzarían para esa reconsideración de la votación en los próximos instantes el presidente de la asamblea nacional nil sol se dispondrá cerrar el registro y cuando esto suceda los asambleístas que se registraron y no votaron eso se trasladan a abstenciones y se pintarán en color azul esto también se determina a través de la normativa que rige el primer poder del estado y ya lo decíamos el pleno de la asamblea nacional se pronuncia respecto a esta iniciativa este es el segundo punto del orden del día de la sesión número 72 del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del orden del

Mientras que el tercer punto dentro del orden del día será conocer el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía, calificado como urgente en materia económica, que además este informe fue trabajado en la Comisión de Desarrollo Económico. Escuchamos las disposiciones del presidente de la Asamblea Nacional para el cierre de la votación. Como observamos en imágenes también no se contaría con los votos necesarios para la reconsideración de lo anteriormente votado, que eran 77 votos afirmativos para la aprobación de este proyecto de ley orgánica para las reformas al COTA, esto para la sostenibilidad y eficiencia del gasto de los gobiernos autónomos descentralizados, calificado como urgente en materia económica.

Quedan pendientes apenas dos votos nada más, pero los votos no alcanzarían para la reconsideración de esta votación.

Y en efecto, con eso ya se pronuncian los asambleístas respecto al segundo punto en el orden del día dentro, decíamos, de los plazos establecidos, los 30 días que otorga la Ley Orgánica a la Función Legislativa para el trámite de los proyectos de ley económicos urgentes, económicos urgentes que son iniciativas del presidente de la República. Y una vez que se oficialicen ya los resultados de esta reconsideración de la votación, queda cerrado.

este punto del orden del día.

Señor operador, presente los resultados. Señor Presidente, me permito informar que de un total de 149 asambleístas presentes, contamos con 70 votos afirmativos, 79 negativos, 0 blancos, 0 abstenciones. Por tanto, la reconsideración planteada por la asambleísta Valentina Centeno no ha sido aprobada.

Gracias, señor secretario. Por favor, siguiente punto del orden del día.

Tercero, conocer el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía, calificado como urgente en materia económica.

Señor Secretario, por favor dé lectura al memorando número AN-CDEP-2026-0043-M, memorando número AN-CDEP-2026-0055-M y del informe de su parte resolutiva. El informe íntegro remitido por la Comisión será parte del acta de la presente sesión.

Con su autorización, señor presidente, doy lectura del memorándum número AN-CDEP-2026-0043-M de 12 de febrero de 2026, dirigido por el señor Nils Olsenpid, presidente de la Asamblea Nacional. Asunto, informe para primer debate del proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía. De mi consideración, por disposición del asambleísta Diego Franco Jansé, presidente encargado de la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa, de conformidad con el artículo 59 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y del artículo 32 del Reglamento de Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales, tengo a bien remitir el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía, calificado de urgente en materia económica, aprobado en la sesión 123-2025-2027 de 12 de febrero de 2026 en esta mesa legislativa, a fin de que se continúe con el trámite respectivo en el Pleno de la Asamblea Nacional.

El ponente del informe es el asambleísta Diego Franco Jansé, presidente encargado de la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa. La votación realizada en la reinstalación de la sesión 123-2025-2027 de 12 de febrero de 2026 es la siguiente. Afirmativo 6 en contra 3, abstención 0, asambleístas ausentes 1. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente abogada Andrea Estefanía Poveda Camacho, secretario relator. Memorando número AN-CDEP-2026-0055-M de 19 de febrero de 2026. Para el señor Nils Olsenpid, presidente de la Asamblea Nacional, asunto delegación de ponencia. De mi consideración, reciba un cordial y atento saludo por disposición de la asambleísta Valentina Centeno-Arteaga, presidenta de la Comisión Especializada Permanente en Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa.

Y en el marco de la sesión número 072-AN-2025-2029, a realizarse el viernes 20 de febrero de 2026 a las 11 horas, dentro del orden del día, consta como punto 3, el conocimiento del informe para primer debate, del proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía, calificado como urgente en materia económica, el cual ha sido tratado por esta mesa legislativa. En tal virtud, pongo en su conocimiento que la ponencia del referido informe, ha sido delegada al asambleísta Alejandro Lara, miembro de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa.

Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente, abogada Andrea Estefanía Poveda Camacho, secretario relator. De igual forma, señor presidente, doy lectura de la parte concluyente del informe. 6. Conclusión y recomendación. La Comisión Especializada Permanente del Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa, pone en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía, el mismo que fue conocido, debatido y aprobado en la sesión 123-2025-2027, de 12 de febrero de 2026-7. Resolución y detalle de votación del informe.

Por las motivaciones constitucionales y legales expuestas en el presente informe, así como las señaladas en la sesión realizada en la Comisión Especializada Permanente del Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa, resuelve aprobar el presente informe para primer debate del proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía, calificada como urgente en materia económica, con seis votos a favor, tres en contra, cero abstención, cero blancos de las y los asambleístas presentes. Hasta aquí la lectura de lo dispuesto, señor presidente. ¡Gracias!

Se abre el debate.

Iniciará con la ponencia, es decir, la explicación del trabajo desarrollado por la Comisión de Desarrollo Económico en torno a este segundo económico urgente para los sectores estratégicos y minería y energía. Como se daba lectura en el informe, el ponente será el asambleísta Alejandro Lara, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, quien en los próximos minutos explicará qué es lo que contiene la iniciativa, cómo se trabajó y también la recolección de la información que se derivó de parte de quienes comparecieron.

Muchas gracias por otorgarme el uso de la palabra. Antes de empezar mi intervención, por favor pediría que se proyecten las diapositivas que se han remitido a la Secretaría General, por favor.

Autorizado.

Estamos a la espera de la proyección de esas diapositivas que permitirán dar inicio a esta explicación por parte del asambleísta Alejandro Lara en torno al proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía calificado como urgente en materia económica. Este es el último punto del orden del día de la sesión número 72 y en esta instancia tienen que los asambleístas pronunciarse, presentar sus criterios, argumentos, las observaciones que correspondan y esto será recogido por parte de los asambleístas de la Comisión de Desarrollo Económico que en los próximos días analizarán y presentarán también sobre esa base el informe para segundo debate.

Vamos a escuchar ya en unos minutos más esa intervención por parte del asambleísta Alejandro Lara. Se trata de esta iniciativa que corresponderá al Pleno a la Asamblea Nacional también escuchar esos criterios. Se habla acerca de la etapa de exploración de las concesiones mineras. Una vez otorgada la concesión minera, el titular estará obligado a ejecutar labores de exploración dentro del área concesionada por un plazo máximo de 15 años. La etapa de exploración comprenderá las siguientes subfases, dice el informe. Exploración inicial con una duración de hasta cuatro años y exploración avanzada y evaluación económica con una duración conjunta de hasta 11 años.

La transición entre subfases se producirá por el transcurso del tiempo y el cumplimiento del plazo establecido para cada una sin necesidad de autorización, previa debiendo cumplirse durante una fase de exploración los parámetros técnicos y ambientales aplicables conforme a la norma.

Muchísimas gracias Presidenta por la proyección del documento, saludar a todos los colegas asambleístas que se encuentran presentes y cómo no a los ciudadanos que nos siguen en esta sesión por los medios oficiales, ya sea por radio, televisión o plataformas digitales. Antes de empezar mi intervención, yo sí quiero decir que me siento orgulloso y honrado de poder sesionar el día de hoy en esta ciudad de Guayaquil, esta ciudad que es cálida, ciudad que es nuestro puerto principal y ciudad que representa la columna vertebral de la economía nacional.

El gobierno central ha trasladado esa base operativa a esta ciudad de Guayaquil y la Asamblea Nacional tampoco se podía quedar atrás siendo el órgano máximo de representación que tenemos como país. Sí pediría por favor respeto a los colegas asambleístas, pienso que tienen más ganas que yo y deberían también practicar con el ejemplo por favor. Bueno, el proyecto de ley que presento hoy responde a una urgencia económica de dos sectores, tanto el minero como el eléctrico, cuyos sectores han sufrido déficit millonarios que le han costado tantos millones al país, pero claro hay algunos que todavía prefieren mantener esos privilegios bajo la sombra de la corrupción.

Y tampoco es casual que quienes se oponen y critican este proyecto de ley, también son los que silencian y no dicen nada frente a esas investigaciones por delincuencia organizada y lavado de activos que son de los miembros de sus organizaciones. Colegas, y aquí yo sí quiero ser enfático y decir que esta reforma es una apuesta a la transparencia, a la inversión y al desarrollo. Por otro lado, oponerse o criticar este proyecto de ley nos da un sinónimo de que no conocen las realidades ni las necesidades en nuestro país, porque primero el proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía, se tramita con carácter urgente económico porque las cifras nos obligan a actuar.

En el 2023 la falta de generación eléctrica le provocó pérdidas cercanas a los 200 millones de dólares a nuestro país, en 2024 esta cifra ascendió a 3.278 millones que representan el 1.4% puntos porcentuales del crecimiento económico. En minería el comportamiento es distinto pero sigue siendo decisivo. Las exportaciones pasaron de 651 millones de dólares en 2019 a los casi 3.324 millones en 2023. Aquí es importante decir también que la inversión extranjera directa promedia, más o menos un ingreso de 449 millones de dólares anuales. Hasta agosto del 2025, entre regalías, entre patentes y utilidades se han generado 229 millones de dólares con una proyección al 2032 de hasta 1.400 millones de dólares, claro si los proyectos avanzan en la fase productiva.

Es decir, el potencial existe, lo que ha pasado es que han existido demora en los trámites y también la falta de reglas claras. Es por eso que esta propuesta se estructura sobre cuatro ejes principales. Desde el primero, agilizar la inversión formal en la minería. Segundo, fortalecer la capacidad de control y de recaudación del Estado, garantizando que las regalías se queden en los territorios. Tercero, permitir la participación privada en generación eléctrica bajo condiciones objetivas y con rectoría pública. Y cuarto, fomentar el autoabastecimiento energético y la diversificación tecnológica para reducir el riesgo a posibles racionamientos.

Hablando ya del componente minero, se simplifican los procedimientos ambientales en la fase de exploración inicial, reconociendo que su impacto va a ser obviamente limitado y temporal. Antes de cualquier actividad, habrá una revisión de la autoridad ambiental junto con los compromisos formales que se tengan con los concesionarios para evitar ese daño al patrimonio y a la infraestructura. Es decir, que si la obra podría afectar a un bien público, la entidad competente tendrá que pronunciarse dentro de un plazo determinado y de no hacerlo el trámite continúa, pero no se está quitando los controles.

El objetivo cuál es, es evitar esas paralizaciones indefinidas que se tienen sin eliminar la supervisión. Ahora, hablando de la patente de conservación, se gradúa según la etapa o la fase del proyecto, una tasa menor en los primeros años de la exploración, un incremento en la tasa en la exploración avanzada y claro, una tasa mayor en la explotación. Con ello, lo que se está haciendo es quitando o desincentivando ese acaparamiento especulativo y se asegura un flujo permanente de ingresos para el Estado. Asimismo, se reorganizan las fases de la exploración y la evaluación económica para que los proyectos no pierdan años en esas renovaciones administrativas que son innecesarias.

Del mismo modo, se crean los clústeres mineros, que son estos espacios donde se va a concentrar la energía, la tecnología, las economías de gran escala, van a reducir costos, incluso facilita el tema de la fiscalización. Y también se establecen las áreas de protección estratégicas para enfrentar la minería ilegal y la protección de la infraestructura. Hablando en materia ambiental, se mantiene la obligación de presentar los estudios técnicos, con esto se cae la narrativa de que se eliminan las licencias ambientales, con qué fin, para prevenir, para mitigar, para reducir esos impactos.

Entonces, es la autoridad ambiental que cuenta con ese plazo para pronunciarse y como les decía en un inicio, ella cuenta con un tiempo determinado y si no lo hace el trámite va a continuar, pero lo que no se elimina son los controles, van a haber controles periódicos obligatorios, va a haber auditorías obligatorias y obviamente garantías económicas obligatorias. Además, se exige una actualización del catálogo de actividades que necesitan autorización para asegurar esos criterios técnicos vigentes. Y hablando de las regalías, se ratifica que el Estado va a participar en una proporción no menor al concesionario, es decir, con tasas del 3 al 8% de las ventas y el 60% de esos ingresos se van a destinar a la inversión social y se van a destinar al desarrollo territorial.

Y ahí viene una parte fundamental de los gobiernos autónomos descentralizados, los provinciales, los municipales o los GATS, parroquiales, que ellos tendrán que presentar un plan de inversión, obviamente con los montos y con los plazos verificables para garantizar esa transparencia y garantizar que esos recursos están llegando a donde deberían. Lo que se busca es justamente financiar el agua potable, el alcantarillado, servicios básicos dentro de las zonas de influencia. Hablando de la minería artesanal, se la redefine como una actividad transitoria y temporal con permisos de hasta 10 años improrrogables, sin extensiones y además se prohíbe más de un permiso por persona.

Ahora, aparte de eso, se le exige un reporte anual de producción. ¿Qué es lo que se está haciendo? Lo que se hace es creando una ruta hacia la formalización y cerrándole la puerta a esa informalidad prolongada. Ahora, hablando del sector eléctrico, la reforma amplía al concepto del autoabastecimiento, es decir, que ya no se restringe esas energías renovables no convencionales, sino cualquier tecnología podrá utilizarse dentro de la transmisión o de la distribución. Aparte, se crean los distritos autónomos energéticos, que estos permiten a los sectores productivos gestionar esa propia generación y gestionar su propia energía y de ser el caso, inyectar al sistema ese excedente de energía que se tenga.

Ahora, lo que es importante decir también que la participación privada en generación se habilita únicamente cuando existan circunstancias técnicas verificables, como son algún retraso en la planificación, un riesgo en el déficit, la incapacidad de ejecución pública o tal vez una emergencia declarada. Esta delegación va a ser mediante procesos públicos y el Estado va a mantener esa titularidad y esa rectoría. Aparte, se incorporan los incentivos para las energías renovables no convencionales y las energías transitorias, mediante reglas de despacho que promuevan esa inversión sin afectar la confiabilidad del sistema.

En síntesis, esta reforma lo que propone es integrar esos ajustes entre los dos sectores estratégicos, como es el minero y el energético, para asegurar esa continuidad productiva, para atraer esa inversión responsable, para fortalecer la recaudación fiscal y reducir esas vulnerabilidades estructurales que han existido. Es decir, estas son oportunidades que ya no permiten más postergaciones. Y es por eso que yo quiero terminar, colegas asambleístas, mi intervención, diciéndoles que siempre la decisión legislativa implica dotarle herramientas al país para garantizar esa seguridad energética, para promover esa minería formal y para darle beneficios concretos a las comunidades, con controles ambientales, por supuesto, con transparencia obviamente, pero lo que yo destaco es que se debe tener una planificación estatal efectiva.

Señor Presidente, eso es todo lo que tengo que decir. Muchísimas gracias por otorgarme la palabra. Gracias.

Gracias, asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Diego Salas.

Ahí escuchamos la primera intervención, el ponente, el asambleísta Alejandro Lara dijo que la reforma es una apuesta a la transparencia y al desarrollo fortaleciendo los sectores estratégicos y se basa en cuatro ejes y detalló cada uno de ellos. En la siguiente intervención, asambleísta Diego Sánchez.

Compañeras, asambleistas, pueblo ecuatoriano, queridos hermanos orenses que nos ven y nos escuchan a través de los diferentes medios de comunicación, hoy no debatimos solo un proyecto urgente, debatimos si esta asamblea le entrega al gobierno nacional un cheque en blanco para tocar minería, energía, ambiente y seguridad, todo en un solo paquete y sobre todo también a la carrera. La propia comisión registró comparecencias concentradas del 3 y al 6 de febrero, eso no es deliberación amplia ni plural, es un trámite exprés. Primero, se desnaturaliza la urgencia económica, la urgencia es excepcional para una coyuntura concreta, pero aquí se meten reformas estructurales y permanentes, reglas ambientales, mercado eléctrico y hasta un régimen de seguridad estratégica para zonas de minería.

Así se empuja al país, por supuesto, a la inseguridad jurídica y se reduce el debate democrático. Segundo, en ambiente, el proyecto baja todos los candados, sustituye el esquema vigente por una autorización ambiental y mete un silencio administrativo encubierto. Si la autoridad no responde en 30 días, se entiende que no existe oposición y hasta se amenaza con destitución por el solo vencimiento del plazo. En ambiente no se puede existir silencio positivo. El silencio no mide impactos, no protege ríos y no protege sobre todo las vidas. Tercero, se normaliza la intervención de fuerzas armadas en áreas mineras con protección de seguridad estratégica, declaradas por acto administrativo.

Sí, hay que combatir la minería ilegal, por supuesto, pero no con atajos que militaricen territorios y abran más riesgos de conflictibilidad. Seguridad no puede ser excusa para debilitar controles ni derechos. Cuarto, en energía se crean enclaves, se introduce el distrito autónomo energético, incluso de capital privado o mixto. Como dueño de redes eléctricas con autonomía y se amplían las delegaciones excepcionales a privados y empresas estatales, extranjeras en actividades del servicio público. En palabras simples, se fragmenta el sistema, se abre el riesgo de captura y el Estado termina pagando carísimo lo que no planificó.

Y el ejemplo claro es mi querida provincia del oro, con el megaproyecto minero Cangrejos. El propio Ministerio de Ambiente y Energía admite que no hay regularizaciones ambientales para la explotación. Por eso no se ha realizado la participación ciudadana del artículo 398 y tampoco tienen el plan de manejo ambiental para esa etapa. Además, se reconoce que no existe consulta previa, libre e informada, ni expedientes, ni siquiera un documento que justifique por qué no correspondía y ni siquiera han iniciado regularización del agua para la explotación. Ese es el patrón, queridos compañeros asambleístas.

Decisiones de alto impacto sin el expediente completo. Y ahora, ¿quieren una ley que premie silencio y acelere las autorizaciones? Nuestra postura no es visceral, es técnica. Fortalecer sectores estratégicos sí, pero con reglas claras, controles fuertes y participación real. Por eso, lo responsable es negar y archivar este proyecto y construir uno nuevo, transparente con territorios, con academia, gremios y comunidades. El Ecuador no necesita leyes express para tapar la inoperancia, necesita planificación, control y verdad. Por las razones expuestas, señor presidente, mociono negar y archivar este proyecto de ley.

Muchísimas gracias, presidente.

En la intervención del asambleísta Diego Sala se refirió a la intervención de las Fuerzas Armadas en áreas mineras.

Palabra, el asamblea.

pero no con militarización, emocionó el archivo de la iniciativa. Tercera intervención, se ha otorgado el uso de la palabra al asambleísta Adrián Castro en este primer debate del proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía, calificado como urgente en materia económica. Sesión del Pleno número 72 se desarrolla en la provincia del Guayas, en la Universidad Ecotec, en San Borondón. Vamos a escuchar la intervención del asambleísta Adrián Castro.

Primero quiero saludarles a ustedes y al pueblo guayaquileño, a toda la gente de la provincia del Guayas, que se encuentra también pendiente de esta sesión allá en territorio. Primero decirles que esta ley es muy importante porque toca temas que a nosotros sin duda nos interesan, sobre todo a quienes hemos estado durante los últimos meses haciendo aportes en todo lo que tiene que ver con políticas para el cuidado y la protección del medio ambiente sin descuidar evidentemente todo lo que tiene que ver con el progreso del país y hacia eso y a ese efecto entiendo que está presentada la presente ley, pues uno de los graves problemas que afectan a nuestro país es la minería ilegal y eso es algo que no está ni siquiera en tela de duda.

Dentro de los aportes, porque para eso mismo es el primer debate, nosotros queremos hacer una ratificación de lo que fue presentado dentro de la comisión el 5 de febrero del año 2026. Los aportes que hemos presentado son estrictamente técnicos y tienen que ver con seguridad jurídica, no caer en vicios de inconstitucionalidad y sobre todo sopesar bienes jurídicos protegidos frente a otros. Ese es el esquema sobre el cual haré la presente intervención, destacando sin duda alguna uno de los factores trascendentales que ha sido y será la lucha contra la minería ilegal que es lo que financia a los grupos narco delictivos en este país junto con otras actividades ilícitas.

Dentro de este proyecto, haciendo los aportes y haciendo un recuento de los mismos, hemos recibido en nuestro despacho muchísimas observaciones ciudadanas, sobre todo en nuestra provincia de la SUAI, en cuanto a dudas que se podrían generar dentro del texto y que dentro de la comisión los señores asambleístas comisionados tendrán a bien revisarlas y poder evitar cualquier suerte de duda que exista, sobre todo en los siguientes aspectos. Primero, el primero de ellos tiene que ver con el tema de la autorización ambiental. Dentro de las apreciaciones que nosotros habíamos hecho en un inicio, habíamos solicitado incluso tener una comparecencia dentro de la comisión, entenderé que por temas de tiempo no hubo cómo, pero la volveremos a solicitar.

Es precisamente que se haga una descripción total de lo que significa esta autorización ambiental, porque hay muchas personas que se encuentran preocupadas por lo que sostiene este proyecto en cuanto a una licencia y a una autorización. No hay una definición concreta dentro del proyecto. Yo creo que debemos terminar cualquier tipo de duda frente a ello, porque aparentemente dentro de estos sectores que no tienen nada que ver con lo político, con grupos políticos, existe esta duda. Hemos hecho incluso un ensayo de una redacción para que se pueda incorporar dentro del texto de ley en cuanto tiene que ver con la autorización ambiental y evidentemente la licencia ambiental, que no pueden ser considerados pues la misma cosa por sus dimensiones y por sus límites y alcances.

El segundo aporte tiene que ver con la definición del clúster minero. Sin duda alguna, el artículo 66.1 dentro del proyecto de ley habla sobre los clústeres mineros integrales, pero no definen el alcance jurídico territorial ni la relación que tiene esta con las competencias del control y el uso del suelo de los municipios. Y esto es importantísimo, colegas asambleístas, dejarlo sentado, por cuanto el COTAB es un código orgánico y evidentemente esta ley que se está aprobando también tiene ese carácter. Deberíamos nosotros tener en cuenta esa normativa y sobre todo lo que establece el artículo 425 de la Constitución en cuanto tiene que ver a las competencias exclusivas y que el día de mañana no tengamos un inconveniente observación por parte de la Corte Constitucional.

La tercera y la más importante de todas dentro de las observaciones que hemos presentado tiene que ver con la licencia social. Es el límite democrático al poder administrativo y para ello, en buena hora dentro de la sesión 117-2025-2027 de la Comisión de Desarrollo, tuvimos la oportunidad de escuchar tanto a la ministra cuanto a la viceministra en sus pronunciamientos y me pareció importante cuando se habló sobre la licencia social. Literalmente y textualmente se manifestó que sin anuencia o el consentimiento de comunidades es imposible trabajar, ciertamente así mismo es en este sector estratégico y es, decía la ministra en su intervención, que es como lo que llamamos la licencia ambiental.

Y eso es precisamente lo que ocurrió hace varias semanas en Loma Larga, que es el proyecto denominado también como Quinsa Concha. Y es importantísimo para los azuallos que sobre todo se incorpore, y no sabemos de dudas, porque todos los grupos, sobre todo políticos, que se aprovecharon de esta circunstancia, de esta situación, que fueron precisamente los que impulsaron este particular cuando estuvieron en el poder, se aprovechan de esa coyuntura para utilizarla como un rédito político, lo cual es aberrante y además no se debe hacer de ninguna manera.

En Girón y en Cuenca, que son dos cantones de nuestra provincia de la Zoa, y se hicieron dos consultas populares, tanto en el 2019, cuanto en el 2021. Y el pueblo soberano, tanto de Girón, cuanto de Cuenca, que en más del 86% le dijimos en las urnas que no se puede explotar dentro de zonas de recarga hídrica. Eso se comparece con un mandato constitucional supra legal, que está muy arriba de eso, y sobre todo con un voto soberano que está por encima de cualquier cosa. Este proyecto es la oportunidad, colegas asambleístas, de que cualquier duda al respecto quede absolutamente saldada, y no exista posibilidad de que se pueda interpretar, tanto por autoridades administrativas, incluso por judiciales, lo que dijo el soberano.

Y en esa medida nosotros lo que hemos sugerido que se incorpore, es una disposición general trascendental para los ecuatorianos, y sobre todo para los azuayos, que dice lo siguiente, las disposiciones de la presente ley se interpretarán y aplicarán en estricta observancia de los resultados de las consultas populares, y referéndums, mecanismos de democracia directa previstos en la Constitución, cuando estos hayan establecido prohibiciones, restricciones o condicionamientos territoriales a la actividad minera. Dichos pronunciamientos constituyen la máxima expresión de la licencia social y de la soberanía popular. Tienen el carácter vinculante, prevalente y de obligatorio cumplimiento, y no podrán ser desconocidos ni relativizados mediante reglamentos, actos administrativos o interpretaciones posteriores.

Esa, para nosotros, es la fundamental, es la oportunidad que tiene este rato el país, y sobre todo, colegas, ese llamado desde la zona sur del país, para que se acabe definitivamente con esta pesadilla que desde el año 2001-2003, en aquellos gobiernos, esto se ha convertido en un enorme problema para el pueblo azuayo, y sobre todo para los cuencanos, que todos los días vemos al menos uno de nuestros cuatro ríos cuando vamos a alguna parte de nuestra ciudad. La última es una disposición transitoria que tiene que ver más bien con esos procesos de conflictos entre predios que existen y que se dieron también y que fue parte del aprendizaje de lo que ocurrió en Loma Larga.

Los proyectos que están ubicados en territorios donde existen procesos administrativos o judiciales pendientes que no están corregidos. Sucedió que en el municipio de Cuenca, dentro del área de control y avalúos y catastros, lo que había sucedido es que movieron un terreno de manera mágica, le movieron cinco kilómetros en el catastro y a un terreno de cien hectáreas le subieron ciento cincuenta hectáreas más. Es una locura y frente a aquello, y eso no puede ocurrir, frente a aquello se tienen que tomar correctivos y esta también es una oportunidad que se puede incorporar dentro de la presente ley.

Colegas asambleístas, más allá del objeto que tiene esta normativa, que es además y tiene que ver con un sector estratégico, estas consideraciones que acabo de manifestar, entre otras, seguramente harán los colegas de todas las bancadas, para eso mismo son los debates, creo que nos permitirán contar al final del día con un proyecto que pueda decir al país que no se está aquí pensando en proyectos de tinte de daño ambiental ni de acabar con nuestras fuentes hídricas, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Es una oportunidad, y lo digo como Cuencano, como Azuayo, y les hago este pedido sobre todo a ustedes, colegas comisionados, para que se afirmen en esas posiciones y puedan tomar este proyecto con la seriedad que el caso amerita.

Hasta aquí mi palabra, nada más, señor presidente y colegas asambleístas.

Gracias, asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Alfredo Serrano.

Fue la tercera intervención a cargo del asambleísta Adrián Castro, que entre otros aspectos se refirió, por ejemplo, a autorización ambiental. Solcitó que en la comisión se pueda analizar este aspecto para evitar dudas. Siguiente intervención a cargo del asambleísta Alfredo Serrano.

que permite la inversión privada, que no es más que cumplir con una sentencia de la Corte Constitucional y en la parte minera también conceptualmente, es obvio que vamos a estar de acuerdo, solamente con una sugerencia en esa parte, señor Presidente. No debemos desaparecer la licencia ambiental. Mantengamos la licencia ambiental que ya lleva varios años de vigencia en el país y que está creada justamente para proyectos de gran escala o alto impacto ambiental. ¿Para qué queremos eliminar la licencia ambiental? Si por ahora se demora tanto por trabas burocráticas, la solución sería que eliminar trabas burocráticas, pero no el concepto de licencia ambiental.

Si para una carretera te piden una licencia ambiental, imagínate que para una minera grande, ¿cómo no te van a pedir licencia ambiental? Esa es la sugerencia. Y la otra, señor Presidente, que la hice por escrito y que hemos coincidido algunos otros legisladores. En Galápagos, señores, ustedes saben, por obvias razones no hay minería. Me refiero a metales, pues, ¿no es cierto? Pero sí, desde hace 80 años en Galápagos el material petrio ha salido de ciertas minas que hay allá, que se crearon con la evolución de las islas y que ha servido para las obras, tanto en el sector privado como en el sector público.

Pero sorpresivamente, señor Presidente, hace ocho meses el gobierno, el ARCH, decidió cerrar esas minas, no esas minas, esas canteras de material petrio que sirven para temas de la construcción, tanto en el sector público como en el sector privado. Actualmente, actualmente está paralizada toda la construcción en Galápagos. Todo lo que significa dinamizar la economía con el sector de la construcción está paralizada. Ocho meses, compañeros legisladores, hasta que se haga un estudio, etcétera, etcétera. Que yo he propuesto, señor Presidente, que mientras se hace ese estudio, mientras se hace la coordinación, mientras se hace el ordenamiento, que se abran esas canteras que tradicionalmente se han utilizado en Galápagos para que se reactive ese sector, para que comiencen a producir nuevamente ese sector, pero principalmente los sectores que están paralizados, que son todos, todos los sectores en Galápagos no pueden hacer nada en construcción y más bien se ha generado una especie de contrabando de materiales de construcción, señor Presidente.

Por lo tanto, he propuesto a la Comisión una sugerencia de una disposición transitoria que en este caso, para reemplazar la actual disposición general octava en la ley de minería, que justamente tiene que ver con Galápagos y que se ha hecho tanto lío la Agencia de Regulación de Hidrocarburos y de Minería respecto a este tema. ¿Para qué? Para que se abran estas canteras, puedan seguir explotándose mientras se hace la logística, la coordinación y se redacte el plan respectivo. Ocho meses, compañeros, imagínense, solamente pónganse a pensar, si aquí en Guayaquil o en San Borondón durante ocho meses se cierre la provisión de materiales de construcción.

En este caso, arena, ripio y piedra. Se paraliza todo un sector, no solamente el de la construcción, sino también de los otros sectores que quieren construir. Esas son mis observaciones, señor Presidente. Le agradezco por el uso de la palabra. Gracias.

Gracias, asambleísta. Tiene la palabra la asambleísta Verónica Iñiguez.

El asambleísta Alfredo Serrano dijo que eliminar trabas burocráticas es lo ideal, aunque considera que no se debería cambiar el concepto de licencia ambiental. Hizo otras observaciones que espera sean recogidas en la Comisión de Desarrollo Económico. Interviene el asambleísta Verónica Inés.

el uso de la palabra, quiero aprovechar y comenzar esta intervención mencionando que el trámite de este proyecto de ley no siempre garantizó un debate en igualdad de condiciones, pese a que se trata de una reforma que modifica de manera profunda el régimen de los sectores estratégicos del país. He estado presente desde el inicio del tratamiento de este proyecto de ley, así como he intervenido cada vez que se me permitido dentro de las sesiones y he formulado diferentes reparos jurídicos de manera reiterativa. Es así que el 12 de febrero remití formalmente a la Comisión de Desarrollo Económico el memorando ANIGMV 2026-0024M, en donde sistematicé todos los vicios de fondo y de forma que comprenden y que además se marcan dentro de una inconstitucionalidad de este proyecto.

Este documento legaliza por escrito dentro del proceso legislativo todos mis criterios, pero que aquí en este pleno quiero exponerlos para que el pueblo ecuatoriano los conozca. Este proyecto, vamos a empezar desde aquí, este proyecto vulnera el principio de la unidad de la materia previsto en el artículo 136 de la Constitución. ¿Por qué lo hace? Porque concentra dentro de un mismo cuerpo normativo, reformas ambientales, modificaciones estructurales al mercado energético, disposiciones de seguridad estratégica con participación de las Fuerzas Armadas y un rediseño al licenciamiento ambiental bajo la figura de urgencia económica, por lo cual trata temas que son sumamente delicados, altamente técnicos y que no coinciden los unos con los otros.

En el plano técnico minero, la reforma elimina la diferenciación entre exploración inicial, exploración avanzada y la evaluación económica del yacimiento, unificando todas estas fases dentro de una sola etapa. Cuando lo hace, debilita el control progresivo del Estado, se pierde la exigencia de verificación técnica previa para avanzar la intensidad operativa y desdibuja el vínculo entre el cumplimiento de obligaciones y la permanencia de los derechos concesionales. La legislación que tenemos ahora estructura estas fases precisamente para graduar estos impactos y obligaciones. Suprimir esta arquitectura a través de la reforma que se está planteando en este momento, implicaría alterar el sistema de control ambiental y también autorización administrativa.

En materia ambiental, el texto reemplaza la referencia expresa a licencia ambiental por una noción mucho más amplia de autorización ambiental y me da mucha pena que el asambleísta Castro lo haya tratado como si fuera un simple tema técnico y que desconozca completamente de algo que es materia legislativa, porque ni siquiera es técnica, el saber lo que es una licencia ambiental. Al hacerlo, cuando hace esta ampliación a la autorización ambiental, lo que se está haciendo es trasladar los elementos sustantivos a una legislación secundaria. Además, este desplazamiento reduce el nivel de protección establecido en nuestra ley.

Deja en manos del reglamento decisiones que inciden directamente en los derechos constitucionales. Además de esto, se suma que la consolidación del silencio administrativo positivo como mecanismo habilitante. Vencido el plazo, si no hay un pronunciamiento, asumo que no tengo una oposición y simplemente paso el proyecto, esto incluso en las actividades con mayor impacto ambiental como lo son las extractivistas. La unificación de estas fases y la flexibilización de todas las autorizaciones ambientales, además afectan directamente a los derechos colectivos y aquí espero que los colegas de Pachacútic y ESPachacútic entiendan la gravedad de este proyecto de ley para los derechos colectivos, pues la consulta previa y la consulta ambiental que están vinculadas al alcance específico de cada etapa de la actividad minera.

Es decir, no es un capricho el tener un tipo de permiso para cada fase de la actividad minera, que se pretende hacer con este proyecto de ley, unificar en uno solo y con eso de paso elimino la consulta. Si estas fases se diluyen y el avance puede producirse sin control diferenciado, se debilita así la capacidad real que tienen las comunidades para incidir directamente sobre las decisiones que tienen en sus propios territorios. Por lo tanto, este diseño normativo tensiona directamente el bloque constitucional en materia ambiental y en materia de derechos colectivos.

Ojo con esto, porque se empiezan a configurar las inconstitucionalidades. Esto que acabo de mencionar no son simples ajustes administrativos, colegas, asambleístas. Se trata más bien de un desmantelamiento sistemático del ecosistema, de la normativa ambiental y de los sectores estratégicos. Además, deben considerar que se ha insistido hasta el cansancio en que esta propuesta agilita la burocracia. Hace dos días salió un reporte de Mongabay Latinoamérica, que es un medio muy serio en cuanto a periodismo ambiental y justamente haciendo uso de los datos del Ministerio de Ambiente y Minas, develaba que existe en esta cartera de Estado un 45% de brecha en el personal para atender y salvaguardar el patrimonio natural del Estado ecuatoriano.

¿Qué significa esto? ¿Cómo pretenden agilizar la burocracia si ni siquiera cuentan con el personal necesario para trabajar en lo que ya les compete ahora? Además, han venido sistemáticamente reduciendo esta cartera de Estado, han fusionado sus ministerios y han recortado el presupuesto. Lo que realmente está pasando aquí es que nos venden extractivismo disfrazado de eficiencia administrativa. El marco jurídico vigente ya contempla plazos definidos para el control minero, pero este proyecto introduce una presunción que habilita actividades, aun cuando la evaluación técnica integral ni siquiera ha concluido. La eficiencia institucional no se alcanza reduciendo los estándares de control.

También se ha sostenido que esta ley permitirá combatir la minería ilegal, que es justamente lo que mencionaba el asambleísta Castro, lo cual me hace pensar que no ha revisado el proyecto, porque en este proyecto no se habla de la minería ilegal, nada de lo que propone está hecho para atacar a la minería ilegal. La minería ilegal responde a estructuras de crimen transnacional y economías ilícitas que operan en control territorial y además en detrimento de las comunidades y también del ambiente. Hacer un enfrentamiento a la minería ilegal requiere de inteligencia financiera, de persecución penal especializada y de coordinación estatal efectiva.

Ninguna de estas herramientas está contemplada dentro de este proyecto de ley. Por eso les digo, la simplificación de requisitos para el sector formal que quieren hacerlo ver al artesanal como si fuera informal, no va a eliminar las redes criminales. También se ha afirmado que el proyecto ha sido ampliamente socializado. Sin embargo, diversas organizaciones ambientales y ciudadanas han mostrado públicamente su descontento por no haber sido escuchadas. Nosotros a través de nuestros colegas que forman parte de la Comisión de Desarrollo Económico, hicimos llegar la solicitud para que hicieran comparecencias a actores críticos.

Ninguna de estas fue atendida. Por eso lo que tenemos aquí es una deliberación que no ha sido nada democrática y que tampoco ha cumplido con la pluralidad sustantiva. En una de las comparecencias también acudió la ministra Manzano, que era una oportunidad para un intercambio técnico especializado con posiciones distintas sobre la constitucionalidad y las reformas de esta ley. Pero pese a la solicitud expresa y reiterada, nunca se me fue otorgada la palabra, por lo cual se perdió una instancia de contraste especializado que podía enriquecer este debate.

Por eso aprovecho esta oportunidad para culminar a la ministra Manzano para sostenerse un debate público, técnico y transparente y a los medios de comunicación que se encuentran por ahí, que nos den ese espacio para que la ciudadanía conozca con claridad los alcances reales del proyecto y las implicaciones constitucionales y ambientales que posee. Para terminar, quiero dirigirme de manera directa a todos los asambleístas que creen que este proyecto de ley le va a dejar regalías al país. Este proyecto de ley lo que plantea es que van a simplificar los trámites, pero esto de ninguna manera adelanta lo que significa la actividad minera.

En oro, en promedio global, más o menos se necesita como 21.8 años y en cobre se necesita más o menos 24.1 años. Ahí recién comenzaría a explotar el Ecuador, lo cual básicamente destruye el hecho de que vamos a empezar a recibir regalías por minería, lo cual también desbarata el hecho de que esto no es económico urgente, porque esos ingresos no van a llegar. Y en esto sí coincido con el compañero de la bancada de ADN, en el que decía que solo ingresan del 3 al 8 por ciento de regalías por actividad minera y en eso tiene toda la razón.

¿Saben por qué? Porque el 50 por ciento se la lleva a la empresa minera, no se queda en el país, por lo tanto tampoco alivia financieramente al país. Entonces es importante que ustedes conozcan que no cuenta, ni siquiera lo avala a la idea de que sea un económico urgente. También quiero dirigirme a aquellos asambleístas que no solo en el pleno de hoy, sino que también en diferentes sesiones de las comisiones han mostrado una preocupación respecto al agua. El mismo asambleísta Castro hablaba de su preocupación por las fuentes hídricas, por el ambiente y también por los derechos colectivos.

Colegas asambleístas, les digo, este proyecto va completamente en contra de todo aquello. Además, escuché con mucha atención la radiografía que hizo el asambleísta Centeno en el debate previo respecto a la Ley de Reforma Alcotad, donde hablaba justamente de este déficit del agua potable. Y honestamente y con todo respeto a la colega asambleísta Camila León, sí les digo, hay que recordarles de dónde viene el agua. Porque el agua que ustedes quieren proteger, que dicen que les interesa incluso que los municipios aseguren que es el agua potable, realmente sufre su contaminación cuando se permite minería dentro de las cabeceras hídricas.

Y esta ley precisamente lo que busca es regular y flexibilizar la minería dentro del país. Entonces, no podemos hablar de las dos leyes al mismo tiempo, porque las dos se contraponen. El Estado central siempre va a ser el garante de que se cumpla con el derecho humano al agua. El municipio meramente va a potabilizar el agua, pero quien realmente asegura que el agua no esté contaminada, tiene que venir desde la cartera de Estado encargada de aquello. Por eso ya incluso en otras sesiones se les había solicitado… Gracias.

Gracias. Gracias.

Asambleísta, ahí llegues 12 minutos, le pido por favor que vaya cerrando su intervención para continuar con el debate.

Está bien, voy a pasar directamente a decirles que el Estado de Ecuador es un Estado constitucional y de derechos y que nosotros dentro de la supremacía constitucional tenemos que velar porque no haya leyes que vulneren los derechos colectivos, no vulneren a los derechos de la naturaleza y tampoco se utiliza de una manera sin mesura la categoría de proyectos económicos urgentes. Por esta razón, en el pleno ejercicio de las atribuciones previstas y en el artículo 135 de la ley orgánica de la función legislativa, quiero presentar la moción que resuelva negar y disponer el archivo del proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de sectores estratégicos de minería y energía calificado de urgente en materia económica.

Muchas gracias.

Gracias, asambleísta. Tiene el derecho a la réplica el asambleísta Adrián Castro.

Escuchamos la quinta intervención a cargo de la asambleísta Verónica Íñiguez y sus observaciones de fondo y forma. Derecho a la réplica por parte de la asambleísta Adrián Castro.

colega Íñiguez, no he tenido el gusto de saludarle no le conozco en persona y usted tampoco me conoce a mí como persona porque no conoce en Cuenca cuál ha sido mi vida, qué he defendido, ni mucho menos, pero creo que tiene alguna fijación conmigo porque me ha nombrado tres veces y por eso me he visto obligado a pedir la réplica así que primero quiero hacer un recuento de lo que dije hace un momento porque parece que usted no me escuchó nada a pesar de que hablé en voz alta creo, pero voy a tener que decirlo más claramente para que me comprenda mi preocupación precisamente por la defensa del agua fue encaminada a que se aclare lo que tiene que ver con la licencia de autorización primero, segundo, el tema de las competencias de los municipios en cuanto a los clústeres mineros tercero, una disposición general que he solicitado se incorpore para el respeto a la consulta popular de Cuenca en la que yo voté a favor de la no explotación de mediría en zonas de recarga hídrica junto con mi familia y mi padre Carlos Castro que es presidente del Cabildo del Agua de Cuenca además y a quien le envío un saludo además porque le amo con todo mi corazón y usted no sabe es más, cuánta lucha hemos hecho nosotros por defender el agua desde hace muchos años, porque no me conoce porque usted es de otra provincia y entiendo que así mismo es y no lo hace de mala fe y tercero le quiero recordar a usted una cosa ¿quiénes fueron pues los que fueron con el gran discurso de la gran minería en la provincia de la Soya en el año 2016 y 2017?

¿Quién llegó pues en helicóptero a Quimsacocha y a Río Blanco en Molleturo? El señor Jorge Glass ahí estuvo Jorge Glass llegó en helicóptero porque las comunidades no le dejaron entrar busque en YouTube este rato todas las intervenciones de Correa en función de la minería y la explotación en zonas de recarga hídrica ¿quién fue el que decía que el oro va a salvar el agua? ¿quién dijo eso? eso dijo el señor Correa asambleísta Íñiguez eso dijo su jefe, su líder no lo dije yo vaya y busque en YouTube y cómase sus palabras antes de dirigirse a mí de esa manera irrespetuosa lo segundo que le tengo que decir frente al agua y a lo que hizo el señor Glass en Cuenca es que quien está este rato de prefecto cuando fue gobernador cuando fue secretario del agua le dio la concesión del agua a la minera para que explote en Quimsacocha ahí está su firma es la huella del correísmo en el Azuay no es la huella de este gobierno es la huella de ustedes y ustedes tienen que hacerse cargo lo que hicieron porque las concesiones se dieron en los gobiernos anteriores a ustedes pero ustedes fueron los que le encaminaron y le impulsaron y por ello fue que se interpusieron medidas como acciones de protección y acciones para interrumpir eso que hoy se encuentran en manos de un juez porque ustedes fueron los que pusieron la minería en zonas de nuestra recarga hídrica vayan y pregúntenle a la gente de Girón a la gente de San Gerardo a ver si es que no se acuerdan cómo llegaba el señor Glass ahí que este rato está en la cárcel del encuentro además yo no me voy a referir a otros aspectos porque estoy seguro de que no me escuchó cuando intervine pero mis intenciones son sanas y usted no puede venir a poner en mi boca otras cosas ni querer interpretar otras cosas que yo no he dicho no le voy a permitir asambleísta Íñiguez usted está haciendo de esto un show y un circo y esto no se hace en la asamblea nacional parece que no escuchó mi criterio escúchelo de nuevo ahí está la grabación ahí quedan las actas muchas gracias presidente muchas gracias presidente

Finaliza la réplica en voz de la asambleísta Adrián Castro, quien hizo algunas aclaraciones Tiene la palabra la asambleísta Mónica Palacios En la siguiente intervención vamos a escuchar a la asambleísta Mónica Palacios dentro de este primer debate del proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía calificada en materia económica

es vergonzoso las declaraciones del asambleísta Castro. No tiene respeto y no recuerda que nosotros la Revolución Ciudadana sí respetamos las dos consultas que se hicieron en la comunidad de Quintzacocha. Nosotros sí respetamos a las comunidades, no como el gobierno actual que está desesperado por sacar el oro de nuestras entrañas, especialmente en el Azuay. Ecuatorianos, aquí tenemos que ser claros. El presidente Daniel Novoa lo único que está buscando con este proyecto de ley es apropiarse de los recursos naturales de todos.

los ecuatorianos.

ha presentado este proyecto de ley porque está desesperado y está tratando de vulnerar la ley en nuestra Constitución para reducir el control estatal y ambiental de los proyectos mineros en el Ecuador, que justamente vienen de empresas mineras con las cuales él, él sí tiene negociados, queridos ecuatorianos y compañeros asambleístas. Voy a hacer un recorrido rápido por este proyecto de ley que ha presentado el señor Daniel Novoa porque realmente algunos asambleístas de la Revolución Ciudadana sí nos tomamos el tiempo de estudiar estos proyectos de ley bastantes vergonzosos que ya sabemos que ni siquiera debe haber leído esto el señor Daniel Novoa.

En primera instancia, el artículo número 3, justamente lo que busca es que se sustituya el artículo 26 de la ley minera. El artículo número 26 dice lo siguiente, actos administrativos. Para ejecutar las actividades mineras se requieren de manera obligatoria que se tenga del Ministerio del Ambiente la respectiva licencia ambiental. ¿Y qué es lo que se pretende cambiar justamente? Y esto es lo que incluye de la autoridad ambiental competente la correspondiente autorización administrativa ambiental de conformidad con el régimen. ¿Y cuál es la problemática y qué es lo que existe aquí?

Es justamente que no se ha leído lo que dice el artículo 179 del Código Orgánico del Ambiente, donde dice que la parte fundamental de la licencia ambiental son los estudios de impacto ambiental. Esto es lo que justamente quiere eliminar el señor Daniel Novoa, porque estos estudios lo que demuestran son el daño al ecosistema y a las comunidades de la mano negra de la minería. Son estudios fundamentales que demuestran justamente los cambios que pueden existir en los ecosistemas de nuestras comunidades. También lo que nos llama la atención de este proyecto de ley es estos famosos clústeres mineros, o como les quieran llamar, del artículo número 7.

Se crea un régimen territorial excepcional orientado a garantizar condiciones operativas privilegiadas para la minería, utilizando infraestructura pública y lo peor de todo, fuerza estatal. Entre estos se encuentran estos privilegios que les van a dar como un sistema de interconexión eléctrica. Las entidades responsables del sector eléctrico coordinarán con la autoridad competente en el sector minero la planificación y ampliación de redes de interconexión para garantizar a estas empresas mineras el acceso de los proyectos mineros a las redes de transmisión y distribución eléctrica. Y yo les pregunto, queridos asambleístas, el señor Daniel Novoa tal vez sabrá que, por ejemplo, en Manaví hay más de 100 comunidades rurales que no cuentan con servicio eléctrico formal.

¿Sabrá esto el señor Daniel Novoa? No, y tampoco le interesa, pero sí quiere garantizar a estas empresas mineras justamente el servicio eléctrico, porque él tiene intereses ahí. También les va a garantizar, queridos asambleístas, infraestructura vial y logística. Las entidades competentes en materia de transporte y obras públicas considerarán dentro de sus procesos de planificación, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial y logística y las necesidades derivadas del área de influencia de estos clústeres. Me pregunto y les pregunto a ustedes asambleístas, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, el presidente Daniel Novoa no ha hecho absolutamente nada por el pésimo estado físico de las vías.

Por ejemplo, les voy a dar algunos ejemplos, Santo Domingo, Quevedo, Guayas, la vía E25, que ha hecho en los ejes viales de Guayas, los ríos, o justamente, absolutamente nada. En las vías, por ejemplo, que tuvimos que utilizar muchos de nosotros para venir acá, desde la SUA y Cuenca, Girón, Pasaje, queridos asambleístas, absolutamente nada. Pero como él sí le conviene, obviamente, mantener esta infraestructura vial y logística para sus negociados, entonces ahí se incluye esto en el proyecto de ley, pero el resto de ecuatorianos no les importamos.

También incluye, y para que no les llame la atención, explosivos y materiales relacionados. La autoridad competente en materia de control podrá establecer mecanismos de rebaja, tarifas diferenciadas, incentivos o condiciones preferenciales en el costo de los explosivos y materias relacionadas con lo que necesiten estas mineras para sacar el oro, la plata y los recursos naturales de todos los ecuatorianos. O sea, vienen estas empresas y no tienen que gastar absolutamente nada porque todo se les va a entregar por parte del Estado ecuatoriano. Y por último, fomento y promoción de la inversión productiva.

Justamente dice que implementarán procesos de simplificación, coordinación y facilitación administrativa orientados a reducir plazos, duplicidades y cargas regulatorias. Eso es lo que están buscando, que de forma ágil y rápida puedan explotar estos yacimientos de recursos naturales. Y lo que más nos llama la atención y realmente creo que nos debe de molestar a todos los ecuatorianos es el artículo 66.3 y dice que las áreas mineras deben de tener protección y seguridad estratégica de las fuerzas armadas, queridos ecuatorianos, aunque les llame la atención. En el año 2025, como ustedes saben, tuvimos el año más violento de la historia del Ecuador con 9.200 muertes.

Tuvimos más de 403 niños asesinados. Nos subieron tres puntos al IVA. ¿Qué se ha hecho en la seguridad de este país? Absolutamente nada. Las fuerzas armadas deberían de estar defendiéndonos a los ecuatorianos en las calles, pero no. Las fuerzas armadas van a estar defendiendo a estos mineros que van a venir, como digo, a robarnos los recursos de todos los ecuatorianos. Y voy a terminar con el artículo número 9, que es lo que realmente también nos debe de doler como ecuatorianos y es vergonzoso. Bueno, del presidente Daniel Novoa no se puede esperar nada más, pero creo que como ecuatorianos sí duele.

Y es que nos va a reducir los porcentajes de las regalías, que en este momento son del 5% a 8%, nos la va a reducir al 3% y al 8%. Realmente es vergonzoso que hasta el poco dinero, como dijo la compañera Verónica Íñez, el poco dinero que recibe este país, que realmente no va a cambiar la situación y el ecosistema de los lugares donde va a haber estos proyectos mineros, pero hasta las regalías nos quiere reducir el presidente Daniel Novoa. Nosotros como Revolución Ciudadana estamos completamente en contra de este proyecto de ley y como cuencanos y como azuayos vamos a seguir alzando la voz.

¿Cómo es el nombre de la asambleísta que habló? Perdón, el azuayo. Castro, perdón, asambleísta Castro. Se me olvidó hasta el nombre, perdón. Usted como cuencano y como azuayo debería de estar en contra de este proyecto de ley, pero como se vende al mejor postor por un par de lentejas, entonces ya vemos su respuesta. Muchas gracias.

Ha solicitado un punto de información la asambleísta Ana Belén Tapia.

Escuchamos también las observaciones del asambleísta Mónica Palacios avanza este primer debate del proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía. Punto de información a cargo del asambleísta Ana Belentapia.

Si la escuchamos, asambleista.

Gracias, señor presidente. Un saludo a usted, a todos los colegas asambleístas del pueblo ecuatoriano. Qué vergonzoso, yo sí voy a decir qué vergonzosa, cuánta hipocresía realmente de lo que acabo de escuchar. Y sí, yo también le voy a decir lo mismo, asambleísta Palacios, no se puede esperar menos de usted, porque ahora defienden el tema de la minería ilegal y dicen que los ecuatorianos no nos merecemos, pero cuando yo presenté el cambio de orden del día, creo que la semana anterior, solicitando que se apoye a las suspensiones mineras en la provincia de Napo, porque tenemos el río Napo con más del 70% de contaminación de mercurio y de cianuro por minería ilegal, ahí en cambio votaron en contra.

¿Qué nivel de hipocresía la de ustedes, compañeros? ¿Qué nivel de hipocresía? Y hablan de que no, que el Estado ecuatoriano no quiere, que con esta norma quiere hacer cosas indebidas. Entonces, están realmente mintiéndole nuevamente al país. Ya les dije el otro día que la mitomanía es un trastorno del comportamiento. Y hay que ser claros aquí. Usted habla de vías, perdóneme, algún rato espero que venga a pasearse por aquí por la Amazonía y vea la calidad de vías que estamos teniendo ahorita gracias al presidente Daniel Novoa.

¿Por qué? Porque desde ahí se hace turismo, desde ahí se fomenta la producción, desde ahí se puede mejorar las condiciones económicas de los ecuatorianos. Aunque no creo que venga acá a Napo, porque estoy segura que aquí en Napo no le han de recibir bien. Porque realmente lo que usted ha convertido en esta asamblea es un show y es un circo. Y le digo de frente, porque realmente para mí sí es vergonzoso escuchar lo que usted está diciendo. Es como darnos una cachetada a los amazónicos que hemos vivido con minería ilegal todo el tiempo.

Entonces, ¿qué espera usted? Que las Fuerzas Armadas no estén en los territorios, que la Policía Nacional no esté controlando. ¿Para qué? Para que los mineros ilegales, amiguitos de algunos, se tomen los espacios que no son legales. Perdóneme, sea coherente y no venga a decir cosas que no tienen nada que ver con la realidad que nosotros vivimos. Aquí en mi provincia, en la Amazonía, los ríos están totalmente contaminados. ¿Qué esperan entonces? Que no haya ley, que nosotros no hagamos absolutamente nada para parar esto o para que haya responsabilidad frente a este tipo de actividades.

Ya, usted lo dijo. Están en contra. Claro que están en contra. Están en contra de la legalidad y a favor de la ilegalidad. Muchas gracias, señor presidente.

Después de la intervención del asambleísta Mónica Palacios, solicitó punto de información la legisladora.

Tiene la palabra el asambleísta Noemí.

la intervención anterior. Ya en este momento se otorga la palabra a la asambleísta Sara Noemí Cabrera, que corresponde a la séptima intervención. Vamos a escuchar su criterio respecto a ella.

El presidente Asambleísta Noemí Cabrera tiene 10 minutos para su intervención.

Como ya escuchábamos al presidente de la Asamblea Nacional, recuerda que para el trámite de los delitos de ley se necesita una intervención máximo de 10 minutos por parlamentaria. Pero agradecerle el uso de la palabra. Sara Noemí Cabrera.

es muy importante que nosotros tengamos claro que este es un proyecto de ley importantísimo, ¿no? El día de hoy la Asamblea Nacional se encuentra en una encrucijada en honrar la constitución de Monte Cristi, nacida de la lucha popular, del dolor histórico de los excluidos o arrodillarse ante el poder del Ejecutivo, el cual gobierna exclusivamente para el capital extractivista. Y es importante eso porque el día de hoy estamos tratando el proyecto de ley orgánica para fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía, que dicho de paso, no se trata de una ley técnica que beneficia a los ecuatorianos, sino más bien todo lo contrario, es una ley regresiva en materia de derechos, es una ley inconstitucional que, aunque la bancada oficialista ha intentado corregir y maquillar este proyecto de ley, no lo ha logrado.

¿Saben por qué no lo ha logrado? Porque rompe el pacto social, porque traiciona el mandato popular y porque además condena a los territorios, a la contaminación, a la pobreza, al abandono, que sin duda este es el reflejo más crudo del gobierno de Daniel Novoa, en donde hay menos Estado para proteger los derechos y más protección para los negocios privados. Hay menos constitución para el pueblo y más privilegios para las grandes corporaciones. Como se está tratando de establecer, invocando el artículo 140 de la constitución como un proyecto de ley en materia económica urgente, que no justifica una crisis económica inmediata y tampoco es la recuperación fiscal como lo promete esta ley.

¿Por qué? Porque no vamos a recuperar estos efectos fiscales ni hoy ni mañana, sino más bien en escenarios inciertos de mediano y largo plazo. En ese sentido, la Corte Constitucional ha sido clara en señalar que usar la urgencia económica para rediseñar el modelo minero y ambiental del Estado desnaturaliza el procedimiento legislativo y vulnera la supremacía constitucional, por lo que este accionar constituye un vicio constitucional insubsanable que traería como consecuencia la inconstitucionalidad de este proyecto. Pero ahí hay más sorpresas, ya que este proyecto de ley desmonta de manera arbitraria la protección ambiental construido por la lucha social, reemplazar la licencia ambiental por una ambigua autorización, reduce controles mineros, debilita las auditorías y flexibiliza las evaluaciones y eso no es eficiencia ni modernización, eso es regresión, eso es regresión en materia de derechos ambientales prohibidos en la constitución en el artículo 14, 71, 72 y 395, que reconocen a la naturaleza como sujeta de derechos, no como una mercancía o como un obstáculo para el negocio.

Y aquí pretende convertir esos derechos en un simple trámite administrativo, es una firma más que otorga para acelerar proyectos extractivistas, lo cual no sólo es inconstitucional, sino inmoral frente a las generaciones futuras. Este proyecto omite de forma consciente la consulta previa, libre e informada de pueblos y nacionalidades, violando los artículos 57 y 398 de la constitución y no pensemos que se trata de un error técnico, sino más bien de una decisión política irresponsable que permite avanzar sin escuchar, imponer sin dialogar y poner en riesgo los intereses de las grandes empresas mineras que buscan enriquecerse con nuestros recursos.

Y como si eso fuera poco, el proyecto ataca frontalmente a las autonomías territoriales, al condicionar las regalías mineras, que son derechos constitucionales de los gobiernos autónomos descentralizados, aplicando nuevamente desde el gobierno la receta del chantaje financiero que vimos en la reforma de los GATS, que recién acabamos de tratar. Si obedeces, te doy recursos, si no te castigo, vulnerando los artículos 238, 270 y 274 de la constitución, para así concentrar todo el poder en el ejecutivo. Y esto también es complicado, yo creo que debe alarmarnos a todos los demócratas la militarización del extractivismo, porque se crean áreas de seguridad estratégica y se asignan a las fuerzas armadas a la protección de operaciones privadas, desnaturalizando su rol constitucional y abriendo la puerta a la criminalización de la protesta social.

Porque cuando se militarizan los territorios, no se protege a la gente, se protege a los negocios. Y si alguien todavía cree en el cuento del desarrollo, les pido que miremos este megaproyecto a cielo abierto denominado Cangrejos. La ministra nos ha emitido la respuesta a nuestra solicitud de información y con claridad nos dice que hay la autorización para la fase de explotación. Una situación que debería alarmarnos y que además, dentro de la misma respuesta, remite que no existe una consulta previa informada a las comunidades. Pero no solamente eso, nos emiten una copia del informe de prefactibilidad, donde reconocen que este proyecto provocará drenaje ácido, afectación directa a los ríos, destrucción irreversible de los ecosistemas, erosión de los suelos.

Su concesión está autorizada para 26 años, 26 años de presión ambiental, 26 años de miedo y 26 años de promesas incumplidas. Porque hoy preguntamos con el corazón en la mano a la señora ministra y el presidente de la república, ¿Dónde está el desarrollo de nuestras comunidades? ¿Dónde está el agua limpia para nuestros hijos? ¿Dónde están los hospitales, las escuelas, el empleo, las vías? ¿Dónde están? No están. Lo que hay es pobreza, ataques armados. Esos militares que en lugar de estar en mi provincia, donde este feriado hubieron 24 asesinatos de muertes violentas, hoy pretenden con este proyecto de ley, destinarlos a que vayan a resguardar las empresas mineras.

El gobierno del presidente Novoa pretende convencernos de que más minería, menos controles y menos derechos son las salidas para esta crisis. Pero desde la revolución ciudadana, lo decimos con voz firme y con la memoria de nuestro pueblo. No hay desarrollo sin derechos, no hay crecimiento legítimo sin justicia ambiental. Esta intervención no es un capricho ideológico, es un acto de defensa constitucional, es un acto de dignidad política, porque la historia nos está mirando. Y aquí hay más legisladores de la provincia del Oro. Nos juzgará con una sola pregunta, si defendimos al pueblo o defendemos al poder.

Y desde esta curul, desde la revolución ciudadana, elijo al pueblo, yo elijo la vida y la salud para toda la gente. Además, compañeros, existe una moción para archivos y se solicita, se tome votación de la moción presentada por el compañero Diego Salas. Gracias. Gracias.

Fue la intervención del asambleísta Noemi Cabrera, quien además hizo sus aportes a este...

análisis del primer debate del proyecto de ley orgánica.

para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía urgente en materia económica. Punto de información a cargo del asambleísta Verónica Íñiguez de Asialista para también realizar la correspondiente intervención.

Señor Presidente, la verdad no voy a tomar mucho tiempo, pero en vista de que he sido aludida de una forma que podría enmarcarse dentro de violencia política de género, quiero contestarle al señor Castro. Y quiero decirle que parece que no entendió lo que yo dije, yo no voy a atacarlo de la misma forma en la que él ha hecho, pero sí quiero decirle que técnicamente no se puede defender el agua y al mismo tiempo defender la minería sin regulación. Así que lo que le invito es que si necesita hablar conmigo nos podemos sentar y más bien ampliar la pluralidad del debate y encontrar leyes que realmente vayan en favor de toda la población y no sólo de un círculo cercano privilegiado.

Muchas gracias.

Fue el punto de información de la asambleísta Verónica Íñiguez, una siguiente intervención a cargo de la asambleísta representante de Galápagos, Milton Aguas. Ya se lista, recordarles que estamos dentro de la sesión plenaria 072 de este día viernes 20 de febrero del 2026.

medios de comunicación y sobre todo al pueblo y el pueblo de la provincia de Galápagos. Galápagos presente aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional, debatiendo una ley muy importante para el país, gracias al señor presidente de la República, Daniel Novoa, por darle una nueva oportunidad al país. Y sobre todo a mi provincia, la provincia de Galápagos, que acabamos de cumplir 53 años de provincialización. Con mucho orgullo, vengo desde mis ancestros, que fueron colonos, y gracias a ellos tenemos las Islas Galápagos para el Ecuador. Y desde hace más de estos 53 años de provincialización, para la construcción de las viviendas, de las infraestructuras públicas y del sector turístico, como los hoteles, se vienen extrayendo materiales áridos y pétreos en varias canteras de toda la provincia.

Lamentablemente, no es en este gobierno, sino de varios gobiernos, cada vez y cuando se vienen dando una serie de irregularidades y situaciones que atañen y sobre todo perjudican a mi pueblo. Miren que en la constitución del 2008, se creó el régimen especial de Galápagos. Y en la ley de minería del año 2009, se olvidaron del régimen especial de Galápagos. No le tomaron en cuenta para este desarrollo sostenible para nuestra población. En ese contexto, con estas situaciones, desde hace varios meses, se han cerrado las canteras de materiales áridos y pétreos, sobre todo en los cantones San Cristóbal, Santa Cruz, Isabela y Floriana, que son los centros poblados.

Y al tenor de lo establecido en los artículos 82 y 226 de la Constitución de la República del Ecuador, el derecho a la seguridad jurídica, que se garantiza a través de la existencia de normas previas, claras y públicas, aplicadas por las autoridades competentes y que, por el principio de legalidad que rige el derecho público, las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias y servidores públicos sólo pueden ejercer competencias y facultades atribuidas en el ordenamiento jurídico. En este contexto, conforme al artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Juridiccionales y Control Constitucional, señala que normas se interpretará en el sentido de que más favorezca la plena vigencia de los derechos reconocidos en la Constitución y que mejor respete la voluntad constituyente.

Y es por eso que lo descrito anteriormente interfiere que la suspensión de la extracción de uso de material pétreo y árido en la provincia de Galápagos adolece del fundamento legal y técnico que está causando daños graves a la economía local y limita el ejercicio de derechos fundamentales de la población, como es el derecho al trabajo. La economía de la construcción es transversal, su paralización afecta a todos. El material pétreo no puede ser reemplazado con otro material y no se puede llevar material pétreo desde Ecuador continental porque lamentablemente sería una catástrofe ambiental en nuestra provincia.

El artículo 16 de la Ley Orgánica del Régimen Especial de Galápagos ordena al Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos a la Autoridad Ambiental Nacional a través del Parque Nacional Galápagos, que es su unidad desconcentrada también, hacerse cargo de las áreas naturales y protegidas establecidas en el artículo 258 de la Constitución del Ecuador. En ese contexto, yo difiero un poco la intervención del asambleísta Serrano que se le dé un permiso provisional hasta que se hagan estudios. El pueblo ya no aguanta más. El pueblo quiere soluciones reales que ya debieron tomarlas hace muchos años atrás.

Como les digo, tenemos 53 años de provincialización y todavía tenemos estos problemas. Mi propuesta, que ha sido consensuada y gracias a la apertura de la ministra de Ambiente y Energía, al presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, la dirección del Parque Nacional Galápagos, los alcaldes de Santa Cruz y de Isabela, la Junta Parroquial de Floriana, se ha consensuado una observación que podría ir como una disposición general, que en la provincia de Galápagos se podrán autorizar permisos de libre aprovechamiento y permisos para la pequeña minería de materiales áridos y pétreos destinados a la construcción exclusivamente dentro de las zonas de aprovechamiento sustentable que ya existen en las Islas Galápagos.

Y también en las zonas rurales de la provincia, que tampoco se ha dado apertura para las personas que están en el sector privado y que puedan explotar los materiales de áridos y pétreos en sus fincas. Esto priorizando el aprovechamiento de dichos materiales bajo principios de economía circular, reutilización, reciclaje y optimización de recursos. Tanto el Consejo de Gobierno de Galápagos como los gobiernos autónomos descentralizados municipales establecerán las ordenanzas y conforme sus competencias para hacer esta producción de manera sostenible y sustentable en la provincia de Galápagos, estableciendo parámetros técnicos, ambientales y operativos para el aprovechamiento, aseguramiento, trazabilidad, control y uso sostenible de estos materiales.

En ningún caso el ejercicio de estas competencias podrá contravenir los principios de conservación, bioseguridad y sostenibilidad que exige el régimen especial de Galápagos. Este aporte es muy importante. Ayer me reuní con este sector muy importante en la Isla Santa Cruz y están muy preocupados porque el día que trabajan, el día que comen, ya ha pasado ocho meses que están en una situación económica muy compleja. Eso por un lado. Por otro lado, sí quiero aclarar a los asambleístas que no quieren que se regularice la minería en el Ecuador, en el Ecuador continental me refiero.

Y dicen que este proyecto de ley no se expande para tener el tema de eliminar la ilegalidad. Están totalmente fuera de sí o no leyeron bien el proyecto de ley. Sobre todo en un tema muy especial y que hago conocimiento a todos los ecuatorianos que son los clústeres mineros para el desarrollo territorial. En ausencia de un marco institucional y normativo que articula infraestructura, servicios de habilitantes y coordinación interinstitucional, los beneficios económicos de la minería tienden a fragmentarse, concentrarse únicamente en la fase extractiva o materializarse con retrasos significativos o promoviendo la minería ilegal incluso.

Estudios académicos sobre clústeres mineros señalan que la coordinación de energía, transporte, logística, insumos estratégicos y servicios especializados permite reducir costos operativos, acelerar la entrada en producción de nuevos proyectos y fortalecer los encadenamientos con proveedores locales, incrementando el impacto y la inversión. Ojo, la inversión, sobre todo internacional, sobre el crecimiento regional y nacional. Estamos compitiendo con otros países de la misma región. Hablemos de Chile, hablemos de Perú, que es nuestro vecino. No podemos quedarnos atrás. Y sobre todo para combatir la minería ilegal, se deben establecer estos mecanismos que permitan una minería sostenible, sustentable y sobre todo legal para el enriquecimiento de nuestro país y sobre todo para dar oportunidad de empleo a todos los ecuatorianos.

Señor presidente, colega asambleísta, esta es la oportunidad de darle dignidad a mi pueblo, a la provincia de Galápagos, fomentar empleo en todo el país. Y estamos convencidos de que los asambleístas que queremos el desarrollo sostenible de nuestro pueblo vamos a apoyar este proyecto de ley del señor presidente de la República, Daniel Novoa. La voz del pueblo de la provincia de Galápagos ha hablado. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Un fuerte abrazo a la distancia, presidente y colegas asambleístas. Muchas gracias.

Fue la intervención de la asambleísta Milton Aguas, representante de Galápagos. Una siguiente intervención, estamos en el primer debate del proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía urgente en materia económica. Nos encontramos en el tercer punto dentro del orden del día de la sesión plenaria 072. Ya se alista la asambleísta Steven Gordoñez también, que va a intervenir y dar sus aportes correspondientes a este informe que fue trabajado en la Comisión de Desarrollo.

Un saludo de nuevo a los asambleístas, después de escuchar un largo debate de todos los argumentos, es interesante todas las intervenciones que han existido, ustedes saben que toda ley es perfectible. Hoy estamos recién en el primer debate, se va a acoger en nuestra comisión algunos argumentos, se va a seguir debatiendo en la comisión, pero yo creo que aquí como lo decía en mi intervención anterior, cada quien se debe a su territorio, y yo les pregunto algo, ¿de dónde vengo yo? De la provincia del Oro, soy orense, ¿a quién me debo?

Entonces yo no puedo aquí a venir a hablar en contra de un clúster minero, sabiendo que lo que se necesita en mi provincia es desarrollo, es industrialización. En este momento tengo un problema serio en la provincia del Oro, y quisiera que vayan los asambleístas de la provincia del Oro y se paren ahí, solucionen el problema, para que vean lo que pasa. Están paradas las plantas de beneficio, que es una planta de beneficio en Portobelo, son 105 que hay ahí, es donde se procesa el oro, es donde se lleva todo el material que sacan de una mina y procesan para tener el material, el lingote, el oro.

Hace tres semanas se sacó una resolución, hoy por hoy están paradas las plantas de beneficio. Tres semanas, Portobelo, Saruma, Piñas, Atahualpa, paralizada la economía. Hasta el panadero te llama que no puede vender pan, hasta el tiendero te llama que no le van a comprar la lista de comida. En las señoras que venden las verduras en el mercado te dicen que no están vendiendo, porque no se está dinamizando en este momento la economía. Más de 5.000 personas salieron a marchar que quieren trabajar en minería. Entonces yo no puedo estar en contra de una ley que tiene artículos positivos para mi provincia.

Aquí es cuando uno tiene que defender las cosas. ¿Por qué? Porque ellos quieren trabajar de una manera responsable. Llegaron a un acuerdo con el Ministerio del Ambiente y con el Ministerio de Gobierno, los alcaldes, al cual le agradezco a los alcaldes por venir, el alcalde de Saruma, el alcalde de Portobelo, la alcaldesa de Portobelo, la alcaldesa de Piñas, el alcalde de Atahualpa, y llegaron a un consenso que van a presentar un plan de acción ambiental. Que ya lo enviaron. Ahora yo pido que de manera inmediata se responda y se los deje trabajar, porque hoy por hoy está paralizada la economía en la parte alta.

Y aquí yo quiero ser frontal. Se habla del clúster minero, que hay algunos asambleístas que están en contra, de que las Fuerzas Armadas no estén en el sector minero. A los compañeros de la SUAI, que nos queda cerca, la Ponce de Machala, quisiera que vayan a la Ponce, pues a ver si pueden entrar a la minería. ¿O qué quieren? Que el pequeño minero, la pequeña minería, el minero artesanal, vaya con una pistola de 9 milímetros a defenderse un fusil de la delincuencia organizada. Los únicos que los puede defender son las Fuerzas Armadas.

Señores, nos mataron a un alcalde en Ponce Ríquez por la minería. Nos mataron a un alcalde Jorge Maldonado en Portobelo por la minería. Estamos viviendo una guerra, y a la delincuencia hay que enfrentarla, hay que desarmarlo. ¿Cómo se financian los grupos de delincuencia organizados en nuestra provincia, en la frontera? Porque la provincia de Loro, geográficamente, es una de las más vulnerables en materia de seguridad. Por ser frontera, por ser minera, por ser camaronera, por ser bananera, por tener un puerto de aguas profundas en Puerto Bolívar.

La situación de la provincia de Loro es diferente de algunas provincias, y lo digo con mucho respeto, pero tenemos que ser frontal. Yo no me puedo oponer a que vayan las Fuerzas Armadas a blindar a estas zonas estratégicas. ¿Por qué? Porque el financiamiento de la delincuencia organizada lo sacan de la minería. Ahora, casi todos están vacunados allá. ¿Cómo se enfrentan? Necesitamos inteligencia militar. Yo tengo que estar a favor de este clúster minero. Y si hablamos del tema logístico, de transporte y de vías, que tienen que dar vías adecuadas, ¿cómo yo voy a estar en contra de que tenga vías de calidad a la parte alta?

Portobelo, Piña, Zaruma, Atahualpa, que hoy por hoy no hay una vía en óptimas condiciones. Entonces, hay que ser prácticos, compañeros. Aquí la gente nos dijo, en estos sectores, que quieren minería. Y claro, cada quien presenta sus observaciones y las vamos a seguir debatiendo, porque yo creo que aquí las diferencias que podemos tener, pero tenemos que tener una coincidencia, que es sacar adelante a este país. ¿Por qué digo esto? Vean, Zaruma, como lo dije en comienzo, ¿cuánto oro no le ha dado al Ecuador? Ni siquiera tiene un hospital.

Ni siquiera tiene un hospital. En el 2023 adjudicaron un contrato por un hospital de tres millones de dólares. Hasta el día de hoy está el hospital. ¿Cuánta gente no está naciendo en Zaruma? Y por último, este contratista lo declaró incumplido y puso acciones de protección aquí en un juez del cantón de aquí de San Borondón. Seis audiencias de hasta ahora no se pueden instalar. Y vamos a estar atentos a lo que pasa con ellos. Estos son territorios que han sido deprimidos, que no se les ha dado la atención inmediata como se los debería tratar.

Así que, compañeros, y gracias, Presidente, por darme el uso de la palabra. Ahora vamos a seguir debatiendo a esta ley. Mientras yo esté aquí, siempre voy a defender por mi provincia. ¿Saben por qué? Porque Lorenzo, lloro en su palabra, lloro en su terruño y lloro en su corazón. Muchísimas gracias, Presidente.

Esta fue la intervención del asambleísta Steven Ordóñez, dijo que el financiamiento de la delincuencia organizada lo sacan de la minería, se requiere inteligencia militar, no se opone al clóster minero. Fueron algunas de las precisiones que él realizó en su intervención dentro de este primer.

el debate del proyecto de ley con

Para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía. Una siguiente intervención a cargo de la asambleísta Mireia Pazmiño. Recordarles que estamos en la sesión plenaria 072 de este día viernes 20 de febrero de 2026 que se desarrolla en la Universidad Ecotec que se encuentra en el campus San Borondón, provincia del Guayas.

Señor Presidente, antes de comenzar con mi exposición, quisiera un aplauso a la ciudadanía que estaba reclamando y defendiendo sus derechos a las afueras de esta universidad. Colegas asambleístas, señor Presidente, este proyecto de ley que analizamos es sobre el contexto macrofiscal, es desastroso y empobrecedor, resultado de los 26 meses de gobierno que administra el señor Daniel Novoa. Los resultados son de espantos, terroríficos, para el presente y el futuro del pueblo ecuatoriano. Una deuda pública de casi 90 mil millones de dólares, de los cuales alrededor de los 47 mil millones son de deuda externa, entre organismos financieros internacionales y casi 12 mil millones de bonos privados para banqueros y otros que tienen el dinero en el exterior.

Regreso, regresó el negocio de los tenedores de deuda externa, ese es el negocio de los ricos que tienen el dinero en el exterior o en los paraísos fiscales, a los cuales el SRI cada vez los va sacando de la lista de las jurisdicciones tributarias especiales o simplemente de los paraísos fiscales. El Estado y sus instituciones cómplices son los que andan ocultando el dinero que los sacan del trabajo, la producción y de la economía ecuatoriana. En ese contexto de negocios de ricos para ricos, para banqueros y para los que sacan las riquezas del pueblo ecuatoriano, sobre la pobreza del pueblo ecuatoriano, la falta de educación, de salud y la reducción de los recursos para los gobiernos autónomos descentralizados, demuestran que lo que codician no se queda conforme con el negocio de tener y manipular los bonos de la deuda externa, van por las riquezas de los sectores estratégicos del Estado ecuatoriano, del patrimonio nacional y para explotarlos de la manera más ruin, de la forma más miserable en contra de la naturaleza, las fuentes de agua, pero lo más grave, en contra de las comunidades agrícolas, las comunidades de campesinos que producen los alimentos para la mayoría de los ecuatorianos, en contra de las ciudades que afectan y que están afectadas por la contaminación de sus fuentes de aguas potables y de la destrucción de los paraísos turísticos y del explotamiento social.

El proyecto de ley económica urgente sobre minería y energía, que en la Comisión de Desarrollo Económico se ha tratado, y lo que estamos conociendo en este pleno, en primer debate, cuando faltan solamente ocho días para que se cumpla el plazo de los 30 días, es muy preocupante, por lo que implica este proyecto. Reducir los estándares ambientales, cuando cambian de licencia ambiental, que es lo que actualmente está, por una simple autorización ambiental, que es la propuesta. Simplemente es poner la normativa ecuatoriana a las órdenes de las empresas mineras transnacionales y las de capitales de dudosa procedencia que serán legalizados en el Ecuador.

Escuché a una legisladora que hablaba sobre las minerías ilegales, con esta propuesta actual de una simple autorización ambiental, esas mineras, ahora, esas mineras ilegales, ahora serán mineras legales. Y así está la trampa. Con este cambio, se limitan también las capacidades de control y sanción por afectaciones ambientales, mientras liberan de responsabilidades a los concesionarios privados respecto a las garantías, para que mantengan bajos niveles de contaminación ambiental, pero el objetivo del proyecto es quitar toda norma que estorbe a los supuestos inversionistas de las minerías. Además, vulnera el principio de precaución y el derecho a la consulta ambiental, especialmente en las fases exploratorias, donde el riesgo ambiental es elevado.

Este proyecto de ley, además, pone en serio riesgo al Estado frente a los supuestos inversionistas internacionales, porque limitaría la capacidad de regular, reclamar y, peor todavía, sancionar a las empresas que afecten las fuentes de agua u otras reservas del ecosistema, porque limitan al Estado y a la sociedad con la amenaza de demandas de arbitrajes internacionales por supuestas afectaciones a las inversiones de los actores, a los que el gobierno, con este proyecto de ley, pretende garantizar la seguridad, usando a las Fuerzas Armadas como guardias privados de intereses privados y transnacionales.

¿En qué situación va a quedar la institución encargada de defender la soberanía nacional? Que escuche el pueblo ecuatoriano. Con este proyecto de ley, Novoa y ADN pone a las Fuerzas Armadas como guardias privadas de intereses transnacionales o, peor, intereses manchados de ilegalidad, todo en contra de la soberanía nacional.

la soberanía no es solo

Cuidar las fronteras que están mal desguardadas, porque el negocio no le da ni los recursos económicos necesarios, ni el apoyo adecuado técnico ni político que las Fuerzas Armadas necesitan. La soberanía es cuidar al pueblo ecuatoriano, cuidar su economía ante los buitres nacionales y extranjeros. Cuidar la soberanía es defender el medio ambiente y los espacios donde el pueblo desarrolla su vida comunitaria. Pero esto no queda ahí, con este proyecto de ley deben garantizar la provisión de electricidad y de combustible a las empresas mineras. Las empresas públicas estatales, CELEC o CENEL, tienen que invertir para tener las redes eléctricas para que las mineras tengan acceso al sistema interconectado de electricidad.

¿Cuánto le costará al Estado esas inversiones? Al Estado ecuatoriano, eso no se llama inversión. Aló, aló. Petroecuador tendrá que instalar centros de almacenamiento para combustible para las empresas mineras transnacionales. El Estado y sus recursos al servicio de los intereses de las transnacionales y lo que es más grave, el Estado al servicio de las empresas de capitales de dudosa procedencia. Compañeros, escuchen bien, este proyecto de ley menciona que el Estado ecuatoriano debe garantizar electricidad, combustible y seguridad. Mientras tanto, aquí en el Ecuador tenemos más de 16 mil muertes violentas en dos años.

Esto es inaceptable. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias.

En esta intervención número 10, la asambleísta Mireia Pazmiño cuestionó el proyecto económico urgente y habló de riesgos a los inversionistas internacionales. Vamos a escuchar una siguiente intervención dentro de este primer debate del segundo económico urgente en voz de la asambleísta David Arias. Se trata del análisis de la ley orgánica para el fortalecimiento de los sectores estratégicos.

Un saludo cordial a la distancia. Es importantísimo la participación de todos los asambleístas en su momento, más que todo de las provincias pequeñas como la nuestra, que han sido afectados últimamente por leyes a las cuales nosotros tenemos que reformar. Señor presidente, colegas asambleístas, tengan en claro algo importante. Defender el desarrollo sostenible de Galápagos no es una opción política, es una obligación constitucional. Aquí no estamos discutiendo minería industrial, no hablamos de explotación metálica ni de gran escala. En Galápagos hablamos exclusivamente de materiales áridos, pétreos, para construcción local, los cuales son arena, ripio, piedra, destinados a vivienda, a la obra pública, a la infraestructura básica para nuestra gente, a eso nos referimos.

Han pasado ocho meses, se cerraron las únicas canteras de escoria de lava que abastecían a la provincia, en términos geológicos, ¿no? Operativas por más de 50 años. Incluso se procesó a trabajadores que históricamente desarrollaban esta actividad. El impacto ha sido directo, la verdad, afectando el sustento de las familias, a la dinámica económica del pueblo de Galápagos, y el resultado es evidente, ¿no? La construcción se ha vuelto más costosa, las obras se han paralizado, el empleo en riesgo, muchos incluso ya no están trabajando porque está suspendido literalmente.

Coincidimos con la intervención de los asambleístas por Galápagos anteriormente realizada. Galápagos cuenta, ustedes saben, con un régimen especial consagrado en el artículo 258 de la Constitución. Esto implica que su desarrollo debe responder a su condición insular, bajo principios de conservación y de buen vivir, que es lo que siempre nosotros defendemos, obviamente, como residentes y habitantes de Galápagos. Bajo este marco, presenté a la Comisión de Desarrollo Económico, a la cual pertenezco, una observación técnica que resuelve el conflicto jurídico entre normativas.

Vigente, ¿no?

sin desnaturalizar el espíritu de conservación, obviamente, establecido en la loreca. Esta propuesta va a crear un marco excepcional, perdón, regulado, que permita el ejercicio de la competencia municipal, subordinado a la autorización previa, ¿no? Y al poder del Consejo, y al poder del control del Consejo Gobierno del régimen especial de Galapagos y de la Autoridad Ambiental Nacional, obviamente, ¿no? Representado en Galapagos por el Parque Nacional Galapagos. Nosotros proponemos sustituir la disposición general octava de la ley de minería por el siguiente texto que me permito leer de manera textual.

Únicamente bajo el régimen especial de la provincia de Galapagos se otorgarán permisos para la extracción controlada de materiales áridos y petios en canteras previamente delimitadas por la Autoridad Nacional Ambiental, siempre que se realicen en estricto apego a los principios de conservación del patrimonio natural del Estado y del buen vivir. Nuestra propuesta es técnica, obviamente, responsable. La extracción debe ser controlada, eso estamos conscientes de aquello. Solo son materiales pétreos y arios, son zonas previamente delimitadas fuera del Parque Nacional, con autorización y control ambiental obligatorio. Y obviamente, como se lo ha venido diciendo, nosotros somos fieles guardianes de la soberanía y de ese patrimonio único en el mundo, ¿no?

Patrimonio natural de la humanidad, como el nombre lo indica, pues queremos conservar la naturaleza para que las futuras generaciones puedan conocer Galapagos en las condiciones en las cuales hoy las tenemos. No es coherente hablar de protección ambiental, obviamente, mientras se obliga a transportar miles de toneladas desde el continente, incrementando costos, huellas de carbono y riesgo de bioseguridad para nuestras especies endémicas de Galapagos. Eso es riesgoso. La conservación y el desarrollo son, obviamente, van de la mano. No son opuestos. Debemos saber vivir conectados, naturaleza, seres humanos.

En Galapagos viven seres humanos y necesitan salir adelante. Por eso digo, el desarrollo y la conservación son compatibles cuando existen regulaciones claras, control institucional y una visión territorial diferenciada para nuestro territorio. No solicitamos privilegios ni nada por el estilo. Exigimos coherencia normativa. No debilitamos el régimen especial. Lo vamos a fortalecer incluso. Galapagos necesita reglas claras, compañeros. Sostenibles, técnicamente responsables. No podemos dejar a Galapagos abandonados en una ley tan importante como esta. Esta es la oportunidad para que de una vez por todas los problemas de Galapagos en el sector de la construcción se solucionen de una vez.

De manera definitiva. No puede ser de manera temporal. Tiene que ser de manera firme y definitiva. Por eso estamos aquí presentes, levantando nuestra voz de protesta y que el pueblo de Galapagos y del país entero nos escuche. Hasta aquí mi palabra. Muchas gracias, señor presidente, compañeros asambleístas.

Esa fue la intervención del asambleísta David Arias, representante de Galápagos. Avance entonces de este primer debate del proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de los sectores estratégicos.

el debate. Señor Secretario, certifique si la moción presentada por el asambleísta Diego Salas ha sido ingresada por escrito.

Sí, señor presidente, la moción ha sido ingresada por escrito a esta secretaría.

Por disposición del presidente de la Asamblea Nacional se conoció que ya está en secretaría la moción que fue presentada por el legislador para que se pueda someter a votación la propuesta que había planteado sobre el archivo de este económico urgente sobre el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía. Con ello se procede a dar lectura a la moción, posterior a ello con el registro de las y los asambleístas y finalmente la votación correspondiente a esta moción que sugiere el archivo de esta iniciativa legal que fue remitido por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional el pasado 28 de enero y que fue entregado por el secretario jurídico de la Presidencia Enrique Herrería a la Asamblea Nacional para el trámite correspondiente.

Respecto a las mociones, el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece las y los asambleístas tienen derecho a presentar mociones, las cuales una vez argumentadas y apoyadas serán entregadas por escrito a la Secretaría a través del sistema de gestión documental. Las mociones presentadas, apoyadas y argumentadas serán aprobadas con el voto favorable de la mayoría absoluta de los integrantes del Pleno de la Asamblea Nacional, excepto en los casos en los que se requiera otro tipo de mayoría conforme a lo establecido en esta ley.

La discusión de las mociones también se analiza dentro de la normativa y ya que se presentó una moción, tiene que ser puesta en consideración del Pleno y es el Pleno de la Asamblea Nacional la que resuelve respecto a lo que se plantea. En este caso, el asambleísta Diego Salas, en su intervención al inicio de este tercer y último punto del orden del día, planteó el archivo de esta iniciativa y con la intervención del asambleísta David Arias, el presidente de la Asamblea Nacional, cerró este debate y ya en los próximos minutos conoceremos cómo se pronuncia el Pleno del Parlamento, toda vez que también la ley orgánica y la función legislativa permite que en el primer debate se presenten mociones de archivo de las iniciativas y con ello el trámite correspondiente.

Si no se presentaba una moción de archivo, esto significaba que ya cerraba la sesión e inmediatamente cerraba el debate e inmediatamente se remitía a la Comisión de Desarrollo Económico para la elaboración del informe para segundo debate, pero antes, como decíamos, se debe resolver respecto a esta moción de archivo. Escuchamos ahí entre las once intervenciones, criterios a favor y en contra de la iniciativa del proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía calificado como urgente económico tramitado en la Comisión de Desarrollo Económico, que también entre sus artículos, entre las iniciativas que han sido analizadas, se habla acerca de la transición entre sus fases que se producirá en el transcurso del tiempo y el cumplimiento de plazos establecida para cada una sin necesidad de autorización.

Esto también en la etapa de esta la recolección manual de muestras de rocas, suelos y sedimentos fluviales.

Señor Secretario, dé lectura de la moción presentada y tome votación, por favor.

Procedo a dar lectura y tomar votación de la moción presentada mediante memorando número AN-SBDE-2026-0019-M de 20 de febrero de 2026. Asunto, moción para negar y achivar el proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía urgente en materia económica. De mi consideración, en ejercicio de la potestad establecida en el artículo 135 de la ley orgánica de la función legislativa y de conformidad con los artículos 128 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 111 de la ley orgánica de la función legislativa, en atención al tercer punto del orden del día de la sesión número 72 del Pleno de la Asamblea Nacional, de fecha viernes 20 de febrero de 2026, cuyo objeto es conocer el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía, calificado de urgente en materia económica.

Mociono que el Pleno de la Asamblea Nacional resuelva negar y disponer el archivo de dicho proyecto de ley con base en las siguientes consideraciones. Primero, de conformidad con el artículo 1 de la Constitución de la República, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. El artículo 82 consagra el principio de seguridad jurídica que exige normas claras, previsibles y compatibles en la Constitución. El proyecto en debate introduce reformas estructurales en materia minería, energética, ambiental y de seguridad, bajo la denominación de urgencia económica, generando un escenario de inseguridad normativa y potencial afectación a derechos constitucionales, al no delimitar con precisión sus alcances ni garantizar coherencia con el bloque de constitucionalidad.

Segundo, los artículos 71 y 74 de la Constitución reconocen derechos a la naturaleza y establecen el deber del Estado de aplicar los principios de precaución y prevención. La incorporación de un esquema de silencio administrativo positivo en materia de licenciamiento ambiental minero implica presumir inexistencia de oposición o afectación, una vez vencidos plazos administrativos, lo que contraviene el deber estatal de evaluación rigurosa, técnica y previa de impactos ambientales. Este mecanismo resulta incompatible con la protección reforzada que la Constitución otorga a la naturaleza y al ambiente sano. Tercero, el artículo 136 de la Constitución exige que los proyectos de ley se refieran a una sola materia.

El proyecto incorpora disposiciones que no guardan unidad temática estricta, al incluir simultáneamente modificaciones del régimen ambiental, mecanismos de silencio administrativo positivo, no en autorizaciones, un régimen de seguridad estratégica con intervención de fuerzas armadas y reformas estructurales al mercado eléctrico. Esta dispersión temática desborda el principio de unidad de materia y afecta la deliberación democrática adecuada, especialmente en el procedimiento excepcional previsto en el artículo 140 de la Constitución. Cuarto, el artículo 140 de la Constitución establece que los proyectos calificados de urgencia en materia económica deben referirse a aspectos sustantivos de política económica, cuya tramitación expedita sea necesaria para garantizar el equilibrio de las finanzas públicas o enfrentar una situación económica adversa.

El propio diseño del proyecto evidencia que se trata de una reforma estructural y permanente del régimen de sectores estratégicos, cuyos efectos no son inmediatos ni responden a una coyuntura crítica acreditada. Ello desnaturaliza el uso excepcional del trámite de urgencia económica. Quinto, el artículo 158 de la Constitución determina que las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. La habilitación normativa para su intervención permanente o temporal en la protección de áreas mineras, fuera de los supuestos constitucionales de estados de excepción regulados en los artículos 164 y siguientes, implica una ampliación ordinaria de funciones en el ámbito de orden interno, tensionando el principio de subordinación al poder civil y al carácter excepcional de su participación en seguridad interna.

Sexto, el artículo 313 de la Constitución establece que el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos bajo principios de sostenibilidad ambiental, precaución, eficiencia y responsabilidad. Cualquier reforma en esta materia debe respetar la supremacía constitucional prevista en el artículo 425. Las remisiones amplias a reglamentos y regulaciones administrativas para definir elementos esenciales del régimen minero y energético, trasladan al Ejecutivo decisiones que corresponden al legislador, vulnerando la reserva de ley y debilitando el principio de legalidad. Séptimo, el artículo 424 de la Constitución consagra la supremacía constitucional y obliga a que toda ley se adecue a ella.

Una reforma que debilita estándares de protección ambiental, amplía de manera ordinaria la participación de fuerzas armadas en ámbitos civiles y utiliza la figura de urgencia económica para introducir reformas estructurales permanentes. No supera un test de compatibilidad con los artículos 171 a 74, 82, 136, 140, 158 y 313 de la Constitución de la República. Por las consideraciones expuestas y incumplimiento del deber constitucional de esta Asamblea de garantizar la supremacía constitucional, la coherencia del ordenamiento jurídico y la protección de los derechos y principios establecidos en la Constitución, propongo la siguiente resolución.

Artículo 1, negar y disponer el archivo del proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía, calificado de urgente en materia económica por la Presidencia de la República, por contrariar los principios de unidad de materia, seguridad jurídica, reserva de ley, supremacía constitucional, protección de los derechos de la naturaleza y por desnaturalizar la figura de urgencia económica prevista en el artículo 140 de la Constitución de la República del Ecuador. Solicito a la Presidencia del Pleno someter esta moción a consideración y votación de la Asamblea Nacional.

Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente, señor Diego Enrique Salas Barriga, asambleísta. Hasta aquí la lectura de la moción, procedo a tomar votación. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Gracias.

Ahí escuchamos la lectura de la moción que fue presentado por parte del asambleísta Diego Salas, quien ha solicitado al Pleno de la Asamblea Nacional el respaldo para el archivo de esta iniciativa. Cuando lo disponga el presidente del Parlamento, iniciará el registro y después la votación para conocer inmediatamente cómo se pronuncia el Pleno de la Asamblea Nacional. Inmediatamente ya también los asambleístas empiezan a registrarse. En esta iniciativa se habla acerca de los clústeres mineros y el acceso integral a infraestructura y servicios habilitantes para la actividad minera.

Con el objeto de promover la inversión, dice el documento, se asegura la continuidad operativa y se eleva los estándares de sostenibilidad, trazabilidad y control de actividad minera legalmente autorizada al Estado. A través del Ministerio Sectorial, como interrector identidades competentes, podrá implementar clústeres mineros integrales como áreas territoriales delimitadas en las que se concentren, articulen y operen la infraestructura y servicios habilitantes de uso común para proyectos mineros y sus encadenamientos productivos, bajo principios de planificación, eficiencia, coordinación interinstitucional, sostenibilidad ambiental, seguridad operativa, transparencia y fortalecimiento del control. Para la declaratoria y delimitación de un clúster minero, se coordinarán criterios técnicos, logísticos, energéticos, socioambientales y de seguridad.

La zona del clúster será declarada por el Ministerio Sectorial, quien ejerza la rectoría y llevará el control de la administración del portafolio de infraestructura y servicios habilitantes que ofrezca dentro del clúster. Su implementación se instrumentará mediante mecanismos de coordinación interinstitucional liderados por el Ministerio Sectorial. Los clústeres mineros integrados podrán comprender otros los componentes y ahí también se detalla cada uno, por ejemplo, el sistema de interconexión eléctrico, infraestructura para abastecimiento de combustibles y otros ítems que constan dentro del proyecto.

De esta forma, entonces, avanza el registro de las y los asambleístas previo a votación de esta moción que fue presentada por el asambleísta Diego Salas para resolver, negar y disponer el archivo de este proyecto de ley. Esto basado en varios artículos, por ejemplo, de conformidad con el artículo primero de la Constitución de la República del Ecuador, que es un estado constitucional de derechos y justicia, el artículo 82 consagra el principio de seguridad jurídica que exige normas claras, previsibles y compatibles con la Constitución. Así también los artículos 71 a 74 de la Constitución que reconocen los derechos a la naturaleza y establecen el deber del Estado de aplicar los principios de precaución y prevención.

Artículo 136 de la Constitución que exige que los proyectos de ley se refieran a una sola materia. El proyecto incorpora disposiciones que no guardan unidad temática estricta al incluir simultáneamente modificaciones al régimen ambiental, mecanismos de silencio administrativo positivo en autorizaciones, un régimen de seguridad estratégica con intervención de Fuerzas Armadas y reformas estructurales al mercado eléctrico. Así también el artículo 140 de la Constitución que establece que los proyectos calificados de urgencia en materia económica deben referirse a aspectos sustantivos de política económica cuya tramitación expedita sea necesaria para garantizar el equilibrio de las finanzas públicas o enfrentar una situación económica adversa.

Lo propio con el artículo 158 de la Constitución que determina que las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Finalmente el artículo 313 de la Constitución así como el artículo 424 de la Carta Magna. Por ello el artículo único de esta moción es negar y disponer el archivo del proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía calificado de urgente materia económica por la Presidencia de la República por contrariar los principios de unidad de materia, seguridad jurídica, reserva de ley, supremacía constitucional, protección de los derechos de la naturaleza y por desnaturalizar la figura de urgencia económica prevista en el artículo 140 de la Constitución de la República del Ecuador.

Ese es el contenido de la moción que fue presentada por el asambleísta Diego Salas quien además es integrante de la Comisión de Desarrollo Económico Mesa Legislativa que dio trámite a este proyecto de ley para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía calificado como urgente materia económica. De esta forma avanza el registro de las y los asambleístas. Posterior a ello se procede con la votación de esta moción que ha sido planteada durante este primer debate. Gracias por ver el video.

137 asambleístas registrados hasta este momento y dentro de este proyecto de ley se habla del fomento y la promoción de la inversión productiva. Con el objetivo de promover la inversión productiva nacional y extranjera en el territorio ecuatoriano, el Estado a través de las entidades competentes garantizará un entorno de seguridad jurídica, estabilidad normativa, transparencia institucional y facilitación administrativa en concordancia con la planificación nacional, la normativa vigente y los principios de sostenibilidad económica, social y ambiental. Para el cumplimiento de este objetivo, las entidades de la función ejecutiva en el ámbito de sus competencias promoverán la inversión mediante mecanismos de articulación público-privada, modelos asociativos, alianzas estratégicas y otras figuras que permitan el ordenamiento jurídico, la implementación de procesos de simplificación, coordinación y facilitación administrativa orientados a reducir plazos, duplicidades y cargas regulatorias sin menoscabo de los controles legales y ambientales.

También se establece que brindarán información clara, oportuna y transparente sobre los requisitos, procedimientos, incentivos y condiciones aplicables a la inversión, garantizando el acceso a canales institucionales de acompañamiento y orientación a los inversionistas. Se fomentará la transparencia de la tecnología, la innovación, el desarrollo de proveedores locales y la generación del valor agregado en el territorio nacional. Promoverán la inversión responsable y respetuosa de los derechos humanos, de la naturaleza y de las comunidades en concordancia con los estándares nacionales e internacionales aplicables. La disposición del presente artículo, dice el informe, no generará derechos adquiridos ni exoneraciones automáticas y su aplicación estará sujeta al cumplimiento de la normativa constitucional legal y reglamentaria vigente.

En cuanto a la exposición de motivos de esta iniciativa legal, el presente proyecto se plantea en un contexto de complejidad económica y restricciones fiscales crecientes, caracterizado por desequilibrios macrofiscales y una elevada exposición a riesgos financieros. En este marco, el escenario macrofiscal proyectado para el 2026 evidencia una brecha estructural entre ingresos y gastos cercanos a 46 mil millones de ingresos aproximados a 27 mil millones, lo que genera una necesidad de financiamiento de carácter estructural. Esta brecha se combina con un riesgo significativo de liquidez derivado de la elevada dependencia del endeudamiento y la concentración de vencimientos en los años 2026 y 2027.

Bajo esta consideración, resulta prioritario adoptar medidas normativas orientadas a fortalecer la sostenibilidad fiscal, la estabilidad del suministro de insumos estratégicos y la generación ordenada de ingresos públicos en sectores clave de la economía. En este sentido, se plantea la adopción de ajustes normativos para los sectores estratégicos de energía y minería que permitan atender de manera inmediata las tensiones económicas y preservar el equilibrio de las finanzas públicas. Para el efecto, se propone reformar la Ley de Minería y la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, con el fin de activar y acelerar los mecanismos existentes de generación de ingresos fiscales, divisas y producción provenientes del sector minero, así como asegurar la provisión del servicio de energía eléctrica como condición para su desarrollo y del sector productivo en general.

Los sectores eléctrico y minero constituyen pilares estratégicos de la productividad, el desarrollo económico y la sostenibilidad fiscal del país, pues aportan al crecimiento económico y a la generación de divisas. Además, mantienen una relación estrecha en la medida en que la disponibilidad de energía eléctrica es un insumo necesario para la continuidad y expansión de las actividades extractivas y productivas de alto valor agregado. Les hemos dado lectura un poco de la exposición de motivos de este proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, urgente en materia económica.

avanza el registro de las y los asambleístas para someter a votación esta moción que fue presentada por el asambleísta Diego Salas para el archivo de esta iniciativa legal que es de iniciativa del Ejecutivo y que fue remitida para el trámite correspondiente a la Asamblea Nacional del Ecuador.

Y uno de los puntos que también se analizó dentro de este debate estaba relacionada con la protección de seguridad estratégica. En el artículo 66.3 se habla acerca del tema y establece que para efectos de la seguridad integral del Estado y la protección de sectores estratégicos se considerarán áreas mineras de protección de seguridad estratégica aquellos espacios territoriales en los que se desarrollan actividades mineras legalmente autorizadas que por su ubicación, importancia económica, carácter estratégico, infraestructura asociada a riesgos por el interés nacional requieren protección por parte de las Fuerzas Armadas en coordinación con las demás entidades competentes.

La declaratoria de áreas mineras con protección de seguridad estratégica será realizada mediante acto administrativo motivado de la autoridad competente en coordinación con el Ministerio Sectorial y la Autoridad de Control Minero. Además se agrega que en las áreas mineras con protección de seguridad estratégica en las que exista presencia de grupos criminales las Fuerzas Armadas en el marco de sus competencias constitucionales y legales brindarán apoyo hasta neutralizar la amenaza y restablecer las condiciones de normalidad a los siguientes fines Proteger la integridad del personal, instalaciones, infraestructura minera y activos estratégicos asociados a la actividad minera Prevenir, disuadir y neutralizar actividades ilícitas que afecten la seguridad del área incluyendo minería ilegal, sabotaje, ocupaciones ilegales y otras amenazas a la seguridad del Estado Apoyar a las autoridades competentes en el control del territorio y la preservación del orden conforme a los protocolos interinstitucionales vigentes La protección otorgada por las Fuerzas Armadas en las áreas de minería con protección de seguridad estratégica no sustituye la responsabilidad del titular minero en materia de seguridad industrial, ambiental y laboral ni implica delegación de funciones privadas a la fuerza pública, es lo que se establece Esto es parte de los artículos que se plantea dentro de este proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía calificado como urgente en materia económica

Se espera la disposición del presidente de la Asamblea Nacional para el cierre del registro y con ello se procedería con la votación de esta moción que ha sido planteada para el archivo de este proyecto de ley para el fortalecimiento de los sectores estratégicos urgente en materia económica. Respecto a la reforma a la ley de minería, en este apartado se desarrolla de manera desagregada la justificación económica y de urgencia de cada uno de los bloques normativos que integran el proyecto de ley. El análisis se orienta a evidencia la relación directa, actual y necesaria entre las reformas propuestas y la atención de la situación económica compleja del Estado.

En ese sentido, se demuestra cómo cada bloque normativo produce efectos económicos inmediatos o habilitantes en términos de liquidez fiscal, continuidad operativa, inversión, empleo y generación de ingresos. En suma, se acredita que la urgencia económica no se fundamente en consideraciones abstractas o programáticas, sino en impactos concretos, verificables y directamente atribuibles a las medidas normativas propuestas. La reforma propuesta al artículo 26 de la ley de minería se fundamenta en la necesidad urgente de agilizar los procedimientos administrativos previos a la ejecución de actividades minera y elimina cuellos de botella regulatorios.

Actualmente retrasan la inversión, incrementan los costos de transacción y postergan la generación de ingresos fiscales, en un contexto de restricción presupuestaria y brecha fiscal del Estado. La experiencia administrativa evidencia que la exigencia de instrumentos ambientales de alta complejidad para la etapa de exploración constituye un obstáculo desproporcionado que genera demoras injustificadas, duplicidad de trámites y altos costos regulatorios, sin una correlación real con el nivel de impacto ambiental de dicha fase. Estos retrasos afectan directamente la viabilidad de los proyectos mineros.

El presidente de la Asamblea Nacional dispuso ya el cierre del registro y con ello inmediatamente se procederá con la votación.

Estamos con 142 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Diego Salas. Señoras y señores asambleístas, por favor consignar su voto.

142 asambleístas se registraron los únicos habilitados para empezar a consignar ya sus votos y eso sucede en este momento cuando podemos observar que hay votos a favor, votos en contra, se registra una abstención, no se ha hecho uso hasta este momento del voto en blanco. Se necesita mayoría absoluta para la moción, para aprobar esta moción y todas las mociones de acuerdo a lo que establece la ley orgánica de la función legislativa, es decir, por lo menos 77 votos de respaldo. Si no existe ese número significa que la moción no se aprueba y de ser que supere o tenga ese número significa que quedará aprobado y se archivaría la iniciativa.

Sin embargo, podemos observar que parece que no alcanzará ese respaldo en el Pleno de la Asamblea Nacional para el archivo del proyecto económico urgente cuando faltan muy pocos asambleístas por consignar su voluntad y hay algo más de 50 parlamentarios que dicen sí estar de acuerdo a este archivo y los votos que faltan son inferiores a los días, lo que significaría que no alcanza para el archivo de la iniciativa y con ello ya el presidente también dará la indicación correspondiente para que continúe el trámite en la Comisión de Desarrollo Económico.

Esta moción plantea negar y disponer el archivo del proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía calificado de urgente en materia económica por la presidencia de la República.

mis resultados

Esto por contrariar los principios de unidad de materia, seguridad jurídica, reserva de ley, supremacía constitucional, protección de los derechos de la naturaleza y por desnaturalizar la figura.

Proclame el resultado, señor secretario.

Vamos a esperar entonces los resultados.

Señor Presidente, me permito informar que de un total de 142 asambleístas presentes contamos con 62 votos afirmativos, 75 negativos, 0 blancos, 5 abstenciones. Por tanto, la moción presentada por el asambleísta Diego Salas no ha sido aprobada.

Una vez que ha finalizado el debate, se dispone que el proyecto de ley retorne a la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa para la elaboración del informe para segundo debate. Señor Secretario, certifique si existen puntos adicionales en el orden del día de la presente sesión.

Señor Presidente, cumplo con certificar que se ha agotado el orden del día.

Antes de clausurar la sesión, quiero agradecerle a Ecotec, al rector y a todo su equipo por ser grandes anfitriones y recibirnos en su campus. Muchísimas gracias. Se clausura la presente sesión. Un buen fin de semana para todos.

Se toma nota, señor presidente. Se clausura la sesión siendo las 16 horas con 44 minutos.

De esta manera, el Pleno de la Asamblea Nacional se pronunció en segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Con ello se remite a la Presidencia de la República este pronunciamiento parlamentario y hace pocos instantes también se desarrolló el primer debate del proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía, también económico urgente. Nosotros nos despedimos y Asamblea en Pleno regresará el próximo martes que también la Asamblea Nacional continuará sus sesiones en territorio en la ciudad de Guayaquil.

Mariela, que tengas excelente tarde, excelente fin de semana.

Gracias Maritz, amigos televidentes.