🕒 0:08 Fernando Enrique Cedeño Rivadeneira (100%)

Gracias, señora presidenta. ¿Se me escucha? Sí, se le escucha. Muy gentil. Muchas gracias, señora presidenta, compañeros legisladores. Hoy no debatimos una mera reforma penitenciaria. Hoy enfrentamos una maniobra legislativa perversa que lleva implícito sus verdaderos destinatarios. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Este proyecto de reforma al COIC no fortalece el sistema penitenciario. Lo convierte en un instrumento de venganza política selectiva. Y para anotar aquello, les invito a revisar con rigor los cambios que se propone realizar al Código Orgánico Integral Penal. Se elimina la obligación de ubicar a los procesados en proximidad a su juez natural. Esto no es coincidencia. Esta reforma se plantea para justificar que se mantenga a personas con prisión preventiva lejos de su juez natural. Ya que el SNAI bajo órdenes superiores los podrá mantener confinados para que les sea difícil estar cerca de su defensa y de su familia. Se instituye un régimen penitenciario especial que abarca incluso a personas con prisión preventiva. Es decir, personas que deben ser consideradas inocentes hasta que exista sentencia ejecutoriada que declare su culpabilidad. Lo que pone en evidencia es que en su afán de revancha y de persecución política, la Comisión de Seguridad de esta Asamblea no le importa quedar como desconocedores de elementales principios básicos del derecho y peor aún de los tratados y convenios internacionales de los que el Ecuador es suscriptor. Se suprime la causal de acercamiento familiar para apelar traslados y otorgar nuevamente a la SNAI una discrecional clasificación de riesgo que en la práctica permite justificar arbitrariamente la permanencia en centros de alta peligrosidad a opositores políticos. Es decir, nuevamente la bancada de gobierno nos entrega un proyecto de ley plagado de vicios de inconstitucionalidad. Primero, porque viola el artículo 76, numeral 7, literal K, de la Constitución, que consagra el derecho al juez natural e imparcial al suprimir la proximidad geográfica y funcional entre el procesado y su juez natural, configurando una clara arbitrariedad en la ejecución de medidas cautelares. Y porque contraviene el artículo 66, numeral 3, de la Carta Magna al agilar al procesado de su núcleo familiar y de su defensa efectiva, sin motivación suficiente ni control judicial inmediato, lo que constituye un trato cruel e inhumano y además viola el derecho al debido proceso previsto en la Constitución de la República y en tratados y convenios internacionales. Segundo, porque vulnera el principio de presunción de inocencia al someter a personas con prisión preventiva a un régimen penitenciario especial concebido para delincuente de alta peligrosidad, esperándolos de facto y condenando sin sentencia ejecutoriada. Entonces, el propio proyecto del texto del documento que hoy debatimos confiesa sin rodeo que esta ley es con dedicatoria para las voces críticas del gobierno nacional. No se trata de mejorar la seguridad interna ni combatir problemas graves en los centros penitenciarios, ni evitar fugas masivas o masacres carcelarias. Lo que se está haciendo hoy en este Pleno es institucionalizar la persecución política, porque la reforma no busca solo fortalecer el Estado de Derecho, sino que quiere erosionarlo desde sus cimientos. Pero la revolución ciudadana no se doblegará ante este chantaje moral que se pretende equiparar a todos críticos del gobierno a supuestos defensores del crimen organizado. El gobierno habla de fortalecimiento, de modernización y de seguridad carcelaria como que si pronunciara estas palabras bastara para conjurar esta realidad. Pero la verdad, cruda e innegable, es que desde los gobiernos de Moreno, Lazo y el actual presidente, el sistema penitenciario ecuatoriano ha sido testigo de una sucesión de tragedias y masacres que avergüenzan a la nación y que desmienten con sangre cualquier discurso de progreso. ¿De qué fortalecimiento habla? Recordemos la infamia de las cárceles del encuentro que fue inaugurada con bombos y platillos sin haber sido terminada, convertida en el símbolo de improvisación que rosa con lo criminal. Mientras el Ejecutivo celebra logros, los muros inacabados y las instalaciones precarias sigue siendo mudos testigos de una gestión que prioriza la foto y el titular antes que la vida y la dignidad de los ecuatorianos. Frente a las críticas ciudadanas legítimas ante las demandas de una sociedad que pasó de ser uno de los países más seguros de la región a convertirse en uno de los más violentos, el gobierno jamás responde con datos técnicos, con cifras transparentes ni con políticas sustentadas en evidencia, sino que responde con retóricas huecas. Y cuando la violencia desborda las calles y las prisiones, cuando en el 2025 se consagró como el año más violento en la historia del Ecuador, la narrativa oficial es terriblemente irresponsable y reveladora. Esos muertos son parte de la delincuencia organizada. Así, con una frialdad calculada, se pretende maquillar la tragedia nacional. El gobierno impone la tesis de que todo fallecido es mafioso, de que todo cadáver es culpable, de que toda víctima es por definición parte del enemigo. Esa es la narrativa gubernamental que han intentado posesionar incluso contra la evidencia más dolorosa, los cuatro niños de las balvinas. Niños a quienes la Corte Constitucional, en sentencia clara y vinculante, ha declarado víctima de desaparición forzada. Niños cuya memoria el gobierno se ha empeñado en manchar, insistiendo en encuadrarlo como los enemigos que había que torturar y calcinar, dentro de una supuesta guerra o conflicto armado interno, que en reiterados dictámenes la misma Corte Constitucional ha expresado que no existe. Evidentemente, el actual gobierno está confundiendo. Cree que el país que registra más muertos es el que gana. Y por eso se atreven a insultar al pueblo diciendo que estamos mejor que nunca en materia de seguridad. El oficialismo cree que la victoria de un gobierno se mide por el número de cadáveres que tiene a su haber y no en vidas protegidas, no en derechos garantizados, no en instituciones fortalecidas. ¿Cómo se atreven de hablar de éxito en la lucha contra la inseguridad del fortalecimiento penitenciario mientras el Ecuador sangra y cada vez que se le exige rendición de cuentas regresan ellos con el mismo guión? El relato simplista del nosotros los buenos versus ustedes los que son parte de las mafias. Ese es el discurso que divide, que estigmatiza, que justifica la inectitud con la comodidad de la polarización. Este proyecto de ley reformatorio pretende fortalecer un sistema bajo su administración que se está desmoronando. Las cárceles no las fortalecemos con palabras, las fortalecemos con políticas públicas transparentes, con políticas serias que no dependan en narrativa de una guerra inexistente ni de la criminalización automática de las víctimas y de las voces críticas. El sistema penitenciario lo fortalecemos reconociendo que la seguridad no se construye sobre cadáveres, sino sobre justicia, sobre leyes que buscan legalizar mecanismos perversos de hostigamiento y persecución política. Es hora que el gobierno admita que ha sido en tres años de improvisación, de retórica bélica, el proyecto de ley que estamos debatiendo debería tener cifras reales y no cifras maquilladas. Es por eso que hoy es el momento de exigir respeto a la sentencia de la Corte Constitucional y a los tratados internacionales de derechos humanos que contemplan derechos para los privados de la libertad, más siendo el nuestro un Estado cuya política carcelaria es la de procurar la rehabilitación social. Porque un país que miente sobre sus muertos, que estimatiza a sus niños caídos, que celebra prisiones inconclusas y las que trasladan a sus más coherentes críticos, no está fortaleciendo nada, simplemente está profundizando su propio fracaso. Que este segundo debate sea entonces el momento de la verdad, no de la narrativa oficial, sino de la verdad del pueblo ecuatoriano, que sigue esperando seguridad real y no discursos vacíos. Nosotros, como bancada de la Revolución Ciudadana, defendemos el debido proceso, la independencia judicial y la enviabilidad de los derechos fundamentales, incluso cuando el afectado sea un adversario político. Por ello, con la serenidad que da la convicción y la contundencia que exige este momento histórico, rechazamos categóricamente esta reforma que pervierte el sistema penitenciario en herramienta de represión política. Rechazamos esta reforma que legitima que las cárceles se conviertan en jaulas para las voces críticas que, mientras la impunidad ampara a los verdaderos delincuentes. Desde ya, nuestra postura como Revolución Ciudadana es defender la poca democracia que nos queda, es legislar para mejores días, para los ecuatorianos, por un Estado de derecho justo y soberano, no para emitir supuestas reformas penitenciarias usando la ley para perseguir a adversarios políticos mientras la gente se muere a diario en esas calles que se han convertido en fosas comunes, porque en el año 2025, bajo el régimen de Novoa, el país registró más de 9.000 muertes violentas, siendo el año más violento de la historia, con una tasa superior a 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. Les invito a no olvidar que este pleno representa el espacio idóneo para exigir que las comisiones que integran esta Asamblea legislen, con absoluta responsabilidad, de forma técnica y en estricto apego a la Constitución. No debe convertirse en un mero instrumento para perpetuar la narrativa oficial del Gobierno que divide a la sociedad en términos maniqueos. Quienes no lo critican se alinean con los buenos, y quienes osan quejarse, quienes demandan respuestas contundentes ante la profusión de sangres inocentes, derramadas, que en el propio sistema penitenciario que pretenden fortalecer, es estimatizado por el oficialismo como un enemigo que merece ser confinado en esas mismas cárceles, vulnerando procedimientos legales y derechos fundamentales, bajo el falaz pretexto de una seguridad que el Ejecutivo no ha sido capaz de garantizar al Ecuador, subiendo en una espiral de sangre, masacre y deterioro cada vez más profundo. Colegas asambleístas, hago un llamado a exigir que esta Asamblea cumpla con su deber constitucional de velar por el bien común y la justicia colectiva. De lo contrario, que la historia nos condene a una complicidad de vitalidad. Ya termino, señora presidenta. Ana Belén Tapia.