🕒 0:27
Liliana Elizabeth Durán Aguilar (75%)
Gracias presidente, colegas asambleístas, permítanme ahora mismo empezar con un abrazo solidario y un cálido saludo a esas mujeres que han tenido oportunidad de recuperar su vida a través de los programas sociales que han sido implementados por los gobiernos subnacionales como prefecturas y municipios y juntas parroquiales. A ellas un abrazo enorme. A los niños y niñas que han sido rescatados de las guerras de la delincuencia a través de las escuelas de fútbol, a través de las escuelas de música. Ahora los niños y niñas, los jóvenes, los adolescentes se encuentran en una gran incertidumbre porque no saben qué es lo que va a pasar ahora mismo de aprobarse esta mal denominada inconstitucional ley que reforma al cotado. Las democracias no mueren de un día para otro. Se opcionan cuando poco a poco el poder central empieza a decirle a los territorios cómo deben pensar, cómo deben planificar y cómo deben gastar. Ayer, 19 de febrero de este año, miles de ciudadanos y ciudadanas en Quito levantaron su voz para expresar su rechazo absoluto a este proyecto de ley. Porque saben cómo lo hacen sus autoridades locales, que esta norma es un atentado directo contra la autonomía territorial y la vida de sus comunidades. La gente que marchó grita con sentido común y con experiencia vivida. No quieren un Estado que les dicte cómo gastar cada dólar de su presupuesto local. Quieren un Estado que reconozca sus prioridades locales y fortalezca los servicios, la educación, la salud, la seguridad y los programas sociales. De eso estamos hablando ahora. Esa multitud no salió a reclamar cifras. Salió a defender sus derechos, a decidir, a planificar, a construir futuro desde sus territorios. Hoy no estamos ante un simple ajuste presupuestario. Ya contiene una regla vinculada al uso de transferencias del gobierno central. Hasta 30% para gasto permanente y mínimo 70% para gasto no permanente. Esa es la situación vigente. Lo que hace este proyecto es transformar esa lógica. Ya no se trata únicamente del destino de transferencias. Se impone que cada GAP en cada ejercicio fiscal destine al menos el 70% del presupuesto institucional anual. Significado de GAP.
🕒 4:00
Liliana Elizabeth Durán Aguilar (75%)
Se redefine qué es gasto computable, mediante una lista cerrada del clasificador presupuestario. Solo los rubros que caen en esos grupos suman al 70%. Se excluyen otros gastos que hoy permiten sostener programas sociales, operación básica y servicios territoriales. Se vuelve al cumplimiento obligatorio y verificable en formulación, reformas, devengado y ejecución. Se exige anexo de cumplimiento, certificación de veracidad de la máxima autoridad y aprobación por el órgano legislativo del GAT. Y no se cumple. No estamos ante una observación técnica. Se activa una ruta sancionatoria que puede terminar en reducción de transferencias. Eso es un cambio cualitativo, colegas asambleístas. No estamos discutiendo inversión. Estamos discutiendo un mecanismo de disciplina fiscal central sobre la estructura presupuestaria territorial. El problema sí es constitucional y material. La constitución reconoce la autonomía política, administrativa y financiera a los GAT. La autonomía financiera no es simbólica. Implica capacidad real de planificar y ejecutar presupuesto conforme prioridades locales. Este proyecto impone una arquitectura obligatoria del gasto y condiciona la aprobación y reformas presupuestarias. Reduce la autonomía financiera real y la sustituye por cumplimiento porcentual verificado centralmente. Además, una regla uniforme para todos los niveles y modelos de GAT ignora asimetrías estructurales, población, ruralidad, dispersión geográfica, capacidad recaudatoria y costos operativos. Aplicar el mismo umbral a realidades profundamente desiguales produce impactos desproporcionados y el impacto no es teórico. Desde el punto de vista microeconómico, la transferencia es motor de circulación local. Los proveedores, salarios, consumo, empleo, un recorte como sanción reduce liquidez territorial, rompe cadena de pagos y contrae la demanda local, especialmente en cantones pequeños altamente dependientes del gasto del GAT. Desde el punto de vista macroeconómico, el reporte opera como un shock contractivo y procíclico, en fría actividad económica, reduce empleo e ingresos y puede terminar generando estancamiento territorial antes que inversión efectiva. Un ejemplo práctico, colegas asambleístas, incluso en municipios grandes como el de Quito, que reportan alrededor del 56% de inversión. El salto hasta el 70% implicaría mover más de 130 millones de dólares. En municipios pequeños, un ajuste del 10% o del 20% de flujo total significa millones menos en operación básica. Esto no es eficiencia técnica, es riesgo operativo, pero además del fondo existe un problema político y democrático grave. Esta reforma se tramitó como urgente en materia económica, pese a que reconfigura el equilibrio territorial y la autonomía financiera. Una materia estructural no se demostró urgencia macroeconómica real que justifique comprimir el debate. Y en ese debate comprimido, múltiples autoridades solicitaron ser recibidas. No fue solo la prefecta de Pichincha quien pidió comparecer. Alcaldes de distintos cantones, prefectos y prefectas provinciales, gobiernos locales, asociaciones territoriales y representantes de los diversos GAT. Remitieron sendos oficios a esta asamblea y desde luego a la Comisión de Desarrollo Económico. Informes económicos y solicitudes formales de participación se advirtieron impactos concretos en programas sociales, inversión local y capacidad operativa. Sin embargo, ninguna de esas solicitudes fueron atendidas contra, yendo definitivamente contra la norma que exige la posibilidad de que en estos temas de trascendental importancia para la vida de las comunidades deben ser escuchadas. En este escenario, los y los asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana, que integran la Comisión de Desarrollo Económico, asumieron su responsabilidad constitucional y presentaron un informe de minoría, un documento de más de 400 páginas. No fue un acto testimonial, ni una postura retórica, fue una decisión técnica, fundamentada y sustentada en el análisis jurídico, financiero y territorial del proyecto. Dejando constancia expresa de que los vicios estructurales que atraviesa la propuesta y de la necesidad de su archivo. Ese informe sostiene que el proyecto es improcedente como urgente económico, que vulnera la autonomía financiera, igualdad material, seguridad jurídica y progresividad de derechos. Recomienda expresamente su archivos, advierte además que la penalidad por reducción de transferencias puede traducirse en retrocesos reales, en provisión de servicios y en efectos contradictorios territoriales significativos. El informe no plantea mejorar el texto, sostiene que el vicio es estructural y esa es la clave precisamente. No estamos ante un artículo mal redactado, estamos ante un diseño que transforma la autonomía en cumplimiento disciplinario. El Estado no se fortalece debilitando al municipio, la inversión no se garantiza castigando al territorio, la eficiencia no se construye ignorando asimetrías ni cerrando el debate. Por respeto a la constitución, por respeto a la autonomía territorial, por las advertencias técnicas y económicas evidenciadas, por la falta de deliberación suficiente y por coherencia con el modelo descentralizado del Estado. Hoy no decimos sobre un porcentaje, no decidimos sobre un porcentaje, decidimos si el Ecuador sigue siendo un Estado descentralizado.