🕒 0:15 María Gabriela Molina Menéndez (100%)

Buenas tardes con todos, gracias por el uso de la palabra. Durante la sesión de aprobación de este informe, que fue el 12 de enero de este año, los asambleístas de la Revolución Ciudadana votamos a favor del mismo. Esto en razón que en muestra de la apertura de la señora Presidenta de la Comisión, se acogieron nuestras observaciones, porque como lo decía el legislador Gallardo, esta bancada sí ha presentado observaciones correspondientes a este proyecto. Y justamente porque se acogieron dos de ellas, es que votamos a favor. Y estas tienen relación, básicamente, a la propuesta de la instalación de los jurados populares, no solo en los procesos penales, sino también en los procesos contenciosos tributarios, contenciosos administrativos, de responsabilidad civil en extra contractual. Y la otra observación que fue acogida por la mesa, es que los integrantes de los pueblos y nacionalidades prueben su condición. Bajo este contexto, nuestro voto ha sido a favor en la comisión. No obstante estas razones, también tenemos observaciones que mantendremos en esta tarde, perdón, y que presentaremos por escrito a la mesa. Esperaríamos que en el debate, en el desarrollo del debate, se pueda llegar a consensos básicos. Y en esto me refiero. Primero, en los artículos que regulan el concurso público de mérito y oposición para la selección de funcionarios pertenecientes a la carrera judicial. Como bien lo señalaba el legislador César Palacios, se incorpora la figura de un comité académico integrado por cuatro miembros sobre la base de una terna que será generada por las universidades, por las facultades de derecho del país. Y hasta allí todo bien, todo perfecto. Pero bien lo decía el legislador Palacios. Pero y la independencia de funciones y la transparencia, porque esa figura se pierde cuando en el mismo articulado se señala quien va a valorar esas hojas de vida, será el viceministro de Educación. Podríamos analizar mejor la posibilidad de generar un sorteo público para que entre esos nombres propuestos se genere una verdadera transparencia. No estamos de acuerdo en que sea el Ejecutivo. Creemos que deba de ser público, transparente y abierta a la selección de estos miembros del comité. Segundo, en cuanto al régimen disciplinario, actualmente, con las reformas del 8 de diciembre del 2020, se incorporaron cuatro artículos seguidos del 109. Es el 191, el 192, el 193 y el 194. Con el fin de implementar el procedimiento disciplinario por dolo, manifiestan negligencia y por error inexcusable. Y esto lo dispuso la Corte Constitucional, en el sentido de que no se puede iniciar un procedimiento disciplinario en estos casos sin la existencia de una declaración jurisdiccional previa. Pese a esto, en el proyecto se derogan estos cuatro artículos que fueron incorporados por la Asamblea Nacional en cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional. Y sin embargo, en el artículo 119.20, lo que se cambia es por una fase administrativa a cargo del Consejo de la Judicatura sin la necesidad de la declaración jurisdiccional previa, lo que es grave. Además, de una fase judicial obligatoria, ante una sala especializada de la Corte Nacional de Justicia, quien impondría dicha sanción. Creemos que debe de cumplirse con lo dispuesto en sentencia por la Corte Constitucional. Y una tercera observación tiene que ver con la inclusión en el actual artículo 131 sobre una sanción para defensores privados, cuando a criterio de un juez se presente documentación falsa o alterada, pero sin la existencia de una declaración judicial previa que así lo determine. En este punto, consideramos que debe de agregarse la obligatoriedad de un fallo que determine si la documentación es falsa o no. Existen otras observaciones que mis colegas asambleístas de la mesa expondrán oportunamente, también mis compañeros de bancada. Sin embargo, es necesario resaltar que coincidimos con el objetivo de transparencia e independencia de funciones. Solo así tendremos jueces probos y con suficiente interés para no dejar impunen ningún delito, ni los que se cometen contra el Estado en su conjunto, como los de Progen, ni tampoco aquellos que atentan contra la dignidad de las personas, como los insultos misóginos que recibió nuestra compañera Paola Cabezas. Finalmente, ante este pleno, como mujer, como manavita de la tierra de Alfaro y de las Montoneras, concluyo haciendo la entrega de un comunicado que también lo haremos público al señor Olsen, rechazando sus expresiones misóginas, racistas, clasistas, en contra de nuestra compañera Paola Cabezas, exigiendo también se levante la suspensión del Grupo Parlamentario de las Mujeres porque queremos una asamblea sin violencia. Hasta aquí mi intervención. Gracias.