🕒 0:07 Sara Noemi Cabrera Chacón (100%)

Gracias, señor presidente. He escuchado muy detenidamente a los colegas legisladores defender este presupuesto, esta forma presupuestaria. Pero nuestra economía está completamente limitada. Hoy tenemos algunas medidas que tomó el gobierno nacional, como por ejemplo la eliminación de los subsidios al diésel, el aumento del IVA del 13 al 15 por ciento, la desvinculación del sector público. Aproximadamente 6 mil funcionarios públicos fueron despedidos en lo que va del año. También desarticularon y unificaron ministerios. Sin embargo, la realidad es que no hay obra, no hay obra pública. Y este gobierno se ha encargado básicamente de convertirse en la cara nueva de la vieja política, donde prometieron destruir y que hoy en día se han podido visibilizar ciertas situaciones como corrupción dentro de los miembros de sus gabinetes, también prepotencias, autoritarismo y algunas circunstancias que realmente no le hacen bien a la ciudadanía. Nosotros, dentro de esta propuesta, el día de hoy creo que la Asamblea Nacional tiene una de las inmensas responsabilidades de tratar y dar trámite a esta forma presupuestaria que sin duda, en números y en cifras, aparentemente ha aumentado el presupuesto de 46 mil 255 millones de dólares con respecto a la proforma del 2025. Sin embargo, dentro de este titular existen debilidades estructurales, riesgos fiscales, pero también contradicciones entre prioridades declaradas y asignaciones efectivas. Yo he conceptualizado en cinco debilidades importantes dentro de esta proforma que la vamos a mencionar. Una de esas es el sesgo en la composición al gasto. La proforma del 2026 aumenta partidas de intereses de deuda externa, lo que provoca una reducción en la inversión de gasto ejecutable. Según el propio análisis de intereses de deuda, aumentan y se consolidan algunos rubros más pesados del gasto público, representando aproximadamente el 5% del Producto Interno Bruto y que eso impide que exista inversión en obra pública. Otra de las debilidades son las discrepancias entre las retóricas de prioridad social y el plan anual de inversión. Aquí es un dato muy claro, en el año 2025, en la proforma presupuestaria, el presupuesto destinado al plan anual de inversión estaba destinado en 2.501 millones de dólares con respecto al 2026, que es aproximadamente de 2.181 millones de dólares, lo que implica una reducción de aproximadamente 320 millones de dólares. Esto es preocupante, colegas legisladores, debido a que el plan anual de inversión es la columna vertebral de la inversión y de la construcción de obras públicas, de infraestructura y mantenimiento. Y en ese sentido también nos da a lucir de que no existirá el repotenciamiento en hospitales, en vías, en sectores de energía eléctrica, etc. Otra de las terceras debilidades es la concentración del gasto corriente frente a la limitada asignación de inversión. La proforma del 2026 declara aumentos en salud y educación, cumpliendo la obligación constitucional del incremento del 0.5% del Producto Interno Bruto, según la Constitución de la República, pero además es importante hacer mención que, de acuerdo a esta proforma, existe una asignación de 13.000 millones 538 a becas en universidades privadas y la reducción de 129 millones de dólares a universidades públicas. Eso nos da a entender que, obviamente, este gobierno tiene sus prioridades y sus intereses personales en lugar de dar una educación gratuita y de calidad a nuestros jóvenes. También existe un riesgo de subfinanciamiento de las obligaciones sociales y el IES. Eso es lo que mencionaba algunos colegas, que existe un riesgo de que no se alcancen a cubrir algunos recursos como obligaciones sociales y del IES. En este caso, por ejemplo, afiliaciones, pago a jubilaciones, atención por enfermedades, maternidad y coberturas de hijos. Y una de las quintas debilidades es el déficit de transparencia y debilidad en la priorización por resultados. Una proforma cuatrianual que, básicamente, en números y en cifras aumenta, sin embargo, eso no nos garantiza que sean suficientes para ser ejecutables. Y aquí nos tenemos que hacer algunas preguntas. ¿Qué proyectos tiene factibilidad técnica? ¿Qué porcentaje del PAI son nuevos versus arrastre? Sin evaluaciones, costo-beneficio públicas y sin indicadores de resultados, compañeros legisladores, la asignación es proclive a redistribuciones ad hoc, a menor y menor rendición de cuentas por parte del Ejecutivo. Es decir, el Presidente de la República puede destinar los recursos de algunas carteras del Estado y designarlas a otras sin tener la responsabilidad de darle o rendirle cuentas al pueblo ecuatoriano. También he solicitado cinco puntos de recomendaciones, como lo es reorientar el gasto hacia la inversión pública ejecutable, invertir parte del recorte al PAI y priorizar proyectos de impacto social para generar empleo. También es importante la transparencia total. Se deben publicar en las páginas oficiales del Gobierno Nacional matrices, proyectos versus proyecto, donde consten costos, fuentes de financiamiento, cronogramas y estado de avance para que la Asamblea Nacional y la ciudadanía puedan hacer los procesos de fiscalización. También necesitamos revisar el proyecto del gasto corriente en salud y educación para mover parte de esa inversión en la construcción de infraestructura, que es importante también, y blindar partidas presupuestarias en el IES para evitar que exista un subfinanciamiento y un déficit ahí de liquidez. Un ajuste fiscal progresivo y eficiente, antes de recortar la inversión, es importante hacer una revisión, como por ejemplo evitar pagar pautas, aliados de medios, dar bonos con fines electorales, etc. Y finalizo, queridos colegas legisladores, que un presupuesto no es solo la suma de números, sino es la decisión más importante que tiene el país que valora lo que quiere construir un gobernante. Gracias.