🕒 0:00 Diego Enrique Salas Barriga (75%)

A quienes esperan el agua en las llaves, a quienes dependen de una vía para sacar sus cosechas y a quienes solo piden lo básico, servicios que funcionen. Dicen en el campo, no se arregla una botera rompiendo el techo. Y eso es lo que hace este proyecto económico urgente. Dice que quiere mejorar el gasto, pero en la práctica, terminar rompiendo el techo de los servicios básicos. Seamos francos, sí hay que gastar mejor. Nadie defiende el despilfarro ni la propaganda. Pero esta reforma no mide la calidad ni resultados, mide porcentajes. Y lo más grave, si el gobierno decide que un gasto llegó al porcentaje, lo pone en modo castigo y le baja la transferencia al mínimo. Cuando bajas recursos en territorio, a un municipio, a una prefectura, no buscas un simple Excel o no recortas un simple papel. Bajas el bacheo, bajas mantenimiento vial, bajas alcantarillado, bajas agua potable y sentencian también al fracaso los proyectos que cambian vidas. Quitarle el presupuesto al centro de rehabilitación para personas con discapacidad. Es cerrar también las escuelas deportivas para nuestros jóvenes que se apartan del vicio. Es dejar sin brigadas médicas a los adultos mayores que ya han sido olvidados por el gobierno nacional. Y aquí conecto también con el informe de minoría. Esta ley no solo es rígida, sino que es una camisa de fuerza porque impone el 70-30 sobre todo el presupuesto, no solo sobre las asignaciones. Y además define un gasto computable con lista cerrada que deja unos rubros que hacen posible la obra real. Es decir, te exigen invertir, pero quitan en el conteo partes esenciales para ejecutar bien, como equipos técnicos, fiscalización, componentes operativos, empujando a dos caminos iguales de malos. Maquillar los rubros para llegar con la partida o endudarse para cumplir solo con el papel. Y cuando la Constitución exige asignaciones predecibles, una regla que puede activar recortes, vuelve impredecible la caja. Obligando a paralizar servicios, obras, se caen los contratos, el proveedor no cobra, el barrio sigue esperando. Aquí hay un hecho que no podemos ignorar. En la Comisión, por comparecencias y oficios, se ha dicho que el gobierno central todavía debe alrededor de mil millones de dólares a los gobiernos locales. ¿Qué pretenden licuarlos? Por supuesto. Los GAT dejan de tener certeza. Hoy planifican con una plata y mañana les pueden ajustar o recortar. Además, se ha presentado un escenario en el que recortar el presupuesto a los GAT podría ser de alrededor de 960 millones de dólares. Y lo más grave, cambian la forma de contar la inversión cuando el año ya está culminando, con presupuestos que ya estaban aprobados, comprometidos y ejecutándose. El propio escenario presentado por Finanzas lo evidencia. Para llegar al 70% habría que invertir a cerca de 5.530 millones de dólares. Pero con la nueva forma de cálculo, lo que cuenta la Comisión de Finanzas llega al 24.30% en municipios y 32.62% en prefecturas. Es decir, aproximadamente 2.081 millones de dólares. Esta brecha no es un pequeño detalle. Es la prueba de que la regla, así como está, nace para fallar y para activar los recortes antes mencionados. Debo reafirmar con firmeza a lo ocurrido en la Comisión. Es lamentable que la Presidenta de AME, Yuri Colorado, dio un dato gravísimo, que muchos municipios dependen fuertemente de estas asignaciones. Pero frente a una regla punitiva, lo que se necesitaba era pluralidad y firmeza, no ambigüedades. Se habló también de análisis, pero sin transparentar con claridad el peor escenario para los municipios o para los cantones más pequeños o más débiles. Y asimismo, el prefecto de Loro, en representación del Congope, habló de la importancia de la inversión. Pero cuando tocó lo decisivo en el tema de sanciones y el impacto, fue de todo más firmeza, una postura completa. Incluso se sugirió sigilo sobre sanciones. No, colegas asambleístas, en democracia no hay sigilo cuando se castiga al territorio. Si se va a castigar, el país merece saber cómo se calcula y a quién se golpea. Sin datos completos y sin escuchar a quienes alertan el daño, esto, sin lugar a dudas, es legislar a ciegas. Compañeros y compañeras asambleístas, la gente no vive de porcentajes. Vive de agua, vive de alcantarillado, vive de recolección de basura, vive de mantenimiento de vías, vive de servicios. Una ley que puede recortar recursos por cumplir un número, sin medir calidad ni resultados, no es solución, es un riesgo. Y a eso estamos llegando. Y cierro como empecé. Esa madre, ese productor, ese niño, esa ambulancia que no pudo llegar a tiempo, no necesitan un porcentaje bonito. Necesitan un Estado serio que legisle con evidencia, con participación real y sin castigar a la ciudadanía. Por ellos, por todos los territorios y por la seguridad de los servicios básicos, esta reforma no puede pasar tal como está. Conmino a cada uno de ustedes, colegas asambleístas, que se deben a sus provincias, a sus territorios, a votar en contra de este informe de mayoría, porque es una ley inconstitucional. Muchísimas gracias. Gracias.