🕒 0:00 Ricardo Armando Patiño Aroca (100%)

el asambleísta Ricardo Patiño. Gracias Presidenta, compañeros legisladores y pueblo ecuatoriano, es importante reiterar lo que han dicho los colegas y las colegas en el sentido de que desde la bancada de la Revolución Ciudadana defendemos el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en una familia segura, estable, amorosa y permanente y queremos decir también que desde la Comisión de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes aprobamos el informe para el segundo debate del proyecto de reforma al Código de la Niña y Adolescencia, en donde se trata el tema de las adopciones y nos preocupa que ahora se esté tratando este tema en forma particular, cuando nosotros desde la Comisión Especializada remitimos el informe a la Presidencia de la Asamblea el 17 de diciembre del año 2025, han pasado casi seis meses y hasta la presente fecha esto no ha sido puesto en el orden del día del Pleno de la Asamblea Nacional, lo cual nos parece absolutamente inaceptable, sin sentido, que desde una Comisión Especializada que se tratan los temas con la más absoluta responsabilidad, seriedad y participación de instituciones especialistas, personas, personas que son especialistas en tratamiento de los problemas de las niñas y de la adolescencia, esos temas no se planteen aquí, esos informes no se planteen, no se discutan aquí y se discutan los que provienen de una Comisión que con todo respeto no tiene esa especialización. Incluso este proyecto de ley debía haber sido tratado por la Comisión Especializada de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, en donde tenemos la información respecto a los problemas que tienen que ver incluso con las casas de adopción y sin embargo se lo envió de manera equivocada a la Comisión de Transparencia, insisto, con todo respeto para la Comisión, pero no es un nivel de especialización. Por otro lado, quiero también decir, señora Presidenta y colegas legisladores, que a fines del año 2000, perdón, a inicios del año 2024 y en el 24 y en el 25 se han producido problemas muy graves en casas de acogida. Se registraron hechos gravísimos vinculados al Centro de Acogimiento Institucional Buen Vivir, en Macas. Se conoció de la muerte de una niña presuntamente asesinada tras haber reintegrado a su familia biológica. Un adolescente de 13 años murió dentro del centro aparentemente por suicidio y al día siguiente se reportó el intento de suicidio de un adolescente de 14 años en el mismo lugar. Finalmente, en abril del 24, se hizo pública la noticia de un intento de suicidio de tres adolescentes acogidos en dicha institución. La Comisión Especializada de la Niñez y Adolescencia ha tratado el tema, ha hecho seguimiento a los problemas que ahí se han producido y en general a las casas de acogimiento. Y en el sexto informe que hemos aprobado también, enviado a la presidencia de la Asamblea y que no ha sido tratado ni el cuarto, ni en Quilto, ni el sexto, que corresponden a esta presidencia de la Asamblea, nosotros establecemos algunas conclusiones importantes que se derivan de los informes que recibimos de las instituciones del Estado. El Ministerio de Desarrollo Humano no ha garantizado una intervención integral en las casas de acogida. Por eso, de manera correcta, algunos colegas han señalado que el problema no es solamente las leyes, el problema es cómo se aplican y quiénes aplican las leyes. El Ministerio de Desarrollo Humano, famoso por su incapacidad en este gobierno, no ha garantizado una intervención integral en las casas de acogida. Reporta falta de recursos y personal, pero anteriormente evidenció una ejecución presupuestaria de apenas el 53% en vez del 100%. O sea, no tienen ni siquiera preocupación de que esas casas de acogida o de acogimiento tengan los recursos, tengan las capacidades, tengan el financiamiento para hacer su trabajo. Sabemos que lo mejor es que estén en una familia, por supuesto. Compartimos plenamente, ahí creo que hay una unanimidad plena en esta asamblea. Todos quisiéramos que los niños y las niñas y adolescentes estén dentro de una familia, en un hogar, no en una casa de acogida. Sin embargo, mientras estén ahí, tenemos que preocuparnos de que las cosas funcionen bien. Entre las conclusiones planteamos también que el Ministerio de Salud demuestre atención médica, psicológica y psiquiátrica individualizada por cada una de las casas de acogida, que no lo hace. Exigimos que el Ministerio de Educación informe sobre los avances concretos para probar cuántos niños, niñas y adolescentes institucionalizados, o sea, que estén en casas de acogida, reciban atención efectiva. Y esto ni se ha tratado aquí y, por supuesto, no se ha dado paso a lo que sigue después, que es que el Pleno de la Asamblea Nacional conozca los informes, pero llame urgentemente a las máximas autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano, del Consejo de la Judicatura, de la Fiscalía, que bien tienen responsabilidad en esto, del Ministerio de Salud, de Educación, para que expliquen al país las falencias operativas, presupuestarias, judiciales, sanitarias y educativas del sistema de acogimiento institucional. Esto hace falta. Lamentamos que desde la Presidencia de la Asamblea no se actúe institucionalmente, se actúe discrecionalmente, lo cual es un gravísimo error que no se debe seguir cometiendo. No voy a repetir algunas de las observaciones que creo que desde ambas bancadas se han dicho correctamente respecto a los temas que hacen falta mejorar y corregir en este proyecto de ley. Insisto en nuestro acuerdo de que los procesos se aceleren, se faciliten, pero también cuidar que lo positivo que significa acelerar no implique, por supuesto, falencias en términos de los derechos, especialmente de niñas, niños y adolescentes. Hay algunos aspectos positivos que han sido referidos aquí, respecto a los jueces de domicilio de los adoptantes, respecto a que los jueces redacten un extracto de tipo de carta en lenguaje comprensible para los niños, pero sí hay que tener cuidado de que no sean solamente las infracciones leves, digamos el incumplimiento de los plazos y las sanciones que se establezcan ahí, no dé lugar a que finalmente no se valore una cosa que es fundamental, que es resolver la dotación de personal, el presupuesto, los jueces, los psicólogos, los trabajadores sociales y los defensores públicos que tienen que participar alrededor de los temas que tienen que ver con los procesos de adopción. Porque si no atendemos esos problemas estructurales, estamos hablando en el vacío y estamos evitando resultados concretos. Los procesos de adopción no solamente tienen que ver con los tiempos, sino con solucionar los problemas estructurales. En lo que tiene que ver con la declaratoria judicial de adoptabilidad, es importante que se base en una evaluación individualizada y que se valore la opinión del niño, de sus deseos y de sus emociones. Pero este enfoque puede ser correcto si se aplica con garantías, porque el riesgo aparece cuando se combina con plazos rígidos, presión institucional y falta de equipos técnicos. Porque no basta con decir que habrá evaluación individualizada, hay que garantizar que esa evaluación exista, que sea técnica, interdisciplinaria, motivada y con participación real de la niña, niño o adolescente. Es necesario, sí, y es adecuado fijar un plazo máximo para el emparentamiento de los niños con las personas que lo adoptarían. Pero debe permitirse una evaluación técnica flexible cuando haya un interés superior del niño, porque no se puede forzar un vínculo afectivo por solamente cumplir un calendario. Quiero, por razones del tiempo, solamente concluir con algunas observaciones finales. No basta con poner plazos, queridos asambleístas, es necesario poner presupuesto. No basta con sancionar funcionarios, hay que fortalecer las instituciones. No basta con hablar del interés superior del niño, hay que garantizar evaluaciones técnicas, equipos, defensa pública y seguimiento posterior a la adopción. Desde esta curul proponemos entonces para el segundo debate que se incorporen al menos cinco correcciones, una disposición obligatoria para fortalecer las unidades técnicas de adopción, oficinas técnicas judiciales, DINAPEN y Defensoría Pública. Segundo, una especialización real de jueces, defensores públicos, psicólogos y trabajadores sociales. Tercero, que los plazos previstos en los artículos 18, 20 y 21 no produzcan declaratorias automáticas de adoptabilidad, sino decisiones motivadas y técnicamente sustentadas. Cuarto, fortalecer al acogimiento familiar, la prevención del abandono y el apoyo a la familia ampliada antes de llegar a la adopción. Y quinto, establecer un seguimiento post-adoptivo obligatorio, porque el derecho del niño no termina con la sentencia, empieza una nueva etapa que el Estado debe acompañar. La adopción, pues, finalmente no se la debe tratar como un procedimiento rápido. Efectivo, sí, efectivo, sí, pero la adopción es una decisión definitiva en la vida de una niña, niño o adolescente. Por eso, sí a la adopción, sí a la celeridad, sí al derecho a vivir en familia, pero no a una ley incompleta, sin presupuesto, sin garantías suficientes y con riesgo de decisiones apresuradas. Cuando se legisla sobre la infancia, el error no lo paga el legislador, lo paga una niña, un niño o un adolescente durante toda su vida. Muchas gracias.