Asamblea en Pleno. Bienvenidas, bienvenidos.
Continuación de la Sesión No. 094-AN-2025-2029 del pleno de la Asamblea Nacional
Grabación completa de la sesión, de principio a fin.
Quién habla y cuándo
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Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Asamblea en Pleno, la transmisión de los medios legislativos de la jornada plenaria convocada para este día miércoles 27 de mayo. Gracias a quienes ya nos sintonizan a través de TVL, Canal 42 y la radio de la Asamblea Nacional con sus frecuencias en todo el país. Saludamos en esta mañana con nuestra compañera María Camila Zurita, quien se encuentra desde el hall plenario. ¿Cómo estás María Camila?
Muy buenos días, Mariela, qué gusto saludar contigo y con todos nuestros amigos que ya se las han con la señal de TVL y la radio de la Asamblea Nacional en este día miércoles 27 de mayo de 2026. En efecto, nosotros nos encontramos en los exteriores del Salón Plenario, en donde en pocos instantes iniciaremos ya con las entrevistas con los y las legisladores para conocer más detalles sobre los temas que se conocerán y debatirán hoy ante el Pleno de la Asamblea.
Gracias, María Camila Zurita. También saludamos en esta mañana con Maritza Flores desde la cabina de la radio de la Asamblea Nacional. ¿Cómo estás, Maritza?
Hola Mariela, qué gusto saludarlos desde aquí, les contamos que el presidente de la Asamblea Nacional ya ingresó al Salón del Pleno, Nela Martínez, pero ustedes tienen más información, Mariela. Así es Maritza.
María Camila Zurita ya tiene las primeras entrevistas. Adelante, te escuchamos.
Así es, Mariela, el Pleno de la Asamblea Nacional el día de hoy va a conocer justamente el informe para primer debate de la Ley Orgánica Reformatoria para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento o Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes. Y para conocer más detalles acerca de esto vamos a conversar con la asambleísta Diana Jacome, ella es presidenta de la Mesa Legislativa de Transparencia Asambleísta, que gusta tenerla con nosotros en TVL y la Radio de la Asamblea Nacional. El día de hoy van a conocer una reforma que modifica 11 cuerpos legales y que por primera vez legisladora de alguna manera jurídicamente tipifica lo que es el reclutamiento y la utilización.
¿Podría contarle a la ciudadanía cuál es la magnitud de este problema en el Ecuador actualmente?
Bueno, sí, es importante que tomemos cartas en el asunto sobre el tema del reclutamiento y también la utilización de niños, niñas y adolescentes en el crimen organizado, en estas estructuras criminales que tanto daño le hacen a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Por eso ha sido pertinente llevar el debate aquí al Pleno sobre una propuesta normativa que consta de 37 artículos y también la modificación, por ende, la modificación de 11 cuerpos normativos. Implica un cambio profundo en la dinámica también del sistema de justicia en cuanto al verbo rector de utilización.
En la actualidad existe, sí, reclutamiento en el Código Orgánico Integral Penal, pero aquí también estamos tipificando la utilización. Es importante que los operadores de justicia tengan las herramientas necesarias para poder, de alguna forma, castigar de manera directa a quienes reclutan, a quienes a doctrina, a quienes enlistan, a quienes tratan de captar a nuestros niños, a nuestros jóvenes para sus acciones al margen de la ley. En ese sentido, estamos estableciendo una pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Eso va a ser importante. Endurecer las penas, sí, con aquellos que tratan de robar los sueños de los jóvenes.
No podemos permitir que...
La asambleísta Diana Jacome hacía referencia a este proyecto de ley reformatoria para la prevención y erradicación del reclutamiento o utilización de niños, niñas, adolescentes, que consta dentro de la sesión plenaria 095, que fue convocada para este día miércoles 27 de mayo. Escuchábamos ya las disposiciones del presidente de la Asamblea Nacional, Niels Orsen, para que se realice ya la constatación del quórum reglamentario, es decir, el registro de las y los asambleístas para estas dos sesiones, para estas dos jornadas plenarias que han sido convocadas para este día.
La primera, la sesión 095, que tiene dos puntos dentro del orden del día y uno nacional de la República del Ecuador. Y el segundo punto, conocer el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria para la prevención y erradicación del reclutamiento o utilización de niñas, niños, adolescentes, una iniciativa legal que llegó a la Asamblea Nacional a finales del mes de enero del presente año. El ministro del Interior, la vicepresidenta de la República, entregaron este documento a la Asamblea Nacional para el trámite correspondiente y que se llevó a cabo su análisis en la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana.
La siguiente sesión es la continuación de la sesión plenaria 094, convocada a partir de las 12 horas, que tiene en agenda cinco puntos. Conocer el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial. Conocer el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico del Ambiente. Un tercer punto, resolver sobre el respaldo al Gobierno Nacional del Ecuador sobre el programa del sistema educativo EducaEmpleo, cuyo fin es incorporar a 2085 nuevos docentes al sistema de educación orientado a cubrir vacantes urgentes en el sistema educativo público.
Un cuarto punto, respaldar las acciones del Gobierno Nacional en la lucha contra el crimen organizado y de apoyo a la cooperación internacional en el marco de la suscripción de la Declaratoria Conjunta de Seguridad de la Conferencia Anticarteles de las Américas. Y finalmente, respaldar las acciones ejecutadas por el Gobierno Nacional en materia de seguridad ciudadana, incluyendo la entrega del equipamiento y el fortalecimiento de las capacidades operativas de la Policía Nacional como parte de una política orientada a recuperar la tranquilidad y el bienestar de las familias ecuatorianas.
Estos son los puntos para la jornada plenaria de este día miércoles. Maritza, cuéntanos cómo avanza el registro de los asuntos.
asambleístas. Les damos a conocer que están noventa y nueve legisladores ya cien en este momento registrados una vez que se ha dispuesto la constatación del cuero de los legisladores y legisladoras avanza la presencia de los legisladores a través de los dispositivos electrónicos colocar su huella digital para verificar su presencia una vez que esto sucede aparece una silueta y al lado un visto que da ya como verificada la presencia de los asambleístas para la análisis de los puntos del orden del día que están previstos para esta jornada la primera de las dos sesiones parlamentarias en los próximos instantes el presidente de la asamblea nacional dispondrá a cerrar ese registro se dará a conocer el número exacto de parlamentarios y parlamentarias que participarán en esta sesión luego se dará lectura al orden del día se conocerán si se cambia o no se cambia este orden del día de acuerdo se ingresaron o no las modificaciones para la convocatoria número noventa y cinco y con ello ya se dará paso a cada uno de los puntos que están establecidos en esta sesión del pleno Mariela.
Así es.
Gracias Maritza y tenemos una nueva reacción con María Camila Zurita, adelante.
Así es, Mariela, volvemos ya con las entrevistas, estábamos conversando acerca del informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria para la prevención y erradicación del reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes. En esta ocasión vamos a conversar con el legislador Luigi García, que ya nos acompaña. Legislador, muy buenos días, qué gusto tenerle con nosotros en la radio de la Asamblea y TVL. Quisiéramos conocer, asambleísta, un poco de detalles, porque el día de hoy se va a debatir justamente reformas que son históricamente importantes para el país.
Por primera vez se habla de la palabra reclutamiento y utilización como formas de tipificarlas dentro de la ley, ¿no? Incluso se habla de sanciones para fiscales y jueces. Cuéntanos un poquito para que la ciudadanía pueda entender.
Muy buenos días, un saludo a toda la ciudadanía, gracias por el espacio. Bueno, partamos desde el principio. Recordemos que mediante decreto oficial en el año 2025, en el mes de junio, se declaró como prioridad nacional la prevención de que los grupos delictivos tomen a nuestros niños de las calles. ¿Qué hacen los grupos delictivos? Nos quitan a nuestros niños que deberían estar en una escuela estudiando, en una cancha pateando un balón, siguiendo una pelota, los quitan y los llevan a sus grupos delincuenciales. ¿Por qué? Porque tienen de una u otra forma un beneficio ante la justicia, que es un beneficio de la justicia, que los menores no pueden ser juzgados al igual que los mayores de edad y eso se aprovechan los grupos criminales mediante diferentes tipos de seducciones, ya sea por el poder económico, el sentido de pertenencia o ya sea incluso por amenazas.
Entonces, partimos de esta prioridad nacional dándole un enfoque claro a la ley, dándole un enfoque de prevención y de erradicación. Es decir, vamos a prevenir dándole herramientas jurídicas y también herramientas a los jóvenes para que puedan alejarse de estos grupos delincuenciales y estén donde tienen que estar que es disfrutando su infancia en las canchas y en los colegios.
Legislador, dentro del régimen sancionatorio incluso se endurecen las penas para todas estas personas que recluten o cooten a niñas, niños y adolescentes. ¿Cuáles van a ser estas justamente para de alguna manera sancionar a estas personas?
Sí, hablamos de incremento de pena de incluso hasta cuatro años, se incrementa de 22 a 26 años en algunos tipos penales, y es importante porque no es populismo penal, no estamos hablando de populismo penal, sino que estamos hablando de una endurecer, darle mayor solvencia normativa, no solo a los jueces buenos, sino también sancionando a los jueces malos que hacen mal su trabajo y de una u otra forma provocan que este problema siga creciendo. Recordemos que este problema es un problema integral, que no solo podemos enfocarnos en una sola ley, tenemos que hacer varias reformas alrededor de estos niños, alrededor de nuestros adolescentes, a fin de darles la mayor protección posible.
Aquí no hay que escatimar, no podemos decir que solo vamos a reformar dos cuerpos normativos, no, vamos a hacer una reforma integral, vamos a hacer un cuerpo normativo integral, pero a fin de protegerlos de la mejor forma posible.
Y dentro de este enfoque legislador de integralidad y transversalidad, la cooptación no solamente se da en el espacio físico, sino también en el espacio digital. Estas reformas también contemplan los entornos digitales, las plataformas digitales que hoy también son justamente estos espacios en donde son atractivos para cooptar a las niñas, niños y adolescentes. ¿Qué se contempla para de alguna manera proteger y blindar a las niñas y a la adolescencia con respecto a los grupos de crimen organizado?
Sí, y yo siempre lo digo. El mundo evoluciona, el mundo se desarrolla, nos presentamos a nuevas tecnologías y así mismo el derecho. Nosotros como legisladores tenemos la responsabilidad de evolucionar también ese derecho y adaptarlo a las nuevas realidades. Hoy por hoy es posible que hasta por medio de un juego de video online te quieran captar para ser parte de un grupo criminal. Ya he revisado en redes sociales que incluso en juegos de video ya hay segmentos o clanes que tienen nombres de GDOs en el país.
Entonces se intenta llamar a los niños por medio de los medios digitales y también esta ley contempla un enfoque integral a fin de prevenir que mediante los medios digitales se pueda llegar a un reclutamiento, a la utilización o al uso. Veros rectores muy importantes, reclutamiento, uso y utilización. Y hoy en el Pleno de la Asamblea daré mis diferentes observaciones a este proyecto de ley y una de esas es que tenemos que diferenciar no solo semánticamente sino conceptualmente estos tres tipos o modus operandi que van a servir para que la ley pueda ser utilizada en un enfoque integral.
Adicional a eso también era una observación estamos dejando de lado a los niños que viven en casas acogidas. La ley contempla la prevención desde el punto de padre y madre presente, pero nos estamos olvidando de aquellos niños que están bajo cuidado del Estado y que no tienen madre y padre y que tenemos que darle al Estado la responsabilidad de madre y padre a fin de prevenir y erradicar esta situación.
Estaremos atentos al debate legislativo.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo a todos los ciudadanos.
Gracias, esas fueron las palabras del legislador Luigi García con respecto a este proyecto de ley que el día de hoy se debatirá. Nos comentaba que uno de los aspectos más importantes es el endurecimiento de penas de 22 a 26 años y además se incorporará también la utilización como un verbo rector dentro del tipo penal, ampliando así el alcance de la protección de esta norma, Mariela.
Gracias María Camila por esa reacción. Ella dialogaba con el legislador Luigi García, quien hacía referencia a este informe para primer debate del proyecto de ley que busca prevenir y erradicar el reclutamiento de niños, niñas, adolescentes por parte de grupos criminales. Este proyecto de ley tiene precisamente por objeto prevenir y sancionar el reclutamiento por parte de estructuras criminales o grupos armados regulares o irregulares. Y para este propósito establece reformas a los siguientes cuerpos normativos como es el Código de la Niñez, Código Penal, Alcotad, entre otros. María Camila Zurita tiene una nueva reacción.
Te escuchamos.
Así es, Mariela, muchas gracias. En esta ocasión vamos a conversar ya con la asambleísta Ana Belén Tapia, que nos va a dar más detalles con respecto a este importante proyecto del asambleísta. Qué gusto tenerle con nosotros. Quisiéramos conversar ahora con usted con respecto a estas reformas que se van a plantear para proteger y blindar a la niñez y a la adolescencia en el Ecuador. Este proyecto plantea incorporar becas en el ámbito deportivo, cultural, para de alguna manera blindar a los niños, niños y adolescentes y rescatarlos de las manos del crimen organizado.
Cuéntanos cuáles son sus opiniones al respecto.
Así es, bueno, un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan. Creo que es importante decirles que este debate de esta ley para erradicar y prevenir justamente el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, en el tema delictivo sobre todo, es un debate importantísimo, no solamente para la Asamblea Nacional, sino para el país entero. Estamos dando un paso que es histórico frente al hecho de que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes van a tener una normativa que les permita, lógicamente si se aprueba por el Pleno, que esperemos que así sea, nosotros como ADN vamos a respaldar, pero de manera contundente, este tipo de reformas o este tipo de proyectos de ley que son tan necesarios.
Esto es lo que busca es justamente que los niños, niñas y adolescentes tengan un ordenamiento jurídico, una normativa que les proteja más allá de lo que ya está en la Constitución, lo que está en el Código de la Niñez y Adolescencia, sino que pueda determinar protección para nuestros niños, pero también otro tipo de acciones que son fundamentales para que nuestra niñez, nuestra adolescencia pueda tener oportunidades reales. En este caso, como bien mencionabas tú, el tema de poder tener becas en cuanto a deporte, cultura, que se pueda dar en cada uno de los territorios.
Yo vengo representando a una región importantísima como es la región amazónica, la provincia de Napo específicamente. Ahí necesitamos justamente la implementación de becas y también de espacios que aseguren la posibilidad a nuestros niños y adolescentes de realizar deporte, de realizar actividades culturales, de poder también aterrizar esta normativa desde el ámbito territorial, desde el ámbito intercultural, sobre todo en el ámbito del idioma. Y lo que hacemos con esto es no permitir que las estructuras criminales recluten a nuestros niños, porque esto al final del día lo que hacen no solamente es que tienen, digamos, la mano de obra, digamos, de alguna manera para poder cometer los crímenes, sino que lo que hace también es que los niños y los adolescentes al final se desvinculen de su núcleo familiar.
Entonces, realmente lo que hoy vamos a debatir es tan importante que, como dije, es un paso histórico y vamos a ser uno de los países que se va a acoplar a todo aquello que en los modelos internacionales se realice. Miren, está UNICEF, está UNESCO, están los objetivos de desarrollo también, los ODS del 4 al 16, con la finalidad de proteger y salvaguardar a nuestros niños y adolescentes. Así que el Ecuador no puede quedarse atrás y vamos a hacer lo necesario para que esta ley se apruebe.
Muchas gracias, legisladora.
Gracias a ustedes. Las palabras de Ana Belén Tapia, la legisladora nos comentaba los aspectos más importantes. Volvemos contigo, Mariela.
Con 137 legisladores registrados se da inicio a la sesión 095 del Pleno de la Asamblea Nacional. Bienvenidos, bienvenidas.
¡Gracias por ver el video!
Sin modificaciones, en el orden del día de la sesión noventa y cinco, inició ya esta convocatoria con el himno nacional de la República de Ecuador, ciento treinta y siete legisladores y legisladoras se registraron para esta primera de las dos sesiones convocadas para esta jornada de miércoles veintisiete de mayo del año dos mil veintiséis. El último punto en el orden del día de esta sesión será conocer el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria para la prevención y erradicación del reclutamiento o utilización de niñas, niños y adolescentes tramitada en la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional.
El informe contempla cuarenta y nueve páginas.
Previo a iniciar con el segundo punto, suspendemos la sesión para declararnos en Comisión General de conformidad con lo previsto en el artículo 150 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Señor Secretario, por favor, dé paso a la Comisión General.
Con su autorización, señor presidente, se suspende la sesión, nos declaramos en comisión general. Invitamos al pleno de la Asamblea Nacional al señor Luis Felipe Fernández Salvador y Campodónico, presidente de la Fundación Identidad Nacional Casa Ecuador.
Ahí escuchamos antes de continuar con el punto del orden del día que corresponde a esta sesión 95 por disposición del presidente de la Asamblea Nacional. Se suspende la sesión para abrir este espacio a la Comisión General y se ha convocado e ingresa ya al Salón del Pleno Luis Felipe Fernández Salvador y Campodónico, presidente de la Fundación Identidad Nacional, quien ya en este momento podemos observar saluda con el presidente de la Asamblea Nacional. Un reconocimiento que se otorgará desde el Parlamento Ecuatoriano a quien representa a esta fundación.
Escuchemos al secretario general, pero antes les damos a conocer que es una persona que ha trabajado en beneficio de la sociedad.
empresario, activista ambiental, explorador y cineasta ecuatoriano, cuya trayectoria ha contribuido significativamente al desarrollo económico, creativo y cultural del país. Sus iniciativas han proyectado al Ecuador a escenarios estratégicos internacionales mediante plataformas de diplomacia cultural y económica, producciones audiovisuales de alto impacto, modelos de inversión sostenible y programas orientados a visibilizar la biodiversidad, la cultura y la identidad nacional. El presidente de la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus atribuciones, acuerda reconocer y condecorar al señor Luis Felipe Fernández Salvador y Campodónico como homenaje a su destacada trayectoria, su aporte al desarrollo económico, cultural y creativo del país y su contribución a la proyección internacional del Ecuador.
Impone la condecoración el señor asambleísta Niels Olsen-Pitt, presidente de la Asamblea Nacional.
Se entrega este reconocimiento de manos del presidente de la Asamblea Nacional a Luis Felipe Fernández Salvador y Campodónico, presidente de la Fundación Identidad Nacional, por ser activista ambiental, cineasta, por trabajar en beneficio y el desarrollo del país, iniciativas que han proyectado al Ecuador a escenarios internacionales estratégicos, producciones audiovisuales y programas que visibilizan la biodiversidad del Ecuador. Pero también se ha dado a conocer que su larga trayectoria ha estado orientada hacia el campo del cine. Por ejemplo, en el año 2009 fundó Paracas Independent Film, una productora de cine independiente con sede en París, pero también ha estado presente en otros lugares.
Fernández Salvador fue director de varias cintas que han sido también de proyección internacional.
También recibe el invitado este reconocimiento, esta condecoración y el acuerdo legislativo. Luis Felipe Fernández, presidente de esta Fundación de Identidad Nacional, recibe este reconocimiento por parte de la Asamblea Nacional del Ecuador por su trayectoria y su trabajo para dejar en alto el nombre del país en escenario.
Intervención del señor Luis Felipe Fernández Salvador y Campodónico, presidente de la Fundación Identidad Nacional Casa Ecuador.
Casa Ecuador es una iniciativa de sedes de promoción cultural, artística, turística, comercial creada por Fernández Salvador, orientada a la proyección internacional de la identidad, la cultura, el patrimonio ecuatoriano mediante sedes itinerantes en diversas ciudades del mundo. Escuchemos.
señor Nils Olsen, presidente de la Asamblea Nacional, señora Michelle, señora Carmen Taipul, primera y segunda vicepresidenta de la Casa Legislativa, distinguidos miembros del Consejo de Administración Legislativa y Asambleístas, autoridades presentes, muy buenos días. Entonces, esta distinción la recibo con profunda gratitud, pero sobre todo con un enorme sentido de responsabilidad, porque llevar el nombre de Rocafuerte no es solamente un honor, es una pregunta, ¿qué hace a una nación grande? Rocafuerte entendió que el destino de un país no se construye desde la política o desde la economía únicamente.
También se construye desde su capacidad de proyectar identidad, de inspirar y de conectar con el mundo. Y quizás ese sigue siendo el desafío del Ecuador, porque en un mundo donde muchas naciones intentan proyectar influencia desde el tamaño de su economía o desde la fuerza de sus estructuras, Ecuador posee algo mucho más difícil de construir y mucho más difícil de destruir, identidad. Un país donde la naturaleza no se exhibe solamente como un paisaje, sino como identidad, donde volcanes, selva, océano y culturas ancestrales todavía conversan en una relación viva con la tierra y con el tiempo.
Mientras durante décadas América Latina creyó que su riqueza estaba únicamente debajo de la tierra, hoy el mundo empieza a entender algo distinto. La riqueza verdadera está en el patrimonio intangible, en la biodiversidad y en la autenticidad. Ecuador no es solamente biodiversidad. Ecuador es una potencia narrativa y parte de esa narrativa todavía está por contarse. Muchos en el mundo saben dónde empezó el Imperio Inca, pero pocos saben dónde terminó. Pocos saben que el último emperador de los incas, Atahualpa, era hijo de esta tierra, que Tomebamba, hoy Cuenca, fue uno de los grandes centros históricos de esa civilización.
Y que el capítulo final de una de las civilizaciones más extraordinarias de la historia ocurrió aquí, en el Ecuador. Esa historia existe, ese relato nos pertenece y todavía no lo hemos puesto en valor ante el mundo. Mientras tanto, el Perú entendió que su herencia histórica podía convertirse en una poderosa plataforma de turismo, de inversión y de posesionamiento global. Esa es la lección. La identidad también puede convertirse en economía. Y esa identidad también vive en nuestra gente, en nuestra pluriculturalidad, en nuestros emprendedores, en nuestros artistas, en nuestros deportistas.
Porque cuando un ecuatoriano triunfa fuera de nuestras fronteras, algo mucho más grande que una victoria individual sucede. Porque el mundo vuelve a mirar hacia el Ecuador. Hoy las naciones ya no compiten solamente por infraestructura. Compiten por atención, por reputación e identidad. Y precisamente por eso, este no es un momento cualquiera en la historia del Ecuador. Porque el mundo está cambiando. Las vitrinas de identidad de las naciones ya son economía. La atención internacional ya es turismo. La reputación ya es inversión. Y la identidad ya es economía.
Y Ecuador llega a este momento con una ventaja extraordinaria. Porque mientras el mundo busca autenticidad, la pregunta es es que vamos a actuar a tiempo. Porque el Ecuador no necesita inventarse una identidad. Necesita atreverse a proyectarla, a ponerla en valor en las vitrinas de los grandes eventos del mundo. Y en aquellos escenarios donde hoy se construye la reputación de las naciones. Y aquí quisiera hacer una reflexión respetuosa ante esta Asamblea. La sociedad civil ecuatoriana con sus empresas, con sus fundaciones, con sus instituciones privadas, tiene la capacidad y me atrevo a decir el deber de levantar el perfil del Ecuador ante el mundo.
Pero esto, para que esto sea posible y sostenible, el Estado debe de crear las condiciones que permitan convertir esa visión en desarrollo, en turismo, en inversión. Necesitamos políticas modernas que incentiven y hagan rentable para el sector privado participar activamente en la proyección internacional del país. no desde el gasto público, sino desde la visión, la creatividad y el orgullo de creer en el Ecuador. Porque cuando Ecuador aparece con fuerza y autenticidad, el mundo responde. Y lo hemos comprobado. Por eso, por eso estoy aquí. hoy más que nunca el Ecuador tiene la posibilidad de convertirse en uno de los grandes destinos de oportunidad económica, inversión y turismo natural de toda América Latina.
Pero para lograrlo debemos actuar juntos. Sector público, sector privado, diplomacia, turismo, cultura, deporte, economía, todos formando parte de la misma visión nacional. y quizás esta reflexión tiene para mí un significado más profundo al estar hoy aquí en esta asamblea. Porque mi tatarabuelo, José Fernández Salvador y López, presidió en Riobamba nuestra primera asamblea constituyente donde firmó el acta de creación de nuestra querida república. Y pensar que en eso me recuerda que construir un país ha sido siempre una tarea que trasciende generaciones, que cada generación hereda una responsabilidad y que tiene la obligación de honrarla.
Antes de terminar, permítame decir algo profundamente personal. En este momento pienso en mi padre. De él recibí un legado que no cabe en ningún reconocimiento. El amor por explorar este país y la curiosidad de entender el mundo más allá de nuestras fronteras. Me enseñó que uno no tiene que elegir entre raíces y horizontes. Que el verdadero propósito está en convertirse en un puente entre los dos. Eso es también lo que necesita hoy el Ecuador. Un puente entre lo que hemos sido y lo que podemos llegar a hacer.
Porque todavía existen lugares donde la naturaleza tiene alma. Un lugar donde la cosmovisión natural está viva dentro de una constitución. Un lugar capaz de inspirar al mundo. Y ese lugar es el Ecuador. Muchas gracias.
Esa fue la intervención de Luis Felipe Fernández, presidente de la Fundación Identidad Nacional Casa Ecuador. Dijo que esta distinción la recibo con profunda gratitud, con enorme compromiso.
Y se proyectó en el Salón del Pleno de la Asamblea Nacional un video que es de la autoría de Luis Felipe Fernández Salvador y Campodónico.
Se aprende a rendir, el tiempo vuelve a tejer, el tiempo engaña y desde...
aprenden a bajar
En ese video observábamos cómo en escenarios internacionales está el Ecuador presente, cómo es la tricolor ecuatoriana, nuestra flora, nuestra fauna. Esto fue presentado por Luis Felipe Fernández Salvador, un destacado explorador, cineasta e inversionista que recibió el día de hoy la condecoración por parte de la Asamblea Nacional del Ecuador.
Casa Ecuador es una de sus iniciativas. La primera edición de Casa Ecuador se instaló en París durante los Juegos Olímpicos 2024, coincidiendo con el centenario de la participación ecuatoriana en las Olimpiadas y abrió sus puertas el 25 al 31 de julio de ese año. Posteriormente se organizó una segunda edición en Madrid.
el orden del día, por favor.
Segundo, conocer el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria para la prevención y erradicación del reclutamiento o utilización de niñas, niños y adolescentes.
Señor Secretario, por favor dé lectura al memorándum número AN-CTPC-2026-0118-M y del informe en su parte resolutiva. El informe íntegro remitido por la Comisión será parte del acta de la presente sesión.
Con su autorización, señor presidente, doy lectura al memorándum número AN-CTPC-2026-0118-M de 4 de mayo de 2026. Asunto informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria para la prevención y erradicación del reclutamiento o utilización de niñas, niños y adolescentes. De mi consideración, por disposición de la asambleísta Diana Angélica Jacómez Silva, presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y del artículo 32 del reglamento de comisiones especializadas, permanentes y ocasionales de la Asamblea Nacional, remito el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria para la prevención y erradicación del reclutamiento o utilización de niñas, niños y adolescentes.
Aprobado por esta mesa legislativa en la sesión ordinaria número 74-CEPTP-CSS-2025-2027, realizado el día lunes 4 de mayo de 2026 a las 10 horas 30, en modalidad presencial, en la sala de sesión es ubicada en el sexto piso a la occidental del Palacio Legislativo, a fin de que se continúe con el trámite respectivo en el Pleno de la Asamblea Nacional. La asambleísta ponente del informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria para la prevención y erradicación del reclutamiento o utilización de niñas, niños y adolescentes, es la asambleísta Diana Jacómez Silva, presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social.
La votación realizada en la sesión ordinaria número 74-CEPTP-CSS-2025-2027 es la siguiente. Siete votos a favor, asambleístas Diana Angélica Jacómez Silva, presidenta, Edmundo Jorge Cerda Tapu y vicepresidente, Jorge Enrique Chamba Cabanilla, Isaac Vladimir Solano Calle, Jorge Luis Guevara Benavides, Dominic Elían Serrano Molina y Otto Santiago Vera Palacios. Cero votos negativos, tres votos en abstención, asambleístas Guido, Andrés Mendoza, Andrade, Blasco, Remigio Luna, Arevalo y Josefina, Germania Romero, Ponguillo y cero votos en blanco. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente, abogado Francisco Javier Larrea Yepes, secretario, relator. Informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria para la prevención y erradicación del reclutamiento o utilización de niñas, niños y adolescentes, parte pertinente.
Seis. Conclusiones del informe. Del análisis técnico y jurídico realizado, la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, concluye que el proyecto de ley orgánica reformatoria para la prevención y erradicación del reclutamiento o utilización de niñas, niños y adolescentes, es una iniciativa legislativa que guarda armonía y coherencia con la Constitución de la República del Ecuador y el resto del ordenamiento jurídico vigente. Por lo que es pertinente que el Pleno de la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus competencias, conozca y debata su contenido, considerando que el proyecto de ley busca prevenir, erradicar y sancionar el reclutamiento o utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos de delincuencia organizada, estructuras criminales o grupos armados regulares o irregulares.
Siete. Recomendaciones del informe. La Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social recomienda y solicita a la Presidencia de la Asamblea Nacional poner en conocimiento y consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria para la prevención y erradicación del reclutamiento o utilización de niñas, niños y adolescentes. Hasta aquí la lectura de lo dispuesto, señor Presidente. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias.
Se abre el debate. Tiene la palabra la asambleísta Diana Jacome.
La legisladora es la presidenta de la Comisión de Transparencia del Parlamento Mesa Legislativa que tramitó este proyecto.
Antes de decirles que esta ley es muy importante para el Ecuador, para los niños de mi país y yo me siento muy dichosa de ser hoy la ponente, pero me da muchísima pena. Miren cómo están las bancas del lado izquierdo, vacías. Muy pocos se quedaron de la bancada de oposición. Este tema es importante, señores. Este tema no es un tema cualquiera, es un tema de relevancia que implica el bienestar, la protección de nuestros niños. Y quiero dejar constancia, miren el abandono, sillas vacías, eso es lo que paga el Ecuador, ese es el sueldo que pagan los ecuatorianos para que ustedes no estén en el tratamiento de una ley tan importante como es la prevención, como es la erradicación del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes frente al crimen.
Ustedes que se jactan de la criminalidad, de la corrupción, eso también es corrupción, no estar sentado en sus sillas, escuchando el debate de un proyecto que se trata de niños, de adolescentes, que el Ecuador les paga para no estar sentados. ¿Dónde están? Bueno, que el Ecuador los juzgue cuando vuelvan a golpear las puertas de las viviendas para pedir un voto. Ahí les dejo constancia. Así actúan. Quiero antes de iniciar, señor presidente, me permita reproducir un video que nos permite conocer un poco más la realidad que viven muchos niños, niñas y adolescentes.
Un video de un medio periodístico, por favor, le pido. ¡Gracias! ¡Gracias!
Autorizado.
Gracias.
Tú necesitas un trabajo. Mira, si tú me mueves esta droga aquí para allá, te ganas un billete. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo voy a hacer más rápido porque voy a tener plata. No voy a sudar, no voy a esforzarme. Solamente es caminar y ir a entregar esto. Y se acabó y tengo dinero.
Primero empiezan con el robo, después del robo y empiezan a ir con el secuestro. Después del secuestro viene el escuartizamiento. Yo, sinceramente, como madre y como ser humano, yo deseo que él desaparezca de la paz de la tierra. Prefiero a veces verlo muerto antes de que él siga destruyendo a más gentes que no le han hecho edad. El respaldo mío son mis hijos, son dos varones. El otro ha cumplido hace 12 años, quiere seguir los mismos pasos del hermano mayor. No quiere ir a la escuela porque él ve que el hermano consigue el dinero fácil, entonces quiere hacer lo mismo.
Lo que fácil llega, fácil será.
No es nada fácil poder escuchar a una madre que a veces quisiera.
que su hijo ya no hace en el mundo.
Pero es la realidad que viven muchas madres y viven muchos espacios donde hay niños que han sido captados por el verdadero enemigo que tiene el Ecuador. Y ahí quiero llamar también a la reflexión. Los enemigos no deberíamos ser nosotros. Los enemigos se ríen viéndonos confrontarnos. Los enemigos no es el crimen organizado, son esas estructuras criminales que abusan de la inocencia, de la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Ellos son los verdaderos enemigos, a quienes hoy les decimos se les acaba la fiesta porque no vamos a permitir que sigan utilizando a nuestros niños para sus delitos.
¿Endurecer las penas? Sí, por supuesto, porque ustedes no merecen compasión. ¿Compasión para aquellos que han destruido una familia, que han asesinado a un niño, a un joven que le ha robado sueños? No compasión, me disculpan. Yo tengo compasión con una madre que exige justicia, con una madre que va a trabajar todos los días, con un padre que la suda para llevar el pan a su hogar. No con aquellos delincuentes que arrebataron la vida, los sueños de un joven, de un adolescente o de un niño. Ahí tenemos que tener compasión, no aquellos que tratan de proteger a los criminales.
Quiero decirles a ustedes que este proyecto nace precisamente el decreto del presidente Daniel Novoa, en el cual prioriza, lo declara como prioridad nacional la prevención y la erradicación del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes en el crimen. De ahí nace, de la visión de un presidente que le apuesta a los jóvenes, de la visión de un presidente joven que ha hecho cambios trascendentales en nuestro país. ¿Les guste o no el presidente de la República del Ecuador, Daniel Novoa Zin, quien está haciendo cambios importantes en la juventud?
Y lo digo yo, sí, porque en Santo Domingo de los Sáchilas, una de las provincias donde he visto a jóvenes que también han sido afectados por la criminalidad, hoy cuenta con la primera universidad pública creada en el gobierno del presidente Daniel Novoa Zin. Generar educación, establecer establecimientos y métodos para que los jóvenes puedan rehacer su vida, puedan tener esperanza. ¿A qué le llamamos eso? ¿A qué le llamamos? Esa esperanza, la educación, la cultura, eso se llama trabajo, eso se llama visión. Si aquellas personas no saben lo que es educación en un pleno de la Asamblea Nacional, pues ya qué culpa tenemos nosotros, así las criaron.
Pero vamos a seguir trabajando y a seguir debatiendo este proyecto, porque aquí lo importante y el objetivo central es que tengamos una ley que proteja a nuestros niños. Y es decirles que esa visión de ese decreto se crea el COPRUNA. Esta institución, este comité que une a varias instituciones con una visión importante liderado por la vicepresidenta de la República, María José Pinto, el ministro del Interior y demás instituciones del Estado que han permitido tener un proyecto normativo que fue entregado a la asambleísta Valentina Centeno de conformidad con el artículo 134, numeral 1 de nuestra Constitución y fue quien presentó este proyecto ante esta Asamblea.
Posteriormente, como ustedes saben, se desarrolla el procedimiento parlamentario y abocó conocimiento a nuestra comisión. Y le dimos la importancia que se merece este proyecto. Escuchando, le pido silencio, señor asambleísta, por favor, tenga educación y cultura en esta asamblea. ¡Gracias! ¡Gracias!
Señoras asambleístas, les pido por favor respeto al asambleísta Jacome durante su intervención. No es el momento para conversar, como lo he dicho en ocasiones anteriores. Si quieren conversar, les pido que se retiren del pleno. Muchas gracias.
Gracias, presidente. Es importante mencionar, señor presidente, que este informe ha sido elaborado con el aporte de funcionarios públicos administrativos del sistema de justicia que nos han permitido tener una visión amplia y clara desde la experiencia, desde la técnica jurídica sobre la situación que se enfrenta en este fenómeno social como es el reclutamiento o utilización de niños, niñas y adolescentes en diferentes sectores de nuestro país. No son casos aislados, sin embargo, es necesario tomar decisiones y acciones que permitan precisamente hacer la diferencia, más aún cuando estamos aquí para hacer esos cambios.
37 artículos, dos disposiciones transitorias y modificaciones sustanciales que permiten hacer estos cambios en este proyecto. Reformas al Código de la Niñez. Estamos aquí estableciendo algo muy importante en el ámbito digital. Ustedes saben que los niños hoy en día, con esta ventana que existe a través de las pantallas, tienen acceso al mundo. Y más allá del control que puede existir de los padres, del control que debe existir, también es importante que el Estado haga lo propio. Y en ese sentido lo estamos haciendo a través de esta reforma en la cual el órgano de regulación y control en telecomunicaciones, por orden de autoridad judicial competente, debe bloquear los contenidos digitales que están orientados a propiciar el reclutamiento o la utilización de los niños, niñas y adolescentes en estructuras criminales.
Es importante esto, señores, porque ahí, por ahí, es la nueva forma o la nueva vía en la que están tratando de captar a nuestros niños. Responsabilidad del Estado, sí, a través de esta disposición, pero también de los padres y de quienes están a cargo de los niños, niñas y adolescentes. Es un trabajo en conjunto, pero de nuestra parte estamos haciendo ya aquí, determinando la responsabilidad para el ente regulador en telecomunicaciones. Definición, también, en cuanto a reclutamiento o utilización de niños, el reclutamiento, sin duda alguna, que ya se encuentra establecido en el Código Orgánico Integral Penal, establece que el reclutamiento se define como la captación, la incorporación, la inducción, el adoctrinamiento, la vinculación o enlistamiento de nuestros niños a estas bandas criminales.
¿A través de qué? Sí, medios tecnológicos. Ya hemos visto como algunos jóvenes de bandas criminales se jactan a través de famosas redes sociales para captar a nuestros jóvenes que están en vulnerabilidad, en pleno desarrollo, incluso de su identidad. Y es ahí donde captan y son más frágiles los niños para ser víctimas de estas estructuras. La utilización se establece como la participación directa o indirecta, permanente u ocasional de niños, niñas y adolescentes en grupos delictivos para realizar cualquier actividad ilícita. Entonces, tenemos una definición ahí clara que será utilizada por los operadores de justicia.
Políticas y programas a favor de los niños que todos incluyan ya reclutamiento o utilización. Eso va a ser importante y lo estamos estableciendo aquí en el artículo 74 del Código de las Niñez. El ente rector en el sistema de protección integral, quiero ser breve también por honor al tiempo, decirles que se establece que el ente rector en el sistema de protección nacional, protección integral de niños, niñas y adolescentes, es el MIES, el Ministerio de Desarrollo Humano, el que estará a cargo de esta articulación, de este sistema como ente rector.
Atribuciones a las juntas cantonales de protección, se reforma el artículo 206 del Código de las Niñez, ahí se establece dos atribuciones importantes, que es precisamente denunciar ante las autoridades competentes el cometimiento de algún tipo de infracciones relacionadas al caso de reclutamiento o utilización y también registrar y reportar al sistema nacional de protección integral para niños, niñas y adolescentes cuando se trata de estos temas de reclutamiento o utilización. ¿Qué mejor que las juntas cantonales de protección? ¿Qué mejor que ellos puedan alertar de manera inmediata al ente rector?
Porque ustedes están viviendo de cerca la realidad. Y alertarlo, registrarlo, será importante para tomar las acciones y las políticas inmediatas para prevenir que este niño sea parte de las estructuras criminales. Y así vamos avanzando en cuanto también al equipo profesional especializado en seguridad para adolescentes infractores. Se reforma el artículo 326 del Código de las Niñez, ahí se establece seguridad interna y externa en los centros de adolescentes infractores, que estén a cargo de un equipo profesional que maneje exclusivamente temas de adolescentes infractores, formado, que esté formado específicamente en esta línea.
Y esto va de la mano con lo que promueve la propia Constitución, en su artículo 175, que determina la especialización en este ámbito. La reforma Salcotat, atribuciones a los municipios. Importante aquí lo que hacemos en el artículo 54, en la implementación de sistemas de protección integral del cantón en materia de niños, niñas y adolescentes. Es importante que se ejecuten acciones coordinadas nuevamente con el sistema descentralizado de protección de niños, niñas y adolescentes, para alertar de manera inmediata quienes están siendo víctimas o están siendo sujetos de este tipo de reclutamientos o utilización con niños, niñas y adolescentes.
Es importante. Miren aquí, más allá de la ideología política que puede existir en cuanto a quienes están en los municipios o prefecturas, es importante dejar de lado esas ideologías, porque si trabajamos de manera conjunta, si alertamos, cada alcalde, cada prefecto, cada autoridad en territorio conoce la realidad de su gente. Algunos están distribuidos por zonales. Me imagino que cada semana tienen reuniones y les reportan y les dicen qué está pasando en cada zonal. Es ahí donde debe existir una alerta. Aquí en esta zona está sucediendo esto.
Aquí está pasando esto con los jóvenes y ahí al reportar al sistema integrado, descentralizado, de protección de niños, qué es lo que va a suceder si trabajamos en conjunto. Acciones inmediatas para rescatarlos, para evitar que esto se profundice y que este niño sea víctima del crimen organizado, de estas estructuras criminales. Trabajemos en unidad, simplemente el planteamiento y la propuesta de reforma. También el Consejo de Seguridad Ciudadana Municipal impulsa la creación de mesas técnicas específicas para tratar esa problemática de vulnerabilidad social, priorizando la prevención del reclutamiento.
Nuevamente reitero, el trabajo, las mesas técnicas, entre todos, Estado, gobiernos seccionales. Es necesario estar en una coordinación constante para poder alertar y prevenir. Así que ahí están nuestras responsabilidades. En materia deportiva y recreativa también es importante que tengamos actividades, programas deportivos, espacios recreacionales para prevenir el reclutamiento. La educación, el deporte, la cultura permitirá avanzar a nuestro país y también alejar a nuestros niños de estas estructuras. Reformas al COIP. Tenemos también el artículo 127 que incluye dentro del tipo penal, el reclutamiento en conflicto armado, el concepto de utilización.
De esta manera se amplía el ámbito de protección de la norma penal. La reforma al artículo 369.1 del Código Orgánico Integral Penal con el objetivo de añadir el tipo penal de reclutamiento con fines delictivos en el término de utilización. Aquí también estamos aumentando la pena privativa de libertad de 19 a 22 años, cuando la conducta penal se limite al reclutamiento, utilización o enlistamiento de niñas, niñas y adolescentes. Y esta pena se incrementa, ojo con esto, se incrementa de 22 a 26 años cuando el reclutamiento o utilización tenga relación con el cometimiento de algún tipo de delito.
Ahí hay una cosa importante. Sí, incrementar penas. Por supuesto que sí, porque no vamos a tener compasión con el criminal que no le da pena captar a un niño o un adolescente para que cumpla sus órdenes de delinquir. Perdónenme, reitero, yo estoy del lado de quienes queremos un Ecuador que salga adelante, que nuestros niños no sean captados por los delincuentes. Si a otros les da pena los privados de libertad, pobrecitos, pues eso ya es cuestión de ustedes. Pena por los niños, pena por los adolescentes que quieren un futuro.
Y es por ello que nosotros estamos haciendo aquí también otro cambio en el COIP, en el 430.1, en el artículo 430, donde establecemos la reserva de identidad, que se incluya también cuando se trate de reclutamiento o utilización. Hay reformas a otros cuerpos normativos, reforma también a la ley de salud mental. ¿Cuán importante es el tratamiento en el tema de salud mental? Hoy las pantallas, hoy los videojuegos, hoy la utilización del internet y las diferentes plataformas han demostrado que son parte también de aquellas herramientas que utilizan las estructuras criminales para captar a nuestros niños.
Y es importante que tengamos prevención y también acompañamiento en el tratamiento que deben llevar a cabo los niños, niñas y adolescentes para poder salir adelante cuando existen ya ciertas enfermedades de salud mental que han sido precisamente derivadas por este tipo de situaciones que ya hemos mencionado. La exposición a la violencia digital, la sobreexposición, la dependencia tecnológica, llevan a esto, a todo lo que hoy estamos hablando. Así que lo que se está haciendo aquí es incorporar el deber del Estado para garantizar la prevención, la detención temprana, atención, acompañamiento y rehabilitación en temas de salud mental, porque sí es necesario.
Cualquier niño, cualquier joven que ha sido parte de una estructura criminal necesita acompañamiento, necesita que esté un profesional en este ámbito acompañándolo en un tratamiento integral de salud mental. Y en cuanto a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, importante decirles que aquí también viene algo importante y disposiciones para el Ministerio de Educación en cuanto a incluir en la formación inicial y en la formación continua de los profesores programas formativos para la identificación de riesgos, prevención de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Es importante que los maestros que también viven y pasan gran parte de su tiempo con ellos puedan identificar, tener las herramientas, estar capacitados, prevenir, saber cómo alertar, con quién comunicarse, el deber de las instituciones del Sistema Nacional de Educación en coordinación con las entidades del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, tienen que trabajar en conjunto para poder desarrollar mecanismos de prevención y protocolos integrales que prevengan, que alerten, que inmediatamente se active y de alguna manera esto puede evitar que más niños caigan en este tipo de fenómenos sociales.
Incorporar de forma obligatoria los mecanismos de prevención, como lo he mencionado, la detención temprana, la alerta, la derivación de riesgos de reclutamiento. Un profesor ya se da cuenta cuando un niño está cambiando y puede alertarlo. También la obligación de los docentes de identificar, como lo mencioné, la relación del reclutamiento, tener conocimiento de cómo llevar un tema de estos con un niño, con un adolescente que está en esa situación, manejarlo de manera correcta. Y para finalizar, nada más decirles algo importante, aunque a algunos no les gustaba esta reforma, sí, señores, becas, becas para formación de educación a nuestros niños, a nuestros adolescentes que han sido víctimas de las estructuras criminales, becas a través de la reforma del artículo 77 de la Ley de Educación Superior.
Sí, porque ellos merecen la oportunidad, porque ellos merecen esperanza, porque ellos son las víctimas, no los criminales. Que les quede claro. Y esta ley, esta ley les permite tener una esperanza a través de esta reforma. Qué mejor camino, qué mejor luz que volver a educarse, que formarse y tener un hombre nuevo. Eso es lo que nosotros hoy proponemos. Por ello, y por las razones ya expuestas, señor presidente, colegas asambleístas, concluyo diciendo ya que este proyecto cumple con todos los requisitos que establece la Constitución de la República del Ecuador, nuestra ley orgánica de la función legislativa, y está en armonía con nuestra norma suprema, con el ordenamiento jurídico vigente.
Por lo tanto, espero que frente a esta terrible problemática que se vive, que necesita del apoyo de todos nosotros, tengamos un debate de altura, con coherencia, con aportes importantes para poder avanzar en este proyecto y en esta construcción. Nuevamente, gracias, gracias a los miembros de la comisión que votaron a favor, gracias a la vicepresidenta, gracias al copruna, gracias a todas las autoridades, funcionarios, abogados, todos quienes vinieron a acompañarnos en este proceso, gracias al presidente Daniel Novoa por el decreto que lo prioriza a nuestros jóvenes, y gracias a quienes sí están aquí, escuchando y luchando por este proyecto.
Bienvenidos, ya regresaron. Gracias.
Esa fue la intervención de la asambleísta Diana Jacome en calidad de ponente. Dijo que la iniciativa legal nació por un decreto que prioriza y lo declara como prioridad nacional la erradicación y prevención del reclutamiento de niños, niñas, adolescentes por parte de grupos criminales. Explicó varios de los ejes que han sido incluidos. Intervención del legislador Javier Lazo.
de una ley económica urgente, se propuso a última hora y violando casi todos los procedimientos parlamentarios, una reforma para juzgar a niñas, niños y adolescentes como mayores de edad. Esa ley aprobada aquí nos muestra que no hay coherencia, que no hay sindéricis. Tuvo nuestra oposición y ya fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional. Teníamos toda la razón. Poco menos de 365 días después, estamos debatiendo una ley que también aborda el tema de la criminalidad y involucra a los niños, pero con otro enfoque, uno más apropiado, uno que los ve como víctimas y no como victimarios.
Y eso es un avance, aunque ha tomado mucho tiempo, es de todas maneras un avance. Y es que resulta imposible, imposible negarse a una propuesta que busca prevenir el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de las bandas criminales. Pero aquí la pregunta clave es, ¿y cómo lo vamos a hacer con más militares en las calles? Eso lo único que ha dejado es más de 50 casos de desapariciones y el 2025 convertido en el año más violento de nuestra historia. No olvidamos a los niños de las Malvinas y estaremos pendientes este 4 de junio de las disculpas públicas del Comandante General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana que desde el hemiciclo de la Rotonda de Guayaquil, emblemático lugar de la ciudad puerto, deberá dirigirse al país para ensayar de verdad una disculpa, no como la burla del ministro Lofredo que amenazó a la jueza que ordenó acción parecida.
Esta ley puede contribuir a prevenir el reclutamiento de los niños, pero es muy poco lo que se podrá hacer ante un proyecto político que está desmantelando al Estado ecuatoriano. Claro, hay que sancionar a los adultos que reclutan niños para insertarlos en el mundo criminal. Podemos tener las mejores leyes, pero ante un gobierno que destruya el sector público, eso será poco funcional. Porque lo verdaderamente urgente son más escuelas, canchas deportivas, centros de arte, centros de salud en los barrios empobrecidos, especialmente de la costa ecuatoriana, alianzas con los gobiernos locales que deberán diseñar esas políticas por su profundo conocimiento muy superior al del Estado central de los territorios.
Esto no se soluciona poniendo policías en las puertas de la escuela, esto se soluciona interviniendo en ellas con promotores. Hoy tenemos, hoy tenemos 72.644 deserciones escolares. ¿Qué está haciendo el Superministerio de Educación para recuperar a esos niños? Se necesita personal que entre en las escuelas y analice cada caso para luego trabajar con las comunidades adyacentes. Pero este gobierno suprimió el Ministerio de Deportes y Cultura y ahora nada de eso hay, ni educación, ni cultura, ni deporte. Es decir, para enfrentar el reclutamiento se necesita más Estado.
Y allí se presenta un grave problema porque el gobierno, por sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional, no puede hacerlo, está atado de manos. Esta ley también propone fortalecer las juntas cantonales que dependen de los municipios, pero resulta que el Ejecutivo les ha declarado la guerra a las alcaldías. Sin embargo, para fortalecerlas hay que contratar personal. Pero si los municipios hacen eso, estarían violando la ley que ustedes aprobaron con este 30-70-30. Es desde allá esta ley 70% para inversión, 30% para gasto. Es una camisa de fuerza que limita a los gobiernos autónomos descentralizados.
Una contradicción que en honor a la verdad entorpece los programas sociales de los GAT. Y esto, este proyecto de ley se insertaría claramente como programa social. Bien dice el refrán que el camino al infierno está repleto de buenas intenciones. Podemos hacer las mejores leyes, pero sin voluntad política y claramente aquí escasea, la niñez ecuatoriana seguirá abandonada a merced de las bandas criminales. Y como estamos hablando de la importancia de la política e inversión social y sin espacio para la resignación, no nos vamos a resignar. Quiero concluir reclamando por el mal o por la mal llamada cárcel del encuentro, que en la práctica es un campo de concentración.
Esa cárcel, esa cárcel es el escenario más refinado, más refinado de la pedagogía, de la crueldad. Como lo dice la pensadora feminista argentina Rita Segato. Crueldad que busca habituarnos a estas insensibilidades, a vaciar cualquier contenido de empatía allá el otro, que sufra, que sea estropeado, que sea maltratado, que sea humillado. Por eso nosotros no dejaremos de reclamar la libertad para Jorge Glass y para Aquiles Álvarez, sometidos a tratos degradantes y humillantes. Y en efecto la historia nos va a juzgar, pero nos tendrá que juzgar dependiendo del recorrido.
No hemos sometido a esos tratos humillantes y degradantes a gente como estos compañeros que he mencionado. Muchas gracias.
Intervención de la asambleísta Javier Lazo, dijo que hay que sancionar a los adultos que reclutan a los niños, hay que tener las mejores leyes, lo urgente también dijo son espacios educativos de distracción principalmente en barrios de la costa ecuatoriana. Se prepara para la siguiente intervención el asambleísta Otto Vera, en este último punto del orden del día.
Gracias, señor presidente. La exposición de la compañera presidenta de la comisión, colega Diana Jacome, suficientemente elocuente, este es un proyecto que urgía debatirlo en la Asamblea Nacional. Y lo hemos hecho con la delicadeza que corresponde, la preocupación que tenemos los ecuatorianos en la comisión. Y por eso votamos a favor del informe para primer debate y obviamente corresponde a su contenido. Temas muchos que pueden ser modificados, mejorados, para eso entramos en este debate y esperamos que se nutra de sus aportes que en su mayoría esperamos sean y tengan que ver mucho con la realidad que vive el país en los diferentes sectores.
La realidad es gravísima a nivel nacional respecto del recrutamiento de niños y adolescentes. Las estadísticas que tenemos hablan de cerca de 3.000 niños en los últimos años que han sido cooptados por grupos criminales organizados. Y lamentablemente las áreas, en las áreas de influencia más fuertes de la criminalidad, el 4.1% de los niños y adolescentes de esos sectores vulnerables a la criminalidad están siendo cooptados. El incremento de la violencia, justo y lamentamos aquello, ha crecido aproximadamente en un 627% por estas causas. ¿Cuáles son los sectores de la sociedad que son más apetecidos por los grupos vulnerables?
Obviamente en donde existe pobreza, en donde hay carestía de recursos, en donde los jóvenes no tienen oportunidades. Es ahí en donde se inserta el grupo criminal y ofrece prebendas, ofrece dinero fácil para que realicen sus actividades criminales, la mayoría de ellas relacionadas con sicariatos. Es por eso que creemos que estas reformas son urgentes, no solamente en su debate, sino más luego en su aprobación. Porque se toma en cuenta el derecho de protección integral digital. Hoy en día, la globalización ha hecho de que las redes sociales, el internet, llegue casi a toda la sociedad.
Una con más frecuencia, ciertos sectores con más frecuencia que otros. Pero en su mayoría es a través de las redes sociales y el internet que son cooptados nuestros jóvenes y son atraídos a través de algunos enganches, prebendas, regalos y luego lamentablemente son sometidos amenazando a sus familias para que hagan actuaciones de hechos criminales. El proyecto fortalece la protección especial cuando ocurren hechos violentos. Debe el Estado de forma integral atender en temas de salud y temas de educación. Se fortalece la obligatoriedad de que la familia tenga el cuidado a su hijo, a su adolescente.
De tal manera que si mañana más tarde hay un descuido del padre, el Estado tendrá que reaccionar. Y si es posible, incluso tendríamos que pensar en quitar la tutela de aquel padre de familia que no está pendiente del entorno en el que se desenvuelve su hijo menor de edad. Se hace una diferencia importante entre reclutamiento y utilización. Ese es un tema que en el campo penal va a permitir que las autoridades correspondientes puedan tomar las acciones más inmediatas. Hay reformas también en el cotar. ¿Para qué?
Para que las juntas de protección de los derechos tengan mayor incidencia, no solamente con el órgano rector, para que exista una coordinación, sino también con los centros educativos. Y ahí, por supuesto que vale la pena el mejorar nuestro proyecto de ley, para efectos de que también se emitan reformas a la ley de educación intercultural. ¿En qué sentido? Y ese aporte lo vamos a hacer por escrito y desde luego lo vamos a hacer conocer en la comisión. Para que a nivel general sea eje transversal del sistema educativo la preparación, el adoctrinamiento de los peligros en los que se puede encontrar el niño y el adolescente mañana que es cooptado por un grupo criminal.
Es decir, así como hoy en día, y tuvimos hace unas pocas semanas, tuvimos el acierto de aprobar la ley de educación financiera para los jóvenes, para que en el futuro ellos puedan tener una herramienta para defender su economía, poder llevar adelante sus emprendimientos. Hoy en día el niño, el adolescente, el joven que está en las aulas de la escuela y del colegio también debe recibir una preparación para tener una coraza en su mentalidad que le permita decir no a los grupos criminales y que él sepa desde muy pequeño cuáles son las sanciones penales que involucraría a él, a su familia y a su entorno.
Eso es importante que cambiemos en la ley o que fortalezcamos de tal manera que una vez que la educación tome en cuenta aquello, obviamente vamos a tener niños menos propensos a ser cooptados por organizaciones criminales. Y las reformas al COIP, que muchas de ellas fueron presentadas por nosotros en un proyecto de ley que denominamos proyecto de ley antivacunas, me parece acertado. El incremento de pena siempre es bueno cuando se trata de los grupos criminales. Aumentar de 22 a 26 años y ojalá fueran más. Y sobre todo el tema relacionado con la reserva de la identidad en las denuncias que se hacen.
Y no solamente debe ser, escúchense bien compañeros, no solamente esta reserva de la denuncia debe ser para temas de reclutamiento de niños y adolescentes, debe ser para denunciar a cualquier organización delictiva, porque en ocasiones eso es lo que causa temor en nuestra sociedad. ¿Por qué existen tantas vacunas? ¿Por qué existe tanta extorsión y aquí involucran a los menores de edad? Porque la gente tiene miedo de denunciar. No solamente el chico menor de edad, sino el grupo criminal. Entonces, esta posibilidad de que exista la reserva en la denuncia, la reserva de la identidad, tiene que ser no solamente para estos delitos, sino para otros delitos relacionados al crimen organizado.
Y ojalá que es un tema que vamos a plantear y vamos a ver la posibilidad de cómo insertarlo sin que esto afecte los derechos humanos. El hecho de que se quite la posibilidad de cambiar las medidas relacionadas a la prisión preventiva por una sustitutiva cuando alguien es capturado en temas de flagrancia. Esa es otra de las cosas que está afectando al Ecuador y de forma clara, en muchas ocasiones los delincuentes son capturados adoctrinando a menores de edad o realizando un hecho delictivo y cambian su prisión preventiva por cualquier otra presentación periódica o por un grillete.
Eso tenemos que cambiarlo. Y yo creo que esta es la oportunidad, ya que vamos a hacer reformas al código penal que están relacionadas para poder analizarlas, estudiarlas y si es posible insertarlas. Muchas gracias, señor presidente.
Esta fue la intervención del legislador Otto Vera con los aportes en el marco de este primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria para la prevención y erradicación del reclutamiento o utilización de niñas y niños adolescentes. Nos encontramos en la sesión 095 del Pleno de la Asamblea Nacional. Una siguiente intervención a cargo del legislador Sergio Peña.
los legisladores. Bueno, creo que vamos por buen camino. He escuchado de todo, menos oposición y eso es importante para formar este proyecto de ley. Definitivamente hay cosas que tenemos que entender y creo que hay que dividirlo en dos partes. Existen menores infractores, sí, que roban un celular, que cometen un error y que se los puede rehabilitar. Pero ¿qué hacemos con Boquita o con los 200 jóvenes capturados en un mes con sospechas de sicariato? El día de ayer, viéndote la Amazonas, veía como un joven disparaba directamente a una persona por extorsión.
¿Qué hacemos con esos jóvenes? Los llevamos al kinder a enseñarles el verbo tubí. ¿Qué hacemos? Hay que ser realistas. Ni todos son buenos, ni todos son malos. Pero tenemos que tener mano dura con estos jóvenes que también, en este momento, ya son asesinos. Y que como asesinos no les interesa rehabilitarse. Y que lógicamente al existir impunidad seguirán siendo usados por las bandas, porque saben que no les va a pasar nada. Por lo cual creo que ese proyecto tiene que dividirse y tiene que enfocarse en dos puntos.
Es importante que hoy las bandas, si tenemos que entenderlo, no trafican ya solo con drogas, sino también con los jóvenes. Dentro del proyecto, en el análisis que he hecho, creo que hay puntos importantísimos que rescatar antes de entrar al fondo. Abandona, sí, exclusivamente ese enfoque penal, lo cual me parece rescatable totalmente. Hay que adoptar un enfoque integral porque, lógicamente, repito, existen menores infractores que cometen un error, necesitan rehabilitación, hay que prevenir que no sean captados por las bandas criminales dándoles oportunidad. Y definitivamente el proyecto lo hace bastante bien, lo desarrolla bastante bien.
Modernizar este concepto de reclutamiento. Porque, lógicamente, ya no se da como antes, en los barrios, en las esquinas, sino que también se da a través de redes sociales. Redes sociales que hoy sirven para captar estos jóvenes. No solamente directamente, sino que, por ejemplo, ponen videos donde demuestran muchísimo dinero, lo cual llama la atención de estos jóvenes de escasos recursos. Y las redes sociales se han vuelto una moda o una forma, en este caso, de captar a los jóvenes, de llamar la atención y llevarlos a este mundo criminal.
Que ofrece, lógicamente, dinero, que ofrece disque oportunidades, pero que realmente lo que tiene es muerte para ellos. Creo que fortalecer la protección educativa dentro del proyecto es importante. Que los profesores entiendan dentro de las escuelas su deber objetivo. Y que, lógicamente, exista esa facilitación de las denuncias. Porque es en las escuelas y los colegios, donde realmente puedes ver o notar si existe algún tipo de irregularidad, en este caso, con el círculo socioeconómico del joven, o con quien se junta, o qué está haciendo. Estas denuncias, con la respectiva reserva y el cuidado a los profesores que cumplen este deber objetivo de cuidado, debe de existir porque es su obligación y es una forma de prevenir.
Repito, el proyecto hay que dividirlo en dos partes. La prevención, que es importante para estos jóvenes que han cometido errores y podemos rehabilitarlos, pero también el enfoque hacia quienes, en este caso, tienen 12, 13 muertos y ya no les interesa absolutamente nada. Y que mañana van a entrar y van a salir y van a volver a matar. Y eso es lo que los ecuatorianos también están viendo, si realmente nos importa. Porque al final es muy bonito el discurso de que pobrecitos los jovencitos, pero vayan, pregúntenle, por favor, a una familia qué sienten cuando un niño asesino les ha matado a su padre o a su madre.
Yo no creo que piensen igual, yo no creo que tienen, en este caso, la misma relación con un menor infractor. Continuando, creo que dentro de lo que hemos visto en un proyecto, agravar las penas, importantísimo, a quienes captan a estos jóvenes, pero no nos olvidemos de la impunidad. La impunidad de los jueces que no procesan de manera correcta, en este caso a quienes captan a los jóvenes. Tenemos que enfocarnos en evitar la impunidad. Eso va de la mano con otra reforma que tenemos del sistema judicial.
Pero es importante que vaya de la mano con esto. Que se endurezcan las penas, pero que no existe impunidad para quien capta a estos jóvenes, porque realmente el daño es terrible. Y al final, repito, les ofrecen oportunidades, pero les terminan dando muerte. Ahora, creo que este primer debate es justamente para poder modificar, alentar y construir un proyecto que siempre puede ser mejorable. Creo que crear zonas prioritares de intervención contra el reclutamiento juvenil es importante. Estas zonas no es lo mismo un chico que vive en una urbanización a un chico que vive en zonas de escasos recursos, donde las bandas han captado estas zonas y hoy son centros de reclutamiento.
Y en cada esquina, como lo veíamos en el video, existen jóvenes con su hermano delinquiendo, donde sus padres ya no saben qué hacer. Por lo cual, el Estado tiene que intervenir directamente creando estas zonas, para que dentro de estas zonas exista un control especial, una prevención. Se refuerce los controles que se quiere hacer. Otra de las cosas que me parece importante es que debemos tipificar el roaming. No solo el reclutamiento consumado. El roaming es básicamente la captación, el adoctrinamiento, la preparación, inclusive el contacto digital. Esta es una medida, o en este caso es un formato de derecho comparado con Reino Unido, en donde desde el día uno está tipificado el roaming para contactar digitalmente a los menores.
Desde ahí es un delito. Porque, claro, realizan el contacto, hacen todos los procedimientos y solamente estamos viendo cuando los delitos están consumados. Cuando se considera, o en este caso ya existe, un delito consumado y lógicamente vamos a ver quién captó ese menor. Creo que es importante analizar toda la estructura y tipificarla como tal. Una de las cosas que también creo relevante es crear la unidad especializada en el reclutamiento de menores con fiscales especializados en el área. No es lo mismo un fiscal de la FEDOTI o de anticorrupción.
No es lo mismo un fiscal que tenga que investigar casos de drogas, que tenga que investigar el reclutamiento con técnicas especializadas para menores. Repito, en el enfoque preventivo. En el enfoque de estos menores que han cometido errores y todavía podemos rehabilitarlos. Importantísimo. Y como decía al final, para terminar esta pequeña exposición y mismas reformas que enviaré por DTS de manera correspondiente, el sistema socioeducativo de estos adolescentes infractores hay que revisarlos. Repito, ni todos son buenos ni todos son malos. Pero por ahí solo escucho de angelitos que no hacen nada.
Y vamos a ser más realistas, porque aquí estamos para ser realistas. Lo que hemos visto en videos, lo que hemos visto en la prensa, lo que hemos visto de alias Benvita, de los 200 jóvenes que hoy son sospechosos de sicariato, no es una realidad alterna. No va a pasar llevándolos a la escuelita y diciéndoles, mijito, escuche un cuento. Hay que endurecer, y en este caso, ver la viabilidad de que los delincuentes, asesinos, paguen las penas de los adultos. Porque mientras tengamos impunidad, esto va a ser un círculo vicioso, porque lo seguirán utilizando, sabiendo que no tienen ningún tipo de responsabilidad, y al final entran un día y salen al otro.
Esa es la cruda realidad, nos guste o no. Y les voy a decir algo que siempre les repito. Estos jóvenes les gusten o no, cuando van a disparar, no les van a preguntar si son de una bancada o de la otra. Si son izquierda o derecha, disparan. Y ahí es donde realmente vamos a entender el problema de los ecuatorianos. Porque mientras damos discusiones y discursos bonitos, ideológicos, los ecuatorianos están sufriendo por estos niños asesinos. Así que creo que es el momento de que la Asamblea tome la responsabilidad, nos dejemos de cuentitos fantásticos y entendamos cuál es nuestra realidad.
Del menor que toma un arma y le dispara a un policía, el menor que toma un arma y le dispara a nuestros familiares, tiene que ser juzgado como adulto. Muchas gracias, señora Presidenta.
El asambleísta Sergio Peña en esta cuarta intervención dijo que al existir impunidad seguirán siendo utilizados los niños, niñas y adolescentes por las bandas delictivas. Estas ya no solo trafican drogas, sino trafican a jóvenes, es lo que indicó. Vamos a escuchar en este punto de información al asambleísta Andrés Castillo.
Este pleno es diverso, tiene todo tipo de conocimientos, experticias, profesiones. Hay abogados, hay periodistas, hay médicos, hay comunicadores. En fin, todas las ramas de la ciencia se encuentran representadas aquí. Y eso puede implicar que haya desconocimiento de unas cosas y experticias en otras. Eso es compatible con el debate. Lo que no se puede entender y lo que yo no quiero entender, y seguramente ustedes no lo entenderán y el pueblo cuatroniano tampoco, es que no nos tomemos el tiempo de profundizar en los temas y por lo menos leer.
Porque vienen a leer los discursos en el pleno pero no leen nada antes. No se informan de nada antes. Además, algún legislador hace un rato decía, la Corte Constitucional ya declaró inconstitucional aquella norma que busca sancionar a los menores de edad como adultos. ¿Sabemos por qué declaró inconstitucional? ¿O nos estamos pegando el petardo aquí en la Asamblea? Se declaró por la leguleyada aquella de la Corte de que no había unidad de materia, no porque había profundidad en el discurso. Leamos un poquito, un poquito, dediquémosle un poquito antes de venir a leer acá.
Por lo menos preparemos lo que vamos a decir. Canchas, centros deportivos, centros culturales. Pero si está en la ley, está planteado, está en el informe. ¿Lo leyeron o no lo leyeron? ¿O vinieron aquí a repetir lo que alguien les escribió? Está en el informe. ¿No lo leyeron? Por Dios, no nos hagan perder el tiempo. No volvamos, presidenta, a aquella época en la que el señor secretario de la Asamblea Nacional tenía que leer todo el informe, dos y tres horas, para que todos nos informemos. En lugar de dedicarle tanto tiempo a preparar las liñitas para venir a leer aquí.
¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!
Prepárense mejor.
que cómo lo vamos a hacer, ya presentaron una propuesta alternativa, ya presentaron por escrito algo a la comisión, bueno, hay tiempo todavía, en el segundo debate saldrá la ley, espero ver las observaciones del cómo lo vamos a hacer, porque aquí legisladores somos todos, no se trata solamente de sentarse aquí a decir me opongo, y punto, presentemos las alternativas, que le han declarado la guerra a los municipios, yo aquí me voy a coger duro y les invito a ustedes que se cojan duro del curul, porque lo que voy a decir es duro, es duro lo que voy a decir, aquí no estamos en contra de los alcaldes, o de las alcaldías, o se ha sacado una norma para que no se gaste en gasto corriente, por supuesto que los derechos de los niños debe ser inversión, debe impulsarse aquello, pero les invito a que googleen a los que están en el teléfono, les invito, el 21 de febrero pasado, en el Centro Cultural Metropolitano, y lo quise exponer en pantalla, pero en realidad es fuerte, el municipio de Quito auspiciaba en el Centro Cultural Metropolitano un taller de mariconeo, pido disculpas al pueblo ecuatoriano, pero así fue, el taller de mariconeo a cargo del municipio de Quito, eso es lo que hay que acabar, los conciertos de dos y tres millones de dólares hay que acabar, pero la defensa de los niños hay que mantener, presidente, yo lamento el tono de severidad, pero si es que el club de la lectura sigue viniendo acá a leer los discursos, pero no lee nada antes de que podemos debatir frente al pueblo ecuatoriano, devuelvo la palabra a usted siempre.
Gracias. Gracias.
Tiene la palabra la asambleísta Verónica Íñiguez.
Fue el punto de información a cargo del asambleísta Andrés Castillo, quinta intervención, asambleísta Verónica Íñiguez.
En este pleno de la Asamblea Nacional no creo que exista un solo legislador o legisladora que pueda oponerse a la prevención y erradicación del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, por lo menos no en esta parte del hemiciclo. Sin embargo, lo que nosotros estamos tratando ahora en este debate está muy lejos de provocar de que esto suceda. Un niño que aprende primero el precio de la extorsión más que el valor de un libro no llegó allí por accidente. Un adolescente que ve en una banda criminal como un refugio, ingreso o pertenencia tampoco nació derrotada.
Pero eso es lo que pretenden hacernos creer con este proyecto de ley. Levantar una nueva cortina de humo que permita lavar la cara a algunos cuantos y que escondan la realidad que tiene este país. ¿Quieren vender esta ley como una respuesta integral? A lo largo de todo el texto se usa esta palabra con tal holgura y comodidad. No solo esta, otras como integral, transversal, sistémica, protectora incluso. Pero, señores del oficialismo allá afuera, el país, a ese que no quieren conectar a ustedes, realmente lo que se les ofrece y reciben es otra cosa.
Reciben escuelas con menos docentes, hospitales con menos médicos, barrios tomados por la delincuencia, familias empujadas a la precariedad y niños obligados a crecer en territorios donde los delincuentes llegan mucho antes que el Estado. Claro que hay que prevenir el reclutamiento de niños y niñas. Como dije, aquí en esta parte del hemiciclo estamos de acuerdo. Claro que hay que sancionar a quienes los están utilizando para vigilar, matar, transportar droga, extorsionar o servir de algún escudo penal. Esta urgencia no está en discusión. ¿Saben lo que está en discusión aquí?
Es la hipocresía de presentar una ley de protección integral mientras debilitan a las instituciones que realmente tienen que protegerlos. Pretenden reformar 11 cuerpos legales, 11 cuerpos legales. Hablan de educación, salud mental, deporte, cultura, gobiernos locales, seguridad, protección digital, alertas tempranas y hasta aumento de penas. Todo eso aquí. Sobre el papel, cualquiera diría, esto es un gran avance en la materia. Sobre todo para nuestros niños, niñas y adolescentes. Se parecería una gran maquinaria realmente de la protección. Pero una maquinaria que carece de presupuestos, sin docentes, sin psicólogos, sin médicos, trabajadores sociales, ni equipos, ni protección comunitaria, termina convertida únicamente en una retórica legislativa.
Dicen que la escuela va a ser el espacio de la prevención. Pero este mismo año les voy a dar las cifras. La Unión Nacional de Educadores denunció la desvinculación de docentes en medio año lectivo. Habla de un déficit superior de 64 mil docentes y más de 40 mil maestros con contrato temporal o nombramiento provisional. Así no se construye la prevención. Así lo que hacemos es dejar a la escuela sin espalda para sostener a sus estudiantes. El discurso oficial que se utiliza aquí dice que los docentes deben detectar señales de riesgo, activar rutas, acompañar emocionalmente, evitar la deserción y proteger a los estudiantes que están siendo amenazados por bandas criminales.
Pero al mismo tiempo estamos precarizando a la educación, a los maestros. A una niña en riesgo no la protege un formulario como pretendemos hacer aquí. La protege un sistema educativo robusto, con escuelas equipadas, con docentes, con psicólogos. La realidad del sistema educativo ecuatoriano es lamentable y les voy a seguir dando cifras. Más de 450 mil niños, niñas y adolescentes entre 3 y 17 años están fuera de las escuelas y colegios. En el año lectivo 24-25 se registraron más de 19 mil abandonos, mientras que en el 23-24 fueron más de 73 mil.
El gobierno podrá escribir todas las rutas de protección que desee, pero no olvidemos esta cifra. Casi medio millón de niños están fuera de la escuela. Son casi medio millón de vidas más que están expuestas en las calles, al miedo, a la economía ilegal y al reclutador. Dicen que habrá salud mental para las víctimas, pero en salud pública ocurre exactamente lo mismo que en educación. El diario Primicia solo hace un par de semanas reportó despidos médicos o, como dijo el ministro Burbano, desvinculaciones en hospitales públicos, notificaciones sin evaluación previa según los denunciantes, más de 100 médicos desvinculados de acuerdo con reportes preliminares y una proyección de 900 despidos según los médicos consultados.
¿Así pretenden mejorar la salud y la salud mental? Entonces, digámoslo aquí con claridad. No se puede prometer ningún tipo de salud mental comunitaria para los niños que son reclutados mientras se siga recortando el personal en salud. No se puede hablar de recuperación psicológica mientras los hospitales no tienen capacidad suficiente para atender lo más básico. Esta contradicción todavía es más grave cuando vemos las condiciones sociales. Y vamos a seguir con cifras. El mismo INEC dice que la pobreza por ingresos llegó al 22% en 2025. En la ruralidad llegó al 38%.
La pobreza extrema rural llegó al 20%. Mientras que la pobreza multidimensional ya superó el 42% a nivel nacional y alcanzó el 67% a nivel rural. Señoras y señores, estas son las cifras que deberían preocuparles porque estas cifras son las que explican por qué una promesa criminal puede entrar tan rápido a ciertos hogares. Donde falta ingreso, donde falta cuidado, donde falta el Estado, la banda parece con dinero, protecciones falsas y pertenencia. El empleo, otra de las aristas más con la que pretenden engañarnos. En diciembre 2025 apenas el 38% de la población ocupada tenía un empleo adecuado.
En el área rural este solo fue el 21%. En otro empleo pleno llegó al 33% a nivel nacional y al 40% en la ruralidad. Esto significa que las familias ecuatorianas están sobreviviendo, subsistiendo y aquí nosotros queremos decirles que vamos a cuidar de ellas sin tener un solo presupuesto para que esto pase de esa forma. La organización criminal no seduce desde la nada, entra por las grietas de la economía, entra donde el padre no consigue un empleo estable, donde la madre sostiene sola a su hogar, donde el adolescente abandona la escuela, donde el barrio ya está pagando vacunas, donde el celular del reclutador tiene más respuestas que Carondelet o las oficinas de ciertos asambleístas.
Ese fenómeno no se combate únicamente con cárcel, se combate disputando el territorio allá afuera, se combate disputando la economía, la escuela, la salud y el futuro. La violencia ya está encima de la niñez. Más datos de la UNICEF. La UNICEF nos dice que la tasa de homicidios de niñas, niños y adolescentes aumentó en 640% en cuatro años. Eso es alarmante. Ecuador cerró el 2025 con 50.1 homicidios por cada 100 mil habitantes, la tasa más alta de toda la historia de este país y un logro completo del nuevo Ecuador.
Ese es el ambiente en el que se pretende aplicar esta falsa promesa de ley. Esta ley pretende combatir el reclutamiento con papeles, la entrega de responsabilidades a instituciones que el propio gobierno ya viene debilitando. Si no, díganos quién fusionó los ministerios, quién desapareció, el Ministerio de la Mujer, desapareció a la educación superior, a su cartera de Estado. ¿Así es como pretendemos nosotros cambiar la realidad? Subir penas es muy fácil, decirlo es muy fácil, pero poner la plata, poner los equipos, la salud, educación y protección real allá en el territorio, eso es lo que realmente cuesta y demuestra la voluntad política que deberían tener.
Además, y me voy acercando al final, hay un riesgo político muy grande y es que una ley mal implementada puede terminar vigilando a niños y a niños y adolescentes en lugar de protegerlos. Si no, escuchen los discursos que hemos planteado aquí. Jóvenes asesinos, se dijo. Eso es lo que se pretende hacer con esto. Normalizar una condena anticipada en lugar de remediar las condiciones sociales que hacen vulnerables a nuestros niños, niñas y adolescentes. La solución, parte de la prevención y para eso necesitamos un Estado presente, Estado en la escuela con docentes estables, Estado en el centro de salud con médicos y medicinas, Estado en el barrio con deporte, cultura y espacios seguros, Estado en la familia con empleo, ingresos y protección social.
Estado en los territorios rurales, Estado antes de que el reclutador aparezca con una moto, un billete y una amenaza. Así que, señoras y señores, no nos engañemos, tratemos de verdad una ley que vaya a proteger a través de la voluntad política, porque nadie lo detiene al presidente de la República, de que haga efectiva su voluntad política y de los recursos necesarios para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. Gracias, señor.
Esta fue la quinta.
Siguiente intervención a cargo de la asambleísta Verónica Íñiguez. Dijo varias alertas a varias circunstancias que enfrentan los niños, niñas, adolescentes. Destacó, por ejemplo, que medio millón de niños no están en la escuela y se encuentran expuestos en las calles a una serie de peligros. Siguiente intervención a cargo del legislador Luigi García.
en esta asamblea tratamos un proyecto de ley que nos obliga a mirar de frente una de las heridas más dolorosas que tenemos como sociedad y es ver como nuestros niños, nuestras niñas y adolescentes son captadas por las manos del crimen organizado. Y es que no estamos hablando de amenazas en una manera abstracta, estamos hablando de que niños y niñas que deberían de estar en una cancha pateando un balón, de que niños y niñas que deberían de estar en un colegio aprendiendo, en muchos lugares del país hoy los rodea el miedo, los rodea la violencia y se ven de una u otra forma obligadas o seducidos a pertenecer a la delincuencia organizada.
Este proyecto de ley contempla un enfoque integral para atacar a la problemática, se contemplan elementos propios de la problemática. Misma problemática que recordemos gracias a un decreto del señor Presidente Daniel Novoazín es prioridad nacional y en respuesta a esta prioridad nacional debemos partir de la premisa fundamental de que esta ley debe prevenir, debe atender, debe investigar, debe sancionar y debe garantizar la reintegración de los menores afectados en el marco de estas conductas. Y antes de eso, para un correcto enfoque debemos partir de una correcta diferenciación de los conceptos, porque más allá de la semántica, la correcta diferenciación, la correcta definición de conceptos va a garantizar un correcto enfoque diferenciado en las diferentes intervenciones.
Me permito realizar una observación en torno al concepto del uso. El uso debe estar correctamente conceptualizado y definido. El uso debe estar definido como la asignación concreta de tareas, funciones, actividades con el propósito de beneficiar de una u otra forma a estas organizaciones electivas. Y dentro de estas actividades que se mencionan el uso, se debe incluir la vigilancia, la mensajería, el transporte, el almacenamiento, el cobro y la distribución. Nosotros, como legisladores, al individualizar en la ley estas tareas, buscamos que el uso se configure como una forma de explotación que instrumentaliza a nuestros menores en el intento de que formen parte de estas estructuras criminales.
Es necesario que esta ley contemple y conceptualice las tres modalidades rectoras, reclutamiento, utilización y uso. Pero, ojo, que no se entienda, que no sean comprendidas como decisiones plenamente libres, voluntarias o autónomas de nuestros niños. Por el contrario, debemos de tener claro, y tiene que quedar claro, que responden a contextos de violencia y vulnerabilidad que provocan que la respuesta estatal deba ser integral, que la respuesta estatal deba ser profunda. Y para que sea integral y profunda, debemos contemplar diversos escenarios de los menores de nuestra patria. Vamos a hablar de diferentes escenarios y de diferentes realidades.
Este proyecto de ley debe de fortalecer el eje de protección a aquellos niñas, aquellos niños y aquellos adolescentes que ya han sobrepasado una situación de vulneración o amenaza previa. Y me refiero específicamente a los niños, niñas y adolescentes que ya se encuentran bajo intervención estatal o institucional. Es decir, aquellos niños, niñas y adolescentes que viven en casas de acogida. Las observaciones que hoy este legislador ha planteado en el proyecto de ley exigen mayor densidad normativa para estos niños en diferentes situaciones de vulnerabilidad. que para llegar a donde están hoy, ya han tenido que atravesar violencia intrafamiliar, abusos, abandono, explotación y un sinnúmero de factores.
Que lo único que han hecho es aumentar su exposición a mecanismos de captación criminal. Otorgar este refuerzo normativo a esta brecha identificada responde a los principios rectores más básicos en la protección de niños, niñas y adolescentes. Principios como el interés superior del menor y la prioridad absoluta. Principios que exigen que esta ley no escatime en diferenciar las diferentes realidades de los menores de nuestra patria. Exigiendo que, en frente a un riesgo diferenciado, la respuesta estatal debe ser diferenciada, debe ser oportuna, debe ser especializada y, sobre todo, debe ser suficiente.
Debemos entender, compañeros legisladores, que la situación de cada niño, niña y adolescente es diferente. Que la pluralidad de escenarios exige un plan individualizado y un plan verificable. Pues tratar de manera generar los diferentes escenarios de nuestros niños en el país, puede provocar que el día de mañana estemos frente a una desigualdad material en la ley. Y me refiero específicamente a que esta ley debe reconocer las diferentes circunstancias específicas de los riesgos que puede asumir cada menor. Debemos garantizar que la prevención no solo dependa de aquellas familias donde contemplamos un padre, una madre o ambos.
Tenemos que también contemplar el escenario en aquellos niños que no tienen una familia, en aquellos niños que están en obligaciones, que están en el escenario de obligación y cuidado del Estado. De tal forma, señora Presidenta, considero necesario que la ley incorpore una mención específica a los niños, niñas y adolescentes privados de medio familiar o bajo cuidado alternativo. En el artículo 57, se contempla la protección especial frente a la violencia. Sin embargo, no diferenciamos las medidas para aquellos menores sin una familia protectora. Es necesario que se incluyan medidas de prevención, medidas de seguridad, medidas de atención psicosocial y medidas de reparación, pero con especial énfasis a aquellos niños que no tienen un padre y una madre que cumplan esta función de cuidado y prevención.
En el artículo 66.1, se dirige el cuidado y prevención desde los padres y madres de los menores. Y no estamos desarrollando obligaciones, no estamos desarrollando protocolos y sistemas de alerta temprano para el Estado y las instituciones a cargo de estos niños. En síntesis, esta ley debe reconocer un enfoque dual. Por un lado, la prevención familiar, la prevención comunitaria. Y por otro lado, no nos podemos olvidar de nuestros niños, niñas y adolescentes bajo cuidados alternativos por parte del Estado o de diferentes instituciones. Desde esta curul, aplaudo la iniciativa de fortalecer, de prevenir y de dejar un mensaje claro y contundente.
No vamos a permitir que se metan con los niños ecuatorianos y ecuatorianas. Está en manos de esta Asamblea, está en manos de todos los asambleistas de este Pleno, independientemente de la fuerza política o de la bancada que representen, de aportar a este proyecto de ley, de fortalecer este proyecto de ley para que nunca más los niños y niñas de la patria sean vistos como piezas descartables del crimen organizado. Devuelvo la palabra. Gracias, Presidente. Gracias, Presidente.
El asambleísta Luigi García dijo que el proyecto de ley obliga a ver una herida dolorosa como país, como sociedad, ver a niños, niñas y adolescentes captados por el crimen organizado. Un proyecto de ley que contempla la problemática y debe prevenir, atender, investigar, sancionar y garantizar a los menores sus derechos. Punto de información por parte del asambleísta Juan José Reyes.
Las cifras y los datos que ha presentado, creo que está ocupada conversando, pero igual se lo agradezco, le he pedido a mi despacho que revise el génesis de estos datos y resulta que fueron en el 2008-2009. Resulta que fueron cuando se le abrió la puerta a múltiples migrantes a venir a este país y resulta que también se instaló en este pleno la Asamblea Nacional personas que tenían pasados y un poco oscuros. Para no entrar en detalle. La asambleísta Íñiguez ha dicho además que este proyecto quiere presentar el término jóvenes asesinos, si no escuché mal, estoy casi seguro que lo escuché bien.
Basado en la evidencia que ella misma presentó, efectivamente son jóvenes y asesinan a gente, por ende son jóvenes asesinos. Pero esa misma bancada normaliza que sus compañeros de bancada nos digan a nosotros, somos asesinos, sin prueba ninguna. Y es ahí donde yo entiendo que existe una sugerencia de incoherencia. Vamos más allá, hablemos de la educación y la prevención. Alejandro Banegas presentó una ponencia diciendo que el proyecto que su humilde servidor Juan José Reyes Vaquerizo presentó de educación financiera, que por cierto está siendo en este momento por máxima zorreguita la reina de Países Bajos potenciado a nivel mundial, es decir, tenemos una reafirmación de que sí funciona, que sí existe.
Dijo que era técnicamente viable, jurídicamente sólida, financieramente sostenible, pero tampoco votaron por esa ley. Entonces, ¿cuál es la coherencia de la manera en que ustedes están pidiendo o no que se adecúen ciertas cosas? Yo voy a presentar mis observaciones, yo voy a utilizar los datos presentados por la asambleísta Íñiguez, yo no creo que sean errados, pero también tienen un génesis. Quería hacer esta precisión porque este sí es el nuevo Ecuador y sí presenta proyectos que valen, pero es muy complicado que incluso los que hacen sentido reciben por parte de la oposición una negativa.
Eso era todo. Gracias, señor presidente.
Esta fue la intervención del legislador Juan José Reyes, quien hizo las aclaraciones respectivas. Derecho a la réplica por parte del legislador Javier Lazo dentro de este primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria para la prevención y erradicación del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.
escuchados. Citaré solo a Jorge Luis Borges, no sé si lo conozca, argentino, poeta, prosista, ensayista, yo lo aprecio mucho. Borges dice que a la hora de elegir al enemigo tienes que tener muchísimo cuidado, mucho cuidado. Castillo es un adversario al que enfrentaré siempre, todas las veces que sea necesaria. Es que te has ido del pleno y a ti me estoy dirigiendo. Sí, sí. Más respeto porque estoy en el uso de la palabra. Borges decía, habla del adversario y no del enemigo, porque el enemigo hay que saber escogerlo.
¿Por qué, dice Borges? Porque te terminarás pareciendo a él. Y yo jamás, Castillo, me voy a parecer a ti. Muchas gracias.
Ha solicitado un punto de información la asambleísta Diana Jacome.
Vamos a escuchar entonces ahí esa información por parte de la legisladora.
Dentro de la intervención mencioné todo lo que se está haciendo por este país. Yo vengo de Santo Domingo de Los Áchilas y esta ciudad la llevo en mi corazón, aunque haya salido hace mucho tiempo de Santo Domingo. Pero ver los rostros de cada joven de la Universidad Pública de Santo Domingo, de ver escuelas repotenciadas, de ver los pagos a jubilados, de ver la intención de cambiar el país y no siempre estar en una posición negativa, a mí me da esperanza. A mí me da esperanza de ser parte de esta bancada en la cual hemos sido claros en nuestra posición.
Cuando hay algo que aprobar, que beneficie o algo que mejorar, bienvenido sea, porque de eso se trata el debate y la democracia, la pluralidad, de mejorar lo que se tenga que mejorar. Nada está escrito en piedra. Pero tratar también de deslegitimar, de actuar con cierta posición de negatividad siempre, yo no la entiendo. ¿Por qué nos vamos a poner a un proyecto? Sí, hay algo que mejorar. Les espero en la comisión para que sus observaciones sean observadas, sean consideradas de hacer el caso y también incluidas, de ser así.
Pero con respeto y con altura. Yo hablan de hipocresía, de que aquí somos hipócritas en este tema. Yo me pregunto, ¿hipocresía es irse a los Estados Unidos y luego deslegitimar al gobierno de Estados Unidos, retirar la base de manta? Eso no es hipocresía, porque ahí estaban paseándose por los Estados Unidos. Y Estados Unidos está apoyando al Ecuador, sí, a nuestro presidente, que está haciendo bien las cosas. No está del lado de los criminales, a diferencia de otros que sí pactaron con los Latin Kings. Por eso entiendo que se oponen a una ley que quiere, pues, sin duda alguna, que aquellos que han hecho daño vayan a la cárcel.
Las estructuras criminales hablan de que no estamos haciendo las cosas con coherencia. Ya les reitero, coherencia es no darse cuenta que hay un personaje que los trata, y voy a utilizar la palabra, como títeres. Y eso no puede ser. Aquí vamos a trabajar por nuestro país, por nuestras leyes, por nuestros niños, sí. Y si quieren dar aportes, vayan a la comisión, los recibo con todo gusto. Pero aquí tratar de deslegitimar nuestro trabajo, que nos ha costado incluso fines de semana, que algunos no fueron, que algunos no van porque no les da la gana.
Nosotros sí hemos trabajado en mesas técnicas, analizando artículo por artículo. Y no vamos a permitir que se deslegitime un trabajo que lo hemos hecho con muchísima coherencia y respeto, porque sí queremos que nuestro país salga adelante. Y a ustedes, ¿qué puedo decirles? Enfrentarles únicamente con memoria, con aquellas sentencias que hablan por sí solas. Nada más, señores. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.
Se fue el punto de información a cargo de la legisladora Diana Jacome. Derecho a la réplica también por parte del legislador Andrés Castillo en este primer debate del proyecto de ley que busca prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Lo escuchamos.
¿Cómo se calzan el guante? Hablé de usted, don Javier. Hablé en general. Pero como tienen ese complejito propio de la izquierda, se calzan el guante, se chantan el guante. Esta es la segunda vez que usted me amenaza en el pleno, señor. Que alguna vez me va a poner en mi lugar. No con amenazas ni con juicios. ¿Con qué me va a poner en mi lugar, don Javier? ¿En serio ya se le está pegando esa lógica criminal de los que tanto defienden? ¿En serio ya se le está pegando?
Señor presidente y señores legisladores, yo no le he nombrado, no he hablado de él, pero lastimosamente yo quiero dejar constancia de que no tiene ningún inconveniente en amenazar en el pleno de la Asamblea Nacional, don Javier Lazo. ¿Y sabe qué? Si es que nosotros, don Javier, estamos aquí es por convicción. Y qué bueno que usted diga que no se parece a mí. ¿Sabe por qué me alegro que no se parezca a mí? Porque yo sí amo profundamente a mis hermanos. Yo no pacto con sus enemigos.
Yo no me pongo en contra de ellos cual caín en contra de Abel. No, yo no hago eso. Y qué bueno que esos valores no los compartamos porque eso demuestra que usted está en el fango de la ideología y en el fango del amor por los suyos propios. Que usted no me quiera a mí, me da lo mismo. Y como le he dicho siempre, en el plano que usted quiera, don Javier, nos vamos a enfrentar. ¿Quiere ir al albañal? Vamos a ver cómo nos ven al albañal.
Porque en algunos medios de comunicación yo he dicho que tengo tanta consideración de don Javier Lazo que a veces me da ternura. A don Javier le ponen a jugar carnaval y le roban el balde. Devuelvo la palabra, señor presidente. Gracias.
Tiene la palabra la asambleísta Anabella Asin.
Continuará entonces las exposiciones de los asambleístas. La séptima corresponde a la legisladora Anabella Silva.
Buenas tardes, señor presidente, señoras asambleístas, pueblo ecuatoriano que nos escucha. Quiero primero felicitar a la Comisión de Transparencia por este proyecto de ley. Quiero también decirles que en diciembre del año 2025 yo presenté el proyecto de ley orgánica para la prevención, desintoxicación y reinserción social de los niños, niñas y adolescentes frente al consumo de drogas y al reclutamiento delictivo, el cual se encuentra actualmente en la Comisión de la Salud listo para que se tramite y se haga su conocimiento correspondiente. Bien, en este momento existe otra comisión que está tramitando una normativa paralela, muy parecida y que coincide mucho con la que yo presenté en noviembre del 2025.
Este proyecto está para primer debate el día de hoy y pues yo considero que es importante que estos proyectos se unan, se fortalezcan y que estas iniciativas sean una propuesta mucho más sólida, integral, articulada, frente a la problemática que están profundamente relacionadas. Resulta muy importante de que no solamente hablemos del reclutamiento delictivo o utilización, sino que también hablemos de la prevención y de la erradicación del problema de las drogas en nuestros niños, niñas y adolescentes, puesto que sabemos y nos lo ha demostrado de que hay un impacto muy fuerte del consumo de drogas, el microtráfico de drogas en niños, niñas y adolescentes y esto tiene relación directa con las estructuras delictivas y el crimen organizado.
Por lo tanto, considero que es muy importante tratar de ese tema también en esta normativa, en este proyecto de ley. Y por eso, además de fortalecer esta normativa, la prevención, la atención, la desintoxicación, la inserción social, hay que también, al mismo tiempo, establecer medidas concretas para la protección integral, la detección temprana, el acompañamiento familiar, la articulación interinstitucional, para enfrentar también el grave problema del reclutamiento vinculado al entorno de las drogas. La unificación de estos dos proyectos de ley, pienso que nos va a dar como resultado una normativa más robusta, una respuesta más sólida, técnica y efectiva en defensa de nuestros niños, niñas y adolescentes.
Muchísimas gracias. Mi palabra, señor presidente.
Esta fue la séptima intervención a cargo de la legisladora Anabela Asim. Dijo que se trata de una propuesta de asimilar características en la Comisión de Salud de su autoría. Cito además que otra comisión tramita una normativa paralela. Planteó que puedan ser unificadas estas iniciativas en favor de los niños, niñas y adolescentes. Octava intervención a cargo de la legisladora Pamela Aguirre.
Este tema no es algo que únicamente está tratando la Asamblea Nacional del Ecuador. Este tema lo ha venido abordando tanto la UNICEF como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, especialmente con enfoque de niños, niñas y adolescentes. Nosotros jamás nos vamos a poner a que existan medidas, políticas públicas, normativa y todo lo que sea necesario para evitar que los niños, niñas y adolescentes sean reclutados por el crimen organizado. Recordar primero que el reclutamiento nunca es voluntario, es forzado. Y al decirlo forzado hay dos corrientes. La una, cuando es forzado, obligado a través de armas, de presión y de una serie de amenazas.
Pero también es forzado por el engaño, por la pobreza y por el abandono. La utilización de niñas, niños y adolescentes está dada tanto como mensajeros, cocineras, espías, vigías. Y hay un informe de la UNICEF que reconoce que el crimen organizado recluta niños, niñas y adolescentes de la siguiente manera. De 9 a 11 años suelen reclutarlos para que sean mensajeros, informantes, para que hurten. A los 12 años se les otorga tristemente tareas nuevas, como cuidar las casas de la delincuencia y el transporte de drogas. A los 16 años se les entregan armas y ya se les encarga el secuestro, el sicariato.
Esto en el caso de los niños. Sin embargo, en el caso de las niñas, las tareas van relacionadas a la cocina, a la limpieza de las casas y los lugares de las bandas de crimen organizado. Y lo peor de todo, a la explotación sexual. Hay causas estructurales, como les decía, el abandono, la pobreza, el engaño. Y eso lo hemos visto en los últimos años en nuestro país. Debido a que entre el 2021 y el 2024, el homicidio a niños, niñas y adolescentes aumentó el 521%. Reclamando al Estado ecuatoriano la necesidad de una protección integral.
¿Qué significa protección integral? No únicamente una ley, sino políticas públicas reales que garanticen que los niños, niñas y adolescentes no serán tomadas por estas bandas criminales. Entre esas, los infocentros, que deberían estar activos, permitiendo la conectividad controlada y el apoyo de las personas que trabajan en estos centros para que los niños utilicen su tiempo para conectividad en educación, en aprendizaje. Programas que existían como da dignidad, para que la mendicidad infantil no sea un instrumento utilizado por las bandas criminales para reclutar a los niños y obligarlos a que estén en las calles pidiendo caridad y respondiendo a estructuras mafiosas.
Los centros de alto rendimiento. El deporte es fundamental. Se construyeron centros de alto rendimiento que ahora se encuentran cerrados y abandonados, en provincias donde existe alto índice de reclutamiento como Esmeraldas. Centros de alto rendimiento que deberían ser el principal espacio donde los niños tengan recreación y deporte. Eso es una política pública real. El convenio 182 de la OIT, Organización Internacional de Trabajo, habla que el reclutamiento forzoso de personas en conflictos armados, especialmente niños, niñas y adolescentes, es una de las peores formas de trabajo infantil. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el 2015, realizó un estudio sobre violencia, niñez y crimen organizado.
E indicó que Ecuador es uno de los países donde más se crece exponencialmente para que los criminales recluten a niños en pandillas juveniles y en grupos armados. Pero también hizo énfasis en algo importante, que existe violencia procedente de las fuerzas de seguridad. Y que se entienda bien, no estamos en contra de las fuerzas armadas ni de la policía que realicen su trabajo. Pero lo que sí estamos en contra es que existan abusos procedentes de las fuerzas de seguridad, como existió el caso de los cuatro niños de las Malvinas.
Queremos que exista seguridad, sí, pero no que los niños, niñas y adolescentes sean criminalizados y que la política únicamente se centre en el control coercitivo y en la represión punitiva. Porque eso podrá dar resultados mediáticos, podrá dar resultados a corto plazo. Sin embargo, no se abordan las causas estructurales. Este proyecto de ley tiene muchos temas por mejorar. Por ejemplo, la responsabilidad no es de los municipios, es del Estado central. Los municipios tienen responsabilidades explícitas en temas de obra pública, saneamiento. El tema del espacio público. Es necesario recuperar el espacio público de manera permanente, como lo están haciendo muchísimos municipios.
Entre esos, el municipio de Guayaquil que recuperó el Parque Samanes, donde se convirtió en un espacio para que los niños, niñas y adolescentes hagan deporte luego de tenerlo varios años en el olvido. Sin embargo, quienes tienen la competencia exclusiva en temas de seguridad y política pública es el gobierno central. Y no tratemos de movilizar esa competencia a quienes no la tienen. El Estado central tiene que garantizar educación, salud, cultura, deporte, conectividad. Y que los niños, niñas y adolescentes tengan hogares, familias dignas, donde el hambre no les pase factura y se vean forzados a ser reclutados por las bandas criminales.
Es importante también en este proyecto de ley hacer un énfasis sobre el reclutamiento, que es distinto en el caso de niños y niñas. Los niños, como dicen los informes del UNICEF, están obligados a temas de sicariato, porte de armas, entre otras, mientras las niñas están obligadas a hacer labores de limpieza, cocina y violencia sexual. Hay que diferenciar cómo estas bandas criminales recrutan a nuestras niñas y niños y les obligan a dar tareas de esta índola diferentes. Nuestra propuesta siempre va a ser que el Estado sea más fuerte.
Y había un legislador que decía, no hablemos de ideología, tenemos que hablar de ideología porque un Estado fuerte, un Estado presente, un Estado que invierte en salud, un Estado que invierte en educación inicial, en los IBDs, en los centros de alto rendimiento, que la mayor cantidad de su dinero no lo invierte en el pago de deuda externa, sino lo invierte en la niñez y en la adolescencia, es un Estado que garantiza que estos niños tengan derechos y no sean víctimas, víctimas. Y yo quiero repetir, estos niños son víctimas de la delincuencia organizada.
Mi palabra, presidente.
La asambleísta Pamela Aguirre habló acerca de un informe de UNICIP que reconoce que el crimen organizado recluta niños y habló acerca de las edades y cómo son utilizados por las bandas criminales. Interviene la asambleísta Viviana Veloz.
Avance importante para la legislación ecuatoriana y creo que precisamente cuando tratamos estos temas que son tan sensibles, que es una deuda pendiente, una asignatura pendiente que se tiene desde el Estado con las infancias, deberíamos tratarlo con absoluta responsabilidad, seriedad, aquí en el Pleno y poder también presentar nuestros aportes, nuestras observaciones, más allá de las diferencias ideológicas que tengamos, y coincido con mi compañera Pamela Aguirre, es necesario tener ideología, es necesario saber de dónde somos, es necesario saber dónde pertenecemos, incluso para defender nuestras causas y parte de nuestras causas como bancada de la Revolución Ciudadana precisamente siempre ha sido defender a la niñez de nuestro país.
Y también es necesario señalar que durante mucho tiempo la gente, la sociedad ecuatoriana ha empezado a normalizar e incluso acostumbrarse a ver en las noticias jóvenes que son asesinadas, asesinados, niñas que son secuestradas, desaparecidas, jóvenes que se vinculan al crimen organizado, y allí nace una pregunta fundamental para todas y todos, y esto sí va más allá de cualquier ideología o gobierno que se esté defendiendo, es en qué momento el Estado dejó solos a nuestros niños. Esa es la primera pregunta que debemos tener como punto de partida.
Luego no sólo estamos hablando de un tema de seguridad, sino que también de madres, de madres que viven en la desesperanza, que esperan toda la noche que sus hijos lleguen a casa con el temor que puedan haber sido cooptados por el crimen organizado, de hogares fracturados, colegas legisladores, por la pobreza, por la inseguridad, por la violencia, también de niños que crecen viendo cómo en sus barrios hay más armas que oportunidades. Eso debe llamar y tocar nuestra conciencia, porque en los barrios existen ahora, en los barrios olvidados, más armas que oportunidades.
También de adolescentes que tienen que dejar la escuela porque no tienen en sus hogares ni siquiera para un plato de comida, y de niñas que están siendo captadas también por las bandas del crimen organizado a través de redes sociales para la explotación sexual, que es uno de los temas que debemos abordar. Y allí quiero ser muy clara, colegas legisladores, ningún niño nace queriendo ser criminal, ningún niño nace queriendo ser sicario, ninguna niña nace para ser explotada sexualmente. Y por eso este proyecto de ley es importante.
Creo que tenemos que coincidir todos en que los temas de niñez hay que profundizarlos y hay que apoyarlos. Uno de los avances precisamente de este proyecto de ley es que deja de limitar el reclutamiento infantil únicamente a contextos de guerra o conflicto armado y lo extiende ahora a estructuras criminales y delincuencia organizada. Por eso creo que la tipificación, lo que se está cambiando en el COVID, debe establecerse como un delito autónomo, como tienen en otros países, Chile, Colombia, Francia, Suecia, como un delito autónomo. Las bandas reclutan a nuestros niños para varias actividades, como han mencionado aquí los colegas que me antecedieron en la palabra, para sicariato, para inteligencia territorial, para cobros de vacuna, para almacenamiento de armas, para la explotación sexual, para la trata de personas, para el transporte de drogas.
Y por eso coincido en que incluso es positivo que se incorpore protección digital, salud mental, la continuidad de la escolaridad y también es necesario tener presente que ahora la cooptación de nuestros niños ya no es únicamente en el territorio, sino también a través de las redes sociales, como el TikTok, donde la violencia empieza a reemplazar a la esperanza y por eso también es necesario y urgente poder regular estos temas. Organismos como la UNICET, y yo me tomo todo el tiempo para leer los proyectos de ley, de hecho de forma antigua acostumbro a imprimir los proyectos de ley, a leerlos, a hacer mis propias ayudas memoria, a poder tener también información sobre estos temas que son tan neurálgicos y por eso dentro de la búsqueda de la información sobre esto que hoy íbamos a debatir, precisamente encontré un informe de la UNICET sobre la aproximación al reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en el Ecuador, que deberíamos todos leerlo, tiene 78 páginas, y allí dentro de esta ayuda memoria que levanté sobre este tema nos dice que el Ecuador está perdiendo a sus niños, que entre el 2019 y 2024 los homicidios de niñas, niños y adolescentes aumentaron en un 627.5%, que en el 2021 hubo 79 homicidios de menores de 18 años y que en el 2024 esta cifra se incrementó a 412 asesinatos, un incremento del 521.5% en apenas tres años.
La tasa de homicidios de adolescentes pasó de 2.9% a 19.1% por cada 100.000 entre 2021 y 2024. Las bandas criminales comenzaron a captar niñas y niños desde los 9 años. Desde los 12 años ya son utilizados para transportar droga y cuidar casas de seguridad. Desde los 16 años muchos terminan vinculados al sicariato y al secuestro. Las niñas reclutadas enfrentan un alto riesgo de explotación sexual dentro de las estructuras criminales. En el 2024, solo en seis provincias del país hubo 1.466 desapariciones de menores de edad. Guayas 685, Los Ríos 198, Manaví 190, El Oro 186, Esmeralda 120, Sucumbíos 85.
Guayas registró 202 homicidios de menores de 18 años en un solo año. El Oro y Los Ríos tienen las tasas más brutales de asesinatos adolescentes. El Oro 46.3 homicidios por cada 100.000 adolescentes. Los Ríos 42.4. Y la UNICEF advierte que muchos de nuestros niños y niños son reclutados porque están creciendo en contextos de violencia dentro de hogares en los que se empieza a naturalizar estos hechos, pero que también son golpeados porque no hay inversión desde lo social. Y allí radica la inversión en lo social. Países como Colombia, la legislación comparada, también nos dejan que creo que una gran demostración de políticas efectivas cuando se combina la seguridad, la sanción penal, pero también la inversión social.
Porque no se puede erradicar el problema solo con sanción penal. También tiene que ir acompañado de la inversión en lo social, prevención comunitaria y la recuperación territorial. Hay que volver a recuperar la autoridad del Estado. Hay que volver a recuperar a nuestras niñas y a nuestros niños. Y precisamente, colegas legisladores, porque esta ley puede marcar un antes y un después dentro de nuestra legislación y que no solamente debe quedar en una ley que se aprueba de las tantas que aquí se emiten en la Asamblea Nacional o como un instrumento decorativo.
Se tiene precisamente que establecer dentro de este proyecto de ley la política económica en materia de niñez. Porque no es solamente que se va a invertir y luego se plasma en la reforma presupuestaria, sino garantizar que ese dinero se ejecute, porque luego eso a veces no sucede. Se necesita fortalecimiento institucional, como también la prevención. Si queremos prevención, no podemos exigirle a las instituciones que en este momento carecen de presupuesto, de psicólogos, de trabajadores sociales, de equipos territoriales, ni de capacidad operativa. Hay que cumplir con la deuda que se tiene con los centros de desarrollo infantil, que son los primeros centros o accesos que tienen las familias más vulnerables para proteger y garantizar la primera infancia en nuestra niñez.
Luego, también hay una contradicción en el proyecto de ley sobre las juntas cantonales que mis colegas ya abordaron, porque por un lado se le piensa trasladar o exigir a los municipios y a las prefecturas, y por otro lado con la ley de GAPS también se hace un recorte a la inversión en lo social. Entonces, esa contradicción hay que revisarla precisamente para que eso no quede dentro del proyecto de ley. Y estas observaciones las hago con el ánimo de que se mejore el proyecto, porque precisamente estos espacios de primer debate son para eso, para aportar, para observar.
Y remitiré, como en todos los proyectos de ley, mis observaciones por escrito a la mesa legislativa, porque no les podemos pedir a los municipios que rescaten a la niñez de la violencia mientras se les está quitando estas herramientas para invertir en lo social y por eso hay demandas de inconstitucionalidad en este momento a la ley de GAPS. Finalmente, colegas legisladores, creo que también necesitamos un sistema nacional de alerta temprana que permita identificar deserción escolar, desaparición de menores, violencia intrafamiliar, consumo problemático y territorios de alto riesgo.
Y cierto es que está plasmado dentro de las reformas a la ley de educación superior, así como al Código Ingenius, entre otros, la entrega de becas, pero no se establece cómo, cuántas y desde dónde saldrá este presupuesto y si este se ejecutará, que también debe quedar plasmado en la ley. Colegas asambleístas, vamos todos a coincidir que no podemos permitir que el crimen organizado siga criando a nuestras niñas, a nuestros niños, que el crimen organizado siga arrebatando de los brazos de sus madres a esos niños su inocencia, su infancia, porque si se sigue permitiendo eso, entonces estamos también destruyendo el alma misma de un país.
Y en eso todos tenemos responsabilidad, todas las funciones del Estado, principalmente la ejecutiva, que es la encargada de la inversión presupuestaria, luego la función legislativa y las otras instituciones como la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura. Que los temas de niñez siempre sean el punto de encuentro en esta Asamblea Nacional, más allá de las diferencias ideológicas, de pensamientos e incluso también de afectos y desafectos que se tengan. Muchas gracias.
Antes de continuar con el debate, quiero dar la bienvenida a los estudiantes del Colegio San Pedro Pascual de Quito. Bienvenidos a la Asamblea Nacional.
Luego de este saludo a la sociedad civil y a estudiantes que se encuentran en Barras Altas.
leísta, pago las cabezas
Punto de información a cargo de la legisladora Paola Cabezas en este primer debate.
Viviana Veloz, pero creo que hay cosas que son inevitables, tratarlas con responsabilidad. No me gusta hablar en primera persona, pero creo que la defensa de las infancias negras ha sido quizás el costo político más grande que ha asumido como mujer política. El reclutamiento de niños empezó justamente en el gobierno de Guillermo Lazo. Eso, nosotros lo alertamos, lo denunciamos, eso me costó hasta que armaron una campaña desde el gobierno vinculándome con grupos de delincuencia organizada por defender a los niños. Y creo que es importante mirar esto, señor presidente y colegas asambleístas, porque se construyó un perfil delincuencial desde nuestras infancias.
Y eso también hay que asumirlo y mirarlo, porque ya que estamos hablando de cifras, de indicadores, son justamente los territorios racializados y empobrecidos que tienen esta vulnerabilidad. Cuando el Estado se va, sobre todo en zonas de frontera, parroquias como Mataje, el mismo Cantón San Lorenzo, ha estado completamente desatendido y desafectado del Estado. Entonces, esto es muy importante mirarlo, porque cuando defendemos las infancias, hay que entender que allí hay otras dinámicas e interseccionalidades que sí vinculan a las infancias negras. Y aquí ha habido también un perfilamiento desde el Estado para intentar identificar en los niños negros los delincuentes.
A mí ya en este momento la piel se ha hecho dura, pero a mí me parece muy importante que esta asamblea esté tratando este proyecto de ley. Más allá, compañeros, de lo que podamos construir desde acá, creo que es muy importante que vayamos a los territorios. Entender la dinámica de las nueve provincias en donde se está justamente focalizando el reclutamiento de niños está Esmeraldas. Y yo creo que es importantísimo construir las leyes desde la dinámica territorial. Hagamos equipos técnicos, vamos al territorio, entendamos qué está pasando, porque no se pueden aprobar leyes cuando no entendemos que, en muchos casos, es la desatención del Estado en materia social que permite que nuestros niños sean presa fácil para las bandas del crimen organizado.
Este informe de UNICEF es, primero, desgarrador, pero también nos da muchos elementos técnicos que podrían ser utilizados por la Comisión para mejorar este proyecto de ley. Como pago la cabeza, no podría estar en contra de este proyecto de ley porque a la larga termina siendo la respuesta institucional desde la Asamblea Nacional para poder atender algo que denuncié desde el gobierno de Lazo y que dejaron ser, dejaron pasar. Pero también entendamos que quienes manejan la inteligencia, quienes manejan la seguridad, quienes están en territorio, colegas asambleístas, es el Estado a través de la fuerza pública.
Es una irresponsabilidad intentar endosarle responsabilidades a los GATs, sobre todo GATs pequeños, como el de San Lorenzo, los gobiernos parroquiales, que están ávidos de recursos y creo que sería una irresponsabilidad porque esto no va a surtir efecto cuando la política pública tiene que venir del Estado. Valoro como más que se trate este proyecto de ley, pero seamos completamente honestos y entendamos que esto se va a poder controlar, o le vamos a dar una lucha institucional, si entendemos las responsabilidades que tiene cada quien. Desde Micurul haremos aportes a la ley porque creo que sí es necesario, es indispensable, pero entendiendo también las dinámicas territoriales.
Ojalá podamos ir a las provincias, vamos a los territorios, entendamos qué pasa con estos temas para que podamos tener una ley que se aterrice en la realidad que tienen los niños, sobre todo. Muchísimas gracias, Presidente, gracias. Gracias.
El punto de información en voz de la asambleísta Paola Cabezas. La legisladora Ana Belén Tapia corresponde a la intervención número 10 dentro de este punto en el orden del día de la sesión 95.
Buenos días a todos los compañeros legisladores y como siempre a Minapo Amado. Hoy estamos dando un paso histórico, estamos debatiendo justamente esta ley que busca erradicar, prevenir el reclutamiento de nuestras niñas, niños, adolescentes en actividades ilegales. Y se hace esto porque no solamente es un deber nacional, sino que es un mandato internacional. La Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, junto con las directrices de UNICEF, UNESCO, nos recuerdan que ningún menor de 18 años puede ser reclutado ni utilizado en actividades armadas o criminales.
Me voy a referir de manera muy rápida a que en Napo, donde la falta histórica de oportunidades provocadas por gobiernos anteriores, han expuesto a nuestros jóvenes a riesgos graves, esta reforma justamente se convierte, no se debe convertir, se convierte en una herramienta concreta para blindar el futuro y garantizar a nuestros niños, niñas y adolescentes amazónicos y del país justamente un territorio de paz, de educación y oportunidades. Y yo en este discurso me iba a referir justamente a lo que determina la Convención sobre los Derechos del Niño, UNICEF, UNESCO, justamente el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque como vengo de una provincia en donde lamentablemente enfrenta riesgos de reclutamiento de adolescentes, bueno de niñas, niños y adolescentes en actividades ilegales vinculadas al narcotráfico, a la minería ilegal y grupos armados, aprovechando justamente la falta histórica de oportunidades que generó otros gobiernos, quiero yo felicitar a la Comisión, a la proponente respecto del tema que se está tratando y que de hecho contiene esta norma en cuanto a la prevención desde lo comunitario.
Por ejemplo, hablamos de reforzar las juntas cantonales de protección de derechos, la responsabilidad de los GATS municipales para generar alertas tempranas en parroquias también rurales, donde los adolescentes son más expuestos a la captación. También quiero felicitar la protección digital que también se encuentra dentro de este proyecto de ley, la educación como blindaje, las alternativas positivas en cuanto al tema deportivo y cultural, la salud mental, la denuncia segura y la reinserción social por medio de becas y ayudas económicas. Pero, como ya varios de los legisladores han hablado de este tema, yo sí me voy a referir en cambio a que, claro, aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional se supone que debemos todos tener o estar de acuerdo en que hay temas importantísimos como tratar estos casos que tienen que ver con la niñez, la adolescencia de nuestro país, pero lamentablemente la retórica siempre es mentirosa del otro lado del hemiciclo.
Y yo me voy a referir con datos, con datos, porque aquí lamentablemente si uno le nombra a otro asambleísta, lo que hace es levantarse y hablar de cualquier cosa y tratar de deslegitimar o desacreditar al asambleísta que ha hecho alguna observación. No me voy a referir a ninguno de los que han hablado, pero sí voy a referirme a datos que he tomado nota de las intervenciones. Un asambleísta decía que el superministerio de educación, ¿qué ha hecho? Bueno, le voy a contar porque parece que no ve noticias, no revisa datos.
Hay un proyecto que fue creado en el 2022 que se llama Todos al Aula y este proyecto se mantiene. En el 2024 se dio la reinserción de más de 39 mil niños y adolescentes al sistema educativo. En el 2025 más de 47 mil niños fueron reinsertados al sistema educativo. Entonces, el superministerio de educación sí está haciendo su trabajo. Por otro lado, hablaban de que no hay psicólogos, de que no hay un fortalecimiento. Les voy a volver a decir, los DESES, que espero que sepan que son los profesionales de los departamentos de consejería estudiantil, en el 2024 fueron contratados por este gobierno más de 171 psicólogos y en el 2025 más de 2 mil 289 psicólogos.
En el 2026, que vamos en mayo, han sido contratados mil 535, acortando la brecha que necesitan nuestras unidades educativas. Entonces, esos datos les dejo para que sepan los compañeros que hablan de cualquier cosa, porque no sé, realmente no entiendo en qué país viven. Y les voy a decir con datos más cosas, porque realmente la retórica es lo que a uno le molesta, que traten de, no de verle la cara a los que estamos de este lado del hemiciclo. No, no, a nosotros no nos ven la cara.
Nosotros, como dijo Diana, tenemos memoria y sabemos perfectamente que estamos del lado correcto de la historia. Pero que no le vean la cara a los ecuatorianos más, con retóricas falsas y mentirosas frente a un tema tan importante. Aquí les he dado dos datos importantes. Quiero decirles que la cobertura en cuanto al tema de los profesionales de los departamentos de consejería estudiantil, aumentó en este gobierno, en el gobierno del presidente Daniel Novoa, del 29% que existía con los gobiernos anteriores, al 54.4%, gracias a todas esas contrataciones que se han hecho de psicólogos que están ahora dentro de las instituciones educativas.
Así también han hablado de deporte y cultura. Les cuento también que hay un proyecto que se llama Actívate, que tiene 500 puntos activos, más de 100 instructores contratados por el gobierno nacional. Y en esta primera fase, más de 40 mil ecuatorianos se ven beneficiados por este proyecto, este proyecto que lo que busca es justamente fortalecer la salud física y mental de cada una de las familias que se encuentran en diferentes espacios de nuestro país. Por ahí también escuché que los infocentros deben activarse, por eso digo, no sé en qué país también vivirán, pero les cuento, los infocentros están activos y son más de 800 infocentros a nivel nacional.
Así que antes de decir cualquier cosa, revisen datos, vayan a los barrios, vayan a las parroquias, caminen. No solamente vayan a hacer el video con el que van a tratar de golpear al gobierno nacional, porque como les dije antes, a nosotros sí nos interesa que le vaya bien al gobierno nacional, porque cuando le va bien al gobierno nacional, le va bien a todos los ecuatorianos. Y por otro lado, escuché yo por ahí una pregunta que cuando la escuché, realmente me llenó de, no sé, no sé el sentimiento realmente que puede describir esto.
Alguien dijo que cuando el Estado abandonó a los niños, no, no, el Estado no ha abandonado a los niños. Yo sí puedo decirles qué gobierno les abandonó. El gobierno que abandonó a los niños fue el gobierno que pacificó las bandas y que permitió que los recluten. Ese gobierno fue el que olvidó a los niños y a los jóvenes. Y también por otro lado, quiero decirles que ¿saben cuándo también les abandonaron? Cuando se emitió la famosa tabla de drogas. Ahí se olvidaron de los niños y jóvenes.
Hay que recordar las cosas y hay que hablar con memoria. Por otro lado, aquí se ha hablado de que pobrecitos los municipios, de que somos nosotros como asambleístas de ADN, somos malos, que les perseguimos, que pobrecitos, estos pobres ciudadanos que se dedican a gobernar los cantones. Y no quiero generalizar porque hay alcaldes y alcaldesas de sacarse el sombrero, pero hay otros que realmente a uno le da dolor ver cómo representan a una porción del pueblo en nuestras provincias. Yo les quiero decir que el artículo 54 del COTAD señala que los municipios tienen como función crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal.
El artículo 60 de la misma norma dice que el alcalde debe coordinar con la Policía Nacional, políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana. Así también, cuando hablamos de eso, tienen competencias específicas respecto de seguridad vial, control de espacios públicos, gestión de riesgos, cuerpo de bomberos, videovigilancia y prevención comunitaria, iluminación y recuperación de espacios públicos. Así que no vengan a decirme que ahora por la ley 7030, que es un tema social esta norma. Perdónenme, las alcaldías y los municipios tienen la obligación por ley de generar todos estos temas.
Claro, la competencia específica es del gobierno nacional, pero no vengan aquí a querer lavarles la cara a aquellos municipios que tratan desde los proyectos sociales de financiar las campañas políticas de los compañeritos. Y creo que es importante también decir que nosotros estamos muy claros de que esta lucha es una lucha que estamos embanderando la bancada de ADN, porque ya hemos visto que del otro lado hay siempre una oposición, absolutamente todo. Ya nos hemos dado cuenta que siempre están con esta retórica mentirosa, falsa, de generar datos que no existen y que acabo de demostrarlo, pero con los niños no se metan, compañeros, con los niños no.
Los niños necesitan el respaldo del Estado, los niños necesitan el respaldo de esta Asamblea, porque la niñez y la adolescencia, compañeros legisladores, no solamente son etapas de la vida, son el cimiento sobre el que se construye el futuro de toda la sociedad ecuatoriana. Muchas gracias, señor presidente.
Esa fue la intervención del asambleísta Ana Belén Tapia. Señaló que la reforma se convertirá en una herramienta concreta para garantizar a los niños, niñas, adolescentes un territorio de paz, educación y oportunidades. En esta transmisión damos también la bienvenida a mi compañero Javier Guerrero, quien nos acompañará en esta transmisión de la sesión plenaria 095.
Muchas gracias Mariela en el uso de la palabra en este momento de la asambleísta Isaac Solano.
distintas plataformas digitales que tiene esta Asamblea Nacional. Agradecer de antemano a la Presidenta de la Comisión de Transparencia, nuestra colega Diana Jacome, a la Asambleísta Valentina Centeno y a cada miembro de la Comisión que votó a favor. Sí, a favor y no en abstención. Ahí se ve el interés que tiene un representante del país con nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, hoy es importante decidir qué tipo de país queremos ser porque mientras estamos discutiendo aquí, créanme que hay miles de barrios en el Ecuador donde existen niños que ya no salen a ahogar en las calles.
Adolescentes que dejaron de pensar en las universidades por alguien nefasto que les ofreció dinero fácil, droga y poder. Y permítanme decirles algo muy importante, un dato que con dolor entendemos que es real. Los homicidios de adolescentes de entre 15 y 19 años aumentaron un 17% en el primer semestre del año 2024. En comparación con el año 2023, estos datos son sacados del Boletín Semestral de Homicidios Intencionales del Ecuador del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado. ¿Qué es lo que significa esto de aquí, señores legisladores? Que el crimen organizado sigue operando bajo las sombras.
Y eso nos hace un llamado a todos nosotros para seguir proponiendo proyectos de ley como este, reformas de acuerdo a estos cambios sociales. Porque déjenme decirles que cada cifra tiene un nombre. Cada porcentaje es una madre, un padre, una familia y una sociedad corrompida. Y esta situación nos obliga a todos nosotros a mirarnos en un espejo y preguntarnos ¿qué estamos haciendo con nuestros niños? Y es por eso que este proyecto de ley nace precisamente para hacerle frente a una necesidad, a una tragedia silenciosa que ha crecido en nuestro país en estos últimos tiempos.
Porque el reclutamiento infantil no comienza cuando el menor tiene un arma, empieza mucho antes. Cuando abandonaron la educación y los dejaron abandonados sin horizonte. Cuando la violencia se ha vuelto cotidiana. Cuando las redes sociales y los entornos digitales se han hecho puertas abiertas para la captación criminal y digital. Y esto no es un fenómeno aislado. El reclutamiento, el uso y la utilización de niños, niñas y adolescentes por partes de las bandas delictivas nunca es voluntario. Siempre es forzado. Y este proyecto de ley que actúa sobre 11 cuerpos normativos, al mismo tiempo, sí, porque el problema a veces no solo se soluciona con una ley o con una sola institución.
Lo que se propone y lo que hacemos, el significado, es proponer un Estado que le haga frente a esta necesidad, a este problema con toda su arquitectura institucional. Y las sanciones de pena, sí, se van a elevar, por supuesto, para aquellas personas, aquellos reclutadores que usen a los niños de forma delictiva con una pena de 19 a 22 años de prisión. Y si ese reclutamiento está ligado al cometimiento de crímenes, la pena será de 22 a 26 años de prisión. Pero luego viene algo mucho más importante, porque esta ley no solo castiga, esta ley también previene.
Exige a los docentes que ahora sí estén completamente preparados para que prevengan e identifiquen señales de riesgo. Que las escuelas activen todos sus protocolos ante la captación criminal y digital. Y que los padres, por supuesto, que sean acompañados y no criminalizados. Que la cultura, el deporte y el arte sean herramientas de reintegración para aquellas víctimas. Que las niñas, los niños y adolescentes tengan acceso a una beca universitaria, acceso también a una salud mental, a una segunda oportunidad. Y está en la absoluta responsabilidad de nosotros también, y en la oportunidad de cambiar ese destino el día de hoy.
Los niños del Ecuador no nacieron para ser escudos del crimen organizado. Los niños del Ecuador nacieron, ¿saben para qué? Para jugar, para estudiar, para construir este país que tanto necesita de su energía y su potencial. Para eso nacieron los niños de este país. No para ser reclutados por estos delincuentes. Y que este proyecto de ley sea el primer acto de una promesa que nosotros le haremos a nuestra infancia. Que ningún niño ecuatoriano se vuelva a sentir solo frente al crimen organizado. Que se den cuenta que ahora sí tienen un Estado que los va a proteger con leyes, con instituciones y con los brazos abiertos.
No con las manos vacías como lo hacían gobiernos anteriores, sino con acciones reales de cada asambleísta y de este gobierno del presidente Daniel Novoa. Y finalmente, los dejo para reflexionar a todos ustedes una de las frases de uno de los mejores líderes mundiales. No puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en que trata a sus niños. Ahí se los dejo para que reflexionen. Le devuelvo la palabra, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Gracias.
Tiene la palabra el asambleísta de Esperanza Rogelio.
Esta fue la intervención del legislador Isaac Solano dentro de este primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria para la prevención y erradicación del reclutamiento o utilización de niños, niñas, adolescentes. Una siguiente intervención a cargo de la legisladora Esperanza Rogel.
Esta Asamblea Nacional debate uno de los temas más dolorosos y urgentes que enfrenta el Ecuador. Porque cuando un niño es reclutado por las estructuras criminales, fracasa la familia, fracasa la sociedad y fracasa el Estado. Y debemos decirlo con claridad, el crimen organizado ya no solamente se disputa en los territorios. Hoy por hoy el crimen organizado está disputando el futuro de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Durante muchos años hemos pensado que el reclutamiento de menores era una tragedia lejana, propia de otros países. Pero hoy esta dura realidad golpea nuestras calles, golpea nuestros barrios, golpea nuestras escuelas.
Nuestros niños, niñas y adolescentes están siendo utilizados por redes criminales para transportar droga, para vigilar rutas, para almacenar armas, para extorsionar y peor aún, para integrarse progresivamente a estas bandas delictivas. Y lo más grave es que muchas de las veces estas organizaciones criminales buscan de manera preferente a quienes se encuentran en mayor estado de vulnerabilidad. Buscan a niños, a niñas y adolescentes que viven en pobreza, en abandono, violencia intrafamiliar y con falta de oportunidades. Como amazónica, esta triste realidad me duele, y me duele profundamente porque conozco de cerca la realidad de muchos jóvenes que viven enfrentando enormes desigualdades, limitado acceso a la educación, al empleo, a la atención integral.
Queridos colegas asambleístas, cuando el Estado llega tarde, quien llega primero lamentablemente es el crimen. Y este es el verdadero peligro que debemos enfrentar juntos, dejando de lado cualquier diferencia o ideología política. Por eso este proyecto de ley no puede verse únicamente como una reforma penal. Este proyecto de ley es una respuesta ética, social y humana, frente a una gran amenaza que está destruyendo la vida desde temprana edad. Porque ningún niño nace para servir al crimen, ningún adolescente sueña con convertirse en pertenecer a una banda delictiva.
Detrás de cada menor reclutado siempre hay una historia dolorosa de abandono, de exclusión y de desesperanza. Y aquí es donde debemos actuar con firmeza, con total frontalidad, porque necesitamos fortalecer sanciones y mecanismos de protección. Pero también necesitamos la prevención que sea real. Necesitamos escuelas seguras, más deporte, cultura y mejores oportunidades. Compañeras y compañeros legisladores, no podemos normalizar que los adolescentes terminen convertidos en instrumentos de violencia. No podemos aceptar que las estructuras criminales sigan utilizando la pobreza como mecanismo de reclutamiento. Y no podemos permitir que el miedo termine arrebatándole la infancia a toda una generación.
Esta ley representa un paso muy importante porque reconoce algo fundamental. Que nuestras niñas, niñas y adolescentes no son únicamente cifras estadísticas. Son víctimas y víctimas de redes criminales que destruyen proyectos de vida desde que ni siquiera aún comienzan. Hoy en esta Asamblea Nacional tenemos una gran responsabilidad moral y política. Porque no solamente hemos venido aquí a legislar. Hemos venido a enviarle un mensaje firme al Ecuador. Que esta Asamblea Nacional no abandona a la niñez frente al crimen organizado. Porque defender a nuestros niños es también defender el futuro de nuestra nación.
Como mujer, como madre y como legisladora, creo profundamente que ningún niño merece vivir en esas condiciones. Que ningún territorio del Ecuador debe convertirse en tierra fértil para el reclutamiento infantil. Por eso mi respaldo a esta ley es firme y felicito a la comisión donde se aprobó esta importante iniciativa. Porque proteger a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes no es una opción política, compañeros. Es una obligación moral de nosotros los asambleístas y del Estado ecuatoriano. Muchas gracias por el uso de la palabra.
Tiene la palabra el asambleísta Yahaira Urresta.
Escuchamos a la asambleísta Esperanza Rogel, quien dijo que el crimen organizado ya no solamente se disputa territorios, también se disputa el futuro de los niños, niñas y adolescentes en el país. En el uso de la palabra, la legisladora Yajaira Orresta.
iniciar con un proceso técnico de análisis sobre esta valiosa ley y luego algunos ejemplos para garantizar que los GATS tienen que ser parte de esta ley. Primero, esta ley garantiza la reforma de 11 leyes, primero el Código Integral Penal, segundo el Código de la Niñez, la Educación, Salud, Seguridad y sobre todo el Buen Vivir. Estamos aquí combinando acciones que para todos es un acto legislativo, pero de manera absolutamente responsable, que es la prevención, la sanción, la protección y la reinserción de nuestros niños, niñas y adolescentes a una sociedad que los tiene que acobijar bajo sus derechos y más no los tiene que aislar para que los GDO se aprovechen de ello y los hagan parte de sí.
El endurecimiento real de las penas de los reclutadores y explotadores es básico, señores asambleístas. Esto no va en contra de los derechos humanos. Los reclutadores y los explotadores de nuestros niños tienen que endurecerse las leyes y sus penas. ¿Por qué? Están acabando con el proyecto de vida de niños, niñas y adolescentes. Así que no estamos hablando de un tema menor ni de poca profundidad. Segundo, la definición clara que este proyecto de ley anuncia en cuanto de lo que es reclutamiento, el uso, la utilización y la explotación de nuestros niños.
Más adelante voy a decir por qué todos estos conceptos sí van de la mano con el gobierno central, pero también con los GATS. La distinción en cuanto a los contextos de lo que es la explotación en términos urbanos, rurales y digitales. Es aquí donde quiero agradecer a la Comisión de Seguridad que tuvimos la valentía de sacar la ley de ciberseguridad que ahora también se compagina con esta ley para que nuestros niños y niñas sean protegidos también en sus virtualidades, en su educación virtual, en las plataformas en donde ellos se quieren divertir y lamentablemente detrás de esos juegos existe un violador, un perpetuador de su vida.
Generando mapas de vulneración, y aquí quiero dar también como un punto de información a los señores asambleístas que lamentablemente no han leído a profundidad, el mapa de vulneración explica la ley que colocará como un mapa rojo en las provincias y ciudades en específico donde lamentablemente los reclutadores se ubican. Recordemos que no solamente la provincia de Esmeraldas es un foco rojo, la provincia de Sucumbíos tiene una escuela de sicariato que está siendo observada de manera internacional y que obviamente sus GAT, sus autoridades locales hasta el momento no hacen absolutamente nada de ello.
¿Qué es lo que está sucediendo? La coordinación interinstitucional, pero aquí también hay que agradecer a una ley que ya hemos sacado como parlamento ecuatoriano lo que es la cooperación internacional de estados. ¿Y por qué? Nuestros niños son captados y llevados como trata de blancas, órganos, a otros países como el país hermano de Colombia y desaparecen nuestros niños. ¿Qué es lo que está sucediendo? Justamente allí también tenemos que tener una relación y una cooperación internacional y que ya se señale en esta ley. En cuanto a la prevención digital, ya hemos anunciado que los GAT tienen que ser prioridad.
Y aquí voy a explicar de manera técnica por qué los gobiernos autónomos descentralizados tienen que ser parte constante de esta ley junto al gobierno central. Primero, para organizar los protocolos de rescate. Segundo, la coordinación de atención psicológica para la familia, para los niños, niñas y adolescentes que son rescatados de lugares en donde lamentablemente son explotados de manera sexual. La recuperación de los lugares seguros como parques, escuelas y aledaños. Y obviamente dando los permisos de operaciones y utilización de suelos locales. Aquí voy a poner lo que lamentablemente está pasando mi provincia, la provincia de Pichincha y la ciudad de Quito.
Tenemos permisos de operaciones y utilización de suelos locales para nuevos nightclubs, moteles, cantinas, en donde lamentablemente se venden no solamente drogas, sino también alcohol. Ha sido de manera pública las denuncias que sacan a niños jóvenes de aparentes tiendas en donde hacen caídas. Y los permisos de la utilización de esa tienda, entre comillas, le dio el municipio de Quito. Así que tenemos que hacer un trabajo interinstitucional para que se pueda evidenciar, fiscalizar y negar estos permisos de suelo y obviamente también de funcionamiento. Los permisos que se han otorgado no solamente están, señores asambleístas, y aquí me voy a detener en dos ejemplos.
La Universidad Central, a la cual yo pertenezco y mi amor siempre, a sus alrededores hay más de 100 cantinas, hay más de 150 tiendas, entre comillas, en donde se vende licor artesanal y drogas. Hasta el momento el municipio de Quito no ha hecho absolutamente nada. Segundo, los colegios municipales y sus alrededores ha quedado totalmente expuesto, y no es mentira para nadie, como dentro y fuera de las instituciones municipales, principalmente aquí en la ciudad de Quito, han sido lugares donde las riñas de los GDOs con los jóvenes han cobrado vidas.
Lamentablemente, no hay acción por parte de la Secretaría de Educación Municipal. El seguimiento de la Junta Cantonal de Derechos almacena más de 100 denuncias y por lo tanto tenemos que hacer que esta ley contemple la cooperación desde el Ejecutivo con los gobiernos autónomos descentralizados. Así que obviamente esto tiene que continuar, profundizar, y aquí no hay un sesgo ni tampoco tiene que haber murmullos, tiene que haber una acción legal participativa para que de donde venga la violencia para nuestros niños tiene que llamarse con nombre y apellido y tiene que tener la dureza de la pena.
Nuestros niños se protegen, nuestros niños tienen que cultivar sus proyectos de vida y además tienen que tener la protección de absolutamente todos, con una reconciliación social, una solidaridad humana, pero mucho más, una responsabilidad profesional por parte de este Pleno de la Asamblea. Concluiré, señor presidente, diciendo que realmente la acción profesional legislativa está en nuestras observaciones, en hacer mucho más duro la pena para un reclutador, para un GDO y que nuestros niños no se topen. Venga de donde venga. Tiene que continuarse la justicia, tiene que continuar un proyecto de vida en esos niños y tenemos absolutamente todos esa responsabilidad sin mermar ningún cansancio, sin mermar la capacidad incluso intelectual de las academias, de las universidades y de la acción participativa de la ciudadanía.
Muchas gracias, señor presidente.
Escuchamos la intervención del asambleísta Yajair Urresta, representante de la provincia de Pichincha, quien dijo que esta ley garantiza la reforma de 11 leyes. También sostuvo que los reclutadores de nuestros niños deben tener penas más fuertes. La legisladora indicó que el reclutamiento debe ser entendido en zonas urbanas, rurales y digitales. La ley genera mapas de vulneración, también explicó el asambleísta Urresta. Los niños son captados y llevados a otros países como Colombia, por eso se debe tener una cooperación internacional, subrayó. Una nueva intervención durante esta sesión plenaria.
asamblea de este año y le decía a usted señor presidente que ante unos hechos suscitados
En el uso de la palabra, el asambleísta Gerardo Machado.
Una relevancia tal que empezó a tener un grado de mucha tensión la discusión entre los asambleístas por cosas banales, cosas que no tenían nada que ver con la necesidad de que el pueblo ecuatoriano pueda tener en sus asambleístas proyectos de ley que signifique un mejoramiento de las condiciones de vida. Yo le dije, señor presidente, gracias por darme un solo palabra, esperamos que sea una constante, para que no solo los asambleístas del bloque de gobierno, sino también de la oposición podíamos tener esta posibilidad de conversar, de criticar, de proponer proyectos de ley que vayan en función y en beneficio del pueblo ecuatoriano.
Han pasado un poco más de cinco meses de aquello, sin embargo, gracias por darme el uso de la palabra, que a los tiempos lo tengo y puedo indicar que sigue el pueblo ecuatoriano esperando que nosotros propongamos proyectos de ley que vayan siempre en beneficio de todos los ecuatorianos, que se posibilite la fiscalización de lo que está pasando en el país y de que la Asamblea Nacional pueda tener una transparencia tal, que se dé un baño de verdad en las cosas y que vuelva a retomar el respaldo del pueblo ecuatoriano ante lo que estamos haciendo, porque el límite de aceptación, el porcentaje de aceptación de la Asamblea Nacional realmente es muy bajito y yo creo que a todos los asambleístas de ambas bancadas independientes y del sector de Pachacuti debe preocuparnos enormemente porque estar en discusiones banales y sin propuestas que puedan realmente significar que el pueblo ecuatoriano vuelva a tener la expectativa y la esperanza de que existe una Asamblea Nacional.
Asambleísta, con todo respeto, ya ha tenido dos minutos para expresarse libremente.
Repite el punto.
del debate.
Yo decía esto porque yo creo que este proyecto de ley que estamos de acuerdo en seguir impulsando, sin embargo de ello creo que tiene que tener una verdadera política de Estado. ¿Y qué significa eso? Significa, señor presidente, que toda la generación, la riqueza que el ecuatoriano va teniendo cada vez más, que el pueblo ecuatoriano a través de la producción nacional, a través del pago de los impuestos, de los recursos de los migrantes, debe convertirse en una propuesta lo suficientemente buena como para que en el presupuesto general del Estado, todos los recursos se priorizan en el tema de lo social, de la seguridad, de la educación, de la salud, del bienestar de los ecuatorianos, crear fuentes de trabajo.
Eso permitiría tener estabilidad en las familias ecuatorianas y que significaría también los recursos para que la gente pueda estudiar y tener acceso a salud y no estar mendigando la salud que tanta falta nos hace a pesar de tener los recursos para ello y que están constando en el presupuesto del Estado. Esto significa un padre de familia que no tiene que trabajar, es parte de la delincuencia común, es parte de lo que estamos viviendo los ecuatorianos. La falta de educación, de los recursos para la educación pública hace que muchos niños jóvenes no puedan entrar a las escuelas, colegios, universidades, y eso también es un problema serio porque son cooptados por los grupos delincuenciales que se suman a esta propuesta de querer tomarse esta vitalidad de los jóvenes para seguir en este asunto gravísimo que está siendo tratado el día de hoy en este proyecto de ley.
Avisualmente a eso queremos también indicarle que dentro de la Comisión de Seguridad, que nosotros somos parte, también pudimos poner una cuestión muy linda que es el tema de la ciberseguridad, de que en las escuelas, colegios y universidades debe incorporarse en el pensum de estudio esta materia de la ciberseguridad que es también parte importantísima de la cooptación que tiene la delincuencia organizada para entrar a los medios digitales y cooptar a los niños y jóvenes en esta situación gravísima que estamos viviendo. En esta virtud, yo creo que, repito, más allá de este proyecto de ley que me parece muy interesante y que hay que seguir sumando y proponiendo, debe también darse a través de una política de Estado la dignidad necesaria que tienen que tener todos los jóvenes y adolescentes.
Esto es dotarles de seguridad, de educación, salud. Yo creo también que aquí hay que ser también parte de algo muy importante, no quitar los recursos a los gobiernos seccionales, que muchos de ellos también tienen una política en la que se previene esa situación y adicionalmente se van sumando los recursos para que puedan los jóvenes tener estas posibilidades de tener salud, de educación y otras cosas. Yo creo que la delincuencia común, la delincuencia organizada, es justamente fruto de las inequidades que estamos viviendo en el país. Y repito, yo creo que este proyecto de ley, que vamos a hacer aportes, por supuesto, por escrito, va a significar que también se envía al presidente de la República para que él, una vez más, diga, bueno, la situación de los ecuatorianos no es tan buena, no particularmente de los jóvenes y los niños, y que hay que recurrir a la decisión de una política de Estado que permita mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos, particularmente de los niños, y que estos no sean cooptados por la delincuencia común y la delincuencia organizada.
Es mi palabra, señor presidente. ¡Gracias!
Escuchamos en el uso de la palabra el asambleísta Gerardo Machado, representante de la provincia de Azuay. En el uso de la palabra ahora el legislador Milton Aguas.
Muchas gracias, señor presidente. Galápagos presente aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional, debatiendo un tema muy importante que nos debe preocupar a todos los ecuatorianos, el reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes. Esto les voy a decir con algunas cifras. En el año 2021 teníamos homicidios intencionales en 80, el número. Para el 2025 subió exponencialmente a 585. En temas de aprehensión y detención de niñas, niños y adolescentes pasó de 1.977 casos a 2.812 casos. Y esto va al alza. ¿Cómo empezó? Según estudios de organismos internacionales como la UNICEF, empieza con un ciclo de toma de decisiones desde hace más de 15 años aquí en nuestro país.
Y me refiero primero a la tabla de consumo de drogas que con una decisión firme, gracias al presidente Daniel Novoa, ha sido abolida, que ha perjudicado a muchos niños, niñas y adolescentes y que ahora ya son adultos y que lamentablemente pertenecen muchos de ellos a los grupos de delincuencia organizada. Por otro lado, también se puso más énfasis en esto a raíz del terremoto que lamentablemente en provincias como Manaví y Esmeraldas, también captaron a niños para el tema de la delincuencia en temas de narcotráfico, trata de personas, personas, incluso sicariato.
Hay muchos niños que ahora son sicarios. Luego afectó aún más la pandemia de COVID-19, dejando sin oportunidades a los niños, niñas y adolescentes. Todo eso es un cúmulo de acciones y situaciones que han hecho que nuestros niños, niños y adolescentes se pierdan en las drogas y estén captados por los grupos de delincuencia organizada. Y es muy lamentable. Y aquí, en el país, debemos legislar para que esto se detenga. Y yo sí quiero felicitar al gobierno nacional del presidente Daniel Novoa, a la vicepresidencia de la República, que en muchas mesas técnicas del tratamiento de este proyecto de ley presidió la vicepresidenta María José Pinto, junto con el ministro del Interior, John Rainberg, y ministerios de inclusión económica social, de educación, todo el aparato estatal para atender esta problemática.
¿Por qué debemos diferenciar el reclutamiento, uso y utilización de los niños, niñas y adolescentes? Porque no es un tema solo conceptual, es un tema de dedicación, de que el aparato estatal deba atenderlos de manera priorizada en temas de prevención, en temas de actuación. El tema de salud mental es puesto en este proyecto de ley y es muy importante para nuestros niños. Me voy a referir al concepto de utilización que comprende toda forma de vinculación indirecta, instrumental o transitoria de niñas, niñas y adolescentes en actividad relacionadas con estructuras delictivas o armadas.
Pero no debe ser indiferente de las personas de clase media o clase media alta en el país, porque he escuchado mucha actuación en el tema de la clase baja o de las zonas periféricas o rurales del país, que sí, efectivamente, falta la atención estatal desde muchos años de atrás de gobiernos anteriores que, lamentablemente, son captados los niños. Pero ahora vamos más allá y me refiero también y aprovecho también la felicitación a la Comisión tanto de Transparencia, presidida por nuestra colega asambleísta Diana Jacome, felicitaciones a ustedes y a su comisión, también a la Comisión de Seguridad, presidida por Inés Alarcón y estaba nuestra colega Yajaira Urresta diciendo el tema de la captación digital, las redes sociales, los videojuegos captan a menores de edad para temas ilícitos.
Ahora es una moda tener dinero o estar en bandas delictivas también. Entonces, que no nos cegamos en el país de que cualquier niña, niño y adolescente pueda ser captada en este tema. Ahora, por moda también en establecimientos educativos de reconocidos y de dinero también es captan para el microtráfico y hacen que consuman drogas las niñas, niños y adolescentes. Entonces, no podemos mirar que este es un problema sólo del sector rural, sólo de las zonas periféricas, este es un problema del Estado. No podemos dejar por fuera a los gas municipales.
Cuando un chico está en adicciones, van donde los alcaldes o donde las juntas parroquiales, cuando es rural, las familias desesperadas por centros de atención integral, por centros de atención a adicciones. Y lamentablemente esto no es diferente en mi provincia, la provincia de Galápagos. Necesitamos un centro de atención de adicciones en cada uno de los cantones porque lamentablemente la droga no ve límites, no ve diferencias sociales, sólo ataca a las víctimas que lamentablemente la mayoría son nuestras niñas, niñas y adolescentes. Entonces, unámonos, queridos colegas asambleístas, porque este proyecto de ley es un proyecto de ley que es de beneficio social para todo el país.
Son cambios a 11 cuerpos legales. Y no es solamente en el tema de sanción, que sí debemos sancionar más drásticamente a quienes recluten a los niños, niñas y adolescentes. Y si es que ese niño o niña cometió un acto ilícito, el reclutador también se ha sancionado con el doble de la plena que es sancionado el niño y así establecer sanciones ejemplares porque ahora los tienen a los niños como escudos o como alertantes de las bandas delincuenciales. Entonces, por favor, colegas asambleístas, unámonos en este proyecto de ley que hace bien al país, no nos opongamos a algo que es necesario para todos los ecuatorianos.
Hasta aquí mi palabra, Presidenta. Muchas gracias. La voz del pueblo de Galápagos ha hablado.
Escuchamos la intervención del asambleísta Milton Aguas, representante de la provincia de Galápagos. Habló sobre cómo perjudicó a niñas, niños y adolescentes el manejo de la tabla de consumo de drogas abolida por el presidente Daniel Novoa. Dijo que el tema no puede ser indiferente a la clase media y clase alta del Ecuador, en donde la niñez también es captada por redes criminales. En el uso de la palabra, la legisladora Camila León.
Cuando un delincuente decide poner un arma en las manos de un niño, no estamos hablando de un delincuente común, estamos hablando de un terrorista y el terrorismo se combate con todo el peso de la ley. Existen debates legislativos que giran alrededor de procedimientos, de reformas puntuales o de ajustes normativos, y asimismo existen debates como el del día de hoy, que nos hacen preguntarnos cuál es el país que queremos nosotros dejarles a las futuras generaciones. Detrás del proyecto de ley que hoy debatimos, no hay solamente disposiciones jurídicas o cambios institucionales, existen familias que quieren vivir en tranquilidad, niños, que merecen crecer protegidos y adolescentes que todavía están construyendo el rumbo de sus vidas.
Porque cuando una organización criminal incorpora a un menor de edad dentro de sus estructuras delictivas, ya no estamos enfrentando pues sólo un problema de seguridad pública, sino que nos estamos encontrando frente a infancias que han sido interrumpidas por la violencia, por el crimen organizado y vidas que han sido destruidas por el miedo. Frente a esta cruda realidad, la indiferencia no puede ser una opción. Nuestra Constitución reconoce a niños, niñas y adolescentes como grupos de atención prioritaria y nos exige garantizarles de forma preferente su desarrollo integral con el ejercicio de sus derechos plenos.
Proteger también significa llegar antes de que sea ocasionado el daño, fortalecer entornos seguros, acompañar a las familias y abrir caminos distintos para quienes todavía están a tiempo de construir un mejor futuro. Un legislador que me antecedió en la palabra dijo que no se deben aumentar las sanciones porque los menores de edad son víctimas y no victimarios. Pero me gustaría saber si es que tienen la cara para verles a los ojos a las familias que lamentablemente sufrieron una pérdida y no obtuvieron justicia al ser el sicario un menor de edad.
El hecho de que garanticemos las oportunidades para los jóvenes no significa que dejen de ser responsables o que no vayan a pagar las consecuencias de sus actos, de esas vidas que se llevaron y del terror que sembraron también en la ciudadanía. Debemos reconocer, y debo decir con mucha preocupación, el crimen organizado ya no solo se disputa territorios ni economías ilícitas, sino que ahora están llegando a tocar las puertas de los espacios en donde están construyendo el futuro de nuestros niños. Llegan a reclutar en sus barrios, a contaminarlos, a reclutar en sus escuelas, en sus colegios, aprovechándose de sus condiciones de vulnerabilidad cada vez con más frecuencia.
Este macabro reclutamiento ya no solo se da en una esquina o en un barrio peligroso, sino que puede empezar desde una conversación que es aparentemente inofensiva, una red social o incluso una plataforma que está diseñada para normalizar las dinámicas de violencia dentro de nuestra sociedad. Ante estos mecanismos de manipulación, la respuesta debe ser enérgica para prevenir los riesgos. Porque rescatar a un menor de edad de las garras del crimen organizado significa devolverle la confianza, significa permitirle recuperar sus sueños y demostrarle que siempre va a existir un mejor camino desde la educación, los valores y los principios que desde la violencia.
También significa comprender que las familias ecuatorianas no deben sentirse solas jamás en estas complejas amenazas y ante esta lucha que estamos llevando junto a ustedes. Por eso, quiero que este mensaje también llegue a esa madre de familia, que a ese padre de familia que cada día acompaña con amor, con trabajo y con muchísimo sacrificio a sus hijos para darles lo mejor de sí cada día, pero que a la vez tienen un temor latente a la hora en que sus hijos salen de casa. A ustedes quiero decirles que su preocupación también es la nuestra y como legisladores nuestro compromiso es jamás dejarlos solos.
Uno de los aportes más importantes que tiene este proyecto de ley es que damos mayor claridad jurídica a una realidad que durante muchísimo tiempo ha sido tratada de forma dispersa. fortalecemos mecanismos de protección integral, se impulsan las herramientas de prevención y de detección temprana, mejorando la articulación también interinstitucional para conseguir las respuestas oportunas ante estas amenazas. Colegas legisladores, no podemos normalizar que nuestros niños sean utilizados dentro de las economías criminales, peor aún, aceptar que abandonen sus estudios porque lamentablemente un terrorista les hizo pensar que la violencia les va a ofrecer un mejor futuro que la educación, que el esfuerzo y que el trabajo honrado.
Proteger a nuestros niños es una decisión firme de no permitir que ninguna banda criminal tenga más influencia que el amor de una familia, que la educación y las oportunidades para sus vidas. Desde esta bancada lucharemos siempre con valentía en contra de esos criminales. Eso es lo que realmente estamos debatiendo el día de hoy. Por estas razones considero que este proyecto de ley debe continuar su trámite legislativo correspondiente, recibir todos los aportes que se han realizado desde este, el Pleno de la Asamblea Nacional, y por supuesto hacer todo para que este proyecto llegue en su mejor forma al segundo debate previo a su aprobación.
Nuestros niños deben estar estudiando, deben estar jugando y creciendo mientras viven una infancia feliz, una infancia segura. Merecen descubrir quiénes son mientras construyen sus sueños con libertad. El asegurarnos que tengan esas condiciones adecuadas de vida representa una gran victoria para todos nosotros como sociedad ante la perversidad del crimen organizado. Por eso hoy quiero decirlo con absoluta claridad y con firmeza. Con nuestros niños no se metan. Nuestros niños no son carne de cañón para las estructuras delincuenciales. Ellos son el presente y son la promesa de un futuro mejor para nuestro hermoso Ecuador.
Muchísimas gracias señora Presidente, devuelvo la palabra.
Tiene la palabra el asambleísta Ricardo Patiño.
Escuchamos a la asambleísta Camila León, representante de la provincia de Azuay, quien dijo que cuando un delincuente decide poner un arma en las manos de un niño, no se puede hablar de un delincuente común, sino de un terrorista. En el uso de la palabra, el legislador Ricardo Patiño.
cómo se ha producido este debate, porque los señores de la bancada de ADN se han dedicado todo este debate a reconocer que ha habido un fracaso completo. Y han dado las cifras, yo me he asombrado, no sabía si estaban a favor del gobierno o en contra, pero lo han dicho todos, que las cifras de reclutamiento, de homicidios, de muertes de niños, niñas y adolescentes son alarmantes en los últimos dos años y medio, lo han dicho ustedes. Lo que significa simplemente que se trata de un reconocimiento al fracaso rotundo de las acciones del gobierno respecto a este tema.
De tal manera que yo iba a dar una cifra, pero ¿para qué? Si la dieron ustedes. La última asambleísta intervino diciendo que el terrorismo se combate con todo el peso de la ley. Pues parece que si hablamos de boxeo, aunque no soy fanático del boxeo, estamos hablando del peso minimosca, porque lo que ha hecho el gobierno del presidente Novoa ha sido nada respecto a este tema. No hay ningún resultado. En concreto, podemos hablar de temas de energía, podemos hablar de temas de salud, no, de esto.
Ningún resultado porque cada vez es más grave la situación. Insisto, no daré solamente, tal vez una cifra, de enero a junio del 2025, 504 asesinatos de niños de entre 10 y jóvenes de entre 10 y 19 años. 68% más que el 2024. Estamos hablando del periodo de gobierno del presidente Novoa. ¿Por qué crece el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes? En lo que sí estamos, creo, de acuerdo. Primero en las cifras que ustedes han dado. Y sí estamos de acuerdo en su preocupación. Yo creo, sinceramente, me permito creer que ustedes tienen una sana preocupación por lo que sucede, no puedo negar eso.
Creo que están embarcados en algo de lo que no se pueden salir, que es la realidad que están viviendo y por eso reconocen lo que ha sucedido. Pero la pregunta es, ¿por qué? De repente las familias se volvieron indolentes, las familias de los chicos, de los niños, de los jóvenes, se volvieron indolentes, despreocupados. No. El problema principal es el abandono del Estado. El Estado ha abandonado a la sociedad a su suerte y quiero decirlo, lamentablemente, a su mala suerte. Porque lo que sucede en nuestros barrios, yo soy una persona que visito y toda la vida he trabajado cerca de los barrios populares, con la gente en los barrios populares.
Lo que allí se vive.
de morirse de miedo. Todos los barrios populares de la ciudad de Guayaquil, si no son todos, casi todos, de los que yo conozco, están absolutamente tomados por las bandas. Y eso no es responsabilidad de ninguna ley, señores. Y personas que nos ven y nos escuchan. Eso no es un problema de una ley. No se olviden cuántas leyes ustedes han querido que se aprueben y se han aprobado para que el Estado tenga más posibilidades de intervenir en los temas de seguridad. Pero no han logrado ningún resultado.
Y ahora traen otra ley. Bueno, la vamos a discutir. Pero otra ley y ningún resultado en la acción concreta, en el trabajo que debe hacer el Estado ecuatoriano, el gobierno nacional particularmente. Esta es la verdad. No hay ningún resultado. Y entonces dicen, ah, es que ahora hay que hacer una ley específica sobre esto. Que aumenten las penas para las personas que cometen estos delitos. Por supuesto. No hay problema con eso. Estamos a favor de que esta gente que hace reclutamiento, los reclutadores, sean sancionados con el...
Más años si quieren. Pero cada vez son años y años y años. No se olviden que se aprobó una ley, digamos, se aprobó la consulta en el 2024 para que aumenten las penas en todos los delitos que ustedes querían. En todos se aumentaron las penas. ¿Cuáles son los resultados? Ninguno. Y el proyecto de ley que tiene buenas intenciones, recojo aquí lo que decía mi colega Javier Lazo y otros colegas más. Tiene buenas intenciones. Sí. Habla de... Define ampliamente el reclutamiento. Parece bien. Habla de que hay que prevenir, hay que hacer prevención.
Que hay que hacer protección integral. Sí. Por supuesto que estamos de acuerdo con esas buenas intenciones. El problema es que cuando se dice que hay que hacer, el propio informe que hemos leído, reconoce que el Estado no tiene rutas operativas, que no tiene sistemas de alerta temprana, que no tiene articulación institucional efectiva, que no tiene capacidad territorial suficiente. El informe lo dice, que no tiene nada de esto. O sea, no tiene capacidad para operar. Y sin embargo, plantea, multiplica las obligaciones, pero no crea capacidades. Multiplica las obligaciones y no crea capacidades.
Se dice entonces que el sistema educativo que detecte. Pero para que el sistema educativo detecte, tiene que tener capacidades. Tiene que ampliar sus capacidades en los directivos, en los maestros, en el sistema, en su conjunto, en la organización con los padres de familia y en coordinación con la policía, con los organismos de inteligencia de la policía. Pero no lo hace. Y lo peor de todo es que ni siquiera tenemos que centrarnos en el sistema educativo activo que existe, que funciona, sino en los más de 400 mil niños y adolescentes que están fuera del sistema educativo.
Que es justamente la carne de cañón de donde los grupos delincuenciales se toman a los niños y jóvenes que no están educándose. Se dice que el sistema de salud, en el proyecto de ley, atienda. Pero ¿cuál sistema de salud? Si no pueden con su vida. Si no dan los recursos. Si cuando dan los recursos no los atienden, no los cumplen. Si tenemos siete ministros, queridos y queridas compañeros, siete ministros de salud y ninguno ha funcionado. El último acaba de...
de...
posesionarse hace unas pocas semanas. Pusieron hasta la vicepresidenta de la República, el mayor peso posible, más que todos los ministros. Y ningún resultado. Y le dicen al sistema de salud, atienda. ¿Qué va a atender si no tiene medicina, si no tiene médico, si no tiene citas? Si se le cae a pedazos. Si eso sucede en la urbe, mucho más en los sectores rurales. Se le dice que los municipios prevengan, pero ya sabemos, le quitaron la posibilidad de tener gastos corrientes y estos son gastos corrientes. Se dice que las instituciones coordinen, si el Estado no coordina nada.
Este es el problema. Es un tiro al aire lo que se plantea. En el caso de las unidades de policía comunitaria, yo quiero insistir mucho en esto. Mucho. Las unidades de policía comunitaria que fueron construidas desde antes del gobierno de Correa y en el gobierno de Rafael Correa muchas más. Están abandonadas la mayor parte de ellas. No tengo el dato exacto porque no lo han entregado todavía. Pero al menos el 50% de las unidades de policía comunitaria no funcionan. Es el espacio más importante de acercamiento entre la policía y la comunidad para justamente cuidar el territorio.
Pero han dejado abandonados. Crecen las hierbas. Están llenos de llantas inservibles. Los usan como dormitorios. Y la gente nos reclama y nos dice, cuando había aquí una unidad de policía comunitaria, debemos recurrir a alguien para que nos atienda. Y ahora no tenemos abandono del Estado. Es lo que nosotros vemos. De tal manera que en buena hora que tengamos la buena intención de trabajar en esto. No podemos negar las buenas intenciones. Pero es una de que ese gobierno del presidente Daniel Novoa cumpla con su papel. Y no que terminemos legislando sobre el último eslabón de la cadena y no sobre la estructura que recluta.
En muchos territorios, y termino con estas ideas, el que organiza la vida cotidiana en los barrios, el que impone las reglas, el que ofrece oportunidades entre comillas, no es el Estado, lamentablemente, sino que es el crimen organizado. No vamos a, lamentablemente, acompañar una ley que sobrecarga al Estado sin fortalecerlo, que priorice el castigo sobre la prevención real, y sobre todo que no enfrenta las causas estructurales del reclutamiento. Y cierro con una advertencia política. Si el Estado no disputa el control territorial con derechos, el crimen organizado lo seguirá haciendo con violencia.
Pongamos, entonces, en el proyecto ley, ofrezco enviar las observaciones, elementos que tengan que ver con la operatividad concreta de cómo se puede, efectivamente, combatir el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, y ojalá sea aceptado para que esta ley pueda servir de algo. Gracias.
Tiene la palabra el asambleísta Alex Morán.
Escuchamos la intervención del legislador Ricardo Patiño, representante de la provincia de Guayas, quien dijo que todos los barrios de Guayaquil están tomados por las bandas criminales. En el uso de la palabra, el legislador Alex Morán.
Alguien que estuvo involucrado en la narcovalija nos venga de la clase de seguridad en este pleno. Y que se atreva a cuestionar al único gobierno que ha extraditado narcotraficantes a los Estados Unidos. El único gobierno que no pactó con la mafia, como si lo hicieron en la década perdida. Cargando en este punto, la Presidenta, es importante este trabajo. Y felicito a la Presidenta de la Comisión, compañera Diana Jacome, por su gran labor para traer este proyecto de ley, que es importante, porque hay que prevenir que nuestros jóvenes, niños y adolescentes sean captados por los grupos de delincuencia organizada, como si pasó en la década perdida, porque para eso utilizaron a nuestros jóvenes y a nuestros niños.
Para eso también utilizaron a los infocentos de ley, de ley entonces, mides. Y como siempre digo, yo hablo con evidencias. Señora Presidenta, solicito por favor la proyección de unas imágenes donde demuestra para qué utilizaron los estamentos estatales, como el MIES, sus instalaciones, para reclutar a los jóvenes para el grupo de delincuencia organizada. Por favor, señora Presidenta.
Autorizado.
Eso es un infocentro de la Carchinio de Octubre, en mi ciudad, Guayaquil. Para eso lo utilizaron. Vean las imágenes. Ahí está claramente para qué utilizaron ese infocentro. En la década perdida, eso es lo que ustedes hicieron por más de 10 años. No sé si a lo mejor ahí estará Ronnie Eliaga, el amigo suyo. Su amigo era Ronnie Eliaga, ahora no lo van a negar. Eso era, miren, Carchinio de Octubre. Eso fue por más de 10 años ese infocentro. Espero que puedan refutar, si es que se atreven.
Y miren lo que hace un gobierno del Nuevo Ecuador. Eso se utiliza un infocentro. Para eso se utilizan los espacios públicos. Para prevenir, para fortalecer la educación de nuestros jóvenes. Para darles talleres, para darles capacitaciones. Para que no caigan en los grupos de delincuencia organizados como si cayeron a la década perdida. Eso es el Nuevo Ecuador. Ese es el gobierno que este pueblo ecuatoriano ha respaldado dos veces en las urnas. Y no vamos a permitir que unos cuantos, no sé qué expresión decir, a unos cuantos indolentes quieran marchar el trabajo.
Eso se utiliza. Para eso es un infocentro. Ahí, en ese patio, había señales de delincuentes, de grupos de delincuentes organizados. Miren lo que es ahora. Centro de capacitación. Centro de capacitación juvenil integral 9 de octubre. Así se llama ahora. Pregunte cómo se llamaba en la década perdida. Casa urbana. Esa era su fachada. No era una casa urbana. Era una casa de reclutamiento. Creo que es importante este proyecto de ley. Porque de una vez por todas se define qué es lo que debe entenderse como reclutamiento. O utilización de niños, niñas y adolescentes.
Para de esta manera poder darle las penas severas y contundentes a todos quienes quieran utilizar a nuestros jóvenes, niños y niñas y adolescentes para el crimen organizado. Este trabajo, con esta ley, se va a complementar con el trabajo que ya ha hecho nuestro presidente Daniel Novoa, así, a través de las diferentes carteras del Estado, como vimos en la proyección del Ministerio de Desarrollo Humano. Porque así se puede quitar de las garras a la juventud. También con educación. Y en este pleno debatimos una ley importante de educación propuesta por mi compañero Juan José Reyes.
Y recuerdo claramente lo que la bancada de la Revolución Ciudadana dijo. A los pobres no hay que enseñarles educación financiera, porque son pobres. Así piensa una bancada de este legislativo. Qué vergüenza que estén en el legislativo. Porque a la juventud se la puede erradicar de los grupos de la encuesta de Don Isaac con educación, planificación y apuesta a la juventud. Algo que sí ha hecho el gobierno de Daniel Novoa, así, y la bancada de Acción Democrática Nacional. Mi palabra, señora Presidenta.
Tiene la intervención número 18, voz del asambleísta Alex Morán habló de prevenir y eso es lo que busca esta iniciativa, prevenir que se usen a los niños, niños y adolescentes en las bandas delictivas. Interviene el asambleísta Kevin Gallardo.
En la plena nacional existan temas donde se puedan llegar a consensos con respecto de situaciones y particulares que le corresponden y es responsabilidad de todo el Ecuador. Revisaba un informe de Periodistas Sin Fronteras donde daban ya referencia de casos concretos de reclutamiento que suceden en la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas. Y se hacía referencia a casos puntuales de niños de 15 años que son reclutados por ciertos grupos de delincuencia organizada. Con la finalidad de robar, de golpear mujeres, de extorsionar y de asesinar. Siempre el espejo sobre el cual tiene que verse el Ecuador es nuestra vecina República de Colombia.
40 años en un conflicto armado donde cerca de 18 mil niños han sido reclutados de manera forzada por guerrillas, por grupos paramilitares y por grupos disidentes. ¿Qué sucede en Colombia? Tuve la oportunidad de durante mis estudios de maestría verificar casos resueltos por la Jurisdicción Especial para la Paz, donde se pueden ver testimonios de niñas, niños y adolescentes que son reclutados. Y esto pasa sobre todo en los sectores rurales de Colombia. Y se está verificando también en las zonas rurales del Ecuador. Niñas y adolescentes que son captadas para ser esclavas sexuales de los comandantes de las guerrillas de las FARC, de los grupos disidentes.
Niñas y adolescentes que son víctimas de manera constante de delitos sexuales, de abortos forzados, inclusive de esterilizaciones forzadas también. Esa realidad, según cifras de UNICEF, en nuestro país cambia un poco. El 80% de niñas, niños y adolescentes reclutados son varones y el 20% son mujeres. Esta perspectiva permite verificar también la necesidad imperante de hablar de este proyecto de ley. Y es aquí donde hay que felicitar a la Vicepresidenta de la República, hay que felicitar a Valentina Centeno y hay que felicitar también a Diana Jacome como Presidenta de la Comisión, quienes han emitido un informe para primer debate conciso, un informe para primer debate, que genera también observaciones permanentes en lo que ya tiene que ser debatido y analizado, que es precisamente la protección de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.
Niñas y niños que deben estar jugando, que tienen que estar en las aulas, que en sus manos tienen que estar lápices, donde se construye a través de la escritura, la literatura, los juegos, el futuro de estos niños. Y que no pueden por ninguna manera llevar en sus manos o empuñar en sus manos armas para delinquir, teléfonos para extorsionar y bombas para destruir. En este sentido, este proyecto de ley tiene tres aspectos fundamentales, o tres formas en las que yo lo he dividido. El primero de ellos, un proyecto preventivo, sancionador y posteriormente de reinserción.
Hay que decirlo con claridad, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes para un conflicto, para grupos de delincuencia organizada, no solamente tiene que estar sancionado en la normativa interna, también es reconocido por el Estatuto de Roma como un crimen de guerra. Ahora, en su artículo 8 claramente se describe que es un crimen de guerra, es decir, la jurisdicción es universal para este tipo de delitos. Posteriormente es un atentado contra cualquier tipo de dignidad de los niños, niñas y adolescentes, contra el derecho al libre desarrollo y a la libre determinación.
Pero sobre todo también es preocupante, ¿por qué? Porque tiene una dualidad en su interpretación o en su concepción jurídica. La primera de ellas, que es generar un sistema de victimización y revictimización contra los niños, niñas y adolescentes, pero también los transforma en victimarios. Y eso no lo digo yo, no es percepción personal, eso es percepción del marco jurídico internacional. Varios temas, por ejemplo, que justifican el ingreso de los niños, niñas y adolescentes a grupos de delincuencia organizada, lo decían ya asambleístas de la parte izquierda del hemiciclo, no solamente hacen referencia a los conceptos sociales, sino también que por obvias razones tiene que haber un grupo consolidado de delincuencia organizada que genere reclutamiento.
Y esto sí es responsabilidad de gobiernos pasados, compañeros. Y lo digo con absoluta firmeza, pero también con absoluto respeto. Durante la década del gobierno del 2008 hasta el 2017, se lograron consolidar ciertos grupos de delincuencia organizada. Y varios miembros de esos grupos de delincuencia organizada estuvieron inclusive en este hemiciclo como asambleístas. Y eso no se puede olvidar. Se tiene que tomar con absoluta responsabilidad. Posterior a este proceso de consolidación de grupos de delincuencia organizada hasta el año 2019, en el 2020 el Ecuador enfrenta otra crisis de violencia que son las masacres carcelarias.
Mi proyecto de titulación de la maestría en Derecho Internacional a la Universidad Externado habla claramente determinando cómo la evolución del sistema de violencia del Ecuador del 2007 al 2019 está en el 2020 hasta el 2022. Esa es la razón principal por la que existe reclutamiento, porque existen grupos de delincuencia organizada. Porque si en otros gobiernos se hubiera atendido la crisis de seguridad con responsabilidad, no tendríamos familias desplazadas de manera forzada, ni niños reclutados de manera violenta. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara en la sentencia del caso Vargas versus Paraguay, en la opinión consultiva 2114, en el caso de la masacre de Ituango versus Colombia y demás sentencias donde claramente dice a los estados que se prohíbe cualquier tipo de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes.
Felicito que en el marco, por ejemplo, del proyecto de ley referente al primer bloque preventivo, se emitan alertas tempranas, se emita también el listado de personas o de niños en situación de vulnerabilidad y se otorgue también la responsabilidad a las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, pues precisamente que se hagan cargo de estas responsabilidades. Además, frente a la protección digital es fundamental también que estos espacios de criminalidad no solamente se ubican en el ámbito territorial, sino en un ámbito extraterritorial, en un ámbito digital y por eso es preciso lo que la Comisión ha determinado como un ámbito preventivo.
En el ámbito sancionador, por ejemplo, es fundamental la determinación ya no solamente del delito de reclutamiento, como este ámbito de captación permanente, de instauración ideológica, sino también el ámbito de la utilización como un delito autónomo, donde ya se hace referencia a la participación independientemente de la existencia de un conflicto armado de carácter no organizado. Y finalmente, lo que yo creo que es fundamental y que también consta en la ley de víctimas del Estado colombiano, los procesos de reinserción, de rescate, de recuperación de esos niños, que como bien lo dije anteriormente, son víctimas, pero también se transforman posteriormente en victimarios, y su reintegro a la sociedad a través de programas de becas, que bien lo dice la ley.
Finalmente, colegas legisladores, entiendo que en este informe para primer debate todas las observaciones que han sido recogidas en el Pleno de esta Asamblea Nacional pasarán a comisión. Yo invito que con la misma responsabilidad y madurez política que he podido observar en el Pleno de esta Asamblea Nacional en esta discusión, salvo el intercado que pudimos observar, se siga tramitando con absoluta firmeza este proyecto de ley. Nuevamente, repito, iniciativa de la Vicepresidenta de la República, iniciativa de Valentina Centeno y tramitación directa y responsable de nuestra compañera legisladora presidenta de la comisión.
Mi palabra, Presidente.
Escuchamos en el uso de la palabra al legislador Kevin Gallardo, representante de la provincia de Chimborazo. Dijo que nuestro espejo debe ser Colombia, donde durante 40 años más de 18 mil niñas, niños y adolescentes fueron reclutados por las guerrillas. En el uso de la palabra, la legisladora Diana Jacome.
Creo que es importante entender que lo que queremos es construir un proyecto que beneficie a todos, a quienes van dirigidos, que es a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y que lo hagamos con madurez, con respeto, con libertad y que quienes tengan esas observaciones que me parecen válidas, si algunas sí, con respeto, pues bienvenidas sean a la comisión y vamos a ir enriqueciendo el debate. Es importante solamente agregar un par puntualizaciones sobre el tema de COTAD. Ya tiene la competencia en cuanto a la protección integral, en la implementación del sistema de protección integral establecido en el artículo 54, que ya lo había mencionado mi colega asambleísta Ana Belén Tapia.
Aquí lo que se trata es que se incluya también el tema de reclutamiento. También decir que UNICEF ha aportado de manera directa con el COPRUNA en este estudio muy importante. Ha sido necesario escuchar a las diferentes organizaciones nacionales e internacionales que no solamente han trabajado con el comité de COPRUNA, sino también con la comisión, porque hemos llamado a diferentes representantes del Estado, organismos y funcionarios también que nos han permitido avanzar con este proyecto que hoy nos lleva a este debate. Pero decirles que vamos a seguir recogiendo observaciones, pero que no podemos olvidar, porque a veces nos falta memoria y para insultar, aquella bancada es número uno, como ahorita está ya en un encuentro ahí.
El indulto, el indulto de mulas del narcotráfico, decreto 1440, mayo del 2017, de aquel ciudadano que escribe desde la clandestinidad, ese indulto se lo daban a las mulas del narcotráfico. Vean qué generosos, qué amables, con razón hoy comienzan a despotrecar en contra de nosotros. Latin King, otra vez les refresco la memoria, también, y ahí salió bien guapo un funcionario con un Latin King en una foto que ya es una calcomanía para todo el Ecuador. Y decirles que este gobierno no pacta con aquellos que ya la historia y la justicia los está condenando y que hoy se visten de naranja.
Y si ustedes tienen al bonito sangre en la cara y hablan de corrupción, casi la mitad de ustedes tienen medios familiares en el Estado. Entonces, hablen con coherencia. Vamos a seguir.
Esa fue la explicación que hizo hace pocos instantes la asambleísta Diana Jacome dentro de este debate en el pleno de la Asamblea Nacional, sesión 95, último punto en el orden del día. Informe para el primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria para la prevención y erradicación del reclutamiento o utilización de niñas, niños y adolescentes. Se ha otorgado el uso de la palabra la asambleísta Fritz St. George, quien interviene en este momento.
Buenas tardes, compañeras y compañeros asambleístas. Lo que puedo decir es que en el presente puedo al menos mirarle a la cara a cualquier compañero que pueda manifestar de delincuencia, de narcodelincuente, le puedo mirar a la cara a cualquiera. Con la frente en alto, no le debo a nada, a nadie. Gracias a Dios he tenido la oportunidad a través del deporte, tener una vida hasta ahora que no ha tenido ningún tipo de inconveniente. Yo creo que siempre debemos generalizar, no debemos generalizar, debemos puntualizar. Creo yo que algunos, si les miro a la cara, no van a tener cómo mirarme a los ojos, sino que tendrán que agachar la cabeza.
Porque ahora me he dado cuenta y me he enterado de algunas situaciones, presuntamente que pasa con algunos compañeros, cuando a veces nos queremos limpiar la cara y no sabemos cómo la tenemos. La verdad, para mí siempre va a ser un honor cuando se trata, como padre de familia, que soy de cuatro hijos, un nieto, cuando se trata de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, siempre es importante tener la madurez de poder visualizar que cuando tratamos un tema de esto es tan sensible e importante que nosotros podamos entender que ellos son el presente y el futuro del país.
Y si nosotros hablamos, es verdad que estamos debatiendo este proyecto de ley, si hablamos del proyecto, si hablamos de la ley que se quiere implementar para los niños, niñas y adolescentes. Es importante que podamos entender nosotros que si nosotros a ellos no les damos la posibilidad o no les damos políticas públicas que les permitan recrearse o que les permitan a ellos tener el sustento para que en el diario vivir puedan tener herramientas para poder construir un Ecuador diferente va a ser muy difícil. Y hoy en día podemos ver unidades educativas que no están acorde a la necesidad de los niños, de las niñas y de los jóvenes.
Podemos ver hoy día unidades educativas, porque me ha tocado palparlo, unidades educativas en las cuales no tienen la capacidad para que muchos niños puedan ir a estudiar. Hoy en día podemos ver muchos jóvenes perderse en el vicio de las drogas y ser captados, es verdad, por los EDO. Pero si no le damos políticas públicas de recreación o políticas públicas deportivas en las cuales ellos puedan desenvolverse, ¿cómo podemos pretender que esos jóvenes preventivamente no puedan ser captados? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!
por los grupos de...
si nosotros mismos no le damos lo que ellos necesitan, las herramientas. Es fácil poder manifestar, es fácil poder hablar con palabras técnicas, es fácil poder presentar un proyecto de ley que algunos lo hemos hecho, pero es difícil poderle dar a los jóvenes lo que necesitan, es tan difícil. La educación, es tan difícil darle espacios dignos para que ellos se puedan recrear. El día de ayer, en Guayaquil, creo que fue el día de ayer, o el día lunes, que hubo sicariato en el río Centro Norte, y donde se le ha afectado un joven deportista.
La verdad, eso sí es preocupante. Eso sí es preocupante porque hablamos tanto de que le hemos dado dignidad en la seguridad al país, y no vemos un país seguro, vivimos en un país inseguro. Yo creo que sí, compañeros asambleístas, es bueno siempre apoyar iniciativas positivas que vayan en beneficio de cada uno de nosotros, de cada uno de nuestros hijos, de cada uno de los ecuatorianos. Quizás muchos jóvenes o padres pueden tener los recursos para darle a sus hijos, para poder estar en unidades educativas, en óptimas condiciones, pero la gran mayoría podemos ver en la pobreza que no tienen aún ni un piso de cemento para poder estudiar, ¿y qué hemos hecho?
Veía al presidente Bukele hablar de muchas unidades educativas que antes eran de madera, y él dice eso era en el pasado, hoy estamos en el presente y me toca a mí presidir, y las unidades educativas que estamos inaugurando son de óptimas condiciones. Eso tenemos que hacer, y nosotros legislar. Eso deberíamos hacer que en sí las unidades educativas sean de dignidad para cada uno de los jóvenes. La verdad, hace un rato, y no me quita ser más o menos, hablaba con la compañera Diana Jacome, y le manifestaba, yo creo que siempre con respeto y altura, yo creo que siempre nos podemos entender.
Y le decía que yo presenté una observación al proyecto de ley orgánico reformatorio a la ley de deporte, en la cual manifestaba que el 10% de las asignaciones que se le dan a los GAP cantonales, provinciales, ¿por qué no van destinados para que se construyan infraestructuras deportivas? Para que se les pueda dar a los jóvenes implementos deportivos, no solamente el fútbol, sino en todas las disciplinas deportivas, y de esa manera se puedan ser utilizadas para estos jóvenes que no puedan ser captados preventivamente, puedan tener la posibilidad y la oportunidad de recrearse en lugares dignos, donde nosotros podamos tener jóvenes que hoy en día puedan ser el futuro del Ecuador que tanto lo necesita.
¿Qué hacemos nosotros en los centros de adolescentes infractores? ¿Qué estamos haciendo con estos chicos que han cometido alguna falta? ¿Los incluimos o los excluimos? Yo creo que tenemos que pensar ahí. También tenemos que pensar en esos jóvenes, porque no solamente es juzgarlos o acusarlos, también es darle la oportunidad que ellos tengan herramientas para poder nuevamente ser incluidos en la sociedad. Yo creo que eso es lo que necesita hoy en día. Una vez más, repito, yo creo que hemos escuchado muchas cosas, hemos escuchado muchas intervenciones de algunos colegas, de algunos compañeros, es beneficioso, pero también es importante que si nosotros, o el gobierno en este caso, no le da la política pública que necesitan cada uno de los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, no solo papel, sino también hechos, sino también resultados en los cuales ellos puedan tener la oportunidad de desarrollarse.
Yo creo que si nosotros presentamos cada proyecto de ley debe ir sustentado para que los jóvenes tengan cómo desarrollarse, porque si no tienen cómo desarrollarse, quedará en papeles y más no en sí, en lo que le podamos dar a ellos herramientas que le permitan ser esos jóvenes que tanto nosotros necesitamos. Yo necesito que mis hijos puedan tener la gran oportunidad de ser personas de bien. Quizás muchos de nosotros siempre damos lo mejor para nuestros hijos, porque tenemos los recursos necesarios para hacerlo, pero hay mucha gente, los que confiaron en nosotros, en sí, los que confiaron en cada uno de nosotros, que no tendrán los recursos económicos para sustentar a sus hijos y que puedan estar en mejores lugares educativos, recreativos, pero hoy en día no los tienen.
Y eso es lo que necesita el Ecuador, políticas públicas en las cuales vayan en beneficio de cada uno de los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, porque son el presente y el futuro del país. Muchas gracias. Tiene la palabra el asambleísta Andrés Gushmer.
En la intervención del asambleísta Frickson George, la número 21 habló acerca de las políticas públicas en beneficio de los niños, niñas y adolescentes, interviene el asambleísta Andrés Gus.
nos sigue siempre a través de los medios digitales. Linda coincidencia hablar después de ti, hermano. La verdad que creo firmemente la convicción que tiene Frickson, como también seguramente algunos otros asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana, en querer tener una niñez y sobre todo una población joven completamente libre y alejada de la delincuencia organizada que nos golpea. Este gobierno, cuando arrancó Daniel Novoa como presidente allá por el año 2023, recuerdo que en la segunda conversación que tuve con él me invitó a ser ministro del Deporte y me preguntó a breves rasgos qué tipo de proyectos serían fundamentalmente los que teníamos que enfocarnos.
Mi respuesta, a lo mejor muy de primera plana, muy de noticiero, o muy de periodismo, es hablar sobre las problemáticas que venían arrastrando muchos de los deportistas de élite a lo largo de los últimos años con muchas deudas, cerca de 10 millones de dólares se les debía a los organismos deportivos para el mes de noviembre del 2023 y se venían los Juegos Olímpicos de París. Entonces, le comenté ciertas cosas y él me dijo, mira, está bien, eso hay que solucionarlo, pero si nosotros no llegamos con deporte y con educación a cada uno de los barrios de todas las ciudades de absolutamente el 100% de nuestras provincias, realmente no va a surtir efecto y no va a tener ningún sentido que trabajemos por esos deportistas que van a anhelar ponerse una medalla en el pecho porque el futuro estaremos cortándolo, estaremos truncándolo porque hay que ir a los barrios.
Por eso yo lo que quiero decir hoy es que este gobierno y esta asamblea cuando propone, legisla y desarrolla proyectos de ley en beneficio, en este caso de la juventud, lo hace con la convicción de identificar que ellos no son el futuro del país como muchos dicen. Hoy nuestros jóvenes y nuestros niños, por población y por el sentido de pertenencia que tenemos que tener, son el presente de este país. Y si no los vemos con esos ojos y si no lo comprendemos con esa importancia en todo lo que los rodea, en un aspecto integral, difícilmente van a poder transformarse en ser los chicos que tú, hermano, quieres para tus hijos o yo quiero para mis hijos o para los hijos de cualquier ciudadano.
Ayer estuve en Pradera 3, una invitación ciudadana, pasé por un par de sectores y me comentaban los... yo estudié toda mi vida en el Colegio Cristóbal Colón a 20 cuadras probablemente de la Pradera, vivía Octavio Arizaga, un amigo mío, vivía muy cerca de ahí, era un sector que hace 30 años era no solo tranquilo, muy tranquilo, sino aparte increíble con los árboles grandes, árboles de mangos, las canchitas de fútbol, etcétera, etcétera. Y ayer conversaba porque hay un parque muy famoso, se lo conoce como el bosque, le dicen los moradores de la Pradera 3 al parque.
Me asomé un poco porque la puerta estaba cerrada y me decían que ahora la complicación no es la respuesta a la delincuencia y a la violencia que los tiene menos tranquilos. Dicen, ya no es un lugar del todo peligroso, pero ya no viven con esa tranquilidad. Y lo cierto es que los momentos que hoy viven barrios como Pradera 3 y algunos otros que he visitado en Guayaquil, la Juan Montalvo, en Pascuales que estuve también hace poco, no se da porque no haya respuesta, no haya trabajo, porque yo entiendo que en este debate político y sobre todo la defensa de posturas y la defensa que muchos de ustedes, no todos, harán a lo que fue el gobierno en el cual colaboraron y trabajaron, vaya o busquen plantear que el trabajo hoy por la seguridad del Ecuador ha fracasado.
La inseguridad no nació de la noche a la mañana y esto lo saben perfectamente, absolutamente todos ustedes. Saben que esto es como engordarse, uno no se engorda de lunes para el martes. La inseguridad, desgraciadamente, ha sido un mal que por diversos motivos que no quiero entrar porque si no nos vamos a ir por, va a terminar esto en otro debate sin sentido, por diferentes motivos de otros gobiernos, de otros funcionarios, algunos con complicidad, otros con poca sensibilidad mirando para otro lado, lo dejaron crecer. Pero lo que hoy está pasando es que muchos barrios, como el ejemplo que me contaron ayer, ayer en la pradera, es que los delincuentes que son capturados por la policía vuelven a salir cuanto antes de las cárceles y que uno de esos delincuentes es uno de los dueños de una de las puertas del parque, de la pradera, del tan conocido bosque y que ahora no solamente amenaza para que no lo vuelvan a denunciar, sino que ahora hasta vacuna para poder entrar ahí.
Si no comprendemos, y hablo en plural, pero sobre todo se los digo a ustedes, que hay que luchar para que esos delincuentes no utilicen la puerta giratoria de la justicia, difícilmente nuestros niños volverán a salir tranquilos a las calles, a las canchas, en proyectos que sí tiene este gobierno. Porque habló Ana Belén hace un momento sobre el proyecto Actívate y lo cierto es que también estábamos a la cancha otro proyecto más impulsado por este gobierno del presidente, que lo que busca es darle oportunidad de jugar fútbol a niños y a niñas y otros deportes en diferentes barrios del país, pero lo que queremos es que salgan a las canchas y a los barrios sin que haya estos delincuentes que prácticamente se van adueñando de cualquier espacio en donde puedan operar con sus diferentes actividades ilícitas, por cierto, absolutamente todas.
Entonces lo que hay que comprender es que no solamente tenemos que decir que estamos trabajando o que queremos una niñez en donde queden completamente erradicados del reclutamiento delincuencial, sino que seamos coherentes con aquello. Porque muchos de esos delincuentes que están reclutando a nuestros chicos son los que tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco episodios en los cuales han sido apresados y terminan saliendo, saliendo después de perfeccionar seguramente muchos de sus crímenes. Y a dónde llego con esto, y es que tenemos que pregonar con el ejemplo en que si de verdad queremos una niñez y una juventud libre de cualquier tipo de reclutamiento del crimen organizado, tenemos que tener muy pero muy claro que este tipo de delitos vinculados a cualquier tipo de grupo armado organizado, cualquier tipo de red criminal, narcoterrorista, cualquier tipo de red delincuencial no debería prescribir.
Por eso vuelvo, sobre todo habiendo escuchado buenas intervenciones en muchos de los aspectos de esencia de todos, pero incluso de nuestros hoy opositores en esta ley, que recordemos que el 15 de diciembre pasado Diana Jacome presentó un cambio del orden del día justamente para que este tipo de delitos no prescriban y para que se pueda justamente ir detrás de muchos de estos delincuentes que con el paso del tiempo terminen transformándose en los reclutadores reclutadores de nuestros niños y nuestros jóvenes para que realmente puedan terminar en prisión.
Ese cambio del orden del día, ya sabemos quiénes votamos a favor y quiénes se opusieron. Entonces seamos coherentes en lo que buscamos y trabajemos de manera integral en impedir que nuestros niños y nuestros jóvenes terminen siendo la carne de cañón de los grupos delincuenciales. Muchas gracias, Presidente.
Escuchamos la intervención del legislador Andrés Guzmer, representante de la provincia de Guayas, quien dijo que si no llegamos con deporte y educación a todos los barrios del país no tiene sentido porque el futuro de niñas y jóvenes se lo estará truncando. Una nueva intervención en el asambleísta Pablo Jurado.
Colegas asambleístas, quienes me antecedieron en la palabra, tuvieron los argumentos jurídicos, hicieron referencia a nuestra constitución, hicieron referencia al derecho comparado, hicieron referencia a la ONU, hicieron referencia a la Organización Internacional del Trabajo, hicieron referencia a la UNICEF. Es decir, los argumentos jurídicos, los argumentos legales, creo que en esta sala hemos escuchado de manera reiterada. Pero sin duda, sobre todos esos argumentos legales, sobre todos esos argumentos jurídicos, está la esencia misma de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, está la esencia misma de los seres humanos. Nosotros, como país, lo que estamos tratando en este momento, debimos haberlo tratado hace muchos años.
Pero claro está, hace muchos años nosotros hacíamos referencia al crimen, porque el crimen en el país y en el mundo históricamente ha existido. Pero ahora, en cambio, en el Ecuador tenemos que hablar del crimen organizado, es decir, de verdaderas organizaciones dedicadas a cometer el delito, de verdaderas organizaciones, de verdaderas organizadas y fortalecidas, valga la redundancia, para irse en contra de los bienes y en contra de la vida de las ecuatorianas y de los ecuatorianos. Si simplemente googleamos y pedimos que nuestra hermana República de Colombia nos dé información de qué tuvieron ellos que hacer también hace más de dos décadas para sancionar el reclutamiento, no necesariamente de narcotráfico en aquella ocasión, sino, obviamente, de grupos irregulares que necesitaban fortalecerse y para eso reclutaban menores de edad.
Hoy nosotros no estamos refiriéndonos a esa realidad. El Ecuador está enfrentado a crímenes organizados, insisto, que hace varios años. Y yo creo que no es mi deber herir susceptibilidades y decir quiénes han sido los culpables, en qué años se dieron ese tipo de realidades, pero sí debemos recordar que la indiferencia de los gobiernos de turno ha conllevado a que las mafias mexicanas, hoy por hoy, tengan verdaderas sucursales en nuestro país. Aquellas sucursales que en su momento cobraban en dólares el trabajo que realizaban. Pero aquellas sucursales, hoy por hoy, no cobran en dólares, cobran en droga.
Y por ende, aquellos cabecillas de esas sucursales siguen insistiendo en reclutar a menores de edad para la compra o para la venta de estos productos que siguen acabando con la vida en el universo. En nuestra condición de padres de familia, como decía Frickson George, a quien obviamente le debemos respeto, porque podrá ser político, pero no politiquero, esa es la gran diferencia entre varios de nosotros con otros. Y creo que bajo ese esquema, sí podemos decirle al país que debemos tomar la decisión de una vez por todas, porque esto no debe continuar.
Mantenernos indiferentes a una realidad que la conocemos todos, a una realidad de reclutamiento, de utilización de niñas, de niños y de adolescentes. Entonces, yo creo que este es el momento de frenar y este es el momento de atacar, quien sea el mentalizador. Porque ese es el otro problema, mi querido Frickson, desgraciadamente, que nosotros y yo particularmente desde este espacio, miro, miro, que depende de dónde venga la propuesta para pronunciarnos. Aquí se ha dicho con claridad, la propuesta se genera a través del presidente de la República, que hoy se llama Daniel Loboa.
Es posible que mañana salga también la propuesta de otro presidente o de otra presidenta, y en este mismo hemiciclo también estemos replicando la misma actitud. Como viene del presidente de la República, hay que decirle no. Como viene de la vicepresidenta de la República, hay que decirle no. Porque es posible que si le decimos sí, políticamente en las próximas elecciones van a tener más votos que nosotros. Y el país no es ingenuo y el país se da cuenta que desgraciadamente esa es la forma de comportarnos al interior de este hemiciclo.
En varias ocasiones hemos hecho análisis de propuestas interesantes que han venido desde el otro sector de este hemiciclo y no hemos dudado, obviamente, en darle el respaldo necesario. Qué pena que hoy, que estamos a pocos meses de ir a las urnas para cambiar autoridades locales, tengamos que analizar este tema que demanda una alta responsabilidad. Se ha escuchado decir nunca vamos a estar en contra de que se luche, de que se castigue el reclutamiento, la utilización y el uso de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, siempre hemos de encontrar algún defecto dentro de esta propuesta y es eso lo que preocupa a los ciudadanos.
¿Estamos verdaderamente legislando, pensando en nuestros niños, en nuestras niñas y en nuestros adolescentes? ¿O seguimos como ayer y como siempre legislando, pensando en cuánto le favorece mi voto al sector contrario y en cuánto me perjudica mi voto en contra de mis intereses? Entonces, yo considero que este es el momento, colegas asambleístas, de entender que hay una niñez, hay una adolescencia que espera la decisión responsable de quienes hoy estamos representando a cada uno de nuestros territorios. Ojalá, insisto, entendamos que este es un primer debate y que esperamos.
Yo también considero que es importante que la Comisión debe acoger la mayor parte de sugerencias que también han venido propuestas, obviamente, de la Revolución Ciudadana y nosotros igualmente también estamos emitiendo esas recomendaciones de una actitud mucho más sincera y mucho más transparente pensando en quienes más necesitan. Yo creo que no es nada del otro mundo cuando hacemos referencia las razones o las causas para que se vuelvan vulnerables nuestras niñas, niños y adolescentes. Pero lo que yo no estoy de acuerdo es que siempre pensamos que son los pobres las víctimas.
¿Y qué queremos decir con eso? Que aquellos que tienen recursos económicos no podrán caer también en las garras del narcotráfico, no podrán caer en las garras de este tipo de mafias, también pueden caer. Y para demostrar que no necesariamente los pobres son los que son vulnerables ante la delincuencia, yo quiero decirles y recordarles, y mirándole a Christian George, a Christian George, obviamente, que ha venido de las entrañas del pueblo mismo y nunca ha caído en la tentación ni en el reclutamiento. Y quiero decirles que nuestros campeones olímpicos no provienen, obviamente, de familias adineradas, nuestros campeones olímpicos provienen de lo más profundo de nuestra sociedad y por lo tanto no nos llenemos la boca de decir que los pobres siempre serán víctimas del reclutamiento.
Los pobres también tienen dignidad y los pobres también tienen fuerza suficiente para decirles no a la mafia y no al reclutamiento. Muchas gracias, señor presidente.
Tiene la palabra la asambleísta Katherine Pacheco.
El asambleísta Pablo Jurado dijo que Ecuador está enfrentando a crimen organizado y se debe recordar que la indiferencia de gobiernos del turno pasado ha llevado a que las mafias tengan sucursales en nuestro país y hay que poner un alto. Se ha otorgado el uso de la palabra el asambleísta Caterin Pacheco.
madre, madre a la cual represento a nivel de país y también de una de las provincias quienes en muchas ocasiones la nombraron como vulnerable ante este debate de hoy. Nuestras madres de la provincia de Loro, quienes nos preocupamos por el futuro de nuestros hijos. Detrás de cada cifra de violencia que discutimos en este pleno, hay una madre que llora frente a una cama vacía. Hay un niño que en lugar de un cuaderno hoy sostiene un arma porque nadie llegó a tiempo a protegerlo. Por eso les pregunto yo, compañeros legisladores, ¿vamos a cruzarnos de brazos mientras el crimen organizado decide el destino de nuestros hijos?
Yo creo que no. Esa es la profunda responsabilidad que este pleno debemos de asumir hoy. Esta reforma que se está trabajando es indispensablemente para combatir la estructura más perversa y cruel de las mafias, el reclutamiento y la destrucción de nuestros menores. Yo vengo y represento a una provincia fronteriza y productiva, pero golpeada por la delincuencia. Y el oro sabe perfectamente lo desgarrador que es vivir este flagelo. Pero hoy no vengo a hablar desde la simple percepción. Yo también vengo a respaldar con rigurosidad justamente los datos oficiales.
El estudio para la caracterización del fenómeno del reclutamiento y uso y utilización de la niñez y adolescencia por parte de grupos delictivos organizados desarrollado por UNICEF en el año 2025 identifica de forma explícita que en la provincia del oro es una de las provincias de las seis prioritarias que están en situación extrema de vulnerabilidad. En el país en conjunto también está Esmeraldas, Manaví, Los Ríos, Sucumbíos, Guayas, que las estructuras criminales están operando en nuestros territorios rurales, en las zonas portuarias y también en los entornos escolares captando a nuestros jóvenes.
Este mismo diagnóstico técnico de la UNICEF nos lanza una estadística que nos compromete a actuar con la máxima celeridad. Más del 70 por ciento del personal educativo y social de primera línea en el Ecuador ha carecido históricamente de capacitación y de alineamientos claros para identificar o derivar un caso de reclutamiento criminal. El ejemplo que hemos tenido ahora en nuestra en nuestra provincia instituciones educativas que han sido amenazadas y que lamentablemente esta es la preocupación de los padres de familia de mi provincia que viven y temorizan cada día al enviar a sus niños a la escuela.
Colegas nuestros profesores jorenses y ecuatorianos han estado en primera línea para poder defender la vida de nuestros estudiantes, que frente a las amenazas de las mafias siempre están, pero el marco legal vigente les ha quedado totalmente corto. Esta ley por fin nos da las respuestas que las familias nos exigen en las calles cada vez que estamos en territorio y que estamos conversando con cada uno de ellos. Esta ley no sólo se limita a castigar con más fuerza a los criminales que usan a nuestros niños, sino también a proteger la identidad de los valientes que se atreven a denunciar.
Este proyecto va al fondo del problema, obliga a que nuestros maestros y trabajadores sociales reciban la capacitación constante. Queremos darles a los profesores guías claras y sencillas para que sepan exactamente cómo reaccionar y cómo denunciar y cómo proteger a un estudiante que se encuentra en peligro. Les exhorto compañeros legisladores a que tratemos esta ley en la comisión con el sentido de urgencia que las familias ecuatorianas por tanto tiempo han demandado y que siempre están pendientes de lo que realizamos por nuestros hijos. Pulamos lo que haya que pulir y también sumemos observaciones compañeros pero avancemos ya esto sin descanso.
Pensemos por un segundo en la realidad de esos niños que hoy queremos salvar y también miremos el caso de tantos pequeños en nuestros cantones como en mi provincia del oro que empezaron el año escolar guardando esferos, cartucheras, borradores, lápices con entusiasmo de estudiar y sin embargo terminaron el ciclo cargando panfletos de extorsión o sustancias ilícitas porque una mafia amenazó a su familia en hacerles daño. Estos niños no deciden ser criminales, les robaron los juguetes para obligarlos a que tengan que esconder armas. Cada semana de progreso aquí en la Asamblea Nacional es un golpe directo a las estructuras de las mafias.
Pero sin embargo aquí nosotros tenemos esta obligación de poder sacar en adelante cada uno de los proyectos de ley que estamos impulsando y que en el oro y en cualquier rincón del país sepan que nosotros estamos trabajando por cada una de nuestras familias. Demostremos hoy que este pleno no le teme a las mafias. Quitémosles el control de nuestras calles, de nuestras familias y de nuestro futuro. Que les quede claro a los criminales que en esta bancada junto al presidente Daniel Novo así los vamos a defender con toda la fuerza de la ley.
Que viva el Ecuador. Muchísimas gracias señor presidente.
Gracias, asambleísta. Luego de un extenso y profundo debate con 10 intervenciones ADN, 7 de la Revolución Ciudadana y más de 4 de otras fuerzas políticas, cerramos el debate. Una vez que ha finalizado el debate, se dispone que el proyecto de ley retorne a la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social para la elaboración del informe para segundo debate. Señor Secretario, certifique si existen puntos adicionales en el orden del día de la presente sesión.
Señor Presidente, cumplo con certificar que se ha agotado el orden del día.
Se clausura la presente sesión.
Se toma nota, señor presidente, se clausura la sesión, siendo las 15 horas con 34 minutos. Se solicita muy cordialmente a los señores asamblistas permanecer en sus curules para la instalación de la siguiente sesión.
En total fueron 24 las intervenciones que se escucharon en este segundo y último punto del orden del día de la sesión 95. El informe de primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria para la prevención y erradicación del reclutamiento o utilización de niñas, niños y adolescentes. Ahí escuchamos los criterios de los parlamentarios parlamentarios, las observaciones que de forma verbal se hicieron públicas en el Pleno del Parlamento y las escritas que se remitirá a la Comisión de Transparencia para continuar con el análisis y presentar el informe de segundo debate que es parte del proceso legislativo que se lleva adelante dentro de las iniciativas de carácter ordinario, proyectos de ley ordinarios que se tramitan en la Asamblea Nacional.
Con esto también escuchamos al presidente de la Asamblea Nacional disponer ya al cierre la closura de esta sesión toda vez que se analizaron todos los puntos del orden del día. Una sesión que fue convocada con dos puntos en el orden del día sin modificaciones a esta convocatoria y por ende se ha cumplido todo lo que ha sido planteado para esta sesión. En los próximos minutos corresponderá la reinstalación de la sesión del Pleno 94.
Así es, el cual tiene cinco puntos dentro del orden del día, está en tratamiento todavía el conocer el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al código orgánico de la función judicial. De la misma manera, el segundo punto es conocer el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria del código orgánico del ambiente. El tercer punto es conocer y resolver el respaldo al Gobierno Nacional del Ecuador sobre el programa del sistema educativo EducaEmpleo, cuyo fin es incorporar a 2085 nuevos docentes al sistema de educación orientado a cubrir vacantes urgentes en el sistema educativo público, fortaleciendo el talento humano y la necesidad urgente de cubrir el déficit estructural en la educación de nuestros jóvenes de todo el territorio nacional.
El cuarto punto es respaldar a las acciones del Gobierno Nacional en la lucha contra el crimen organizado y de apoyo a la cooperación internacional, en el marco de la suscripción de la Declaratoria Conjunta de Seguridad de la Conferencia Anticarteles de las Américas. Y finalmente, respaldar las acciones ejecutadas por el Gobierno Nacional en materia de seguridad ciudadana, incluyendo la entrega de equipamiento y el fortalecimiento de las capacidades operativas de la Policía Nacional, como parte de una política orientada a recuperar la tranquilidad y el bienestar de las familias ecuatorianas.
Esto en el marco de la continuación de la sesión número 094, que ya en los próximos minutos se instalará.
Esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional 94 se instaló el miércoles 20 de mayo y se incorporaron los cambios del orden del día aceptados por el Pleno de la Asamblea Nacional. Y también ya inició el análisis en primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria del Código Orgánico de la Función Judicial. Más de 10 intervenciones se escucharon en ese inicio del primer debate que hoy continuará en el Pleno de la Asamblea Nacional. Este proyecto de ley y el informe ha sido remitido y a cada uno de los asambleístas contempla 185 páginas y en ellos se habla acerca de la creación de los procedimientos para los concursos de la función judicial.
Se establece que uno de los motivos para el colapso institucional de la justicia ecuatoriana tiene su raíz en el fracaso reiterado de los concursos de los servidores judiciales. La falta de procesos regulares, transparentes y exitosos ha producido un déficit grave de personal que paraliza la administración de justicia. A ello se suma la desconfianza ciudadana alimentada por denuncias de manipulación, discrecionalidad y corrupción de estos procesos, muchos de los cuales han sido anulados por irregularidades. El proyecto de reforma busca revertir esta situación mediante la creación de procedimientos legales, uniformes y verificables que eliminen la discrecionalidad y garanticen la transparencia y el mérito como ejes rectores del ingreso a la judicatura.
Este eje se materializa en la creación de tres procedimientos con rango legal para la carrera judicial, jueces, fiscales y defensores públicos, para quienes no pertenecen a ella y también para los notarios. Además se habla del rediseño de la arquitectura administrativa del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura enfrenta una crisis estructural derivada de una arquitectura administrativa débil y responsabilidades difusas que han debilitado su gobernabilidad, eficacia y legitimidad. La concentración de competencias ejecutivas en un órgano colegiado provoca fragmentación institucional, lentitud en la gestión y una última instancia un desgobierno en la función judicial.
la reforma propone rediseñar la estructura funcional del Consejo de la Judicatura para delimitar con claridad las atribuciones entre el Pleno o el Director General. El Pleno conservará sus competencias normativas de control y definición de políticas institucionales, mientras que la o el Director General asumirá la conducción administrativa y operativa con responsabilidad unipersonal, sujeta a mecanismos de control y rendición de cuentas.
Un minuto más ya.
El presidente de la Asamblea Nacional ha dispuesto entonces que se registren los legisladores y legisladoras para la reinstalación de la continuación de la sesión del Pleno número 94 y después dar trámite a cada uno de estos puntos que están establecidos para esta convocatoria. Como esta sesión ya se instaló hace algunos días, ya no significa que se van a tramitar los puntos como corresponde la incorporación de nuevos cambios en esta orden del día porque esto ya se desarrolló al inicio de esta sesión el pasado 20 de mayo y por ende continuará con el tratamiento de los puntos que han sido motivo de la convocatoria para continuación de esta sesión del Pleno.
Dentro de los puntos que se analizan en la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial se habla también del rediseño del régimen disciplinario. El régimen disciplinario vigente en la función judicial, dice el informe, se caracteriza por su discrecionalidad, falta de transparencia y debilidad institucional, lo que ha favorecido la impunidad, la corrupción y la desconfianza ciudadana. Además, la concentración de potestades sancionadoras en órganos administrativos sin control suficiente ha afectado gravemente la independencia judicial y el respeto al debido proceso, generando un sistema arbitrario politizado. Es por eso que la Corte Constitucional ha advertido esta deficiencia estructural y exhortado a la Asamblea Nacional a reformar el marco normativo para garantizar legalidad, independencia y control jurisdiccional efectivo sobre las decisiones disciplinarias.
Los procedimientos propuestos se estructuran en cuatro niveles diferenciados. Primero, un procedimiento judicial especializado ante una sala de la Corte Nacional de Justicia para conocer y resolver mediante juicio las destituciones de juezas, jueces y fiscales y defensores públicos con plena garantía de independencia al debido proceso. Segundo, un procedimiento administrativo reforzado para el resto de los funcionarios judiciales con etapas, plazos y también sanciones definidas. Tercero, un régimen disciplinario propio para los directores provinciales del Consejo de la Judicatura. Y cuarto, un trámite disciplinario específico para las y los abogados en libre ejercicio.
Este sistema elimina ambigüedades normativas, llega a competencias diferenciadas y consolida un marco legal coherente con los estándares internacionales sobre independencia judicial y responsabilidad institucional.
El secretario de la Asamblea Nacional, con la disposición del presidente del Parlamento, inicia ya la solicitud a cada uno de los asambleístas para registrarse e instalar, reinstalar la sesión del pleno número noventa y cuatro. Y eso es lo que desarrolla cada uno de los asambleístas, setenta y ocho asambleístas presentes. Hasta este momento el número avanza rápidamente. Cada uno de los asambleístas ingresa su huella digital en los dispositivos electrónicos que tienen en sus curules y una vez que esto ha sucedido aparece su fotografía, la fotografía del asambleísta con una silueta y un visto que ya verifica la asistencia a la convocatoria correspondiente.
Otro de los ejes que se establecen para reformar el código de la función judicial está relacionado con la gestión tecnológica judicial y el expediente electrónico. Se establece que la función judicial ecuatoriana enfrenta una brecha estructural en materia tecnológica que impide responder a las exigencias contemporáneas de eficiencia, transparencia y servicio público de calidad. El sistema informático vigente SATJET es una muestra de lo que está obsoleto, incapaz de garantizar la trazabilidad, interoperatividad ni acceso a una verdadera justicia digital. Una reforma auténtica de funcionamiento de la función judicial solo será posible en la medida que el Consejo de la Judicatura diseñe e implemente una herramienta tecnológica integral y moderna.
Si se parte de la cantidad de información que gestiona el sistema judicial, resulta ilusorio pensar que pueda brindar un servicio público de calidad sin un su soporte digital robusto, eficiente y seguro.
La reforma propuesta establece un nuevo marco legal que incorpora de manera obligatoria la gestión tecnológica judicial y el expediente electrónico con plena validez jurídica. Define principios rectores, responsabilidades institucionales, sanciones por incumplimiento y lineamientos técnicos obligatorios para su implementación y mantenimiento. Asimismo, dispone un régimen transitorio que regula los parámetros de migración tecnológica y los estándares de seguridad y funcionamiento, garantizando una transición ordenada hacia la justicia digital.
Sobre el eje de la transformación integral de la escuela judicial, se establece que ha quedado en evidencia que no constituye actualmente un pilar que sustente el adecuado funcionamiento de la función judicial. Durante años fue un espacio de disputa en el que las autoridades de turno han introducido de manera arbitraria e incoherente contenidos, materias y discursos según sus creencias o intereses personales. Esta realidad incluso ha reiterado que el propio Código Orgánico de la Función Judicial en la actualidad su gestión es caótica, carece de planificación estratégica y no responde a una lógica formativa orientada a sus verdaderas necesidades del sistema de justicia.
La reforma parte de una premisa fundamental. Las universidades no tienen la obligación de formar jueces, fiscales ni defensores públicos. Por ello, la misión de la escuela judicial debe ser precisamente cerrar esa brecha mediante un proceso formativo especializado y continuo. La estrategia concreta del proyecto de ley consiste en que la escuela judicial, en alianza con una o varias universidades, diseñe e imparta un programa de formación inicial y específica para cada uno de los tres perfiles señalados. Solo quienes aprueben satisfactoriamente dichos programas estarán habilitados para participar en los concursos de méritos de oposición.
Con ello, se asegura que la justicia cuente con el talento humano con la capacidad suficiente para otorgar un servicio público de calidad.
Además, se habla de repotenciar a los juzgados de paz. El sistema judicial ecuatoriano presenta una grave desconexión con las necesidades cotidianas de la población, especialmente en la resolución de conflictos vecinales, familiares y patrimoniales menores. La falta de canales efectivos de justicia cercana generó desconfianza, una alta conflictividad social irresuelta y una sobrecarga innecesaria en los tribunales ordinarios. El presidente de la Asamblea ha dispuesto ya a cerrar el registro y conozcamos cuántos están presentes en el...
34 asambleístas registrados en la sesión. Contamos con el quórum legal.
Se reinstalan la continuación de la sesión número 94-AN-2025-2029. Señor secretario, por favor, dé lectura a la convocatoria.
Se instala la continuación de la sesión número 94-AN-2025-2029, siendo las 15 horas con 45 minutos. Con su autorización, señor presidente, doy lectura a la convocatoria. Por disposición del asambleísta Nils Olsen-Pitt, presidente de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 12, número 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se convoca a los asambleístas a la continuación de la sesión 94-AN-2025-2029 del Pleno de la Asamblea Nacional a realizarse el día miércoles 27 de mayo de 2026 a las 12 horas en la sede de la Función Legislativa ubicada en la Avenida 6 de Diciembre y Piedraíta, en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de continuar con el tratamiento del orden del día aprobado.
Primero, conocer el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico de la Función Judicial. Segundo, conocer el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico del Ambiente. Tercero, conocer y resolver el respaldo al Gobierno Nacional del Ecuador sobre el programa del sistema educativo EducaEmpleo, cuyo fin es incorporar a dos mil ochenta y cinco nuevos docentes al sistema de educación orientado a cubrir vacantes urgentes en el sistema educativo público, fortaleciendo el talento humano y la necesidad urgente de cubrir el déficit estructural en la educación de nuestros jóvenes de todo el territorio nacional.
Cuatro, respaldar a las acciones del Gobierno Nacional en la lucha contra el crimen organizado, y de apoyo a la cooperación internacional en el marco de la suscripción de la declaratoria conjunta de seguridad de la Conferencia Anticarteles de las Américas. Cinco, respaldar las acciones ejecutadas por el Gobierno Nacional en materia de seguridad ciudadana, incluyendo la entrega de equipamiento y el fortalecimiento de las capacidades operativas de la Policía Nacional, como parte de una política orientada a recuperar la tranquilidad y el bienestar de las familias ecuatorianas. Hasta aquí el texto de la convocatoria, señor presidente.
¡Gracias! ¡Gracias!
Demos inicio con el primer punto del orden del día, señor secretario.
Primero, conocer el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al código orgánico de la función judicial.
Corresponderá entonces continuar con este primer debate.
tiene la palabra la asambleísta Rosy Torres
Vamos a escuchar a la asambleísta Rosa Torres en la continuación de este debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.
Presidenta, señoras y señores asambleístas, el sistema de justicia atraviesa una de las peores crisis de la historia. Y no lo decimos únicamente desde la percepción ciudadana, lo decimos porque durante años la corrupción, la impunidad y el crimen organizado lograron infiltrarse en estructuras que debían proteger a los ecuatorianos. Eso explica por qué hoy una madre siente miedo al denunciar, por qué hoy un comerciante siente que está solo frente a una extorsión, por qué hoy un ciudadano piensa dos veces antes de acudir a la justicia y por qué miles de ecuatorianos sienten que el delincuente entra por una puerta y sale por otra.
Esa es la dura realidad que está viviendo el Ecuador. Y este debate debe empezar con una verdad sumamente incómoda y es que la justicia no puede seguir siendo vulnerable frente a las mafias. Porque este problema no es jurídico, no es solamente jurídico, es humano, es social y afecta todos los días la vida de millones de ecuatorianos. Porque cuando la ciudadanía empieza a perder la confianza en la justicia, empieza a también perder la confianza en el Estado. Y cuando un país deja de creer en la justicia, lo que empieza a crecer es el miedo, la impunidad y el que gana siempre será el crimen organizado.
Por eso, esta reforma nace de una realidad que el Ecuador ya no puede ignorar. Nace desde la policía nacional que arriesga su vida todos los días para prender a delincuentes y que en un par de horas los vea afuera en las calles. Nace de la mujer víctima de violencia que abandona un proceso porque siente que nadie le responde ni le atiende. Nace de las familias que esperan años sentencias mientras los procesos se acumulan y lamentablemente la justicia no llega. Y frente a eso, el país exige respuestas, no discursos vacíos, no reformas superficiales.
Por eso, esta reforma, esta propuesta, plantea una transformación integral al sistema de la administración de justicia. El primer eje establece un blindaje ético al sistema de la administración de justicia. Pero me pregunto y nos preguntamos por qué es tan necesario volver a hablar del sistema ético judicial. ¿Por qué este país ha sido testigo de casos donde operadores judiciales terminaron vinculados directamente con redes criminales? Estructuras de corrupción o decisiones que nos han indignado y defraudado a los ecuatorianos. Porque la corrupción judicial no solamente destruye procesos, destruye la confianza de todo un país.
Por eso, esta reforma propone pruebas de confianza, controles patrimoniales y mecanismos de vigilancia ética para áreas sumamente sensibles en el sistema judicial. Y quiero decir algo con absoluta claridad. Esta reforma no es contra los buenos jueces. Esta reforma es para proteger a los buenos jueces de quienes han manchado el nombre de la justicia ecuatoriana. Porque también hay jueces buenos, porque también hay jueces honestos. Hay fiscales valientes, servidores judiciales correctos, que hoy, el día de hoy, trabajan bajo amenazas, bajo presión y bajo un sistema judicial profundamente debilitado.
El segundo eje fortalece la transparencia de la justicia. Porque una justicia cerrada alimenta la desconfianza ciudadana. Y la gente, el ecuatoriano, tiene derecho a conocer cómo se están tomando las decisiones judiciales. Y a sentir que la justicia no opera a las espaldas del país. Por eso esta reforma fortalece la publicidad de las audiencias, el acceso ciudadano y la transparencia en la información judicial. El tercer eje aborda uno de los temas que más indignación generan en verdad en las calles. Y es las medidas cautelares. Las famosas y dichosas medidas cautelares.
Porque el sentimiento actual del ecuatoriano es uno solo, es indignación. ¿Cómo es posible que los criminales que causan terror en nuestros territorios, acumulen entradas y salidas en el sistema judicial? Mientras las víctimas viven con temor, sin poder caminar tranquilos, cerrando sus negocios con miedo de ir a sus trabajos o incluso de mandar a sus hijos a la escuela. Las medidas cautelares deben manejarse con criterios técnicos, objetivos, pero sobre todo transparentes. Por eso esta reforma crea estas unidades de servicios judiciales que permiten evaluar adecuadamente el riesgo procesal y fortalecer las decisiones sustentadas técnicamente.
Aquí voy a hablar muy claro y es que la meta siempre fue una sola. Desde el julio del 2025 se presentó esta reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, donde se pretende cambiar más del 50% del Código, porque éramos conscientes que para solucionar los problemas reales de la ciudadanía necesitábamos cambios estructurales. Y ese fue nuestro compromiso, transformar la realidad del sistema de la administración de justicia. Y uno de los puntos fundamentales de esta reforma es justamente los concursos de la función judicial. Y aquí va un número preocupante y alarmante para los ecuatorianos y es que durante más de seis años en el Ecuador ha visto concursos fallidos, procesos suspendidos y autoridades prorrogadas, pero sobre todo una desinstitucionalización que cada año se ha ido lamentablemente debilitando.
Esto abrió definitivamente un espacio para la desconfianza ciudadana en el sistema de la administración de justicia, porque cuando las reglas no están claras, no están establecidas en la ley, siempre aparecen estas sospechas donde se quiere influir, manipular o incluso aún peor, meterle la mano a la justicia. Pero esta reforma toma una decisión de fondo, normar los concursos judiciales directamente en la ley y quitar la discrecionalidad del Consejo de la Judicatura para así poder fomentar y fortalecer el sistema de la administración de justicia. Para que nadie, absolutamente nadie, pueda cambiar las reglas según las conveniencias políticas.
Y nuevamente, quiero decirlo con profunda claridad. Cuando las reglas quedan establecidas en la ley, ya no dependen de voluntades políticas, dependen de un Estado de derecho. Y esta iniciativa, me complace decirlo públicamente, ha sido de esta bancada, de la bancada de Acción Democrática Nacional, porque el país necesita instituciones más fuertes, el país necesita instituciones transparentes y menos vulnerables a los intereses particulares. No podemos seguir teniendo un sistema donde cada concurso termina o cuestionado, o suspendido, o incluso judicializado. Porque detrás de cada vacante sin llenar, hay audiencias demoradas y, sobre todo, ciudadanos esperando respuestas, víctimas esperando protección y familias esperando justicia.
El quinto eje reorganiza administrativamente el Consejo de la Judicatura para construir una estructura moderna, eficiente, pero sobre todo menos burocrática. El sexto eje fortalece el régimen disciplinario. El séptimo impulsa la transformación tecnológica y el expediente electrónico. El octavo fortalece la escuela de la función judicial para preparar mejor aquellos perfiles que van a formar parte de los próximos administradores de justicia. Y, finalmente, el noveno, fortalece a los juzgados de paz, acercando a la justicia y al ciudadano, y así resolviendo los conflictos cotidianos de cada día. Señoras y señores asambleístas, esta reforma tiene la valentía de iniciar una transformación que el Ecuador lleva años esperando.
Y para mí no solo es un proyecto de ley más, es un compromiso profundamente personal que el día de hoy es expuesto en esta Asamblea Nacional, pero que viene de conocer una realidad, de palpar una realidad de cada uno de los ecuatorianos. Y quiero dejar un mensaje también, aprovechando esta ponencia, hacia todos los compañeros legisladores. Y es que el ecuatoriano no entiende de disputas, no entiende de peleas de aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Pero les voy a decir que sí entiende el ecuatoriano, entiende de soluciones, de nosotros como asambleístas, generar soluciones reales, medibles, tangibles, para los 18 millones de ecuatorianos.
Y también agradecer a los integrantes de la Comisión de Justicia, porque han demostrado la madurez política y que nuestra prioridad siempre será salvaguardar los intereses y los derechos de los 18 millones de habitantes que representa este país. Hasta aquí mi palabra, señora Presidenta. Muchísimas gracias.
Intervención del asambleísta Rosa Torres, cuando un país deja de creer en la justicia, crece el miedo y la impunidad y gana el crimen organizado, señaló. La reforma nace de una realidad y esta reforma transforma integralmente la administración de justicia, propone pruebas de confianza, entre otros puntos. Interviene el asambleísta Juan José Reyes.
...a través de las redes oficiales de la Asamblea Nacional. El país se enfrenta a un sistema de justicia que viene arrastrando falencias. Hoy, nosotros como legisladores tenemos el poder de cambiar esto. Y es hora de que actuemos con conciencia. La ciudadanía ya no confía. Como bien lo dijo la semana pasada mi colega, mi amigo Alex Morán, estamos en territorio todos los fines de semana. Cada vez que podemos salimos, escuchamos, atendemos a, como digo yo siempre, nuestros jefes, que son la ciudadanía. Y justamente estas falencias son las que merman la percepción de democracia, de seguridad y del Estado de Derecho.
El país necesita una justicia eficaz, transparente e independiente. Esta reforma propone que los jueces actúen con responsabilidad y no bajo presiones. Que los concursos sean meritocráticos. Y los ciudadanos sientan que sí existe justicia. Y que la ley se aplica para todos por igual. El espíritu de esta propuesta es corregir fallas estructurales, mejorar la evaluación de jueces y fiscales, modernizar procesos y combatir redes de corrupción que tanto daño le han hecho al país. No podemos permitir que la delincuencia gane terreno por culpa de vacíos legales o falta de decisiones dentro del sistema judicial.
Ecuador debe recuperar la confianza en sus instituciones. En un punto tan importante y delicado, son de mucha relevancia tanto las formas como el fondo, desde lo que se propone hasta la intención detrás. Y específicamente en el debate de la semana pasada, esto cala aún más. Lo que a mí me lleva a ser una precisión muy importante y tiene que ver con los principios básicos de gramática. Lo preciso, porque la claridad, la semántica y la redacción de nuestras reglas como país son vitales para comunicar y comprender con coherencia, más aún cuando se le isla.
Y hablando de principios básicos de gramática, el otro día escuché una queja de eufemismos. Y en esa misma intervención decían que se cocinaban proyectos, lo cual sugería una connotación negativa. Colegas, los proyectos son discutidos, observados, votados, para luego legislarlos en función de informes. La comida se cocina, no los proyectos. El artículo 82 de nuestra Constitución establece que el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y a la existencia de normas jurídicas previas, claras, gramaticalmente estructuradas y aplicadas por las autoridades competentes.
Y justamente eso es lo que hoy exige el país. Reglas claras y autoridades que las hagan cumplir. En esta misma línea, el de los principios básicos de la gramática y recordando la antigua fábula india, es antiquísima, esa de león y la serpiente. Una analogía referida a cómo ciertos reptiles cambian de piel comparado a cómo cambian de opinión. No estoy seguro de que eso se traduzca un insulto. De lo que sí estoy 100% seguro es de que adjetivos calificativos como chupacabras, asesinos, mafiosos o clasistas sí constituyen un insulto de forma directa y no una comparación o una analogía.
No se extrañe, colega, no se extrañe. Peor, no vamos a hablar de los gestos obscenos que han realizado en este pleno. La memoria selectiva es bien corta. En fin, la gramática es vital para legislar y para expresarse con coherencia. Ya hemos visto en el pasado reciente múltiples casos gravísimos, por cierto, que muestran la necesidad urgente de fortalecer la justicia en el Ecuador. El fin de esta propuesta, con los debidos aciertos gramaticales, es defender al ciudadano honesto, garantizar el debido proceso, construir un sistema judicial que realmente responda a los ecuatorianos y que quienes le hacen daño al país no salgan impunes.
Felicito a la Comisión de Justicia, a todos los miembros que aprobaron este primer informe y de manera especial a su presidenta, mi colega y amiga Rosa Torres, quien además es la proponente del proyecto. Los felicito porque asumen con responsabilidad y firmeza el tratamiento de esta reforma, poniendo por delante los intereses del país y la necesidad urgente de fortalecer la función judicial del Ecuador. Hasta aquí mi intervención, señora presidenta. Muchas gracias.
Tiene la palabra el asambleísta Steven Ordóñez.
Escuchamos la intervención de la asamblea de Juan José Reyes, quien dijo que el país necesita una justicia eficaz y transparente, que los ciudadanos deben sentir que la ley se aplica para todos y que Ecuador debe recuperar la confianza en sus instituciones. Una nueva intervención, ahora el legislador Steven Ordoñez.
Para mí es un honor hablar esta tarde, más que todo por un tema tan importante de lo que todos los ecuatorianos piden. Yo creo que cuando estuvimos en campaña, cuando salimos a los recorridos, cuando estamos en territorio, lo que la gente pide es seguridad. Pero tenemos que ser claros, para que haya seguridad se necesita justicia, porque si no hay justicia no hay seguridad y si no hay seguridad no hay inversión y si no hay inversión no hay desarrollo y tampoco hay trabajo. Y el caos viene a este país.
Hoy yo voy a hablar por la provincia de Loro y por las fronteras. Yo creo que la provincia de Loro es una de las provincias más complicadas en materia de seguridad de este país, porque somos vulnerables, porque somos frontera, porque somos una provincia bananera, camaronera, cacotera, que tiene puertos de aguas profundas, que tiene aeropuerto y porque tiene minería. Somos vulnerables. Y hoy por hoy, si yo narro lo que pasa en esta provincia, que es el bananero tiene miedo que lo contaminen de droga porque si no lo matan, el camaronero de la misma manera, el minero, todos creo que sabemos lo que pasa en Ponce Enrique, lo que pasa en Portobelo y lo que pasa en Zaruma, vacunados.
Y si hablamos del sector comercial, en la capital bananera del mundo, Machala, usted da una vuelta por el centro y encuentra los locales cerrados, cerrados o se arrienda, se arrienda, porque no hay las garantías. Y si hablamos de un taxista, vacunados, a un taxista que gana 30, 40 dólares diarios, a las cooperativas les tiran una bomba. Las mujeres que trabajan en los hogares no pueden salir de los barrios porque les toca pagar hasta un dólar diario porque si no las matan. ¿Qué quiero llegar con esta intervención?
Que de nada sirven los esfuerzos que haga la Policía Nacional, los esfuerzos que haga las Fuerzas Armadas, los militares, los marinos, si no hay justicia. ¿Cuántas veces lo hemos visto al Ministro del Interior prácticamente poniéndose de rodillas para que un fiscal pueda formular cargos a un delincuente o para que un juez pueda sentenciar a un delincuente? No ha pasado este año, lo pasó el año pasado, lo pasó en el 2024 con el Coronel Santa María, incluso que en Guayas cogían a un menor de edad y le faltaba llorar para que la función judicial aplique todo el peso de la ley.
Y yo escuchaba con bastante atención las intervenciones de todos los asambleístas de la semana pasada y donde nos daban cifras importantes. Nos decía, claro, el compañero Gallardo que el 93% de los ecuatorianos creen en la justicia. Nos decía el compañero Esteban Torres que del 100% de las denuncias en temas penales solo el 2.3% tienen sentencia, el 2.3%. De las denuncias de estafa, el 0.13% tiene sentencia. Y de las denuncias de asesinato, el 2.6% tiene sentencia. Creo que no se está manejando bien la justicia, no están trabajando bien o no hay un sistema adecuado y por eso es necesaria la reforma al Código de la Función Judicial.
Porque, vean, en mi provincia, en Machala, ni siquiera hay corte provincial de justicia. Y me da tanta indignación. En el 2024 había un asambleísta que iba a la provincia y celebraba con bombos y platillos que habían hecho efectivo la póliza de garantía porque en el terremoto del año 2023, el 3 en marzo se afectó el edificio y hasta el día de hoy no hay corte provincial de justicia. Hablaba claro con las propias datos que daban los compañeros la semana pasada. Faltan más de 700 jueces en la Función Judicial.
Hay un desfase de más de 600 fiscales en la Función Judicial. Entonces, no hay un trabajo coherente, no hay un trabajo práctico y por eso la gente no cree en la justicia del Ecuador. Y aquí hay que puntualizar algo. En el artículo 4 de esta reforma, se habla claro que se va a reformar el artículo 37 de la ley vigente donde lo que se está pidiendo es que se le pueda hacer la prueba de confianza a los jueces. Yo hablaba aquí con el compañero Castillo. Pero no solo a los jueces anticorrupción.
Debería ser a los jueces de las Cortes Provinciales. Debería ser a los fiscales también provinciales. Debería también ser a los secretarios, a los citadores. Porque desde ahí se va tramando todo. Y que se les haga la prueba del polígrafo. Está bien. ¿Cómo me voy a oponer yo a esto si una de mis provincias es una de las más afectadas? Más de 400 muertes en lo que va en la provincia de Loro en este año. Más de 186 muertes en Machala. Yo no puedo regresar a mi provincia si yo no apoyo este tipo de leyes.
Que lo único que se busca es mejorar la justicia. Lo que decía el compañero Alfredo Serrano es verdad. Al delincuente hay que tratarlo como delincuente. Y el juez que libera a un delincuente también tiene que ser tratado como un delincuente y que vaya a pagar la pena del delincuente. Yo también tengo que aclarar que no son todos los jueces y fiscales. Hay jueces y fiscales que son correctos. Que se han ganado con esfuerzo, con estudios, con méritos, sus cargos. Pero también hay jueces que no están haciendo bien las cosas.
Pero a los jueces que están haciendo las cosas correctas, también tenemos que protegerlos. Porque ellos también tienen familias. Ellos también tienen personas atrás de ellos. ¿Cómo van a aplicar todo el peso de la ley si no tienen quien los protege? Y por eso se está hablando claro aquí en el artículo 2. Que agrega el 9.1 de la ley vigente. Que de manera inmediata el Consejo de la Judicatura tiene que darle facilidades. Ya que sea para plataformas digitales, para plataformas por Zoom que puedan pasar a audiencias.
Y también para que tenga de manera inmediata protección policial. Porque es la única manera que ellos puedan aplicar el peso de la ley. Porque si no les da miedo. Yo no estoy justificando nada, pero es la realidad de lo que pasa en este país. Y no es desde este momento, es desde hace muchos años atrás. Porque, vean, hay jueces que no solo se meten en el tema de la delincuencia, también se meten hasta en obra pública. Tenemos problemas en mi provincia porque hay jueces que ni siquiera quieren pasar las audiencias y dilatan las audiencias.
Tengo problemas de agua potable por la mancomunidad de Machala. Se tragaron la plata, disculpen la mala palabra. Se comieron la plata y está con una acción paralizada la obra. No se puede hacer efectiva la póliza de garantía. Tengo el mismo problema con agua potable en Zarumo, de un proyecto de más de 10 millones de dólares. Que no se puede hacer efectiva la póliza de garantía. Hay el mismo problema en un hospital público que está en construcción de más de 3 millones de dólares en Zaruma. La gente muriéndose porque no tienen dónde atenderla.
Y porque un juez no quiere pasar la audiencia ya más de un año, un juez de San Borondón, no se puede hacer la póliza efectiva de garantía y no se puede avanzar con el proyecto. ¿Quién pierde? Los ecuatorianos. Entonces eso no puede pasar en este país. Y algo claro también, que se vaya a crear una unidad especial para que revisen al patrimonio. Es el conocimiento público que un juez de 4 mil dólares aparecen con patrimonio de 2 millones de dólares, de un millón de dólares, con casas de 500 mil dólares.
¿De dónde? Entonces, hay que hacer un control continuo de estas fortunas que aparecen de la noche a la mañana. Y también tenemos que apoyar a los jueces y fiscales que están haciendo bien las cosas. Y lo hablo por mi provincia, yo creo que eso pasa en todo el país y más que todo por las líneas de frontera. Tráfico de armas, tráfico de personas, sicariatos, bombardeos. ¿Por qué eso pasa? A veces da miedo topar estos temas. Pero si nosotros no topamos, ¿quién nos topa? Aquí, en este tema de la función judicial, de la reforma, yo he visto que se ha llevado un buen debate porque eso es lo que alimenta los debates, las cifras, los datos, los argumentos.
Porque aquí lo único que tiene que ganar son los ecuatorianos. Tenemos que entender algo, que si no hay justicia, no hay fuerza pública. Y si no hay fuerza pública, no hay república. Compañeros, clarito como el agua. Yo quiero agradecerle, Presidenta, por el uso de la palabra. Estas observaciones también serán enviadas por escrito. Y recuerden algo siempre, como siempre lo he dicho aquí, yo siempre he venido a esta asamblea a trabajar con todas las bancadas, el aprecio y el cariño, porque lo único que tiene que ganar es un solo proyecto que tiene siete letras y que es Ecuador.
Muchísimas gracias, bendiciones para todos.
Tiene la palabra el asambleísta Nathalie Farinango. El asambleísta Steven Ordóñez dijo que de nada sirve el esfuerzo del bloque de seguridad si no hay una justicia. Es por eso que hizo varias observaciones. Buenas tardes, señora presidenta.
Buenas tardes, colegas legisladores, y por supuesto, buenas tardes también con la ciudadanía ecuatoriana que mira con atención este debate. Decía el líder y político colombiano Jorge Eliezer Gaitán, quien fue a parte presidente de la Cámara de Representantes, ministro de Estado, alcalde de Bogotá y candidato presidencial, cuando le preguntaban qué cargo público no aceptaría, decía ser juez de la república, porque la justicia es lo más elevado y lo más hondo del ser humano. Son los jueces los únicos que pueden compararse o quitarle un poco de divinidad a Dios cuando deciden sobre el destino de otras personas.
Y lo narrado por los colegas legisladores, lo narrado por la presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, no es ajena a la realidad que sucede dentro de nuestro territorio. La crisis de justicia que vivimos no admite decisiones o decisiones preliminares, ni respuestas a medias. Exige que tomemos decisiones con responsabilidad y reformas con la firmeza del contexto nacional. La justicia no puede entenderse solo como una estructura abstracta. Es un elemento fundamental de nuestro Estado democrático. No podemos vivir en una sociedad donde las reglas no son claras.
Es importante vivir en una sociedad donde los ciudadanos se sientan protegidos y donde nadie, y sobre todo se respete esta máxima común de realidad, donde nadie esté por encima de la ley. Cuando la justicia falla, no solo fracasa la institucionalidad, se debilita la confianza ciudadana, se abre paso a la impunidad y se pone en riesgo nuestra propia democracia. Esta Asamblea Nacional, de manera acertada, ya da muestras de respaldo a la institucionalidad y a la independencia judicial. Recordarán los legisladores también del anterior periodo legislativo, cuando en julio del 2024 desarrollamos el juicio político contra un expresidente de la Judicatura, Whitman Terán.
Lamentablemente en ese momento no se alcanzaron los votos. Pero en febrero de este año censuramos y destituimos al expresidente de la Judicatura, también Mario Godoy. Entonces todo ese contexto hace innecesarias las reformas que se han planteado y que se han socializado y trabajado dentro de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que plantea cambios profundos a nuestro sistema de justicia. Y quiero referirme nada más a tres ejes que creo que es importante destacar. Primero, el combate integral a la corrupción judicial. No podemos enfrentar al crimen organizado, ni siquiera garantizarle seguridad ciudadana a la gente, si precisamente las instituciones encargadas de impartir justicia se ven contaminadas por intereses ilegítimos.
El país exige efectivamente una justicia fuerte, independiente y blindada frente a cualquier forma de corrupción. Esta propuesta legislativa que nos trae la Comisión de Justicia, precisamente, mire esa lógica. Pasa de la reacción a la prevención, incorporando mecanismos de vigilancia patrimonial, fortalecimiento ético y herramientas de control destinados a proteger la integridad institucional. Concretamente, como lo había anunciado también el legislador Ordóñez, se crea la Unidad Interinstitucional de Vigilancia Patrimonial, con capacidad tecnológica para realizar seguimiento automatizado a los movimientos patrimoniales de los operadores judiciales. Esto significa proteger a los servidores honestos, significa fortalecer a quienes cumplen su rol dentro de la justicia de manera correcta, pero también significa castigar y sancionar a aquellos que traicionan la confianza ciudadana.
El segundo eje que me parece importante mencionar también es la transparencia y la democratización de la justicia. La función judicial enfrenta un grave problema que se traduce en la distancia que se ha construido entre la institución y la ciudadanía. Durante años, la justicia ha sido percibida como un espacio cerrado, poco accesible y alejado del control social. Este y otros factores han contribuido a generar la desconfianza ciudadana. La democracia exige instituciones abiertas y visibles. Los ciudadanos no pueden sentir que la justicia ocurre a sus espaldas o a puertas cerradas.
Por eso estos mecanismos de publicidad plena y accesibilidad a las audiencias mediante plataformas digitales, transmisión en tiempo real y posibilidad de grabación y difusión en casos de interés público es importante, porque devolverán la confianza ciudadana. La transparencia no debe entenderse como una amenaza para la independencia judicial, debe entenderse como una garantía para poder fortalecerla. Finalmente, quiero referirme también al fortalecimiento del acceso a la justicia. La justicia no puede seguirse viendo como un privilegio según la ubicación geográfica o las condiciones económicas de las partes procesales. El verdadero acceso a la justicia ocurre cuando las instituciones llegan a las personas, y no cuando las personas deben pasar una serie de obstáculos para acceder a la justicia o acceder a las instituciones.
Por eso esta reforma busca fortalecer mecanismos de justicia cercana y territorial, repotenciando espacios de resolución de conflictos y acercando respuestas a las necesidades cotidianas de la ciudadanía. La propuesta normativa incluye la repotenciación de juzgados de paz, ampliando competencias, incorporándola en zonas urbanas y fortaleciendo la capacidad para resolver conflictos cotidianos. La justicia debe estar presente donde viven las personas, donde surgen los conflictos y donde se construye la convivencia social. Señor Presidente, señorita Presidenta, colegas legisladores, la magnitud de la crisis que vive nuestro sistema de justicia exige decisiones firmes y responsables.
El país, nuestros ciudadanos, merecen acceder a una justicia que tenga integridad para combatir la corrupción, que tenga transparencia para recuperar la legitimidad y tenga esa cercanía para garantizar derechos. Gracias, señorita Presidenta. Devuelvo la palabra.
Tiene la palabra el asambleísta Roque Ordóñez.
La asambleísta Natali Farinango dijo que se necesitan reglas claras y donde nadie esté por encima de la ley cuando la justicia fracasa se debilita la sociedad y se pone en riesgo la democracia.
El legislador Roque Ordoñez. Buenas tardes ya a nuestros colegas asambleístas. Se ha escuchado varios temas en los que sí puedo coincidir lo que decía mi colega asambleísta sobre la reforma al sistema judicial, sobre los enriquecimientos ilícitos. Aquí en el Pleno de la Asamblea hay asambleístas alternos que deberíamos investigar. ¿Cómo es posible que inicialmente con un capital de 50 mil dólares haya comprado Gala Medios por más de 2 millones 600 mil dólares? ¿Cómo es posible que en el Ecuador, que atraviesa una de las crisis de seguridad más graves en su historia, en el año 2025 se consolidó como el país más violento de la región, con 8 mil 847 homicidios, es decir, 50.1 homicidios por cada 100 mil habitantes?
Según reportes del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, una cifra dolorosa que nos ubica entre los países con mayor criminalidad a nivel nacional. Frente al avance del crimen organizado, debemos entender algo fundamental, no habrá seguridad ciudadana sin instituciones judiciales fuertes, independientes y capaces de actuar sin presiones políticas ni amenazas criminales institucionalizadas. No hay seguridad, la seguridad va de la mano con la inversión. No hay paz social posible sin una justicia fuerte, independiente y cercana a la gente. Porque una justicia lejos del territorio que obliga a las familias a recorrer horas para presentar una denuncia o acceder a una audiencia es una justicia ausente y donde el Estado está ausente, crece la impunidad, crece la inseguridad.
Por eso el debate sobre esta reforma no puede reducirse a una estrategia de propaganda o a un discurso mediático de modernización. El verdadero desafío es cómo fortalecemos la institucionalidad judicial del país. Lamentablemente la forma en que se estructuró este informe dejan serias dudas sobre su verdadera intención. Existían cinco proyectos unificados que debían analizarse de manera integral con la amplia participación de las diferentes bancadas. Sin embargo, la Comisión decidió concentrarse únicamente en una propuesta. Dejando a lado las diferentes visiones, eso debilita el debate democrático y demuestra que no se busca un consenso nacional, sino una imposición.
En la propuesta de reforma nos ofrece una gran transformación en el papel. El discurso, el papel aguanta todo. Sin embargo, la implementación de las nuevas unidades al servicio judicial que deberían estar en plazos ya listos para el aplauso, e incluso se ofrecen expansión de nuevas unidades judiciales. Pero hablemos con realismo. Ofrecer infraestructura y tecnología sin el financiamiento real es demagogia pura. Porque lo que busca el sistema judicial, la institucionalidad a nivel nacional, es presupuesto, jueces, protección, fiscales. Ya algún colega asambleísta hablaba sobre la deficiencia de jueces que tenemos a nivel nacional, sobre la deficiencia de fiscales que tenemos a nivel nacional, sobre la deficiencia de servidores judiciales a nivel nacional y sobre la carga procesal en los diferentes juzgados a nivel nacional.
Mientras el proyecto dibuja un sistema judicial ideal, la realidad en los territorios nos golpea con datos contundentes. Entonces, hoy faltan 800 jueces a nivel nacional. Escúchenme bien, 800 jueces a nivel nacional. Existe una carga procesal interminable por la falta de atención, por la falta de presupuesto de quienes están llamados a dar atención a los judiciales por parte del Consejo de la Judicatura. Y lo que es más indignante, debido al abandono estatal, a no tener el presupuesto en el sector de justicia, los propios operadores deben costear de su bolsillo los gastos de su despacho.
Esa es la realidad que vive el sistema judicial a nivel nacional. Compras para sacar copias, para comprar CDs, para comprar carpetas, hojas, esferos, incluso para los servicios básicos. Porque no hay la decisión política institucional de este gobierno, que ya va a cumplir tres años al frente del país. Este abandono no es solo logístico, es también moral e institucional. Entre 2020 y 2025 se registraron 40 atentados, 40 atentados contra la vida de operadores de justicia. Cuatro asesinatos de jueces, doce asesinatos de fiscales, tres asesinatos de funcionarios judiciales, seis asesinatos de funcionarios de fiscalía, nueve intentos de asesinatos.
Esa es la realidad que estamos viviendo. Y frente a este peligro, la respuesta del Estado ha sido nula, indolente, insensible y apática. Casos documentados, como el juez Carlos Serrano, evidencian un patrón alarmante cuando un operador de justicia honesto, transparente, que lamentablemente no hubo la protección por parte del Estado, por parte de la institución que estaba llamada a proteger los más altos intereses de la justicia. Y que no se dejó presionar ante la corrupción institucionalizada y alzó la voz denunciando la corrupción interna. Lo desprotege, lo aísla y lo deja a merced de las represalias.
¿Cómo podemos exigirle a un juez que enfrente a las mafias si el propio Estado le ha dado la espalda? ¿Cómo podemos exigirle a un juez que enfrente a las mafias si el propio Estado le ha dado las espaldas? Hay temas de fondo en este proyecto que revelan el verdadero peligro de la propuesta oficialista. Uno de ellos es la designación de jueces. No hablan de transparencia, hablan de un comité académico integrado por universidades. En el discurso suena bien, pero en la práctica el texto establece que será el Viceministerio de Educación Superior que por sí ya tiene los problemas a nivel nacional, es decir, que el propio Ministerio de Educación tiene enormes problemas.
El Ejecutivo de turno terminará teniendo finalmente la razón. El régimen disciplinario planteado corre la misma suerte al intentar flexibilizar las sanciones por dolo o error inexcusable si los candados de la jurisprudencia actual lo que están creando es una herramienta de chantaje interno. Hoy el Ecuador necesita una función judicial sólida, protegida, transparente, con presupuesto, respetada. los jueces necesitan garantías reales para actuar contra el crimen organizado, contra la corrupción y contra las mafias sin presiones políticas ni represalias. Colegas asambleístas, la crisis que desangra el país no se supera con cálculos partidistas ni con conveniencias del momento.
No podemos entregarles las llaves de la justicia al poder de turno mientras dejamos en el abandono a los jueces honestos en cada uno de los territorios. Ecuador necesita recuperar la institucionalidad judicial. Se requiere una reforma profunda que modernice la gestión y fortalezca la transparencia de los servidores judiciales. Debemos legislar para proteger las instituciones no para maquillar su olvido. Muchísimas gracias señora presidenta.
Tiene la palabra el asambleísta Paola Jaramillo.
Escuchábamos antes la intervención del asambleísta Roque Ordoñez, representante de la provincia de la SUAI, en el uso de la palabra la legisladora Paola Jaramillo.
comunicación. Hoy en este pleno no hablamos de una reforma más, hablamos de una ley que busca devolverle la confianza a miles de familias ecuatorianas en el sistema judicial, ya que por muchos años se ha visto manchado por actos de corrupción. Los ecuatorianos reconocen el trabajo del presidente de la República Daniel Novoa en su lucha contra el narcotráfico. Los ecuatorianos reconocen el trabajo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en territorio. ¿Pero qué nos dicen las familias ecuatorianas? ¿De qué sirve que la policía haga su trabajo sin menos de 24 horas el delincuente va a estar en las calles?
Las famosas medidas cautelares son revocadas y sustituidas por los jueces a favor de los delincuentes. Se vuelve a delinquir, se vuelve a matar. ¿Por qué? Porque la realidad es que existen jueces y fiscales que operan al servicio del narcotráfico, alterando fallos, vendiendo sentencias y otorgando libertades irregulares. ¿O acaso se nos olvida el caso purga, el caso plaga, el caso metástasis? Que quede claro, ecuatorianos. Si un juez se vuelve cómplice de la delincuencia, debe ser tratado como un delincuente más. Según las fuentes oficiales del Consejo de la Judicatura, desde el año 2020 se vienen realizando procesos sostenidos para destituciones de jueces y servidores judiciales por faltas disciplinarias, por corrupción, por error inexcusable.
Desde esa fecha se han destituido aproximadamente 90 funcionarios judiciales, de los cuales 46 son jueces que han estado vinculados con el narcotráfico. Pero lo más alarmante es que no nos dicen cuántos volvieron a ocupar el cargo público. La misma presidenta del Consejo de la Judicatura mencionó que existe una red de corrupción para salvar a esos jueces de los procesos disciplinarios con una tarifa de 10 mil a 30 mil dólares. Terrible, terrible lo que se vive en nuestro país. Por eso felicito a la Comisión por este trabajo que han realizado a favor de las familias ecuatorianas.
Uno de los puntos importantes es que esta reforma plantea el uso del polígrafo, las pruebas de confianza como eje principal de prevención para el ingreso del sistema judicial. Pero para mí no debe ser por una sola vez. Estas pruebas de confianza deben ser permanentemente, incluso para quienes están actualmente en función. Otro punto, no menos importante para mí, el más importante de esta reforma es la creación de la unidad administrativa para dar seguimiento al incremento patrimonial de jueces y fiscales. Actualmente existen sumarios donde hay jueces que han incrementado su patrimonio de la noche a la mañana, pero siguen trabajando en las unidades judiciales como si nada, sin justificación.
Hago un llamado de atención a esos jueces también de la unidad de San Borondón, tierra de nadie. Que el Consejo de Judicatura vea que jueces han incrementado su patrimonio y que se justifique y que se incaute, porque así debe ser. Un juez destituido por actos de corrupción no debe volver a la función pública y su patrimonio deberá ser incautado. Ecuadorianos, con esta ley no vamos a permitir que las lágrimas de una madre de familia que llora por su hijo no tenga una sentencia justa. No vamos a permitir que el narcotráfico continúe contaminando las unidades judiciales.
No vamos a permitir que una madre que busca, que el delincuente, que el violador sigue en las calles como si nada, mientras día, tarde y noche buscan justicia. Haré llegar mis observaciones a la comisión y, por último, le digo a todos los ecuatorianos y a la oposición, cuando se trata de recuperar la confianza en la justicia, es un trabajo de todos. Muchísimas gracias.
Se cierra el debate. Una vez que se ha finalizado el debate, se dispone que el proyecto regrese de ley y retorne a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado para la elaboración del informe para segundo debate. Se suspende la presente sesión.
Se toma nota, señora presidenta. Se suspende la sesión siendo las 16 horas con 36 minutos.
Después de 22 intervenciones, se ha suspendido ya este tema y pasa precisamente el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial, de nuevo a la Comisión de Justicia. La continuación de esta sesión 094 se ha suspendido por orden directamente desde la presidencia encargada de la Asamblea Nacional y quedan algunos puntos dentro del orden del día, entre ellos conocer el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico del Ambiente, conocer y resolver el respaldo del Gobierno Nacional del Ecuador sobre el programa del Sistema Educativo EducaEmpleo, cuyo fin es incorporar a 2085 nuevos docentes al sistema educativo orientado a cubrir vacantes urgentes en el sistema educativo público, fortaleciendo el talento humano y la necesidad urgente de cubrir el déficit estructural en educación de nuestros jóvenes de todo el territorio nacional, respaldar a las acciones del Gobierno Nacional en la lucha contra el crimen organizado y de apoyo a la cooperación internacional en el marco de la suscripción de la Declaratoria Conjunta de Seguridad de la Conferencia Anticarteles de las Américas y respaldar las acciones ejecutadas por el Gobierno Nacional en materia de seguridad ciudadana, incluyendo entrega de equipamiento y el fortalecimiento de las capacidades operativas de la Policía Nacional como parte de una política orientada a recuperar la tranquilidad y el bienestar de las familias ecuatorianas.
De esta manera nosotros a través de la señal de TVL y la radio de la Asamblea Nacional nos despedimos, será con nosotros hasta una siguiente convocatoria de asamblea en pleno. Excelente tarde, excelente noche. Muchísimas gracias Javier.
Una buena tarde.
TVL y la Radio de la Asamblea Nacional presentaron Asamblea en Pleno.