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Lenin Alejandro Lara Pérez (75%)
Buenas tardes, presidente. Muchísimas gracias por otorgarme el uso de la palabra. Saludando también a los colegas legisladores. Antes de entrar en materia, permítanme recordar lo que significa la descentralización. En Ecuador y en muchos países del mundo, se entiende como la transferencia de competencias, de recursos y de responsabilidad desde el gobierno central hacia los gobiernos autónomos descentralizados. La descentralización se apoya en tres reglas básicas, que son la autonomía, de gestión para los gobiernos seccionales, la asignación proporcional de los recursos y la rendición de cuentas. ¿Pero qué se busca con esto? Llevar el poder de decisión lo más cerca posible de las comunidades, a la ciudadanía, para que las obras y servicios respondan a la realidad de cada territorio y no a una lógica centralista. Esta política es noble, pero solo funciona cuando va de la mano con la responsabilidad fiscal y de mecanismos transparentes que aseguren que el dinero público se usa en lo que realmente importa, en infraestructura, en servicios básicos y bienestar. Durante años, el país vivió un espejismo de abundancia. Entre el 2013 y el 2017, los déficits acumulados superaron el 40.1 mil millones y cada año el gasto del Estado estaba cerca de los 8 mil millones de dólares, más de lo que se recaudaba. La brecha se cubría con deuda cara y con operaciones opacas de petróleo por préstamos. El gasto público creció en un 239% sin que la producción ni el empleo crecieran al mismo ritmo. Era el famoso pan y circo. Se construían obras paraónicas y se repartían subsidios que alimentaban clientelas políticas, pero nos dejaron una deuda insostenible y un agujero fiscal enorme. Dato adicional, en 2016, cuando ocurrió el terremoto de Manaví y Esmeraldas, dejó un hueco mayor que el provocado por la pandemia. Hoy la Fiscalía investiga cómo se reprogramó la fórmula del endeudamiento y se firmaron operaciones que ni siquiera se registraron como deuda y que se usaron para gasto. En Tunguragua, lo vivimos de cerca, nuestros municipios vieron cómo los recursos se agotaban en pagar nóminas y contratar consultorías mientras los proyectos de agua potable para el campo y la recuperación de caminos vecinales se postergaban una y otra vez. Hoy los productores de la Sierra Central siguen pidiendo un sistema de riego moderno para sus cultivos, pero durante la bonanza petrolera de la década pasada se gastó en fiestas y propaganda. Esas decisiones son las que nos tienen como una deuda enorme y las obras inconclusas. Así como en nuestros hogares no podemos destinar el ingreso solo a la fiesta y dejar de reparar el techo o mantener la casa a flote, el Estado no puede seguir priorizando el gasto corriente sobre la inversión. Los problemas estructurales son evidentes. El gasto en remuneraciones y servicios de los GATs crece de manera rígida y desplaza la inversión en infraestructura y servicios públicos. La consecuencia es que las redes viales, los sistemas de agua potable y el equipamiento básico están deteriorados. Por ello, el proyecto de ley que discutimos introduce una regla de asignación mínima prioritaria. Al menos el 70% de las transferencias del presupuesto general del Estado a los GATs debe destinarse en inversión pública y al mantenimiento de activos básicos, quedando un máximo del 30% para el gasto corriente. No se trata de una camisa de fuerza irracional. La regla busca ordenar la programación presupuestaria y garantizar que los recursos lleguen a obras tangibles. Si un municipio invierte menos del 70% en obra pública y destina más del 30% a no minifuncionamiento, deberá presentar los planes de corrección. Sé que existe la preocupación de que esta reforma vulnere la autonomía de los GATs, pero todo lo contrario, la reforma respeta la autonomía, pero la acompaña de obligaciones de transparencia y de un sistema de seguimiento en todas las fases del ciclo presupuestario. Incluso se plantea una disposición transitoria para que el seguimiento al cumplimiento de la regla se inicie el 1 de diciembre del 2026 y la verificación el 1 de junio de este año, dando tiempo a los GATs para adaptarse a los nuevos parámetros. Los gobiernos locales seguirán decidiendo sus prioridades, pero deberán hacerlo con responsabilidad fiscal y con criterios técnicos uniformes. En Tunguragua, esto puede traducirse en que nuestros municipios tengan que auditar la inversión en sistemas de riego, en hospitales cantonales o en obras de mitigación de riesgos. La transparencia y la rendición de cuentas no pueden ser pretextos para la opacidad, todo lo contrario. La descentralización bien entendida fomenta que cada obra y cada centavo estén a la vista de la ciudadanía. A mediano plazo, esta regla impedirá que los GATs se sigan endeudando para pagar salarios y permitirá que los recursos se orienten a obras que generen empleo y mejoren la calidad de vida. Invertir en infraestructura básica dinamiza la economía local, reduce los costos y aumenta la competitividad del territorio. En Tunguragua necesitamos vías que conecten los cantones y sistemas de agua potabilizada que no sean un lujo, sino un derecho. La regla del 70% permitirá garantizar que esos proyectos pasen de los papeles a la realidad. Colegas asambleístas, es hora de asumir una responsabilidad colectiva. Las medidas populistas del pasado nos dejaron endeudados, con obras inconclusas y con desesperanza. Esta ley es una respuesta al orden fiscal que perjudica a las provincias y al país. Así como las familias ajustan sus presupuestos en tiempos de crisis, renegocian sus deudas y priorizan el mantenimiento de su hogar y la educación de sus hijos, nosotros también debemos ordenar las finanzas públicas, planificar, invertir en lo esencial y dejar de gastar en lo que no genera valor. Esta reforma es un paso necesario para sanear las cuentas, para fortalecer la descentralización y construir un Ecuador más justo, no más pan y circo. Ordenemos las cuentas como lo haríamos en nuestras casas y construyamos un futuro sostenible. Mi palabra, señor presidente. Muchas gracias.