🕒 0:00 Pamela Alejandra Aguirre Zambonino (75%)

Muchas gracias, Presidente. Un saludo cordial para el pueblo ecuatoriano, de manera especial para mi provincia de Imbabura. Este tema no es algo que únicamente está tratando la Asamblea Nacional del Ecuador. Este tema lo ha venido abordando tanto la UNICEF como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, especialmente con enfoque de niños, niñas y adolescentes. Nosotros jamás nos vamos a poner a que existan medidas, políticas públicas, normativa y todo lo que sea necesario para evitar que los niños, niñas y adolescentes sean reclutados por el crimen organizado. Recordar primero que el reclutamiento nunca es voluntario, es forzado. Y al decirlo forzado, hay dos corrientes. La una, cuando es forzado, obligado a través de armas, de presión y de una serie de amenazas. Pero también es forzado por el engaño, por la pobreza y por el abandono. La utilización de niñas, niños y adolescentes está dada tanto como mensajeros, cocineras, espías, vigías. Y hay un informe de la UNICEF que reconoce que el crimen organizado recluta niños, niñas y adolescentes de la siguiente manera. De 9 a 11 años suelen reclutarlos para que sean mensajeros, informantes, para que hurten. A los 12 años se les otorga tristemente tareas nuevas, como cuidar las casas de la delincuencia, el transporte de drogas. A los 16 años se les entregan armas y ya se les encarga el secuestro, el sicariato. Esto en el caso de los niños. Sin embargo, en el caso de las niñas, las tareas van relacionadas a la cocina, a la limpieza de las casas y los lugares de las bandas de crimen organizado y lo peor de todo, a la explotación sexual. Hay causas estructurales, como les decía, el abandono, la pobreza, el engaño. Y eso lo hemos visto en los últimos años en nuestro país. Debido a que entre el 2021 y el 2024, el homicidio a niños, niñas y adolescentes aumentó el 521%, reclamando al Estado ecuatoriano la necesidad de una protección integral. ¿Qué significa protección integral? No únicamente una ley, sino políticas públicas reales que garanticen que los niños, niñas y adolescentes no serán tomadas por estas bandas criminales. Entre esas, los infocentros, que deberían estar activos, permitiendo la conectividad controlada y el apoyo de las personas que trabajan en estos centros para que los niños utilicen su tiempo para conectividad en educación, en aprendizaje. Programas que existían como Da Dignidad, para que la mendicidad infantil no sea un instrumento utilizado por las bandas criminales para reclutar a los niños y obligarlos a que estén en las calles pidiendo caridad y respondiendo a estructuras mafiosas. Los centros de alto rendimiento. El deporte es fundamental. Se construyeron centros de alto rendimiento que ahora se encuentran cerrados y abandonados. En provincias donde existe alto índice de reclutamiento como Esmeraldas. Centros de alto rendimiento que deberían ser el principal espacio donde los niños tengan recreación y deporte. Eso es una política pública real. El convenio 182 de la OIT, Organización Internacional de Trabajo, habla que el reclutamiento forzoso de personas en conflictos armados, especialmente niños, niñas y adolescentes, es una de las peores formas de trabajo infantil. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el 2015, realizó un estudio sobre violencia, niñez y crimen organizado. E indicó que Ecuador es uno de los países donde más se crece exponencialmente para que los criminales recluten a niños en pandillas juveniles y en grupos armados. Pero también hizo énfasis en algo importante, que existe violencia procedente de las fuerzas de seguridad. Y que se entienda bien, no estamos en contra de las fuerzas armadas ni de la policía que realicen su trabajo. Pero lo que sí estamos en contra es que existan abusos procedentes de las fuerzas de seguridad, como existió el caso de los cuatro niños de las Malvinas. Queremos que exista seguridad, sí, pero no que los niños, niñas y adolescentes sean criminalizados y que la política únicamente se centre en el control coercitivo y en la represión punitiva. Porque eso podrá dar resultados mediáticos, podrá dar resultados a corto plazo. Sin embargo, no se abordan las causas estructurales. Este proyecto de ley tiene muchos temas por mejorar. Por ejemplo, la responsabilidad no es de los municipios, es del Estado central. Los municipios tienen responsabilidades explícitas en temas de obra pública, saneamiento. El tema del espacio público. Es necesario recuperar el espacio público de manera permanente, como lo están haciendo muchísimos municipios. Entre esos, el municipio de Guayaquil, que recuperó el Parque Samanes, donde se convirtió en un espacio para que los niños, niñas y adolescentes hagan deporte luego de tenerlo varios años en el olvido. Sin embargo, quienes tienen la competencia exclusiva en temas de seguridad y política pública es el gobierno central. Y no tratemos de movilizar esa competencia a quienes no la tienen. El Estado central tiene que garantizar educación, salud, cultura, deporte, conectividad y que los niños, niñas y adolescentes tengan hogares, familias dignas, donde el hambre no les pase factura y se vean forzados a ser reclutados por las bandas criminales. Es importante también en este proyecto de ley hacer un énfasis sobre el reclutamiento, que es distinto en el caso de niños y niñas. Los niños, como dicen los informes del UNICEF, están obligados a temas de sicariato, porte de armas, entre otras, mientras las niñas están obligadas a hacer labores de limpieza, cocina y violencia sexual. Hay que diferenciar cómo estas bandas criminales recrutan a nuestras niñas y niños y les obligan a dar tareas de esta índola diferentes. Nuestra propuesta siempre va a ser que el Estado sea más fuerte. Ya había un legislador que decía, no hablemos de ideología. Tenemos que hablar de ideología porque un Estado fuerte, un Estado presente, un Estado que invierte en salud, un Estado que invierte en educación inicial, en los IBDs, en los centros de alto rendimiento, que la mayor cantidad de su dinero no lo invierte en el pago de deuda externa, sino lo invierte en la niñez y en la adolescencia, es un Estado que garantiza que estos niños tengan derechos y no sean víctimas, víctimas. Y yo quiero repetir, estos niños son víctimas de la delincuencia organizada. Mi palabra, presidente.