🕒 0:00 Silvia Patricia Nuñez Ramos (100%)

Muy buenos días, allí Punya, señor presidente, señores asambleístas, medios de comunicación que nos escuchan a través de los medios de comunicación que nos escuchan los ciudadanos. Inicio mi discurso, todos sabemos lo que ocurre en el país, cuando un país deja de planificar su territorio, cuando las ciudades no crecen en orden, cuando los barrios se inundan, las industrias se instalan en donde no deben, los servicios no llegan a tiempo y los GAT cargan con la responsabilidad sin contar con las herramientas necesarias. Es lo que está sucediendo en este país, en nuestro querido Ecuador. Y esto es la realidad, es lo que viven nuestras familias cada día y por eso estamos aquí. Hoy este pleno discute una ley que toca la raíz de ese desorden acumulado, una ley que evidencia cómo en los últimos años el Estado permitió que el territorio se manejara de una manera improvisada, a discrecionalidad, con silencios institucionales. El proyecto que hoy estamos analizando no llegó perfecto, llegó con las marcas de una realidad. Las comparecencias lo dijeron con claridad. Encontramos sanciones desproporcionadas, encontramos falta de datos, varios vacíos normativos, riesgos para los gobiernos autónomos descentralizados más pequeños y decisiones que dependían más de quién firmaba que de los criterios técnicos. La comisión lo reconoció y por esa razón analizamos y trabajamos en este proyecto. Pero también corresponde reconocer que el cuerpo normativo que hoy nos convoca, es decir, estos nueve artículos finales que hemos planteado, no es aquel texto confuso ahora, no es ese texto ya inconsistente, peligrosamente incompleto, sino que lo hemos trabajado. Hoy debatimos un articulado y hemos corregido varios vacíos, que se atendió alertas, alertas técnicas, se incorporó una mirada más seria, más profunda, más equilibrada sobre el ordenamiento territorial. Es un texto que con sus límites avanzó en rigor, en claridad y en sentido para el Estado. Esta Asamblea recibe hoy un texto que da un salto cualitativo en la estructura institucional del país, que fortalece la institucionalidad, como decíamos ya anteriormente, de la superintendencia y le devuelve un marco de actuación claro. Reconstruye un régimen sancionador coherente con el Código Orgánico de Administración, evitando arbitrariedades y devolviéndole proporcionalidad. Además, crea un sistema nacional de información territorial interoperable para que los datos de riesgos, uso del suelo, catastro y planificación dialoguen entre sí y no permanezcan aislados. Eso lo afirmo con claridad, porque estas falencias las vivimos desde los desastres naturales que ocurrieron en Chimborazo, en la provincia de Chimborazo. Este texto también establece reglas técnicas de coordinación y además también reconoce algo fundamental, que ningún GAT puede ser juzgado o sancionado si antes el Estado no le ha ofrecido acompañamiento, fortalecimiento y herramientas fundamentales para que pueda cumplir su mandato. Ahora bien, tampoco podemos engañarnos, este avance no resuelve todo. Quedan varios temas que debemos cerrar en el segundo debate. Falta precisar un esquema de proporcionalidad sancionadora realmente operativo. Falta definir la corresponsabilidad fiscal que implica este interoperar entre sistemas. Actualizar instrumentos y sostener capacidades técnicas. Falta un régimen transitorio más cuidadoso con los procesos ya iniciados. Y falta sobre todo asegurar que esta ley no termine convirtiéndose en una carga insostenible para los gobiernos autónomos descentralizados más pequeños, que ya operan al límite de su capacidad institucional. Este articulado final representa un avance sustancial respecto a lo que recibimos. Corrige errores, ordena procesos y genera una base más clara para el país. Pero también debemos dejar constancia en actas y en el trámite de nuestra voluntad de fortalecerlo, de ajustarlo, de afinarlo, de que sea aplicable en el Ecuador real, no en un Ecuador imaginario desde el escritorio. Colegas, no podemos cerrar los ojos frente a la situación de los gobiernos autónomos descentralizados. Hoy, estos gobiernos autónomos están sobreviviendo con los atrasos que asfixian su gestión, con recortes presupuestarios que obligan a elegir entre pagar una nómina o mantener servicios mínimos, con competencias que crecen cada año mientras el financiamiento del Estado central disminuye o no les llega, mientras no exista una voluntad política clara por parte del gobierno, estas reformas siempre serán insuficientes. Esa es la realidad de las provincias, de los cantones, de las parroquias, es la realidad también de mi provincia, de Chimborazo. Mientras aquí debatimos reformas, afuera, las escuelas se caen a pedazos, los hospitales siguen sin insumos básicos, la seguridad no alcanza ni para garantizar la tranquilidad de un barrio. Y la planificación territorial depende de esfuerzos heroicos, de técnicos municipales, que hacen 10 tareas con una estructura que fue diseñada para apenas 3 tareas. La planificación territorial no es un trámite, debe ser una política de Estado y no puede sostenerse sobre instituciones debilitadas, presupuestos inciertos y estructuras vaciadas de personal. Porque si algo nos exige este momento histórico, es legislar con responsabilidad, con técnica y con una visión a futuro. Este país ya no aguanta más improvisaciones. No es su territorio, no en el medio de esta crisis que vivimos tan severa, no con indicadores que tenemos en salud, en educación, seguridad y finanzas, que son indicadores que dan pena. Cada error normativo se paga en territorio, en los barrios, en las comunidades, se paga con vidas. Entonces, demos estabilidad normativa a los gobiernos autónomos descentralizados. Demos herramientas reales para que puedan planificar y que puedan ordenar el suelo. Y sobre todo, devolvámonos un mínimo de orden institucional a un país que hoy lo necesita con urgencia y con absoluta claridad. Muchas gracias, Yupaychang. Gracias. Gracias.