🕒 0:00 Fabiola Maribel Sanmartín Parra (89%)

Nos están mirando por los medios de comunicación de la Asamblea Nacional, pero sobre todo ese abrazo y cariño para todos los habitantes de la provincia del Cañar. En esta tarde estamos tratando un tema importante y lamentable que se ha dado desde gobiernos anteriores en los GATS por la infiltración de los grupos de delincuencia organizada. Este pleno aprobó la resolución para que nuestra comisión realice un proceso de fiscalización serio, transparente y sobre todo sin caer en el juego de la politiquería, porque nuestra misión es que los servicios de tránsito sean a favor de los ciudadanos y no de los delincuentes que tanto daño le hacen al país. Hay agencias de tránsito municipales como las de Durán y Manta, en las que se ha confirmado que miembros de grupos narcoterroristas tenían injerencia en la administración de las mismas, incluso familiares de FITO. Esto ha evidenciado que existan vehículos remarcados, placas clonadas, un número mayor de vehículos matriculados al del parque automotor registrado. En muchos casos esos carros fueron usados para cometer delitos. Este gobierno ha sido tajante en combatir todas las irregularidades, porque desde hace muchos años atrás se evidenciaba en redes sociales la venta de matrículas y otros trámites, sin la necesidad de salir del hogar. Por ello, incluso hay un proceso en marcha en la Fiscalía General del Estado, demostrando que el nuevo Ecuador no encubre estas malas prácticas. Además, los medios de comunicación también han dado cuenta que algunos agentes de tránsito municipales colaboran con el narcotráfico a través de la filtración de información y evitando controles por lugares donde circulan los vehículos adulterados. Las agencias de tránsito municipales son las encargadas de las multas, matriculación y gestión vehicular en los diferentes territorios. Manejan grandes presupuestos públicos y han sido infiltradas por las mafias para lavar dinero y de esa forma mover la información. De este proceso de fiscalización pudimos evidenciar que los municipios priorizan la recaudación y los trámites administrativos, en lugar de trabajar por la seguridad vial y la integridad de los registros públicos. Muestra de ello son los procesos de matriculación que aún se ofertan en redes sociales, en la plataforma de Facebook. El modelo de gestión actual de la competencia de tránsito en el nivel municipal es ineficiente. Para enfrentar las amenazas del conflicto armado interno, incluso hay alcaldes que sabiendo lo que pasaba en sus agencias de tránsito, prefirieron guardar silencio, no reaccionaron, no pidieron ayuda, tampoco denunciaron. En el caso de matrículas ilegales, no responde a un problema informático aislado, sino a una falla de gobernanza, donde la falta de reporte de los municipios y el seguimiento, así como el vacío de rectoría estratégica de años anteriores, permitieron la consolidación de redes criminales en el sistema de tránsito. Es necesario que desde esta asamblea, a más de este proceso de fiscalización, empecemos a plantear las reformas normativas, porque se ha evidenciado una desconexión entre el COTAD y la Ley Orgánica de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, en temas concernientes a la seguridad del Estado. No planteamos sólo un ajuste administrativo, sino una decisión trascendental para que el primer poder del Estado se ubique al lado de la ciudadanía, honesta, y no permitir que las mafias sigan infiltrándose en las instituciones de tránsito en los gobiernos municipales. Gracias, señora Presidenta, por el uso de la palabra. Gracias, compañeros.