Señor presidente, compañeras y compañeros legisladores, buenos días. Quiero empezar reconociendo, señor presidente Nils, su predisposición de acercar la Asamblea Nacional a la ciudadanía. Hoy desde esta hermosa provincia y esta ciudad de Machala que nos ha recibido tan afectuosamente. Quiero aprovechar la oportunidad para pedirle que en agenda también se incluya a mi querida provincia de Los Ríos, porque cuando llevamos a la ciudadanía a territorio tenemos la oportunidad de rendirle cuentas a nuestros conciudadanos y hablarles frente a frente. Hoy quiero decirles que no estamos debatiendo simplemente una reforma legal. Hoy estamos debatiendo un tema profundamente humano. Es la posibilidad real de miles de familias de tener la oportunidad de tener por primera vez un techo digno. Por eso quiero hablar desde la realidad del territorio. En este caso, poner por ejemplo mi provincia de Los Ríos, que de acuerdo a la unidad de registro social serían aproximadamente 5.800 familias las que se van a ver beneficiadas con esta propuesta legal. Y esto no son números, colegas legisladores, son vidas, son historias. La de una madre que tiene que sacar adelante a sus hijos a pesar de las condiciones precarias, la de un padre que así sea vendiendo caramelos, refrescos, tortillas, tiene que ahorrar cada centavo para poder reunir la plata del arriendo que le toca pagar a inicios de cada mes. La de cada familia que vive con el miedo de que su casita precaria, con madera, con caña, con tablas de mala calidad, en cualquier momento se les pueda caer. Y realmente estas historias son las que deben sopesar para poder debatir y darle solución al tema de déficit habitacional, que es una realidad que no puede seguir esperando. Y esta iniciativa propuesta por el Ejecutivo es una respuesta para por fin darle cara a este déficit habitacional estructural que arrastra el país por tantas décadas. Colegas, el déficit de vivienda no es un problema de ahora. Son muchos los gobiernos anteriores, sea de izquierda o de derecha, que han tratado de darle solución a este tema. Con bonos, con subsidios, con donaciones. Recuerdo, por ejemplo, el plan Un Solo Toque. O la Casa del Midubi. Pero la gran diferencia es que desde aquellas voces que hoy critican a esta propuesta de ley, en esa época no les importaba que el Estado entregue, done, subsidie, regale casas a miles de personas que no tenían posibilidades e incluso a personas que sí las tenían. Porque los que caminamos en territorio sabemos cuántas personas que sí tenían posibilidades se vieron beneficiadas con esas casitas. Frente a esta realidad resulta preocupante que desde la oposición se pretenda instalar en la ciudadanía una narrativa totalmente equivocada sobre los alcances de esta propuesta legislativa. Y es por eso que me es necesario aprovechar este momento de intervención para aclarar algunas de esas falsedades. Como primero, que esta ley no garantiza derechos. Eso no es correcto. Está alejado de la verdad constitucional y legal. Colegas, la Constitución de la República del Ecuador es clara y establece que el Estado debe de garantizar el acceso a vivienda digna. Si no, los invito a leer artículos como el 30 o el 375 que lo contemplan. Además, lo que tampoco le dicen a la ciudadanía es que existen ya leyes como la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social y reglamentos que explican claramente su aplicación como el reglamento que regula el acceso a subsidios e incentivos para la vivienda. Entonces, con esto queda claro que contrario a lo que han pretendido señalar, esta propuesta legislativa no sustituye la norma actual. La fortalece y la acelera. Como segunda falsedad que están queriendo posicionar es que esta ley no tiene beneficiarios claramente identificados. Falso. Esta ley contempla claramente que serán beneficiarios, por ejemplo, las mujeres que han sido víctimas de violencia de género, las mujeres que son cabeza de hogar, los ciudadanos afectados por desastres naturales, los ciudadanos migrantes en condición de repatriados o retornados y, obviamente, aquellos que viven en pobreza y en pobreza extrema. Es decir, no se beneficia al que más tiene, realmente se prioriza al que más necesita. Y, además, aclararle al Ecuador que todos estos ciudadanos beneficiarios deberán cumplir o completar el puntaje establecido en el registro social. Estas son víctimas que luego de cumplir todo un proceso técnico y legal podrán ser entregadas de forma gratuita a quienes no tienen nada de capacidad de pago y a precios muy accesibles a quienes tienen una pequeña capacidad de pago. Esta es la diferencia, una diferencia sustancial. Porque si bien es cierto, en la actualidad en el Ecuador existen algunos programas habitacionales con línea de crédito, estos han sido diseñados para quienes sí tienen capacidad de pago. Son programas habitacionales muy buenos, con tasas muy flexibles, como Credit Casa, Mitimiti, pero esas no están diseñadas para las personas y las familias que no tienen una capacidad solvente o una capacidad de pago. Es decir, aquellas que viven en pobreza o pobreza extrema, como sí lo hace y lo contempla esta propuesta legislativa. Como tercera mentira que quiero desvirtuar el día de hoy, es que esta ley es una imposición del presidente Daniel Novoa. Eso es totalmente falso. La propuesta de ley es bastante diferente a la que llegó de parte del Ejecutivo el 9 de marzo. Ha sufrido modificaciones, se han incrementado incluso recomendaciones de algunos legisladores, incluso las que tuvimos el jueves anterior. Por ejemplo, esta propuesta, conforme lo fuera sugerido, hoy contempla insertar a los ciudadanos del segmento 2, lo que no hacía la propuesta inicial. Por poner un ejemplo, cómo se va a beneficiar a las personas del segmento 2, una persona que tenga un terreno, pero que por su condición económica no puede adquirir o construir una casita en ese terreno, porque no tiene los recursos económicos, se va a poder ver beneficiado de esta ley. Y así se amplía el número de familias que podrán acceder a una vivienda. Y para cerrar, siempre me paso del tiempo, he hablado de mentiras, pero quiero hablar de una verdad. Y una verdad que la oposición no lo dice o lo mantiene muy bien callado, porque obviamente les conviene. Y es que la ley actual, como está contemplada, nos dice que los gobiernos autónomos descentralizados tienen la capacidad de planificar, funcionar y ejecutar programas habitacionales de vivienda. Y entonces ahí yo me pregunto, tantos GATs que tienen ellos, o es una pregunta que nos deberíamos hacer todos los ecuaterianos, ¿cuántos planes habitacionales han propuesto los GATs en especial para beneficio de los que menos tienen? Yo creo que en cada cantón los ciudadanos tienen su respuesta. Colegas, para finalizar, por las miles de familias del Ecuador que no tienen un techo, legislemos con humanidad y entreguémosles este proyecto de ley, que es una oportunidad para aquellos que no tienen oportunidad. Muchísimas gracias.