Gracias, señor presidente. Buenos días, estimados y estimadas colegas legisladores. Un saludo a todos nuestros compatriotas, en especial a nuestros hermanos migrantes que, aunque están lejos, están siempre presentes en nuestra toma de decisiones, porque saben que las leyes que aquí se debaten y aprueban también definen el presente y el futuro de cada una de sus familias. Este informe que hoy debatimos sobre la llamada Ley de Transparencia Social se presenta ante el país como una herramienta para combatir el lavado de activos. Sin embargo, lo que en realidad refleja es una práctica que lamentablemente se ha vuelto habitual en este gobierno.
Mezclar materias diversas en un mismo cuerpo legal, violentando abiertamente el principio de unidad de materia consagrada en nuestra Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En este proyecto, bajo el pretexto de la transparencia, se pretende regular a las organizaciones sociales, ampliar las facultades de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, endurecer regímenes sancionatorios e incluso introducir reformas tributarias que no guardan relación alguna con el objetivo declarado en la norma. Esto, colegas legisladores, no solo es una mala práctica legislativa, sino que es una clara infracción constitucional que no podemos ni debemos permitir bajo el ropaje de la legalidad.
Lo paradójico es que los mismos que insisten en forzar esta ley son los que después se quejan cuando la Corte Constitucional les suspende normas por inconstitucionalidad. Primero aprueban leyes con vicios evidentes, luego denuncian a la Corte por bloquear sus iniciativas y hasta exhibiendo los rostros de los jueces como si ellos fueran enemigos públicos. En realidad, no es la Corte la que bloquea, es la Constitución la que pone límites y en este oficialismo, es este oficialismo el que insiste en desconocerla. Lo peor es que esta norma de legislar sin técnica, sin respeto a la Constitución y con prisa política, le pasa factura al país, porque cada vez que se aprueba una norma inconstitucional, no es el gobierno el que paga las consecuencias, es el pueblo ecuatoriano, son los servidores públicos, es la organización social que es perseguida, es la empresa que enfrenta litigios tributarios.
Mientras tanto, eso de la modernización y la transparencia no pasa a ser un eslogan vacío, una excusa bonita para justificar el atropello constitucional. Colegas legisladores, la transparencia no se logra debilitando derechos ni burlando la Constitución, se logra con controles claros, instituciones sólidas y respeto a la democracia. Desde la bancada de la Revolución Ciudadana no podemos respaldar este informe, porque más que combatir la corrupción, lo que hace es sembrar inseguridad jurídica y abrir la puerta a la persecución política. Cuando un gobierno se acostumbra a legislar con bonitas frases trilladas y no con respeto a la Constitución, lo que termina modernizándose no es la transparencia, sino la arbitrariedad y el autoritarismo, dando eficiencia no a la justicia, sino al abuso del poder.
Este es el verdadero costo que está pagando el Ecuador de hoy en día. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.