Buenos días, señora presidenta, colegas legisladores. Quiero primero un caluroso saludo a la gente de la SUAI, a nuestros hermanos cuencanos, que nos han hecho sentir como si estuviéramos en nuestro hogar. Comparezco ante este pleno para presentar el informe para primer debate del proyecto de ley de reformatoria a la ley de régimen tributario interno para incentivar la construcción de viviendas de interés social y reducir el déficit habitacional calificado como urgente en materia económica. Y no lo hago solamente como ponente, lo hago con la convicción de que estamos al frente de una de esas grandes decisiones a nivel social que necesita el país. Estamos hablando de algo mucho más profundo, estamos hablando de un hogar, de un techo para las familias ecuatorianas. Hoy el Ecuador enfrenta una cruda pero penosa realidad. Más de 700.000 familias no tienen un hogar digno, no tienen un techo. El déficit habitacional ronda o bordea el 57% del país. Y esto no hay que tomarlo como simples números porque detrás de estas cifras hay una madre familia, hay un cabeza de hogar, hay un padre que busca un techo para poder heredarlos a sus hijos. Y esta situación se agrava aún más porque muchas personas viven en asentamientos irregulares en condiciones precarias, en zonas de riesgo, sin servicios básicos, con un clima inclemente que agrava esa situación. Situación que la conocemos de primera mano quienes visitamos los territorios. Como representantes del Distrito 2 de Guayaquil, el lugar o el sector donde se encuentran la mayor cantidad de asentamientos irregulares hemos vivido y hemos palpado esa realidad. Quienes recorremos los diferentes sectores, Andrés, Yanina, Juan José, la doctora que nos acompaña, a Montesinaí, a la Carolina, a la Ladrillera, hemos visto esa realidad. Hemos visto cómo esos padres de familia se nos acercan para buscar esas soluciones. Y hoy, en este primer debate, hemos traído una solución. Solo en el 2025, cerca de 4.000 eventos climáticos realizaron afectaciones en cerca de 200 cantones del país, deteriorando aún más la infraestructura de estas casas. Y es aquí donde esta ley se vuelve fundamental. Esta reforma propone algo inteligente, moderno y necesario, convertir la política tributaria en una herramienta social. Pero, ¿qué hace esta ley? Esta ley permite que los contribuyentes donen viviendas de interés social al Estado para que puedan acceder a una rebaja del impuesto equivalente al 100% del valor donado con un límite del 30% del impuesto causado. Es decir, alineamos incentivos, el sector privado invierte, el Estado canaliza y las familias, que es lo más importante, las familias reciben un hogar digno. Pero, además, esta ley no es improvisada. Está diseñada con criterios técnicos y sociales claros. Primero, las viviendas donadas deben cumplir con diferentes estándares por el ente encargado. Precio, superficie, calidad constructiva. Segundo, se establece que el beneficio se calculará únicamente sobre el valor de la vivienda, excluyendo el terreno cuando éste ya sea del beneficiario, evitando distorsiones o abusos. Tercero, se incorpora un mecanismo clave, el catálogo de necesidades. ¿Qué conlleva este catálogo de necesidades de vivienda social? Este catálogo va a permitir focalizar el beneficio a quienes realmente lo necesiten, aquellas familias vulnerables. Y esto es fundamental, porque, como nos pudo mostrar el Ministerio de Infraestructura y Transporte en las diferentes comparecencias, el país ya cuenta con una herramienta para identificar con precisión a los beneficiarios en condiciones tanto territorial como social perfectamente detalladas. Por eso, programas como Casa 100, créditos preferenciales o subsidios han sido importantes. Ha sido una gran política del presidente Andrés Núñez, pero esto no va a mitigar de manera rápida las necesidades de más de 600.000 familias. Y por eso esta ley es fundamental, por eso esta ley es neurálgica. Porque tampoco no es solamente una medida social, también es una política económica inteligente. Recordemos que el sector del constructor es uno de los sectores que más dinamiza la economía. Se va a poder dinamizar la economía en los diferentes sectores donde vayan a estar establecidas estas casas de interés social. Cada vida construida no solo es un techo, es trabajo, es inversión, es desarrollo, es dinamizar la economía. Adicionalmente, esta ley tiene controles fiscales claros. El Ministerio de Finanzas podrá establecer el límite al gasto tributario. Se valorará anualmente su impacto económico y tendrá un carácter temporal, aplicándose entre el 2026 y el 2029. Es decir, es una política responsable, medible y ajustable. Bueno, colegas legisladores, este informe para primer debate que hemos tenido en este pleno puede ser, podemos y debemos, creo yo, quitarnos las banderas políticas y ayudar a que esta ley sea mucho más fuerte. Creo que todo lo que hemos recorrido en los diferentes sectores sabemos que la vivienda es algo de interés prioritario para cada familia, para cada hogar que nos dio y confió en nosotros dando nuestro voto. Creo que hoy tenemos la responsabilidad de contribuir a esta ley, esta ley que no tiene banderas políticas, esta ley que envió el presidente Daniel Novoazín no es política, es social. Esta ley es para las familias, es para más de 70.000 personas que no tienen un hogar digno y es el momento de quitarnos las banderas políticas y poder legislar de una vez por todas por cada una de las familias ecuatorianas. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta.