Sesión No. 118-AN-2025-2029 del pleno de la Asamblea Nacional

El trabajo que hace Fuerzas Armadas, el trabajo que hace Policía Nacional. Decirles que esta ley es un complemento jurídico para que ellos sigan actuando en esta lucha contra el crimen organizado. Por supuesto hay vacíos legales, por supuesto hay cosas que corregir y es por eso que nosotros enfocamos en tres puntos principales. La reforma al Código Orgánico Integral Penal, la ley de extinción de dominio y también...

la logroño.

Esto nace dentro del sistema de Naciones Unidas como un esfuerzo.

Bueno, la iniciativa parte de que queremos darle una herramienta más a las fuerzas del orden, tanto Policía Nacional como Fuerzas Armadas, para seguir combatiendo el crimen organizado, enfocado en donde realmente es el punto de quiebre de ellos, que es del bolsillo. Lo que busca esta ley es atacar estas economías criminales, que son las que permiten que ellos perduren en el tiempo y sigan avanzando en el territorio de nuestro país. Tiene propuestas interesantes también como los abogados que sean sentenciados por utilizar, mal utilizar, es la palabra, la profesión, van también a perder su licencia como abogados.

Otro tema es poder utilizar los bienes de los narcotraficantes, que como ecuatorianos pagamos, de eso es importante que se sepa, nosotros pagamos la seguridad, el seguro que se tiene que tener para cuidar estos bienes hasta que se decida su transferencia de dominio, poder utilizarlos, por ejemplo, para una fundación que necesita el espacio y poder brindar su servicio social, son bastantes temáticas importantes que se tienen aquí en la ley y pues hoy en el pleno vamos a escuchar ya el primer debate y esperamos que en los próximos meses sea aprobada.

Así es, recordemos que no solamente la cabecilla es quien incumple con nuestra norma, sino hay un círculo de varios actores que ayudan a que este crimen se cometa. Por ejemplo, los campaneros que son quienes avisan cuando está llegando la policía, quienes prestan sus espacios en los domicilios para guardar la droga o para cometer actos delictivos, quienes también transportan de un lugar a otro la droga. Entonces, lo que trata es de cerrar todo este círculo de actores que cometen o ayudan al crimen organizado en nuestro país.

Así es, en la Comisión de Seguridad se recibió más de 50 comparecencias para recibir aportes, sugerencias, cambios al proyecto de ley y lo más importante es la experiencia de Italia aterrizada ya a este proyecto de ley. Recordemos que es un país que tuvo una problemática bastante fuerte con las mafias y ellos supieron superarlo. Entonces, qué mejor poder ver qué de ese sistema, qué es lo que ellos aplicaron, nos pueda servir a nosotros como ecuatorianos.

Muchas gracias.

Bueno, nosotros estamos entendiendo que el derecho penal se tiene que especializar. Esa es una de las características fundamentales del tipo penal, que esté debidamente especializado, que esté debidamente tipificado. Y una de las cosas que nosotros estamos haciendo ahora para mejorar aquello es tipificar la pertenencia a los grupos de delincuencia organizada. Porque a ratos parecería ser que pertenecer a una banda debe ser normal, debe ser quizás parte del derecho a la libertad de asociación o cosas por el estilo, cuando en realidad eso es el génesis del crimen organizado.

Así es que nosotros, en cuanto a la organización, estamos haciendo reformas para que se tipifique como delito la pertenencia a las bandas del crimen organizado.

Esto tiene que ser holístico, tiene que ser cerrado, no podemos dejar paso a que se pierda alguna parte del proceso penal o alguna parte de la investigación o alguna parte de la pesquisa del crimen, porque por ahí es por donde se cuela la delincuencia organizada. Entonces nosotros, entre otras cosas, estamos también haciendo particular énfasis para que los operadores de justicia, los jueces, se ajusten al momento que estamos viviendo. Es decir, cuando se juzga a la mafia, se le tiene que entender como enemigos del Estado, no como delincuentes a rehabilitarse.

Entonces nosotros estamos poniendo una serie de reglas que permiten que se pueda sancionar a aquellos administradores de justicia que no se ajusten a ciertas reglas a la hora de juzgar a los criminales de la delincuencia organizada.

los temas, les buscan la letra colorada para poder inscribir propiedades ilícitas, para poder realizar actividades ilegales, para poder juzgarles dentro de los procesos. Es decir, si bien es cierto, la Constitución de la República reconoce que se debe garantizar el derecho a la defensa y a un abogado a todos los ciudadanos, independientemente del nivel de criminalidad que se tenga, todos los delincuentes tienen derecho a un abogado. ¿No es cierto? Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es que sí, por supuesto que el libre ejercicio de la profesión, tiene que garantizarse.

Pero no por eso se puede permitir que se busquen artilugios dentro de la ley para beneficiar al crimen organizado, o para facilitar al crimen organizado, o para saltarse las normas, o para defenderlos con trampa. No pueden ser abogados lobistas, sino que tienen que ser abogados que técnicamente busquen la administración de justicia y alcanzar la justicia después de un proceso judicial.

Bueno, nosotros hemos entendido que una de las partes fundamentales de las fuentes del derecho es el derecho comparado. Es decir, ¿qué hicieron otros países que ya tuvieron ese problema y que fueron experiencias exitosas? Entonces, en Italia, cuando tuvieron que enfrentar a la camorra, a la cosa nostra, a la mafia siciliana en general, ellos aplicaron varias y no todas de estas reglas que nos han sugerido y les permitió salir del problema. Entonces, nosotros creemos que, si bien es cierto, cada país es distinto, la idiosincrasia de cada pueblo es diferente, nosotros entendemos que las reglas jurídicas pueden aplicarse de la misma forma para solucionar el mismo problema jurídico.

Así es que esto de la cooperación internacional para nosotros ha sido fundamental y hemos inaugurado, creo yo, no sé si por primera vez, pero sí en este periodo, hemos inaugurado la lógica de conocer también lo que dice el derecho comparado y pretender aplicar para el ordenamiento jurídico ecuatorial.

Gracias.

Bueno, hemos propuesto en la mesa legislativa tres aspectos fundamentales en tres cambios normativos en los cuerpos legales. El Código Orgánico Integral Penal, y a mí me parece importante que la ciudadanía sepa que parte de estas reformas es la tipificación por pertenencia funcional a los grupos de delincuencia organizada. Hoy, lastimosamente, cuando capturamos un cabecilla, un capo, la estructura sigue funcionando. Entonces, necesitamos atacar quién colabora, quién apoya, quién presta infraestructura, quién financia estos grupos de delincuencia organizada. Por eso, hoy buscamos tipificar la pertenencia funcional a los grupos de delincuencia organizada.

También reformamos la ley de extinción de dominio por los bienes incautados para la venta anticipada de estos bienes, para que el Estado deje de cubrir esos recursos que se dan cuando pasa un tiempo del procedimiento judicial.

Sí, lo que buscamos es que el Estado tome posición de estos bienes y que puedan ser vendidos de una forma o tal vez puestos a nombre o a posesión de un desarrollo social, porque necesitamos que el Estado pueda incautar estos bienes, que el Estado tenga sentencias de estos bienes mal habidos.

Bueno, el problema que busca resolver es que el sistema de justicia deje de ser esa puerta giratoria para el crimen organizado. No puede ser que en delito fragante se captura a un extorsionador el día lunes y que el día miércoles vuelva a las calles. Eso genera impunidad, genera la sensación de inseguridad en el país y sobre todo desconfianza en el sistema de justicia. Por eso nosotros vemos fundamental que el juez debe fundamentar, argumentar y debe motivar la razón por la cual a un delincuente por crimen organizado se le va a dar...

Sí, en realidad hemos tenido la cooperación tanto de la Embajada Italiana, también la OEA ha estado presente en la construcción de esta normativa. Hemos utilizado mucha legislación comparada también, adecuándola al contexto de nuestro país. Y bueno, hoy hemos construido una normativa creada una herramienta esencial al Estado para combatir el crimen organizado.

que contamos con 143 asambleístas registrados en la sesión. Contamos con el quórum legal.

Paola Susana Dávila Morillo

Bienvenidos y bienvenidas a Asamblea en Pleno. El artículo 112 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa queda legalmente posesionada. Se instala la sesión número 118 AN 2025-2029. Señor secretario, por favor dé lectura de la convocatoria.

Se instala la sesión 118 AN 2025-2029, siendo las 10 horas con 27 minutos. Con su autorización, señora presidenta, procedo a dar lectura a la convocatoria. Por disposición del asambleísta Michel Manchino Dávila, presidenta de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se convoca a los asambleístas a la sesión 118 AN 2025-2029 del Pleno de la Asamblea Nacional a realizarse el día jueves 27 de agosto de 2026 a las 10 horas en la sede de la Función Legislativa ubicada en la avenida 6 de diciembre y Piedraíta, en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

Primero, himno nacional de la República del Ecuador. Segundo, conocer el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado frente al crimen organizado ley antimafias. Hasta aquí el texto de la convocatoria, señora presidenta.

Señor secretario, por favor informe si se han presentado solicitudes de modificación del orden del día.

Cumplo con informar, señora Presidenta, que sí contamos con una solicitud de modificación del orden del día para la presente sesión presentada por la asambleista Verónica Íñiguez el 25 de agosto de 2026 a las 10 horas con 4 minutos.

Señor secretario, por favor dé lectura del cambio del orden del día solicitado por la asambleísta Verónica Íñiguez.

Memorando a NIGMB-2026-001-MEXT. Asunto, solicitud de cambio de orden del día de la sesión 118. De mi consideración, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 129 de dicho cuerpo normativo y en concordancia con el artículo 9, numeral 20 de la misma ley, solicito que dentro de la sesión del Pleno 118 de la Asamblea Nacional, a realizarse el día jueves 27 de agosto de 2026, se incorpore el siguiente punto en el orden del día.

Proyecto de resolución mediante la cual el Pleno de la Asamblea Nacional exhorte al Presidente de la República del Ecuador a declarar el 18 de noviembre de cada año como feriado nacional en reconocimiento del Día Nacional de las Artes Vivas y Escénicas en el Ecuador y del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja. Y a disponer la adopción de medidas impositivas de carácter temporal, entre ellas la reducción de la tarifa del impuesto al valor agregado durante el periodo de celebración del festival, en beneficio de los sectores turísticos, cultural y productivo de la provincia de Loja.

Adjunto a la presente las firmas de respaldo correspondientes con sentimientos de distinguida consideración, atentamente María Iníguez Asambleísta. Hasta aquí la lectura, señora Presidenta.

Tiene la palabra la asambleísta Verónica Iñiguez.

Buenos días con todos los colegas asambleístas. Y es que el arte tiene una capacidad de sacudir todas las estructuras de una sociedad. Trasciende el simple entretenimiento para convertirse en una herramienta de transformación profunda en cada una de sus calles. Le devuelve esperanza también a muchos ciudadanos que viven en sus obras. Cuando el pueblo canta, actúa o cuando pinta, está también defendiendo su identidad. También está defendiendo su derecho a existir con dignidad. Y es que en el Ecuador existe un lugar en donde esa magia cobra sentido en cada esquina.

Y se trata de la ciudad de Loja de mi querida provincia. El Festival Internacional de Artes Vivas convirtió a Loja en el corazón cultural del país y generó un dinamismo económico en todos los diversos sectores productivos. En el año 2019, este mismo Parlamento aprobó una ley que institucionalizó al festival. En el año 2022, el mismo Pleno dio un paso simbólico al declarar el 18 de noviembre como el Día Nacional de las Artes Vivas y Escénicas. Yo llegué aquí a esta asamblea el pasado mayo del 2025 y lo hice con una consigna muy clara.

Y es el de transformar todos estos simbolismos en realidades tangibles, palpables para mi gente. Loja necesita un Estado central que pase de los aplausos hacia las acciones concretas. Es por eso que el día de hoy solicito el apoyo de este Pleno para debatir sobre este tema. Necesitamos incluir este punto del orden del día en la agenda para solicitar al Ejecutivo un acto de voluntad, un exhorto para declarar al 18 de noviembre como un feriado nacional. Esta declaratoria es una puerta de esperanza y la herramienta fundamental para llenar a nuestras calles, teatros, plazas y que venga acompañada de todas las personas, tanto del país así como internacionalmente, para celebrar este día tan maravilloso.

Lo más importante es que viajar al sur y maravillarse con nuestro talento es algo que nunca decepciona a quienes visitan a nuestra linda ciudad. Nosotros hemos solicitado además al Ejecutivo que durante este tiempo se haga una excepción tributaria para que muchas personas puedan seguir ocupando lo que ya está lleno, que son hoteles, que son los diferentes restaurantes, los transportistas incluso, empiezan a generar y a dinamizar a nuestra economía. Quienes vivimos en el sur profundo del Ecuador sabemos lo que significa resistir y construir progreso con nuestras propias manos.

Exigimos políticas públicas integrales que verdaderamente permitan nuestro desarrollo y que nos saquen además de un abandono histórico. Nuestros artistas, nuestros gestores culturales, nuestros ciudadanos necesitan de tener teatros llenos. Necesitan que en su inmenso talento sea respaldado con un público que sea masivo. Hoy les digo que Loja está con los brazos abiertos, listos para recibir a todos y a todos en esta gran fiesta. Por todo esto invito públicamente a mis colegas asambleístas de la misma provincia, al colega Jorge Guevara, también a Josebed Jaramillo y a Juan Andrés González a sumarse a esta iniciativa.

Loja necesita el trabajo conjunto de todas las autoridades con acciones concretas como esta. Hagamos que la fuerza transformadora del arte venga acompañada de la prosperidad de nuestra gente. Muchas gracias.

Señor secretario, tome votación del cambio del día presentado.

Procedo a tomar votación. Señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las currules electrónicas. De existir alguna novedad, informar a esta secretaría.

Registro, señor secretario.

Me permito informar, señora Presidenta, que contamos con 140 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el cambio de orden del día presentado por la asambleísta Verónica Íñiguez. Señores asambleístas, por favor consignar su voto.

Señor operador, presente los resultados. Señora Presidenta, me permite informar que de un total de 140 asambleistas presentes contamos con 136 votos afirmativos, 0 negativos, 0 blancos y 4 abstenciones. Ha sido aprobado el cambio de orden del día presentado por la asambleista Verónica Inigues.

El cambio del orden del día presentado por la asambleísta Verónica Iñiguez como tercer punto del orden del día.

Se toma nota, señora Presidenta.

Demos inicio con el primer punto.

Primero, himno nacional de la República del Ecuador.

Con el himno nato.

Señor secretario, siguiente punto del orden del día.

Segundo, conocer el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado frente al crimen organizado ley antimafias.

del memorando respectivo y del informe en su parte resolutiva el informe íntegro remitido será parte del acta de la presente sesión

Con su autorización, señora Presidenta, procedo a dar lectura del memorando AN-CSIS-2026-0373-M. Asunto, remisión del informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado frente al crimen organizado ley antimafias. De mi consideración, por disposición del asambleísta Inés Alarcón, Presidente de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley Orgánica de la Oficina Legislativa, me permito remitir el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado frente al crimen organizado ley antimafias aprobado en sesión ordinaria 141 el día lunes 24 de agosto de 2026 en el pleno de esta comisión a fin de que continúe con el trámite correspondiente en el pleno de la Asamblea Nacional.

La votación registrada en la sesión 141 es la siguiente, afirmativo 8, negativo 0, abstención 2, asambleístas ausentes 0. Consentimiento de seguida consideración, atentamente, Marco Girón, secretario, relator. De acuerdo con su disposición, señora Presidenta, procedo a dar lectura a la parte resolutiva del informe. Quinto, conclusiones. La realidad actual exige que el Estado cuente con un marco jurídico capaz de responder a la complejidad, permanencia y capacidad de adaptación de las organizaciones criminales. La comisión concluye que la reforma atiende a esta necesidad y fortalece la protección de la ciudadanía, la recuperación de condiciones de seguridad y la capacidad institucional del Estado.

La reforma responde a las distintas formas mediante las cuales las organizaciones criminales consolidan su poder. El control territorial, el aprovechamiento ilícito de hidrocarburos y otros cuerpos estratégicos, el empleo de infraestructura logística, la instrumentalización ilícita de actos profesionales y la interferencia en el sistema de justicia. Abordar conjuntamente estas manifestaciones permite afectar su funcionamiento y capacidad de expansión. Desarticular una organización criminal exige actuar también sobre los recursos que financian y permiten recomponer sus operaciones. Por ello, el componente patrimonial de la reforma busca reducir esa capacidad económica y evitar que los bienes bajo custodia se deterioren o generen cargas desproporcionadas para el Estado.

De esta manera, se preserva su valor conforme al resultado del proceso. Se reduce el riesgo de que vuelvan a ser utilizados por estructura criminal y se evita trasladar indefinidamente al Estado al costo de su conservación. A partir de esta conexión temática, teleológica y sistemática y de conformidad con los parámetros jurisprudenciales establecidos por la Corte Constitucional en la Sentencia 58.11.in.2022 y acumulados, la Comisión considera justificada la incorporación de las reformas dentro de un mismo cuerpo normativo, pues cada una mantiene una relación clara, específica y verificable con el fortalecimiento de las capacidades estatales para enfrentar y reducir la capacidad operativa y económica de las organizaciones criminales.

En conjunto, la adecuación normativa mantiene la unidad de materia y la coherencia del sistema penal, articula mecanismos penales, procesales y patrimoniales complementarios, evita la superposición injustificada de sanciones y favorece una gestión responsable de los recursos públicos. De este modo, fortalece la seguridad ciudadana, la confianza en las instituciones y la capacidad legítima del Estado para responder frente a la delincuencia organizada. Sexto, recomendación. Se recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional continuar con el trámite del proyecto en los términos propuestos en el presente informe orientado a fortalecer el marco jurídico frente a la delincuencia organizada mediante una respuesta integral compatible con la Constitución que contribuya a proteger a la ciudadanía, preservar la integridad del sistema de justicia y reducir las capacidades operativas y económicas de las organizaciones criminales.

Octavo, asambleísta ponente. La asambleísta ponente del presente proyecto de ley y del presente informe es la asambleísta Inés Alarcón, presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. Hasta aquí la lectura de los solicitados, señora presidenta.

la asambleísta Inés Alarcón.

al pueblo ecuatoriano que sigue esta sesión. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Edison Washington Prado Álava, alias Gerald, tal vez le suena ese nombre por este lado del hemiciclo. Es un lanchero de Manaví que terminó convirtiéndose en un capo de la droga. Se le atribuye el envío de al menos 250 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. Construyó embarcaciones, rutas marítimas, redes logísticas, acumuló enormes cantidades de dinero y estableció conexiones que cruzaban nuestras fronteras. Levantó una red que podía no sólo traficar narcóticos, sino también lavar dinero, ejercer poder armado, pero sobre todo manipular al Estado.

Su organización llegó a coordinar directamente con el cartel de Sinaloa, infiltrando ese cartel en nuestro país. Es decir, estamos hablando de una estructura que conectaba al Ecuador con Colombia, con Centroamérica y México y que convirtió nuestras costas en parte de una cadena internacional de narcotráfico. Pero ¿cómo un lanchero pudo convertirse en un operador de semejante magnitud sin que el Estado lo detectara y desarticulara a tiempo? Esto ocurrió mientras gobernaba la llamada Revolución Ciudadana y mientras el Ministerio de Interior estuvo bajo la conducción de José Serrano entre el año 2011 y el año 2016.

Es decir, mientras se hablaba de un Estado fuerte de control territorial y de una policía fortalecida, en nuestras costas se estaba consolidando silenciosamente una estructura criminal con conexiones internacionales, porque crearon el ecosistema perfecto. Compra de radares inservibles en nuestras zonas costeras, salida de la base de manta, absorción de los organismos de control de drogas y sobre todo el decreto 1440, indulto a mulas de narcotráfico. Este fue el ecosistema que se creó para que el narcotráfico entre en nuestro país y se infiltre en todas nuestras zonas costeras.

Pero no solo se queda ahí, también la influencia en la justicia. Tres jueces de la Corte Provincial del Guayas fueron detenidas después de ceder un habeas corpus que permitió la salida de la pareja de Arias Geran, pese a que tenía una sentencia por delincuencia organizada de 28 meses. El crimen organizado, señores, no solo busca controlar cargamentos de droga, busca controlar las condiciones que le permitan seguir operando. Busca rutas, busca dinero, busca protección, busca información, busca corromper y penetrar las instituciones encargadas de combatirlo. Operadores de justicia, abogados, policías, funcionarios, políticos, porque esa es la manera que utilizan para controlar el poder.

¿Dónde estaba el Estado ecuatoriano mientras se construía ese imperio criminal en nuestro país? En pactos que se dirigían desde las seguridades entonces. El narcotráfico, los carteles y la violencia criminal comenzaron a cimentarse en nuestro país. Señores, el crimen organizado no inicia con la captura de un capo, o una muerte violenta en las calles, o con cabezas colgadas en los puentes. El crimen organizado empieza mucho antes. Empieza cuando alguien utiliza nuestras zonas costeras, nuestros puertos, nuestras fronteras, nuestro sistema financiero, nuestras instituciones para construir poder criminal. No podemos esperar, señores legisladores, pueblo ecuatoriano, que aparezca el próximo Gerald, el próximo Fito o el próximo jefe de una organización criminal para reaccionar.

Tenemos que cortarles el financiamiento antes de que acumulen poder. Tenemos que perseguir sus estructuras antes de que controlen territorios. Tenemos que proteger la justicia antes de que las mafias intenten comprarlas. Pero sobre todo, señores legisladores, tenemos que cerrar estos vacíos legales. Eso es lo que busca la ley antimafia. Que el Estado deje de llegar tarde y tenga las herramientas necesarias para actuar. Y por eso el informe que hoy sometemos a consideración de este Pleno de la Asamblea Nacional contiene 23 artículos, una disposición general, cuatro disposiciones transitorias y una disposición final.

Esta propuesta actúa sobre estos frentes, las economías criminales, las estructuras de mando y el financiamiento, el control territorial, la investigación, la protección del proceso penal, la integridad de la justicia y la recuperación de activos. Como Estado debemos dejar de perseguir solamente al eslabón más débil. Una organización criminal puede reemplazar rápidamente al ejecutor. Capturamos a uno y mañana aparece otro, semejante a la realidad que ya vivimos con alias Gerald. Después de él vino Fito, Fede y así sucesivamente. Por eso debemos llegar al que financia, al que dirige, al que recluta, al que facilita la infraestructura y al que proporciona los recursos con conocimiento de la finalidad criminal.

Entonces, ahí sí diremos que comenzamos a desarticular la estructura criminal. Por eso este proyecto en la Reforma 369 del Código Orgánico Integral Penal diferencia entre quienes organizan, dirigen o financian. La pena de 22 a 26 años se extiende a las personas que ejercen funciones de dirección, financiamiento, mando, control, coordinación estratégica u organización. Un nuevo artículo en el Código Orgánico Integral Penal, el 369.4, pena de 10 a 13 años y a quienes se integren formalmente a estos grupos de delincuencia organizada. Un nuevo artículo, el 369.3, pena de 10 a 13 años a quienes colaboren de manera externa y relevante, pero sobre todo consciente.

Y para esta búsqueda, estas cabezas y asociados logísticos, la Comisión de Seguridad ha considerado una herramienta importante, la cooperación eficaz y reforzada en delincuencia organizada. Un nuevo artículo al Código Orgánico Integral Penal, el 493.1. El beneficio de esta cooperación eficaz está condicionado a información verificable que permita identificar o capturar a quienes ejercen dirección, mando o financiamiento, recuperar activos, prevenir delitos graves o lograr la desarticulación organizacional. Es decir, la colaboración se premia sólo cuando hay resultados contra las estructuras criminales. Legisladores, debemos recuperar el territorio frente al crimen organizado, porque hay un punto en donde el crimen organizado deja de ser solamente una amenaza de seguridad individual y comienza a disputar directamente la autoridad con el Estado.

Cuando una organización criminal decide quién circula, quién trabaja, quién permanece, quién debe irse, quién puede quedarse, cuando expulsa familias, ocupa viviendas e impone sus propias reglas, está disputando directamente la autoridad con el Estado. Entonces ya no estamos hablando únicamente de delincuencia, estamos hablando de control territorial criminal. Por eso esta propuesta incorpora respuestas específicas frente al desplazamiento y confinamiento forzados por violencia criminal en las reformas en el artículo 47 y un nuevo artículo, el 163.1 del Código Orgánico Integral Penal. Porque ningún criminal puede decidir quién tiene derecho a permanecer en su propio barrio y mucho menos esto se puede quedar sin una sanción.

Desde la Comisión de Seguridad pedimos de 7 a 10 años de prisión para quien quiera hacer desplazamiento forzado y de 5 a 7 años para el confinamiento forzado por violencia criminal ecuatorianos. El territorio le pertenece al Estado, pero sobre todo a los ciudadanos. Es importante que se toque este punto importante aquí en este Pleno de la Asamblea Nacional, la recuperación de activos del crimen organizado. Podemos capturar a los integrantes, podemos desarticular una célula, pero si la organización conserva sus vehículos, sus inmuebles, su maquinaria, su dinero y sus activos, conserva también la capacidad de reconstruirse.

Por eso la persecución patrimonial es una de las partes más importantes de esta reforma. Y aquí quiero ser absolutamente clara, incautar un bien no significa que el Estado se convierta automáticamente en su propietario. Mientras no exista una decisión judicial que transfiere el dominio, el bien debe ser custodiado y conservado. Pero tampoco podemos aceptar que los bienes incautados se deterioren durante años y mucho menos que durante años del Estado pierda millones de dólares en su cuidado o resguardo. Mientras las organizaciones criminales, tranquilas, esperando recuperar esos valores.

Por eso hemos incorporado nuevos artículos al COIP referente al artículo 551.1 del régimen especial de administración, custodia y conservación de bienes incautados. Venta anticipada de bienes incautados. Por eso se regula la venta anticipada de esa manera excepcional, con autorización judicial, informe técnico, avalúo, remate y protección de los derechos de buena fe. Y se permite cuando corresponda a la asignación provisional de determinados bienes para fines públicos o sociales, sin transferir su propiedad. Por esto se ha generado el nuevo artículo también el 551.4 respecto al destino de los bienes incautados.

Esto es, señores legisladores y pueblo ecuatoriano, una administración responsable de los bienes vinculados a procesos penales y patrimoniales. Porque si el Estado logra incautar un activo criminal, pero permite que se destruya, se deprecie o vuelva a manos de la organización, entonces la persecución ha perdido una parte fundamental de su sentido. Para eso también nosotros hemos visto necesario crear la figura de declaratoria de abandono, un nuevo artículo en el Código Orgánico Integral Penal, para evitar que estos bienes se deprecien y proceder a su venta como tal.

Factor importante, la protección al sistema de justicia. Aquí quiero detenerme para explicar algo claramente porque sé que ha existido preocupaciones, que son legítimas por supuesto. La reforma vinculada al ejercicio de la abogacía no criminaliza la defensa técnica. Un abogado o una abogada puede defender a cualquier persona, interponer recursos, cuestionar pruebas, discutir la cadena de custodia, exigir garantías y ejercer plenamente el derecho a la defensa. Eso, legisladores y pueblo ecuatoriano, no está en discusión. Lo que se busca sancionar es distinto. El uso doloso de la profesión para integrar, financiar, facilitar u ocultar una estructura criminal.

Ojo, y aquí quiero ser clara también, legisladores, para proceder la inhabilitación de la o el abogado, se requiere la sentencia ejecutoria, participación probada y una relación directa y esencial con el acto profesional y la conducta delictiva. No se sanciona la profesión, se sanciona la utilización dolosa como instrumento del crimen. Y esta precisión es importante para proteger simultáneamente dos cosas, la independencia de la defensa y la integridad de la administración de justicia. Señores, proteger la justicia también significa cerrar las puertas a la fuga, la obstrucción y la intimidación procesal.

Por eso, la reforma del artículo 523 del Código Orgánico Integral Penal, permite la retención temporal del pasaporte y documentos de viaje cuando existan riesgos de fuga. En los casos de crimen organizado, el riesgo procesal no puede analizarse de manera aislada, sino considerando la capacidad real que tienen estas estructuras para fugarse, obstruir la investigación, intimidar a las víctimas y así continuar operando. Por eso, la reforma dispone que se valoren elementos como su capacidad económica, logística, redes de apoyo y control territorial para determinar la obligatoriedad de dictaminar la solicitud de prisión preventiva.

De la misma manera, la prisión preventiva no puede sustituirse automáticamente por la falta de pronunciamiento de fiscalía. Debe verificarse que las circunstancias que justificaron su imposición hayan desaparecido y que los riesgos puedan ser controlados con medidas menos gravosas. No eliminamos garantías legisladores, evitamos que éstas sean utilizadas por el crimen organizado. La protección a la actividad hidrocarburífera frente a economías criminales. Una de las principales aprendizajes de este proceso, que es combatir el crimen organizado, también significa atacar las fuentes de financiamiento. Por eso, particularmente importante la protección de nuestros hidrocarburos.

Para eso hemos reformado los artículos 262, 264, 265, 266 y 267 del Código Orgánico Integral Penal. Estas reformas se refieren al robo, desvío, almacenamiento clandestino y la comercialización ilegal del combustible que ha dejado de ser únicamente delitos contra el patrimonio. Pues estos recursos hoy en día son utilizados por estructuras criminales, lo que convierte en una fuente de financiamiento y logística para la delincuencia organizada. La propia Comisión identificó que estas actividades pueden afectar simultáneamente al patrimonio público, al abastecimiento, la infraestructura estratégica, el ambiente, pero sobre todo legisladores y pueblo ecuatoriano, la seguridad ciudadana.

Por eso la reforma propone una respuesta precisa y proporcional frente a esta conducta. Para proteger nuestros recursos estratégicos, también es importante combatir el crimen organizado. Cada una de las reformas de esta mesa de seguridad tienen un mismo objetivo, fortalecer las capacidades institucionales del Estado ecuatoriano, sancionar y desarticular al crimen organizado. Las organizaciones criminales aprenden, se adaptan, cambian, modifican su ruta, sus estructuras, sus mecanismos de financiamiento y buscan nuevas formas de infiltrarse allí donde encuentran debilidades. Si el crimen evoluciona, el Estado debe hacerlo. Debemos fortalecer nuestra capacidad para anticiparnos y coordinar con nuestras instituciones, darle las herramientas necesarias a los operadores de justicia a las Fuerzas Armadas.

Y antes de terminar mi intervención, me gustaría decirle al pueblo ecuatoriano que si antes hubiese existido esta ley, estos personajes hoy estarían pagando una condena por ser parte funcional del narcotráfico. Hoy estamos frente a una normativa que nos va a permitir dejar de lado ese estado de impunidad que institucionalizó el prófugo de la justicia. Muchas gracias, señora presidenta.

Michelle Mancheno.

Señora Presidenta, he solicitado la proyección de un video, por favor, para su autorización.

donde se ha presentado a la más de una tonelada de droga que finca un daño.

Cogieron un arma de fuego, desagrados en secuestros y extorsiones de 30 allanamientos en todos los distritos. Pues libera por séptima vez alias Matatán.

Los delitos de extorsión, los sicariatos no van a disminuir si no disminuimos los niveles de impunidad.

Gracias, Presidenta. Basta con ser acusado de asociación mafiosa y automáticamente procede la incautación de los bienes. Frase dicha por Francesco Incerilo, quien manejó la mafia entre Sicilia y Nueva York y fue capturado por el FBI en el 2008. Y esto, señores asambleístas, no es el lamento de un ciudadano. Es justamente la confesión de un hombre que desde su círculo, desde su mundo, sabe perfectamente que el punto débil de las mafias y del crimen organizado está en su economía. Ahí es donde reside la verdadera fragilidad del poder criminal.

Italia es un país que aprendió esto con el peso de su sangre. Llegó un momento en que los ciudadanos pensaron que se doblegaban ante el crimen organizado. Recordemos cómo un coche bomba quitó la vida de dos jueces, Falcone y Borsellino. Y fue ahí el punto de inflexión donde los ciudadanos despertaron y supieron que tenían que tomar decisiones. Fue ahí cuando las autoridades decidieron depurar el sistema de justicia, pero sobre todo golpear el patrimonio construido sobre los delitos y el crimen organizado. Y hoy nuestro país, el Ecuador, atraviesa su propio momento de definición.

Y voy a dar datos importantes para que podamos entenderlo. Desde el 2025 y lo que va del 2026, el país registra 316 mil toneladas de droga incautadas, 796 mil de material aurífero, 477 mil municiones, 2.533 millones de galones de combustible y 3.418 millones de dólares vinculados a estas redes criminales. Y son cifras que describen una economía criminal que disputa el territorio de un trabajo decente, donde cada munición, cada galón de combustible se traduce en miedo en los barrios, en vacunas de los negocios, en jóvenes reclutados y sobre todo en vidas truncadas de nuestros ecuatorianos.

Y aquí vale ejemplificar para poder entender una organización polaco albanesa que se instauró en San Borondón, en una residencia donde todos pensaban que no podía pasar esto. Lo hicieron con un contrato verbal, tuvieron o accedieron a permisos de armas, constituyeron empresas fachadas para lavar dinero y montaron un centro de operaciones para poder enviar cocaína a Europa. Como mencioné, esto ocurrió en una zona residencial donde parecía que el peligro estaba lejos, pero lo que nos demuestra es que nuestro territorio y que ninguna geografía del país está exenta o libre de esta disputa.

Y para poder plantear este proyecto de ley, primero hay que analizar las problemáticas que se vive y así tener soluciones claras. Y yo les pido, reconozcamos con franqueza que esta crisis no corresponde a este año ni al anterior. Esta degradación se acumuló con las malas decisiones del pasado, con periodos de tolerancia al crimen organizado y también momentos que permitieron silenciosamente que estas estructuras se tomen varios poderes del Estado y también los barrios de nuestro país. Y hablamos de esa década, una década marcada por la politización de la seguridad, donde estas decisiones debilitaron al Estado, desmantelaron sistemas de inteligencia y sobre todo, importante, la no renovación del convenio con Estados Unidos para la base de Manta.

Y los efectos de esas decisiones de aquella década las estamos pagando hoy todos los ecuatorianos. Aquellas decisiones hoy nosotros las enfrentamos en homicidios, en extorsiones, en territorios donde el cobro es permanente y en corredores de narcotráfico que son consolidados. Y también decirles que durante mucho tiempo se pensó que estas mafias estaban tal vez solo en series, pero resulta que en el país tenemos como realidad en un marco con otros nombres. Los choneros, los lobos, los chonequilers, los águilas y varias otras estructuras criminales que avanzan de forma silenciosa y violenta en nuestros territorios, en nuestros cantones y sectores rurales, consolidándose en feudos y también decidiendo qué se transporta, cuándo se transporta y hasta a quién se asesina.

Y estamos hablando de organizaciones que son capaces de matar, organizaciones que son capaces de condicionar a servidores públicos, a servidores judiciales, de estructuras que manejan millones de dólares y cuyos miembros han sido detenidos y muchas veces liberados. Cada salida de ellos de prisión les fortalece. Para citar un ejemplo, también hablemos del operativo que fue hace pocos días, Atlas 124, ejecutado en el sector de La Pampa, aquí en la ciudad de Quito, donde se detuvo a dos personas y se los encontró con municiones, con cartuchos, con armamento, por supuesto sin permiso.

Y sin embargo, en la audiencia les dieron medidas sustitutivas. Y es ahí donde nace la preocupación como ciudadanos, la preocupación como ecuatorianos, sobre todo el esfuerzo que hace la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para poder capturar a estos delincuentes, para poder capturar a estos grupos de delincuencia organizada. Pero esto no se traduce en una respuesta adecuada, procesal, por parte de la justicia, sobre todo proporcional al riesgo que ellos representan. Y esta ley justamente exige que frente al crimen organizado, las decisiones judiciales se sustenten de mejor manera.

Necesitamos motivación cuando deciden darles medidas sustitutivas, aún cuando les están encontrando con armamento, con droga, con municiones y con otros elementos que sí significan que están inmersos en un delito. Otro ejemplo, en marzo, en Durán, un operativo militar en toque de queda, fue capturado un hombre señalado como cabecilla de los chonequilers. Horas después, recuperó su libertad. ¿Y qué continuó haciendo? Delinquiendo. Eso justamente es lo que tenemos que impedir y esta ley plantea esas soluciones. Y aquí decirles que durante el 2025 y hasta la presente fecha, el gobierno ha presentado aproximadamente 21 denuncias contra jueces y fiscales a escala nacional por decisiones que favorecieron a los criminales y a los grupos de delincuencia organizada.

Y este es un dato que nos convoca a todas las funciones del Estado a trabajar por la seguridad y en coordinación para poder impedir que los jueces tomen estas decisiones a favor de los delincuentes. Señor asambleísta, por favor, respeto. Cada bien incautado puede convertirse en una carga económica para el Estado. Y es ahí donde nosotros también planteamos que la vivienda, el vehículo de este delincuente, de este narcotraficante, pueda ser utilizado mientras se resuelve judicialmente su destino. Bueno, queremos utilizar esos bienes que de hecho ustedes, nosotros, los ecuatorianos, pagamos estos valores para que esos bienes tengan un seguro, para que esos bienes tengan guardias de seguridad protegiendo unos bienes que en su mayoría son de origen ilícito.

He aquí las propuestas principales de la ley para poder cerrar este círculo que operan las bandas criminales, los grupos de delincuencia organizada. Que se incluya también desde el campanero que avisa cuándo va a llegar la policía hasta el principal cabecilla y podamos tener una sanción respectiva para todos. Algo importante que mencionar, una de las principales fuentes de financiamiento de los grupos de delincuencia organizada es el contrabando de hidrocarburos. Y es aquí también donde se aumentan las penas para este delito y poder cortar el financiamiento que tienen ellos desde esta actividad.

Durante el 2026, cerca de 929 mil galones han sido vinculados a actividades delictivas. Otro punto importante de este proyecto de ley es la abogacía y lo mal que nos han hecho quedar a los abogados ciertos profesionales. Cuando sean sentenciados por procesos y estén vinculados al crimen organizado, ellos perderán su licencia como abogados el mismo tiempo de la pena que han sido sentenciados. Aquí hay que respetar el código de ética como abogados y esto lo plantea el proyecto de ley. Hemos visto casos como metástasis, como purga, donde gran parte de los sentenciados son abogados.

Eso es justamente lo que queremos cuidar. Importante decirlo, señores asambleístas, que el Estado gasta un millón quinientos protegiendo estos bienes de los delincuentes. Es aquí donde nosotros tenemos que ser enfáticos en que no podemos seguir sacando de nuestro bolsillo para cuidar los bienes de ellos. El Estado tiene cerca de 583 bienes de inmuebles provenientes de los grupos de delincuencia organizada y del narcotráfico. Dos mil seiscientos automotores. Y todos ustedes, todos nosotros estamos pagando el cuidado de aquello. Para poder terminar, decir que la experiencia internacional nos ha ayudado muchísimo a construir este proyecto de ley.

Italia, específicamente Estados Unidos, y recordemos que Argentina también tiene ya su ley antimafia. No podemos quedarnos atrás y si es que en algo coincide el Ministerio de Defensa, el Ministerio también del Interior, el Consejo de la Judicatura, la Unidad de Análisis Financiero, es que los grupos de delincuencia organizada evolucionan mucho más rápido que nuestras normas. Y es aquí donde nosotros tenemos que trabajar para tener leyes que lleguen a solucionar y atacar el bolsillo de los grupos de delincuencia. Aquí es importante para terminar, señores asambleístas, decirles que la ciudadanía nos está viendo, los ecuatorianos nos están viendo.

Y ellos sabrán perfectamente quiénes están dispuestos a cerrarles el paso a estas economías criminales y también quienes eligieron mirar para otro lado y seguir permitiendo que el crimen organizado esté inmerso en nuestro país. Muchísimas gracias.

en la necesidad de fortalecer una ley anti mafias, una ley que permita terminar con este mal que aqueja a millones de ecuatorianos y que está inmerso dentro de un programa internacional en el que nosotros lo vemos con mucha desesperación, que nuestros niños y jóvenes consumen un producto que realmente está causándoles, está terminando con sus vidas. Y adicionalmente a esto, el poder que las mafias van teniendo en el país son tan grandes que están adquiriendo bienes en todo lado, que están lavando activos en los bancos nuestros, que están realmente con un poder enormemente grande y que tienen las minerías ilegales, entre otras cosas, y eso significa que han cooptado algunos poderes del Estado y algunos, lastimosamente, como decían ustedes mismos, jueces, algunos que están realmente teniendo un problema grave porque están sacando inmediatamente a aquellos delincuentes que son encontrados dentro de estos ilícitos.

Y es grave, es grave porque realmente una situación en la que el Estado ecuatoriano tiene necesidad de fortalecerse mucho más con esta ley que estamos nosotros aquí construyendo para atacarlos directamente. No es posible que esto ha significado que el Ecuador en el último año, en el año 2025, sea el país más peligroso de América Latina y uno más grande del mundo, con casi 10 mil muertes, o que en este año ya 300 y más niños hayan fallecido fruto de esos enfrentamientos entre bandas delincuenciales o la presencia de estos grupos irregulares que están causando el miedo, el terror en nuestro medio.

Hace poquitos días, en nuestra acción de servicio del sector de Ayancay, en Azogues, un joven de apenas 21 días, 21 años, perdón, recibió un disparo en la cabeza durante un asarto. Fue trasladado a una casa de salud, pero la gravedad de la herida terminó con su vida. Detrás de esta noticia quedó una familia atravesada por el dolor, una comunidad atemorizada y una nueva exigencia de justicia. Su muerte no puede convertirse en una cifra más ni desaparecer cuando termine la coyuntura mediática. Entre enero y julio de 2026, Ecuador registró 4.882 asesinatos.

Esto representa aproximadamente 23 muertes violentas cada día, una cada casi hora. Prácticamente una vida arrebatada, como decía, cada hora. Esta realidad exige una respuesta firme del Estado y nosotros somos parte del Estado y nosotros tenemos la obligación seria. Para eso somos asambleístas, para dictaminar estas leyes que permitan tener seguridad al pueblo ecuatoriano y combatir a los grupos delincuenciales. Esta realidad exige una respuesta firme de nosotros, decía. Tenemos que enfrentar al crimen reorganizado, recuperar los territorios, proteger a las familias y evitar que otro joven salga a trabajar o a cumplir sus actividades cotidianas y termine asesinado por quienes creen que pueden disponer impunemente de su vida.

También debemos recordar que desde abril de 2024, el IVA subió del 12 al 15%. A la ciudadanía se le dijo que este sacrificio serviría para financiar la seguridad y enfrentar el conflicto armado interno. En el primer año, el incremento habría generado más de 1.300 millones de dólares adicionales para el presupuesto general del Estado. Y por supuesto, en nuestra labor de fiscalización, hemos solicitado al director general del Servicio de Rentas Internas que se nos diera, hicimos un pedido de información, y que se cuantificara cuántos son los ingresos obtenidos por este incremento del IVA al 15%, pero lastimosamente hasta la fecha y después de haber pasado mucho tiempo, esta información no se nos ha entregado.

Yo apelaré, señor presidente, nuevamente a la Asamblea Nacional para seguir pidiendo y exigiendo que se nos entregue esta información. Los ecuatorianos ya entregaron más recursos, ahora corresponde exigir información sobre su utilización, resultados verificables y responsabilidades. Debemos conocer cuánto se destinó a inteligencia, investigación criminal, tecnología, equipamiento policial, control penitenciario, protección de víctimas y fortalecimiento de la Fiscalía. Legislar constituye una parte de la respuesta. Otra parte consiste en fiscalizar los datos del Ejecutivo y evaluar la eficacia real de la política pública de seguridad. Nosotros no podemos estar viviendo todos los días que algunas autoridades, de una manera para figuratear, salen con algún uniforme a decir que han hecho 2.300.000 actividades en contra de delincuencia, esto significaría 5, cada 5 minutos una, y los resultados hasta ahora no los vemos.

No es posible seguir diciendo eso y causar en la ciudadanía un impacto en el que se diga sí estamos haciendo, pero lastimosamente es tan grande y tan grave la delincuencia de nuestro medio que a pesar de hacer millones de redadas que sabemos hasta ahora no son efectivas, eso ha significado que realmente no hay una eficacia en esta decisión que tiene el Estado de seguir con toda seriedad y con toda decisión el ataque a estos grupos delincuenciales. Por supuesto que el texto penal debe adaptarse a las nuevas modalidades de la delincuencia organizada, esto sí es un trabajo que está haciendo en la Comisión.

Las estructuras criminales actuales reclutan personas, utilizan empresas, transportistas, inmuebles, sistemas financieros, redes digitales y actividades aparentemente lícitas para ocultar sus operaciones. Una legislación construida para organizaciones criminales tradicionales resulta insuficiente frente a las nuevas dinámicas que se han consolidado a partir del desmantelamiento del Estado desde el año 2017. Sin embargo, una norma imprecisa también favorece a la delincuencia. Los tipos penales abiertos generan interpretaciones contradictorias, las imputaciones duplicadas debilitan los procesos, las pruebas obtenidas sin garantías pueden ser excluidas y las causas mal construidas terminan en nulidades, absoluciones o impunidad.

La ley técnicamente deficiente puede producir muchas detenciones y pocas sentencias. Puede llenar las cárceles de eslabones periféricos mientras dirigentes, financiistas y verdaderos beneficiarios permanecen fuera del alcance de la justicia. Por eso planteamos observaciones concretas para mejorar el proyecto, porque el proyecto está construyéndose de una manera bastante constante con la presencia de muchísimas autoridades, de cuerpos colegiados, de la academia y de conocedores en el tema del derecho penal particularmente. En el artículo 7 debemos cerrar los tipos penales abiertos, excluir expresamente los datos neutrales u ocasionales y evitar que una misma conducta sea utilizada para formular varias imputaciones.

La cercanía familiar, laboral, vecinal o profesional jamás puede reemplazar la prueba del conocimiento, la voluntad y el aporte efectivo en una organización criminal. A una organización criminal, perdón. En el artículo 13 debemos armonizar el nuevo régimen con las reglas generales de cooperación eficaz y establecer un piso proporcional. La cooperación puede ser necesaria para romper pactos de silencio y llegar hasta las cúpulas, pero no puede permitir que un dirigente reciba una pena inferior a la de un colaborador periférico. Un beneficio sin límites claros puede ser percibido por las víctimas como impunidad negociada.

En los artículos 16 y 17 debemos separar el riesgo procesal de la peligrosidad y de la seguridad ciudadana. La prisión preventiva debe apuntarse en hechos actuales, concretos e individualizados que demuestren peligro de fuga, obstrucción o intimidación dentro del proceso para que no pase lo que estábamos pasando como se escape de algunas gentes de las cárceles del país y con uniformes militares que van saliendo de las cárceles. La pertenencia atribuida a una organización, la gravedad abstracta del delito o la presión mediática no pueden convertirse en órdenes automáticas de encarcelamiento.

La prisión preventiva debe regularse y aplicarse con estricto criterio técnico, evitando convertirla en un instrumento de populismo penal. Su utilización indiscriminada puede profundizar el hacinamiento y conducir al colapso del sistema penitenciario. El populismo penal es una herramienta recurrente de proyectos autoritarios. Utiliza el miedo, construye enemigos y presenta el encarcelamiento masivo como sinónimo de seguridad. Una democracia debe responder con investigación, pruebas, jueces, probos, independientes y sanciones proporcionales. En el artículo 18 debemos exigir un vínculo doloso, directo y esencial entre la conducta del abogado y la actividad criminal.

En eso coincidimos, realmente hay muchos abogados que están haciendo un trabajo.

perdónenme la expresión, sucio.

Defendiendo a los narcotraficantes, yo creo que ese es un asunto que nosotros debemos legislar adecuadamente para que estos malos profesionales sean sancionados adecuadamente con la ley. También debemos limitar razonablemente la duración de la inhabilitación profesional. La defensa técnica legítima no puede confundirse con colaboración delictiva ni convertirse en motivo de estigmatización para quienes ejercen la abogacía. En el artículo 20 al 23 se requiere fortalecer el control judicial, proteger a los terceros de buena fe y establecer reglas completas de trazabilidad, selección transparente, seguros, auditoría, restitución y responsabilidad por pérdida o deterioro.

La incautación es una medida cautelar. Mientras no exista sentencia o extinción de dominio, el bien continúa perteneciendo a una persona. La venta, asignación, utilización, modificación o inversión en estos activos debe someterse a controles estrictos. De otra manera, se abrirá la puerta a denuncias de confiscación, favoritismo, corrupción o aprovechamiento político de bienes que todavía no pertenecen al Estado. Aquí debo señalar que existen muchísimos, muchísimos bienes que han sido incautados, pero faltan sentencias judiciales que están haciendo que los bienes se deterioren o que poco a poco vayan desapareciendo.

En esta virtud, debemos tener mucha premura, apresurarnos para que efectivamente poder dar forma adecuada y legal a este procedimiento y a la exigencia de que haya sentencias judiciales en el caso de los narcotraficantes. Finalmente, las disposiciones transitorias y la disposición final deben establecer una aplicación temporal, clara y una vigencia escalonada. Las instituciones no pueden recibir nuevas competencias sobre investigación, registros inhabilitados y administración patrimonial sin reglamentos, sistemas, cuentas individualizadas, personal capacitado y mecanismos de control previamente operativos. Sin capacidad investigativa, control judicial y trazabilidad, esta ley puede producir resultados contrarios a su finalidad.

Por eso tenemos que ser muy cautos, muy prudentes, muy sabios en la elaboración de la misma. Puede también convertirse en tener más prisión preventiva, persecución de eslabones periféricos, beneficios percibidos como privilegios para dirigentes, cooperadores y denuncias por confiscación o uso discrecional de los bienes. Nuestra posición es clara. Debemos combatir el crimen organizado con toda la fuerza legítima del Estado, proteger a las víctimas y adaptar la legislación a las nuevas formas de criminalidad. Esta respuesta debe construirse con técnica penal, garantías constitucionales, capacidad institucional y fiscalización permanente.

Apenas concluya esta intervención, remitiremos por escrito, como es nuestra costumbre, nuestras observaciones a la Comisión. Además, convocaremos y pediremos que se incluya a la Presidenta de la Comisión a universidades, juristas, especialistas en derecho penal y constitucional y organizaciones vinculadas con la protección de víctimas para trabajar técnicamente en el perfeccionamiento de este proyecto. Queremos contribuir a una ley eficaz, aplicable y constitucional. Una ley que permita condenar a los verdaderos responsables y que resista el control de los jueces. Una ley que proteja a las familias ecuatorianas y que evite que tragedias como la que ocurrida en Ayacay vuelvan a repetirse.

La seguridad se construye con normas claras, instituciones capaces, recursos transparentes, control política, justicia efectiva y la decisión de todos los asambleístas en esta Asamblea Nacional. Mi palabra, señora Presidenta.

la palabra de la Asamblea.

Gracias.

El Partido Social Cristiano inició el combate a la delincuencia en 1984 en la presidencia de León Febrez Cordero. Y desde esa fecha para acá, todo proyecto de ley que ha pasado por el anterior Congreso, hoy Asamblea Nacional, que implique lucha en contra de delincuencia, que implique endurecimiento de penas, ha tenido nuestro respaldo, ha tenido nuestro voto. Sin importar quién propone, sin importar de dónde venga, la lucha contra la delincuencia no puede tener tintes políticos. Allí sí tenemos que ser pragmáticos en poner a la delincuencia donde debe estar, en la cárcel, y a los ciudadanos de bien ser libres.

Y por la libertad tenemos que luchar. Todos nuestros planes de gobierno, desde 1984, inscritos en el Consejo Nacional Electoral, consta la lucha. La mano dura contra la delincuencia. La mano de hierro contra la delincuencia. Y claro, nosotros sí cumplimos lo que ofrecemos en campaña. Nosotros le ofrecimos al pueblo en esta última campaña, donde me tuve el honor de liderar la lista nacional, que íbamos nuevamente a poner en vigencia lo que ya lo hizo Febrez Cordero, y luego en las alcaldías de él y de Nebol, lo hicimos la mano dura contra la delincuencia.

Y eso comienza, sin duda alguna, también por el endurecimiento de penas, conforme lo contempla esta ley. Y claro, paralelamente a esto, deben ir también las medidas socioeducativas, socioeconómicas, como por ejemplo darle salud a la gente pobre, como por ejemplo darle educación a la gente pobre. No estamos solamente en que deben ser las medidas duras, ni tampoco estamos en la tesis aquella que dice que esto se resuelve, no con incrementar penas en el Código Penal, sino con atacar el problema bajo en los temas sociales. Nosotros combinamos las dos.

Nosotros creemos que las medidas duras son necesarias para la lucha contra la delincuencia, como son también las medidas socioeducativas, socioeconómicas, para la gente de menores recursos de este país. Esta ley, llamada Antimafia, que busca endurecer las penas, ya lo hicimos, señora Presidenta, en la consulta del 2024, cuando apoyamos la ley para endurecer penas. Y luego esta Asamblea, en el periodo anterior, trató esa ley y fue aprobada por 132 de 137 legisladores presentes en la sala. De manera que ya ha habido un espíritu a favor de parte de la clase política del país representada en la primera función del Estado de respaldar el incremento de penas.

Hoy nos dicen que es necesario incrementar aún más las penas. Y claro, nosotros no nos vamos a poner aquello. Esto va en nuestra línea, esto va con nuestra ideología, esto va con nuestra doctrina, esto va con nuestro planteamiento expuesto en nuestro plan de trabajo. Pero nosotros, señora Presidenta, creemos que hay que ir más allá. Vean ustedes que el endurecimiento de penas, la acumulación de penas, sigue siendo 40 años. Es decir, hoy ya vemos delitos de hasta 30 años que se están incorporando ahora. Es decir, una persona que cometió ese delito, ya y comete por segunda ocasión, solamente tiene 10 añitos más de cárcel, porque ya llegó al tope de 40.

Y si comete un tercer delito, ya no tiene ni un año más, cero. Y si comete un cuarto delito, sigue teniendo cero. Compañeros legisladores, este es el momento. El país lo requiere. Ustedes, durante todo este periodo, con justa razón, han descrito lo grave del ataque delincuencial en este país. La Asamblea tiene que dar respuestas también duras a esa lucha que hace la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. ¿Haciendo qué, compañeros legisladores? Eliminando ese tope en la acumulación de penas, que actualmente es de 40 años. Tenemos que eliminar el tope de 40 años.

Colombia, que no tiene la alta criminalidad que tiene Ecuador, lo tiene en 60 años. Y la tasa de homicidios del año pasado en Colombia fue de 25.8, y en Ecuador fue de 50.9 por cada 100.000 habitantes. Es decir, el doble de criminalidad hay en el Ecuador versus Colombia. Y si nos comparamos con El Salvador, donde se ha emulado, con justa razón, yo hubiera hecho lo mismo. El sistema carcelario nuevo para el país. Y está bien que se lo haya hecho, compañeros, en El Salvador. Ya hay cadena perpetua para homicidio, para violación, para el terrorismo.

Y la acumulación de penas para los otros tipos de delitos está en 60 años. ¿Qué espera el Ecuador para reaccionar sobre también esa acumulación de penas que ahora está en 40 años? ¿Cuántos muertos más deben haber? ¿Cuántos recursos más debe invertir el Estado ecuatoriano en la lucha delincuencial para que la Asamblea diga basta, no puede ser 40 años el tope para la acumulación de penas? Debe ser abierto. No estoy hablando de cadena perpetua porque me dirán que eso está prohibido por los tratados internacionales. Al Salvador le vale el tratado internacional y le incorpore su legislación.

Yo no propongo cadena perpetua. Propongo que si un delincuente mata 10 veces, debe pagar la sentencia por 10 veces que mató y no por una y medio. Propongo que el delincuente que viola y mata en 5 ocasiones debe pagar la pena por las 5 ocasiones y no solamente por una y media. Propongo que el que mata y roba y mata, perdón, 10 veces debe pagar la sentencia por 10 veces y no solamente por una y media porque ya llegó el tope de los 40 años. Queremos dar respuestas al crimen, verdaderamente respuestas.

El gobierno lo ha hecho declarando la guerra incluso interna en el país. Nosotros también démosles una respuesta como Asamblea Nacional, cambiando las leyes que se convierten en unas leyes que condecoran a ciertos delincuentes y luego de esos 40 años todavía les terminan dando prelibertad. De manera que ya hay jurisprudencia incluso en la región. Ya los países hablan de 50, de 60 años y nosotros seguimos en los 40 años. Pero claro, ellos no tienen el índice de criminalidad que tiene el Ecuador. Ellos no están viviendo por lo que está viviendo el Ecuador en este momento, en esta lucha.

¿Qué pasa con los jueces? Vemos al ministro de Gobierno con acertado discurso diciendo que permanentemente están liberando a delincuentes. La presidenta en su alocución también lo repitió. ¿Y cuál es la sanción para el juez? Destitución del cargo en el mejor de los casos. Caso contrario a una sanción pecuniaria o a una suspensión. Ya basta, compañeros legisladores. Esta es una guerra. Y en la guerra hay que actuar con todas las armas que tiene también el pueblo caturano a través de sus representantes. Pongámosle a ese juez que liberó al delincuente contra la ley, contra la Constitución, pongámosle la pena penal, pongámosle una sentencia penal, la misma del delincuente que tenía que haber cumplido, que no vuelva a ocupar cargo público nunca más en su vida, ese juez que hace este tipo de medidas.

¿Qué sucede actualmente? En el mejor de los casos lo destituyen al juez, no podrá ocupar cargo, pero luego va a disfrutar el billete que recibió del delincuente. ¿Y dónde queda el trabajo de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas y de nuestra Policía Nacional? Porque los jueces siguen liberando delincuentes y no hay sanción. Y la mejor sanción, en el mejor de los casos, es la destitución. Pero luego se van a disfrutar del billete. A ese juez hay que meterlo a la cárcel a pagar la pena del delincuente que liberó.

Y para eso, aprovechando esta ley, debería ser. Observaciones sobre el proyecto de ley. Señores legisladores, en el artículo 9, que se habla sobre el desplazamiento interno forzado criminal, estoy de acuerdo, me preocupa la aplicación del artículo. No hay una redacción que permita realmente encontrar al culpable del desplazamiento forzado. Y nos dice el artículo de que cuando estas bandas, cuando estas mafias logran desplazar a la gente dentro del territorio nacional. Aquí hay un primer problema. ¿Qué pasa cuando logran desplazar a gente, incluso que se tiene que ir fuera del país?

Y aquí habla solamente del territorio nacional. Debería ser también para cuando esa gente tiene que salir fuera del país cuando son amenazados por las mafias. ¿Y qué le ponemos? ¿Como pena nueva o lo ponemos como agravante? Estos son los temas que debemos debatir técnicamente y esas son mis sugerencias a la comisión. Identificación de vehículos incautados, que ahora pasen al sector público cuando se ha borrado el número de chasis o cual se ha borrado de la placa el número de motor, etc. ¿Qué pasa si ese vehículo me lo robaron a mí?

Y resulta ser que le cambiaron el número del chasis y el número del motor. Ese vehículo pasa directamente al sector público. Pero a mí me lo robaron ese vehículo. Denle en derecho al dueño del vehículo a recuperar ese vehículo, pues. A no ser que no haya quien dé la cara por ese vehículo. Pero obviamente debe pasar al sector público. Pero creemos estos mecanismos que son simplemente de forma para mejorar este proyecto. Y que como lo dije inicialmente, señora Presidente y compañeros legisladores, y lo pueden probar ustedes viendo las actas de los últimos 40 años de la función legislativa.

El Partido Social Cristiano estará siempre respaldando cualquier ley, cualquier proyecto que vaya en la lucha de combatir el crimen organizado, la delincuencia común en este país. Señora Presidenta.

Ahí está Juan Gonzaga.

compañeras asambleístas, muy buenas tardes. Efectivamente creo que hay un propósito mancomunado en relación a lo que significa el contenido de esta ley. Hace dos días establecíamos como parte de ese respaldo que debe tener en este caso el Ejecutivo como el líder respecto de esta lucha que debe tener contra la inseguridad y contra la criminalidad y que sin lugar a duda debe contar con el respaldo de quienes estamos comprometidos en este caso con el combate a la criminalidad. Siempre enuncio el principio de proporcionalidad porque creo que es importante que esta distinción la podamos orientar precisamente desde donde nace el contenido de la ley.

Actualmente existen nuevas conductas, existen nuevos efectos respecto de los cuales se ha generado la incidencia de la forma en la que actúan las estructuras criminales. Y a veces decimos que la diferencia entre el delito por resultado y el delito por actividad va a darse sobre el daño que tenga o la afectación del bien jurídico que tenemos actualmente. Y sí, un bien jurídico que nos corresponde a todos efectivamente es el de seguridad, el de la tranquilidad y el de la paz. Y que en relación a las actividades que realizan actualmente, todas las estructuras criminales tienen un proceso de mutación y que en relación a los efectos que generan en otros bienes jurídicos como la vida, la integridad, creo que es indispensable también que exista severidad.

Hay cosas que yo discrepo mucho con Alfredo Serrano respecto de generar la incidencia en el endurecimiento de las penas, en agravar determinadas conductas. Pero hay que ser duro con quienes son duros, con quienes efectivamente actuando con el conocimiento de la consecuencia de su conducta, deba ser sancionado como tal. Y claro, en esta perspectiva, en la estructura como tal de cada uno de los tipos penales, es posible que se diga que el populismo penal en esta asamblea conlleva que, como respuesta, tengamos que endurecer las penas. El asunto no sólo queda con el Ejecutivo, me parece que hay una consecuencia también de responsabilidad respecto de la sociedad y la familia.

Yo aplaudo la iniciativa de este importante proyecto porque efectivamente al hablar de un delito propio en relación a la actividad, también ha generado actividades en concreto sobre las cuales van a llamas de un peligro. El ser desplazado de un hogar, el ser condicionado, el ser extorsionado, es precisamente la secuela de una afectación mucho más grave. Sin embargo, en esta determinación, la adecuación de todo lo que significa en el tipo penal del artículo 369, indudablemente conlleva a que el análisis sea reflexivo en ser severo con quienes no tienen piedad de los ecuatorianos.

Pero hay una particularidad, y aquí sí voy un poco a segmentar el discurso mío en relación a lo que significa ser un amazónico, y particularmente lo que significa ser un sucumbiense. El tipo penal del artículo 262, posiblemente quienes lo idearon, podría entenderse como una especie de estigmatización respecto de la protesta social. Pero se clarificó al momento de establecer que el tipo sobre el cual se construyó efectivamente establecía la sanción para aquellas personas que paralicen o suspendan de manera injustificada un servicio público relacionado con el expetio o la distribución de hidrocarburos.

Claro, si hay una manifestación que prohíbe o que no permite la distribución del gas de uso licuado, es indudablemente que por más allá de la razón que pudiera tener en relación a la obstrucción, podría entenderse la adecuación de una conducta. Pero la propuesta del proyecto de ley ya no habla únicamente en relación a lo que significan los productos derivados, en este caso, hidrocarburos, sino que amplía el abanico y dice el abastecimiento y el transporte incluye el gas natural, el petróleo crudo y el gas licuado de petróleo.

¿Y de dónde sale precisamente pues este tipo de productos que abastece al buen erado nacional? De sucumbíos y orellana. Entonces, si el día de mañana, estoy pensando que el día de mañana, producto de un reclamo que pudiéramos tener los sucumbienses, en relación al daño que dejó ocasionado Petroecuador y otras compañías privadas en el sector del socavón, y que a merced de aquello exijamos un justo reconocimiento, me parece que el direccionamiento de la norma iría básicamente en función de esto, que la tubería del petróleo es más importante que el bienestar que nos merecemos en este caso de los sucumbienses.

Y el alcance de la norma para establecer la construcción del tipo penal, me parece y considero así, de que cada vez que una comunidad, que un recinto, que un grupo de nacionalidades, producto de la violación de sus derechos colectivos o individuales, genere un reclamo legítimo, tenga como consecuencia la penalización de su conducta. Yo llamo a la reflexión en relación a la ampliación de este tipo penal, porque me parece que en este caso la preocupación sobre el objetivo fin o sobre el bien jurídico que se quiere proteger no es precisamente el que tenga relación con la seguridad, sino más bien con otros intereses de los cuales, en el caso concreto diría yo, señora Presidenta, con mucho respeto, debe modularse a efectos de entender que siempre van a existir estos reclamos.

Posiblemente no en relación a las acciones que ejecuta en este caso Petroecuador. También podría ser en relación a todas estas compañías terciarizadas o subcontratistas que de una u otra manera ejecutan actividad y promueven el reclamo de las personas, de aquellos trabajadores que son perjudicados en sus salarios, de aquellas contaminaciones y toda la afectación que genere en función de la actividad hidrocarburífera y de la actividad minera. Esta observación la hago con el ánimo precisamente de preestablecer, en este caso, la concurrencia de la norma. Y sigo. El artículo 264 y 265 efectivamente ahora sí ya se relacionan en concretamente de aquellas conductas de personas que actúan golosamente al margen de la ley y que bajo la determinación de los verbos rectores que establece la normativa y que tiene relación con el transporte, con la comercialización, con el almacenamiento, con el envasado y todos estos verbos rectores, efectivamente.

Pero cuando se estableció el criterio de proporcionalidad para entender que no todos los sectores, porque la norma del 265 dice que la norma se agrava cuando se trata de un sector de frontera. Entonces, Carchi, Inbabura, Sucumbíos, Esmeraldas y buena parte de la región amazónica estaría relacionada en este caso con la vigencia de esta normativa. Y en algún momento el propio Ejecutivo había reflexionado respecto de la proporcionalidad y de la aplicación de las penas. ¿Por qué? Cuando la norma establecía, sin aplicar el principio de proporcionalidad, establecía que quien tenga seis galones de gasolina o de diésel va a recibir como consecuencia una pena rígida de cinco a siete años.

Luego, el anterior Congreso Nacional o la anterior Asamblea moduló aplicando el principio de proporcionalidad. Y entonces ahí sí, adecuando a aquello, se entendió que con relación con lo que dicte la norma administrativa a partir de la Arch, se va a implementar una tabla para aplicar precisamente este principio de proporcionalidad. Y ahí sí se establecía como consecuencia de aquello que la persona que en gasolina o diésel tuviera más de seis galones a cincuenta va a tener como consecuencia en este caso una pena de dos a seis meses.

Yo no estoy a favor respecto de aquellos, como digo, que actúan dolosamente. Pero de aquel campesino de la Amazonía, de aquel amigo de nacionalidad que tiene que llevar precisamente el transporte de su combustible y que lleva unas cuatro canecas con dos galones, lleva ocho galones, y que la consecuencia por ser de frontera en la aplicación del dos a seis cinco tenga una pena de tres a cinco años, me parece que no tiene proporcionalidad. No digo que todos tengan como fin o como propósito en este caso la concurrencia de una conducta lícita para su abastecimiento.

Pero en mínima escala debe reconsiderarse la aplicación de este principio de proporcionalidad. Lo que significa mediana, alta y gran escala, por supuesto que sí, debe aplicarse penas severas. Solicito esto ya que es necesario que, bajo los criterios de un fin constitucionalmente válido, el de idoneidad, el de necesidad y el de proporcionalidad en sentido estricto pueda ser, en este caso, considerado y modulado. Y finalmente voy a concurrir con el criterio de algunos compañeros que han dicho. Si la frontera es considerada para generar este tipo de endurecimiento de penas, también debe ser considerada, en este caso, para la atención por parte de políticas prioritarias, para poder atender, en este caso, los grupos humanos que residen allá.

Porque no solo es el tema del transporte indebido de combustible, sino también el contrabando, la defrazo tributaria y otra serie de delitos. Valdría la pena que, en el escenario, más allá de la concurrencia del poder punitivo que tiene el Estado, se pueda considerar, en este caso, como parte de una propuesta que bien encaminado lo tiene el Ejecutivo, el señor Presidente, en función de todo lo que signifique el combate a la criminalidad, disponer de políticas sociales para atender a la adolescencia. Yo en algún momento le escuché a la compañera Yajairo Restra, que refería que en sucumbidos existe la escuela de sicarios.

Qué mejor que la atención especializada, en relación a la propuesta que tiene el Ejecutivo, también sea enmarcada en función de la asistencia que se tenga con las escuelas que han sido cerradas, con la oportunidad, en este caso, de acceso a los créditos preferentes y en función de una política diferenciada en el marco de lo que dispone la ley de la Amazonía. En relación a esta exposición y la propuesta que entiendo deberá ser mancomunada con el resto de compañeros de la Amazonía y también del sector de frontera, oportunamente, señora Presidenta, concurriendo en el fondo del propósito de la ley, las haré llegar a efectos de que la Comisión pueda considerarla.

Mi palabra, señora Presidenta.

Tengo el corazón Enchido de ternura De emoción Yo me imagino que debe ser Bien Emocionante para uno Dar discurso en el pleno la primera vez Debe ser interesante

Uno no puede.

ni dormir la noche anterior porque dice voy a hablar en el pleno, voy a decir algo, me va a escuchar la patria, me van a escuchar mis votantes que ni me conocen pero me van a escuchar, entonces uno debe llenarse, el corazón debe estar henchido, a todos nos habrá pasado algún momento, pero hablemos de lo que estamos hablando, hablemos de lo que estamos discutiendo, yo si les pido que no les gane la emoción, con su venia presidente voy a leer porque parece que no hemos leído ni el orden del día, informe, informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado frente al crimen organizado, ley antimafia, hemos oído 10 minutos ahorita del don NASA, del feriado bancario, del sistema financiero, por Dios leamos la convocatoria, no seamos malignitos, no perdamos del tiempo, tenemos un debate trascendental para la patria ahorita de la ley antimafia y se ponen a hablar del maravilloso código penal que dejó la revolución, presidente, ya no quisiera decir nada más, devuelvo la palabra, gracias.

Gracias. Gracias.

Muchas gracias, señora Presidenta, muy buenas tardes, colegas asambleístas y un saludo a todo el pueblo ecuatoriano. Imaginémonos que estamos en nuestra casa y tenemos un incendio, pero decidimos solamente apagar el fuego en una de las habitaciones. ¿Qué va a pasar? El fuego va a entrar por otra ventana, por otra puerta, va a volver a llegar a esa habitación y esa casa, haciendo esta metáfora, es justamente a nuestro país. No vamos a derrotar al crimen organizado si solamente sancionamos, atacamos a quien jala el gatillo, sino también a quien da ese apoyo logístico, a quien financia, a quien presta las facilidades para esos grupos de delincuencia organizada.

Y también haciendo eco de las palabras del compañero Andrés Castillo, centrémonos en el espíritu de la ley, de esta ley antimafia. Vamos por partes. Estamos claros que no basta con meter presos solamente a ciertos miembros de las estructuras criminales. ¿Por qué? Porque estas estructuras criminales pueden reemplazar a esas personas. Hay que golpearlos, hay que eliminar las posibilidades de financiamiento que tienen. Y acá también, en este proyecto de ley específico, se están incorporando algunas sanciones. Como por ejemplo, el artículo 369.3, sanciones para quienes capacitan el personal de estas estructuras delictivas.

El artículo 369.2, también para la realización de actividades funcionales. ¿Y saben por qué esto es importante, colegas asambleístas? Porque esta gente también, directa o indirectamente, es responsable de las muertes violentas, del narcotráfico. Son responsables de lo que está pasando en el país. Y lo que hemos visto, es que como no son, digamos, los actores directos, en muchos casos, en muchos operativos que se han dado, en muchas aprensiones, simplemente quedan libres. No pasa nada. Y también en este proyecto de ley, se están atacando algunos delitos, algunas actividades que están utilizando estos grupos, estas mafias, para financiarse.

O para su apoyo operativo y logístico en sus operaciones, valga la redundancia, como es por ejemplo el tema de los delitos hidrocarburíferos. Y no es una realidad ajena. Por ejemplo, en mi provincia, en la ciudad de Manta, en el mes de enero, se incautaron 129.000 galones de combustible, derivado de hidrocarburos, principalmente diésel, que pertenecían justamente a miembros, o estaban en manos de estas estructuras criminales. Y que iban a ser utilizados, seguramente, para estos fines perjuiciosos. Es necesario sancionar estas actividades. Pero también, valoro y destaco, los aportes que han hecho colegas hoy en este debate, como por ejemplo lo que mencionaba el compañero Juan Gonzaga, hay que entender también esas realidades territoriales, asimismo, como suele suceder también para los hermanos de los pueblos y nacionalidades de la Amazonía, también, por ejemplo, en el litoral ecuatoriano, muchas veces comunidades de pescadores también hacen compras o llevan en sus galones el combustible para la faena de toda la semana.

Entonces, tendríamos que ajustar, tendríamos que pulir y perfeccionar justamente esta parte de la norma para que no hayan afectaciones a personas que sí quieren hacer una compra y, de acuerdo a sus necesidades, hacen esto para fines lícitos. Y el control territorial y protección de las familias. Hoy en la mañana tenía una entrevista y decían que si este tema del desplazamiento territorial no era un poco salirnos del foco, para nada, yo le decía al periodista, porque ya es una realidad que está viviendo el país, pues. De hecho, en Puerto Bolívar, ahí hay casos ya comprobados de cerca de 300 familias que han sido desplazadas, pues.

Imagínense en ecuatorianos que ustedes están en su barrio, con sus familias, con sus vecinos, y de un momento a otro, porque le da la gana a una estructura criminal, llegan y le dicen, desalojen el barrio. Eso no lo podemos permitir y son tipos penales que tenemos que normarlos, que tenemos que sancionarlos con firmeza y, asimismo, también, como mencionaba el colega Serrano, también afinar y pulir para dar con los responsables. Las herramientas para la investigación y persecución penal. A mí, en lo personal, me parece fundamental algo que se está incorporando en esta propuesta de ley, que es la cooperación eficaz reforzada.

Lo han utilizado y ha dado resultados en otros países, en Estados Unidos, en Italia, que es justamente cuando se captura a un objetivo de estas estructuras, si coopera con la justicia, si da información valiosa que permita seguir desarticulando a estas mafias, también que puedan tener alguna reducción de pena y demás, pero, por supuesto, con una verificación de la fiscalía, con una información que sea comprobada. Y algo también que establece esta ley es que este mecanismo se va a poder activar siempre y cuando esta cooperación permita capturar elementos, miembros, objetivos de la organización criminal que estén en una posición al menos similar o mayor, no para miembros que estén debajo de la estructura criminal, para justamente seguirle pegando a las cabezas de estas estructuras criminales.

La integridad del sistema de justicia. Tenemos que tratarlo con mucha seriedad en este pleno, compañeros, porque hemos venido aprobando leyes para fortalecer la seguridad. Esta misma semana se aprobó la ley de apoyo complementario, la ley de inteligencia, fortalecimiento del sistema penitenciario, fortalecimiento de las fuerzas armadas, estamos tratando la ley de videovigilancia, pero lo que estamos haciendo es darle las herramientas a la policía, a los militares, para que capturen a los delincuentes. Pero no vamos a tener paz en el país si los que están encargados de poner a los delincuentes tras las rejas, de meter presos a los delincuentes a través de la justicia, en vez de repartir justicia, están repartiendo impunidad.

Y esto de aquí tampoco es un hecho que nosotros nos estamos inventando. Hay realidades. En mi provincia, también lo vuelvo a poner de ejemplo, está el caso de Narcotentáculos, en donde se realizaron investigaciones y había jueces que estaban operando con estas estructuras criminales, se logró comprobar muchos de estos casos y hubo destitución de estos jueces. Pero necesitamos dejarlo sentado en la ley, dejarlo de manera firme y dejarlo de manera clara. Y bajo ningún concepto, aquí se puede decir o se puede pretender plantear la narrativa de que se está criminalizando la profesión.

Porque si hay una distancia bastante grande entre ejercer una defensa, entre defender a un ciudadano, incluso a alguien procesado por estos delitos, a ser actor intelectual de las operaciones de estas estructuras, a través de la profesión, crearles empresas fantasmas, etc., para justamente ayudarlo en estas operaciones complementarias a las mafias. Sí hay una diferencia grande y tiene que haber una sentencia ejecutoriada para que justamente ya estos malos elementos, que abro paréntesis, también hay unos muy buenos elementos, jueces, abogados, íntegros, pulcros, honestos, pero los malos elementos que puedan tener esta inhabilitación profesional para que no le siga haciendo daño al país.

Colegas legisladores, no quisiera redundar en este debate, apoyo frontalmente este proyecto de ley, felicito a la Presidenta de la Asamblea Nacional, Michelle Mancheno, por esta iniciativa, felicito a la Mesa de Seguridad por trabajar con toda la responsabilidad del caso de este proyecto y aquí tengamos algo claro, esto no se trata de la política, esto no se trata de una bancada ni de otra, esto se trata del Ecuador. Devuelvo la palabra, Presidenta, muchísimas gracias.

Muchas gracias, Presidenta, compañeros asambleístas. También aprovecho para enviar un cordial saludo a la provincia de Galápagos, mi pueblo, a los medios de comunicación digitales y a los medios convencionales que siguen esta sesión. No podemos ni podremos dar la espalda a proyectos importantes para salvaguardar la integridad de nuestros ciudadanos. Nuestro país necesita leyes y proyectos como los que estamos tratando esta semana. Ya el martes respaldamos a ese importante proyecto cristalizado para fortalecer el desempeño de nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional, establecido incluso en nuestro territorio en Galápagos, la gloriosa Fuerza Naval, que patrulla nuestra Reserva Marina, y combate al crimen organizado.

Durante toda la vida hemos hablado que Galápagos es un paraíso, es verdad, es un paraíso, pero a la vez nuestra ubicación, nuestra geografía nos ha convertido en un territorio vulnerable, convirtiendo a Galápagos últimamente en zona de tránsito, de cosas que no están permitidas, por ejemplo, como el narcotráfico que llega a la provincia, llega a nuestro territorio y usan como caletas incluso estas bandas delincuenciales a las cuales tenemos que combatir. Yo felicito a la Mesa de Seguridad, a nuestra Presidenta de la Asamblea, que permite que estos proyectos de ley se desarrollen y lo podamos nosotros debatir.

Invito a todos los compañeros asambleístas a presentar sus propuestas, que mejoren la construcción de este proyecto de ley, que va en beneficio de todos y cada uno de nuestros ecuatorianos. Las herramientas que nosotros les demos al Estado, a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestra Policía Nacional, va en beneficio únicamente de nuestros mandantes. Es importante tener herramientas para poder combatir estas mafias inquistadas y que están afectando tanto y que tememos nosotros los galapagueños y nos da temor que en algún momento esto perjudique a nuestro turismo, nuestra principal fuente económica, nuestra principal actividad.

Eso sí nos da temor. Pero más allá de eso, debemos ser solidarios con todo un país. Esta ley y estos proyectos que beneficiarán, pues nosotros no podemos dejar pasar por alto. Hay que presentar las propuestas necesarias, las observaciones adecuadas para que lleguemos a un feliz término. No solamente es atacar el último eslabón, como decimos y han dicho varios compañeros de estas cadenas, de estas mafias delincuenciales, es atacar a la médula. ¿Dónde está su fortaleza? Los recursos, el dinero, esos dineros calientes que les sirve a ellos para extorsionar, para vacunar, para sobornar jueces incluso, como lo manifestó un compañero asambleísta.

Hago un paréntesis aquí, para que estos jueces tengan también la seguridad y el respaldo del Estado para poder emitir sentencias que vayan a llevar a la cárcel donde deben estar estos delincuentes. Tenemos que también proteger a los jueces. Por eso en algún momento debemos crear, buscar la manera para tener jueces sin rostros quienes emitan las sentencias no tengan miedo de hacerlo. Es fundamental el rol de la justicia. En fin, estas mafias deben de ser golpeadas en lo que más les duele. Por eso las incaptuaciones son importantísimas, pero también tienen que ser atendidas.

Muchas veces el Estado no está en la capacidad, ni en las condiciones de administrar, ni manejar bien esos bienes muebles o inmuebles, y se ven perdidas ahí en el tiempo. Por eso, tanta falta le pueden hacer esos recursos para combatir la delincuencia, combatir el narcotráfico, combatir y patrullar nuestra reserva marina de Galápagos también. O sea que esos recursos pueden ser bien utilizados, pero tenemos que tener una ley que permita hacerlo. Esta ley anti-mafias va en beneficio de todo un país. Ténganlo por seguro, pueblo de Galápagos, que esto va en beneficio de ustedes.

El turismo no puede verse golpeado. Nuestra principal fuente de ingreso, nuestra principal actividad económica, pues merece una atención que debemos darle. Nosotros como asambleístas tenemos la responsabilidad. Y es el momento, como decimos siempre, de desprendernos de nuestras camisetas políticas para velar por los intereses de todo un país. A veces el egoísmo político no nos permite debatir o no nos permite emitir criterios o votar de la forma que mejor le convenga al país. Sencillamente nos podemos oponer, pero tenemos una gran responsabilidad y el pueblo ecuatoriano está siempre vigilante del desempeño de la Asamblea Nacional.

Muchas veces llevada a menos, muchas veces criticada, pero el momento de decisiones importantes como esta es cuando nosotros debemos decirle al país, la Asamblea trabaja por el bienestar de ustedes. Y uno de los mayores problemas es lo que actualmente tenemos en nuestro país. Considero importante que a las incautaciones se le dé celeridad en los tratamientos, por eso las ventas anticipadas de estos bienes muebles o inmuebles sabemos que siendo bien manejadas va en beneficio del pueblo ecuatoriano para usarlo de incluso, como dije hace un momento, combatir a estos grupos organizados, a estas bandas delincuenciales.

Por eso esta ley antimafias debe ser atendida con la seriedad que corresponde. Somos asambleístas y debemos responderle al pueblo ecuatoriano. Olvidémonos, compañeros, por un momento de nuestras camisetas políticas y votemos en favor del país. Debemos trabajar en esto, presentemos propuestas, construyamos una ley juntos, compañeros. Eso es lo que realmente a Ecuador le interesa. Los resultados. Podemos estar hablando bonito, muchos hablan bonito, pero los resultados al final de cuentas, valga la redundancia, es lo que cuenta. Por eso, compañeros, al finalizar, quiero agradecer la oportunidad a nuestra querida Presidenta, buen trabajo, sé que estamos haciendo y seguimos haciendo nosotros también desde nuestra comisión, pero hoy tenemos una responsabilidad y debemos ser, pues, consecuentes con el país.

Esta ley necesita de todos, pues, y vamos a respaldar. Desde mi curul, representando a Galápagos, sabemos que tenemos que responderle porque cuando regresamos a territorio nos van a preguntar, esa ley, como tantas leyes que hemos votado a favor, va en beneficio de la seguridad del país y es lo que le ha golpeado a nuestro país. No podemos permitir que nuestro mar territorial, del cual somos fieles, vigilantes, se ve infestado de estas mafias, que usen a Galápagos, usen nuestra reserva marina, nuestro mar territorial, como zona de tránsito y de encaletamiento de productos sujetos a fiscalización y a sanciones.

Por lo tanto, apelo a ustedes para que tengamos una votación favorable y más allá de eso, pues, como dije, presentemos proyectos, presentemos propuestas para construir juntos esto que el país necesita. Quiero agradecer nuevamente, hasta ahí mi palabra, señora Presidenta. Muchas gracias a todos. Gracias.

Tiene la palabra el asambleísta Kevin Gallardo.

beneficio al pueblo ecuatoriano. Quiero interrumpir esta presentación para enviar un saludo de felicitación a nuestra querida parroquia rural de Riobamba, San Luis Rey de Francia, por sus 165 años de parroquialización. ¡Que viva San Luis, que viva Riobamba y que viva la provincia de Chimborazo! Presidenta, permítame felicitarle también por esta iniciativa, no solamente la ley antimafias que el día de hoy está siendo discutida por este Pleno de la Asamblea Nacional, sino también su iniciativa que fue discutida el día de ayer en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que permite generar dos instancias, la primera de ellas, las herramientas del Estado para combatir al crimen organizado y después pensar qué vamos a hacer en una etapa de post-conflicto que también fue analizado el día de ayer en la Comisión.

El desarrollo del crimen organizado, colegas legisladores, permite identificar dos etapas en nuestro país. La grave ola de violencia que atraviesa el Ecuador no puede ser contemplada con las cifras que el día de hoy son asignadas y que son debatidas en el Pleno de esta Asamblea Nacional. En 1990, cuando existían todavía pandillas urbanas en este país, los índices de criminalidad no se contaban por muertes violentas en el Ecuador, sino que eran analizadas desde la óptica de la delincuencia común, es decir, las cifras o lo que permitía verificar la estructuración de los grupos de delincuencia organizada en ese momento eran únicamente los robos, eran únicamente las estafas y delitos comunes.

La evolución de la transnacionalidad o de la criminalidad, que lo entendió perfectamente los grupos de delincuencia organizada, permitieron verificar que ya no solamente esas pandillas urbanas, por ejemplo, los latinquins, ejemplo, los choneros, que se dedicaban únicamente a la estructura de la criminalidad urbana, generó una evolución bastante fuerte en la década perdida. Es decir, desde el año 2008 hasta el año 2018 se consolida con las masacres carcelarias en el gobierno de Guillermo Lazo, con las cerca de 36 masacres carcelarias que generaron más de 600 personas privadas de la libertad asesinadas.

Y es ahí donde empezamos a ver la evolución de la criminalidad urbana hacia los grupos de delincuencia organizada y hasta lo que yo considero puede hablarse inclusive de grupos armados organizados en el contexto del conflicto armado que el Presidente de la República ya logró identificarlo en el año 2024. Frente a ello es que el Estado, a través del Leviatán, es decir, ese ente abstracto que como ciudadanos hemos creado con la finalidad de renunciar a cierto tipo de libertades para que en el uso del monopolio legítimo de la violencia los delincuentes sean atacados con todo el peso que el Estado puede proporcionar, es que como Asamblea Nacional tenemos la obligación de emitir normativa que le permita a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, a los entes de control público actuar en contra de los grupos de delincuencia organizada.

Y para ello el día martes aprobamos ya en el Pleno de esta Asamblea Nacional el uso complementario de las Fuerzas Armadas con respecto de la Policía Nacional, ajustado a estándares internacionales que permitan la protección no solamente de las víctimas, sino también el ataque y el combate directo a los grupos de criminalidad. Pero en el tema concreto, y como mencionamos anteriormente, ¿no? Tanto latinquín, choneros y demás grupos o pandillas urbanas en su momento no se dedicaban al narcotráfico, lo que el día de hoy sí pasa, no se dedicaban a la minería ilegal, lo que el día de hoy sí pasa, no se dedicaban a la extorsión, lo que el día de hoy sí pasa.

Y estas estructuras criminales han logrado identificarse y generar una evolución permanente hasta convertirse ya no solamente en grupos de delincuencia organizada, desde el marco de los derechos humanos, desde los tratados internacionales de derechos humanos, ni en grupos armados organizados si hablamos en el contexto del derecho internacional humanitario. Lo que el día de hoy han logrado consolidar estos grupos criminales son empresas de estructura criminal. Y esa es la razón fundamental por la que no se puede combatir a la criminalidad organizada únicamente con lo que determina el Código Orgánico Integral Penal en materia sancionatoria, es decir, en aplicación del IUSP Uniendi del Estado.

Ni tampoco se puede combatir a los GDOs o a los GAUs desde la estructura de los protocolos y las convenciones del derecho internacional humanitario, porque estamos hablando de una guerra de un conflicto armado. Y esta ley antimafias ha entendido lo que la estructuralidad criminalizada entendió hace varios años atrás, que debe mantenerse un combate estructural y transversal no solamente con una sanción, sino también con el debilitamiento del principal músculo financiero que tienen los miembros de los grupos de delincuencia organizada. Y temas puntuales que esta ley recoge y que son fundamentales para ser analizados y debatidos.

Y yo aquí felicito la visión integral de la Presidenta de la Asamblea Nacional cuando propone un régimen para prevenir el desplazamiento forzado interno. Una situación que ha golpeado a 250 mil ecuatorianos y que cuya base poblacional se concentra en la zona costera de nuestro país. El 56% de esos 250 mil ecuatorianos que han sido desplazados de su territorio, que han sido obligados a huir y abandonar sus casas, sus barrios y sus comunidades, se encuentran refugiando. Gracias. Gracias.

Asambleísta Gallardo, permíteme un momento. Por favor, silencio en el pleno, señores asambleístas. Continúe.

Gracias, Presidenta. A veces creo que la valentía del lado contrario del hemiciclo requiere siempre infundar desde el anonimato. Pero cuando tienen que presentar propuestas con claridad, y lo digo con absoluto respeto, colegas de la Revolución Ciudadana, ahí bridan por su ausencia en los debates. Ahora, el desplazamiento forzado interno, Presidenta, y que consta ya como un delito autónomo dentro de estas reformas, considero que es fundamental, más allá del marco que emite ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto de las víctimas de los conflictos. Pero también las sanciones hacia quienes permiten o ejecutan, inclusive con la misma adquiescencia del Estado.

Cuando una familia, por ejemplo en los territorios de Esmeraldas, que son problemáticos, en Durán, que es aún más problemática los factores de desplazamiento forzado, las familias que se encuentran habitando dentro de sus barrios y de sus comunidades son golpeadas sus puertas por parte de los miembros de la criminalidad organizada y les dan plazos estrictos para que puedan abandonar sus hogares, sus casas y sus territorios. Y es aquí donde gran parte de la argumentación que la Revolución Ciudadana suele plantear en los temas de seguridad es hablar, por ejemplo, de la soberanía estatal.

Pero no se puede hablar de soberanía estatal cuando son los territorios de los ecuatorianos, los territorios de nuestros ciudadanos, los que son ahora ocupados por la criminalidad organizada. Eso se dama y se desprende en la teoría del derecho internacional público como el control territorial de los GDOs. Y la propuesta que usted ha presentado, Presidenta, precisamente plantea recuperar el territorio nacional por parte de Fuerzas Armadas y Policía Nacional y devolverle ese territorio, devolverle la tranquilidad al ciudadano, al vecino de Daula, al vecino de Durán, a los ciudadanos que lo están perdiendo todo y que están siendo desplazados.

Ahora, nuevamente en materia de soberanía, la cooperación internacional, que ha sido criticada por la parte contraria del hemiciclo de esta Asamblea Nacional, nuevamente se oponen a que en los procesos de seguridad se generen nuevos procesos de cooperación internacional. Pero para recuperar el territorio del Ecuador, para recuperar las zonas afectadas por los desplazamientos forzados, es necesaria la cooperación internacional y es necesaria que nuestra Constitución, que nuestra normativa, se ajuste a estándares internacionales. Y la ley antimafias se basa en dos normas internacionales o dos tratados internacionales que el Estado ecuatoriano ha suscrito ante Naciones Unidas.

El primero de ellos, la Convención de Naciones Unidas para prevenir el lavado de activos, la Convención de Naciones Unidas para prevenir también la lucha contra la delincuencia organizada. Es decir, esta norma goza no solamente de legitimidad constitucional, sino de legitimidad convencional. Y finalmente, un tema que quedó pendiente cuando en su intervención le interrumpieron de manera bruta a Presidenta, cuando hacía referencia, por ejemplo, a las sanciones que los abogados en libre ejercicio profesional deben tener cuando no prestan sus servicios profesionales de manera lícita, ni tampoco sus servicios profesionales enmarcados en el derecho al debido proceso, contemplado en el artículo 76 de la Constitución, ni en el 75, ni en el 8, ni en el 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Y el caso purga y metástasis tiene que ser recordado por los ecuatorianos. Y los abogados sancionados en el caso purga y metástasis tienen que ser recordados. Y esos mismos abogados, inclusive muchos de ellos están prófugos, otros que ya tienen sentencia, fueron también abogados de algunos asambleístas que se encuentran en la parte frontal del hemiciclo. Y eso tiene que ser recordado, no puede ser olvidado. Y nuevamente, concuerdo con las sanciones impuestas a los malos funcionarios, a los malos abogados, y esto tiene que constar en el Código Orgánico Integral Penal, como así lo ha hecho constar su presidencia.

Gracias, compañera Presidenta.

Señora Presidenta, muy buenos días, queridos colegas legisladores, a todos los ecuatorianos que nos ven con atención dentro de este debate. Creo que sabemos el problema que estamos enfrentando, hoy por hoy el tema de... ¿Ya puedo continuar? El tema en este caso de la delincuencia realmente es un tema que a todos nos afecta. Creo que tenemos que tener claro que aquí no hay distinciones para bancadas o banderas políticas. Es un tema que tenemos que enfrentar y es responsabilidad de esta Asamblea hacerlo. Yo me voy a referir puntualmente a temas que han creado o en este caso se están haciendo vocerías negativas sobre esta ley, que deberíamos todos estar apoyando, mejorando y lógicamente haciendo aportes a la misma.

Y comienzo con un tema neurálgico porque por ahí estaban diciendo que nosotros íbamos a castigar el ejercicio profesional. Yo soy abogado, vengo de libre ejercicio. Y les puedo decir que una cosa es defender, en este caso, a un procesado y otra cosa es colaborar con una organización criminal. No es lo mismo exigir que se dé una audiencia, tener acceso a pruebas. No es lo mismo que en este caso colaborar con una organización pasando información privilegiada dentro de un proceso. O en este caso, facultando, dando información para que se genere lavado de activos o para que opere una organización criminal.

No es lo mismo. Y muchos dirán, porque les encanta quejarse y no ver soluciones, que, no, pobrecitos los abogados. Pues bueno, vamos a ver casos en los cuales los abogaditos sanos y santos pues han realmente incurrido y ha sido confirmado por sentencia ejecutoriada los delitos que han cometido, colaborando con organizaciones delictivas. En este caso, por ejemplo, caso Plaga. Por dar un ejemplo, en marzo del 2025, abogado en libre ejercicio aceptó su responsabilidad por delincuencia organizada. En el caso Plaga fue sentenciado, en este caso, por colaborar con la estructura criminal.

Tenemos al señor José T., abogado en libre ejercicio. Aceptó su responsabilidad en el delito de delincuencia organizada en calidad de autor directo, sentenciado a 44 meses de prisión y al pago de 33.800 dólares. Asimismo, dentro de su declaración, aceptó haber colaborado con el financiamiento y recibiendo dinero de las organizaciones, en este caso, delictivas. Javier G., también, abogado en libre ejercicio. Fue condenado a 28 meses de prisión y obviamente a dar la reparación correspondiente al Estado, también en el tema de delincuencia organizada. Entonces, estamos corrigiendo esta realidad.

No estamos persiguiendo el ejercicio profesional, pero ratifico. Una cosa es defender que se dé una audiencia, defender al procesado que tenga derecho a la defensa. Otra cosa muy diferente es colaborar con una estructura criminal. Ahora, se ha hablado bastante del tema, en este caso, del delito de pertenencia. Se dice que no se puede, o que en este caso, el artículo 369 de delincuencia organizada es suficiente. Pero tenemos que entender que este es un delito fin. La delincuencia organizada necesita de la consumación de delitos. Es decir, se consuman delitos que configuran entre sí la delincuencia organizada.

Algo conocido como delito fin. Tiene que haber el cometimiento de un delito, para que se entienda. El delito como tal de pertenencia activa, funcional, que es el concepto jurídico correcto, es básicamente no ser amigo o vecino de una organización. Es colaborar de manera activa dentro de la organización. ¿Por qué? Porque las organizaciones criminales no tienen fines jurídicos lícitos. Tienen fines ilícitos. Una organización delictiva tiene un fin ilícito. Es decir, no existen para jugar pelota, para ir a jugar algún deporte, para reunirse entre amigos. Existe para el cometimiento de delitos.

Por lo cual, la pertenencia activa, funcional, tiene que ser penada. Y eso es lo que hace este proyecto de ley. Esto existe en El Salvador, funcionó. Existe en España, funciona. Existe en el Reino Unido. No es un invento de nosotros, ni busca una persecución. Lo que busca es que quien pertenezca de manera funcional y activa a una estructura, en este caso, pague la pena correspondiente. Tenemos que luchar contra la delincuencia. Este proyecto busca eso, la ley antimáfras. Una de las cosas que quiero referirme como tal también, es que en este caso, la captación de adultos en este proyecto de ley también es penada y se la está arreglando.

Vamos a otra parte importante, que para mí, creo que es de lo fundamental de este proyecto de ley. Atacar a las estructuras criminales en sus bolsillos, donde realmente les duele. Y en este caso, por ejemplo, tenemos el tema del comiso de los bienes anticipados. ¿Qué es esto, básicamente? El hecho de atacar directamente a la estructura criminal en sus bolsillos. ¿Qué buscamos con esto dentro de este proyecto? Que cuando el Estado determine que bienes han sido utilizados por parte de los delincuentes, pueda pasar eso directamente al Estado, haciendo un comiso anticipado para el uso efectivo de esos bienes en temas lícitos para el Estado, o para que su venta, lógicamente, le genere este lucro social a los ecuatorianos y los bienes dejen de ser utilizados para fines ilícitos.

Creo que este primer debate tiene que ser, como siempre lo digo, no puede ser para decir que todo está mal, que todo es incorrecto, y al final no cumplir con el mandato constitucional y legal que tenemos, que es de venir a la Asamblea a proponer, a trabajar. Creo que estaremos haciendo los aportes necesarios a esta ley. Felicitaciones a la Presidenta. Como siempre, en la Comisión de Desarrollo Económico siempre hemos trabajado de la mano, nuevamente la felicito. Y este proyecto tendrá que ser apoyado por todos nosotros, hacer las recomendaciones puntuales e invitar a que los ecuatorianos vean que su Asamblea, más que banderas políticas y discusión, aporta para mejorar la vida de los ecuatorianos.

Muchísimas gracias, señora Presidenta.

Creo que todos vamos a partir de la coincidencia de que el país necesita evidentemente tener una ley antimafia. Nadie se puede oponer a una ley que combata al crimen organizado, que destruya las economías ilícitas y por ello creo que es necesario incluso entender que el país se nos está en este momento cayendo a pedazos y estamos siendo testigos o simples espectadores incluso de que los niños, las niñas terminan siendo víctimas colaterales precisamente de este enfrentamiento que tienen hoy por hoy las bandas de delincuencia organizada. En Esmeraldas un niño menor de cinco años falleció como víctima colateral.

En Santo Domingo de Los Áchilas hace dos días un niño de ocho meses también fue víctima colateral por el enfrentamiento entre bandas y una escena que causó mucho dolor y creo que a todos, el de unos niños en Guayas también que buscaban esquivar o protegerse, no sufrir estos impactos precisamente de balas. Y cuando les digo que necesitamos una ley antimafia es precisamente también enfocándonos no únicamente en el incrementar las penas, colegas asambleístas, sino desmantelar el corazón de estas estructuras criminales. Y para desmantelar el corazón de estas estructuras criminales y fortalecer las capacidades también estatales, se necesita ir a tres ejes importantes que deben ser atacados, que es la plata de estas bandas de delincuencia organizada, recuperar los territorios que en este momento tienen cooptados y luego también atacar el patrimonio que tienen estas bandas de delincuencia organizada.

Y allí quisiera poder presentar unas observaciones de lo que hemos revisado de este primer informe que hoy estamos debatiendo aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Creemos que es necesario incluso especificar aún a profundidad lo que tiene que ver con la pertenencia básica, porque si no se define con precisión que es la pertenencia básica, mañana lo que va a suceder es que no haya una debida aplicación por la justicia, en este caso a solicitud de Fiscalía General del Estado, que se encarga de la fase preprocesal y procesal penal, y luego cuando ya se tenga que emitir una sentencia por la o el juzgador.

Entonces, creería que falta aún definir a profundidad lo que tiene que ver en el aspecto de la pertenencia básica para que haya una amplia claridad en ese tema, presidenta, para que no quede precisamente incluso lagunas o vacíos jurídicos que luego son precisamente de dónde quienes los protegen, porque allí también hay que atacar. Estas bandas de delincuencia organizadas también tienen protectores y parte de esa protección es precisamente quienes están en este momento, no todos porque no se puede generalizar, sino quienes administran justicia que muchas veces se fortalecen a través de estos vacíos que quedan en las normativas.

Y para evitar precisamente que puedan declararles inocentes a estos criminales que deben estar sentenciados y recluidos en los centros de privación de libertad, hay que dejar esto subsanado. Luego, también creemos, al menos desde mi despacho, que aún no se ataca con fuerza lo que tiene que ver con el lavado de activos. Precisamente, qué es lo que les permite operar a estas bandas de delincuencia organizada. Entonces, el proyecto debería incluso también considerar que la delincuencia organizada no se limita únicamente a los grupos criminales visibles, sino que también utilizan grandes corporaciones, empresas, sociedades y el sistema financiero actual, incluso para ocultar el financiamiento ilícito y dar apariencia legal a los capitales que tienen estas estructuras criminales.

Incluso, hay que ir más allá y también entrar a examinar todas estas transacciones y acciones legales que realizan en las notarías públicas, porque allí también entra este lavado de activos. Entonces, creería también, Presidenta, que se debe analizar estos temas de profundidad. Y cuando hablamos de las mafias y de estas estructuras criminales, también y de repotenciar los temas para combatir el lavado de activos y que el Estado luego también pueda ser indemnizado, creo que no estaríamos aquí nadie de acuerdo que se cree una nueva inmobiliar que al final dio un mal uso de los bienes que están incautados, sino que se cree incluso un fideicomiso que pueda ser auditado y que estos bienes que son incautados también sean inmediatamente vendidos para recuperar el dinero que se le arrebata al Estado a través de la economía criminal.

Entonces, Presidenta y compañeros asambleístas, también crear un fideicomiso auditado que venda en menos de seis meses de aquellas casas, haciendas y todo lo que tenga que ver con la incautación para combatir la economía criminal, también es pertinente para que de esa forma estos bienes tampoco sean mal utilizados por los funcionarios que están al frente de estas instituciones, que es lo que la mayoría de veces ha terminado sucediendo. Estos... Estos...

son unos aportes

presidenta que quería hacer a este proyecto de ley y también decir con claridad que se necesita fortalecer las capacidades también que tiene la Policía Nacional, que tienen las Fuerzas Armadas, pero adicional, si queremos tener una verdadera ley antimafia, tal como el modelo italiano, e incluso que dio esta figura de jueces sin rostros, también hay que examinar lo que realizan dentro del Consejo de la Judicatura para que luego no nos salgan con esa despachatez de querer colocar solo esos avatars a los jueces cuando lo correcto es proteger a aquellos jueces que sí están aplicando con toda la fuerza de la ley lo que está dispuesto en el Código Orgánico Integral Penal para sancionar a los criminales, a los violadores, a los asesinos, a todos aquellos que están destruyendo la seguridad de nuestro país y de esa misma forma también proteger a quienes están al frente de las distintas instituciones de control como la UAFE, entre otras presidenta, para que luego no tengan temor de actuar con todo lo que está dispuesto en nuestra normativa y que de esa forma también se puede evitar la impunidad de estas bandas.

Reitero nuevamente que debemos atacar el corazón de la economía criminal y eso es arrebatándoles el territorio, el patrimonio y también las redes que actualmente los protegen. Gracias.

a todos los legisladores y a los ecuatorianos que nos miran a través de las redes sociales. Desde el nombre del presente proyecto es muy difícil oponerse, ¿quién quisiera oponerse a una ley antimafias? Evidentemente el proyecto tiene muchas certezas, yo creo que en su gran mayoría del articulado, creo que la gran mayoría de nosotros estaremos de acuerdo, por supuesto, y tengo toda la intención de respaldar el proyecto, pero hay dos artículos que me limitan y me limitan muchísimo. Tener un Estado fuerte con instituciones sólidas obviamente es nuestro interés, creo que todos los que estamos acá hemos venido con ese discurso, con esa visión, con esa intención de construir un Ecuador sólido que combata al crimen organizado, para ello es fundamental proteger y cuidar a los sectores más alejados, más excluidos, y me refiero al sector rural.

El día de ayer justamente estábamos reunidos en la comisión con los representantes del Congope y reflexionábamos qué tan importante es la ruralidad. Creo que en pandemia entendimos el significado de lo que es el campo, de lo que es el sector rural en torno a lo productivo, a lo económico, incluso a ser un sector de donde vienen las energías. Creo que todo ello suma a esa enorme necesidad de protegerlos, de cuidarlos, de empujarles, de darles las facilidades para el desempeño y desarrollo de sus actividades productivas y sobre todo económicas.

Quiero a la comisión y a los comisionados sugerirles dos temas. Primero, revisar el artículo 76, numeral 6 y numeral 3 de la Constitución que habla de la proporcionalidad y del principio de legalidad. Pero más allá de ello, que revisen la sentencia 11-20-CN21 y la sentencia 18-11-25 emitidas por la Corte Constitucional que hablan sobre estos temas y son fundamentales y quiero desglosarlos brevemente. Sin duda, el artículo 264 y el artículo 265 son los que a mí me preocupan y limitan y tienen que ver con el sector al que yo represento, que es la frontera.

En ese sentido, el artículo 264 establece claramente sobre la situación de las escalas cuando se trata del tráfico de combustibles y es allí donde quiero que se aclare para el segundo debate poder respaldarles porque hay algunas frases del verbo rector justamente de este delito que son ambiguas y que no van a permitir discernir o diferenciar a quienes auspician o apoyan el crimen organizado o algunos sectores que cometen delitos que son los que se quiere competir en esta ley. Por ejemplo, se habla de aquellas personas que sin la debida autorización o también se dice que teniendo la autorización se desvíe a un segmento distinto, me refiero al tema de los combustibles y allí es importante, creo yo, hacer un cambio específico que se establezca que se trata de ese desvío o ese cambio de modalidad dirigido al crimen organizado.

Y ya lo explico por qué. Esto también agrava o se agrava en el artículo 265 cuando se habla específicamente de las zonas de seguridad de frontera, es decir, aquellas que están a 40 kilómetros de los límites fronterizos y eso abarca prácticamente a todos los cantones que están cercanos a la frontera, como es el caso del cantón Tulcán, prácticamente está en esta zona de protección o esta zona de seguridad, perdón, de frontera. Hay varios agricultores, hay varios ganaderos que utilizan motoguadañas, que utilizan motosierras, que utilizan las bombas de agua, que utilizan algunos motores para uso agrícola.

Creo que en ese caso es ese riesgo de que terminen siendo involucrados en ciertos delitos y me refiero a la escala mínima y en el caso de los transportistas, por ejemplo un GH que necesita de más de 84 galones. En las zonas rurales no es como en las ciudades donde uno va a un sector, a una gasolinera, llena su camión y va y viene y lo vuelve a llenar. Hay lugares inaccesibles donde tienen que ir llevando la cantidad de galones suficientes para su retorno. Pero ¿será que está bien que a ellos se los sancione con una pena de 5 a 7 años?

Yo creo ahí que es importante el análisis de la comisión. Porque estos sectores trabajan en base de la buena fe, me refiero al sector agrícola, al sector ganadero. En el caso de la provincia del Carche hay haciendas binacionales, están en Colombia, están en Ecuador, y muchas veces tienen la obligación de llevar sus bidones de combustible para el uso eminentemente agrícola. Y el artículo es tan ambiguo que no permite realmente diferenciar en quienes de alguna manera son sorprendidos con el uso de estos combustibles para su trabajo o aquellos que se dedican a financiar o a tratar de financiar al crimen organizado, a la minería ilegal o a los sectores del narcotráfico.

Y eso debe estar dentro del articulado, debe aclararse. O la otra es que deba excluirse aquellos sectores de la mínima y mediana escala y que se sostenga el artículo como está, pero exclusivamente para estos sectores, para los que trafican combustible en cantidades grandes y evidentemente son o sirven esos recursos para auspiciar al crimen organizado. Ahí estaría de acuerdo. No como está establecido, como les digo, no voy a debatir acerca del resto de artículos, quiero apoyarlos todos, pero estos dos artículos definitivamente me limitan y me ponen en una línea que ya pasó con la ley de solidaridad, que no pude respaldar justamente por un artículo similar.

En la ley de solidaridad tuve que abstenerme, no pude respaldar el proyecto, porque evidentemente se juega la libertad de la gente a la que represento. En la provincia del Carchi estos delitos son muy comunes. Es gente buena, no somos delincuentes, es gente que busca llevar un pan a su hogar, indistintamente de los errores que se puedan cometer dentro de lo que correspondería al tráfico de estos combustibles. Por esa razón, señora Presidenta, soy muy claro y muy específico. Yo quiero apoyar este proyecto, pero sí pido a la Comisión rever justamente lo que acabo de mencionar.

La cuestión de suspender o eliminar del articulado a la mínima y mediana escala o la otra, que se especifique, que se aclare, que cuando se trata de movilizar combustibles para el crimen organizado específicamente para ello, para estos grupos de narcotráfico, minería ilegal u otros, ahí sí evidentemente queda especificado el verbo rector, sobre todo de este que podría ser un delito principal y el otro como un delito conexo. Sin más, agradecerles, yo creo que eso es importante, es parte del debate, es parte de sumar, es parte de agregar, de pensar, de analizar la norma y que quede lo mejor o claramente posible para las y los ecuatorianos.

Por ahora, yo debo manifestar y advertir, yo me debo a mi provincia, a la provincia del Carchi, estos temas son muy delicados, por ahora no podría colaborar con mi voto por este proyecto, pero si se realizan estas aclaraciones, con todo gusto respaldaré la iniciativa. Muchísimas gracias, señora Presidenta, la palabra.

Ha solicitado punto de información la asambleísta Inés de Alarcón.

Es importante que aclaremos el artículo 369.4 que esta comisión ha entendido que es importante tipificar un nuevo delito como es la pertenencia funcional a un grupo de delincuencia organizada. El artículo busca sancionar a quienes sin necesariamente ser miembros visibles de una organización criminal cumplen de manera consciente y reiterada una función que permita que ésta opere. La clave de este delito que nosotros como comisión buscamos tipificar está en el conocimiento. La persona sabe que está colaborando con un grupo de delincuencia organizada. Voluntad y función concreta. Realiza tareas como vigilancia, transporte, comunicación, abastecimiento, protección de rutas, control de accesos o logística y contribución relevante.

Esa actividad ayuda al funcionamiento, protección o continuidad de la organización. La pena privativa que nosotros pedimos como comisión de seguridad es que sea de 10 a 13 años de prisión. Este artículo, señores legisladores, establece una garantía importante. Tener una relación familiar, afectiva, laboral, comercial, vecinal o de convivencia con un integrante de una organización criminal. No convierte automáticamente en una persona ser parte de ella. Debe existir elementos objetivos que demuestren su participación consciente y voluntaria. A esto es a lo que nos referimos cuando hablamos del artículo 369.4, cuando pedimos tipificar como un delito autónomo la pertenencia funcional a un grupo de delincuencia organizada.

Y esto parte también de una legislación comparada, la legislación de Italia y la legislación de El Salvador. El Salvador ya lo hizo cuando estuvo atacando a las maras y los identificaba a través de los tatuajes. No es el mismo contexto, pero sí tipificamos la pertenencia a los grupos de delincuencia organizada. Que sirvan de apoyo o sean funcionales para el crimen organizado deben ser sancionados. He visto por ahí, señora Presidenta y compañeros legisladores, unos abogados que se creen tiktokers, que andan diciendo que esto ya existe. No existe, señores.

La pertenencia funcional no está tipificada. Y hoy lo estamos pidiendo en la ley antimafias. Gracias, señora Presidenta.

Señora Presidenta, colegas asambleístas, desde aquella mañana en que usted, señora Presidenta, invitó para anunciar la presentación de esta iniciativa, teniendo como invitados a autoridades de países que han vivido, han enfrentado, han luchado y han alcanzado resultados positivos. Me refiero al señor embajador de Italia, a expertos de ese país. Esa cooperación internacional nos hace pensar que el contenido de este proyecto puede ser susceptible de aportes, de mejoramiento, pero nos hace pensar que apunta justamente a lo que asambleístas de este lado, como se dice, del otro lado, como se menciona, es decir, tanto la oposición como los independientes y el resto identificados, obviamente, con el sector oficial.

Coincidimos en que es importante el trabajar, el legislar para la lucha contra el crimen organizado. Este cuerpo legal que reforma varios cuerpos jurídicos, tiene una sola finalidad, fortalecer al Estado frente al crimen organizado. Y ha sido la Comisión de Soberanía, la Comisión de Seguridad, la que en esta semana nos ha traído al hemiciclo contenidos importantes. Por eso la vez anterior, felicité a Inés Alarcón que lo preside, hoy igualmente lo hacemos de la misma manera, pero es obvio resaltar la tarea suya, señora Presidenta, como ponente de estas reformas.

El Carchi, Sucumbíos, Esmeraldas, Inbabura, somos parte de las provincias fronterizas y por ende, ruego de leer el informe, que de paso, señora Presidenta, tiene algo muy importante porque dentro de esta construcción, al interior de la Comisión se han recibido a expertos, se han recibido, obviamente, a quienes están involucrados, como parte de la Fiscalía, del Arch, de la UAFE, a expertos en crímenes transnacionales, y eso nos hace pensar, obviamente, que ya dejaron el aporte participativo para que hoy estemos hablando de una norma que tiene una causa noble, que es el devolver la tranquilidad y la paz, obviamente, a nuestro país.

Tanto Cristian Benavides como Juan Gonzaga hicieron referencia a la proporcionalidad y a lo que establece, igualmente, la nuestra Constitución cuando hace referencia a las penas que tienen que tener la proporcionalidad. Yo no quiero insistir en lo mismo, sino más bien en un rápido ejemplo. Si una persona es detenida con seis galones de gasolina, que sería la mínima escala, puede recibir una pena de tres años. Si trasladamos los seis galones al precio oficial, estamos hablando de un valor de 19.44 dólares. Como punto referencial, de acuerdo a información disponible, se estima que el mantenimiento de una persona privada de libertad en el sistema de rehabilitación social le cuesta al país, al Estado, alrededor de 4.000 dólares, por lo que, en los tres años de condena, el Estado debería invertir 12.000 dólares por un delito de 19.44 dólares.

Cristian hacía referencia a que debemos con exactitud diferenciar el verdadero delincuente con hombres y mujeres de nuestros territorios, territorios incluso donde no tenemos gasolineras, donde no tenemos este tipo de infraestructura, en el caso de Inbabura. En la zona de Inta, que es todo un continente, no tenemos nosotros, obviamente, gasolineras, y muchas de aquellas personas, en la vulcanizadora, en un domicilio privado, disponen de canecas, y al fin y al cabo, al que se descuidó de abastecerse, o por X o Y razones necesita del combustible, le salvan.

Pero aquellas personas, es obvio, que deben tener una certificación o un permiso para ser proveedores de este tipo de auxilios inmediatos para el transportista. Por eso consideramos que es importante que se haga la revisión necesaria y que para el segundo debate, obviamente, pueda venir con otro contenido, acogiendo las sugerencias, insisto, de quienes somos parte de las provincias fronterizas. También, señora Presidenta, quiero referirme también al contenido de este documento, cuando se habla, obviamente, en el proyecto, se habla de los jueces sin rostro. En la sesión número 122, la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, el 29 de junio del 2026, la doctora Alicia Contero, directora del proyecto Cring Lab 2.0 de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, presentó los resultados del análisis de cerca de 5.000 sentencias judiciales.

En su discurso, en su intervención, la mencionada profesional y autoridad, señaló que entre los años 2021 y 2026, se registraron 48 ataques violentos contra dependencias o servidores judiciales. Por ende, se ha hecho el análisis para que los jueces igualmente tengan las garantías necesarias y puedan proteger su identidad, porque no siempre consideramos, no siempre los jueces actuarán motivados por la corrupción o la contaminación económica y financiera. También habrá ocasiones donde la intimidación, donde las amenazas, obviamente, le obliguen a un juez a no tomar o a no dar la sentencia correspondiente.

Yo quiero, señora Presidenta, y tengo que leerlo, obviamente, proponer un artículo innumerado que tiene relación con el régimen especial de identidad funcional reservada de las juezas y jueces en materia penal, donde se señala la propuesta, las juezas y jueces que ejerzan jurisdicción en materia penal contarán con un mecanismo especial de protección de su identidad personal y de sus datos de localización destinado a prevenir amenazas, intimidaciones, coacciones, represalias o cualquier otra forma de interferencia derivada del ejercicio de la función jurisdiccional. Para efectos de protección, el Consejo de la Judicatura asignará a cada jueza y juez en materia penal una codificación funcional única, individual, permanente y trazable, que podrá ser utilizada en los sistemas informáticos institucionales, registros administrativos, documentos de carácter público y demás instrumentos en los que la exposición de sus nombres completos, datos personales o información de localización pueda generar un riesgo para su seguridad.

La codificación funcional no sustituirá la identidad jurídica del juzgador ni afectará su designación, competencia, jurisdicción, responsabilidad administrativa, civil o penal, ni los mecanismos de control previstos en la Constitución y la ley. Y finalmente, la propuesta de este artículo innumerado señala la identidad real de la jueza o juez, así como la información necesaria para establecer su vinculación con la respectiva codificación deberá mantenerse en un registro institucional reservado y de acceso restringido con claves sancionadas entre varias autoridades, seccionadas, perdón, entre varias autoridades bajo responsabilidad del Consejo de la Judicatura con mecanismos de seguridad, trazabilidad y control de acceso.

Yo quiero, igualmente, ahora que estoy a punto de concluir en el tiempo, señora Presidenta, que nadie ha dicho nada cuando estamos hablando de temas que ha traído acá la Comisión de Seguridad, donde nuestra colega asambleísta Inés Alarcó, que es la Presidenta, solidarizarme públicamente con aquellos epítetos de discriminación en contra de una dama que es parte de la Asamblea Nacional. Me sorprende que los defensores de las mujeres o las defensoras de las mujeres hasta este momento no han dicho pío cuando nuestra compañera, nuestra colega, ha recibido agresiones de diferentes sectores.

Mi solidaridad, estimada Inés, porque consideramos que también tener la valentía para enfrentar este tipo de cosas es exponerse también a las agresiones de uno y de otro lado. Hasta aquí mi palabra, señora Presidenta.

Gracias, señor presidente, por concederme el uso de la palabra. Compañeros asambleístas, hoy no estamos discutiendo solamente un informe para un primer debate. Estamos discutiendo una posibilidad real de cumplir con un mandato constitucional. En el artículo 393 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas. Pero, pese a que todos los asambleístas conocemos esto, aquí en este hemiciclo hay algunos que siempre se oponen a los proyectos de ley que tratan de combatir al crimen organizado.

Y así dicen asegurar una convivencia pacífica en las personas de este hermoso país. Hoy estamos respondiendo a nuestros mandantes y les decimos sí. Estamos trabajando y vamos a seguir reaccionando frente al crimen organizado. Estamos tomando decisiones firmes para desarticular y quitarle el poder a esas mafias que durante años anteriores se fortalecieron. Pero eso fue provocado por un Estado permitivo. Pero ese Estado hoy se acabó. Esta Asamblea Nacional, mediante resoluciones, ha decidido reafirmar su compromiso en la lucha contra el crimen organizado, tanto a nivel nacional como transnacional.

Ha reiterado su compromiso en continuar legislando y fiscalizando para seguir tipificando y desarrollando la normativa necesaria para sancionar y desarticular esas organizaciones criminales que no tienen mínimo grado de piedad. Hoy esta ley es un claro ejemplo de ese compromiso. También quiero dirigirme a ustedes de manera clara y sucinta. La delincuencia en el Ecuador dejó de ser común. Hoy nuestro país enfrenta estructuras criminales organizadas, violentas y transnacionales. Que se han construido economías criminales alrededor del narcotráfico, la extorsión, el tráfico de armas, la minería ilegal, los delitos hidrocarburíferos y el lavado de activos.

Estas estructuras no solamente disparan ni eliminan personas, eliminan la posibilidad de que el Ecuador se siga desarrollando. Estas estructuras también eliminan la posibilidad de que los ecuatorianos caminemos seguros en búsqueda de mejores oportunidades para nuestras familias. Estas estructuras mafiosas compran voluntades, corrompen municipios, instituciones estatales, movilizan dinero ilícito y buscan infiltrarse en los espacios donde el Estado debe ejercer autoridad. Y pienso que todos en este hemiciclo estamos de acuerdo con eso. Quiero reconocer también una realidad política, que a algunas personas les va a costar admitir. El presidente Daniel Novoa recibió como herencia un país en donde estas estructuras mafiosas ya habían alcanzado altos niveles de organización, violencia y penetración en el Estado.

Esta Comisión de Seguridad y esta bancada, liderada por una mujer valiente como Inés Alarcón, no podía seguir ignorando una necesidad tan evidente. Se han aprobado leyes importantes en materia de seguridad y el compromiso de la Comisión de Seguridad siempre va a ser el mismo. Velar para que todos nos sintamos seguros. El Estado tiene que recuperar la autoridad, tiene que recuperar sus territorios y sus cárceles. Porque cuando una organización criminal convierte a un niño en sicario, en informante, en instrumento para cometer delitos, no solamente está destruyendo una vida, está garantizando la continuidad de su propia estructura criminal.

Por eso esta ley incorpora una respuesta frente al reclutamiento y plantea un tratamiento agravado para cuando la captación recae en niños, niñas, adolescentes y en personas con situaciones de vulnerabilidad. Señoras y señores asambleístas, no podemos combatir las mafias si solamente atacamos a sus bases. Tenemos que llegar a quienes mandan, a quienes financian y a quienes lavan el dinero. Por eso necesitamos tomar decisiones firmes pero responsables. Y esta ley busca quitarles los recursos, las armas, las empresas, fachada, para desmantelar toda su estructura. Y yo me pregunto, ¿quién puede oponerse a este proyecto de ley?

Esta ley antimafias debe significar un mensaje sencillo pero claro. En el Ecuador el crimen organizado no puede gobernar, no puede decidir quién vive y quién muere, menos a qué niño van a reclutar. Por eso desde la Asamblea Nacional tenemos que asumir un compromiso firme y seguir con el tratamiento de este proyecto de ley hasta su aprobación. No podemos tener miedo de enfrentarnos a quienes durante años pensaban que podían estar sobre el Estado ecuatoriano. Porque en este nuevo Ecuador no mandan las mafias. Aquí manda la Constitución y la ley.

Aquí debe gobernar un Estado decidido de recuperar la paz y la seguridad de todas las familias ecuatorianas. Muchas gracias. Muchas gracias.

La palabra la asamblevista Alex Morán.

a los legisladores, al pueblo ecuatoriano que nos mira a través de los diferentes medios legislativos. Bueno, quiero empezar felicitando la iniciativa propuesta por nuestra Presidenta de la Asamblea Nacional, Michel Macheno Dávila, en la construcción de este proyecto de ley, denominado Ley Antimafias. Proyecto de ley que tuvo la colaboración del gobierno de Italia, del gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos de la Embajada del mismo país. De igual manera, la labor realizada por la Comisión de Seguridad, encabezada por mi compañera Inés Alarcón.

¿Por qué es importante este proyecto de ley Antimafias? Porque una vez por todas, vamos a perseguir a todos quienes forman parte de la estructura de los grupos de la encuesta organizadas. Aquí se ha hablado de los que comúnmente conocemos como los campaneros, los sicariatos, que los conocemos, los sicarios, pero estas economías criminales y estos grupos criminales han mutado. Y ya no solamente tienen a campaneros, tienen a motociclistas, tienen a sicarios, también tienen contadores, también tienen abogados, también tienen empresas fachadas que les ayudan a lavar todo ese dinero producto de este crimen organizado.

Y es precisamente este punto, que es muy neurálgico, que va a ayudar que una vez por todas la guerra que actualmente estamos viviendo, impulsada por el presidente Daniel Novoazín y encabezada por John Reimer, ministro del Interior, y Giancarlo Lofredo, ministro de la Defensa, pueda una vez por todas ser complementaria. Porque falta ese marco jurídico para poder de una vez por todas desvanecer y desarticular todo quienes integran a este grupo de la encuesta organizada. En el tema operativo, el ministro de Defensa y el ministro del Interior están desarrollando una gran labor.

Pero falta justamente esto, atacar a los bolsillos, atacar donde más le duele a las economías criminales, sus bienes. Y para eso se han creado diferentes mecanismos, como el recuperar los bienes, y que estos bienes, una vez que estén en este proceso judicial, puedan ser utilizados para, a través de los mecanismos pertinentes, quizás una casa pueda ser un hogar de acogida, un vehículo pueda servir para quizás movilizar a los niños a través de una fundación. Obviamente todo esto es marcado en el marco jurídico, que ya han explicado de manera muy inteligente los diferentes colegas que me antecedieron la palabra.

Pero, colegas legisladores, aquí hay que ser muy sinceros. El pueblo ecuatoriano nos ha pedido, en las diferentes visitas que hacemos a los territorios, poder darle las herramientas jurídicas para que esta guerra la podamos vencer. Y ellos saben, y ellos justamente también son actores principales de estos proyectos de ley, porque ellos quieren tranquilidad, ellos quieren paz. Y la única manera de poder hacerlo es, de una vez por todas, identificar todos los integrantes de un grupo de delincuencia organizada, identificar todos sus recursos y atacarlos. Que esos recursos ya nunca más vuelvan a ser de ellos.

Y que sean parte, en caso que sea pertinente, del Estado ecuatoriano, y que sean utilizados ya no para delincuencia, sino para poder progresar y devolverle la paz y la tranquilidad a muchos de los ecuatorianos que hemos perdido esa paz y esa tranquilidad. Quiero ratificar mi total aprobación y mi total respaldo a este proyecto de ley. Falta mucho por hacer. Aplaudo las intervenciones de diferentes colegas, de distintas bancadas, que se han abierto al diálogo para poder crear mejores mecanismos, mejorar este proyecto de ley. Y que en un segundo debate tengamos una ley que pueda ser completamente complementaria y decirle al pueblo ecuatoriano, estamos legislando por ustedes, para ustedes.

Muchas gracias, señora Presidenta.

Marco Olmedo.

Señora Presidente, compañeros legisladores, medios de comunicación, ciudadanos, ¿a qué le suena esta estructura orgánica funcional cuando existen financiistas, jefes, reclutadores, proveedores, transportistas, testaferros, operadores logísticos, corruptor, lavador ejecutor? ¿A qué le suena? A una estructura orgánica funcional. Y es precisamente ahí donde nosotros debemos tomar en cuenta que no estamos, la formación y la educación viene de la casa. Y hay algo bien importante, señora Presidenta, si me permite hacer un paréntesis en la información. Aquí, con nuestra conducta, le estamos dando ejemplo a 18 millones de ecuatorianos. Les recuerdo, señores legisladores, que ustedes no se representan solos, se representan a 18 millones de ecuatorianos.

Pero vamos a continuar con lo que nos trajo aquí el día de hoy. Y quiero felicitarle a la compañera Inés Alarcón por tener la valentía, la solvencia de efectivamente poner un proyecto de ley aquí en la Asamblea Nacional. Sin duda, un proyecto complicado, de mucho detalle, pero que va a ser efectivo y eficiente para el país. Sin lugar a dudas. Y les decía, compañeros asambleístas, que efectivamente esta estructura funcional no trata únicamente de que se llamen tiguerones o lobos o etcétera, etcétera. Se trata de que efectivamente estamos combatiendo a empresas criminales.

Sí, señores legisladores, señoras legisladores. Empresas criminales, empresas que tienen en su detalle no solamente recursos, sino toda una estructura. Y aquí es importante preguntarnos, y les quiero preguntar efectivamente a ustedes, ¿estamos dispuestos a hacer historia o a permitir que el crimen siga creciendo impunemente? Porque lo que estamos discutiendo es cómo responder al Estado frente a una realidad que ha cambiado y que no podemos seguir enfrentando con las mismas herramientas del pasado. Hoy en día, las mafias ya no actúan de manera común. Son estructuras organizadas, territoriales, con división de funciones, con capacidad económica, con logística y muchas veces con la capacidad de infiltrarse y afectar incluso a las instituciones del Estado.

Por eso, esta reforma parte de una idea fundamental. No basta con perseguir al delincuente. Tenemos que desmantelar toda la estructura criminal. Ese es precisamente el eje de esta ley antimafias. Tenemos que proteger nuestros recursos estratégicos, enfrentar el control territorial de las organizaciones criminales, fortalecer la actuación de fiscales y jueces y golpear las economías que permiten que estas estructuras sobrevivan y se fortalezcan. Porque detrás de una organización criminal no solo hay armas y violencia, hay dinero, hay vehículos, hay inmuebles, hay empresas, hay infraestructura, mecanismos de lavados y personas que ponen sus recursos o capacidades al servicio del delito.

Si queremos ganar esta batalla, señores asambleístas, tenemos que quitarles aquello que les permite operar. Por eso, considero especialmente importante la reforma al artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal. Aquí damos un paso adelante. Se diferencia la responsabilidad de quien dirige, financia, organiza o controla una estructura criminal de quien participa de manera externa. Y se incorpora algo que nuestra sociedad nos exige con urgencia, perseguir la captación de personas con fines delictivos. Porque una mafia que recluta niños, niñas y jóvenes no solamente está cometiendo un delito, está destruyendo las oportunidades y el futuro de nuestro país.

Esta propuesta de ley lo determina de manera clara. Se sancionará a quienes recluten, captan, introduzcan o incorporen personas para ponerlas al servicio de la organización criminal. Y se agravará la pena cuando exista una relación de poder, confianza o subordinación. También enfrentamos una realidad que durante demasiado tiempo hemos normalizado. Territorios donde la violencia criminal termina diciéndole a la gente cuándo y a qué hora puede salir de su casa, dónde puede trabajar o incluso si puede permanecer en su propio barrio, como ya lo explicó mi compañero Kevin Gallardo.

Esta reforma reconoce y sanciona el desplazamiento forzoso y el confinamiento provocado por la violencia criminal. Y establece una protección reforzada cuando las víctimas son periodistas, docentes, personal de salud, dirigentes, defensores de derechos o denunciantes. Pero hay una ley contra las mafias, no puede quedarse únicamente en aumentar penas. Necesitamos fiscales con herramientas para investigar mejor. Necesitamos atacar a quienes financian y dirigen las estructuras criminales. Por eso se plantea una cooperación eficaz, reforzada, que permita obtener información precisa y comparable para identificar a quienes están detrás del mando, del financiamiento y del control de estas organizaciones, recuperar activos y avanzar hacia su desarticulación.

Y también debemos proteger a quienes administran la justicia, porque si permitimos que el crimen organizado intimide, amenace o obstaculice a fiscales y jueces, ninguna reforma tendrá resultados. Esta propuesta fortalece la respuesta frente a los riesgos de fuga, obstrucción e intimidación vinculados a las estructuras criminales. Finalmente, hay un principio que quiero destacar. Al crimen organizado hay que quitarle el territorio, pero también hay que arrebatarle su patrimonio. El segundo libro de esta reforma establece mecanismos para recuperar, conservar y administrar estratégicamente los bienes vinculados con el crimen organizado.

Vehículos, maquinaria y otros bienes utilizados para delinquir podrán ser objeto de decomiso en los casos previstos. Los bienes incautados deberán conservarse adecuadamente y cuando corresponda podrá ser utilizado por el Estado o destinados provisionalmente a fines de aprovechamiento social. A ver si reparamos de una vez por todas a las víctimas. Señoras y señores asambleístas, esta ley no pretende castigar únicamente después de que el delito ocurra, pretende quitarle la capacidad de operación a las mafias antes de que vuelvan a atacar. El Ecuador necesita recuperar sus territorios, proteger a los ciudadanos, fortalecer su justicia y evitar las economías ilícitas, sigan financiando la violencia.

Porque frente a quienes quieren que el Estado retroceda, aquí estamos, porque nuestra obligación es consolidar un Estado presente, firme, coordinado y capaz de recuperar el control. Ese es el compromiso que tenemos en el Ecuador. Ese es el compromiso del presidente Daniel Novoacín. Mi palabra, señora presidenta. Gracias. Gracias. Gracias.

He tenido un debate de altura, de respeto y lo importante es aquí resaltar que lo que queremos todos los ecuatorianos y quienes tenemos la responsabilidad de legislar es precisamente demostrar de qué lado estamos, del lado de la ciudadanía, del lado de los ecuatorianos, del lado de aquellos que piden justicia, de aquellas víctimas que no quieren esperar una eternidad en que el sistema de justicia les dé la respuesta aquello que tanto persigue. Este proyecto de ley antimafia sin duda alguna marca un importante hito dentro del ámbito jurídico y resaltamos el trabajo realizado por la presidenta de la Comisión de Seguridad y también de su proponente, la presidenta de la Asamblea Nacional, que ha sido justamente pertinente en este momento.

Los ciudadanos muchas veces preguntan ¿por qué se tapa el rostro del delincuente? ¿Saben por qué? Porque la constitución del 2008 nos habla de la presunción de inocencia. Entonces hay que cubrirle el rostro al delincuente aun cuando sea encontrado en delito flagrante. Tenemos que decir las cosas como son. Hoy debemos tener valor de decir con claridad lo que pensamos, lo que sentimos, porque el dolor de una madre que es víctima de la extorsión, de un padre que tal vez pierde un hijo por el crimen organizado, que es captado muchos jóvenes y eso duele muchísimo por el crimen organizado.

Hoy tenemos la oportunidad de argumentar, de apoyar este proyecto normativo. Si hay visiones y posiciones sobre qué mejorar, sobre cómo fortalecer, esta es la oportunidad. Y le pido por favor al asambleísta que deje de ver Chuchaki Legislativo. Estamos concentrados en un proyecto tan importante. Tengan coherencia y respeto con la ciudadanía. Qué falta de respeto. Pero bueno, ¿quién responde a los ciudadanos? ¿Quién responde a las familias que exigen justicia? Este es el momento de demostrarles de qué lado estamos. Del lado de la justicia, del lado de las víctimas, no de los victimarios.

¿Por qué? Si bien uno de los artículos tan importantes que quiero resaltar dentro de este proyecto es el artículo en el que se establece elementos importantes para el riesgo procesal. Creo que es necesario fortalecerlo aquí en el 534. Es necesario que el fiscal tenga los elementos para que el momento en que le pida al juez la prisión preventiva no exista discrecionalidad de los jueces si le da prisión preventiva o si le da medidas sustitutivas. ¿Qué sucede? Claro que indigna cuando vemos que el delincuente, el victimario que ya viene asesinando a un sinnúmero de personas, nuevamente campante en las calles.

O el delincuente, el líder de la banda después de que la policía, los militares realizan tremendos operativos, allanamientos, al día siguiente libre. ¿Cómo queda uno? Pues la gente va, por supuesto, a sentir que algo está pasando. Ahí es donde tenemos que fortalecer. Resalto el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal en el que establece precisamente fortalecer, fortalecer el riesgo procesal. Los elementos son importantes analizarlos para que el fiscal pueda de manera sustentada acudir ante el juez y diga, sí, este ciudadano que ya vino matando a más de 10 personas o que vino delinquiendo o que viene vendiendo droga o que viene reclutando chicos, adolescentes, debe tener prisión preventiva.

No puede tener medidas sustitutivas. No puede ser que tenga un grillete o que se presente periódicamente ante la unidad judicial o que un policía vaya y le cuide en la casa. Habráse visto. Aquí es la responsabilidad nuestra de demostrarles de qué lado estamos. No puede ser. Y sí, tengo que decirlo, esta Constitución, en su artículo 35, pone a los privados de libertad en el grupo de atención prioritaria. Pobrecitos de ellos. Y el 77 también dice que la prisión preventiva es de última ratio. Sí, pero para aquellos que no han estado, pues, paseándose, entra y sale de los centros de privación de libertad.

Hay que tener coherencia y este proyecto de ley lo tiene. Por lo tanto, trabajemos en que el segundo informe que llegue acá respalde a las víctimas, no a los victimarios. Muchísimas gracias.

Gracias compañera presidenta, compañeros y compañeras legisladores, pueblo ecuatoriano. Este tema es de trascendental importancia y efectivamente yo quisiera centrarme en hacer un análisis jurídico de lo que está ocurriendo en las unidades penales en el Ecuador. Efectivamente, lo que la compañera que antecedió en la palabra ha sostenido es una verdad. El artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal permite que los jueces, aunque los fiscales hayan solicitado una prisión preventiva, ellos puedan emitir una medida alternativa. ¿Qué son las medidas alternativas? Son el hecho de presentarse cada ocho días ante un fiscal o obtener una prohibición de salida del país o algún grillete electrónico.

Ahora bien, es lamentable que cuando la policía hace el trabajo, las fuerzas armadas hacen el trabajo, detienen a los delincuentes en el cometimiento de un delito flagrante. Los jueces, por varias ocasiones, efectivamente dispongan la libertad con una medida sustitutiva o simplemente, por no haberse probado los dos elementos que habla la Constitución, esto es la existencia material de la infracción y la responsabilidad penal del acusado, porque la víctima, que fue víctima de una agresión en su domicilio, tiene miedo a irse a dar su versión o a permitir que se haga un reconocimiento del lugar de los hechos en su domicilio, el juez tiene que confirmar la inocencia del detenido y tiene que darles la libertad.

Ahora bien, señores, aquí no se ha hablado de algo que es de trascendental importancia. El Consejo Nacional de la Judicatura, el 25 de noviembre del año 2021, dictó una resolución mediante la cual creó las unidades penales anticorrupción y los tribunales penales con fuero nacional radicados en la ciudad de Quito. ¿Para qué? Para juzgar ciertos delitos cometidos por corrupción y ciertos delitos graves cometidos por el crimen organizado. Me voy a permitir darle cuenta. Estos delitos son el peculado, el enriquecimiento ilícito, el cohecho, la concusión, el tráfico de influencias, la oferta de realizar tráfico de influencias, el testaferismo, ahora los delitos cometidos por el crimen organizado, que es el genocidio, el exterminio, la esclavitud, la deportación, la desaparición forzada, la persecución, los delitos de lesa humanidad, el tráfico ilícito de migrantes, producción y tráfico de drogas, organización financiamiento para producción y tráfico de drogas, actividades ilícitas de recursos mineros, delitos relacionados con hidrocarburos, lavados de activos, espionaje, tráfico ilícito de armas, terrorismo, financiación de terrorismo, delincuencia organizada, determinadas modalidades de estafa.

Pero en el artículo 4 de este registro oficial, de esta resolución que emite el Consejo de la Judicatura, dice que el delito sea cometido mediante una estructura criminal organizada, que exista continuidad o reiteración delictiva, que tenga trascendencia nacional e internacional y que exista grave afectación de los bienes jurídicos protegidos, que exista concurso de infracciones relacionados con estos bienes jurídicos. Si no se reúnen estas circunstancias, los competentes para conocer son las unidades penales de la jurisdicción donde se cometió el delito. Simplemente un testaferrismo, simplemente un peculado, simplemente un asalto, una violación, un asesinato, etc.

Por ello, estimados compañeros asambleístas, conociendo vuestro ilustrado conocimiento jurídico, sí me gustaría de que por unanimidad aquí se busque la manera de que los señores jueces a nivel nacional no se vean obligados, porque a veces decimos, los jueces son corruptos, no les queda otro porque así lo dice la disposición del Código Orgánico Integral Penal. Los ecuatorianos están pendientes de lo que hacemos aquí en la Asamblea Nacional. ¿Cómo legislamos? ¿Cuáles son nuestras propuestas? No puede ser posible de que el Estado, por intermedio de la Administración de Justicia, esté juzgando únicamente aquel delincuencilio, quizás un joven menor de edad, que ha sido detenido en el cometimiento de un delito flagrante, pero los cabecillas, los mentores intelectuales, esas bandas organizadas, queden en la impunidad.

Los ecuatorianos están pendientes de cómo la Administración de Justicia o el Estado puede recuperar los dineros que a veces los políticos corruptos que están involucrados con estas bandas criminales se roban aprovechando su espacio de poder que lo adquirió democráticamente. Por otro lado, lo que está ocurriendo en mi Amazonía, de donde con orgullo soy parte, la minería ilegal, alcaldes comprometidos con bandas, alcaldes comprometidos con la minería ilegal, que incrementa sus patrimonios desmedidamente y que hoy por hoy no pueden justificar sus patrimonios que se han incrementado. Ahí debe haber una ley especial también y mucho ojo para que estos delitos de tala de árboles, de daño de la naturaleza, de la minería ilegal que esté infestada lamentablemente en mi Amazonía, se vaya cortando de a poco con esta ley antimafia que el pueblo ecuatoriano está esperando para desarmar esas estructuras criminales que vienen afectando a nuestra niñez, que viene afectando al hombre y a la mujer trabajadora del pueblo ecuatoriano.

Muchísimas gracias. Devuelvo la palabra. Gracias.

Tiene la palabra el asambleísta Adrián Castro.

Muchas gracias, Presidente y colegas asambleístas, agradeciéndole por concederme el uso de la palabra.

Nos arribo a la siguiente intervención a cargo del legislador Adrián Castro. En las mesitas antes en el CAL, ahí estaba el señor Aleaga. Yo les digo a los colegas, saquen el teléfono, googleen y pregunten quién fue el legislador o la legisladora que emocionó que el señor Ronnie Aleaga esté sentado ahí y hoy esté prófugo del país. Busquemos. Y luego entrando en metaria de fondo, yo tengo que empezar con un tema que sí entristece. A escasas dos horas y media de Cuenca tenemos a nuestro hermoso puerto Bolívar.

Un puerto marítimo, un puerto hermoso, un puerto corredor de mariscos, un imán de turistas que lamentablemente hoy bajó la Lanford porque muchos de sus vendedores, esas lindas señoras que tenían esa franelita y llamaban a todos los que llegaban a comer, ya no tienen sus puestos, tuvieron que bajarse a Lanford. Y no por crisis económica, sino por la mafia y el crimen organizado que les sacó de un territorio, les sacó de su casa, de donde vive esa gente. De eso está hablando esta ley. Y esta ley la ataca de una forma clara y directa porque no se está atacando únicamente al sicario.

Al sicario le reemplazan. Aquí atacamos a la estructura. Y eso hay que decirle al país. Por eso esta ley es importante. Y si vamos al dinero y vamos un poquito más al sur también, a mi querida provincia de la Azuay, a Ponce Enríquez, al cantón Ponce Enríquez, un cantón netamente minero, históricamente minero y hoy víctima del crimen organizado. Nuestro cantón de Ponce Enríquez. ¿Qué sucede ahí? Las extorsiones por el combustible, pues. Que esta ley trata porque el desvío de combustible también se está tratando y tipificando como delito autónomo en esta ley.

Sacan pues el combustible. ¿Para qué? Para alimentar la maquinaria que destroza a las familias porque detrás de la minería ilegal hay trata, hay prostitución, hay empleo infantil, hay un montón de cosas que lesionan a nuestra sociedad y a nuestra familia, que es el núcleo de la sociedad. Eso ataca esta ley que en buena hora es traída de esta Asamblea Nacional. Junto, miren qué coincidencia con la que aprobamos hace escasos dos días. Por eso es necesario que estos delitos sean autónomos e independientes. ¿Qué se mueve pues detrás de la minería ilegal?

Si hablamos de que tenemos que golpear a la estructura económica, a quienes financian, a los gatilleros, a los secuestradores y a los demás, mil trescientos millones de dólares al año mueve la minería ilegal en este país, colegas legisladores, esa es la realidad. Y si hablamos de la pertenencia funcional como delito autónomo, ya lo decía la colega Larcón hace un rato, la presidenta Mancheno, que son delitos que no estaban pues, son delitos que están contenidos hoy en día porque no se trata de atraparle al gatillero nomás, al sicario.

¿Y qué pasa con la logística que hay detrás de eso? El que guarda las armas, el que presta la bodega, el conserje, el que paga el peaje, el que cobre el peaje. Hay una serie, hay un encadenamiento de sujetos que están detrás de eso y por eso es necesario que se incorpore en este artículo 369, numeral 4, precisamente estos detalles que no estaban dentro del COIP. Y que la pena de 10 a 13 años sea precisamente una pena que se cumpla y que no quede en el limbo.

Yo aquí sí me permito hacer un pequeño aporte porque no solamente son estos choferes, estos bodegueros, estas personas que se prestan para ayudar a la mafia, porque detrás puede haber servidores públicos, presidenta y colegas. Detrás puede haber gente que esté prevalida de un sueldo público ocupando instancias importantes, ¿quién sabe? En la aduana, ¿no es cierto? ¿Quién sabe? En la Arcoón, ¿quién sabe? En la propia asamblea. Y que tienen que estar incluidos ahí, presidenta. Yo voy a hacer un aporte por escrito, pero ya dejo sentada la idea de que se incorpore dentro de la pertenencia funcional al servidor público, pues.

Si aquí hay algunos angelitos en este país que dicen que son los más sanos y santos, pero detrás están financiando y están ayudando precisamente a que esto ocurra en los territorios. El ejemplo de El Salvador, pues. 106 muertos por cada 100 mil habitantes era la realidad para tener hoy 1,3 por cada 100 mil habitantes, siendo probablemente el país más seguro del hemisferio. ¿No nos gustaría que esa realidad ocurra acá? Por supuesto que sí. Y no solamente porque algún colega decía que dónde está el tema del IVA y que esto, que lo otro.

¿Acaso no hay programas sociales? ¿Y qué pasa con las becas, pues? No leen las noticias, están desinformados o llegan sin prepararse acá al pleno. Yo no sé, pero creen que aquí solamente es palo y palo. No, no, señor, del otro lado también hay un trabajo social, pues. Está la escuela, está la educación, está la cultura, el arte y todo lo que hay que promover para darle oportunidad a la gente. Y luego el desplazamiento forzado. El mismo caso del oro, pues. Si nosotros los azuallos que amamos tanto a nuestras provincias, vecinas, al Guayas, a Loja, al Cañar, Morona, Santiago, al oro, somos testigos del desplazamiento de la gente.

Cuenca acoge familias de Machala, acoge familias del oro, acoge familias del Guayas hoy en día, que fueron despasados no por crisis económica, sino por la mafia, por el crimen organizado. Y esos somos testigos en el sur del país, en donde lamentablemente vivimos estos tiempos de mano de quienes se financian de estos dólares sucios que circulan por ahí. Y luego la prisión preventiva, y sí dije hace un momento con un colega acá afuera, dije, señor, me has mirado a los ojos, qué bueno que llegue a la prisión preventiva con esta particularidad tan importante que es el hecho de que no sea, si bien, es cierto, no puedes modificar la Constitución, siempre va a ser la regla, la última ratio, como decimos en derecho, la regla de lo último.

Lo último que se haga es meterle preso a una persona, sí, pero cuando exista aquella duda de que pueda la mafia organizada de estar detrás de que ese sujeto se libere y pueda cometer crímenes atroces y sobre todo cuando haya tenido antecedentes, pues, como decía Diana Jacómez un momento, entran, salen, como Pedro por su casa, por la cárcel, y al día siguiente llegan a un juez y nuevamente siguen saliendo la famosa puerta giratoria. Qué bueno que se haya puesto, presidente, eso en su proyecto de ley.

Me congratulo. Este proyecto no es de izquierdas, no es de derechas, no es de centros, no es de atrás, no es de adelante. No, señores, este es un proyecto de ley que se llama antimafias y el que vote en contra de esta ley está con la mafia, así de simple y sencillo, presidenta. Muchísimas gracias.

Asambleísta Núñez, tenga la amabilidad de hacer silencio. Continúe Asambleísta Castillo.

Simplemente estoy esperando que corra el tiempo, señora Presidente, para... Exacto, gracias. La ley antimafias es una ley, es una ley... Yo entiendo que hay asambleístas aquí que hasta se han ropado a propósito para ver si les paran bolas, ¿no es cierto? Pero con esos discursos que tienen, seguramente van a llegar muy, muy cerca. Así es que yo les pido de favor que dejen hablar. Decía, Presidente, la ley antimafias es una ley técnica que reforma el tema penal. Y una de las cosas fundamentales que tenemos que entender, por Dios, entiéndanlo, es que estamos hablando de uno de los núcleos fundamentales del delito que es la tipificación.

En materia penal está prohibida la interpretación extensiva de las normas. Hay que hacer una interpretación casi literal porque de por medio está la libertad de las personas. Luis Jiménez de Azúa, un tratadista importante y con su venia me permito leer la parte fundamental de la tipificación para que un poco podamos entrar en una discusión de otro nivel. Decía que el tipo es la fórmula legal descriptiva y es la cualidad de la conducta que se debe amoldar a esa fórmula. El tipo funciona con rigor técnico en el ámbito legal.

Por supuesto, pues, que hay el delito de asociación ilícita o de delincuencia organizada. Sí, claro, eso está. Y es muy típico de esta gente decir, ¿y qué si había? Si están inventando el agua tevia. Aquí estamos hablando de que estamos atacando al crimen organizado. El crimen organizado no existía antes en el Ecuador sino la delincuencia común. Y para eso tenemos que aplicar lo que en derecho universal se conoce como el derecho penal del enemigo. Es decir, entender que el crimen organizado no es el simple delincuente que tiene que ser rehabilitado.

No, son enemigos del Estado, presidente. Y al ser enemigos del Estado se le debe dar un tratamiento distinto. Que por supuesto ustedes van a estar en contra. Y cuando se les dé diez minutos o hablan del feriado bancario o hablan de lo maravilloso que ha sido el economista. Pero aquí estamos debatiendo un tema eminentemente técnico. Y por eso es que se han puesto algunos tipos penales, presidente, y le felicito por eso, en donde comenzamos ya a regular inconductas que penalmente pueden ser reprochables y que tienen que incorporarse dentro del ordenamiento jurídico para que los jueces puedan juzgar y no hagan una interpretación extensiva sino gramatical de lo que nosotros ponemos dentro del ordenamiento jurídico.

Y así, por ejemplo, el delito de pertenencia a las bandas. Ya lo decía Sergio Peña con propiedad. No me voy a profundizar más en ese argumento porque en realidad lo que él ha dicho es así. Lo único que yo puedo aumentar es que el delito de pertenencia a las bandas es un delito continuado. Es un delito que un día son sicarios, al otro día son vacunadores, al día siguiente son secuestradores. Pero forman parte de toda una estructura criminal que de suyo tiene que ser un delito.

Y si es que cometen delitos perteneciendo al crimen organizado, se deberá poner un agravante para que ese agravante incremente la pena. Y así como decía Alfredo Serrano en su momento, dejémonos de estas leguleyadas y garantías de picantería que nos pusieron en ese Código Orgánico Integral Penal, de que hay que defender al delincuente porque son pobres. Dejen de faltarle el respeto a la gente pobre en el Ecuador. Aquí hay gente que vive con menos de un dólar diario y no anda delinquiendo. Pero ustedes, dentro de su ideología obtusa, dicen que delinquen porque son pobres.

No. Yo conozco cientos de miles de ecuatorianos que salen todos los días a trabajar, a ganarse el pan. No están secuestrando, no están matando, no están violando, no están haciendo minería ilegal. Y asimismo conozco grandes representantes políticos, en cambio, que de yuchos no tienen nada que andan traficando combustibles. Así es que no ubiquemos a la gente en función de su condición. Los abogados en libre ejercicio, presidente, no pueden ser lobistas del mal. No pueden ser aquellos que facilitan las actuaciones del crimen organizado, que le están constituyendo compañías, que le solucionan el problema en el SRI, que hacen que se maquice la plata, que hacen que los procesos se resuelvan no en derechos, sino por cuanto le ponen al juez.

Ese tipo de ejercicio de la profesión se tiene que acabar. Yo sé que por ahí hay uno que dice perlas como que la gente se quita el grillete para cargar porque es como que fuera un celular. Por eso que ya está jodido contra los daños de la cárcel cierto personaje. Porque hay esos abogados que creen que no se debe litigar en función del derecho, sino del arreglito, del acomodémonos, del arreglemos por otro lado. Eso se tiene que sancionar. Por supuesto que sí, presidente, ¿y dónde está el problema?

Claro.

ideológicamente a muchos les genera un problema.

Los jueces no pueden seguir siendo solamente la boca de la ley para los delincuentes, no puede ser, eso tiene que cambiar, la puerta giratoria se tiene que cerrar. En algún debate en la campaña para la consulta popular, una notable de las notables legisladoras que tiene la bancada de la Revolución Ciudadana decía, es que no podemos hacer de las cárceles bodegas humanas. Uno de los principales problemas que tiene el Ecuador es el hacinamiento. Pero, créanme que a mí más me duele o no puede haber peor hacinamiento que el de una persona metida en un ataúd tres metros bajo tierra.

Nosotros tenemos que ir a favor de esa gente, de la familia de la gente que ha sido víctima del crimen y que ustedes les aplauden y que ustedes les buscan la forma de cómo alcahuetearles, de cómo buscar la garantía de que salgan antes de hora.

No, señor.

Aquí en el Ecuador, si no somos rigurosos con eso, tarde o temprano el crimen organizado nos va a ganar. Y nosotros estamos con la gente, ustedes por supuesto que están con ellos. El 10% del PIB maneja la delincuencia organizada y la economía criminal. 10% del PIB. Se compran de todo, tienen de todo, se les incauta. Aquí salieron con que hay que respetarles la presunción de inocencia cuando ya se sabe que trafican, cuando ya se sabe que matan, que violan, que secuestran. Hay que respetarles la presunción de inocencia y no quitarles los 20 carros clásicos que tienen en una bodeguita.

Por supuesto que hay que quitarles. Pero con esta norma, lo que se está haciendo es que el Estado en cambio no se tenga que hacer cargo del mantenimiento, del cuidado, de la protección de las cosas, etc. Así es que eso debemos fortalecer en miras al segundo debate. La regulosidad procesal es fundamental. En el Ecuador existe esa lógica de que el delincuente entra a la cárcel y apenas entra, comienzan a aplicar los recursos ante los jueces de garantías penitenciarias. Que no, que el delincuente ya conoció al curita que viene los domingos a dar misa, entonces ya conoció a Dios y como ya conoció a Dios, tome su 50%.

Y después es el que les pasa la comidita a los delincuentes. Entonces, como es bien servicial, tome su casa por cárcel. Y así los delincuentes se burlan de nosotros. En el Ecuador comienza la pena desde el inicio hasta el final y hacia allá tenemos que trabajar todos, señor presidente. ¿Qué distintos somos, señora presidenta? ¿Qué distintos somos? Una de las principales características que debe tener el legislador es buscar el derecho comparado. ¿Qué soluciona en otros países los problemas que ahora estamos teniendo? Y hemos tenido la correcta participación de la Embajada de Italia para construir este tema.

Porque mientras nosotros trabajamos con la Embajada de Italia, con la experiencia extranjera, buscando solucionar problemas de la gente, parece izquierda babosa de toda la vida. Aquí es mejor acoger lo que dice el foro de Sao Paulo, el grupo de Puebla. Hay que decir, como decía el lobo de Wall Street, aquel candidato de cuarta que tuvieron en su momento, que había que reunirse con los 10 más buscados del país para buscar la solución. No, nosotros no nos reunimos con delincuentes. Ustedes se toman fotos, doña Vicky, don Ricardo y todos estos fulanos, con el señor Norero.

Y dicen que le estaban pacificando, que estaban pacificando a los delincuentes. Menuda pacificación de pandilleros, ¿no? Aquí tenemos gente que fue expulsada del Consejo de Participación Ciudadana y se tuvieron que ir con la manito, cogidos de la manito con el cura Tuárez. Me refiero a la Vicky, por supuesto no al señor Patiño, a la otra Vicky. Y claro, presidente, aquí lo que estamos trabajando es para devolverle la paz a la gente. Yo sé que les dicta ericia, que no les gusta, que les preocupa, que se compungen.

Pobrecito el señor Fito. Pobrecito el señor Pico. Aquí, presidente, yo tengo que felicitarle. Mandarle mi cariño a usted. Por supuesto a la presidenta de Alarcón. Por supuesto a la comisión. Y me van a perdonar. Ya saldrán los trolls estos de cuarta que tienen a sueldo. A la asambleísta que llora por los gatitos y por los perritos. Yo sí quiero felicitar la posición de Gerardo Machado. ¿Cómo no voy a reconocer a un caballero de la política? Así sí se puede discutir. Así sí se puede hablar. Ha trabajado correctamente en la comisión.

Ha aportado en la comisión. Acá ha dicho lo que ha tenido que decir. Han habido asambleístas que han dicho lo que han tenido que decir, como Viviana Veloz. Los demás, al grito, al chillido, al tiktok. No, presidente. Aquí le vamos a entregar una ley que con su iniciativa le vamos a poner contra las cuerdas a los fitos, a los picos, a los comandantes, a los negros willis, a los pipos, a los nomos menores, a los negros tulios, a los fedes y a todos aquellos que quieran ir en contra de la gente.

Nosotros ofrecimos en campaña luchar contra el crimen y vamos a luchar contra todo tipo de comandantes. Inclusive con los amigos de la comandante Pelo. Le devuelvo la palabra. Señor presidente, muchas gracias.

Una vez que ha finalizado el debate, se dispone que el proyecto de ley retorne a la comisión para la elaboración del informe del segundo debate. Se suspende la sesión.

Se toma nota, señora Presidenta, se suspende la sesión siendo las 14 horas con 9 minutos.