Kevin Gallardo. Muchas gracias, presidente, colegas legisladores. En primera instancia, permítame, presidente, hacer mención a que la ley que el día de hoy le entregamos no solamente al Pleno de la Asamblea Nacional, sino al pueblo ecuatoriano, se basa precisamente en esa voluntad de los ecuatorianos en consulta popular, quienes le dijeron que sí a la extradición pasiva. Y frente a ello hay que felicitar también el trabajo que esta Comisión de Justicia y Estructura del Estado ha venido realizando para concretar esa voluntad popular y soberana del pueblo ecuatoriano. En un proceso profundamente democrático como caracteriza a esta comisión, se ha podido generar la participación de 30 expertos en materia de seguridad, de 30 expertos académicos enrolados también con la sociedad civil, por lo cual, no solamente con la legitimidad que nos caracteriza como legisladores, sino también con ese acercamiento dialógico con la ciudadanía, presentamos el día de hoy el informe para segundo y definitivo debate de la ley de extradición. Decirle que sí a la ley de extradición es generar las herramientas necesarias para la lucha contra la delincuencia organizada, pero decirle que no, presidente, el día de hoy a la ley de extradición, también se va a ver reflejado en la voluntad no solamente de los legisladores de decirle que no al pueblo ecuatoriano, que permitió que hoy esto sea una realidad, sino también ponerse de frente y de lado de los grupos de delincuencia organizada. Porque la extradición precisamente va a permitir que el Estado ecuatoriano, a través no solamente del Ejecutivo, sino de Cancillería y de la Corte Nacional de Justicia, inicie en las acciones legales correspondientes para evitar la impunidad en el cometimiento de delitos de alta gravedad para los intereses del pueblo ecuatoriano. Y me refiero a este punto en particular, porque durante la votación que tuvimos en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, referente a la aprobación de este informe que hoy lo debatimos en el Pleno de la Asamblea Nacional, la Revolución Ciudadana ya votó que no en la Comisión. Y esperamos que por el interés ciudadano, que por el interés de seguridad que el pueblo ecuatoriano el día de hoy exige a esta Asamblea Nacional, esa votación de la Revolución Ciudadana sea en beneficio de los intereses del país, sea en beneficio de los intereses del Estado y sobre todo de los ciudadanos, de aquellos ciudadanos que todos los días son extorsionados, de los ecuatorianos que son violentados en las calles y que sus agresores huyen del país buscando una falsa seguridad fuera de las fronteras. Esta ley, a pesar de ser eminentemente técnica, sí tiene o está ajustada a los estándares internacionales. No se puede decir en el Pleno de esta Asamblea Nacional que esta ley vulnera derechos fundamentales. La misma está acorde y sujeta a los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos. El mismo articulado, el mismo artículo 7, por ejemplo, de la ley de extradición que estamos debatiendo en el Pleno de esta Asamblea Nacional, ya da las referencias con respecto de las prohibiciones de las personas ecuatorianas sujetas de extradición. Se prohíbe, por ejemplo, la extradición cuando el país que solicita este proceso de cooperación internacional no permita o en este caso no garantiza el derecho a la vida o exista ejecución extracudicial o exista prohibición de tortura. Es decir, esta ley se ajusta a los parámetros internacionales y estándares referentes a la protección de derechos humanos. Este proceso de cooperación internacional en materia penal, que es conocido como la extradición, se basa en tres fuentes principales. La primera de ellas, en derecho internacional público, donde se regulan los estándares propios a través de tratados multilaterales, como por ejemplo la Convención de Palermo y las obligaciones internacionales a las cuales está suscrita el Estado ecuatoriano. Se fundamenta también desde la lógica del derecho constitucional. Lo manda así el artículo 416 de la Constitución y el artículo referente a las funciones de la Presidencia de la República embarcadas en la ejecución de la política exterior en materia de cooperación internacional. Razón por la cual las funciones se encuentran debidamente delimitadas. Es decir, tanto la Corte Nacional de Justicia, tal cual lo manda el artículo 6 de este proyecto de ley, se hace responsable en referencia al derecho al debido proceso y a cómo se va debando también la tramitología en materia administrativa. Se encarga la Cancillería, en relación al artículo 416 de la Constitución, en garantizar los acuerdos de cooperación internacional. Y finalmente, la Presidencia de la República, como ente ejecutor de la política exterior, determina la viabilidad o la factibilidad de los procesos de extradición. No existe razón alguna, Presidente y colegas legisladores, para oponerse a este proyecto de ley que garantiza no solamente la cooperación internacional con la criminalidad organizada, que sí está precisamente organizada a nivel transnacional. Y a problemas transnacionales nos corresponden soluciones transnacionales. Más aún, cuando tenemos una normativa caduca, una normativa que desde el año 2000 genera no solamente ambigüedades, sino que genera también discrecionalidad al momento del manejo de los plazos y términos que exige ya esta normativa, que tiene rango orgánico, que la hemos trabajado con responsabilidad absoluta y democrática desde la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Reitero nuevamente, Presidente, que quien le diga que no a la ley de extradición el día de hoy en la votación, estará poniéndose de frente y de lado de los grupos de criminalidad organizada. Y quienes por el contrario, no solamente trabajamos, sino que debatimos esta ley con absoluta transparencia y que el día de hoy le diremos que sí a esta, que es una voluntad del pueblo ecuatoriano, le estaremos diciendo que sí también a presentarle herramientas de poder al Estado ecuatoriano para luchar contra los grupos de delincuencia organizada. En la década de los 90, de los 80 en Colombia, hasta el mismo Pablo Escobar le tenía miedo a la extradición porque conocían precisamente que esta herramienta de cooperación internacional permite una lucha contra el crimen organizado. Ahora la pregunta es, Presidente, y una pregunta que le hago extensiva no sólo a los ecuatorianos, sino a los asambleístas en el pleno de esta Asamblea Nacional. ¿Estamos a favor de la lucha contra la delincuencia? ¿Estamos a favor de los ciudadanos? ¿O estamos a favor de la impunidad? ¿Estamos a favor del crimen organizado? Su votación, colegas asambleístas, permitirá definir la postura que ustedes tienen ante el país. Votar que sí a la ley de extradición es precisamente votar a favor del Estado, votar a favor del ecuatoriano y votar que no, como ya lo hicieron en la Comisión de Justicia, será ponerse al lado de los delincuentes y de los grupos de delincuencia organizada. La responsabilidad y sobre todo, la mirada del pueblo ecuatoriano el día de hoy está en el pleno de la Asamblea Nacional. No les defraudemos, Presidente, mi palabra. Gracias.