🕒 0:00 Lizardo Manuel Casanova Montesino (100%)

Palabra de la asambleísta Manuel Casanova. Muchas gracias, señorita presidenta. Compañías y compañeros asambleístas, un saludo al Comité Pro Cantonización de Borbón, a toda nuestra provincia de Esmeraldas y, por supuesto, a los moradores del Cantón Eloy Alfaro. Y sí, compañeros, hoy estamos aquí para debatir un tema de enorme trascendencia para la provincia de Esmeraldas y para la organización territorial del Estado ecuatoriano del proyecto de ley de creación del Cantón Borbón. Quiero empezar señalando con absoluta claridad la posición política que le considera fundamental. Porque tiene una misma aspiración histórica de Comité Pro Cantón. Esa aspiración ha sido construida desde durante años por hombres y mujeres que han luchado por una mayor esencia institucional del Estado, por una mejor capacidad de gestión y por mejores oportunidades de la sociedad biológica. Por eso, este debate no debe confundirse. Nadie puede interpretar nuestras observaciones como una oposición a la organización. No estamos discutiendo si Borbón merece el Cantón. Para muchos, para muchos de nosotros, esa respuesta es absolutamente afirmativa. La verdadera discusión es de otra. Estamos construyendo una ley suficientemente sólida para garantizar que el nacimiento del nuevo Cantón sea exitoso y que al mismo tiempo, el Cantón de Loyo Alfaro no quede en situación de vulnerabilidad institucional, financiera y territorial. Porque una cantonización responsable no solamente debe preocuparse por cómo nace un nuevo Cantón, también debe garantizar cómo continúa existiendo el territorio del cual se separa. Señorita Presidenta, colegas asambleístas, de acuerdo al informe que presenta la Comisión, se indica que se escucharon importantes comparecencias de autoridades nacionales, provinciales y locales. Aunque el informe para el primer debate concluye que el proyecto cumple los requisitos expresidos en el artículo 22 del COTAD, las intervenciones resistidas evidencian preocupaciones que no pueden ser ignoradas. La Prefectura de Desmeraldas solicitó análisis complementarios sobre sostenibilidad financiera y administrativa. El Gobierno Autónomo descentralizado del Cantón de Loyo Alfaro planteó la necesidad de tenerlas claras para la detención de activos, pasillos, personal y obligaciones institucionales. La Asociación de Municipalidades Autorianas pidió sobre la necesidad de contar con mecanismos concretos para la transferencia de bienes, información territorial, talento humano y capacidades operativas. Estas no son observaciones menores, queridos compañeros. Son precisamente los temas que determinan si una autorización se convierte en una oportunidad de desarrollo o en una fuente permanente de conflictos. Uno de los aspectos que más preocupa es la situación del Cantón de Loyo Alfaro. Según la información que consta en el expediente, el nuevo Cantón Borbón abarcaría aproximadamente 89.62% del territorio actual del Cantón de Loyo Alfaro. Pero no solamente hablamos de territorio, también hablamos de población, de infraestructura pública, de patrimonio institucional, de personal municipal, de capacidad administrativa. Incluso los propios informes técnicos incorporados al proceso advierten que la separación podría generar un desequilibrio importante entre la población del nuevo Cantón y la del territorio restante, con el riesgo de afectar a la atención y el desarrollo de las parroquias que permanezcan bajo la adquisición de Loyo Alfaro. Por eso debemos hacernos una pregunta elemental. ¿Existe hoy una evaluación suficiente clara sobre la viabilidad financiera y administrativa del Cantón permanente? Si la respuesta no es completamente afirmativa, entonces nuestra obligación es fortalecer el proyecto antes de su aprobación definitiva. Señorita Presidenta, existe además una preocupación relacionada con la delimitación territorial. El proyecto incorpora una descripción detallada de coordenadas, referencias geográficas y con indancias. Sin embargo, la propia disposición transitoria cuarta establece la realización posterior de un diagnóstico técnico, jurídico y social que servirá como documento habilitante para iniciar procesos relacionados con la fijación de límites. Y aquí surge una nueva inquietud y muy legítima. Si la delimitación está completamente resuelta, ¿Por qué la ley ve actuaciones posteriores destinadas precisamente a revisar y profundizar aspectos técnicos vinculados a los límites? En un territorio practicado por el que se están más frágiles, zonas de manclar, áreas rurales dispersas, complejidades históricas y dinámicas propias de frontera, los límites no son un simple detalle cartográfico. Los límites determinan competencias, recursos, patrimonio público, administración de servicios y seguridad jurídica para la población. Por ello, cualquier duda debe ser despejada antes de la aprobación definitiva. Compañeras y compañeros asambleístas, también observamos vacíos importantes en materia de transición institucional. La disposición transitoria tercera establece que pasarán al nuevo cantón activos, pasivos, servidores públicos, trabajadores y procesos administrativos, pero no establece procedimientos completos, no define mecanismos de inventario, no regula criterios de distribución, no determina prioridades para la retención de obligaciones pendientes, no establece salvaguardias expresas para el talento humano y no prevé mecanismos específicos de acompañamiento institucional. Cuando existen dudas, obligaciones laborales, bienes públicos y contratos de ejecución, esos vacíos pueden transformarse rápidamente en conflictos administrativos y judiciales. La autonomía municipal reconocida por la Constitución exige también responsabilidad legislativa. No basta con que debemos crear las condiciones para que esa transparencia sea transparente, ordenada y segura. Señorita Presidenta, quiero insistir en un punto central. No estamos en contra de la cantonización, todo lo contrario, precisamente porque creemos que la cantonización de Borbón, creemos que ésta nazca con bases sólidas, con seguridad jurídica, sostenibilidad financiera, protección laboral, claridad territorial y garantías para la continuidad de los servicios públicos. La historia nos enseña que los problemas que no se resuelven en la ley terminan resolviéndose en los tribunales, en los conflictos administrativos o peor aún, afectando directamente a los ciudadanos. Y nuestro deber como legisladores es anticiparnos a esos problemas. Por ello, hago un llamado a que en este primer debate permita perfeccionar el proyecto, incorporar los correctivos necesarios y construir una normativa que garantice una transición justa para todos los actores involucrados. Sí a la cantonización de Borbón, sí al reconocimiento de una legítima aspiración histórica, pero también sí a la responsabilidad legislativa, sí a la seguridad jurídica, sí a la protección de la ley Alfaro, y sí a una ley seria, completa y sostenible que permita que el nuevo cantón nazca con dignidad y con futuro. De nuevo la palabra, señor Presidente. Muchas gracias.