Buenas tardes, querida presidenta, compañeros legisladores, compañeras legisladoras y ciudadanía que nos escucha. Quería referirme al debate de esta ley desde un ámbito técnico y profesional, desde el concepto claro de la rehabilitación social que parece que muchos no conocen en este pleno. Gracias por sacar el video a la legisladora que me antecedió. Qué pena que la mala fe le hace cortar el video y no pone el video completo, donde se muestra efectivamente cómo era el antes y el después de un sistema de rehabilitación que hoy por hoy está aún más destruido que como nosotros lo recibimos cuando inició el proyecto de la Revolución Ciudadana. Qué pena que no se haya podido ver en el video, por ejemplo, cómo había cámaras dentro de las cárceles, cómo había escáneres, cómo había todo un control de seguridad en el sistema penitenciario. Y sobre todo, cómo no se pudo ver que quien abría el candado de los pabellones en el pabellón de mínima seguridad en el que yo ingresé, justamente eran los guías y los policías. Hoy por hoy, esas llaves de esos candados los tienen los líderes del crimen organizado, que ustedes como gobierno no han podido recuperar el control del sistema penitenciario porque no ha habido ni la voluntad ni se han asignado los recursos necesarios para ello. Así que, gracias por presentar el video. Qué pena que usted no conozca cómo funciona la política criminal. Y quiero decirle, básicamente, de la forma más resumida, cómo funciona. La política criminal tiene tres ejes. El primer eje es la prevención del delito. Para ello, los gobiernos, los estados y la política pública tienen que invertir en políticas sociales para evitar que la gente, los jóvenes, cometan delitos. El primer eje. El segundo eje es el acceso a justicia. Si una persona ya comete un delito, entonces tiene el acceso a una justicia independiente. Y el último eje es la rehabilitación social. La que permite que aquellas personas que hayan cometido delito tengan una oportunidad de rehabilitarse. Eso sí existe. Hay que ver justamente en los tratados que el Ecuador ha afirmado que cuando una persona es detenida, no pierde su calidad de persona. Nosotros no defendemos criminales. Nosotros no defendemos el delito. Nosotros lo que defendemos es una política integral criminal que pueda garantizar la seguridad, no solamente dentro de los centros, sino también la seguridad ciudadana. Porque un sistema penitenciario, como tal, por redes criminales, lo único que hace es que a diario las muertes de nuestro país se incrementen. Así que gracias por demostrar que en el gobierno de la Revolución Ciudadana la rehabilitación era posible. Y no como ahora, que no pueden controlar dentro de los muros una enfermedad como la tuberculosis y se están poniendo en riesgo incluso el sistema de salud ya colapsado de este país con una epidemia que afecta no solo a los presos que tanto odian, sino también a la ciudadanía en general. Los presos están detenidos y han cometido delitos, pero en ningún momento han dejado de ser ciudadanos o sobre todo seres humanos. Eso es importante que se aclare. Con esta respuesta a este video que se ha sacado, donde se demuestra cómo funciona la rehabilitación, quiero referirme al proyecto de ley. Hablar de la rehabilitación social o hablar de recuperar la seguridad de los centros penitenciarios es algo muy serio, porque está justamente de por medio la vida de las personas, no de los presos, sino de la gente que está trabajando por el sistema penitenciario, de los policías, de los militares, de los familiares, de aquellos que no han cometido delito, pero que están prácticamente condenados a una pena de muerte en caso de que no se logre controlar el sistema penitenciario. Hay temas fundamentales que se perdieron a partir de la debacle del sistema penitenciario en el 2018. El Ecuador vive hoy una crisis carcelaria nunca antes vista. Los niveles de violencia dentro del sistema penitenciario ecuatoriano no alcanzaban los niveles de barbarie que hoy vivimos. El número de muertes doscilaba entre 7 y 12 PPLs, pero jamás alcanzaron las tasas de masacres carcelarias que se registraron en el Ecuador. Donde centenares de personas deprivadas de libertad han muerto en hechos de violencia, incluyendo familiares y funcionarios del sistema penitenciario. Esto no ocurrió por casualidad. El debilitamiento del sistema penitenciario tiene nombre y apellido, y es Lenin Moreno. Fue durante ese periodo que a través de un simple oficio, un simple papel, se desmontó un modelo de gestión que hasta ese momento había permitido mantener niveles de control dentro de los centros penitenciarios. En este nefasto periodo se eliminó el Ministerio de Justicia, que era la autoridad técnica rectora del sistema. Se eliminó el Ministerio Coordinador de Seguridad, que articulaba la política pública, y se desmanteló contra la institucionalidad que garantizaba la planificación, el presupuesto y el control. Con todas estas erráticas decisiones, inició un proceso de debilitamiento institucional del sistema penitenciario ecuatoriano, que se profundizó más aún en el gobierno siguiente, resultado en el cual existen ahora incluso sindicados por delincuencia organizada. A muchos no les gusta recordar, a muchos se les olvida, quieren omitir, que antes de ese desmontaje institucional, el modelo penitenciario ecuatoriano impulsado por el gobierno de la Revolución Ciudadana había sido reconocido por organismos internacionales como la CEPAL, el Comité Internacional de la Cruz Roja, y organismos regionales de política criminal como una experiencia relevante de gestión penitenciaria. Por si no sabían, al año 2016, había más de 16 mil personas privadas de libertad incluidas en actividades laborales. Es decir, la política de que los privados de libertad asuman su manutención al interior de los centros no es nueva, ni tampoco es una iniciativa de este proyecto de ley. Y quiero volver y ratificar algo que es claro, porque ya hemos escuchado el relato. Cuando hablamos de un modelo de gestión que priorice la seguridad y la rehabilitación dentro de las cárceles, no estamos defendiendo privilegios para personas privadas de libertad. Estamos diciendo que cuando el Estado pierde el control del sistema penitenciario, el crimen organizado gana poder dentro y fuera de ellas. Es por ello que los problemas como las masacres carcelarias, las evasiones, las muertes por enfermedades, como la tuberculosis, como la desnutrición, que no se quedan dentro de los muros de las cárceles, sino que afectan también a todos los funcionarios, a los familiares y a las personas que tienen relación con el sistema deben tratarse con responsabilidad para evitar que estas epidemias de los centros puedan complicar la situación del país. En esta misma línea de ideas, otro grave error de política pública durante este periodo fue el impulso del famoso Comité de Pacificación de las Cárceles. Pero digan quién lo hizo. Fue en el gobierno de Moreno, por el cual incluso hay hoy procesos judiciales abiertos y varios detenidos. Y terminó convirtiéndose en un mecanismo que en lugar de recuperar el control del Estado legitimó la clasificación de los centros penitenciarios por bandas criminales. Sí, como lo escuchan, por bandas criminales. Clasificar pabellones en un organizaciones criminales no fue una política de seguridad, fue una política que desmanteló y permitió consolidar el poder de esas estructuras dentro y fuera de las cárceles. Esto sin duda explica claramente el porqué del fortalecimiento del crimen organizado dentro del sistema penitenciario. En este sentido, no podemos ignorar tampoco la composición de la población penitenciaria. Actualmente, cerca del 40% de las personas privadas de libertad en Ecuador no tienen sentencia. Y es por esto que los pobellones de máxima seguridad deben estar destinados exclusivamente a personas con sentencia condenatoria y ejecutoriada y no a procesos procesados que aún se encuentran bajo el principio constitucional de presunción de inocencia. La clasificación penitenciaria debe responder a criterios técnicos y criminológicos, no a decisiones políticas ni a coyunturas judiciales. En este momento, tenemos un sistema penal cognitivo, prisión preventiva abusiva, sobrepoblación carcelaria, ausencia de programas de rehabilitación, escasez de personal especializado, violación de derechos humanos y persecución de agresarios políticos. En el deber ser, el sistema penitenciario debe actuar bajo el debido proceso, la presunción de inocencia, el respeto a la dignidad humana, porque si se convierte en un instrumento de persecución, lo que estará en riesgo no será sólo la seguridad, sino el Estado de derecho en sí mismo. Realizando el informe del proyecto de ley, hemos visto que en el proceso de socialización han participado varios académicos, organismos de control, ministerios y expertos. Y han señalado a ellos algunas inconsistencias, por ejemplo, la Defensoría Pública ha dicho que esta reforma puede generar duplicidad entre el CODESCOP y el COIP, lo cual puede afectar la seguridad jurídica. Por otro lado, el propio Centro Nacional de Inteligencia alertó que la inteligencia penitenciaria no debe tener funciones exclusivas de clasificación definitiva, porque su naturaleza es sólo técnica y no decisoria. Estas observaciones no son menores y son una advertencia sobre posibles fallas estructurales del proyecto. Otro de los aspectos preocupantes del proyecto es el avance hacia una lógica de militarización del sistema penitenciario. Señora, su tiempo terminó, tiene 30 segundos. El propio Ministerio de Defensa advirtió esto en la comisión. Aquí hay un tema importante, que qué bueno que después de 8 años se retome y es la Escuela de Formación Penitenciaria, que en el 2015 nosotros ya la pusimos a funcionar y lastimosamente dos años después sin un criterio legal o técnico fue eliminada. Es decir, el trabajo penitenciario ya lo pusimos en práctica. Es decir, la Escuela de Formación Penitenciaria ya funcionó y la eliminaron. Es importante hablar de la formación penitenciaria como una carrera para los agentes penitenciarios para que esta profesión no ponga en riesgo su vida. Pero también es importante que cuando hablemos de una reforma al sistema penitenciario estas propuestas de ley no están dirigidas a una persona o a un grupo asambleísta su intervención terminó. Tienen...