Presidenta encargada por el uso de la palabra. Me alegra poder intervenir ya que en este pleno no siempre hay espacio para todas las voces, sobre todo cuando queremos hablar de derechos y de justicia. Aprovecho y saludo con afecto a nuestras hermanas y hermanos migrantes, a quienes orgullosamente represento, así como a toda la ciudadanía que sigue esta sesión por los canales de comunicación. Hoy nos convoca una ley que va más allá de un texto normativo, nos convoca una deuda con quienes han sostenido silenciosamente la vida y la esperanza en los territorios rurales de nuestro país y que nunca han dejado de resistir y de sostener comunidades enteras desde el silencio y la exclusión.
Este proyecto de ley que llega al pleno de la Asamblea Nacional para su primer debate ha evolucionado sustancialmente desde su propuesta inicial, reflejando plenamente la realidad compleja y diversa de la mujer rural. Por ello, desde la Comisión de Garantías Constitucionales, lo fortalecimos y reestructuramos de manera integral. Era imprescindible incorporarle un enfoque real de derechos sociales con perspectiva interseccional y justicia territorial para que cuando forme parte del ordenamiento jurídico no se quede en el papel, sino que tenga un impacto concreto en la vida de quienes por muchos años han sido invisibilizados.
No construimos esta ley desde el escritorio, la construimos desde y con el territorio. Recibimos los aportes de instituciones como Conagopare, que representa a más de 800 gobiernos parroquiales. Escuchamos a mujeres académicas que, además de su formación, han caminado y trabajado por muchos años junto a las comunidades rurales y, sobre todo, salimos al territorio. Visitamos parroquias, dialogamos con lideresas rurales, con mujeres que, a más de reclamar políticas agrarias inclusivas, exigen acceso a la salud, educación, cultura, empleo digno y respeto a su forma de organización comunitaria. Esta ley reconoce la diversidad de las mujeres rurales, sus múltiples formas de vida, su papel en la soberanía alimentaria, establece mecanismos claros para su acceso a tierra, crédito, salud, educación, conectividad, empleo digno y participación política, porque las mujeres de la ruralidad exigen condiciones para vivir con dignidad.
Y es que, en un país que se dice democrático y plurinacional, no puede haber justicia social sin justicia para nuestras mujeres rurales. Este proyecto de ley no sólo reconoce derechos, sino que reivindica a las mujeres rurales como protagonistas de la soberanía alimentaria, guardianes del agua, de las semillas y de los saberes ancestrales. Son lideresas comunitarias, parteras, educadoras populares, defensoras del ambiente, profesionales en distintas ramas y cuidadoras de la vida en todas sus formas. Que este primer debate sirva para seguir enriqueciendo el texto de esta ley con observaciones y propuestas que permitan garantizar su efectividad.
Las mujeres rurales esperan de nosotros una norma sólida, aplicable y con un verdadero impacto en sus vidas. Muchas gracias.