Sesión No. 128-AN-2025-2029 del pleno de la Asamblea Nacional

Gracias, un saludo a los medios legislativos.

A ver, buscamos actualizar una normativa, pero mantenerla dentro de la justicia, es decir, ni para uno ni para otro, sino para la salud de las dos partes. Hay casi 36, 38 hogares que arriendan en este país, y eso significa que hay personas que son dueñas de los bienes, y por supuesto personas que arriendan esos bienes para vivir. ¿Qué es lo que se busca acá? Una normativa actualizada, pero justa, que permita, por ejemplo, que los acuerdos estén digitalizados y se lo hagan por escrito, porque el problema que tenemos es que muchos de los datos son verbales, y eso tiene una serie de problemas.

Tienen que actualizarse, hacerse contactos, que además tienen que ser debidamente registrados para las dos partes. Ahí es donde tienen un rol muy importante los municipios, porque eso está a nivel municipal. Lo otro, facilidades, por ejemplo, para la mediación. Es difícil que por un conflicto de arrendamiento, las partes vayan a un juzgado, gasten abogados y gasten más recursos de los que buscan recuperar. En ese sentido, la mediación tiene que ser el ingrediente principal para ese tipo de conflictos. Entonces, incorporamos también la necesidad de que ya se pueda citar en el domicilio electrónico.

Es decir, si usted aceptó que su correo electrónico es ese cuando firmó el contrato, la notificación también le tiene que llegar allá. Y, por supuesto, hemos diferenciado, lo cual era muy importante, los arrendamientos que están en la ley de inquilinato, de aquellos que están en el código de comercio para no mezclar lo que es el arrendamiento de un terreno para una fábrica con el arrendamiento para una familia que busca vivir en un departamento.

Bueno, primero hay que actualizar a aquellos que no están, suscribir a aquellos que no tienen que estar. Y eso tiene que estar en una base que sea de acceso de las partes y que se registre la existencia y la permanencia de ese contrato y la renovación si se la vaya a dar. También estamos regulando el tema de las garantías. Lamentablemente las garantías se han prestado para que de lado y lado hayan abusos. En unos casos no se devuelve la garantía y en otros casos se entregan bienes destrozados y no quieren responder por los gastos.

Entonces, como le digo, aquí no hay que inventar el agua tibia, pero esta discusión es curiosa, no deja de ser absolutamente relevante porque muchos habrán seguido lo que está pasando en estos días en España a raíz justamente del desahucio de una señora y de una normativa del gobierno socialista que por tomar el lado de los que están arrendando un bien está destrozando el mercado de oportunidades para riendo e inmobiliario. Así que nosotros no vamos a hacer eso, vamos a ser muy cautos, respetuosos y por eso con la debida responsabilidad hemos decidido que hay que incorporar más cosas todavía al texto final y esta disposición no se va a votar hoy sino que va a regresar a la comisión.

porque es lo que se ha acostumbrado en el país, resulta lógico, podrán por supuesto personas pactar algo menos si lo creen, hay personas que riendan sin garantías, ya depende de cada uno, pero al menos que haya un estándar básico para que desde esa regla se logren acuerdos entre las partes, pero tampoco es nuestra voluntad de imponer condiciones, el arrendamiento tiene que seguir siendo un contrato entre las dos partes, se ponen de acuerdo, pero eso sí, con mínimas reglas para que si hay problemas haya soluciones efectivas.

A ver, la ley de inquilinato regula, por supuesto, las relaciones entre las dos partes. ¿Cómo se conecta esto con lo que está haciendo el gobierno nacional, con lo que está haciendo el presidente, que es buscar más soluciones habitacionales? Justamente es eso, que aquellos que invirtieron en un bien y lo quieren arrendar tengan las reglas claras. Porque lo que está pasando, por ejemplo, en España es que muchos ya no arriendan los bienes, por eso hay tanto déficit de vivienda, por los riesgos de que alguien entre a la casa y no quiera salir.

Ahí tienen el problema de los ocupas, tienen el problema de una serie de cosas que acá no queremos tener. Pero sí es importante también este debate, porque yo creo que es la oportunidad, por ejemplo, de fijar espacios normativos para que los municipios vayan ya pensando en qué zonas deprimidas tienen en sus ciudades. Yo le voy a dar un ejemplo en Quito, la 10 de agosto, otra gran vía de Quito, hoy está realmente en un desuso y usted encuentra que hay edificios completamente vacíos, que eran industriales, que eran de oficinas.

Hay que dar las facilidades para que eso se pueda transformar en soluciones habitacionales y además los propios servicios que provea una ciudad estén centralizados, es decir, que no se vaya la gente a los valles, sino que pueda encontrar un departamento para vivir en la 10 de agosto que tiene conexión de bus, que tiene metro, en fin.

Tienen que articular este tipo de cosas. Nosotros estamos fijando la normativa general, pero ya son los municipios, por ejemplo, los que registran los contratos, los que tienen que evidenciar cómo solucionan problemas en cada una de sus ciudades, en muchos son habitacionales, para que haya acceso, sobre todo a familias jóvenes, y para que no nos convirtamos en capitales importantes, como Quito, en Tugurios, en donde la gente busca el cuarto, como está pasando en Madrid, como pasa en Barcelona, cuando bien manejadas las cosas podrían accederse a soluciones habitacionales mucho más amplias y eficientes para una familia.

Siempre a los medios legislativos estaremos atentos al tema. Sí, sí, sí, seguirán el debate va a estar bueno. Gracias.

Bueno, saludar a todo el país entero, en especial a mi provincia, a la televisión legislativa, antes de todo saludar a los adultos mayores de nuestro país, hoy 1 de octubre que es el Día Internacional donde se conmemora los adultos mayores, también el Pasillo Ecuatoriano y que tuvimos también un evento histórico aquí de la identidad montuvia dentro de la Asamblea Nacional.

Bueno, primero que es una importante ley de que ha perdido su rumbo, de acuerdo que no ha tenido una reforma estructural, imagínese, desde el año 2000, y al contexto y la realidad actual que vive el país necesitamos tener. No estamos dentro de ese proyecto reformatorio, a la ley de inquilinato, no se está afectando ni al arrendador ni al arrendatario. Lo que se pretende es modernizar y hacer las reglas justas, de tal forma de que al momento que no haya alteración, subidas del canón, que a veces sucede, que ahora con el mundo de la tecnología que tenemos se puede afirmar también no solo contratos físicos, sino que también contratos digitales, de tal forma de que haya una comunicación desde el previo inicio de una contratación de arrendamiento por parte del inquilino, y en este caso el arrendador, poder llevarse a cabo de la mejor forma.

Cuando haya problemas también solucionarlos y haber posibles conflictos también, de acuerdo a lo que diga él, en este caso, lo que dice el contrato. La ley se está modernizando, está aplicándose reglas claras, no se está vulnerando lo que es el tema de derechos. Es más, yo en mi intervención que hoy lo voy a hacer, voy a dar también a ver si la comisión, antes de la votación, puede acoger algunos cambios dentro también de qué pasa en el tema de los que arriendan con personas en estados de vulnerabilidad o discapacidad.

discapacidad.

Bueno, yo siempre soy pragmático y de ejemplo. En este caso, el inquilino le avisa por WhatsApp al dueño del departamento, al arrendatario, tengo un problema de fuga en lo que es en la terraza o en la loza. Entonces, a veces pasan muchas semanas, días y no hay respuesta por parte del dueño del inmueble. Entonces, en esa parte sigue afectándose en el inquilino. ¿Qué pasa en esa forma? Una de las cosas que también se prende es la parte de mediación de conflictos, pero con pruebas. Dadas las pruebas desde el inicio de la firma del contrato también y sustentados al finalizar lo que es ofiniquito del contrato.

También una de las cosas de que no se puede, como lo dije al inicio, la elevación de los canón. Se da hasta un tope máximo de dos meses. Hay la regulación de las garantías que es muy importante. Y como le digo, ¿quién no en nuestro país ha arrendado o hemos sido también arrendatarios o arrendadores?

Bueno, dentro de la...

De la comisión que veo que ha estado haciendo su buen trabajo, ha habido la comparecencia, porque como te digo, no se puede hacer o afectar tanto al arrendatario o al arrendador. Es la forma de que hayan las partes, pero modernizar un sistema de que actualmente está totalmente desactualizado en los cambios estructurales. Yo miraba hace poco el INEC, que nos dice, de cada 100 familias ecuatorianas, ni vámonos a estadísticas, de cada 100 familias ecuatorianas, 36 viven en condiciones de arrendar, de que no tiene lo que es un arriendo fijo.

Y nos estamos también parando en la Constitución de la República, que dice también de vivienda, de que todo ecuatoriano tiene que tener un lugar donde poder vivir. Y en las formas también darles esas garantías también en lo que es tanto las familias, como también en esta parte del arrendador.

Bueno, la misma ley, la misma norma va a regular aquello, como lo dije, actualmente todo se maneja digitalmente, pero al momento de que tú partes con un ser de arrendador, arrendatario, además de las especificaciones que se dicen o las cláusulas que tiene el contrato, es de la manera que de forma digital puede conllevar, por ejemplo, un joven que viene a estudiar a la capital de los ecuatorianos, pero el dueño del departamento no está aquí en Pichincha, se encuentra viviendo de tal forma que pueden llevar a cabo en contexto lo que es en este tipo de convenios, o no convenios, la palabra es los contratos digitales, de tal forma que no puede estar presente el dueño, pero se lleva las cláusulas de manera que estamos en un mundo globalizado actualmente.

a los que hacen medios televisivos de la Asamblea Nacional y vamos a dar hoy y seguimos trabajando para dar las mejores leyes a favor siempre de los ecuatorianos y en especial yo como representante de la provincia de Esmeraldas.

Estamos cambiando conceptualmente una ley que es del año 2000, que significa que estamos modernizando esta ley de inquilinato a través de varias figuras. Se está implementando, por ejemplo, y se está estableciendo, dotando de una seguridad jurídica para que se equivalen las dos partes, tanto el arrendador como el arrendatario.

Siendo garantías específicas, los cánones por concepto de garantía, los cuales no excederán y serán dos meses de garantía, así también se establecen 15 días para la restitución.

con el objeto de poder establecer las condiciones de los bienes inmuebles, con el propósito también de que hay bienes inmuebles, por ejemplo, que están bajo esta figura de bienes amoblados. ¿Pero qué ocurre cuando los arrendadores no cumplen con sus obligaciones? Si usted no cumple en calidad de arrendatario, evidentemente puede entrar en los procesos judiciales. Sin embargo, se ha agregado dentro de esta ley de inquilinato que hay una posibilidad, evidentemente, de acudir a mediación. ¿Cuál es el propósito de esto? Que no precisamente todo en materia de inquilinato tenga que ser litigioso, sino que también puedan solucionarse a través de mecanismos alternativos de conflicto.

Como tercer punto...

Buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar acá.

Claro que sí, esa ley de inclinato, la verdad, esa nueva reforma que estamos planteando en la bancada de Acción Democrática Nacional, evidentemente es una ley que llega primero a modernizar una ley de inclinato del año 2000, estamos hablando que hace 26 años no había una reforma integral. La ley de inclinato del año 2000 incluso habla como moneda legal el sucre, algo que ya no utilizamos, una moneda que ya no es utilizada en el Ecuador. Y lo que también hemos hecho específicamente es dejar las reglas claras y sobre todo de equilibrar la balanza, que se sientan protegidos tanto el arrendador como el arrendatario a través de figuras nuevas como cuáles.

Se reduce que los contratos verbales que reconocía antes la ley de inclinato del 2000, ahora en esta nueva ley se reduce que solo sean reconocidos los contratos escritos. No significa que los contratos verbales que ya fueron celebrados o que ya han sido, entre las dos partes han sido firmados o han sido acordados, no valgan para nada, pero sí es importante que quede en papel y que sea protocolizado a través de la notaría. ¿Cuál es el propósito? Que a través de este contrato escrito quede establecido los plazos, los cánones, la restitución de la garantía, que son todas estas figuras nuevas.

Y lo interesante de aquí es que no hay, es justamente que establecemos nosotros como un techo por concepto de garantía que sean dos cánones de arriendo. Ahora, lamentablemente, como la ley de inclinato se lleva mucho por la costumbre, no hay un número. Hay personas que la han cobrado por concepto de garantía cuatro meses, tres meses. Entonces, para evitar esa discrecionalidad y esa interpretación, lo que establecemos en la norma es que en dos meses por concepto, por canon, sea un concepto de garantía. Y esa garantía establecemos también un término de 15 días para que sea restituida.

Bueno, la fórmula que realizamos, porque establecimos dos mesas de garantías, porque de acuerdo a las mesas técnicas, de todas las mesas técnicas que tuvimos, de este informe, por así decirlo, de esta ley de inquilinato, de acuerdo a los criterios técnicos de diferentes gremios, asociaciones, corredores, hemos escuchado, hemos tenido un abierto diálogo justamente para hacerlo más salomónicos y más equilibrados posibles, tanto para, insisto, para el dueño del bien inmueble como para quien lequila. La idea es que ellos se sientan protegidos y que sientan que esta ley no tiene la balanza inclinada, sino al contrario, está dejando las reglas claras y un marco de protección a los dos.

Hay varias figuras, una de ellas es la mediación, que muy bien lo mencionabas. Lamentablemente en el país muchos de los problemas que tienen que ver con arrendamiento no precisamente tengan que ir a instancias judiciales, porque ir a instancias judiciales implica costas procesales, gastar en abogados y aparte saturar el sistema de la administración de justicia. Nosotros hemos priorizado que a través de la mediación, que es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, las dos partes, o sea en este caso el dueño del inmueble y quien le arrienda, puedan establecer una conversación y de esa conversación, de ese acuerdo, de ese consentimiento, se genera un acta.

¿Qué es lo importante de ese acta? Que tiene la misma fuerza de ley que una sentencia judicial. Y obviamente de acuerdo a cada punto que se vaya acordando entre los dos, en el caso de que haya un incumplimiento por parte del arrendador o el arrendatario.

Una figura súper nueva que la verdad tiene un cambio bastante novedoso en la ley de inquilinato. ¿Y qué resulta? Cuando alguien recibió un departamento, por ejemplo, moblado, hacían el contrato pero no se establecía qué se entregaba. Se lo hace actualmente en la costumbre, sin embargo es importante que todo esto ya esté normalizado y legalizado, sobre todo que esté en rango de ley. Ahora hemos creado que se anexe al contrato el inventario. El inventario básicamente es un registro fotográfico de todos los bienes que estén dentro del departamento, dentro de la oficina o dentro de un local comercial.

¿Cuál es el propósito? Primero para identificar cuáles son los bienes, segundo para verificar también y contrastar en el caso de cuando ya haya la devolución de la garantía, si se han dañado los bienes porque el arrendador fue y porque incumplió por el arrendatario. Entonces yo creo que el inventario lo que permite es ver qué se ha dañado, qué objetos se han dañado en estos departamentos, por ejemplo, nosotros como asambleístas, que nos tocan alquilar, que somos de provincias y nos tocan alquilar departamentos aquí en la capital, en la ciudad de Quito.

Entonces es importante, este inventario le da esta fuerza y seguridad jurídica a este efecto contractual. Gracias.

Muchísimas gracias.

Muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos para poder informar a toda la colectividad.

Efectivamente, una ley supremamente importante para toda la colectividad, para la ciudadanía en general, 1.08 millones de familias viven arrendando y esto no se trata de beneficiar o perjudicar tanto al dueño del bien como al que alquila, todo lo contrario, se trata de administrar justicia adecuadamente.

para ambas partes, porque no nos olvidemos que este es un acuerdo privado donde luego de eso se tiene que poner en el papel de acuerdo a las condiciones que se negocie, pero más allá de eso, hoy día tenemos la oportunidad y la opción de hacerlo de manera digital, buscando siempre el beneficio del dueño del bien y el beneficio también de la persona que alquila. En el caso de la persona que alquila, que reciba un bien que le permita no solamente la salubridad necesaria, sino las condiciones mínimas de vivienda.

Y en el caso de que alquile de la persona dueña del bien, es importante que tenga la certeza y la seguridad de que su bien se va a entregar en las mismas condiciones de que a un inicio esta persona había entregado.

Efectivamente, esta posibilidad de que el ciudadano tenga donde vivir primero y segundo, una vivienda digna, está en la facilidad primero de que se pueda alquilar bajo reglas claras. Pero no solamente eso, las oportunidades que sí tengan estas familias, 1.8 millones de familias que viven arrendando.

En el bien que se alquila hay muebles y esos muebles tienen que estar inventariados de tal forma que el momento en el que se termine el contrato no se genere ese conflicto y no tengan que acudir a las unidades judiciales respectivas o a mediación de ser el caso. Para esto, dentro del contrato tiene que preverse detalladamente cuáles son los bienes muebles que se quedan dentro del bien alquilado.

Una sociedad donde ya la inteligencia artificial es parte de todos los días para los ciudadanos no puede trabajar sin digitalización. Digitalizar los contratos realmente es una gran oportunidad para simplificar los procesos, optimizar recursos y darle facilidades a los ciudadanos. Contratos que tienen que registrarse luego en los GATs municipales de todo el país.

supremamente importante porque son ellos quienes van a tener el registro de absolutamente todos los contratos que se generen entre las partes.

El GAT municipal tiene que crear, los ediles tienen que trabajar en la normativa suficiente como para que esto esté regulado en el departamento respectivo de cada uno de los municipios.

A ustedes muchísimas gracias, siempre vamos a estar trabajando, creando esta normativa, generando una nueva normativa o modificando, buscando siempre el bienestar colectivo, el bienestar ciudadano. Muchas gracias.

Señor Secretario, por favor informe si se han presentado solicitudes de modificación del orden.

Compañeros asambleístas ecuatorianos, los objetivos de alto valor siguen cayendo en el gobierno del presidente Daniel Novoa. Las fronteras no pueden seguir siendo escondites para quienes son requeridos por la justicia. Hace algunos meses para el Ecuador era imposible entablar una conversación con Colombia, pues había falta de voluntad política por parte del entonces presidente Petro para combatir el crimen organizado transnacional. Tanto es así que alias Fito, cabecilla de los choneros, eligió a Colombia como un país seguro para su esposa e hija, pues tenían absoluta certeza que desde ahí podían operar con impunidad.

Tan tranquilas se sentían en Colombia que inclusive la hija de Fito subía en redes sociales su ostentosa vida, fajos de dinero, joyas, lujos, y no le importaba. Y producto de ello, producto de las investigaciones, era justamente el cobro de extorsiones y del narcotráfico. Pero con lo que no contaban ellos era con el actuar firme del nuevo presidente Abelardo de la Espriella, quien en conjunto con el presidente Daniel Novoa comparten el mismo objetivo, enfrentar el crimen organizado transnacional. Por años, señores, las fronteras se convirtieron en escondite para las bandas criminales.

Se pasaban al otro lado y nadie los tocaba. Eso ya no sucede cuando hay cooperación. Eso ya no sucede cuando los gobiernos trabajan en conjunto, como es el caso del gobierno colombiano y el gobierno ecuatoriano. Además que son gobiernos que no son amiguitos de los narcos y que no les solapan los delitos a las bandas criminales. Ahora la esposa y la hija de alias Fito deberán responder ante la justicia ecuatoriana. Recordemos que ellas fueron expulsadas de Colombia a Ecuador y hoy están en la cárcel La Roca.

Desde la Asamblea Nacional, compañeros asambleístas, nos corresponde actuar con firmeza. Nos corresponde seguir aprobando leyes firmes y duras y apoyar las decisiones del gobierno del presidente Daniel Novoa. Como lo hemos venido haciendo, como es la ley de extradición, la ley de extinción de dominio, la ley de seguridad en fronteras y próximamente con la ley antimafias que será aprobada por este pleno de la Asamblea Nacional. Porque a las bandas criminales, señores, hay que atacarles donde más les duele. Y donde más les duele, en el bolsillo. Hay algo que sería imperdonable, ecuatorianos, que las mafias se coordinen más rápido que los estados.

Lo decía el presidente Daniel Novoa ante las Naciones Unidas. Y eso es lo que estaba en discusión hoy. Nos toca hacerlo mejor. A las mafias les decimos con claridad, podrán cruzar fronteras, pero no se escaparán de la justicia ecuatoriana. Ese Ecuador de la impunidad se terminó. Muchísimas gracias.

...del orden del día presentado por el asambleísta Javier Ordóñez.

Antes de comenzar, he enviado un video a Secretaría que solicito se reproduzca, por favor.

De paso, señor Secretario.

Pero el mismo día, a las 18.50, con 50, es decir, dos segundos después, vuelvo a bajar. Y obviamente el sistema me cobra los 40 centavos.

Gracias, señor presidente. El cambio de orden del día que yo solicito el día de hoy, no solamente es porque por el túnel Guayasamil pasan más de 45 mil personas al día y que no se sabe a quiénes les están cobrando, duplicado, quintuplicado y hasta 17 veces, como vimos en el video. Lo que yo estoy pidiendo hoy día, además, no solamente es que es nuestra obligación, como dice en la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 120, numeral 9, que dice fiscalizar los actos de las funciones ejecutiva, electoral, de transparencia y control social y otros órganos del poder público, no solamente porque hemos demostrado hasta la saciedad que están utilizando la autonomía como impunidad, como en el caso Trollebuses, logramos encontrar todo lo que tenían ocultos y hoy hay indicios de responsabilidad penal, hay una investigación abierta en fiscalía, no solamente porque esto rebasa el ámbito local y se convierte en ámbito nacional porque el túnel Guayasamil es puerta de entrada y salida hacia la Amazonía, hacia Baeza, hacia Papayacta.

No solamente eso, sino porque en el momento en que empecé a investigar esto, me encontré con que la adjudicación, como siempre, entre gallos y medianoche, como siempre, turbia, oscura, no está siendo fiscalizada por quien debe, no está el alcalde, no están sus concejales que siempre alzan la mano por él, están en campaña, pero resulta que le adjudican a una empresa y otra empresa pone un juicio para bajarse a la primera empresa adjudicada para los peajes y ¿saben dónde lo ponen? en Yaguachi. ¿Y saben qué juez admite la causa?

El mismo juez que dejó libre a Jorge Glass. Y cuando esto sucedió, el municipio de Quito aceptó esa sentencia diciendo que sí tenían jurisdicción, pero cuando la empresa a la que había ganado le quitaron, apeló, un nuevo juez en Yaguachi le dice que tiene razón, pero ahí el municipio le dice que no, porque ya sus amiguitos estaban administrando y esos están hasta ahora, y esos mismos amiguitos están administrando otros peajes como los peajes del Consejo Provincial de Pichincha, una tras otra, cosa rara tras cosa rara y como siempre, eso tapado no sólo por los concejales, sino por el candidato que seguramente de algún lado tiene que sacar para su campaña.

Es por eso que he pedido que se incorpore este cambio del orden del día, señor presidente, porque tal como lo hicimos con la función judicial, cuando no respetaron los procedimientos, debemos conocer por medio de una comisión especializada. Si este cambio del orden del día es aprobado, será esa mi moción. Por el momento, señor presidente, le agradezco y le solicito que tome votación.

Gracias, asambleísta. Señor secretario, tome votación del cambio de orden del día presentado.

resultados, señor secretario.

Con 84 votos...

Por el cambio del orden del día presentado por la asambleísta Lucía Jaramillo como quinto punto en la presente sesión.

Hacemos inicio con el primer punto del orden de la sesión.

De conformidad con el artículo 150 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, nos suspendemos la sesión para declararnos en Comisión General. Señor Secretario, por favor, dé paso a la Comisión General.

hermanas y hermanos montuvios que nos acompañan en esta sesión, y a todos y cada uno de los montuvios que nos escuchan a lo largo y ancho del país. Quiero comenzar hablando de memoria, de la memoria ecuatoriana. Sí, porque hubo una vez un Ecuador en el que ser montuvio era algo que muchos preferían callar. Y no porque fuéramos pocos o porque no existiéramos, los montuvios existimos antes de la misma república. Tampoco porque no hayamos contribuido a la construcción de este Ecuador, sino porque durante demasiado tiempo nuestra manera de hablar fue objeto de burla.

Nuestra manera de vivir y expresarnos en la ruralidad fue confundido con atraso. Nuestras costumbres y tradiciones fueron poco valoradas. Y nuestra historia apenas se escribía en una o dos líneas de los textos con los que nuestros hijos se educaban en las escuelas y en los colegios. Pero algo ha ido cambiando. Poco a poco hemos ido dando pasos. Y si somos generosos nos remontamos a la reforma constitucional de 1998 en la cual en algo ya se nos hacía un reconocimiento general al declarar al Ecuador un estado pluricultural y multietnico.

Pero es realmente el 30 de marzo del 2001 en el gobierno del expresidente Gustavo Novoa Bejarano que a través del decreto 1394 por primera vez se nos nombra en un documento oficial. En la creación del Consejo de Desarrollo de Pueblos Montuvio de la Costa y demás, el famoso CODEMO. Y no es sino hasta hace 18 años atrás que aparecemos de forma literal oficialmente reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador. Y si hablamos de cifras, en el reciente censo, sí, en el censo 2022, del cual tengo mis reparos porque considero que no se llevó de forma adecuada y si se hubiera llevado de forma adecuada seguramente los montuvios seríamos más.

Pero aún así, 1.305.000 ecuatorianos dijimos, soy montuvio. Y así, logramos ubicarnos como el segundo grupo poblacional más grande después de los mestizos y el primer grupo en pueblos y nacionalidades, adelante de nuestros hermanos indígenas y hermanos afroecuatorianos. Y aunque hablamos de número, sí, somos el 7.7 de la población ecuatoriana. Una gran mayoría, pero una mayoría que trabaja, que madruga, que produce, que conserva y mantiene las tradiciones, las costumbres y las actividades del agro del litoral ecuatoriano. Quiero decirles que durante ciclos hemos estado vinculados con la tierra y José de la Cuadra entendió como pocos esa relación entre la tierra y el montuvio.

Y lo describió en uno de sus tantos libros, Los Sangurimas, cuando dijo, el pueblo montuvio está sembrado como el agro, prendiéndose con raíces como garras. Y sí, veramente, veramente, están escuchando bien, veramente, como decimos en mi tierra para afirmar algo, José de la Cuadra tenía razón. Allí, como el matapalo, como el matapalo permanece en nuestras raíces, firmes y profundas, pero más que todo, nuestras raíces existen para sostener una parte esencial de la identidad ecuatoriana. Quiero decirles que por eso para mí también el 7 de agosto del 2024 se convierte en un momento trascendental en la historia del montuvio ecuatoriano.

Porque en ese día, esta Asamblea Nacional aprobó por iniciativa mía, sí, desde mi despacho, desde mi curul, electa como asambleísta de la provincia de Los Ríos, pero más que todo, una asambleísta orgullosamente montuvia, en donde propuse que el 1 de octubre de cada año se celebre el Día de la Identidad Montuvia. Pero quiero decir algo que he sostenido desde entonces. Esa fecha no le pertenece a Mónica Salazar, no me pertenece a mí, le pertenece a cada agricultor, a cada mujer de la ruralidad que hoy tiene una ley que no sale por el egoísmo político, pero que estén seguros que desde este lado, desde el lado bueno, le vamos a dar en su momento la ley a la mujer rural.

A la morfinero, al jinete, a nuestros mayores, que son quienes han conservado nuestras costumbres, aún cuando nadie nos hablaba de patrimonio. Pero especialmente, esta propuesta les pertenece a nuestros niños y jóvenes, porque cuando propuse esta resolución del Día de la Identidad Montuvia, no quería que sea solo una celebración que se quede tras estos cuatro muros, sino que trascienda, y no que trascienda de Quito al resto del Ecuador, sino que trascienda de generación en generación, y que más que hacerlo a través de las escuelas y los colegios.

Y lo logramos. Sí, hoy podemos decir que el principal reconocimiento y aporte que le ha hecho este Parlamento ecuatoriano a los montuvios de nuestro país es haberle otorgado una herramienta, porque en esta propuesta no solo se incluía una fecha para celebrarnos, sino también un exhorto a las autoridades de educación y de cultura para que realicen los actos y las actividades que consideren pertinentes para que esa celebración se materialice. Hemos logrado que el Ministerio de Educación, al día de hoy, desde el año 2024, incluya en sus lineamientos al primero de octubre como una fecha vinculada al realce y celebración de la identidad montuvia.

Si ustedes llegan a ver un primero de octubre, o durante todo el mes de octubre, a una escuela, a un colegio o a alumnos celebrando el Día de la Identidad Montuvia con civismo, con educación, ese logro se lo debemos a esta Asamblea Nacional. Compañeros y compañeras, para finalizar, quiero dejar claro en la historia ecuatoriana que este Parlamento ecuatoriano, con todas estas acciones que hemos logrado, no hemos descubierto al pueblo montuvio. Los montuvios existíamos antes de la República. Teníamos identidad desde nuestros inicios. Lo que conseguimos fue dar un paso importante para que ahora ese reconocimiento se estudie y se celebre en las diferentes unidades educativas a lo largo y ancho de nuestro país.

Y quiero terminar también dándole un mensaje a los jóvenes, a los niños y jóvenes. No escondan su acento. No tengan vergüenza de cómo van vestidos. Lleven sus botas y sus sombreros con orgullo a donde quieran llevarlos. No escondan el nombre del recinto del que vienen. No sientan vergüenza porque sus padres trabajan la tierra. No dejen que nunca nadie les diga que valen menos por venir de la ruralidad. Recuérdenles que este Ecuador también se construyó con las manos de sus bisabuelos, de sus padres y de sus abuelos montuvios.

Y quiero permitirme, tal vez me tome medio minuto para terminar algo personal. Quiero hablarle a mi niña interior, a la niña que hace 40 años vivió y disfrutó la ruralidad en su máximo esplendor. Pero esa niña que también sufrió la humillación y las burlas cuando iba a visitar a sus parientes a la gran ciudad de Guayaquil. A esa niña que cuando sus padres la obligaron a estudiar su colegio recibía las burlas por venir del campo. A esa, a la niña Mónica, le quiero decir que hoy, gracias al trabajo que venimos haciendo desde esta Asamblea Nacional, nunca más ninguna niña, ningún niño, ningún joven de la ruralidad sentirá vergüenza de decir vengo del campo, soy rural, soy montuvia.

Que viva la gente del campo, que vivan los montuvios del Ecuador. Gracias, presidente.

tubia ecuatoriana junto con el reconocimiento

Muchas gracias.

Se reinstala la sesión, señor secretario. Siguiente punto de la orden del día, por favor.

De lectura, por favor, señor secretario, del memorando respectivo y del informe en la parte resolutiva y el informe íntegro que forme parte de la presente acta de la sesión.

Muchas gracias, señor Presidente. Quiero primero iniciar agradeciendo y reconociendo el trabajo que todos los integrantes de la Comisión de Justicia vinieron trabajando. En una ley, que es una ley no política, sino profundamente social. Reconocer el trabajo de diferentes posiciones políticas, pero creo que hemos demostrado que cuando se trabaja con voluntad, con madurez política, tenemos resultados como lo hemos tenido, como la ley de extradición, que salió de este pleno de la Asamblea Nacional casi por unanimidad. Y ese es el mensaje que le dejamos a las familias ecuatorianas, que cuando tenemos una hoja de ruta en conjunto, podemos lograr satisfactoriamente sacar leyes en beneficio a los ecuatorianos.

Así también poder comentarle que esta ley nace de una profunda necesidad, de una necesidad de modernizar una ley del año 2000, pero sobre todo, de una necesidad de que a esas familias ecuatorianas, a esos 1,8 millones de familias ecuatorianas que están bajo esta figura de rendamiento, puedan tener mayor certeza y seguridad jurídica. Que se sientan respaldados por primera vez en una ley de inquilinato que lamentablemente no obedece a las necesidades actuales de las familias ecuatorianas. Cuando se dejan reglas claras, se evitan cualquier atropello, tanto del arrendador como del arrendatario.

Y eso es lo que estamos proponiendo en esta ley. Y creo que la bancada de Acción Democrática Nacional ha sido firme, ha sido clara también. ¿Cuál es nuestra hoja de ruta? Siempre sacar leyes en beneficio a las familias ecuatorianas. Hemos sido congruentes con nuestras palabras y nuestras acciones. Nuestras acciones han sido demostradas aquí en este pleno. Se lo ha hecho con voluntad y con responsabilidad política. Durante más de dos décadas, hemos tenido una normativa de inquilinato que ya no responde a la realidad social que viven muchísimos ecuatorianos.

Una normativa que conserva reglas de otra época. Y cuando la realidad cambia, por supuesto que la ley tiene que estar a la altura de esa realidad. Porque aquí quiero preguntarles algo, y creo que a todos nos ha pasado. Y es, ¿cuántas personas han entregado una garantía y después no han sabido cuándo la van a recuperar? ¿Cuándo recuperarán su dinero? ¿A cuántos propietarios les han entregado un inmueble y al terminar este contrato han tenido que asumir todos los daños que no les correspondían? Pero también es importante poder decir algo que parece imperceptible.

No todos los contratos de inquilinato deben terminar en un litigio. Y eso es lo que hemos agregado, figuras nuevas en esta nueva ley de inquilinato. Lo que estamos corrigiendo desde esta Comisión de Justicia y Estructura del Estado, sobre todo escuchando realidades, situaciones y revisando propuestas, construyendo normativas desde este sentir ciudadano. Trasladamos estas preguntas, estas preocupaciones en una realidad y en acciones a través de estas reformas normativas. Todas estas reformas buscan evidentemente llevar certeza a una relación contractual que durante demasiado tiempo fue marcada por la costumbre y la incertidumbre, lo cual dejó la puerta abierta a muchos abusos de las dos partes.

Primero, se acabó la incertidumbre del contrato verbal. Los acuerdos de arrendamiento deberán quedar formalizados por escrito. Así evitamos el yo entendí una cosa, el otro dijo otra y esta ambigüedad que deja como resultado cualquier prejuicio tanto para el arrendador como para el arrendatario. La ley tiene que dejar menos espacio para la palabra y más espacio para la certeza. Y un contrato escrito protege al propietario y también protege al inquilino. Y eso es lo importante de esta ley. Y este es el cambio conceptual bastante grande que estamos haciendo en esta ley.

Que esta ley está equilibrando la balanza, no está direccionándolo para el arrendador o direccionándolo para el arrendatario. Es dejar las reglas claras para que se sientan garantizados por una ley. Un contrato escrito, sin duda, es prioritario y por eso lo hemos establecido en esta nueva reforma. Segundo, y importante, y también fue bastante debatido, es establecer y dar certezas a la garantía. Regulamos la garantía porque hasta hoy la garantía ha estado marcada en buena medida por la costumbre. Y donde la ley no establece reglas claras, por supuesto y repetimos, aparecen los abusos.

Por eso establecemos como máximo de dos cánones de arrendamiento se establezca como concepto de una garantía. Eso no está establecido en la ley de inquilinato del año 2000. Y algo todavía mucho más importante que poder mencionar. Cuando termina el contrato, si existen daños o valores pendientes, deberán estar debidamente justificados. El inquilino incluso los podrá objetar. Y la devolución de la garantía, que también es una figura nueva que estamos implementando, se establece un término de 15 días para que pueda ser restituida. Siempre y cuando sea verificable y se constate de que no hay daño mayor al bien inmueble.

No eliminamos la garantía, le ponemos reglas. Y eso significa seguridad jurídica. Porque el propietario necesita, evidentemente, proteger su patrimonio, pero el inquilino también necesita saber cuándo recuperará el dinero de su garantía. Tercero, dejamos de discutir sobre daños que nunca fueron documentados. Si se entrega un bien inmueble, pero sobre todo amoblado, deberá existir un inventario claro. Es una de las nuevas figuras implementadas en esta ley de inclinatos. Un registro fotográfico que garantice y que justifique que ese bien inmueble, qué contiene el bien inmueble, cuál es la calidad de los objetos que están adentro del bien inmueble.

Y lo interesante de esto es que nos permite separar y dar mayor certeza cuando los daños, si hay una especie de algún daño. Si es por un daño material de algún error o alguna inobservancia de quien está alquilando, es un daño por la vida útil de los bienes muebles que están adentro del departamento, de la oficina o de cualquier local comercial. Y hay que ser claros, lo que se documenta se puede comprobar. Y aquí hay una diferencia fundamental que quiero precisar y es las reparaciones tendrán responsables y consecuencias.

Si la reparación corresponde al propietario y no cumple dentro del plazo establecido, el arrendatario tendrá mecanismos para poder ejecutarla y recuperar el valor que haya pagado y pueda justificarlo. Pero si la responsabilidad es del inquilino y no lo cumple, el propietario también tendrá los mecanismos para exigir la reparación correspondiente. No se está abandonando a ninguna de las partes contractuales. Al contrario, se lo está protegiendo de acuerdo a sus obligaciones contractuales y a sus competencias de acuerdo al contrato que han celebrado de inquilinato. La ley no puede tener una vara para el propietario y una vara distinta para el inquilino.

Y aquí la regla es muy sencilla. Quien incumple el contrato tiene que responder. Y el quinto es hacemos mucho más claro el camino cuando la relación termina. Hemos implementado un cambio bastante novedoso que es el desahucio, pero que sea de manera bilateral, donde se establece un término de 90 días para que puedan prescindir de esa contratación de inquilinato, de renta. Porque no estamos quitando derechos, estamos haciendo más claro un camino para ejercerlos. Y al final del día esa es nuestra labor como asambleístas. Señor Presidente, esta reforma tiene un carácter sumamente social y creo que muchos de nosotros asambleístas que representamos provincias y que estamos aquí en Quito, pero nuestros domicilios legales en nuestras provincias también entendemos de primera mano qué se vive o qué se siente vivir en incertidumbre cuando la ley no está clara o tiene demasiados vacíos legales.

Esta reforma también tiene que entenderse dentro de una política pública más amplia y aquí quiero aprovechar y felicitar también acertadamente lo que está haciendo el gobierno nacional a través de diferentes políticas y programas sociales como Credit Casa, como el programa Mitiniti, donde solo uno de esos programas tienen más de 5.000 familias beneficiarias. Porque si bien es cierto el gobierno debe cerrar esta brecha habitacional, nosotros como asambleístas debemos trabajar de manera complementaria y dejar las reglas claras en materia de inquilinato. El acceso a la vivienda y seguridad en el alquiler no son políticas opuestas, en verdad se complementan.

Y por eso esta reforma es fundamental, es el verdadero cambio que necesitan las familias ecuatorianas. Pasamos de la costumbre a la regla, de la incertidumbre a la certeza, de los acuerdos ambiguos a contratos claros y de los conflictos que se prolongan a mecanismos que permitan realmente resolverlos como la mediación, un mecanismo alternativo de resolución de conflictos. Así evitamos que las familias ecuatorianas no precisamente tengan que ir a las unidades judiciales, gastar en abogados, gastar en las costas procesales, y tranquilamente lo puedan resolver a través de un acta de mediación que tiene la misma fuerza de ley.

Señoras y señores asambleístas, creo que parte de mi discurso y de siempre hablarlo es que no estamos legislando para este pleno, legislamos para las familias ecuatorianas. Por lo tanto, esta ley es de carácter sumamente importante para todos los ecuatorianos y estamos legislando para que se sientan respaldados por este pleno de la Asamblea Nacional. Necesitamos reglas claras para contratar, garantías claras para ambas partes y consecuencias también claras para quien incumple. Y eso es lo que estamos construyendo, una ley de inquilinato que atienda a las necesidades del Ecuador del 2026.

Hasta aquí mi palabra, señor Presidente.

Este proyecto de ley, sin embargo, representa un avance sustancial para actualizar la ley.

que hoy vivimos. A través de esta propuesta se corrigen trabas históricas que generaban inseguridad jurídica y se establecen mecanismos mucho más claros para enfrentar el incumplimiento contractual y facilitar también la recuperación de aquellos bienes inmuebles cuando un inquilino no cumple con sus obligaciones. Sin embargo, el objetivo de esta intervención no es detener el proyecto, sino garantizar que esta Asamblea entregue una norma clara, una norma coherente y jurídicamente sólida. Antes de la votación definitiva, resulta indispensable corregir una antinomia existente entre el artículo 1 y el artículo 51, respecto al ámbito de aplicación sobre los predios de viviendas rurales.

Aprobar un texto con esta contradicción genera interpretaciones judiciales divergentes y afectará gravemente la seguridad jurídica tanto de los arrendadores como de los arrendatarios. Para resolver esta inconsistencia de forma correcta, propongo incorporar en el segundo párrafo del artículo 1, tras la palabra metropolitanas, la siguiente frase, sin perjuicio de los casos especiales de aplicación previstos en el artículo 51 de esta ley. Esta remisión expresa va a armonizar la norma general y en los casos especiales del artículo 51, ofreciendo una solución técnica, clara. Por ello, en el amparo del artículo 61 de la Ley Orgánica de la Fusión Legislativa, propongo al oponente del proyecto de ley que solicite a la Presidencia la suspensión del tratamiento de este punto del orden del día y que retorne a la Comisión para poder realizar los correctivos necesarios de este proyecto de ley y entregarle al Ecuador un proyecto sólido con amplio criterio jurídico y sobre todo que le beneficie a todo el pueblo ecuatoriano.

Muchas gracias.

colegas asambleístas, esta ley, trabajada por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, no está del lado del arrendador ni del lado del arrendatario, está del lado de la justicia, del equilibrio y de la seguridad jurídica. Hoy no estamos solamente discutiendo una ley sobre contratos, hoy estamos hablando de la casa donde vive una familia, del patrimonio de quien trabajó toda una vida para tener un inmueble y de la seguridad jurídica que debe existir entre las dos partes. Y por eso esta reforma es absolutamente necesaria. Durante demasiado tiempo la relación entre arrendadores y arrendatarios ha estado marcada en muchos casos por la incertidumbre, conflictos, garantías excesivas, dificultades para recuperar un inmueble, problemas por reparaciones y procedimientos que puedan prolongarse innecesariamente.

La realidad del Ecuador cambió, pero nuestra legislación de inquilinato no avanzó al mismo ritmo. Una ley que no responde a la realidad termina generando más conflictos de los que pretende solucionar. Esta reforma parte de un principio muy sencillo, ni el arrendador puede abusar de su posición, ni el arrendatario puede desconocer sus obligaciones. Los derechos de uno terminan donde los derechos del otro inician. Por eso esta reforma que presentamos hoy se basa en cuatro principios absolutamente necesarios. Equilibrio, seguridad jurídica, responsabilidad y modernización. Primero, equilibrio. Establecemos reglas claras sobre las garantías.

No puede ser normal que una familia que busca un lugar donde vivir tenga que entregar cantidades desproporcionadas de dinero para acceder a un bien inmueble. Por eso se establece un límite a la garantía en reglas claras para su devolución. Pero también debemos reconocer la realidad del propietario, quien también entrega su inmueble en arrendamiento, tiene el derecho a recibir el canon acordado, a que su propiedad sea cuidada y a recuperarla cuando exista un causal legal para hacerlo. Segundo, seguridad jurídica. Un contrato no puede depender de la voluntad de una de las partes.

Debe establecer claramente derechos, obligaciones, condiciones y mecanismos para resolver incumplimientos. Por eso son importantes elementos como el inventario de los bienes muebles, las condiciones de entrega, la recepción del inmueble y las reglas claras para la terminación de este contrato. Porque muchas veces el problema no comienza cuando se firma el contrato. El problema comienza cuando el contrato termina y nadie sabe exactamente qué corresponde hacer. Esta reforma busca evitar precisamente esos conflictos. Por eso es indispensable que nos involucremos en esta reforma de la forma como lo hemos hecho.

Tercero, responsabilidad. El propietario tiene responsabilidades, pero el arrendatario también. El propietario tiene y debe entregar un inmueble en condiciones adecuadas y atender las reparaciones que legalmente le correspondan. El arrendatario también debe cumplir con el pago, cuidar el bien inmueble y responder por los daños que le sean atribuibles. La ley debe garantizar derechos, pero también debe exigir responsabilidades. No podemos construir una legislación equilibrada si solamente protegemos a una de las partes. Y cuarto, modernización. Estamos legislando en el siglo XXI. Hoy podemos celebrar contratos, realizar comunicaciones y dejar constancia de actuaciones mediante herramientas electrónicas.

La ley debe reconocer esa realidad. La modernización no significa eliminar controles, significa hacer que los procedimientos sean más ágiles, transparentes y accesibles. Y aquí quiero hacer una reflexión particularmente importante. La vivienda no es solamente un bien inmueble. Para una familia es su hogar. Para un estudiante puede ser el punto de partida de su futuro. Para una persona que migra de una provincia a otra, buscando oportunidades, es el lugar donde comienza una nueva etapa de su vida. Pero para el propietario también representa el esfuerzo, ahorro, inversión y parte de su patrimonio.

Por eso debemos abandonar la lógica de enfrentar a arrendadores contra arrendatarios. El verdadero objetivo de esta ley debe ser resolver el conflicto y no enfrentar a las personas. Necesitamos una legislación que permita quien cumpla con sus obligaciones tenga la seguridad y quien incumpla se encuentre en un procedimiento claro para que responda por ello. Una legislación que reduzca la informalidad, que disminuya los conflictos, que facilite los acuerdos, que proteja el hogar y que proteja también la propiedad. Señor Presidente, esta reforma no pretende darle la razón automática al arrendador.

Tampoco pretende darle la razón automática al arrendatario. Pretende algo mucho más importante, que la ley tenga la razón. Que existan reglas conocidas antes de firmar un contrato. Que existan obligaciones claras durante la relación contractual. Y que existan procedimientos ágiles cuando esa relación llegue a su fin. Porque la seguridad jurídica no consiste solamente en tener leyes. Consiste en que las personas sepan qué pueden exigir, qué deben cumplir y qué ocurrirá cuando alguien incumpla. Gracias, colegas asambleístas. Esta es una oportunidad para actualizar una legislación que durante años ha necesitado una respuesta acorde con la realidad nacional.

Pensemos en todos aquellos ecuatorianos que necesitan algo tan sencillo, pero tan importante como saber que cuando firman un contrato la ley estará ahí para ellos, para hacer respetar lo acordado. Compañeros asambleístas, 1.08 millones de ecuatorianos viven arrendando. Por eso mi posición es clara. Apoyo esta propuesta de ley de inquilinato que establece reglas claras. Y cuando ambas partes tienen reglas claras, disminuyen los conflictos. Cuando disminuye el conflicto, aumenta la confianza. Y cuando aumenta la confianza, el Ecuador gana. Gracias, señor presidente.

Saludar a todo el país, en especial enviar un saludo afectuoso a los adultos mayores hoy, que se conmemora en su día nacional como 1 de octubre, lo que es alusivo a derechos de ellos. Al igual, mi salud y mi solidaridad a mi provincia que está afectada, como es Esmeraldas, por las primeras lluvias de la etapa invernal. Dado el punto de la materia que he solicitado dentro del punto del orden del día, dentro de este segundo debate, y respaldando el trabajo de la comisión, el trabajo de quien lidera también la comisión en los integrantes.

Señor presidente, colegas asambleístas, quién no de los que estamos aquí hemos sido inquilinos y hemos estado también del lado de ser propietarios. Es justo de que una ley que está totalmente ambigua se la modernice, de acuerdo también al escenario y contexto actual en que vivimos en el Ecuador. Lo han dicho las personas que me antecedieron de la comisión, arrendar una vivienda no es solamente firmar un contrato, es establecer una relación jurídica que afecta directamente el hogar, patrimonio, la seguridad y la tranquilidad de ambas partes, quienes entregan un inmueble y quien necesita habitarlo.

Por eso, una ley de inquilinato moderna no puede mirar únicamente al propietario, ni tampoco únicamente al inquilino, debe mirar a ambos. Debe establecerse reglas, determinar quién repara, quién responde, quién administra, quién devuelve también una garantía y cómo se regula el canon de arrendamiento y qué ocurre cuando el contrato también termina. Una buena legislación no debe esperar que aparezca el conflicto para empezar a dar las respuestas, debe prevenirlo, debe generar certeza. Debe establecer también mecanismos para que tanto el propietario como el inquilino puedan reconocer sus derechos, sus obligaciones y las consecuencias de sus decisiones.

La propuesta que hoy estamos tratando aquí en el Pleno, colegas, asambleístas, busca precisamente eso, actualizar las reglas de una relación contractual que forma parte de la vida cotidiana que de miles de familias ecuatorianas. El proyecto establece como objeto regular las relaciones derivadas del arrendamiento y subarrendamiento de bienes inmuebles, sus derechos y obligaciones, las garantías, los mecanismos de solución de controversias y la formalización contraactual. Pero compañeros, vamos haciendo ejemplos para poder entrar de manera didáctica a entender este proyecto de ley del cual la comisión ha hecho netamente de acuerdo a lo que es la unificación de varios proponentes.

Tengo entendido incluso del informe de ambas bancadas han hecho lo que es propuesta de este proyecto y se ha hecho la unificación. Una familia que arriendo una casa, después de varios meses, el techo comienza a filtrar el agua. El inquilino llama al propietario y le escribe, ahora como la herramienta es lo más común, el WhatsApp, y le comunica del problema. Pero nadie repara. Mientras tanto, la lluvia entra, se deterioran las paredes y la familia continúa pagando el mismo canón de arrendamiento. Entonces nos preguntamos de quién debe responder o quién debe responder a aquel problema.

La reforma establece que las reparaciones necesarias para mantener las condiciones de habitabilidad corresponden al arrendador cuando el deterioro no sea imputable al arrendatario. Y no se queda únicamente en una simple declaración. La propuesta establece la obligación de notificar la reparación y contempla mecanismos para que, cuando existe una decisión judicial o un acuerdo de mediación incumplido, el arrendatario puede ejecutar la reparación y descontar de los cánones los valores efectivamente invertidos y justificados con el recargo establecido en la propuesta. Pero también existe la otra cara de la moneda.

Supongamos que un inquilino rompe una instalación eléctrica por manipulación negligente. En ese caso, no se puede trasladar la responsabilidad al propietario. La reforma establece expresamente la responsabilidad del arrendatario por los daños ocasionados por uso indebido, negligente o propio de su familia, huéspedes, dependientes o personas que utilicen el inmueble con su consentimiento. Esto es importante porque la protección jurídica debe de ser recíproca. Otro ejemplo muy común para ir entendiendo esta propuesta de ley. Una persona arrienda a un departamento y entrega dos meses de garantía. Al finalizar el contrato, entrega las llaves.

El propietario dice, voy a revisar. Pasan dos semanas, luego un mes, luego dos, y el dinero no vuelve a quien estuvo en esa casa o propiedad. Y aparece una discusión sobre una pared que simplemente presenta o desgaste normal de varios años de uso. Dando como ejemplo, la propuesta establece que la garantía no podrá superar dos canones mensuales. Además, diferencia entre el daño imputable al arrendatario y el desgaste natural producido por el uso legítimo y el paso del tiempo. El arrendador debe comunicar de los daños o faltantes que pretenda imputar la garantía dentro del término previsto y presentar una liquidación justificada.

El arrendatario podrá objetarla y la garantía o el saldo correspondiente deberá ser restituido dentro del plazo establecido por la reforma. Vamos con otro ejemplo. También tenemos que hablar del canón de arrendamiento. Imaginémonos una familia que firma un contrato de un valor establecido. A los pocos meses recibe una llamada y le dice, desde el próximo mes el arriendo sube. La propuesta establece que durante la vigencia del contrato, el canon no podrá incrementarse unilateralmente. Si las partes acuerdan un reajuste, deberá constar expresamente por escrito y respetar el límite legal.

Para contratos superiores a dos años se permiten mecanismos objetivos de reajuste, pero con límites temporales y sin superar el canon máximo permitido. Una vivienda, colegas asambleístas, no es simplemente un techo y paredes, es un espacio donde se desarrolla la vida de una familia. La vivienda arrendada forma parte de la realidad cotidiana de miles de familias ecuatorianas. Y si vamos a hablar en estadísticas y con datos, el INE, según el Censo Poblacional 2022, que sí que para muchos, incluido a mí, me pareció que fue mal hecho, en ciertas modalidades y ejes, pero dice que de cada 100 hogares 36 se encontraron en viviendas bajo modalidades y alquiler, préstamo y servicio, y tiende a subir y a crecer con la última cifra del año 2025, en comparación del 2011 al 2025, un crecimiento más del 32%.

Por eso, hablar de una ley de inclinato es hablar de una realidad social concreta. La reforma también reconoce una realidad que hoy muchas relaciones jurídicas se desarrollan por medios electrónicos. Por eso, reconoce expresamente la posibilidad de celebrar contratos y arrendamientos electrónicos y se le distribuye la misma validez y efectos jurídicos que los contratos de manera física. Siempre que se cumpla con los requisitos legales, la ley debe acompañar a la realidad, no quedarse atrás con ella. También se ha incorporado una situación muy frecuente, los inmuebles amoblados, y por ejemplo, una persona que alquila un departamento amoblado, el propietario dice que entregó refrigeradora, cocina, televisión, cama, etc., de los homenajes que tiene algún departamento o alguna casa.

El inquilino dice que algunos ya estaban dañados, entonces nos preguntamos quién tiene la razón. La propuesta introduce un inventario obligatorio para los inmuebles amoblados, acompañados, importante esto, de descripción, el estado, la característica y registro fotográfico. Así, cuando termine el contrato, las partes podrán comparar cómo se entregó el bien y cómo se lo devuelve. No se trata de presumir que el inquilino dañó todo, tampoco de presumir que el propietario debe asumir todo. Se trata de tener evidencia. Y cuando existen reglas y evidencias, disminuyen también las disputas.

La propuesta regula el desahucio con 90 días de anticipación y establece también procedimiento notarial de dejar constancia de la comunicación y de la fecha que se producirá. Colegas asambleístas, La reforma también incorpora expresamente la mediación en materia de inclinato para aquellas controversias sobre derechos transigibles y eso no tiene una enorme importancia práctica porque no todos los conflictos necesitan convertirse en largos procesos judiciales. Esta propuesta también regula el subarrendamiento, colegas asambleístas. Y voy a dejarlo como ejemplo. Pensemos un ejemplo sencillo. Una persona arrienda una vivienda por 400 dólares y decide subarrendarla completa por 700.

Señor Presidente, estoy en el uso de la palabra.

Discúlpeme, asambleísta, le pido...

y respetuoso.

Le pido que se suspenda el tiempo de practicar una citación en el lugar de trabajo al asambleísta Palacios por el citador, por favor.

Ese señor citador, sí.

de la ley

tiene que practicar la citación, no pongamos oposición por favor para continuar con el debate, siga señor citador y cite

Continuamos dentro de este proyecto de ley reformatoria del inquilinato. Y, señor presidente, esta reforma no debe ser entendida como una legislación para enfrentar a propietarios contra inquilinos. El arrendador tiene derechos, el arrendatario también. El propietario tiene derecho a recibir el canon pactado, el inquilino tiene derecho a recibir un inmueble en condiciones adecuadas, el propietario tiene derecho a recuperar su inmueble cuando legalmente corresponda como el arrendatario tiene derecho a conocer previamente las condiciones de determinación. La propuesta se articula con principios y procura darle contenido práctico en una relación contractual que, aunque sea privada, tiene una enorme dimensión social.

La Constitución de la República constituye el marco superior dentro de este proyecto de reforma. Y no sin antes, para ir finalizando, señor presidente, quisiera darle igual un aporte y observación dentro de este segundo debate. La Comisión ha incorporado garantías, reparaciones, desahución notarial, contratos electrónicos, mediación y reglas para la restitución. Sin embargo, el articulado que revisamos no establece una regla concreta para los casos en el que el arrendatario o su núcleo familiar se encuentre en una situación de especial vulnerabilidad y la pérdida de la vivienda pueda generar una afectación grave a derechos fundamentales.

Mi recomendación, respetuosamente a la Comisión, es de incorporar un artículo que domine la protección especial frente a la restitución del inmueble en caso de vulnerabilidad, que me permitiría ser coherente con el propio informe y también mecanismos de identificación, derivación y plazos razonables que existan dentro de la parte objetiva de vulnerabilidad. Colegas asambleístas, para ir finalizando dentro de mi intervención, desde Emeraldas, desde los barrios, desde las ciudades y de las familias, esta discusión nos pertenece porque una legislación moderna no puede quedarse en el texto de una ley, tiene que funcionar en la vida real.

Mi respaldo a esta propuesta de ley que unifica varios proyectos reformatorios y una propuesta que corrige la desactualización de un cuerpo normativo que no tenía reformas estructurales desde el año 2000. Le devuelvo la palabra, señor presidente.

Gracias, asambleísta. Tiene la palabra la asamblea Yumbay.

buenos días a todo el pueblo ecuatoriano. Yo quisiera señalar que efectivamente esta normativa es importante teniendo en cuenta que se necesita garantizar seguridad jurídica a todos los arrendatarios así como al arrendador. Pero también cabe señalar que una familia que paga riendo tiene derecho a vivir con dignidad y tranquilidad sin miedo a perder su techo, tampoco los ahorros que entregó como garantía. Es preocupante que en el país existe una estimación de 1.08 millones de hogares arrendados. Además la encuesta del INE correspondiente al 2024 y 2025 señala que uno de cada cinco viviendas del país están en arriendo o anticresis.

Estas cifras muestran la importancia social de regular esta relación y proteger los derechos de quienes dependen de ella. Detrás de estas alarmantes cifras hay trabajadores, estudiantes y familias que necesitan un hogar digno y tranquilo para vivir. A esto hay que agregar que existen miles de testimonios de inquilinos que soportan abusos de los arrendadores, tales como filtraciones, reparaciones desatendidas, cobros excesivos y garantías que nunca les devuelven. Reclamar estos derechos resulta tan costoso largo y largo, por supuesto, por lo que terminan en muchas ocasiones renunciando a recuperar ese dinero.

Por eso es importante este proyecto, contiene disposiciones para enfrentar esos problemas, entre los cuales, por ejemplo, fortalece los mecanismos para exigir reparaciones, es decir, si el arrendador incumple el plazo establecido por el juez o en mediación, el inquilino podrá realizar las obras y descontar el gasto justificado más un 10%. Ante riesgos graves, el juez podrá ordenar reparaciones inmediatas. Esto puede evitar, por supuesto, que una familia siga viviendo en condiciones que comprometan su seguridad. De la misma forma, sanciona los cortes injustificados de los servicios y los actos que perturben gravemente el uso de la vivienda.

Nadie debería cortar el agua o la luz para obligar a una familia a salir. Si esas conductas provocan la desocupación y se demuestra esa relación, se reconoce una indemnización de dos mensualidades. De la misma forma, esta normativa prohíbe aumentar unilateralmente el arriendo, impide que un contrato reduzca los derechos legales del inquilino y establece la duración mínima de dos años para quien cumple sus obligaciones, salvo las excepciones previstas. De la misma forma, pone límites a la garantía hasta dos mensualidades y la devolución del saldo en el término de 15 días.

Además, el desgaste natural de muchos muebles no podrá cobrarse como un daño causado por el inquilino. Sin embargo, considero pertinente que sí debe corregirse algunas disposiciones que aspiro sean acogidas. Primero, la garantía obligatoria. El artículo 19 que incorpora el artículo 27.7 permite acordar el monto de la garantía y limita su valor a dos mensualidades. Una familia debe reunir para la garantía el pago del primer mes de arriendo y los costos que implica la mudanza. Para quien vive al día, eso puede cerrar la puerta de una vivienda.

Por eso propongo aclarar que las partes también puedan acordar un arrendamiento sin garantía para facilitar el acceso a vivienda de las familias con menores recursos. Ese mismo artículo que acabo de mencionar permite suspender la devolución de los valores de la garantía hasta resolver el conflicto. Pero no fija un tiempo máximo para hacerlo. Ese dinero puede ser indispensable para conseguir otro techo. Necesitamos una vía rápida y por supuesto establecer plazos para resolver la disputa. Segundo, pagar completo mientras la vivienda está deteriorada. El artículo 14 dispone que la rebaja judicial empiece únicamente cuando la sentencia quede en firme.

Pero ¿qué pasa? Si el proceso demora, la familia seguirá pagando el mismo valor mientras soporta el daño? Es la pregunta que nos deberíamos hacer. Por eso propongo que debe reconocerse, debe reconocerse la rebaja desde la notificación, es decir, cuando el juez determine que corresponde esa rebaja. Pero desde el momento en que se le notificó con dicha demanda. La asamblea debe asegurar que los derechos principalmente de los millones de arrendatarios puedan ejercerse, que las reparaciones lleguen a tiempo, que el arriendo tenga reglas claras y que reclamar no cueste más que el dinero que se intenta recuperar.

Así que estas son mis observaciones, aspiro sean recogidas. Gracias, presidente.

nuestro pueblo ecuatoriano y también un saludo especial a la capital bananera del mundo, Machal. Así que estoy muy contenta de hoy también representarlos aquí en este pleno. Bueno, ya hemos escuchado a nuestros compañeros aquí en este proyecto de ley muy importante. Compañeros, las estadísticas no mienten. El 36.3% de los hogares del país arriendan. Y en la provincia del Oro, la provincia a la cual represento, también aproximadamente 80.000 hogares. Esta situación arriendo creo que muchos conocemos a familias quienes no poseen una propiedad propia, así que la mayoría de hogares y de ecuatorianos acuden a la figura del arriendo.

Trabajar esta ley es trabajar para que se acaben los cobros injustos. Trabajar esta ley es trabajar también para que les devuelvan esa plata de la garantía que nunca suelen ser reconocidos. Y también esta ley es para poder tener y mitigar estos desalojos totalmente injustos para las personas con discapacidad o sobre todo a los adultos mayores. ¿Cuántas veces hemos escuchado casos donde el dueño de la casa no devolvió la garantía? ¿O cuántas veces hemos escuchado que el inquilino se fue sin pagar y sobre todo destruyendo el departamento?

Situaciones que son reales y que es muy injusto. Esta ley protege tanto al arrendador como al arrendatario. Por eso, compañeros, es momento que los ecuatorianos sean protegidos jurídicamente. Y por eso me permito decir dos puntos importantes. Primero, contratos de arrendamientos escritos. Esto permite dar formalidad a los documentos para evitar que el dueño de la casa intente desalojar a una madre con sus dos hijos sin previo aviso y también encima quedarse la garantía. Así que, como también, evitamos que el inquilino pretenda posesionarse del bien inmueble. El segundo eje de protección al arrendatario.

La persona que busca alquilar siempre lo hace dentro de sus capacidades económicas. Es por ello que rompemos el ciclo de las familias de menores ingresos que terminan arrendando lugares insalubres y, sobre todo, muy humanos. Compañeros, existen edificaciones que ofrecen bienes de alquiler, pero vayan a ver, son cajitas de fósforo que realmente no tienen ni ventilación, ambiente insalubre. Eso, justamente, es lo que nosotros tenemos que trabajar. No olvidemos que los dueños de la propiedad también la pasan mal. Muchas veces terminan cubriendo las deudas de los servicios que dejó el inquilino sin pagar o gastando de su bolsillo abogados para que les devuelvan sus casas tras un largo proceso.

Lo que busca esta propuesta es que los propietarios recuperen su bien inmueble de forma más rápida y segura, pero protegiendo siempre también a quienes se encuentran dentro en la situación vulnerable. Aquí hay que dejar bien clara esta situación. Ni el arrendador ni el arrendatario son enemigos. Aquí ambos son ecuatorianos de trabajo, piezas claves para el desarrollo del país. Por ende, pensemos en esa madre que alquila con su pequeño hijo un espacio con mucho esfuerzo para sacar adelante justamente el bienestar de ellos. Y en el jubilado que puso todo su esfuerzo y los ahorros de toda su vida para tener un ingreso seguro para su vejez.

Ninguno de los dos merece vivir con miedo o incertidumbre. Este proyecto de ley busca precisamente eso, generar igualdad, equilibrar las cargas y devolverles la tranquilidad a las familias ecuatorianas. Pero nuestro compromiso no termina aquí. Debemos seguir trabajando y perfeccionando esta ley, garantizando siempre un marco justo, reducir la conflictividad y asegurar el goce efectivo de los derechos de nuestra gente. Por eso, esta bancada siempre va a trabajar por ustedes ecuatorianos. De la mano del mejor presidente que ha tenido nuestro país, el presidente Daniel Novoa sí. Y por ende, aquí estamos del lado correcto.

Invitamos a seguir trabajando este proyecto de ley en favor de todas nuestras familias ecuatorianas. Un saludo y le devuelvo la palabra, señor presidente. Muchas gracias.

Gracias, asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Luis Fernando Molina.

todos el proceso o este proyecto de ley en cuanto tiene que ver a la reforma de la ley de inquilinato y creo que es una ley necesaria que además no se ha actualizado desde hace algún tiempo e incluso esto tiene mucho que ver con la decadencia o la deficiencia, la ineficiencia que tiene en este momento el Código Civil que también es un tema pendiente de esta legislatura, ojalá podamos avanzar también en trabajar un nuevo Código Civil que tiene más, que está vigente desde 1860 y que la verdad el país necesita un nuevo Código Civil, pero yo voy puntualmente como oposición política a plantear algunos temas que son necesarios, ahora que desde la bancada de la Revolución Ciudadana se ha solicitado, se ha pedido que pueda regresar 8 días a la Comisión para un mejor tratamiento, espero que la señora Presidenta de la Comisión pueda acoger esa necesidad para poder perfeccionar algunos temas.

Cuando revisamos tanto la ley de inquilinato vigente como la reforma, tengo una enorme preocupación por la obtención del certificado de fijación del canon de arrendamiento y tengo una preocupación porque la ley vigente establece que se le entregará al arrendador este certificado que es el que establece más o menos cuánto tiene que pagarse por concepto de arrendamiento al propietario en un plazo de máximo cuatro meses y creo que eso es demasiado porque si nos ponemos en la práctica esperar cuatro meses para un certificado de canon de arrendamiento es bastante complicado y esto está de responsabilidad de un registro de arrendamiento y cuando revisamos a los gobiernos autónomos descentralizados a las alcaldías, a duras penas, a duras penas las alcaldías tienen una dirección de avalúos y catastros y a duras penas tienen una persona que se encarga del registro de los contratos de arrendamiento, menos van a tener idea de los certificados de fijación del canon de arrendamiento.

Por eso creo que es importante señores legisladores, señora presidenta de la comisión, que se pueda establecer una disposición transitoria para que las alcaldías puedan generar esta dirección de registro de contratos y no se vuelva ni tortuoso, perdón, ni tampoco incómodo. Lo segundo, se elimina también dentro de este proyecto de ley las causales de terminación anticipada del contrato y me parece que eso tenemos que revisarlo porque si bien es cierto el desahucio es una alternativa para la terminación del contrato, sí existen causales en la actual ley que permiten una terminación anticipada de los contratos de arrendamiento que responden precisamente o que pueden darse de forma anticipada, me parece inadecuado que se elimine, más bien lo que hay que revisar.

Son algunas causales, algunas causales que no deberían estar en el derecho porque recordemos que el derecho regula la parte social, no la ética ni la moral, hay causales que hacen referencia a actos amorales, inmorales y digamos me parece que hay que revisar pero creo que las causales no pueden eliminarse porque lo contrario, la única manera de dar por terminado un contrato sería el desahucio y me parece que hay cosas que puedan ocurrir en la relación jurídica mucho antes de la terminación del contrato. La tercera situación es que se elimina también el artículo 54 de la ley de inquilinato en cuanto tiene que ver al deudor de buena fe y esto hace referencia a los pagos por consignación y los pagos por consignación son importantes en esta institución jurídica porque resulta que pueden existir casos en los cuales el arrendatario tiene que entregar o tiene que pagar el canon de arrendamiento y el arrendador por X o por cualquier motivo no lo quiere recibir.

Entonces, ¿qué se hace? Se acude al juez para demostrar que primero no es incumplido y segundo que está predispuesto a cumplir con su obligación de pagarlo en el contrato. Entonces, me parece que esta eliminación del artículo 54 de la ley de inquilinato, del pago por consignación al arrendatario de buena fe, es un tema que se lo debe mantener, no se lo debería eliminar. Y lo referente también al registro de los contratos de anticresis. Estoy convencido de que los contratos de anticresis en el mundo actual deben ser mínimos, deben ser pocos, sin embargo todavía existen.

Entonces, si de la legislación retiramos la obligación del registro de los contratos de anticresis, finalmente terminamos en un tema de inseguridad jurídica. Quiero también hacer referencia al artículo 1 del proyecto de ley respecto del objeto, porque ha habido una discusión entre si esta ley de inquilinato aplica únicamente a la parte urbana o a la parte rural, y creo que ahí es necesario afinar de mejor manera la redacción por las siguientes consideraciones. Hay regulaciones que existen en el Código Civil entre el artículo 1920 al artículo 1929, que hace referencia a los contratos de arrendamiento en los predios rústicos, que pueden ser dos tipos de arrendamiento, el arrendamiento agrícola y el arrendamiento comercial.

Entonces, si nosotros ponemos o colocamos que la ley de inquilinato rige al sector urbano y al sector rural, sin la excepción de los contratos de arrendamiento comercial que rigen el Código de Comercio, valga la redundancia, y los contratos agrícolas, vamos a tener un problema, porque los contratos agrícolas, los contratos comerciales en el sector rural, van a ser tomados bajo las leyes de la ley de inquilinato y le vamos a generar un perjuicio a los mismos propietarios en el sector rural de los predios. Entonces, me parece que ahí debemos aclarar que la parte rural refiere únicamente al tema de vivienda y que se excluyen de ahí tanto los contratos agrícolas como los contratos comerciales en el sector rural, porque eso nos va a permitir otorgar seguridad jurídica.

Creo que en algún momento incluso el legislador Esteban Torres presentó algún proyecto de ley sobre el tema de los contratos agrícolas, entonces esto debería estar fuera del ámbito de regulación, porque si es que tenemos en este momento la buena intención de incorporar al sector rural sin tomar las consideraciones del contrato agrícola y de los contratos mercantiles, entonces me parece que en ese sentido cometemos un error y lejos de arreglarle a la norma, la oscurecemos mucho más. Creo que estos temas son importantes, ajustarlos en el regreso a la comisión, creo que si estas observaciones que espero sean acogidas puedan también incorporarse en el proyecto de ley, creo que podemos ser un poco más consecuentes en fortalecer la seguridad jurídica en este proyecto de ley.

Insisto, observaciones que se han hecho de buena fe, observaciones que se hacen en el marco del debate y que tienen técnica jurídica, y observaciones que se hacen, para quienes lo hemos dicho desde el primer día que estuvimos aquí en la Asamblea, nosotros ejercemos oposición política, que implica presentar observaciones de ley cuando creemos que las iniciativas pueden fortalecerse, pero indudablemente nos vamos a oponer a aquellos proyectos de ley que afecten al pueblo ecuatoriano. Creo que en este caso cabe la posibilidad que con los ocho días podamos mejorar la ley y podamos sacar un proyecto de ley que ayude, que reduzca esa desigualdad entre propietario y arrendatario y que sobre todo sirva al país.

Mi palabra, señor presidente.

No creo que pensábamos que este debate iba a tener una trascendencia como la que ha tenido y justamente la coyuntura de otros países que se han equivocado haciendo malas reformas en materia de inquilinato, han puesto este tema en el debate nacional y en el debate europeo. No sé cuántos de ustedes han seguido en estos días el caso Mari Carmen en España. El desahucio de una persona ha generado un debate público, ha generado marchas, ha generado protestas y por parte del Partido Socialista Español, que no da pie con bola en regular el tema de los arrendamientos y los desahucios, dos reformas que son absolutamente contraproducentes con lo que está pasando en ese país.

Y por eso esta reforma ha tenido la debida delicadeza de no tomar ningún partido político en un tema tan delicado como el de los arrendamientos. Si 36 hogares arriendan en el Ecuador, eso significa que hay 36 propietarios de bienes también que ponen sus bienes para que estas personas puedan acceder a vivienda. Pero cuando las legislaciones se equivocan, como se ha equivocado el Partido Socialista Español durante tantos años, se va deformando el mercado, no sólo de arrendamientos, el mercado inmobiliario. Vean ustedes, y por cierto, ¿quién aquí no ha tenido un pariente, un amigo, algún conocido que ha ido a estudiar en España y pregúntenle qué tan fácil es encontrar un espacio?

Es casi imposible. Hay casi 112 interesados por cada bien que se ponen en las páginas de arrendamiento. Es un vía crucis. La educación puede ser muy buena en España, pero vivir es casi imposible. Y los costos aún peores. Pero vean ustedes la evolución cuando se manejan mal el tema de los arrendamientos en dos regiones de un mismo país, Cataluña y la Comunidad de Madrid. Los catalanes decidieron fijar por ley los cánones de arrendamiento. ¿Qué lograron? Que la subida de la renta sea sólo del 5,7%. En la Comunidad de Madrid no la regularon.

¿Qué pasó ahí? Subió el canon de arrendamiento en un 8,5%. Pero el indicador importante es cómo se va suprimiendo la oferta de bienes que pueden ir para personas que buscan un arrendamiento. La variación de los anuncios de alquiler, es decir, la caída de anuncios de personas que querían alquilar en la región de Cataluña, se cayó en un 22% del 100% de los anuncios que hubo antes. Por el contrario, en la Comunidad de Madrid subió en un 3,9% el número de bienes que se iban a vendar.

Todo por malas leyes hechas desde la ideología y sin entender que la relación en los arriendos tiene que ser para las dos partes. Un beneficio para aquel que pone su bien al servicio y espera que no le destruyan, espera que cuando ya no se pague el arriendo, cuando se acabe el contrato lo devuelvan y por supuesto, alguien que está pagando su arriendo, que cumple y que espera que le traten con las mismas condiciones y que si entregó además una garantía y cuidó el departamento, tiene todo el derecho a que le devuelvan esa garantía, pero esa es una relación de iguales.

Y no sólo eso, la caída en la oferta inmobiliaria se explica justamente por hacer malas leyes en España. Mientras que en el 2021 había 1.051.000 viviendas en oferta en España para arrendamientos, hoy en el 2026 hay 660.000. Es decir, no sube la oferta, baja la oferta. ¿Y qué significa eso? Que es más costoso arrendar para los suertudos que consiguen donde arrendar. Y vean cómo evoluciona también el precio. En el 2019 el precio promedio de arrendamiento era de 857 euros, hoy es de 1.200 euros al mes, más de un 40%, cuando los salarios sólo subieron un 20% y cuando las condiciones de habitabilidad se hicieron peores.

Por eso digo, hablen con sus conocidos, hablen con aquellos que han estado en España. ¿Dónde estás viviendo, hermano? En un cuarto. Me alquilan un cuarto por 800 euros. Así es esto. En ese sentido, lo importante en esta reforma era hacer las cosas bien. Modernizar. El hecho, por ejemplo, de que las relaciones sean públicas con contratos registrados de forma pública, en donde los municipios tienen que hacer su trabajo, es algo por demás lógico. El tratar la garantía y fijar una media de lo que tiene que darse, como dos meses de arriendo, para claridad de las dos partes, es algo absolutamente lógico.

El hecho de promover la mediación como el máximo método de resolución de disputas, es lógico, pues, ¿quién va a gastar por pelear 600, 700 dólares en abogados, en el juzgado, cuando esto se puede resolver a través de la mediación? Entonces, creo que aquí, la virtud del trabajo de la comisión, de todos los miembros, de todos los partidos de esa comisión, ha sido justamente no dedicarnos a inventar el agua tibia, sino a modernizar una normativa que requería esta modernización, salvando, por supuesto, una relación que tiene que ser justa para las dos partes.

Para que esto también promueva, por supuesto, más inversiones de personas que quieren arrendar y poner al servicio de las familias que necesitan un espacio para vivir y para que los arrendatarios sepan también que cumpliendo se respetan sus derechos. La comisión también tuvo la virtud de excluir dos temas importantes que fue motivo de preocupación mía cuando arrancó la discusión. No es lo mismo el arrendamiento comercial que se rige por el Código de Comercio que los arrendamientos para inquilinos de personas, viviendas y familias que se rigen por la ley de inquilinato.

En ese sentido, esa diferenciación es fundamental. No es lo mismo arrendar un terreno para una fábrica o para un taller que arrendar un departamento para una familia. Y con esto quiero concluir, señora Presidenta, no es competencia del Estado, no es competencia quizás específica de esta Asamblea Nacional, pero no podemos dejar de pensar en soluciones para un déficit de viviendas que se dan en muchas ciudades del país. Si podemos incorporar una transitoria conminando o dándoles tiempos a los municipios para que mejoren los cambios de uso de suelo y permitan, por ejemplo, que zonas deprimidas de la ciudad de Quito, de la ciudad de Guayaquil, de tantas partes en el país que, por ejemplo, la 10 de agosto, ¿quién no conoce la 10 de agosto?

Otrora, una de las grandes vías que tuvo la ciudad de Quito, hoy está vacía. Todos los edificios que alguna vez fueron negocios y comercios y oficinas, vacíos. No se puede promover desde los municipios y con la ayuda que se puede hacer de manera legislativa, que se cambie ese tipo de bienes para que se pongan al servicio de las viviendas. Les favorece eso a las propias ciudades, porque el hecho de que se vayan extendiendo los habitantes a los valles donde no están los servicios listos, donde es más costoso poner alcantarillado, donde es más costoso poner electricidad, donde es más costoso ir con la obra municipal, es algo beneficioso para las ciudades.

Y se ganaría la plusvalía perdida de zonas tan importantes que hoy experimentan este tipo de bajones. Así que, ojalá eso también se pueda considerar, el proyecto va a regresar a la comisión, pero podemos hacer una ley y creo que vamos a hacer una ley buena, no ideológica y justa para las partes. Gracias, Presidenta.

Los legisladores, es importante recordar que el 30 de julio del 2024, junto con la asambleísta Ana Herrera, presentamos este proyecto de ley reformatoria a la ley de inquilinato. Y lo hicimos pensando en una realidad que viven miles de ecuatorianos. La ley que tenemos todavía habla de sucre, pero el problema va mucho más allá de la denominación de la moneda y es que hay situaciones cotidianas que durante años no han tenido reglas y que lamentablemente no han estado suficientemente claras. ¿Qué pasa con la garantía? ¿Quién responde por una reparación?

¿Cómo se resuelve un conflicto? ¿Qué derechos tiene quien arrienda y qué protección tiene también el propietario? Según el censo del 2022, 36 de cada 100 hogares ecuatorianos viven en arriendo. Estamos hablando que más de un tercio del país y de las familias del país arriendan. Para todas ellas, este no es un simple debate o una discusión ajena. Esta es una ley que va a entrar directamente a sus hogares. Quiero reconocer el trabajo de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, a su presidenta, a la asambleísta Rosa Torres, y a sus integrantes y todo el equipo técnico.

El informe para el segundo debate recoge varios aspectos importantes de lo que fue nuestra propuesta hace ya dos años. Y varias de las observaciones que presenté desde mi despacho para el primer debate. Por ejemplo, la garantía tiene ahora reglas. No podrá superar dos cánons de arrendamiento. Y se establece cómo deben justificarse los descuentos y se fija un plazo para su devolución. Por primera vez, desde que usted arrienda, sabe que una vez cumplidos los dos meses, va a recibir a los dos meses que desocupe la casa su depósito.

Las reparaciones podrán ser ordenadas por el juez competente o acordadas en un acta de mediación con plazos definidos. Se eliminan las referencias en sucres y obviamente se actualizan las reglas para las tasas y multas. Se incorpora la mediación y se modernizan los contratos con mecanismos electrónicos, además de los inventarios y registros. Y por último, también se regula de mejor manera el subarriendo. Y este en la actualidad requerirá autorización previa, expresa y escrita. Esta ley es una ley que busca equiparar los derechos entre arrendadores y arrendatarios.

El arrendatario le garantiza una vivienda con condiciones dignas, reglas claras sobre su garantía y protección frente a los abusos. Al arrendador se le da reglas claras para recuperar su inmueble, para cobrar los daños que se le causen y exigir el cumplimiento del contrato. Sin embargo, precisamente porque considero que debemos de tener una oportunidad para contar con una ley mejor, voy a señalar cinco observaciones puntuales que espero sean revisadas por la Comisión antes de contar con un texto definitivo. La primera, respecto al artículo 4, se refiere a las reparaciones a cargo del arrendador.

Por ejemplo, si una tubería se revienta, una instalación representa un riesgo o existe un daño que pueda agravarse de inmediato, no resulta razonable exigir que el arrendatario espere primero una decisión judicial para evitar un daño mayor. Propongo que se puedan ejecutar únicamente las reparaciones indispensables, comunicarlo al arrendador dentro de las siguientes 72 horas y justificar los valores pagados. El arrendedor conservará plenamente su derecho a objetar esta urgencia, conservará plenamente también la necesidad o cuantía y si existe un desacuerdo, esto podrá llevarse ante la mediación o juez competente.

Esta solución además guarda relación con lo establecido en el artículo 1876, del Código Civil. La segunda observación al artículo 5, relacionado con el derecho de arrendamiento a efectuar reparaciones. Para reconocer el derecho de arrendamiento, a reclamar el reembolso de esa reparación urgente y el derecho del arrendador a objetar la urgencia, la necesidad o cuantía. La tercera corresponde al artículo 12, relacionado con la certificación de fijación del canon. Aquí se debe aplicar una regla elemental de justicia. El cuidado no, el ciudadano no puede pagar por la demora del Estado.

Si el arrendador presentó los requisitos que le correspondían, que la autoridad no expidió oportunamente el certificado, esa demora no puede impedirle celebrar o inscribir el contrato, mucho menos convertirse en una sanción en su contra. También debemos armonizar la multa prevista en el artículo 14. Un mismo incumplimiento no debería tener dos sanciones distintas por la ley. La cuarta observación es una precisión del artículo 23, titulado, la reducción del canon por deterioro del inmueble. Cuando un deterioro no imputable al arrendatario disminuye las condiciones de habitabilidad o límite de goce del inmueble, debe existir la posibilidad de solicitar una reducción proporcional del canon mientras subsista esta situación.

Finalmente, la quinta observación se refiere al artículo 27.7 sobre la garantía. Mi propuesta es que el propietario tenga 10 días para comunicar y justificar solamente daños o faltantes y además también los cánones, expensas, servicios básicos y otras obligaciones contractuales pendientes y que se pretendan descontar. El equilibrio está justamente ahí. El propietario puede cobrar aquello que legítimamente se le adeuda y el arrendatario tiene derecho a conocer qué se le está cobrando y por qué. Si no existe una liquidación dentro del plazo establecido, tampoco debería existir después un descuento sin justificación.

Colegas, son cinco observaciones concretas que no cambia el espíritu del proyecto. Por el contrario, busca precisar reglas, evitar conflictos a futuro y mantener el equilibrio entre los derechos y obligaciones entre arrendadores y arrendatarios. No se trata de poner al arrendador frente al arrendatario, se trata de que ninguno quede a la merced del otro. Ese fue el propósito que presentamos esta iniciativa y ese debe de seguir siendo el principio que oriente su texto final. Muchísimas gracias.

Gracias, asambleísta. Tiene la palabra la asambleísta Ana María Raffo.

Hay creo que media asamblea afuera, pero bueno, como siempre, mi cariño, mi abrazo, mi mensaje de fortaleza a mi querido Cantón Milagro y a mi amada provincia de Guayas que a pesar de las diferentes dificultades y crisis que enfrentan, lo hacen resistiendo pero con esperanza, con esa esperanza.

de que retornen los días del buen vivir.

Presidente y señores asambleístas, el 20, en octubre del 2022, impulsada por las realidades, las millones de realidades que enfrenta nuestro pueblo ecuatoriano, presenté reformas al proyecto de la ley de inquilinato, un proyecto de reformas que evidentemente hoy estamos debatiendo. Y este proyecto de ley, estas propuestas de reformas las realicé bajo el enfoque de solicitar, o mejor dicho, de aprobar o de lograr una actualización de esta norma obsoleta, que aún sancione en sucres, como ya se ha mencionado, y que también establezca por fin un sistema sancionatorio que ponga fin a estos abusos generalizados de los cobros de las garantías.

Veo con satisfacción que las propuestas al proyecto de reforma presentadas han sido acogidas. Sin embargo, legislar para el pueblo ecuatoriano exige una rigurosidad técnica, pero sobre todo una sensibilidad social. No podemos permitir que bajo la etiqueta de modernización se incluyan básicamente disposiciones perjudiciales. Eso no lo podemos permitir. Mantengo con firmeza las observaciones enviadas a la presidencia de la Comisión de Justicia y que espero con voluntad política, como lo mencionó el Presidente Torres, que supuestamente aquí no hay decisión o bandera política, no, si en la vida todo es político.

Así que yo aspiro y celebraría que la Presidenta de la Comisión de Justicia y usted, Presidente, acepten que el proyecto le retorne a la Comisión para continuar perfeccionando este marco normativo necesario y que bajo responsabilidad los asambleístas debemos observar para garantizar que esta norma, evidentemente, primero sea clara, segundo, garantice los derechos, obligaciones y sanciones a los involucrados o los actores dentro de este proceso, que serían el arrendatario y el arrendador. Las observaciones que más me preocupan y que han sido enviadas ya a la Comisión es el traslado de la competencia exclusiva del desahucio a las notarías públicas.

¿Pero por qué? Porque considero que constituye una barrera económica injustificada para los ciudadanos de menos recursos. Asimismo, dejar la mediación como algo simplemente opcional desnaturaliza la norma. Este debe ser un requisito, escúchese, obligatorio, obligatorio para realmente descongestionar de verdad el sistema judicial. También es indispensable, parece que lo olvidaron, incorporar un régimen transitorio que salve de la inseguridad jurídica a los millones de contratos que ya se encuentran vigentes. ¿Qué va a ocurrir con ellos? Pero el punto más crítico, que muy poco se ha mencionado aquí, y sobre el cual versé también mis observaciones, es la exclusión del sector rural.

Desde el inicio de mi gestión, aquí en la Asamblea Nacional, desde el 2021, he abanderado y protegido los derechos de nuestros agricultores, de todo el sector agropecuario del país y de la zona rural. Son precisamente ellos quienes se verán gravemente afectados con estas reformas a la ley al eliminar las protecciones de inquilinato, o mejor dicho, para limitar únicamente las protecciones de inquilinato al entorno urbano. El derecho a un techo digno es universal y definitivamente no puede segmentarse por linderos geográficos. Dejar al campo desamparado bajo las reglas de un código civil es una profunda injusticia.

He escuchado que entre equipos asesores, por parte de la presidencia de la comisión, se aceptaría que el proyecto de ley regrese a la comisión, bueno, si es así lo celebro, para modificar el artículo 1, para enlazarlo con el artículo 51 vigente, y subsanar esta exclusión del sector rural. Evidentemente, esperamos esa voluntad política, porque el quehacer legislativo, en el quehacer las intenciones son valiosas, pero sin duda alguna, los compromisos deben quedar formalmente establecidos en papel para que tengan esa validez. Evidentemente, creo que todos aquí presentes, todos los asambleístas, siempre trabajamos, observamos, legislamos en beneficio de las mayorías, de todas las partes, y bueno, al menos la bancada de la Revolución Ciudadana sí lo hace, así que nosotros queremos respaldar este proyecto de ley, pero queremos que se realicen las observaciones que con responsabilidad y técnica legislativa se han realizado.

Por eso, formalmente, señor presidente, y a la presidenta de la Comisión de Justicia, mi solicitud de que regrese este proyecto de ley a la comisión, que se puedan debatir en esos ocho días las observaciones, no solamente de una bancada, sino de diferentes bancadas legislativas, que lo único que buscan es perfeccionar el marco normativo para hacer lo que debemos hacer desde inicio a fin, hacerlo correcto. Y ese correcto es actualizar esta ley de inquilinato y poder brindar a la ciudadanía y a los actores involucrados dentro del alquiler una ley que garantice no solo derechos, beneficios, sino que se tenga claras las sanciones y las obligaciones.

Muchas gracias, señor presidente.

Gracias, asambleísta.

del pueblo ecuatoriano. Siempre en esta reflexión y básicamente en relación a lo que significa la legislación social, hay que entender la dinámica de lo que nosotros consideramos la vulnerabilidad de dos actores. Si bien no estamos hablando de un grupo prioritario que como tal, conforme a las normas jurídicas, requiere una atención preferente y especializada. Pero cuando vi la palabra irrenunciabilidad de derechos, la primera impresión respecto de aquello es establecer cuál de los dos grupos, cuál de los dos actores vamos a entenderlo como vulnerable, para entender este caso el reconocimiento bajo el principio de irrenunciabilidad.

Y sí, en efecto, en relación a la determinación del derecho que se ejerce de propiedad en relación al dominio para disponer de un bien inmueble y como tal garantizar en este caso el derecho de habitación que requiere una familia. Indudablemente que las alertas en las cifras estadísticas que nos han dado los compañeros advierten, pues que sí, de 100 familias aproximadamente 36 viven bajo la situación de una relación de arrendamiento. Esta perspectiva en relación a parámetros que se establecen como derechos, creo que cuando hacemos una retórica de lo que significa las fuentes del derecho entre una de aquellas, las que había citado la presidenta, en relación a la costumbre.

Porque la costumbre en relación a la serie de actos, eventos repetitivos, se han constituido como hábitos. Y que si bien hace 20 años esta normativa, la ley de inquilinato, no ha sido revisada en su contexto, hay que entender que también ha sido la costumbre y estos actos repetitivos son los que han preestablecido las condiciones para generar una relación de arrendamiento. Una de esas, la más clara en relación a los derechos del arrendador, precisamente es la garantía que se consigna y que la costumbre se ha establecido en dos canos de arrendamiento para establecer posibles daños que pudieran realizarse en relación a la ocupación, al uso o a la utilización que tiene en este caso el inquilino, llamado también el arrendatario.

Quiero con esto dejar claro que la posición de esta ley, indudablemente, no tiene un carácter o un sesgo ideológico, pero en todo caso se trata de poder establecer cuáles son las condiciones con las cuales se ejercitarían los derechos, tanto del inquilino o del arrendatario, tanto del dueño del predio o también llamado arrendador. Y aquí en esta determinación creo que buena parte de aquello en relación a esta presunción y más que presunción es la determinación de vulnerabilidad que tiene el arrendatario o el inquilino. Porque muchas de las veces cuando se modula esta interpretación de que es la costumbre la que genera el derecho, hemos determinado que en buena parte del país, en buena parte de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, no participan en la determinación del precio o del valor máximo que podría costar, en este caso, un cuarto de habitación, un departamento de habitación.

Entonces, aquí sí es imperativo el hecho de que, en el buen entendido de la propia normativa y que es el artículo 10, que no se lo ha tocado, de la ley de inquilinato, se puede establecer cuáles son los criterios para establecer la determinación respecto de las condiciones con las cuales se deba fijar el precio o el canon de arrendamiento mensual, entendiendo de que esta variación va a depender de índices que nos da el INE respecto de la pobreza. Es decir, que un canon de arrendamiento no podrá ser el mismo en los distintos niveles o regiones que tenemos en el país.

Posiblemente, en la Amazonía, sea un poco más elevado o posiblemente pudiera ser, en este caso, menor al del resto del país. Lo que quiero establecer es que cuando en las facultades de la emisión de importantes documentos, que igual no se los ha requerido, porque cuando algún arrendatario o un arrendador quiera ser exigible sus derechos, normalmente bajo la expectativa de un acuerdo verbal, tenga luego que preestablecerlo de manera escrita para formalizar, en este caso, una acción judicial. Las cifras del tratamiento de las controversias de inquilinato no son mayormente relevantes.

Y me parece que uno de los elementos respecto de la imposibilidad de generar el acceso de la justicia para resolver estos problemas, que bien se los podría resolver bajo el mecanismo que han propuesto de la mediación, debe ser un requisito obligatorio. Que si bien la mediación es un proceso voluntario sujeto a las condiciones que puedan establecerse, creo que es indispensable y obligatorio el hecho de que la norma contemple de que en todo conflicto de inquilinato, de arrendamiento, y que tenga como concepto básico el uso para fines residenciales, tiene que someterse obligatoriamente a la mediación.

Yo comparto con la posición de la compañera Rafa, en el sentido de que este debe ser un requisito para proponer una acción judicial. Y si no llegaron a un acuerdo respecto de este entendimiento en la mediación, debe existir al menos la constancia de que se generó la conciliación o el proceso de mediación, pero existió la imposibilidad de llegar a acuerdos respecto de los términos que pudiera reclamar o el inquilino o el dueño de la casa, llamado arrendador arrendatario. Entonces, este requisito sí es indispensable, porque hay que pensar que muchas de las ocasiones un canon de arrendamiento respecto de un cuarto de habitación posiblemente con condiciones mínimas podría costar en alrededor de unos 40, 50 dólares.

Un departamento, lógico, entendiendo con todas las comodidades que pudiera tener, pudiera llegar a costar entre mil dólares o más. Cuando se generen estos requisitos previos para establecer la factibilidad que tiene que dar el Consejo de la Judicatura, hay que entender que tiene que ser un proceso gratuito, porque sepan ustedes quienes posiblemente han tenido la oportunidad de someterse a un procedimiento de conciliación o de mediación, es pagado. Entonces, me parece que más allá de la determinación del principio de proporcionalidad, hay que tomar en cuenta estos criterios a efectos de que puedan ir reglados, normados en la ley y no generar ninguna ambigüedad respecto de estas desproporciones que existirían.

Lo otro tiene que ver que la determinación de las responsabilidades de los niveles de gobierno, en especial los gobiernos autónomos descentralizados municipales, que tendrían en este caso la facultad para establecer el establecimiento no sólo de los máximos o los techos para determinar los cánons de arrendamiento, sino para determinar con esto el certificado de fijación de cánons, la inscripción de contratos y el certificado de inscripción. La norma que se ha propuesto en el proyecto de ley se establece como una cuestión facultativa y dice, los gobiernos autónomos descentralizados municipales podrán.

Me parece que esa determinación de podrá, que si bien no es una competencia exclusiva, sino una gestión concurrente para resolver los problemas de determinadas circunscripciones cantonales, debe dar el empoderamiento como un deber jurídico, es decir, no bajo el verbo rector que podrá, sino que deberá, para que se pueda generar la obligación y que la instancia administrativa del gobierno municipal no sólo sea una instancia de mera tramitología, sino que más bien pudiera articular inclusive la resolución de conflictos que pudieran establecerse entre el arrendador y el arrendatario.

Inclusive, me atrevería a decir que en relación a la misma observación que se ha hecho en quien me antecedió de la palabra, se hablaba respecto del proceso de notificación y el trámite de desausos. Porque es verdad, posiblemente no todos tengamos la oportunidad de generar los problemas que tiene alguien que vive fuera del casco urbano y que tenga que realizar un traslado del notario, del funcionario competente, para ir a citarle el arrendador o el arrendatario a más de 10 kilómetros y en donde la diligencia pudiera costar más que inclusive la sola fijación de un cano mensual de arrendamiento.

Entonces, el criterio que tienen respecto de que sea la notaría la que tenga que interactuar, me parece también que debería revisarse en la medida que inclusive los propios niveles de gobierno municipales pudieran adjudicarse estos trámites que, como digo, son administrativos. Y qué mejor que los niveles de gobierno municipal, el que conoce sus territorios, al momento de establecer esa normativa secundaria, que son las ordenanzas, pudieran un poco establecer una mejor resolución de los conflictos. Y ahí sí, con cierta compatibilidad, establecer que no podemos utilizar al sistema judicial para resolver problemas que posiblemente pudieran volverse intrascendentes respecto de obtener una sentencia para generar la exigibilidad del derecho ya del arrendador, ya del arrendatario.

Entonces, me gustaría comedidamente que la comisión, en el acierto que tienen en este proyecto de ley, pudieran un poco observar estas recomendaciones con la finalidad de adecuar una normativa que permita optimizar la gestión de los gobiernos municipales, flexibilizar los trámites que tengan que realizarse en relación a la fijación, a la inscripción y al trámite de los certificados de arrendamiento, y más que nada pudiera generar, en este caso, si la idea es establecer un grupo vulnerable, siempre van a ser, en este caso, los inquilinos o los arrendatarios.

Mi palabra, señor presidente.

Gracias, asambleísta. Tiene la palabra la asambleísta Nagim.

Tiene la palabra la asambleísta Ana Herrera.

este debate y como siempre un saludo respetuoso y cariñoso para mi provincia, la provincia de Cotopaxi. Hoy no estamos tratando una reforma cualquiera, creo que por eso estas reformas han levantado tanta expectativa a nivel de toda la ciudadanía. Y no es habitual tampoco que en este pleno de la Asamblea Nacional tengamos coincidencias respecto de muchos temas, pero creo que hoy estamos coincidiendo todos en que es absolutamente necesaria una reforma a esta ley del inquilinato. Una ley además que tiene su origen en los años 60, que fue codificada en el 2006, si no estoy mal, pero que más allá de eso no ha sufrido una transformación estructural, por eso estamos discutiendo en este pleno hoy estas reformas.

Y es que durante más de seis décadas aproximadamente, hemos mantenido un régimen jurídico que no está actualizado frente a la realidad social, económica y constitucional además que tenemos en el país. Y hoy precisamente con este debate estamos corrigiendo o intentando corregir precisamente estas falencias. Y es que este proyecto de ley no nace además de manera aislada, es el resultado de algunas iniciativas legislativas que han sido presentadas desde el año 2019. En el periodo legislativo anterior presenté junto a otra legisladora también algunas de estas reformas que han sido acogidas además dentro de este proyecto de ley y que han sido incorporadas e incluso mejoradas en algunos sentidos.

Y como decía, se han unificado varios proyectos de ley desde el 2019, es decir, es un proyecto de ley que recoge el trabajo legislativo que luego ha sido unificado en este texto que ahora se está presentando en este pleno de la Asamblea Nacional. Pero, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Aquí ya hemos hablado, varios compañeros legisladores han hecho mención de las cosas que son más relevantes y en las que creo que vamos a coincidir, así que no voy a profundizar en demasía respecto de eso. Pero se está eliminando, por ejemplo, la remisión al antiguo Código de Procedimiento Civil y se armoniza la ley con el Código Orgánico General de Procesos.

Esto es fundamental para garantizar precisamente la coherencia normativa y la seguridad jurídica. Se establecen definiciones claras para determinar cuáles son las obligaciones y las responsabilidades tanto del arrendatario como del arrendador y se establecen también cuáles son las obligaciones contractuales para el recibir y el entregar el bien inmueble en buenas condiciones, garantizando así una equidad para ambas partes. Se regulan las cláusulas mínimas de los contratos de arrendamiento. Esto, insisto, fortalece la seguridad jurídica y evita precisamente esos abusos contractuales y se establecen condiciones básicas y obligaciones para las dos partes.

Se reforma también el régimen de responsabilidades y reparaciones sobre el inmueble, sobre el bien inmueble. Se incorpora también el derecho de subrogación del arrendatario y esto permite que frente al incumplimiento del arrendador, el arrendatario pueda ejecutar también reparaciones urgentes para recuperar las buenas condiciones de esos valores, además. Este es un avance concreto en la protección del uso efectivo del bien y creo que esto es absolutamente necesario. Se regula también la inscripción de los contratos de arrendamiento. Ya no se queda libre discreción de que solo sea un contrato verbal, sino que ya hay ahí una obligación legal y una obligación de cumplimiento también.

Se incorpora la garantía contractual y ya no deja a libre discreción por parte del arrendador de determinar los meses para establecer la garantía, así como también para establecer la devolución de esta garantía y esto en este proyecto de ley y en estas reformas ya queda claramente establecido. Y esto a mí me parece importante, se establecen mecanismos efectivos de resolución de conflictos teniendo como una alternativa la mediación, que es una medida eficaz que permite de manera más ágil poder resolver conflictos sin que esto imposibilite la capacidad o la posibilidad, valga la redundancia, de que pueda ser llevado también hacia la justicia ordinaria.

Es decir, únicamente prioriza la mediación como mecanismo alternativo sin que esto limite precisamente el acceso a la justicia. Y por último, lo que se está haciendo es corregir un vacío histórico, se actualiza la referencia monetaria que hasta el día de hoy sigue apareciendo en Sucres, cuando ya llevamos más de 20 años dolarizados en el país. Esta reforma, compañeros y compañeras legisladoras, no se puede analizar, como les decía, de una manera aislada, debe ser entendida dentro del marco constitucional y además del derecho internacional, porque el Ecuador reconoce además en su constitución el derecho a una vivienda digna.

Y a nivel internacional, el Estado también está obligado por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como por la Observación General número 4, que establece que la vivienda adecuada implica seguridad jurídica, accesibilidad y condiciones dignas. Y esta reforma precisamente nos permite avanzar en el cumplimiento respecto de esto, pues fortalece la seguridad jurídica, formaliza las relaciones contractuales y genera reglas claras y genera mecanismos eficaces de resolución de conflictos. Es decir, no estamos retrocediendo, estamos avanzando, estamos modernizando y estamos ordenando y estamos sobre todo dando seguridad jurídica a una relación que por décadas ha sido desigual entre el arrendador y el arrendatario.

Y esto nos obliga a que actuemos con responsabilidad jurídica, pero también con responsabilidad legislativa. Y hoy tenemos la oportunidad de hacerlo, por eso es sumamente importante recoger lo que se ha dicho en este pleno y recoger la propuesta que ha hecho y la moción también que ha presentado nuestra compañera Eliana Correa respecto de hacer algunas correcciones, sobre todo en lo que tiene que ver con corregir la antinomia que existe entre los artículos 1 y 51 respecto al ámbito de aplicación sobre predios y viviendas rurales. Si hacemos y recogemos estas observaciones que se han presentado en este pleno, creo que estaremos presentándole a los ciudadanos una propuesta que sea mucho más completa, que sea mucho más amplia, que pueda de alguna manera garantizar mejor los derechos tanto de los arrendatarios como de los arrendadores.

Por eso el pleno de la Asamblea Nacional hoy tiene la responsabilidad de avanzar, de debatir, por supuesto, de perfeccionar lo que sea necesario y las veces que sean necesarias y de reconocer que el Estado ecuatoriano no puede seguir regulando el arrendamiento con una lógica del siglo pasado como lo estamos haciendo hasta el día de hoy. Legislar entonces en esta materia es legislar sobre sostenibilidad, sobre seguridad jurídica y sobre condiciones dignas de vida para todos y todos los ecuatorianos. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo y celebro que este debate se haya llevado con altura, se haya llevado con madurez y espero también que se lleve con la predisposición y con la apertura de recoger las recomendaciones y las sugerencias que se han hecho el día de hoy en el pleno de la Asamblea Nacional y que una vez vuelva la ley a la Comisión de Justicia se puedan acoger también esas sugerencias y podamos presentar una ley mucho más amplia, robusta y más práctica para todos los ciudadanos.

Gracias, Presidente.

Siguiente, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano que nos vea a través de los medios oficiales. Hoy debatimos sobre la economía que regula la vida de casi un tercio de los ecuatorianos. Según el Censo de Población y Vivienda del 2022, 36 de cada 100 hogares del país viven como inquilinos. Y de acuerdo con los estudios del sector inmobiliario, entre el 2010 y 2025, los hogares que viven en arriendo pasaron de 820 mil a más de un millón. Cuando hablamos de inquilinato, hablamos de una familia que migra a las cabeceras provinciales o quizás a esta capital para buscar mejores oportunidades.

Que en la actualidad se rigen por una ley codificada en el año 2000 y que tuvo un cambio sustancial en el año 2016. Una ley que no rige la garantía, pero que sí se cobra en todos los arriendos del país. Por ello, felicito a la presidenta de la comisión y a todos quienes integramos por todo el trabajo que hemos realizado en las diferentes mesas técnicas. Como joven de la provincia de Loja, entiendo esta realidad porque yo también la viví. Tuve que venir a esta ciudad para poderme formar académicamente y sé lo que significa dejar a mi familia, a la casa y sobre todo enfrentar cada mes el pago de un arriendo.

Y este es el ejemplo de muchos jóvenes en nuestro país. Basta con leer su primer artículo. La ley vigente dice que regla las relaciones derivadas de los contratos de arriendo y de subarriendo. De locales comprendidos en los perímetros urbanos. Habla de locales, habla de perímetros y sobre todo de trámites, pero no habla de personas. Por eso es importante trasladarnos en la reforma del artículo 1. En donde cambiamos el fondo, porque la ley regula las relaciones jurídicas de los derechos y las obligaciones de las partes. Con un propósito expreso.

Asegurar el equilibrio de las relaciones arrendaticias y prevenir las prácticas abusivas. Por eso quiero mencionar seis puntos esenciales. El primero, hoy la ley se rige bajo la costumbre, más no por la ley. Los propietarios fijan un monto y ellos deciden si la devuelven o no. Y casos así se repiten por miles. Con el nuevo artículo 27.7, la garantía no podrá ser superior a dos cánones de arrendamiento. El arrendador tendrá cinco días para justificar por escrito cualquier descuento que se haga por algún daño. Si no lo hace, tendrá que… no hay ningún precio por descontar.

La devolución debe hacerse en un término de 15 días y si el desgaste natural del bien no podrá cobrarse. El segundo, sabemos que existen muchos problemas en los departamentos anoblados que están en renta. Por la falta de un método objetivo al momento de evaluar el estado inicial de los electrodomésticos. Por lo cual, dificulta determinar los daños posteriores. Es por eso que el nuevo artículo 27.1 hace obligatorio un inventario con registro fotográfico, el estado y sobre todo el valor de cada bien. Si el arrendador no lo hace, él será la persona que tenga que probar en qué estado los entregó.

Como tercero, importante mencionar, hay familias que viven con ciertas filtraciones de agua o instalaciones peligrosas. Por lo tanto, los arrendadores que cortan el agua o la luz para presionar una salida, la reforma actúa de la siguiente manera. El artículo 4 obliga a responder en 15 días a una notificación de reparación y permite que el juez ordene la reparación inmediata. El artículo 5 permite al inquilino, si el dueño no cumple en hacer la reparación, se deberá descontar del arriendo que paga cada mes con un 10% de la mora por no hacerlo.

El artículo 6 sanciona con una multa de un cano o de tres en caso de residencia a quien suspenda los servicios básicos o perturbe el uso de la vivienda. Y como cuarto, el nuevo artículo 18 prohíbe expresamente que el cano se incremente de manera unilateral. Si lo hace, deberá hacerlo cada año y como máximo sin superar el límite de la ley. Y el quinto, algunos propietarios reportan daños en sus bienes inmuebles, lo que ha provocado alguna pérdida en los ingresos por renta. Por lo tanto, el artículo 7 hace responsable al inquilino por los daños que causen y sobre todo el artículo 33 y 33.1 convierte el desahucio en un trámite notarial de manera ágil.

Y como sexto y como último punto, la mayoría de los arriendos en el país se hacen por palabra y eso abre a muchos abusos en ambos sentidos. El artículo 27 fija un contenido mínimo en el contrato y además en su numeral 3 al 6 dan al contrato electrónico la misma validez que al contrato físico. Colegas, dos consideraciones. Esta reforma respalda los contratos vigentes, escritos o verbales según la transitoria primera. Y como último, tampoco deja desprotegido a quien no tiene un contrato porque la relación de arriendo puede probarse por otros métodos.

Por loja, por el país, mi palabra, señor presidente. Muchas gracias.

Y, de hecho, yo empecé mi intervención en este segundo debate hablando de voluntad, responsabilidad y madurez política. Y eso es lo que estamos demostrando en este pleno. Eso es lo que estamos demostrando en este debate. Y también visibilizar la importancia de modernizar esta ley tan importante para las familias ecuatorianas. Creo que todos coincidimos que esta ley es sumamente importante y el espíritu de la ley, lo que pretende la ley, preservar a toda esta figura de material inclinato, coincidimos. Sin embargo, todas las leyes son perfectibles. Y así como en la mesa técnica de la Comisión de Justicia siempre se da la voz a cada uno de los integrantes de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, la excepción en este pleno de la Asamblea Nacional no será diferente.

No será diferente y por eso, señor Presidente, debido a todas las observaciones que se han dado este día, solicito que de acuerdo al artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se retorne a la Comisión para poder hacer estos cambios que aquí en este pleno se han remitido. Muchísimas gracias.

Gracias, gracias asambleísta. De acuerdo con el artículo 61 de la ley orgánica legislativa, se suspende el debate y se suspende el punto del orden del día a fin de que regrese a la comisión para que analice los cambios e incorporen los sugeridos. Señor secretario, vamos al siguiente punto del orden del día, por favor.

Quiero iniciar manifestando que cuando las mafias arremeten, cuando la muerte arremete todos los días, cuando el crimen organizado nos ataca a todos los ecuatorianos, no hay absolutamente nada que celebrar, nada que celebrar, pero tampoco significa que podemos olvidar las cosas. Y en este sentido tenemos que tener en cuenta que solamente desde el año 2020 al 2025, en ese pequeño periodo, 275 policías valientes de esta patria fueron asesinados. En ese mismo periodo, 12 fiscales, 4 jueces asesinados. En ese mismo periodo, 48 militares, de los cuales seguramente ustedes recordarán, colegas, los 11 militares que fueron asesinados ahí en el Alto Punino arriesgando su vida.

Todos ellos sabían a lo que estaban expuestos, pero tomaron una decisión firme de no dar un solo paso atrás. Y eso no nos podemos olvidar. Sería un error. Hace muy pocos días y hasta el día de hoy ha estado a cabo en nuestro país una delegación italiana. Y vaya que Italia es uno de los muy pocos países en el mundo que le ha enfrentado a la mafia de una manera tan radical y tan fuerte y ha conocido de frente cuál es el precio de enfrentar a la mafia, al punto en que ellos han declarado un día para conmemorar precisamente la memoria y el compromiso con las víctimas del crimen organizado.

Y escuchen esto, compañeros asambleístas, la Cámara de Diputados italiana, por unanimidad, aún siendo de diferentes bancadas, teniendo diferentes visiones, votaron por unanimidad. Y lo aprendieron y lo hicieron bien. Lo hicieron bien. Porque ellos saben perfectamente cuál es el costo de darle lucha al crimen organizado. Y no hay peor cosa que olvidarnos de lo que pasa, porque eso sería rendirse. La mejor forma de no rendirse es recordando. Lo otro, yo estoy consciente de que seguramente, colegas asambleístas, esta fecha no reemplaza, pues, una política pública de seguridad.

Probablemente una resolución no acaba con el crimen organizado de ninguna manera. Eso se combate con inteligencia, reforzando las leyes como estamos haciéndolo desde la Asamblea Nacional y sobre todo con cooperación internacional. Cooperación internacional que a la vista la tenemos, pues, tenemos a muy pocas horas un ejemplo con el país vecino de Colombia que con una buena coordinación interinstitucional e internacional nos ha permitido detener nada más y nada menos que a los financistas de grupos armados del país como son los choneros a través de la esposa y la hija de alias Fito.

Pero no nos podemos hablar, no nos podemos dejar de concentrar en cosas mucho más pequeñas y silenciosas que para algunos ecuatorianos no significa nada. Muchos se quejaron de la medida del toque de queda. Y el toque de queda ha dado resultados de manera silenciosa en muchas ciudades de este país. Ese toque de queda en tres semanas del mes de septiembre ha permitido hacer más de 2.500 operativos en este país. Ha logrado detener a más de 1.400 personas y 110 de esas personas pertenecen a los grupos más peligrosos como son los lobos, los choneros, los tiguerones, las águilas y los lagartos.

Esa es la labor que han hecho nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en un toque de queda. Pero lo más importante de esto es que se recuperaron a 25 personas que se encontraban secuestradas. Eso significa que 25 familias, si nos ponemos la mano en el corazón, tuvieron la suerte y la dicha de recibirles con vida a sus seres amados. Y eso es solamente la mitad de este día. La otra mitad de este día la construimos nosotros desde esta Asamblea Nacional cuando aprobemos la ley antimafias y cuando aprobemos otro tipo de leyes que sin duda le darán herramientas a la Policía y a las Fuerzas Armadas.

Lo que vamos a votar hoy en día, colegas asambleístas, es muy sencillo. Que este Pleno de la Asamblea Nacional y que el país entero le dé un mensaje fuerte a los ecuatorianos, un mensaje potente, que quien enfrenta al crimen organizado en nombre del Ecuador nunca sea olvidado. Ya lo hizo Italia y el día de hoy les pido, compañeros asambleístas, que lo hagamos por unanimidad en este Pleno de la Patria Ecuatoriana. Muchísimas gracias, presidente y colegas asambleístas.

Gracias, señorita. Tiene la palabra la asambleísta Noemí Cabrera.

Recuerdo, es una resolución, tenemos máximo cinco minutos para intervenir y voy a controlar el tiempo. Siga por favor, asambleísta.

orden del día para poder atender la crisis de inseguridad y los avances de la violencia que están viviendo todos los ecuatorianos, pero principalmente la provincia del Oro. Pero como es de costumbre, aquí no les gusta tratar de temas que incomodan al gobierno. Este punto del orden del día, ¿acaso es una coincidencia? Ahora, dos meses antes de las elecciones, quieren volver a tratar este tema y nos referimos a la captura de familiares de un delincuente conocido en Colombia. Sí, en Colombia, lo que significa que salieron tranquilamente por las fronteras de nuestro Ecuador y que hay que recordar que en el año 2024 fueron deportados desde Argentina y que al final fueron puestos en libertad burlándose de la justicia ecuatoriana.

Y si vamos a hablar de cooperación y seguridad, hablemos de las 821 muertes violentas en la provincia del Oro, en lo que va del año. De las 172 atentados con artefactos explosivos y 40 ataques a locales comerciales. Esas cifras evidencian la realidad de la seguridad, pero hay que ir más allá del show y resolver realmente los problemas que están acabando con nuestras ciudades, que están desintegrando a nuestras familias, están acabando con el turismo, con el comercio y que el gobierno nacional y las entidades de seguridad no le están dando respuesta a los ecuatorianos.

El toque de queda aplicado en la provincia del Oro desde el 17 al 30 de septiembre de este año restringió la circulación desde las 12 p.m. hasta las 5 de la mañana. Pero al final la Policía Nacional en la provincia del Oro reportó 52 asesinatos en esos 14 días del toque de queda. El gobierno debe explicar cuál es el resultado de los 14 días del toque de queda. Y le recuerdo al gobierno nacional que los operativos son indicadores de acciones, pero los ecuatorianos necesitamos indicadores de tener paz a los ecuatorianos, pero principalmente a nuestros hermanos orenses.

Los ecuatorianos no estamos pidiendo privilegios, estamos reclamando garantías básicas para poder trabajar, para poder caminar, para poder regresar a casa sin miedo, para poder vivir en paz. La seguridad no puede depender de anuncios rimbombantes, ni fotografías y mucho menos paseos en helicópteros. Hoy, desde esta Asamblea, nuevamente reclamamos algo elemental, que el Estado debe volver a ocupar las calles, que la policía y que dejemos de nuestros hermanos orenses seguir poniéndolos muertos en las calles. ¿Cuándo van a militarizar Puerto Bolívar? Las organizaciones criminales deben ser investigadas y desarticuladas, que quienes financien la violencia tienen que ser perseguidos, no más impunidad, legisladores.

No podemos acostumbrarnos a vivir con miedo, porque detrás de cada cifra hay una vida, porque detrás de cada asesinato hay una familia, detrás de cada extorsión hay un trabajador con miedo. Lamentablemente vivimos en un Estado fallido. Díganle la verdad al país. A este gobierno le quedó grande el hecho de proteger a los ecuatorianos. Le quedó grande luchar contra la corrupción. Son campeones para darnos excusas mientras nos desangramos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.

de amnesia de lo que se vivió hace algunos años en el país y precisamente quiero decirles los resultados porque hay que hablarles con cifras. El 30 de septiembre concluyó el toque de queda, más de 2.500 personas aprendidas, 8,1 toneladas de droga decomisadas. Si estos resultados no son nada para ustedes, me imagino porque están de lado de aquellos que infringen la ley, de aquellos que aterrorizan a los ecuatorianos y también aquellos que han sido devueltos al Ecuador para pagar sus penas, para pagar lo que han hecho por el país.

Entonces no entiendo cómo una legisladora puede decir que no hay resultados en toque de queda, que no hay resultados de las acciones que cumple nuestra policía nacional y nuestro ejército con total valentía y responsabilidad. Y cómo también decir cuando votan en contra de una ley tan importante como la que debatimos el día martes sobre el reclutamiento, la prevención del reclutamiento de nuestros chicos. Ahí se aumentaba la pena para los reclutadores de 22 a 26 años y ustedes se lavaron la cara y votaron en abstención. Así que no vengan a decir que no hay resultados.

Sí hay resultados cuando se trabaja con conciencia. Sí hay resultados cuando entendemos que aquí en la Asamblea Nacional nos puso los ecuatorianos a través de sus votos, no un delincuente de Bélgica que suele llamarles para tomar la decisión en la votación. Así que estos son los resultados y vamos a seguir nosotros proponiendo leyes para asegurar el bienestar de cada ecuatoriano y vamos a seguir trabajando de la mano del presidente Daniel Novoa su bloque de seguridad. Por lo que ellos hacen en cada allanamiento es arriesgar su vida.

Si para ustedes eso no significa nada, para nosotros sí y seguiremos defendiendo la soberanía de nuestro país y a cada ecuatoriano que confía en nosotros.

Gracias, asamblevista. Tiene la palabra la asamblevista Mónica Alemán.

Hoy, precisamente, el oficialismo nos pide declarar el 15 de noviembre como Día Nacional de la Lucha contra el Crimen Organizado y un reconocimiento a la memoria de las víctimas. Y yo quiero decirles una sola cosa, colegas, ¿con qué cara? ¿Con qué cara? Porque hace apenas tres semanas, el 7 de septiembre, el Consejo de la Judicatura, que va muy de la mano con el Ejecutivo, en una sola sesión extraordinaria y por unanimidad, suprimió la unidad judicial, el tribunal y la sala especializada en temas de corrupción y crimen organizado.

Los tres de un solo plumazo, con una resolución administrativa. Y hoy quieren declarar la lucha contra el crimen organizado, cuando ayer el Consejo de la Judicatura eliminó las unidades judiciales que juzgaban esos crímenes. Hoy quieren homenajear a las víctimas y ayer dejaron solo al juez Serrano. Y hay que recordar que el juez Serrano, que además denunció que un funcionario de la propia Judicatura, Gaivor, lo presionaba por favorecer a ese procesado. Recibió intimidaciones y, sin embargo, lo dejaron solo. El Estado le retiró la custodia y, sí, colegas, el 15 de diciembre tuvo que salir.

¿Por qué? Porque el Estado que ustedes lo dirigen lo abandonó y no fue el único. En julio de este año, el Consejo de la Judicatura suspendió a los jueces Silvia Velasco, Bayron Muscati y Willer Choez, también jueces de la sala especializada, para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. Entonces, miren la secuencia, porque no es casualidad. Primero quitaron la protección a un juez, después quitaron los derechos laborales a los otros tres jueces y toda la protección que, lógicamente, su cargo lo exigía. Y ahora, la solicitud de la declaratoria que hoy estamos debatiendo, dice que este día será en memoria de los fiscales, jueces, policías y militares que perdieron la vida frente al crimen organizado.

Estoy pensando en los 26 jueces, fiscales y servidores judiciales asesinados en el 2020. Y les pregunto, ¿qué homenaje es este? Si al mismo tiempo están desmantelando el lugar donde se juzgan con especialidad los crímenes por los que ellos murieron. Por eso, si de verdad quieren conmemorar la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, propongamos algo. Primero, exhortemos al Consejo de la Judicatura que cumpla la ley y derogue la resolución 187-2026 que suprimió las judicaturas especializadas en corrupción y crimen organizado. Segundo, que el Pleno de la Asamblea Nacional disponga a la coordinación de asesoría jurídica de esta institución que elabore la demanda de inconstitucionalidad en contra de la resolución 187-2026 y que todos los 151 asambleístas con nuestra firma la presentemos en la Corte Constitucional.

Así como lo hicimos ya con nuestras compañeras Viviana Veloz y Paola Cabezas. Nosotros ya pusimos la firma, ahora nos corresponde a todos como institución. Veamos entonces si en serio se quiere luchar contra la corrupción y conmemorar esta batalla. Porque el 15 de noviembre las víctimas no necesitan un minuto de silencio en esta asamblea, necesitan jueces que juzguen estos delitos y un Estado que los proteja. Gracias, Presidenta.

No se puede. Uno quiere conmemorar un día que no debe quedarse solamente en declaraciones, sino en hechos. Y ya comienzan con la típica.

cantalete toda la vida

¿Qué es lo que hemos hecho desde la Asamblea Nacional? Ya les voy a contar, pero hay que entender que las fechas conmemorativas no tienen que quedarse solamente en felicitaciones. Hoy, por ejemplo, el Ecuador celebra el Día del Pasillo. Seguramente ya han de estar en el TikTok los que son amigos del TikTok diciendo, ¡Viva el Pasillo Ecuatoriano! ¡Viva Julio Jaramillo y Olgamos del Pasillo Ecuatoriano! Hoy estamos celebrando también el Día del Adulto Mayor. Ya deben estar diciendo, ¡ay, qué trabajar! Oigan, ya comienzan con la leguleyada aquí ustedes de decir que no se está haciendo nada.

Bueno, les voy a contar qué es lo que hemos hecho sin el voto de ustedes. ¿Qué les parece si es que hablamos, por ejemplo, de la ley de inteligencia aprobada en esta Asamblea Nacional para darle instrumentos al Estado, para que ataque al crimen organizado sin el voto de quién?

De los señales.

Y encima más, que no hubo los votos y felizmente se impuso la mayoría, la Corte Constitucional echa abajo varios artículos diciendo que se viola el derecho a la intimidad de los delincuentes y por eso hasta ahora la Corte Constitucional no resuelve ese tema. La Ley de Solidaridad Nacional salió a la Corte Constitucional a decir que ha habido falta de deliberación democrática y salieron con las leguleyadas propias de los abogados que ustedes contratan para que les den hablando y se echaron abajo la Ley de Solidaridad Nacional que hablaba del respaldo a las Fuerzas Armadas.

La Ley de Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas ya está teniendo resultados, ya se está entregando a la policía, patrulleros, armamento, munición y todo lo necesario a partir de esta ley que ustedes decían que era caridad para las Fuerzas Armadas. ¿Con el voto de quién? De nosotros. ¿Sin el voto de quién? De ustedes. La Ley de Solidaridad para proteger los sistemas informáticos. ¿Con el voto de quién? Nuestro. ¿Sin el voto de quién? De ustedes. La Ley de Uso Delictivo de Uniformes. Decían que no, que cómo se va a trabajar sobre eso, que más bien hay que trabajar en proyectos sociales para que...

Y toda la cataleta de toda la vida. ¿Con el voto de quién? De nosotros, no de ustedes. El apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. A pesar de que el pueblo ecuatoriano en consulta popular se pronunció diciendo que se haga la ley, ustedes se pusieron sabrosos, se pararon en dos patas y dijeron que no iban a votar por eso. Y dicen aquí que no se hacen cosas. Cuando nosotros desde la Asamblea Nacional somos lo que tenemos que hacer. Ese tipo de normativas. Ya viene la ley antimafia, veamos cómo votan.

Ya viene la reforma al Código Orgánico Integral Penal, ya veremos cómo votan.

Claro, doña Gabriela les dispone.

ustedes que voten todo el colo. Pero de ahí vienen a adorar y a decir cosas. Yo quisiera, presidente, todavía me queda alguito de tiempo, más bien hablar de los resultados, de las cosas buenas que hemos hecho. Por ejemplo, la ley de fortalecimiento del sistema penitenciario. Con su venia, presidente, mientras voy hablando porque el tiempo es corto, quisiera que se proyecte algo que ya se está haciendo también a partir de las leyes que hemos sacado aquí, que a ustedes no les interesa. Ustedes se oponen por oponerse porque doña Gabriela dispone.

El 28 de septiembre, presidente y pueblo ecuatoriano, les hablo a ustedes y a mis compañeros porque acá es hablarle a la pared. Ya se sacó el reglamento para la reubicación de los delincuentes en las cárceles. Aquellos delincuentes que ustedes mezclaban todo con todo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando ustedes ponían a los delincuentes de acuerdo a la banda a la que pertenecen en el pabellón 1 Choneros, en el pabellón 2 Tiguerones, en el pabellón 3 Águilas y así acorde al pabellón que estaba? Bueno, ahora ya hay un sistema a partir del cual el Ecuador va a tener un sistema en donde los delincuentes van a estar distribuidos en función de su peligrosidad alto especial, alto, medio y bajo.

Y en el sistema bajo vamos a arrancar ya con el sistema de trabajo y producción para que los delincuentes puedan trabajar y puedan verdaderamente rehabilitarse mientras que los de las mafias sigan tras las rejas. Qué poquito tiempo son, cinco minutos, presidente, pero voy a utilizar lo más que puedo para que se den cuenta que esto no es de retórica ni de discursos bonitos. Aquí están algunos de sus amigos que han sido capturados en esta época de combate al crimen organizado. Para quienes tienen cámara, por favor.

¿Sí le conocen o no? ¿Le han visto? Adolfo Macías alias Fito. Capturado y extraditado. Extraditado cuando decían que la ley de extradición no hay que sacar porque no va a servir de nada. Capturado y extraditado. Federico Gómez alias Fede. Es que a ustedes mismos se les escapó, han de decir los K9 que tienen en las redes sociales. Bueno, capturado y procesado. El señor Roberto Álvarez alias Gerente, capturado y procesado. El señor Wilmer Chavarría alias Pipo, capturado y procesado. Darío Daniel Peñafiel alias Topo, capturado y procesado.

El señor Paul Gómez alias Gordo Paul, capturado y procesado. Javier Macías alias Javi, capturado y procesado. Carlos Suárez alias Gato Negro, capturado y procesado. Francisco Bermúdez alias Churón, capturado y procesado. Juan Carlos Mancilla alias La Guareña, capturado y procesado. No hay resultado, ¿no? No hay resultado. Y resulta que dicen que estos se nos han escapado, que estos se nos han ido. Acuérdese usted lo que pasaba con los jueces, que dejan sin procesar a un ex candidato a la vicepresidencia que tienen ustedes que se fue por Colombia.

Un señor Borja, ¿le suena? Se fue nomás. Ojalá después cuando se le capture no digan, es que se les fue a ustedes mismos. El señor Pedro Delgado se fue al matrimonio de un hijito y se fue nomás. Y no pasa nada, aquí de eso ustedes no dicen nada. Ahí había una fulana que se fue en la gaveta de un carro de una embajada, de la embajada de la Argentina, se fue en un carro de la embajada de Venezuela.

Y no voy a querer cambiar.

Está prófugo de la justicia. Cuando la capturemos, ojalá ando bien, a ustedes mismos se les escapó. Devuelo la palabra, señor presidente.

Siguiente punto del orden del día, señor secretario.

El debate tiene la palabra el asambleísta Javier Ordóñez.

asambleístas que hacer una resolución, el tiempo máximo en este punto también es de cinco minutos. Gracias.

Felicitaciones, asambleista Castro, y felicitaciones a todos quienes votaron a favor. Entrando en el cambio del orden del día, qué grave que le metan la mano al bolsillo de la ciudadanía y que le cobren cada dos segundos algo que ya pagó. Qué grave que sean 45 mil vehículos, de 45 mil a 50 mil vehículos que pasan todos los días y que muchos han tenido que pagar sin darse cuenta, dos, tres, cuatro y hasta 17 veces según lo que vimos en el reportaje. ¿Cuántos millones se están llevando?

¿A dónde van esos millones? ¿Qué campañas se están pagando? ¿Qué favores? ¿Quién defiende a la ciudadanía si los que deberían estar fiscalizando eso están en campaña? Y felicitaciones al concejal Michael Laulista que acabo de leer que empezó a fiscalizar esto. Pero como tienen cooptado el consejo, los que están en campaña y como saben que se les viene, pues obviamente no le van a dar paso. Muñoz está en campaña, los concejales están en campaña. Pero aunque no estuvieran en campaña, ya conocemos que a ellos, que puntualmente a Pavel Muñoz no le importa la ciudad de Quito.

Por ejemplo, cuando esta semana un concejal pidió que el Consejo Metropolitano vote una resolución para pedirle a esta Asamblea que endurezca las penas a los incendiarios que destruyeron la fauna, la flora y que trataron de incendiar a Quito, ¿saben qué pasó? Se fueron. No tuvieron la cara para defender a Quito, pero no importa eso. ¿Saben por qué, quiteños? Porque en esta bancada y este asambleísta sí los defiende. Y aquí está el proyecto de ley que presentamos para cambiar y endurecer las penas. Para que no le vuelvan a dar seis meses a un incendiario.

Y precisamente por eso este cambio del orden del día, porque no solamente no lo están defendiendo, sino que además les están tombando a los quiteños. A los que usan peajes como el guayasamín y también a los no quiteños, porque como les dije hace un momento, para llegar a Papayacta o a la Amazonía, también se pasa por ahí. Pero como todo en lo que el alcalde que ya se va, hace, hay chanchullos. Para maquillar le cambiaron el nombre, pues a esto del recaudo en el peaje guayasamín, y le pusieron Cantuña.

¿Será porque igual que en la leyenda de Cantuña hicieron tratos con el diablo? Seguro que sí. Yo creo que sí, porque si usamos la calculadora, que siempre le recomiendo al que sabemos, si calculamos que entre 45 mil y 50 mil usuarios pasan por ahí todos los días, sin contar los 17 cobros de exceso, están recibiendo más o menos 20 mil dólares diarios, o sea, 600 mil dólares mensuales, o sea, 7 millones 200 mil al año solo por ese peaje. ¿Para qué debería servir esa plata? Pues para tener en óptimas condiciones las carreteras aledañas o las que salen de ahí.

Por ejemplo, para la Sibión Bolívar. Por ejemplo, para darle mantenimiento a la Ruta Viva. Que ahora sí se está dando, pero ¿saben por qué? Porque están en campaña. Pero lo que están haciendo en realidad es regalar la plata, como le están regalando a los buceros 23 millones de dólares. Eso es no querer aquí. Eso es querer la reelección al precio que sea. Y cuando les hablo de pacto con el diablo, ya les conté que antes de convertirse en Cantuña, este procedimiento, este proceso, tenía un ganador.

Pero se dieron de baja al ganador que concursó en el CERCOP y logró la adjudicación. Y como el perdedor puso una demanda en Yaguachi para bajarse al ganador, obviamente ese juez era amigo de Pavel Muñoz. ¿Y saben también de quién era amigo? Del que te faltó Andrés Castillo. Del que también está capturado y procesado, Jorge Glass. Ese te faltó. Ahí, como sí les convenía ese cambio, reconocieron la competencia de un juzgado de Yaguachi para que la empresa que ahora está detrás de estos cobros gane. Pero cuando salió esto a la luz y resulta, que se me estaba pasando, que esta misma empresa es la que maneja otros peajes.

Y como también es amigo de Muñoz, también es amigo de Tonelui Pavón. Yo estoy encontrando muchas cosas como siempre y todo lo voy a sumar a este proceso. Ese juez corrupto fue destituido. Y el nuevo juez dijo que en verdad estaba mal y emitió una nueva sentencia. Pero ¿ahí qué pasa? ¿Saben qué sucede? No reconocieron la sentencia porque no era de un juzgado de Quito, sino de un juzgado de Yaguachi. Solo cuando les conviene. Para terminar, señor presidente, quiero llamar la atención de este pleno sobre la situación que está ocurriendo en Quito y puntualmente alrededor del peaje Guayasamín.

Este proceso de contratación, la selección de quienes intervienen en su operación y una controversia judicial que merece por lo menos ser examinada con muchísima atención. Y como ya vimos hace un momento y no tenemos a quienes deberían estar pendientes de eso y si nos faculta, se los leí, si quieren les leo de nuevo, la Constitución, he pasado una moción para que sea votada, señor presidente, para que se inicie un proceso de fiscalización de todas estas argucias que se han presentado basados en el artículo 120, numeral 9 de la Constitución y que pueda ser la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Decentralización, Competencias y Organización de Territorio, quien conozca, así como hicimos, y para los que por lo visto no ponen atención en los debates, así como hicimos con la decisión que tomó el Consejo de la Judicatura, porque aquí sí tenemos trabajo, aquí sí ponemos el dedo sobre la llaga.

Señor presidente, le agradezco por el tiempo que me ha dado y le solicito cuando considere que tome votación. Muchas gracias.

Gracias, asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Héctor Valladares.

Y hablar, el 15 de noviembre del 1922 hubo una masacre, una masacre que tiñó de sangre las calles de Guayaquil por el sencillo hecho de pedir dignidad, salarios justos y horas de trabajo justas. Y no puede ser que se utilice ese día histórico de la lucha de los trabajadores para tener ahora esta declaratoria. Quería decir aquello y ya en este punto decirles que esta bancada tampoco va a permitir que esta asamblea se la siga convirtiendo en un consejo municipal. Muchísimas gracias.

Gracias, Presidente. Buenas tardes con todas y con todos. De nuevo, otra vez las cortinas de humo, otra vez la política de la espectacularización, otra vez queriendo disfrazar la persecución política a los adversarios que no pueden derrotar con la fiscalización, otra vez creyendo que esta legislatura es un consejo municipal ampliado. ¿Quieren fiscalizar al alcalde de Quito? Les respondo de una vez por todas. No tienen competencia, no tienen competencia y ustedes lo saben. Ahora quiero ir a lo jurídico, porque mucho se ha mencionado aquí en este hemiciclo, el artículo 120, numeral 9, en el que dice que nos permite esta Constitución fiscalizar fiscalizar a la función ejecutiva, a la función electoral, a la función de transparencia, pero en ninguna parte nos habla que nosotros tenemos la competencia para fiscalizar a los alcaldes y a los prefectos.

Por eso les pido que leamos la Constitución de forma completa. El artículo 427 de nuestra Carta Política nos obliga a interpretar la Constitución en su integralidad, completamente, no donde a ustedes les conviene. Ahora bien, sobre los gobiernos autónomos descentralizados, ese capítulo se desarrolla precisamente en el quinto de esta Constitución, la organización territorial del Estado, con un régimen propio, la expresión otros órganos del poder público, debe leerse a lo que le acompaña, es decir, los órganos del nivel central y no a los GAPS. El artículo 238 reconoce la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, la autonomía política, financiera y administrativa.

También estas facultades están entregadas a sus consejos en los artículos 240, 253 y 254. La Constitución nunca ha dejado un vacío para que aquí se quieran atribuir una que no les corresponde, y así lo desarrolla el COTAD en sus artículos 56 y 57, literal M. Y el artículo 6 prohíbe incluso además cualquier interferencia sobre esta autonomía por otra función del Estado. El artículo 226 de la Constitución también es claro. Las y los servidores públicos, nosotros los somos, podemos hacer expresamente lo que la ley contempla, lo que la Constitución y la ley nos ha entregado como competencias, que es legislar y fiscalizar y más no estar persiguiendo a los gobiernos autónomos o al alcalde de Quito, para que les quede claro.

Y en derecho público no existen competencias por deducción ni por conveniencia política. La sentencia 122-22-JC-23, esta sentencia desarrolla los límites y la naturaleza de nuestra facultad fiscalizadora. Ojalá entiendan y lean esta sentencia en los párrafos 22, 23, 25, para que otra vez no estén aquí trayendo un proceso de fiscalización que prácticamente es una persecución política. Luego, si el constituyente hubiese querido que la Asamblea Nacional o los legisladores fiscalicen a los alcaldes o a los prefectos, hubiese incorporado aquello en el artículo 131, situación que no está dentro de nuestra Constitución.

Y quiero ser precisa, porque si bien es cierto, en el literal 9 habla de otros funcionarios públicos, eso quiere decir que nos permite solicitar información, pero no iniciar un proceso de fiscalización o de convocar al alcalde de Quito a este hemiciclo legislativo. Es como si mañana el Consejo Municipal quisiera iniciarle un proceso de enjuiciamiento político al presidente Daniel Novoa. Luego allí no se quejen, porque como ustedes están distorsionando la ley, en este país de los despejismos ya no estamos lejos de que un Consejo quiera iniciarle un proceso de enjuiciamiento.

Ahora bien, quiero ir a lo político para ir finalizando. ¿Por qué quieren fiscalizar a Pavel Muñoz? Porque no se arrodilló al gobierno de turno, porque no es una alfombra, porque no es un cortesano de palacio. Y si lo están fiscalizando, ustedes están usurpando una función que no les corresponde. Y quiere decir que el alcalde de Quito está haciendo las cosas bien. No cuenten con nuestros votos para usurpar funciones, para rogar funciones que no nos corresponden, para una inconstitucionalidad, para una ilegalidad. Si quieren fiscalizar, les invito a que demos nuestros votos, dos de ustedes, dos de nosotros, para levantar la reserva de la información de Progen, de Gelbir, de Danus, de los fondos reservados que utiliza el CIES, para fiscalizar por qué se acabó septiembre y llegó octubre, y aún no cumplen con el abastecimiento de las medicinas y de los insumos médicos en los hospitales públicos del país, para fiscalizar todos los contratos llenos de opacidad de este gobierno.

Esa sí que es nuestra facultad para fiscalizar y no el alcalde de Quito. Quito se respeta, Quito es de los quiteños, Quito no es instrumento de persecución política por parte de ustedes. Y ojalá con esto y con todos estos articulados y la sentencia que acabo de mencionar, se entienda de una vez por todas que nosotros no tenemos competencia para fiscalizar al alcalde de Quito o a cualquier otro alcalde y prefecto. Y que el juez de cuentas del alcalde de Quito finalmente termine siendo la Contraloría General del Estado.

Gracias.

Gracias, asambleísta. Ha pedido un punto de información el asambleísta Javier Ordóñez.

en ningún momento hemos dicho que vamos a llamar al alcalde Muñoz, claro que si no lo hacemos después está llorando y dice que no le han dejado hablar. No hemos dicho que vamos a fiscalizar al alcalde, en ningún momento, la resolución no dice esa, entonces se están curando en salud, lo que vamos a fiscalizar es el proceso y las empresas que están metiéndole la mano al bolsillo. Lamentablemente siempre resulta que el que está detrás es Muñoz, eso ya no es culpa mía, si no le gusta que le fiscalicen no robe, ya está, le he dicho mil veces.

Simple y sencillamente hay que aclararle a la ciudadanía, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, no como en las redes sociales del alcalde y de los concejales que salen bailando en lugar de estar fiscalizando, aquí no hacemos eso. Y finalmente, cuando habló de espectacularización, gracias por decir que soy espectacular, lo sé.

Señor asambleísta, señor secretario, certifique si la moción presentada por el asambleísta Ordóñez ha sido ingresada por escrito.

Señor Secretario, dé lectura la moción y tome votación, por favor.