Buenas tardes, señora presidenta, colegas asambleístas. Aprovecho para enviar un saludo a mi querida provincia de Loja. El acceso a una vivienda digna no es únicamente una aspiración social, sino un derecho reconocido en la Constitución. Hablar de vivienda es hablar de seguridad, de dignidad, de estabilidad para miles de familias ecuatorianas que buscan un lugar seguro para el cual llamar hogar. El Ecuador enfrenta desde hace años un problema estructural en materia habitacional. De acuerdo con información oficial, nuestro país registra un déficit habitacional que supera las 700 mil viviendas aproximadamente. Un claro ejemplo es mi provincia de Loja, donde persisten problemas que aún no le han dado solución. Sectores como Ciudad Victoria, El Plateado, siguen enfrentando consecuencias de hundimientos, fallas estructurales que afectan la seguridad de muchas familias. A este escenario se añade una deuda histórica con la gente. Las promesas incumplidas de administraciones municipales anteriores, que generaron esperanzas con supuestos programas habitacionales que nunca se hicieron realidad. Si esta situación ya es preocupante, hoy duele aún más. Los recientes eventos climáticos han profundizado esta realidad. Intensas lluvias, deslizamientos de tierra, el desbordamiento de ríos, de quebradas, han golpeado duramente a varias provincias del país. Y en mi provincia de Loja, la emergencia es evidente y urgente. Cuatro cantones, Puyango, Celica, Pindal, Zapotillo, atraviesan momentos difíciles. Hogares enteros han sido arrasados, llamándose consigo años de esfuerzo. Lo que para muchos era un refugio, su lugar seguro, hoy apenas es un recuerdo. Esta realidad nacional ha dejado a miles de ecuatorianos en incertidumbre. Cuando una vivienda se pierde, no se pierde solo un techo. Se pierde estabilidad, seguridad, se pierde la esperanza. En este contexto, el proyecto de ley reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno para incentivar la construcción de viviendas de interés social y reducir el déficit habitacional, constituye una iniciativa importante que merece ser respaldada. Esta propuesta establece un incentivo fiscal con los parámetros técnicos de precio, superficie, estándares de construcción, que ya están definidos en la norma vigente. Posteriormente, estas podrán ser transferidas a beneficiarios que cumplan con criterios técnicos, garantizando que este beneficio llegue a quienes realmente lo necesitan. Además, para los efectos de las rebajas tributarias, se considera únicamente el evalúo de la vivienda que está construida, excluyendo el valor del terreno cuando ésta sea propiedad del beneficiario. Este incentivo es temporal, aplicándose entre los periodos del 2026 y 2029, lo que permitirá evaluar su impacto y, sobre todo, su efectividad. Considero que este proyecto no únicamente atiende a una necesidad social prioritaria, sino que también actúa como un motor de dinamización económica, al impulsar también la actividad del sector de la construcción, fortalecer las cadenas productivas vinculadas a materiales e insumos, y así también generar oportunidades de empleo. Señora Presidenta, colegas asambleístas, frente a esta realidad no podemos ser indiferentes, no podemos limitarnos a diagnosticar el problema y no dar soluciones. Como lojana y como conocedora de la realidad de mi provincia y del país, creo firmemente que el desarrollo no puede construirse dejando a miles de familias sin un hogar digno. Creo firmemente que nuestro gobierno está liderando y articulando esfuerzos, convocando al sector privado y generando soluciones reales, no solo discurso. Por eso, expreso mi respaldo y la continuidad de este proyecto en su primer debate. Lo hago con la convicción de que esta iniciativa puede marcar una diferencia tangible en la vida de las personas y de miles de ecuatorianos. Hago un llamado claro. Que este debate no se quede solo en lo técnico, sino que se mantenga siempre en el centro a la gente, a las personas, a las familias y a los rostros que están detrás de esta cifra. Hasta aquí mi palabra, señora Presidenta. Muchas gracias.