🕒 0:02 Marcos Humberto Alvarado Espinel (100%)

Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Un saludo a quienes nos ven y nos escuchan a través de los medios digitales y en especial a mi provincia de Los Ríos. Estamos aquí discutiendo el punto 2 del orden del día, una reforma al COIP que pretende sancionar el uso delictivo por el uso de los uniformes. Nadie puede negar que esto es una realidad y que lo vivimos a diario. Se encuentran en las calles delincuentes desfrazados de policía, secuestran, roban y eso es un hecho que vivimos día a día. Pero aquí está la cuestión que no podemos pasar por alto. Este proyecto se convierte, como algunos otros, en un parche más, una colcha de retazos que ya no nos alcanza. Se revisó el informe completo de la Comisión de Soberanía y se leyó las observaciones del Ministerio del Interior, de las fiscalías, de los expertos de seguridad. ¿Y saben qué se encontró? Contradicciones, improvisaciones y un gobierno que no logra ponerse de acuerdo ni con sus propios ministros. Escuchen, el Ministro del Interior dice textualmente que el proyecto original no es jurídicamente necesario ni técnicamente adecuado, son sus propias palabras. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Porque estamos debatiendo algo que el gobierno reconoce que está mal planteado desde el inicio. Miren lo que pasó con las cámaras corporales, para poder revisar. El proyecto original incluía como obligatorias. Pero luego, oh sorpresa, se dieron cuenta que eso implicaba un gasto público, sin iniciativa del Ejecutivo. Violación constitucional al artículo 135. Entonces, la sacaron. Una debilidad más para el sistema de seguridad. Y el sistema de almacenamiento de datos, también fuera. Entonces, la regulación de la homologación de los uniformes, el que se está debatiendo ahora, resulta que debe ir por reglamento y no por la ley orgánica. Lo que nos queda es una reforma que agregue tipos penales sin resolver el problema de fondo. Y aquí viene mi preocupación técnica y más seria. Este proyecto adiciona elementos a tipos penales ya existentes, pero lo hace de manera tan, pero tan confusa, que ni los propios juristas saben cuál será el alcance real. El propio criterio jurídico de ayuda a memoria reconoce, no delimita con claridad y no toma y torna confuso su finalidad como su aplicación. Vamos a crear más delitos que luego no se pueden aplicar porque están mal planteados. Vamos a darle más herramientas a los jueces que ya no saben cómo interpretar el COI, porque está lleno de reformas mal hechas. Estamos en un país que no necesita más leyes. El Ecuador necesita leyes que realmente funcionen. Y para eso se requiere algo que este gobierno parece haber olvidado. Planificación, estrategia y coherencia. La seguridad no se arregla con reformas improvisadas que cada vez hay un caso por un caso mediato. No se arreglan modificaciones al COIP cada tres meses sin tocar la raíz del problema. ¿De qué sirve tipificar nuevos delitos si la Fiscalía no tiene recursos para investigar? ¿De qué sirve subir las penas si los jueces están cuestionados y el sistema de justicia está desprestigiado? Decirlo con otras letras, mientras la cabeza de la Fiscalía y la Judicatura estén más cuestionadas que los propios delincuentes, no hay ninguna ley que realmente sirva. Este proyecto es como ponerle pintura a una casa nueva que se está cayendo, cosmético, publicitario, pero ineficaz. Lo que Ecuador necesita es una política pública seria, financiada con un rumbo claro. No remiendos, no propaganda, no anuncios que se olviden en dos semanas. No me opongo a que se sancione un delito del tema de los uniformes. Me opongo a que sigamos legislando mal a carreras sin pensarlo dos veces. Me opongo a que este proyecto se convierta en una fábrica más de leyes que no sirvan. Si vamos a reformar el COIP, hagámoslo realmente bien. Convoquemos en una mesa técnica seria, escuchemos a todos los actores, redactemos con claridad y sobre todo, tengamos una visión integral de la seguridad, no solo en la conexión de parches. Porque al final del día, cuando un ciudadano es víctima de un falso operativo policial, no le importa cuántas leyes realmente aprobemos, le importa que el Estado proteja la verdad. Y ahí compañeros, estamos fallando. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias. Gracias.