🕒 0:00 Janeth Paola Cabezas Castillo (75%)

Paola Cabezas. Gracias, señor Presidente, porque estaba un poco prevenida. Había pido la palabra. Primero, Presidente, tomarle la palabra. Creo que sí es importante que empecemos a dar muestras de que más allá de las diferencias podemos elevar el debate. Y lo digo públicamente y creo que es de conocimiento público que en ocasiones tenemos la posibilidad, Presidente, de conversar y creo que muchas de nuestras conversaciones han justamente profundizado en esto, en que en cualquier momento esto terminaría implosionando si no había justamente la posibilidad de puntos medios. Así que esperemos que eso pase, porque en realidad el país no merece una asamblea en donde no tengamos la capacidad de respetarnos y no solamente desde las diferencias ideológicas, desde las diferencias étnicas, desde nuestra estética, porque aquí hasta se ríen de las personas por su estética y eso es violencia y nos tenemos que respetar. En ese sentido, señor Presidente, quiero también traer a colación un dato que es muy importante. Justamente el 23 de octubre, esta Asamblea Nacional en esa época, teníamos una sesión en donde trajimos aquí a la ex ministra del Interior, Mónica Palencia, para que rinda cuentas al país sobre la desastrosa labor que había hecho en la cartera de seguridad. Y aquí ella le dio una noticia al país, y como siempre ustedes aplauden, dijo que habían sido detenidos en España dos objetivos de alto valor en coordinación con la policía del Ecuador y con la policía de España. Y todos ustedes aplaudían. Como pasa en muchos casos cuando detienen a líderes de organizaciones delictivas. Y aplaudieron. Aplausos. Hoy tendríamos que aplaudir porque se les fueron. Porque hoy la noticia nacional y regional y en España es justamente que el gobierno nacional no entregó a tiempo la información que permitiría la extradición de estos dos objetivos de alto valor para el país. Entonces, sí, creo que todo el mundo sabe en este momento, se trata del negro Willy, líder de los tiguerones. Ahora bien, yo creería a los colegas asambleístas que están siguiendo el juicio político en el caso de Godoy, que esta debería también ser prueba nueva. Porque tanto la Corte Nacional de Justicia como el Consejo de la Judicatura tenían que entregar la información sumado a la Cancillería y la Procuraduría. Y Ministerio del Interior. Solo quería poner ese dato porque no solo se trata de leyes, se trata de acción, se trata de coordinación, se trata de ponerse a trabajar en estas cosas que no necesariamente necesitan leyes. Y allí es justamente donde siempre van a encontrar voces que les digan que ustedes han fracasado en la lucha contra el crimen organizado y contra la inseguridad. Ahora bien, quiero iniciar esta intervención diciendo claramente que este proyecto de ley obedece a la voluntad popular expresada en las urnas de manera directa. El pueblo ecuatoriano decidió que el Estado debía fortalecer su capacidad para enfrentar el crimen organizado y recuperar la seguridad. Ese mandato democrático no solo es legítimo, es vinculante y merece el respeto de esta Asamblea. Desde ese punto de partida, nadie puede desconocer la gravedad de la crisis de violencia que atraviesa el país. Terminamos el 2025 con más de 10.000 muertes violentas. Información que no coincide entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía porque ahí no hay coordinación y esto demuestra justamente lo que estamos profundizando. Pero respetar la voluntad popular no significa legislar sin responsabilidad constitucional ni convencional, por el contrario, cuando una ley nace del mandato ciudadano, nuestra obligación es mayor. Hacer un mandato ciudadano, nuestra obligación y justamente, técnicamente, desde las leyes con varios cuerpos legales, evitar los abusos, la impunidad o las violaciones graves a los derechos humanos. El apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la seguridad interna no es en sí mismo el problema. El problema es cómo se regulan los límites y con qué controles y con qué responsabilidades. Y ahí es donde el informe para primer debate todavía tiene aspectos que deben ser fortalecidos. Es de conocimiento público que la Policía Nacional está desbordada, pero no solamente desbordada, infiltrada por el crimen organizado. No han hecho absolutamente nada para una depuración de estas instituciones que puedan funcionar de manera articulada. ¿Y qué decir de las Fuerzas Armadas? Que todos coincidimos que en una crisis como esta debe estar trabajando coordinadamente con nuestra Policía Nacional. El tema es que justamente las Fuerzas Militares no están preparadas para enfrentar la seguridad interna. Y eso lo ha demostrado el caso de los cuatro chicos de las Malvinas. Cuando se haga ya pública la sentencia van a ustedes poder conocer justamente lo que decían los militares, que ellos no estaban preparados para eso. Pero los mandaron a ello y es justamente en donde vemos los excesos que en este caso se cometieron contra estos cuatro chicos. las desapariciones y brutales enfrentamientos de la Fuerza Pública con los ciudadanos. La sentencia ya reconoció la desaparición forzada, sin embargo, el asesinato aún no está plenamente esclarecido. Y lo más doloroso es que ese caso no es la excepción. Hoy existen decenas de personas desaparecidas particularmente en provincias como Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, muchas de ellas en contextos de operativos militares estatales. Familias enteras que están esperando una respuesta. Por esto y cuando existe una evidencia de un patrón de abuso, el derecho penal y el derecho internacional y los derechos humanos son claros, el legislador debe reforzar los controles, no flexibilizarlos. En este contexto quiero plantear una observación fundamental que aún no está suficientemente considerada en el informe. Si vamos a legislar sobre desaparición forzada, uso de fuerza, y actuación militar en seguridad interna, no podemos hacerlo únicamente desde la teoría o desde la lógica institucional. Es indispensable que esta comisión escuche a quienes han estado en primera línea en estos casos, jueces, juezas que han conocido procesos de desaparición forzada atribuida a agentes estatales, fiscales que han investigado estas causas y de manera muy especial a los abogados y abogadas de las víctimas. No se puede legislar adecuadamente sobre desaparición forzada si no se ha vivido una desaparición o si no se conocen los elementos probatorios, las trabas institucionales, los vacíos normativos y las estrategias de encubrimiento que han sido denunciadas en estos procesos. La experiencia de las víctimas de sus representantes legales es conocimiento jurídico valioso, no testimonio accesorio. Por eso, desde mi curul hago un llamado claro a la comisión para que incorpore a actores en la construcción de esta ley. Escucharlos no debilita el proyecto, lo fortalece, nos permite cerrar vacíos, anticipar riesgos y evitar que esta norma en el futuro sea utilizada para justificar violaciones graves a los derechos humanos. La experiencia comparada es clara. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha sido reiterativa en señalar que la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna sin controles estrictos y sin enfoque de derechos humanos incrementa el riesgo de ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas y el Ecuador ha sido condenado por estos hechos. El informe reconoce principios como excepcionalidad, temporalidad y proporcionalidad pero todavía no los desarrolla en la densidad normativa que exigen los estándares internacionales. Los plazos amplios, las prórrogas y la ausencia de control judicial reforzado pueden convertir la excepcionalidad en permanente y cuando la excepcionalidad se normaliza el Estado de Derecho se debilita. También debe quedar absolutamente claro que no existe ni debe existir fuero, privilegio o protección corporativa frente a las violaciones de los derechos humanos. La responsabilidad penal individual debe ser inequívoca y la justicia ordinaria debe ser la regla. Este no es un llamado a bloquear el proyecto, al contrario, yo creo que esta es una gran oportunidad en el contexto que vive el país que nos ha tocado a todos. Yo creo que el caso de los cuatro chicos de las Malvinas y los 31 casos de desaparición forzada obliga a nosotros como legisladores ponernos en el centro de las decisiones para que esta legislación permita a las fuerzas militares tener herramientas de actuaciones en este caso y sobre todo yo creo que la ley no es todo, a los militares hay que poner recursos para su capacitación porque todos sabemos que ellos están preparados para la guerra y por eso los excesos, por eso todo lo que hemos tenido que vivir como país con la fuerza pública que tiene que cuidarnos por lo que desafortunadamente justamente los protocolos no han sido los convenientes. La seguridad que el pueblo exige no puede construirse sobre el miedo, sobre la impunidad o el silencio de las familias que buscan a sus desaparecidos. La seguridad democrática se construye con una ley clara, con control civil efectivo y con el respeto irrestricto a los derechos humanos. Este es el desafío que tenemos hoy y todavía estamos a tiempo de cumplirlo con la responsabilidad histórica que tenemos como asambleístas y como Parlamento ecuatoriano. Gracias, señor presidente, gracias, colegas asambleístas.