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Edwin Estuardo Jarrín Rivadeneira (100%)
Muchas gracias, compañero presidente, con un saludo cordial a usted, a los compañeros legisladores, al pueblo ecuatoriano. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en que efectivamente este Pleno de la Asamblea Nacional debata este proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Función Judicial? Así como pensamos en blindar a jueces honestos, a jueces y fiscales que de oficio fundamentalmente actúan en contra del crimen organizado y que a veces son recriminados socialmente o que a veces inclusive se ha visto que acaban con su vida por precisamente tratar de combatir la corrupción. Pero asimismo a esos jueces deshonestos, a esos fiscales que dejan en la impunidad delitos de acción penal pública, como violaciones, como muertes, como femicidios, como narcotráfico también deben ser severamente sancionados. Por eso estoy plenamente de acuerdo con lo que expuesto el asambleísta serrano. Aquel juez que dé la libertad a un delincuente debe ser considerado delincuente y debe recibir la pena privativa de prisión o de reclusión mayor extraordinaria por el delito que ese delincuente cometió. Ya basta de que existan jueces corruptos. En mi provincia, hace días atrás, se cometió un delito de violación y desde la misma fiscalía se filtró la información para que el delincuente, todavía una autoridad de mi provincia, se pueda dar a la fuga y no sea sorprendido y detenido dentro de las 48 horas de flagrancia. Ese tipo de cosas se deben terminar. No puede ser posible que los notarios públicos, pues tengan sendas, mansiones y que estén recibiendo remuneraciones altísimas y que sigan prorrogados solamente por conveniencia de un sector de la justicia. Considero que para nombrar a nuevos jueces y fiscales en el Ecuador debe haber una rigurosidad efectivamente en su selección. No se puede seguir seleccionando a jueces a dedo. No puede, desde la misma función judicial o del Consejo de la Judicatura, direccionar y pedir atención para que ciertos jueces presten atención a casos concretos y los delitos queden en la impunidad. Por eso, compañero presidente, yo quiero felicitar a la compañera Torres por esta propuesta que obviamente debe recibir el respaldo de todos. Sabemos que una justicia que se retarda no es justicia. En mi provincia hay un juicio de más de cuatro años con testimonio anticipado contra una exautoridad corrupta que violó una niña de nueve años. Y desde la misma Fiscalía General del Estado manda un direccionamiento para que ese proceso pase a un fiscal de otra jurisdicción violando la competencia, violando el territorio y violando el debido proceso. Ojalá me escuche el señor fiscal subrogante, ya que no me ha contestado el oficio que le he presentado para que se ponga orden en la fiscalía de mi provincia. Es hora que aquellos delincuentes que han abusado de su condición de autoridades y han cometido delitos deben ir a la cárcel, así como los fiscales y los jueces deshonestos deben irse a la cárcel, no solamente a sus casas. Devuelvo la palabra, señor presidente. Muchas gracias.