🕒 0:10 Eliana Katherine Correa González (100%)

Buenos días, presidente. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Prosiga, por favor. Buenos días, señor presidente, colegas legisladores, en especial a nuestra comunidad migrante en América Latina, el Caribe y África. Antes de iniciar, quiero tomar unos minutos para expresar mi profunda solidaridad con el hermano pueblo de Venezuela ante esta emergencia humanitaria que está atravesando y con la provincia de Zamora, Chinchica. Sabemos los duros momentos por los que están atravesando. Hoy, compañeros legisladores, no estamos aquí para debatir un simple conjunto de normativas comerciales o sanitarias. Estamos aquí para enfrentar con madurez y responsabilidad de Estado a un asesino silencioso que está mermando la calidad de vida de nuestra población. Hoy venimos a debatir la Ley Orgánica para la Atención Integral de las Personas con Obesidad. Y durante demasiado tiempo hemos cometido un error fundamental. Hemos tratado la obesidad como si fuera exclusivamente un problema estético o, peor aún, un fallo de la voluntad personal. Y no estamos debatiendo un tema menor. Estamos frente a la epidemia del nuevo siglo. Según la Organización Mundial de la Salud, las cifras en nuestro país son profundamente alarmantes. La última encuesta de la salud del 2018 nos revela que casi el 65% de los ecuatorianos en edad adulta padecen de sobrepeso y obesidad. Y lo que aún es más doloroso, 35 de cada 100 de nuestros niños ya sufren de esta condición. Si no tomamos y si no actuamos de manera oportuna y pertinente, nuestras proyecciones indican que para el año 2030, 9.8 millones de ecuatorianos van a tener un índice de masa corporal elevado y esto condicionará mayor riesgo de patologías. Durante muchas décadas, la sociedad ha culpado al paciente, asumiendo erróneamente que la obesidad es simplemente una falta de voluntad. Compañeros, la obesidad es una enfermedad crónica, compleja y multifactorial. Por eso requiere una respuesta del Estado que sea contundente y estructurada. Los datos no mienten y la realidad en nuestros hospitales tampoco. Las camas en urgencias y las consultas de patologías crónicas están llenas de pacientes con enfermedades derivadas de la obesidad, como diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y más de 13 tipos de cáncer. Pero el drama más profundo no lo vemos solamente en las estadísticas de los adultos, lo vemos también con nuestros niños. Hemos permitido que las infancias crezcan en entornos obesogénicos y poco saludables. Hoy, una familia promedio le es más fácil, más rápido y más barato acceder a un producto ultraprocesado, cargado de azúcares que alimentos frescos y nutritivos. No podemos culpar al niño de enfermarse cuando su entorno escolar y social lo empuja sistemáticamente a una mala alimentación. Hay quienes argumentan que implementar esta ley solamente tiene un costo elevado para el Estado o para la industria, pero quiero comentarles que no hay nada más costoso que la enfermedad. El costo de financiar tratamientos de diálisis, que para nadie es un secreto en este momento la cantidad de pacientes renales que están en amplia, con muchas dificultades y que no pueden acceder a los tratamientos. Las cirugías cardiovasculares y las horas de trabajo perdidas por discapacidad superan con creces cualquier inversión en prevención. Cuidar la salud pública, de hecho es la política económica más inteligente que podemos tener. Una población sana es una población ampliamente productiva. La salud no tiene color político y detrás de esta ley hay asociaciones de pacientes, sociedades médicas, madres y padres de familia que nos están mirando y han sido parte de la construcción de estos proyectos de ley. A nosotros nos eligieron para proteger a los más vulnerables y para legislar con la mirada puesta en el futuro. Hoy la propuesta que estamos discutiendo se mantiene con un contenido predominantemente programático, declarativo y reiterativo, sin incorporar las herramientas jurídicas suficientes para garantizar la ejecución efectiva de las medidas planteadas. Desde la perspectiva constitucional, el proyecto debe fortalecer la seguridad jurídica, la reserva de ley, la distribución de competencias, el principio de igualdad y la sostenibilidad fiscal. Antes de su aprobación para el segundo debate, resulta indispensable que reformulemos de manera integral este texto normativo, que lo orientemos a sustituir las declaraciones programáticas por obligaciones concretas, por mecanismos efectivos de implementación, por reglas claras de financiamiento, por sistemas de evaluación y esquemas de responsabilidad institucional que nos permita garantizar los resultados medibles y jurídicamente exigibles. Es importante que determinemos quién debe actuar, en qué plazo debe hacerse, qué resultado debe alcanzarse y cuáles son las consecuencias derivadas del incumplimiento. Desde esta perspectiva legislativa, ello provoca que la ley no produzca efectos jurídicos directos, sino únicamente orientaciones políticas generales que pueden ejecutarse aún sin la necesidad de una ley especial. En la práctica, la norma corre el riesgo de convertirse en una declaración con intenciones y sin capacidad transformadora real. Compañeros, estamos en un primer debate y de cara al segundo debate, quiero pedirle a la comisión y a quienes han sido parte de esta propuesta de ley junto a la compañera Liliana Durón que se haga un amplio debate, que se permita incorporar todas las observaciones y que se dé paso a todas las observaciones que ya hemos presentado. Para nosotros, legislar con empatía requiere la participación activa y protagónica de la sociedad civil y de la cadena. Muchas gracias, presidente.