Intervención

Asambleísta Mónica Alemán - Sesión 126

24 de septiembre de 2026 · 7:25 · 2 oradores identificados

Clip oficial con una sola intervención de Mónica Rocío Alemán Mármol.

Transcripción

Transcripción automática: puede contener errores. Cada marca de tiempo lleva a ese momento del video oficial.

0:00 Mónica Rocío Alemán Mármol identificado por rótulo

Esta Mónica Alemán.

0:02 Nathaly Estefanía Farinango Delgado identificado por voz

La asambleísta Christopher Jaramillo dijo que se cambió la relación del Estado con quien tiene una obligación tributaria, tener la posibilidad de defenderse. Interviene asambleísta Mónica Alemán.

0:10 Mónica Rocío Alemán Mármol identificado por rótulo

Es un importante tema que se trata en la Asamblea Nacional en este pleno. Quiero empezar nada más con unos datos que ya lo mencionó una compañera y partiendo de que es información propia del Servicio de Rentas Internas que hoy en la actualidad está 2.359 recursos de revisión esperando respuesta. Y detrás de cada uno hay un contribuyente, es decir, un comerciante, una familia, una pequeña empresa que un día le dijo al SRI, se equivocaron conmigo, por favor revisen mi caso. Y esa gente espera en promedio 480 días, casi año y medio, en espera de que el Estado le dé una respuesta.

¿Y saben qué es lo que está ofreciendo precisamente este proyecto? Más funcionarios.

1:02 Nathaly Estefanía Farinango Delgado identificado por voz

No.

1:03 Mónica Rocío Alemán Mármol identificado por rótulo

¿Plazos más cortos para el Servicio de Rentas Internas de una respuesta? No, les ofrece una negativa tácita. Así como lo escuchan, colegas, si el SRI no le responde en 180 días, su recurso se entiende como negado, no resuelto. Esta reforma no le exige al Servicio de Rentas Internas trabajar más, sino que le permite no trabajar y convierte esa inacción en una respuesta legal. Eso es un premio a la incompetencia de este gobierno, y hay que decirlo así, incompetencia que ya padecemos en la salud, en la educación, en la energía, y que ahora llega también a la administración tributaria.

¿Y quién paga? El contribuyente, el pueblo ecuatoriano. Colegas, aquí creo que no debemos socapar para nada la inoperancia de las instituciones. Esta es apenas la primera factura que esta reforma le está pasando al ciudadano. La segunda, el plazo para presentar el recurso de revisión, se reduce de tres años a uno. Ese es el mecanismo que tiene el ciudadano para permitir que se corrija un error grave del SRI. Y esta reforma se lo recorta a la tercera parte. Y si el SRI no responde, otra vez, negado.

El proyecto que dio origen a esta ley proponía exactamente lo contrario, que el silencio del SRI favoreciera al ciudadano. Y que se hizo, pues prácticamente se lo invirtió. Pero, una vez más, este lado del oficialismo se está mostrando que la institución falla, es a favor del Estado y no a favor del ciudadano que está esperando una respuesta. Y quien paga nuevamente, el contribuyente. La tercera, respecto a las devoluciones, se acorta el plazo para que el SRI devuelva lo que el ciudadano pagó de más, y eso está bien.

Pero en la misma norma, si el SRI le niega la devolución, el ciudadano que hoy puede reclamar, en cualquier momento, tendrá apenas 20 días hábiles. Le damos un derecho con una mano y, lógicamente, se le quita el derecho y se lo borra con la otra mano. Y quien paga, otra vez, el contribuyente. La cuarta omisión, y es una de las que realmente debería avergonzarnos, es que una de las iniciativas unificadas en este proyecto proponía algo sencillo. Y justo, que el SRI, la aduana, los municipios, no puedan retener el dinero de la cuenta bancaria de un ciudadano sin notificarlo antes y sin darle al menos 20 días para pagar o pedir facilidades de pago.

Piensen en esa persona que va al banco a retirar su dinero para pagar el arriendo, para comprar las medicinas de su familia, y le dicen, sus fondos están retenidos. Sin explicaciones, sin un aviso previo. Esa protección no está en el texto que se está discutiendo en este momento. Y hay un último punto que quiero plantear con mucha precisión. Esta reforma cambia las reglas del pago indebido, del pago en exceso y de las devoluciones. Es decir, cambia las reglas con las que el Estado reconoce que alguien pagó de más y le devuelve dinero público, y no incluye un solo artículo que limite que esos beneficios sean aprovechados por quienes tienen claros conflictos de interés.

¿Por qué importa eso? Porque aquí hay que tener memoria. En el año 2025, esta asamblea aprobó una ley cuyo primer beneficiario fue el presidente Novoa. Con la remisión tributaria, las deudas de sus empresas con el SRI pasaron de 94.6 billones de dólares a cero. Y esa fue la ley que eliminó la prohibición de que las empresas vinculadas al presidente y máximas autoridades del Estado se acogieran a esos beneficios. Y hay más. El 1 de octubre del año 2025, la familia del presidente Novoa publicó un comunicado que el propio mandatario incluso lo compartió en sus redes y lo dice textualmente.

La deuda con el Estado es cero. La deuda que tienen esos malos elementos de la función pública es incalculable. Incalculable, colegas. ¿Y saben quién había sido designada directora del SRI y apenas seis días antes de ese comunicado? Quien hoy dirige a esos funcionarios públicos que según la familia Novoa tiene con ella una deuda incalculable. Alexandra Navarrete, quien según información pública fue gerente tributaria del grupo empresarial de la familia del presidente Novoa. Es decir, aquellos que según la familia le deben una deuda incalculable, como lo dice en su comunicado, hoy tienen como jefa a su antigua gerenta tributaria.

Y se va a aprobar una reforma a las devoluciones, al pago indebido y el pago en exceso sin una sola salvaguarda. Con ese presente, aprobar esta reforma, lógicamente sin una regla que impida el beneficio particular de las máximas autoridades del Estado y de sus empresas, realmente parecería que no es un desculpa. Y sería un error que se aprobara eso. Es una irresponsabilidad que seguirá erosionando la poca confianza que la ciudadanía tiene en este gobierno, que aprueba leyes lógicamente direccionadas a favor de pocos. Señora Presidenta, esta reforma, señor presidente, esta reforma al ciudadano que espera, le dice negado.

Al que reclama, le recorta los plazos. Al que le retienen la cuenta, ni siquiera le explican por qué. Eso no es una ley de garantías, es una ley que le quita al contribuyente más de lo que da. Por eso, también nuestro voto, consideración de esta bancada, es en contra de esta reforma, porque nosotros sí estamos del lado del ciudadano que espera y no de la institución que no trabaja. Gracias, presidente, por la palabra.

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