Sesión No. 117-AN-2025-2029 del pleno de la Asamblea Nacional

Buenos días. Bueno, este mecanismo ya está activado a partir de la consulta popular en abril de 2024, en donde la gente mayoritariamente, con un 70%, se pronunció a favor de esta complementariedad. Hoy lo que buscamos en esta Asamblea Nacional es respaldar esta voluntad popular y darle las herramientas jurídicas para que pueda haber este apoyo complementario con límites, también con atribuciones, pero que se conozca específicamente en qué roles va a operar las Fuerzas Armadas en la seguridad interna. Roles establecidos en el anexo de la pregunta de la consulta popular que son narcotráfico, trata de personas, extorsiones y los demás delitos conexos que conlleva el narcotráfico.

Bueno, primero debe haber esta grave conmoción interna para que puedan activarse, el COSEPE debe indicar justamente lo que está sucediendo para que haya la actuación complementaria de las fuerzas militares hacia la Policía Nacional para controlar en el caso de que se presente, por ejemplo, un motín dentro de los centros penitenciarios.

Correcto, más que nada lo que nosotros buscamos aquí es que haya transparencia, una correcta fiscalización también, capacitación adecuada para las Fuerzas Armadas. Cuando hablamos de fiscalización hablamos de la Corte Constitucional, hablamos de la Asamblea Nacional, como quienes son quienes deben vigilar que haya la transparencia necesaria, que las actuaciones estén dentro de los derechos humanos y lo que enmarca la ley también.

Límites de temporalidad que están ya planteados en la consulta popular, que son 180 días, con la posibilidad de que se extienda 30 días más en el caso de ser necesario.

Muchas gracias a ustedes.

Muchas gracias. Sin duda, mientras el crimen organizado se va fortaleciendo, el Estado tiene que fortalecerse mucho más. Y si es que tenemos a las Fuerzas Armadas como un medio que fortalezca a nuestra Policía Nacional, que complemente ese trabajo, obviamente hay que darle todo el respaldo necesario. Sin duda no se lo puede hacer teóricamente. Hay que hacerlo por escrito, hay que hacerlo normando y regulando esa participación, porque el país debe entender que la policía tiene una tarea, está formada para esa tarea. Nuestras Fuerzas Armadas tienen otras tareas y están formadas para esas tareas.

Por lo tanto, deben articularse de la mejor manera, insisto, para que no se puedan cometer errores que mañana puedan ser vistos desde afuera como un pretexto para poder atacar la intervención militar.

Hay gente que mira con buenos ojos la participación de las Fuerzas Armadas en el cuidado de los centros penitenciarios. Va a llegar un momento, obviamente, que las Fuerzas Armadas tendrán que salir, porque para eso hay otro tipo de instituciones que tienen que capacitarse, que tienen que fortalecerse. Desgraciadamente no hemos logrado ver resultados muy efectivos. Y el gobierno nacional, encabezado por el presidente Dardín El Novo, ha tomado la decisión de recomendar esa tarea a las Fuerzas Armadas. Y creo que el país mira bien, pero insisto, va a llegar un momento donde las Fuerzas Armadas tienen que salir a prestar otro tipo de servicios.

Y en su momento, cuando se presenten crisis que preocupen al país, sin duda, el señor presidente solicitará y dispondrá que en su calidad de jefe máximo de las Fuerzas Armadas, solicitará y dispondrá que nuestras Fuerzas Armadas puedan intervenir también.

Sin duda nosotros somos parte, somos suscriptores de la Convención de Derechos Humanos, hay que respetar esa convencionalidad en todo momento.

Gracias a ustedes.

Bueno, primero, como bien te lo dices, un saludo para todos los ecuatorianos. Es cumplir la voluntad solemne del pueblo ecuatoriano. Esto en el 2024 se aprobó y nosotros tenemos que arreglarlo. Es lo que estamos haciendo. Es para delitos puntuales, no es que cualquier delito común, en este caso, puede ser solicitado por parte de la policía cuando se vea sobrepasada, en este caso, y necesita apoyo de los militares. Puntualmente, delitos graves, terrorismo, tráfico de sustancias, minería ilegal, los delitos que necesitamos el apoyo complementario, que es lo importante de esta ley, que al quedar arreglado, no necesitamos estados de excepción.

La solicitud la hace la policía. Envía la solicitud de manera motivada. Se aprueba por el órgano, en este caso el ente pertinente, pasa al presidente, el presidente aprueba, y envía, lógicamente, en este caso, bajo toda esa solicitud, a la Corte Constitucional. Estamos respetando derechos, tratados internacionales. Lo que buscamos es el apoyo constante, cuando sea necesario, de nuestras Fuerzas Armadas. Este combate a la delincuencia lo ganamos juntos. Hay que recordar eso. Y para los que se están quejando y tienen miedo de los derechos humanos, señores, estos no son los teletubbies, esto es la vida real.

Los ecuatorianos quieren seguridad y nosotros estamos reglando eso para colaborar con eso. Las Fuerzas Armadas estarán presentes cuando sea necesario. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias.

Correcto, no es para siempre, no es que en este caso una sola vez ya queda para siempre, no. Cada vez que se necesite se lo va a requerir, tiene un tiempo establecido, renovable hasta 30 días posterior. Es decir, estamos cumpliendo con los mecanismos de temporalidad y asimismo con las garantías de derechos humanos y demás. Lo importante que tenemos que recordar, repito, es que la lucha contra la delincuencia la hacemos todos. Los ecuatorianos nos dijeron y nos pidieron que lo hagamos, hoy lo estamos normando, las Fuerzas Armadas tienen que estar presentes cuando sea necesario apoyando a nuestra Policía Nacional, sin ningún tipo de jerarquía de la una o la otra, sino siendo un equipo, una sociedad que luche por los ecuatorianos.

Pichincha con el objeto de tratar el siguiente orden del día. Primero, himno nacional de la República del Ecuador. Segundo, designación del cuarto vocal del Consejo de Administración Legislativa conforme el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Tercero, conocer y resolver respecto del informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica que regule el apoyo complementario y subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 158 de la Constitución de la República del Ecuador. Hasta aquí el texto de la convocatoria, señora Presidenta.

Señor secretario, por favor informe si se han presentado solicitudes de modificación del orden del día.

Cumplo con informar, señora Presidenta, que no contamos con solicitudes de modificación del orden del día para la presente sesión.

Demos inicio con el primer punto.

Primero, himno nacional de la República del Ecuador.

Secretario, siguiente punto del orden del día.

Segundo, designación del cuarto vocal del Consejo de Administración Legislativa conforme al artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

La ley orgánica de la función legislativa.

Con su autorización, señora Presidenta, doy lectura al último inciso del artículo 18. Artículo 18, cesación de funciones de autoridades. En los casos de cesación de funciones de los vocales del Consejo de Administración Legislativa, el Pleno de la Asamblea Nacional elegirá su reemplazo hasta que culmine el periodo de elección.

Gracias, señor secretario. Tiene la palabra el asambleísta Edwin Jarrín.

El Consejo de Administración Legislativa es uno de los órganos más importantes que tiene la Asamblea Nacional. De sus decisiones depende la correcta conducción de este pleno. Por ello, en el mismo considero que deben estar personas preparadas, capacitadas y también tomando en cuenta su formación académica, su hoja de vida y también la descentralización necesaria para que este pleno esté representada por hermanos asambleístas de diferentes partes de nuestro país. Por ello, considero importante, compañera Presidenta, destacar la trayectoria de la compañera asambleísta Caterina y Alexandra Pacheco Machuca. Ella es representante de la hermana provincia del Oro.

Es una profesional que se ha capacitado en derechos humanos, en igualdad de género, también en lo que respecta a la defensa de la niñez, de la adolescencia, de la mujer. Y aparte de eso, está preparada en ingeniería, en contabilidad, a más de ello en gestión pública y otros aspectos que le hacen capaz de representar en este espacio que el día de hoy se ha convocado. Por ello, compañera Presidenta, quiero manifestar que presentado por escrito la moción para que se designe al asambleísta Caterine Alexandra Pacheco Machuca como cuarta vocal del Consejo de Administración Legislativa por el tiempo que resta, esto es del 2025 al 2027, por lo que solicito comedidamente que se ponga en consideración del Pleno y se tome la votación respectiva.

Muchas gracias.

La moción presentada por el asambleísta Edwin Jarrín ha sido ingresada por escrito.

Sí, señora presidenta, la moción ha sido ingresada por escrito a esta secretaría.

Señores asambleístas, tiene apoyo la moción. Señor secretario, dé lectura de la moción presentada y tome votación.

procedo a dar lectura de la moción presentada. Memorando a N-J-R-E-E-2026-0099-M. Asunto. Moción para la designación del cuarto vocal del Consejo de Administración Legislativa. De mi consideración, con un atento saludo, me dirijo usted en atención a la convocatoria a la sesión 117 del Pleno de la Asamblea Nacional a realizarse el día martes 25 de agosto de 2026 a las 10 horas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución de la República, así como en los artículos 9, numerales 15, 10, 18 y 135 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa, me permito presentar la siguiente moción.

Que se designe al asambleísta Catherine Alexandra Pacheco Machuca como cuarta vocal del Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional del Ecuador por el tiempo que resta del presente periodo de Administración Legislativa 2025-2027. Consentimientos de distinguida consideración, atentamente Edwin Jarrín, asambleísta. Hasta aquí la lectura, señora Presidenta. Señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Gracias.

Me permito informar, señora Presidenta, que contamos con 147 asambleistas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleista Edwin Jarrín. Señores asambleistas, por favor consignar su voto.

Señor operador, presente los resultados. Señora presidenta, me permite informar que de un total de 147 asambleistas presentes contamos con 84 votos afirmativos, 61 votos negativos, 0 blancos y 2 abstenciones. Ha sido aprobada la moción presentada por el asambleista Edwin Jarrín.

Se solicita la presencia del asambleísta Caterin Pacheco a fin de proceder la toma del juramento y posesión correspondiente.

Con su autorización, señora presidenta, se invita al asambleista Caterin Pacheco, cuarta vocal del Consejo de Administración Legislativa, a acercarse a la mesa directiva para la toma de juramento y posesión, acto que estará a cargo de la presidenta de la Asamblea Nacional, Michelle Mancheno Dávila.

la presidenta de la Asamblea Nacional procederá con la toma de juramento correspondiente.

Katherine Pacheco Machuca, ¿jura usted por su honor, ante Dios y la patria, que cumplirá fielmente las funciones otorgadas por la Constitución de la República y la ley en el desempeño de su cargo como cuarta vocal del Consejo de Administración Legislativa?

¿Por mi país? Sí juro. Si así lo hace, que la patria y el pueblo ecuatoriano la reconozcan. Caso contrario, la juzguen. Queda usted constitucional y legalmente posesionada como cuarta vocal del Consejo de Administración Legislativa.

En la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, el Pleno, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República de Ecuador y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, posesiona por el tiempo que resta del periodo de administración legislativa 2025-2027 a la señora asambleísta Katherine Alexandra Pacheco Machuca como cuarta vocal del Consejo de Administración Legislativa.

Secretario, siguiente punto del orden del día.

Tercero, conocer y resolver respecto del informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica que regule el apoyo complementario y subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 158 de la Constitución de la República del Ecuador.

Señor secretario, por favor dé lectura del memorando respectivo y del informe en su parte resolutiva, el mismo que será parte del acta de la presente sesión.

Con su autorización, señora Presidenta, procedo a dar lectura del memorando AN-CSIS-2026-0368-M. Asunto, remisión del informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica que regula el apoyo complementario y subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 158 de la Constitución de la República del Ecuador. De mi consideración, por disposición del asambleista Inés Alarcón, Presidente de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Oficina Legislativa, me permito remitir el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica que regula el apoyo complementario y subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 158 de la Constitución de la República del Ecuador, que fue conocido, debatido y aprobado en la sesión 140 del Pleno de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, a fin de que se continúe con el trámite correspondiente en el Pleno de la Asamblea Nacional.

Consentimientos de distinguida consideración, atentamente, Marco Girón, Secretario Relator. De acuerdo a su disposición, señora Presidenta, procedo a dar lectura a la parte resolutiva del informe. Quinto, conclusiones. El proyecto desarrolla, mediante ley orgánica, el mandato incorporado al artículo 158 de la Constitución como resultado del referéndum del 21 de abril de 2024. Su diseño articula la necesidad de fortalecer la respuesta estatal frente a las amenazas constitucionalmente previstas con la preservación de las competencias institucionales, la seguridad jurídica y la protección de los derechos humanos. La posibilidad de activar el apoyo complementario y subsidiario no supone una superposición y transferencia de competencias entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, sino que condiciona la participación de estas últimas a que la capacidad de contención policial se encuentre objetiva y motivadamente sobrepasada.

Conforme a la Constitución, cada institución mantiene su misión y sus responsabilidades propias. La Policía Nacional conserva la responsabilidad de la protección interna y del mantenimiento del orden público, mientras que las Fuerzas Armadas intervienen únicamente en apoyo, sin sustituirla ni asumir sus funciones de manera autónoma o permanente. La regulación permite que el Estado enfrente las amenazas previstas en el artículo 158 de la Constitución dentro del régimen jurídico ordinario, sin suspender derechos ni recurrir necesariamente a un Estado de excepción. Su principal aporte consiste en ofrecer una respuesta legal frente a la criminalidad organizada y a las situaciones de grave conmoción interna en el sistema penitenciario, sin apartarse del marco constitucional.

Recomendación. La Comisión recomienda su aprobación en segundo debate al Pleno de la Asamblea Nacional. Asambleísta ponente. La asambleísta ponente del presente proyecto de ley y del presente informe es la asambleísta Inés Alarcón, presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. Hasta aquí la lectura, señora presidenta. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias.

Asambleísta Inés Alarcón.

Compañeros legisladores, buenos días a los medios de comunicación, pero sobre todo un saludo afectuoso al pueblo ecuatoriano que sigue esta sesión. Hoy le corresponde a esta Asamblea Nacional respetar y respaldar la voluntad popular del referéndum y consulta popular del año 2024, en donde la ciudadanía se pronunció acerca de este apoyo complementario de las Fuerzas Armadas hacia la Policía Nacional, con más del 70% de aprobación. Este apoyo complementario y subsidiario a la Policía Nacional para combatir al crimen organizado. Y hoy le corresponde a esta Asamblea Nacional tener una responsabilidad en cuanto a convertir esta decisión de los ecuatorianos en una herramienta jurídica, clara, aplicable, pero sobre todo, señores legisladores, responsable.

Porque esta complementariedad abarca límites, abarca responsabilidades. Porque cuando se trata de combatir al crimen organizado, esta Asamblea Nacional debe entender que tenemos una prioridad. El informe que hoy ponemos a consideración de este Pleno de la Asamblea Nacional contiene 20 artículos, dos disposiciones generales, tres disposiciones reformatorias, tres disposiciones transitorias y una disposición final. Señora Presidenta, he enviado una presentación para que por favor pueda ser presentada en esta Asamblea Nacional.

Autorizado.

Muchas gracias. Corresponde al segundo debate de la reforma al artículo 158 de la Constitución para el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Siguiente, por favor. Aquí hay que entender, señores legisladores, que una cosa es el apoyo complementario y subsidiario previsto en el artículo 158 y otra cosa completamente distinta es un estado de excepción. El apoyo previsto en esta ley no requiere que exista un conflicto armado interno, tampoco constituye por sí mismo un estado de excepción y tampoco implica la suspensión de derechos constitucionales.

Por eso es importante recalcar que no crea facultades ni modifica competencias a las Fuerzas Armadas ni tampoco a la Policía Nacional. Sigue operaciones del régimen ordinario y no implica estados de excepción ni suspensión de derechos, como lo dije anteriormente. El Ecuador hoy necesita una respuesta permanente y constitucional frente a las amenazas que no desaparecen simplemente porque termina un estado de excepción. El crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de armas, la extorsión, el terrorismo, la minería ilegal no son fenómenos que puedan enfrentarse únicamente mediante medidas extraordinarias.

El estado necesita también herramientas dentro de un régimen ordinario. Pero ¿cuál es esta ruta técnica de activación y cuáles son estos límites temporales? Primero, solicitud motivada de la Policía Nacional. Segundo, un informe técnico al Comando Conjunto solicitado por la Presidencia. Tercero, un informe motivado del COSEPE. Cuarto, un decreto ejecutivo motivado. Y cinco, la activación autorizada. ¿Cuál es el límite de tiempo, señores legisladores? Son 180 días y se podrá renovar incluso hasta 30 días adicionales, siempre que haya una solicitud con 10 días de anticipación. Señores legisladores, la Constitución permite este apoyo y la ley establece claramente cuál va a ser la actuación de la fuerza militar dentro de la seguridad interna en los delitos ya mencionados.

Esta norma no significa que las Fuerzas Armadas vayan a asumir las funciones de la Policía Nacional. La Policía Nacional conserva su misión constitucional de protección interna y mantenimiento de orden público. Las Fuerzas Armadas conservan su misión constitucional. Cada institución mantiene su organización, sus competencias, su cadena de mando y sus responsabilidades. La subsidiariedad no crea una relación de jerarquía entre policías y Fuerzas Armadas. Tampoco implica una transferencia de competencias. Por eso es fundamental, señores legisladores, entender la reforma del artículo 158 justamente que establece una ruta mucho más técnica para activar este apoyo.

La siguiente, por favor. ¿Cuándo se activan, señores legisladores, estos principios operativos? En delitos como el narcotráfico, el lavado de activos, el tráfico de armas, tráfico de personas, terrorismo, minería ilegal y demás delitos conexos que conlleva el narcotráfico. El apoyo excepcional en materia del sistema penitenciario. Sin transferencia administrativa, las Fuerzas Armadas no pasan a administrar las cárceles. Capacitación permanente en derechos humanos, uso legítimo de la fuerza, coordinación interinstitucional, coordinación que debe ser actuada, pero sobre todo, legisladores, articulada con el objeto, con el único objeto del que debe existir, que es la protección ciudadana.

La siguiente, por favor. Señores, es importante que entendamos que esta complementariedad debe llevar reglas claras. Debe tener una hoja de ruta estandarizada. Por tanto, es importante recalcar que no se militariza la seguridad ciudadana. Ojo, no se militariza la seguridad ciudadana. Se dota al Estado de una herramienta constitucional con reglas, límites y controles frente al crimen organizado. El uso responsable y proporcional y bajo supervisión permanente. Gracias por la presentación, Presidenta. Señores legisladores, esta ley no permite que las Fuerzas Armadas sean utilizadas para cualquier actividad de la seguridad ciudadana.

El apoyo complementario y subsidiario únicamente puede activarse frente a los supuestos expresamente contemplados en el artículo 158 de la Constitución. Estamos hablando, y sí me gustaría recalcar, narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, tráfico de personas, terrorismo, minería ilegal, extorsión, intimidación y delincuencia organizada, adicionalmente cuando exista grave conmoción interna en el sistema penitenciario. Esto significa que no puede ampliarse mediante un decreto o un protocolo operativo o una interpretación extensa. No puede convertirse en una autorización general porque las Fuerzas Armadas realicen labores de la policía rutinarias.

El apoyo debe estar relacionado directamente con la amenaza que habilita constitucionalmente la intervención. Esto es particularmente importante, legisladores, porque estamos legislando en un momento en que el crimen organizado ha evolucionado y ha diversificado sus actividades. Por eso, el Estado hoy más que nunca necesita esta capacidad de respuesta. Y hay otro punto que me gustaría mencionar aquí, legisladores, y dejar absolutamente claro es la temporalidad. El proyecto mantiene un máximo de 180 días, con una sola renovación de hasta 30 días adicionales, siempre que persista la causa que lo motivó.

Pero hay una diferencia significativa que me gustaría presentarlo en este Pleno de la Asamblea Nacional, y es que los 180 días no significa que el apoyo vaya a durar automáticamente los 180 días. Este es el límite máximo como tal. El decreto debe determinar el tiempo necesario de acuerdo con las circunstancias concretas. Y si las causas que motivaron la intervención desaparecen o son controladas, las medidas deben terminarse anticipadamente. El proyecto incorpora una obligación que considero fundamental que se trate en este Pleno de la Asamblea Nacional. El personal policial y militar que participe en estas operaciones deberá recibir capacitación permanente en derechos humanos, uso legítimo de la fuerza y coordinación interinstitucional.

Este no es un elemento accesorio o una simple propuesta en este proyecto de ley. Es una condición que se considera indispensable. Porque fortalecer la capacidad operativa del Estado ecuatoriano también significa fortalecer la capacidad de las instituciones para actuar correctamente. La seguridad y los derechos humanos no son conceptos contradictorios. La seguridad, al contrario, es una política pública, sólida, que necesita reglas claras para el uso de la fuerza y necesita instituciones capacitadas para así poder aplicarlo. Desde la Comisión de Seguridad hemos trabajado en este proyecto de ley de manera técnica, responsable, transparente, recibiendo a la sociedad civil, a las instituciones, a la academia, incluso con legislación comparada de otros países.

Hemos hecho un trabajo arduo para entregarle a este Pleno de la Asamblea Nacional una normativa que corresponde a respetar la voluntad popular, pero también que corresponde a las necesidades de lo que hoy vive el pueblo ecuatoriano en cuanto a cómo se está manejando esta complementariedad de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Es importante recalcar, compañeros legisladores, que hoy vivimos un contexto de violencia criminal en nuestras calles. Y este soporte por parte de las Fuerzas Armadas hacia la Policía Nacional se vuelve indispensable. Señora Presidente, he enviado una moción para la aprobación del texto de esta normativa que ha sido enviada debidamente a Secretaría, pero sí me gustaría decirle al Pleno de esta Asamblea Nacional que parte de la legislación que podemos entregar al pueblo ecuatoriano en cuanto a temas de seguridad no debe tener una ideología política, no debe tener una camiseta partidaria, debe tener un solo fin, que es proteger a los ciudadanos.

Gracias, señora Presidenta.

Primero Dios, antes que nada. Yo creo que con respecto a estos temas es importante que la ciudadanía vea la presencia total de sus asambleístas que fueron electos. Y agradecer y felicitar el trabajo de las Fuerzas Armadas que hicieron este 23 de agosto, tras capturar a un cabecilla que operaba en la provincia de Los Ríos. Sí, alias Manaba. Tras una operación militar, impacto letal, este cabecilla fue capturado. Esas acciones, señores asambleístas, son dignas de aplaudir. Y esas acciones son las que esta bancada siempre va a apoyar.

Porque durante mucho tiempo, la ciudadanía, muchas de las familias ecuatorianas sintieron que el Estado les dio la espalda. Mientras la delincuencia avanzaba, en ciertos escritorios revolucionarios, decían que la inseguridad solo era un tema de percepción. Percepción, es en serio. Yo les invito que vayan a sus territorios a ver qué les dice la ciudadanía en estos momentos. Para ellos, nunca fue un tema de percepción la inseguridad. Lo que es ahora, es una dura realidad que está enfrentando. Hubo gobiernos que con una sonrisita, falsa por cierto, permitieron que las cárceles se conviertan en centros de operaciones.

Lugares donde daban una orden a la interna, hacia el exterior. ¿Para qué? Para extorsionar. Para matar. Para secuestrar. Durante mucho tiempo, las instituciones actuaron de una forma separada, desorganizada y muchas veces con las manos atadas. Hoy, todos los 151 asambleístas que componen el Pleno de la Asamblea Nacional, tenemos la absoluta obligación de corregir ese abandono. Y esta ley permite que las Fuerzas Armadas ayuden a nuestra Policía Nacional cuando su capacidad se vea superada por el narcotráfico, por la misma extorsión, por la minería ilegal, la delincuencia organizada, entre otros delitos.

Pero hay que ser claros y enfáticos y explicarle a la ciudadanía que no se está reemplazando a la Policía Nacional, peor brindando un cheque en blanco a una institución. Lo que se está haciendo es unir las Fuerzas del Estado para enfrentar a quienes durante muchos años, por la incompetencia de gobiernos anteriores, dejaron organizarse. Y esta ley establece cuándo, dónde y durante cuánto tiempo podrá intervenir ese apoyo. También permite actuar frente a la grave crisis de las cárceles, salvaguardando también la vida de los guías penitenciarios y de aquellos que trabajan ahí.

Sin embargo, en mi opinión personal, sería absolutamente irresponsable decir que una ley va a acabar con el crimen de la noche a la mañana. Eso sí sería irresponsable decirlo. Pero lo que sí podemos hacer es prometerle a los ciudadanos que vamos a seguir legislando de una forma eficiente y velando por cada una de las familias ecuatorianas. Y para quienes pretenden olvidar el pasado, les recordamos que el crimen no nació el día de ayer. El crimen creció durante muchos años. Durante muchos años que gobiernos garantizaban esa paz haciendo pactos con mafias.

Eso no, incluso se aprovechaban de las indiferencias, en algunos casos hasta en la inclusión del mismo Estado. Y a quienes hoy viven con miedo, mirando a cámara se los digo, no están solos. Sabemos que hay mucho por hacer, sí, pero no vamos a retroceder ni un paso frente al crimen organizado. Y no vamos a abandonar esta lucha. Vamos a seguir con un gobierno firme y de esta Asamblea Nacional aprobando leyes que beneficien a la vida de los ecuatorianos. Mi voto siempre será por un país donde tenga presencia militar para garantizar la seguridad.

Con coordinación interinstitucional y que se establezcan también límites claros. Porque un país seguro, colegas asamblistas, no se construye con miedo. Un país seguro se construye con un Estado firme, presente y unido. Y que ese Estado sepa que siempre debe ser más fuerte que cualquier organización criminal. Mi palabra, señorita Presidenta. Muchas gracias, colegas legisladores.

Necesaria e indispensable para que este debate no se desvíe hacia falsos dilemas. Aquí nadie, absolutamente nadie, se opone a que las Fuerzas Armadas cumplan su mandato constitucional. Tampoco desconocemos la decisión del pueblo ecuatoriano que tomó en las urnas. Ese mandato se incorpora en nuestra Constitución y se respeta. Tampoco somos indiferentes ante la situación que vive el país. Enfrentar la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico, los extorsionadores que tienen a las familias ecuatorianas secuestradas, necesita indudablemente instituciones fortalecidas. Es evidente que la policía necesita apoyo bajo las condiciones estrictas que dicta la Constitución.

Las Fuerzas Armadas pueden y deben cumplir un rol complementario y subsidiario. Es más, colegas asambleístas, el expresidente Rafael Correa presentó a esta Asamblea Nacional en el 2015 una enmienda constitucional que fue aprobada ese mismo año, justamente para que las Fuerzas Armadas tengan la posibilidad de apoyar de manera complementaria a la Policía Nacional. Desafortunadamente la Corte Constitucional en el 2018 se la dio de baja. Por eso era importante poner en este contexto este dato, porque creo que aquí nadie está en contra del apoyo complementario que tienen que dar las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional.

Por eso nuestra discusión nunca ha sido si las Fuerzas Armadas deben o no deben intervenir. La discusión de fondo es bajo qué reglas van a intervenir, quién controla esa fuerza y qué pasa si se producen abusos. Ahí radica nuestra diferencia en el texto presentado. Nosotros no planteamos quitarle herramientas al Estado. Planteamos que esas herramientas tengan límites democráticos claros. Nuestras observaciones buscan dar certeza al propio personal militar, establecer reglas del uso de la fuerza, garantizar la fiscalización y proteger a las víctimas. Sin embargo, al comparar el texto del primer debate, que yo debo reconocer que ha habido un cambio sustancial a la Presidenta de la Comisión, estuve revisando el primer informe y ha habido un cambio importante y quiero dejarlo sentado acá, porque la realidad es alarmante.

Las facultades extraordinarias permanecen intactas, pero los controles institucionales han desaparecido. Y aquí les voy a mostrar. Primero, se borran los límites de la intervención. El artículo 11 del primer debate establecía prohibiciones concretas, regulaba el uso de la fuerza letal bajo los principios de necesidad y proporcionalidad y protegía la protesta pacífica. Este artículo... Este artículo... Este artículo...

Asambleísta, le interrumpo un momento, señor secretario, por favor tome quórum del pleno.

En este momento, señora Presidenta, procedo a constatar el quórum. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrarse en sus currules electrónicas.

Informar, señora presidenta, que contamos con 117 asambleístas registrados en la sesión. Contamos con el cuórum legal.

Luego de haber constatado el poro reglamentario, continuó.

Gracias, señora presidenta.

Asambleísta.

Era para comunicar, Presidenta, porque no quería que vaya a haber una distorsión que se relaciona justamente con temas de la seguridad. Como les decía, el artículo 11 del primer debate establecía las prohibiciones concretas, regulaba el uso de la fuerza letal a los principios de necesidad y proporcionalidad y protegía la protesta pacífica. Un militar en las calles necesita saber qué puede hacer, qué no puede hacer. Un ciudadano tiene el mismo derecho. Las reglas claras no debilitan a las Fuerzas Armadas. Al contrario, protegen al uniformado que actúa correctamente.

Segundo, se anuló el control político. El artículo 14, original, permitía que la Asamblea fiscalizara las operaciones y convocara a las autoridades a rendir cuentas. Hoy eso ya no está en la ley. Ahora solo nos ofrecen la obligación de notificar el decreto en 24 horas. Colegas, notificar no es fiscalizar. Yo entiendo que tenemos un problema grave con la fiscalización, pero tratándose de temas de seguridad, esta Asamblea no puede cercenarse uno de los principios elementales que son por lo que estamos aquí, que es la fiscalización. Entonces, esto se convierte en un simple oficio, o nosotros solo receptamos los papeles, y el control democrático del poder no es obstaculizar la seguridad.

Es una obligación republicana que está en la Constitución. Tercero, se diluyó la responsabilidad y las denuncias. Se eliminó la norma expresa que establecía responsabilidades administrativas, civiles y penales para que las autoridades ordenen o ejecuten los abusos. También desaparecieron los canales permanentes de la denuncia ante la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía. Cuarto, si creamos una herramienta estatal extraordinaria, ¿por qué reducimos los mecanismos para frenar esos excesos? Cuarto, se creó un cheque en blanco con la reserva de la información. El artículo 18 es el punto más crítico de la ley.

Nadie discute que los planes de operaciones deben ser, tienen que tener la reserva del caso. Pero el texto actual no aclara quién controla esa clasificación. Cuánto dura, ni qué pasa si esos documentos ocultan un delito. Y aquí no estamos discutiendo teorías académicas, colegas asambleístas. Estamos discutiendo la realidad del Ecuador. ¿Ya se olvidaron del caso de los cuatro de las Malvinas? Colegas, hay grandes militares, pero hay de los otros. Y para esos, para los que torturan, para los que desaparecen, para los que hacen uso excesivo de la fuerza, se necesitan tener controles.

Olvidaron que fue la justicia que tuvo que condenar a los responsables por desaparición forzada frente a los intentos de ocultamiento institucional. Olvidaron que la Corte Constitucional tuvo que intervenir de forma histórica para que el Estado reconociera la responsabilidad. Pero el caso de las Malvinas demostró que la opacidad cuesta vidas. Y si esta ley se aprueba tal cual como está, le estamos dando un cheque en blanco para que los militares se excedan como ya pasó, porque no estamos aquí inventando nada que no haya sido juzgado en la ley, pero también que la Corte Constitucional lo reconoció.

Demostró que cuando no hay límites claros se vulneran los derechos de los más vulnerables. Por eso lo decimos con absoluta firmeza. La Reserva Militar puede proteger el éxito de una operación, pero jamás puede convertirse en un muro de impunidad para esconder el crimen del Estado. Si cerramos los ojos ante este artículo, seremos cómplices de los abusos que mañana las instituciones de control no podrán investigar por culpa de la reserva impuesta en esta ley. Esto no es una preocupación abstracta. Ecuador ya conoce el peligro de la opacidad, de la ausencia de límites y de la falta de fiscalización oportuna.

Cuando el poder del Estado crece sin contrapesos, quienes terminan desprotegidos son los ciudadanos, colegas asambleístas. Por eso hemos presentado observaciones, por eso hemos insistido en la Comisión con nuestros compañeros de la bancada de la Revolución Ciudadana. Y por eso hoy, con absoluta coherencia democrática, nuestro voto no puede ser a favor. Sentimos mucho que la ley haya cambiado desde el primer debate hasta ahora, señora Presidenta de la Comisión de Seguridad. La ley ha cambiado y en realidad estos artículos nos preocupan profundamente. No votamos en contra de la seguridad, ni del mandato popular, ni de las Fuerzas Armadas.

Votamos en contra porque una facultad excepcional jamás puede quedar acompañada de controles cada vez más débiles. En materia de seguridad podemos discutir cuánto poder necesita el Estado para enfrentar el crimen. Pero sobre una cosa no deberíamos tener ninguna duda. Cuanto mayor sea el poder que le entregamos al Estado, mayores deben ser también los controles sobre su ejercicio. Ese es el equilibrio que exige la Constitución. Y ese es el equilibrio que este proyecto, lamentablemente, hoy no garantiza. Gracias, señora Presidenta. Gracias, colegas asambleas.

Adrián Castro.

Muchas gracias, Presidenta, colegas asambleístas, muy buenos días. Primero, contento de que traigan un tema tan importante a este pleno. Finalmente, en el 2024, siete de cada diez ecuatorianos le dijeron sí a que la Asamblea Nacional tome casta en el asunto y que regule una materia que definitivamente estaba olvidada y que le hace bien al país. Es un tema positivo desde cualquier punto de vista, que ha sido discutido, que ha sido debatido y que finalmente llega a este pleno en donde los ciudadanos, y desprendiéndonos un poco del hecho de ser asambleístas de forma muy temporal y efímera, además, sí tenemos que reconocer que desde que las Fuerzas Armadas han salido a apoyar a la Policía Nacional, este país ha ido mejorando poco a poco.

Y hay que decirlo porque las consecuencias de las actuaciones, los resultados de las actuaciones, se han podido visualizar en mayor o menor medida en cada una de nuestras provincias. Yo, por ejemplo, en principio tengo que destacar que con esta ley, al delimitar plenamente el territorio, al tener un tiempo plenamente definido, un decreto bien motivado, lo que tenemos es que ya no se necesita suspender toda una provincia. Lo que se va a suspender es un territorio, una parte de un territorio. Y eso significa que ya no estamos hablando de una amputación territorial, sino de una cirugía, algo que tiene que ver mucho más con una acupuntura en temas de atacar a la delincuencia, que es lo que finalmente el país ha pedido.

Y si bien se resuelve con esta ley el tema de la salida de las Fuerzas Armadas hacia las calles, que es lo que el país lo dijo en su inmensa mayoría, lo que pasa después es lo que a mí sí me preocupa. Los datos que están sobre las redes sociales, los medios de comunicación, los datos que nos dan nuestros asesores para venir a este pleno preparados y debatir, son bastante preocupantes en tanto en cuanto nos hablan de qué es lo que está pasando luego de que el trabajo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional articuladamente atacan cabecillas de bandas, desarticulan bandas muy peligrosas.

Y a las pocas horas ya están liberadas algunas de estas personas. Yo les voy a recordar, hace muy pocas semanas, el 24 de marzo, cuando le detienen alias Muñeca en Durán, uno de los más buscados de los Chone Killers, a las pocas horas ya estaba liberado y eso a mí sí me preocupa porque es parte de lo que siempre estamos mencionando en este pleno y probablemente ya no sea un tema de ley sino un tema de una actuación por parte de ciertos jueces. Entre enero y julio de este año tenemos más de 44 mil delincuentes detenidos.

Más de 44 mil delincuentes detenidos. ¿Cuántos de ellos? Más de la mitad probablemente ya estén de nuevo en las calles. Yo les puedo decir esta misma semana en la ciudad de Cuenca lo que ocurrió porque la Policía Nacional sale a hacer una redada y encuentra a dos sujetos en un vehículo con una cantidad de dinero, mucho más de lo que se encontró en uno de los burdeles de Cuenca que eran 240 mil dólares en uno de los chongos, como se los dice. Pero a las pocas horas un vehículo casi 400 mil dólares me parece.

Y estos dos ciudadanos ya están libres también. Tenían antecedentes penales, tenían antecedentes por robo, tenían antecedentes por tráfico de sustancias ilícitas y a las pocas horas nuevamente libres. Hace un mes y un poco más comité en este mismo pleno el caso de estos seis extorsionadores en la ciudad de Cuenca que asimismo al día siguiente, dice que por no haberles leído los derechos, ya estaban libres a las pocas horas. Seguían extorsionando a la gente. Y eso es en lo que sí debemos ponerle atención dentro del tratamiento de este tema y de los siguientes que vengan a este pleno.

No podemos desmerecer, y hay que decirlo también, que no toda la justicia es corrupta y no todo está dentro del esquema de que un juez o un fiscal corrupto liberara a un criminal. Muchas de las veces lo que ocurre es que hay un expediente mal armado, que hay una cadena de custodia que no sirve para nada. Y eso es parte de los procesos que llegan al fiscal y que llegan al juez posteriormente y de eso también tenemos que hablar. Porque para mí, uno de los puntales de esta ley no es del artículo 1, no es del artículo 2, es la disposición transitoria tercera.

Porque cuando hablamos de que estamos perdiendo esta batalla, muchas veces en los expedientes estamos hablando de que Stalin lo corrige. Lo corrige porque concede 90 días para establecer finalmente lo que siempre hemos venido diciendo que eran protocolos, las medidas para garantizar la cadena de custodia y otras cosas más que en 90 días tiene que procesar la Fiscalía General del Estado. Y eso sí es lo más importante desde mi punto de vista de este cuerpo normativo. Por eso voy a votar a favor, además. Porque sería el colmo votar en contra de lo que 7 de cada 10 ecuatorianos le dijeron sí al país.

Y por eso hay que votar a favor de esta ley. Porque es parte de lo que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional nos han venido pidiendo, además. Y porque este rato ya no hay necesidad, nuevamente insisto, de que se suspenda todo un territorio cuando existe ya un delito plenamente definido, un territorio plenamente delimitado y un decreto efectivamente tiene que tener el control posterior. Ahí sí tengo que decir, a la Asamblea no le quita las atribuciones de esta ley de ninguna manera, porque la Constitución de la República establece cuáles son nuestras facultades, cómo se tiene que hacer el control político, cómo se tiene que hacer la fiscalización y en esa medida yo no tengo absolutamente ningún otro punto de vista más que decir que la Constitución y la ley están por encima de cualquier otra cosa y por ese lado no hay que preocuparse.

Lo que sí hay que garantizar, colegas asambleístas, es que el esfuerzo que hacen nuestras Fuerzas Armadas y la Policía el día de mañana no sea socavado y sea vulnerado, violentado por parte del sistema judicial y no hablo de todos, pero sí de algunas personas que se encuentran haciendo mal trabajo. ¿Cómo hacer posible que más de 110 jueces o servidores judiciales en este país hayan cometido sendas, equivocaciones que les haya costado el puesto por ser destituidos? Ahora no más, hace unos pocos meses los datos no mienten.

En marzo cayó a tener un juez penal en Guayaquil y unos dirán pero es un juez. Sí, pero vea cuántos casos estaba resolviendo ese juez y a título personal lo digo porque tengo que decirlo. Hace un año y un poquito más pusimos una anuncia en contra de un par de jueces de garantías penitenciales en la ciudad de Cuenca. Hoy finalmente destituidos pero se liberaron violadores de niños. De niños y niñas más de 180 de los 400 que presenté se comprobaron por parte de la dirección provincial de la Corte Provincial de Justicia perdón en la ciudad de Cuenca.

Ahí está ese juez lo va a decir con apellidos del señor Romo y el señor Chalco los dos jueces fuera del sistema judicial y hoy en día procesados por la justicia. Ya me contaron que están fuera del país también. ¿Se dan cuenta? Eso es impunidad y eso no puede tolerarse en este país. Por eso hay que votar a favor de esta ley colegas porque esta es una muestra del respaldo a las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional y un mensaje clarísimo a jueces y fiscales corruptos no a los buenos a ellos hay que protegerlos y ojalá que esta asamblea también trabaje en eso en los próximos días.

Muchísimas gracias Presidenta y colegas.

Muy buenos días, muchísimas gracias, señora Presidenta. Antes de esta intervención quisiera también felicitar a la compañera Catherine Pacheco por esa tan distinguida elección. Muchas felicidades, sabemos que vas a estar a la altura de las circunstancias. Asimismo, inicio saludando a todo el pueblo ecuatoriano que nos observa, a los asambleístas de todas las fuerzas políticas, a los medios de comunicación. Y hoy aquí estamos tratando, como lo decía nuestra querida Presidenta de la Comisión, Inés Alarcón, una ley que es un mandato del pueblo, que es una orden del pueblo, de nuestros jefes, porque gracias al pueblo ecuatoriano, a la gente de nuestras provincias, estamos acá nosotros.

Y hoy quiero iniciar diciendo frontalmente que apoyo esta ley, que apoyo esta ley para el apoyo complementario y subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía. ¿Y por qué? Por una enorme responsabilidad con mi provincia, con Manaví. Somos una provincia que ha sido golpeada por el crimen organizado. Y una provincia con una extensión territorial bastante grande. Tal vez muchas veces, desde un escritorio, no se entienden estas realidades. Pero cuando uno está en el territorio, uno ve que, por ejemplo, dentro de un mismo cantón, hay una ruralidad inmensa, hay distancias enormes.

Y por mucho que la Policía Nacional tenga la convicción, tenga las ganas, se fortalezcan sus capacidades, se duplique el número, tal vez, de efectivos policiales, va a ser muy complejo llegar a cada rincón en esta circunstancia donde estamos en una guerra interna con estos grupos de delincuencia organizada. Y quiero centrar esta intervención, colegas legisladores, en cinco puntos que tiene esta ley. La subsidiariedad y complementariedad del régimen, la temporalidad del régimen, la taxatividad del régimen, la ordinariedad del régimen y el debido procedimiento y motivación. Vamos con el punto uno, la subsidiariedad y complementariedad.

Aquí nadie le está quitando competencias a la Policía, ni se está estableciendo una cadena de mando ni de subordinación. Como lo dice la palabra del mismo proyecto, es un apoyo complementario y subsidiario. Y algo fundamental, que está relacionado también a la taxatividad, a lo claro que es esta ley. Que está aquí, este apoyo complementario y subsidiario, se puede activar acorde también a lo que dice el artículo 158 de la Constitución. O sea, no es porque le da la gana a alguna autoridad que se pueda activar este régimen.

Tiene que haber un informe motivado y tiene que ser para combatir delitos, como el narcotráfico, como el lavado de activos, como el tráfico de armas, como el tráfico de personas, terrorismo, minería ilegal, extorsión e intimidación, delincuencia organizada, grave conmoción interna en uno o varios centros penitenciarios. Yo creo que son delitos que la ciudadanía conoce, que la ciudadanía está sufriendo. Aquí no hay medias tintas, aquí no hay nada turbio, aquí no hay nada oculto. Está la ley bastante clara y asimismo también, después de que se active este régimen, que también tiene una temporalidad, es decir, no puede estar activo siempre.

Hay un periodo de tiempo, 180 días, con una posibilidad de que pueda extenderse 30 días más. Pero asimismo están los controles de esta Asamblea Nacional, en donde están todas las fuerzas políticas también representadas. En este caso, acorde a lo que contempla también la Ley Orgánica de la Función Legislativa, contempla que este control tiene que hacerse, por ejemplo, en la Mesa de Seguridad, en donde hay compañeros de Pachacuti, compañeros de la Revolución Ciudadana, compañeros independientes y de Acción Democrática Nacional. Es decir, está el control, más allá también de los controles constitucionales que están establecidos.

Y más allá de debatir también un poco la jurisprudencia en sí, repito una vez más, tenemos nosotros que entender las realidades. Tenemos que entender que el ciudadano en su día a día no se está preguntando si el Estado llega a través de la policía o llega a través de las Fuerzas Armadas. El ciudadano lo que quiere, lo que exige, es que el Estado esté presente, que el Estado llegue y que definitivamente se puedan derrotar a estos grupos de delincuencia organizada. Y para eso nosotros tenemos que utilizar todo el contingente posible que tenemos como país.

Estamos viviendo un momento excepcional y tenemos que entenderlo como tal. Colegas legisladores, yo sé que muchos vienen de provincias en donde sus ciudadanos están sufriendo por parte de estas bandas delincuenciales, extorsión, se están viendo delitos como tráfico de armas, entre otras, provincias que tienen costa, que tienen puertos, provincias fronterizas. Y tenemos que unirnos ahora, repito, para poderle dar al país esta ley que ellos ya dijeron que sí, que sí la querían. Y con un porcentaje bastante contundente. Mi voto va a ser a favor por esa responsabilidad, por esa coherencia con mi provincia, con los cantones de mi provincia.

Y asimismo, pues esperamos que todas las fuerzas políticas se puedan unir y que ojalá este informe pueda ser aprobado con la mayor cantidad de votos posibles para que sea una muestra clara de que esta Asamblea no está desconectada de la realidad ciudadana y que esta Asamblea está para cumplir el mandato que los ciudadanos nos han otorgado también. Devuelvo la palabra, Presidenta. Muchísimas gracias.

y colegas legisladores y pueblo ecuatoriano. Creo que el día de hoy, Presidenta, nos reúne al Pleno de la Asamblea Nacional la discusión de un proyecto de ley que en primera instancia fue aprobado por el 72% de los ecuatorianos a través de un referéndum, es decir, goza de la legitimidad ciudadana que ha sido aprobada por todos los ecuatorianos a través de una herramienta que les consulta de manera directa si están o no están en favor con la toma de las decisiones más importantes que se toman en el país.

Pero una de las percepciones del Estado es precisamente eso, la legitimidad ciudadana. Ahora como legisladores estamos en la obligación de transmutar esa voluntad soberana a través de un proyecto de ley que se rija bajo los estándares constitucionales pero también los estándares interamericanos regulados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos que es sobre la cual daré mi ponencia señora Presidenta. Y frente a ello es que hay dos casos en particular que tienen que ser analizados referentes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando la misma Corte en su desarrollo jurisprudencial, por ejemplo en el caso de Alvarado Espinosa y otros versus México, ha logrado determinar que la construcción o consolidación de los grupos de delincuencia organizada transnacional se consolida como una amenaza frente a la comunidad internacional.

Y frente a ello es que tanto el monopolio legítimo del Estado, de la fuerza o la violencia concentrada del Estado, que se deriva de la teoría de Weber y de la teoría de Hobbes cuando hace relación directa a ese ente abstracto que creamos los ciudadanos a través de la renuncia de nuestros derechos para que sea ese Estado el que aplique el monopolio legítimo de la violencia contra quien violenta precisamente el contrato social, en primera instancia lo que dice la Corte Interamericana es que esto hace referencia a la administración del orden público, de las fuerzas del orden público divididas en dos.

En primera instancia la Policía Nacional que tiene delimitaciones referentes y de manera expresa tanto en la Constitución como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que se encuentra orientada y enfocada la protección del ordenamiento civil. Y por otro lado, la creación de fuerzas armadas que se encuentran con su definición claramente estructurada para el mantenimiento del orden jurídico interno y de la soberanía nacional. Sin embargo, de lo expuesto anteriormente, la Corte Interamericana en el párrafo 182 del caso Alvarado Espinosa y otros versus México afirma que el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana están delimitados previamente a las funciones que cumple la Policía Nacional.

Sin embargo, de aquello, de manera excepcional, permite también la participación directa de las Fuerzas Armadas cuando se incurren en preceptos como la extraordinatoriedad, la subordinación, complementarización, regulación, principios que se encuentran debidamente estructurados en el artículo 5 de este proyecto de ley que está siendo expuesto y defendido por la Comisión de Seguridad. Es decir, este proyecto normativo se ajusta a los parámetros internacionales remitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, no solamente goza de legitimidad ciudadana, goza de legitimidad jurídica convencional y legitimidad jurídica constitucional.

El artículo 19 de este proyecto de ley claramente hace referencia a la capacitación para operaciones de apoyo complementario y subsidiario. El mismo que se deriva del caso Valencia Hinojosa y otros versus Ecuador, del año 2016, contemplado en el párrafo 136. Ahora bien, hay otras sentencias que ha desarrollado la Corte Interamericana para no referir en el debate, en el pleno de esta Asamblea Nacional, que podrían existir sobredimensiones o que podrían existir presuntas violaciones a derechos humanos y presuntas graves violaciones a los derechos humanos. Así lo refiere, por ejemplo, el caso Montero-Araguén y otros versus Venezuela, donde establece que los Estados parte de la Convención podrán desplegar fuerzas armadas para desempeñar tareas ajenas a las referidas en un conflicto armado de carácter no internacional y a los Estados de excepción, como bien lo refiere y lo determina claramente esta normativa.

No se trata de generar un régimen jurídico paralelo al régimen jurídico ordinario, es decir, un Estado de excepción o la declaratoria de un conflicto armado no internacional. Y frente a ello es que se delimita en el artículo 9 de este proyecto de ley, de manera acertada, la delimitación temporal que no podrá exceder de 180 días más 30 días adicionales. ¿Y por qué es importante la delimitación? Porque en primera instancia, en el régimen jurídico ordinario, el régimen, valga la redundancia jurídico que se aplica es el derecho internacional de los derechos humanos, es decir, la aplicación y el mantenimiento del respeto a la Convención Americana de Derechos Humanos y a la misma Constitución.

La Constitución plantea dentro de un régimen jurídico ordinario la existencia de un Estado de excepción con sus plazos debidamente determinados. Pero cuando existen los complementos del caso Tadic, por ejemplo, se configura el conflicto armado internacional que no tiene una delimitación temporal y es precisamente aquí donde radica la importancia del artículo 9, es decir, el Estado o la Asamblea Nacional está regulando los límites temporales sobre los cuales dentro de una jurisdicción ordinaria se aplica el apoyo complementario y subsidiario de las Fuerzas Armadas hacia la Policía Nacional.

En el caso Cabrera García y Montiel Flores versus México, por ejemplo, la Corte establece que la intervención de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública debe atender a criterios estrictos de proporcionalidad, de subsidiariedad, los cuales se encuentran nuevamente reflejados dentro de este proyecto normativo. Y es así, colegas legisladores, que con absoluta transparencia, no solamente democrática en relación al mandato expreso que nos han dado los ciudadanos, sino también en estricta aplicación de los parámetros técnicos, tanto constitucionales como convencionales, esta normativa no prevé solamente la existencia de un régimen complementario, sino que respeta el marco regulatorio de derechos humanos, del derecho internacional humanitario y permite que los ciudadanos gocemos de la confianza y de la percepción de seguridad que nos otorgan todos los días la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Este régimen, y valga nuevamente hacer la aclaración, no reemplaza a un Estado de excepción, no reemplaza un conflicto armado de carácter no internacional y se circunscribe a lo determinado dentro del régimen ordinario en materia de seguridad. Con esta percepción que le estamos dando al pueblo ecuatoriano, con esta normativa que en segundo debate la votación tiene que ser favorable porque nuevamente estamos generando un compromiso para otorgarle herramientas jurídicas válidas a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional en este amplio margen de lucha contra el crimen organizado.

Mi palabra, Presidente.

Presidenta, compañeros legisladores, en la consulta popular del año 2024 aprobamos que la Asamblea Nacional elabore una ley para que haya el trabajo articulado entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y el pueblo mayoritariamente se pronunció a favor. Por supuesto que nosotros, por coherencia política, respaldamos esa pregunta de la consulta popular. No podía ser de otra forma. Han transcurrido 820 días, compañeros legisladores, y la consulta que nos hicieron ahí era que en 200 días teníamos que aprobar, o tenía la Asamblea, que aprobar esta ley. Estamos en deuda con el pueblo con esta ley en 620 días.

En 620 días, en hora, estamos con esta ley. Bueno, siendo un mandato popular, por supuesto que hay que aprobarla. Es imposible que podamos decir que esta ley no tiene que ser aprobada, porque eso nos ordenó el pueblo, y más aún, en nuestro caso, que respaldamos esta pregunta en la consulta popular. En el primer debate, señora Presidente y compañeros legisladores, a esta ley hicimos observaciones, y muchas de ellas han sido recogidas, por cierto, y lo cual, pues obviamente, me satisface. Pero asimismo, no hicimos observaciones a otros artículos que nos parecían bien que estuvieran en la ley, pero que lamentablemente ahora han desaparecido para el segundo debate.

Por ejemplo, el artículo 15, que obligaba a que el Presidente de la República entregue un informe a la Asamblea Nacional y a la Corte Constitucional, una vez más ratificando a la Asamblea la función que tenemos de fiscalizar. Ese artículo ya no está. El siguiente artículo, que ya no está, es el 16, que hablaba de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que pueden tener las personas o los funcionarios, sea de la policía, de la fuerza pública, en definitiva, que se excedan en sus atribuciones y se cometan algún tipo de violación.

Y el artículo 17, que estaba en el primer debate y que hoy tampoco está en este informe, que hablaba de los mecanismos de denuncia, es decir, se creaba un mecanismo para que podamos denunciar a las personas que han sufrido abuso a través de la Defensoría Pública, la Fiscalía General del Estado o el Ministerio de Defensa. Ese artículo también ha desaparecido. Supongo que habrá una explicación para esa situación. Esta ley, señora Presidenta y compañeros legisladores, que por cierto, en su gran mayoría, yo creo que en un 95%, está bien estructurada, está bien hecha y tiene un objetivo válido, que es que las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional cumplan su labor.

Y es por eso que en el primer debate tenía la siguiente redacción para el tema presupuestario, que decía, el ente rector de las finanzas públicas designará los recursos necesarios. Es decir, era imperativo y tenía que darle todos los recursos necesarios a la Policía y a las Fuerzas Armadas para que hagan este trabajo. Es más, señora Presidenta y compañeros legisladores, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dijo exactamente lo siguiente en la comparecencia que hizo a la Comisión de Seguridad. Finalmente, recomendó ajustar el artículo 18 para que se hable del uso legítimo de la Fuerza, lo cual sí está contemplado, y añadir una disposición general que garantice la asignación de recursos económicos para sostener las operaciones militares en los plazos previstos.

Eso propuso el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y obviamente la Comisión recogió, al poner la frase pertinente, el ente rector de las finanzas públicas designará los recursos necesarios. ¡Qué bien! Así lo hicieron en el primer debate. ¡Oh, sorpresa! Para el segundo debate nos ponen la famosa frase, se elimina ese artículo, por cierto, se es reemplazado por el siguiente, la implementación de las disposiciones previstas en la presente ley se financiará con cargo a los presupuestos institucionales de las instituciones competentes, y aquí viene la frase, ¡de conformidad con la disponibilidad presupuestaria!

Todo este esfuerzo que ha hecho la Comisión de Seguridad y el pronunciamiento del pueblo en las urnas va a depender de que si hay plata o no hay plata. ¿Vamos definitivamente a lograr el objetivo que buscamos, que es luchar contra la delincuencia? ¿Por qué no sostener el artículo del primer debate? Que era imperativo, que obligaba a poner los recursos necesarios para lograr este accionario, y que iba acorde con el pronunciamiento del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Caso contrario, compañeros legisladores, si no ponemos estos artículos que obliguen a asignar los recursos, pasará lo que pase en salud, nunca hay plata para comprar medicamentos, nunca hay plata para arreglar los hospitales, nunca hay plata para implementar más médicos, y por eso la salud sigue en el deterioro que está.

Compañeros legisladores, es necesario confirmar recursos para lograr este objetivo. ¿Cuánto estamos gastando, y esto ya debería ser parte del debate de la Asamblea y del país entero? ¿A qué me refiero? A la cooperación internacional. Resulta ser que el Ecuador, un país pobre, porque somos pobres, que no tenemos ni siquiera para pagar los temas de salud, ni para darle salud al pueblo ecuatoriano, se gasta más de mil millones al año en combatir el narcotráfico. Lo cual está bien. Haciéndole el trabajo a los países europeos y al norte del continente, porque no pueden controlar ellos el narcotráfico.

Y claro, ¿y cuál es la recompensa que tiene el Ecuador por este trabajo que hace todos los días la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el pueblo ecuatoriano que entrega sus pocos recursos que tiene? ¿Cuál es la recompensa que tenemos? La cooperación internacional es ínfima. Vemos los tuits que sabe publicar la Policía Nacional. Lo tenía guardado en el teléfono, se me ha borrado. Uno que decía lo siguiente, más o menos, en un cargamento que cogieron que iba a Alemania. Hemos evitado que 65 millones de dosis llegan a Alemania.

La pregunta lógica es ahorita, ¿qué nos ha dado Alemania? Que les evitamos que vayan 65 millones de dosis a Alemania. El embajador de Italia nos dijo que el 70% de la droga que se distribuye en el mundo entero sale de Ecuador. Pregunta el embajador de Italia, ¿qué nos ha dado Italia para combatir ese problema? Nos dicen los expertos que aproximadamente se captura el 20% de la droga en el Ecuador. Es decir, el 80% logra pasar aquí porque no tenemos la implementación necesaria para hacerlo o porque ya no tenemos más recursos.

Y claro, no logramos el combate porque nos faltan recursos. ¿Y cuál es la solución? ¿Le seguimos quitando recursos al pueblo ecuatoriano que no los tiene? O ya es tiempo que como parte de la política de seguridad y también internacional, el Ecuador comienza a exigir a quienes son los verdaderos beneficiarios del combate al narcotráfico, comiencen a poner los recursos. Por lo menos vayamos miti-miti. Si les estamos haciendo ese trabajo a los países europeos, si les estamos haciendo este trabajo a Norteamérica, por lo menos exijamos que la mitad, aunque deberían poner todo, por lo menos exijamos que la mitad destinen, apoyen al Ecuador en esta lucha contra el narcotráfico.

¿Por qué este país es demasiado pobre para seguir gastando estos recursos que los necesita la gente pobre? Nosotros estamos evitando que el 20% llegue a los países europeos y a Norteamérica con recursos que podrían ser utilizados en salud, en educación, en cuantas cosas más. Por lo tanto, coherente con nuestra posición, vamos a respaldar este proyecto de ley. Nos faltaba más porque eso se pronunció en el pueblo ecuatoriano y va acorde a lo que nosotros hemos creído siempre. Pero insisto, los invito a que comencemos a reflexionar sobre esta última parte, la cooperación internacional, compañeros legisladores.

No puede seguir siendo de migajas, no puede seguir siendo de dos cifras. Hay países que no pasan de tres millones de aportes. Solamente Alemania, vean la cooperación internacional, es nada, es ínfima. Y sin embargo, solamente en una captación de droga, fueron 65 millones de dosis que no llegaron a Alemania. ¿Cuánto le hubiera costado a Alemania capturar esa droga? Y sin embargo, se lo hicimos gratis. Esos son los temas también que ya es tiempo de debatir en el país. No solamente en la Asamblea, sino en el país.

¿Cuándo vamos verdaderamente a exigir que la cooperación internacional, principalmente de los beneficiarios, de la lucha contra el narcotráfico, que hace no solamente la policía, las fuerzas armadas, sino el pueblo ecuatoriano, porque está poniendo plata el pueblo ecuatoriano en esta lucha, debe cambiar ya de su composición. Hasta aquí, señora Presidenta, nuestras observaciones, nuestros comentarios, con la concursión final de que siempre vamos a estar apoyando los proyectos de ley que vayan en la línea del combate a la delincuencia, que vayan en la línea del combate al narcotráfico, sin importar quién los proponga, vengan de donde vengan, porque es lo que le conviene al pueblo ecuatoriano.

Primero está la conveniencia del pueblo ecuatoriano y luego está la conveniencia política. Señora Presidenta.

En realidad, este punto de información es más bien aclarativo, porque en este Pleno de la Asamblea Nacional se han hablado acerca de por qué una cosa o unos artículos están en el primer informe y otras en el segundo informe. Lo que se busca en la construcción de una normativa, para quienes ya estamos tiempo en la legislación, es construir los informes en una línea de que estos sean viables, también en una línea de responsabilidad con la legislación, es decir, no duplicando las normativas que ya existen. Y justamente hay una legislación vigente que se debe respetar cuando hablamos de reformas a una nueva legislación.

Y justamente en este proyecto de ley, nosotros hemos buscado que sea lo más viable posible, que sea una ley que esté compaginada con la legislación vigente. Y por eso el régimen de responsabilidades y controles ya se encuentran plenamente determinados en los artículos 159, 233 y 215 de la Constitución. Estas disposiciones ya establecen que las autoridades responden por sus actuaciones y que ningún servidor público está exento de responder por sus actos y omisiones. Eso hablándoles en líneas generales. Ahora, ¿qué dice, por ejemplo, de lo que hablaban del artículo 15, 16 y 17, me parece, en cuanto a las responsabilidades?

¿Qué dice la Ley Orgánica de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas? Responsabilidades en Administraciones Disciplinarias del artículo 192. El personal militar que por acción o omisión incumple las disposiciones y obligaciones constantes en la presente ley y más normativa interna e institucional aplicable, incurrirá en responsabilidad administrativa disciplinaria que será sancionada sin prejuicio de la acción administrativa, sin prejuicio de la acción administrativa, civil, penal, que puede originar el mismo hecho. La sanción podrá incluir, de ser el caso, la restitución, reposición o pago de bienes de la institución.

Es clara la Ley Orgánica de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas en su artículo 192. Así como el COSEPE, señores, que regula las actividades de la Policía Nacional y las demás entidades de seguridad en cuanto a la responsabilidad administrativa y disciplinaria. Esta indica que consiste en la inocerancia de las disposiciones legales y reglamentarias funcionales y obligaciones de la ley y las servidores de la seguridad reguladas en este código. Así como también dice la Ley Orgánica de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas en su artículo 57, responsabilidad de los mandos y autoridades por uso indebido de la fuerza.

Los mandos de autoridades tendrán responsabilidad respecto del uso excesivo, ilegítimo o arbitrario de la fuerza cuando sus omisiones y disposiciones hubiesen dado lugar al uso indebido de la fuerza y no haya observado los principios y disposiciones establecidos en esta ley. Señores, lo que ustedes acaban de indicar ya se encuentra en la Ley Orgánica de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas, así como en la Constitución. Si hablamos de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que todos deberíamos conocer en cuanto a los controles políticos, el artículo 8 de la ley establece que el artículo 74 adelante sobre la fiscalización y control político que establece la atribución que tenemos como asambleístas sobre el control político y la fiscalización.

¿Qué dice la Ley Orgánica que regule el uso legítimo de la fuerza? En su artículo 20, otras limitaciones y prohibiciones para el uso de la fuerza. Las servidoras y servidores de entidades reguladas en esta ley en ejercicio de funciones específicas no podrán hacer usos de la fuerza con fines de venganza, retaliación, intimidación o para obtener beneficios personales o terceros, en cuyo caso cualquier persona informará inmediatamente o al superior jerárquico y a las autoridades competentes a fin de que inicien las investigaciones competentes. Ningún servidor ni servidora pública estará excepto de responsabilidades por los actos relacionados en ejercicio a sus funciones o por sus omisiones y serán responsables por quebrantamientos de garantías constitucionales y de la prescripción de los instrumentos internacionales de los derechos humanos vigentes.

Es decir, lo que estaba en los artículos 15, 16 que les preocupa a los legisladores ya se encuentra normado en otras leyes, porque es responsabilidad del legislador revisar lo que se encuentra en primer debate y construirlo para el informe como tal. Señores ecuatorianos, cuando ingresa un proyecto para el primer informe, un proyecto de ley, cuando el CAL derriba un proyecto a una comisión, la comisión está en obligación de revisar cuál es la normativa vigente y hacer los controles necesarios para que el informe no tenga una duplicidad de norma.

Y eso es lo que hemos hecho en la Comisión de Seguridad. Evitar que haya una duplicidad de norma en cuanto a los controles disciplinarios, civiles o penales que pueda haber en la Policía Nacional, así también con respecto a lo que es las Fuerzas Armadas. Con respecto a lo que indicaba el legislador Serrano, con respecto al tema de los presupuestos. Presupuestos, legislador, el artículo 135 de la Constitución. Solo la Presidenta o el Presidente de la República podrá presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto público o modifiquen la división política o administrativa del país.

Por tanto, esta comisión y esta ley orgánica no tiene funciones para incrementar presupuesto en esta normativa. Lo que hemos hecho en la Comisión de Seguridad es crear una normativa viable, respetuosa de la norma vigente y sobre todo de la Constitución. Gracias, compañeros.

lista los días que han tomado para esta reforma, pero es importante que todos sepamos y que los ecuatorianos sepamos el tortuoso camino democrático y jurídico que tiene que seguir una reforma. La primera iniciativa sobre este tema, esta complementariedad entre policías y militares, se propuso en octubre del 2022, tuvo revisión de la Corte Constitucional y finalmente fue presentada en diciembre del 2022. En marzo del 2023 se hizo el primer debate una vez que esto llegó a la Asamblea Nacional de ese entonces. El segundo debate se dio en diciembre del 2023, fue a referéndum recién en abril del 2024 y con el respaldo mayoritario de los ecuatorianos, siete de cada diez, finalmente modificó el artículo de la Constitución con una inclusión de casi seis incisos más.

Lo que hoy discutimos es una ley de rango orgánico que precisamente desarrolla esa reforma aprobada por los ecuatorianos de forma mayoritaria. Y he querido traer a colación además la votación para que entendamos el significado de esto. En abril del 2024, tres millones seiscientas mil mujeres votaron a favor de esta reforma en todo el país. Tres millones cuatrocientos mil hombres votaron a favor. Y vean ustedes las provincias, la votación, especialmente en las provincias más afectadas. Esmeraldas, setenta y uno por ciento a favor de esta reforma, de esta complementaridad entre policías y militares.

Guaya, setenta y cuatro por ciento. Pichincha, setenta y cuatro por ciento. Los Ríos, sesenta y ocho por ciento a favor. Manaví, sesenta por ciento. Y en ese sentido, lo que hoy se discute, como les digo, es ya el desarrollo de una reforma prevista en la propia Constitución, algo que ya es un artículo, justamente para que en cierto tipo de delitos puedan las Fuerzas Armadas apoyar las tareas de seguridad interna de la Policía Nacional. Y los delitos son los siguientes, narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, tráfico de personas, terrorismo, minería ilegal, extorsión e intimidación, delincuencia organizada y también un apoyo complementario cuando existe grave conmoción interna en el sistema penitenciario.

Es por demás lógica esta reforma. Necesaria. ¿Quién puede oponerse a que en esta lucha tan grave que tenemos no utilicemos todos los recursos, especialmente la diferente preparación que tienen las Fuerzas Armadas, incluso el diferente equipamiento que tienen frente a los policías? Es algo por demás necesario, lógico y que fortalece una lucha, y aquí discrepo con el legislador que me precedió, que no es por hacerle los deberes al resto de países. ¿Cuál ha sido el problema que ha experimentado el Ecuador en estos últimos años? Sin ser productor de droga, porque nosotros no producimos ni cocaína, ni marihuana, salvo hectáreas, 100 hectáreas, 200 hectáreas que se van fumigando y desapareciendo permanentemente, pero nosotros no somos productores.

Los que sí son productores son nuestros vecinos, y han convertido en estos últimos años al Ecuador en un puerto de exportación. Entonces, cuando combatimos esto, no estamos haciéndole el deber, que también le estamos haciendo el deber, pero no estamos haciéndolo por los países en el extranjero, lo estamos haciendo por nosotros mismos, porque esta contaminación nos afecta en la política, en la seguridad, en la justicia, en la economía y, por supuesto, en todos los estamentos del país. Entonces, es una lucha de nosotros por nosotros, que sí falta un apoyo internacional, por supuesto, para todo lo que hace el Ecuador, por supuesto que falta mucha más cooperación internacional, pero esto es algo que si no lo hacemos, nadie lo va a hacer por nosotros.

De hecho, esperamos todos que con este cambio de gobiernos en Perú y en Colombia haya por fin algo de control en las fronteras, porque por las fronteras ingresa el armamento ilegal, por las fronteras ingresan los cargamentos de droga esperando usar nuestros puertos para, con nuestras exportaciones, llegar a Estados Unidos, a Europa y a otra parte del mundo. Así que, en este problema regional, donde no estamos solos, es lógico que todas nuestras competencias estén unidas para enfrentar estos problemas. Ahora, evidentemente todo tiene conexión y no pude evitar ver el artículo 8 de esta reforma, en donde se hace mención al Sistema Nacional de Inteligencia, para contar con ese apoyo en el caso de que exista conmoción interna dentro de las cárceles, que afortunadamente en este gobierno no ha ido, porque en el gobierno anterior la crisis carcelaria se daba casi cada dos meses.

Destrucciones completas, mutilados, en fin. Las llaves de los pabellones, y ustedes lo saben, lo tenían los jefes de estos grupos, no lo tenía la policía. Pero sí sorprende, y por eso estamos en un ecosistema jurídico relacionado, que claro, aquí se hace lógica referencia al Sistema Nacional de Inteligencia, pero tenemos una Corte Constitucional que mantiene todavía la suspensión a un proyecto que salió de esta propia Asamblea respecto de modificar y unificar todos los sistemas de inteligencia. ¿Cuándo se dignarán en resolver? No lo sabemos. Ojalá entiendan que también esta ley que articulaba los dos subsistemas, el de los militares y el de la policía, conjunto con el resto de sistemas de inteligencia que van desde las aduanas, las cárceles y al resto de subsistemas, son necesarios, y esta reforma era necesaria, lamentablemente, como digo, duerme el sueño de los justos de la Corte Constitucional, precisamente para tener información en el combate a la delincuencia.

Ya la reforma del artículo 158, porque también alguien lo hizo mención, establece en uno de los incisos los casos en los cuales se tiene que evitar el abuso y, por ende, se busca la responsabilidad de aquellos que no utilicen bien el poder que les da, en este caso, la Constitución y, por supuesto, la autoridad. Así que sí está previsto el tema del abuso. Pero esta reforma, y sobre todo para esta bancada, es simbólica, porque para nosotros el apoyo es permanente a los buenos policías y militares que se la juegan diariamente contra estos grupos organizados.

Todos vimos lo que se hace en minería ilegal, ciertos videos entrando a romper todas las bocaminas, no sólo en el norte del país, también en Ponce de Ríquez. Esta es una lucha permanente, en donde el enemigo se fortalece también, va con más recursos, pero para nosotros este es un tema simbólico que va en coherencia con todo lo que hemos luchado en estos años. Y además, quiero aprovechar este discurso para mandar ese mensaje a aquellos que en su momento, en los años 80, evitaron que este país caiga en las garras del terrorismo, como lo tuvieron con Sindero Luminoso en Perú y como lo tuvo Colombia con las FARC.

Aquí sí hubo un grupo de policías y militares que se enfrentaron y que lamentablemente todavía están pendientes de una decisión de la Corte Nacional por una comisión de la verdad que les ha tenido a todos en su sobra. Muchos han fallecido, muchos están inhabilitados físicamente, pero están dando la cara. Así que desde aquí quiero que sepan que tienen nuestro respaldo y que estamos pendientes a esa decisión, porque si no llegara a ser en justicia, como esperamos todos, siempre habrá una decisión política que se pueda tomar desde esta Asamblea o del Gobierno Nacional para respaldar, no sólo a los actuales que combaten, sino a los que lo hicieron en el pasado.

Gracias, señora Presidenta.

de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Bienvenidos a la Asamblea.

Señora Presidenta, señores y señores asambleístas, hablar de las Fuerzas Armadas exige respeto. Su historia, su disciplina y su servicio forman parte de la vida republicana del Ecuador. Miles de soldados cumplen con su deber, lejos de sus familias, en fronteras, carreteras, cárceles y territorios golpeados por la violencia. La honra militar se protege entregándoles misiones claras, órdenes legales, medios adecuados y respaldo político. Cada soldado enviado a una operación de seguridad entre población civil merece saber con precisión qué puede y debe hacer, qué tiene prohibido, qué tiene prohibido hacer.

Quién conduce la operación y quién responde por cada decisión para que no pase lo que pasó con los niños de las Malvinas. El país atraviesa una violencia brutal. Las familias viven bajo amenaza. Los comerciantes padecen extorsiones y nuestros barrios reclaman recuperar la paz. Nosotros reconocemos y respaldamos el apoyo complementario y subsidiario de las Fuerzas Armadas previsto en el artículo 158 de la Constitución del Ecuador. Ese mandato nació de la decisión popular y obliga a esta Asamblea a convertirle una ley seria, eficaz y responsable, a pesar de haber, como dijo el asambleísta Serrano, pasado más de 680 días de mora.

Frente al crimen organizado, el Estado debe actuar con toda su capacidad, inteligencia y firmeza. Precisamente por la gravedad de esta misión, la responsabilidad del Estado aumenta. Una operación en calles, barrios o centros penitenciarios ocurre entre civiles, madres trabajadoras, adolescentes, adultos, mayores y comunidades enteras. El crimen organizado se oculta y opera dentro de esa realidad. Por eso, la Fuerza Legítima necesita inteligencia precisa, mando definido y límites claros. Las órdenes ambiguas exponen a la población y también dejan desprotegidos al personal militar que las ejecuta. La Corte Constitucional, en la Sentencia 33-20-IN-21, recordó que los estándares mínimos del uso de la fuerza deben estar en la ley.

Habló de legalidad, absoluta necesidad, proporcionalidad y humanidad. También de protección de la vida, la integridad, la protesta, la capacitación y el equipamiento. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la participación militar en seguridad ciudadana debe ser extraordinaria, excepcional, temporal, subordinada al poder civil, complementaria a la policía, regulada y fiscalizada. Estos criterios protegen la legitimidad de las operaciones, la seguridad de los ciudadanos y la actuación de nuestros soldados. Con esta medida debemos evaluar el texto que hoy llega a este Pleno. En el primer informe existían prohibiciones expresas, un control constitucional desarrollado, control político, periódico, informe final, responsabilidad administrativa, civil y penal y mecanismos permanentes de denuncia.

El texto del segundo debate elimina este núcleo de garantías. Apenas queda una notificación general a la Corte Constitucional y a la Asamblea. Notificar una decisión es un trámite. Fiscalizar exige expediente completo, acceso a la información, comparecencias, evaluación de resultados y determinación de responsabilidades. Y se tuvo los criterios de académicos y expertos que no se observaron para el segundo informe. Yo debo reconocer que se trabajó exhaustivamente, arduamente en la Comisión de Seguridad, que es una de las comisiones que más trabaja en la Asamblea Nacional y que hemos recibido el aporte siempre de la Academia, de profesionales, de instituciones para el competimiento de esta aprobación en el segundo debate.

Lastimosamente, no se han incluido estas participaciones de los organismos colegiados y de las personalidades y la Academia. El artículo 14 permite activar las operaciones mediante decreto ejecutivo, pero no obliga a definir las tareas permitidas y prohibidas. Los medios autorizados, las reglas para el uso de la fuerza, la conducción y coordinación, las abaguardas para la población, los indicadores de resultado, la revisión periódica ni el plan de salida. En democracia, las buenas intenciones jamás reemplazan a la ley. Cuando una decisión puede afectar la vida y la integridad de las personas, sus límites esenciales deben constar con claridad en la norma y el propio decreto, fuera del alcance de protocolos secretos o de decisiones improvisadas.

Los artículos 13, 18 y 20 también permiten una reserva operativa demasiado amplia. Rutas, posiciones, identidades y aspectos tácticos pueden requerir protección temporal cuando exista un riesgo real. Esa reserva necesita una justificación concreta, un plazo, una autoridad responsable y control independiente. Ante presuntas violaciones graves de derechos humanos, la información debe estar disponible para la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Corte Constitucional y la propia Asamblea, los jueces y las víctimas conforme al debido proceso. Además, siempre debe existir una versión pública. La reserva protege una operación legítima, jamás puede convertirse en refugio de un abuso.

La remisión supletoria a la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza aporta una referencia, aunque resulta insuficiente para esta ley especial. Aquí debemos, y deben constar, reglas específicas sobre legalidad, absoluta necesidad, proporcionalidad, humanidad, precaución, armas autorizadas, reporte de incidentes, investigación y rendición de cuentas en operaciones conjuntas. Una regla clara orienta al soldado en segundos decisivos, protege al ciudadano y permite que el Estado responda con verdad cuando ocurre un hecho grave. Existe, además, una tensión con la secuencia ordenada por la Constitución. El artículo 158 dispone que, recibida la solicitud policial, el presidente convoque inmediatamente al COSEDE.

Los artículos 11 y 12 del proyecto anteponen un informe militar que puede tomar hasta 48 horas. Una ley debe ejecutar un mandato constitucional y respetar su orden sin introducir demoras que la Constitución no autorizó. La tercera disposición reformatoria abre otra preocupación. Las expresiones, prevenir o combatir el crimen organizado, entre comillas, y situaciones de violencia, entre comillas, pueden ampliar el apoyo militar más allá del catálogo cerrado establecido en la Constitución. En materia de seguridad y uso de la fuerza, las cláusulas abiertas terminan convertidas en facultades expansivas.

El principio de legalidad exige supuestos precisos, competencias delimitadas y decisiones previsibles. ¿A quiénes intentan reducir este debate a la acusación de que nosotros protegemos a los delincuentes? Yo no sé de dónde sale esa acusación peregrina. Los respondemos con hechos. El crimen se fortalece con operaciones improvisadas, como por ejemplo las 2.100.000 operaciones que el señor Ministro del Interior nos dijo que ha tenido la Policía Nacional y el Ejército en estos poco más de dos años. Asimismo, el incremento del 12 al 15% del IVA, esos recursos. El crimen se fortalece con operaciones improvisadas, cadenas de mando confusas, evidencias perdidas, abusos sin investigación e instituciones desacreditadas, como decía el asembleísta Castro, de que hay una mala actuación, pésima actuación de algunos jueces que sacan a los delincuentes apenas pueden.

Y eso perjudica enormemente esta lucha importantísima que vienen haciendo las Fuerzas Armadas y la Policía justamente para proteger nuestra seguridad. Una actuación fuera de reglas claras puede derrumbar procesos penales y dejar solos a los servidores que cumplieron órdenes. La seguridad eficaz requiere legitimidad, coordinación, inteligencia, resultados verificables y responsabilidad. Compañeras y compañeros asambleístas, pedimos recuperar las garantías eliminadas, prohibiciones de expresas, control constitucional efectivo, fiscalización política periódica, informes de resultados, canales de denuncias, investigación de incidentes, acceso de los órganos de control y responsabilidad por los abusos. Asimismo, pedimos también un decreto que detalle emisión, medios, mandos, límites, salvaguardas, evaluación y retiro.

Estas reglas fortalecen a las Fuerzas Armadas porque los protegen de la arbitrariedad y del uso político y de órdenes imprecisas. Yo creo que el papel fundamental de las Fuerzas Armadas, además de proteger la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y pedirles que cumplan un trabajo que al que no están capacitados, hace que nosotros tengamos muchos problemas en poder decir si están yendo a cumplir adecuadamente las cosas si que no existen efectivamente las normas claras que les permitan que al fin del día no se cometan exceso como el problema de la muerte de los niños de las Malvinas.

Muchas gracias, señor Presidente.

medios de comunicación. La Constitución de la República del Ecuador lo dice ya en su primer artículo. La soberanía radica en el pueblo ecuatoriano. La voz de Dios es la voz del pueblo. En abril del 2024, como ya lo han manifestado varios asambleístas, más del 72% de los ecuatorianos votó a favor de que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a la Policía Nacional en el combate contra el crimen organizado. Hasta hoy, ese apoyo era posible solo si el Presidente de la República declaraba un estado de excepción. Este proyecto de ley cambia eso.

Ya no hará falta un estado de excepción para que las Fuerzas Armadas ayuden a la Policía Nacional en territorios específicos. Por eso, esta ley crea un procedimiento con reglas claras. ¿Cuándo y dónde se activa? ¿Quién lo pide? ¿Cuánto dura y cuál es el límite? Como ya lo he dicho también en mis discursos anteriores, este país, el Ecuador, enfrenta una de las mayores amenazas de su historia. Las organizaciones criminales han atentado contra la vida de las familias ecuatorianas, han reclutado a nuestros jóvenes y han convertido la extorsión en uno de los delitos más violentos de la historia.

Frente a esta realidad, el Presidente de la República, Daniel Novoa, ha tomado medidas muy duras para fortalecer la seguridad del país. Es por eso que esta ley establece que la Policía Nacional seguirá a cargo de la seguridad ciudadana y el orden público. Pero cuando la magnitud de la amenaza lo amerite, las Fuerzas Armadas podrán contribuir con su ayuda a la Policía Nacional sin alterar funciones, sin alterar competencias y sin dejar espacio para actuaciones improvisadas. Como ya lo mencionaron también el asambleísta Esteban Torres, deberán intervenir en delitos que ya están previstos en la Constitución en el artículo 158.

Narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, terrorismo, minería ilegal y extorsión. ¿Quién va a realizar esta solicitud? La va a realizar el Comandante General de la Policía Nacional explicando las razones de esta amenaza. De ahí, las Fuerzas Armadas tendrán 48 horas para entregar su informe técnico. Otro punto importante de este proyecto que lo quiero mencionar es que nuestros uniformados recibirán capacitación y formación en derechos humanos para cumplir con su misión. Ningún militar, ninguna autoridad podrá estar en territorio sin haber recibido estas capacitaciones. Y ya que estamos hablando de los derechos humanos, he escuchado en algunas entrevistas a esos que defienden los derechos humanos de los delincuentes.

Pero yo no los he escuchado hablar de los derechos humanos de las víctimas. Yo no los escucho hablar de los derechos humanos del padre de familia que sale de su casa y no regresa. Yo no los he escuchado hablar de los derechos humanos de ese padre de familia que es extorsionado todos los días. Yo no los he escuchado hablar de los derechos humanos cuando violan a una menor de edad en la provincia del Guayas. Yo sí los quiero escuchar hablar de los derechos humanos de las víctimas.

Aquí, señores, en el Ecuador, no va a haber contemplaciones para los criminales. Los ecuatorianos nos pidieron paz y es lo que va a hacer el gobierno del presidente de la República, Daniel Novoa, y esta Asamblea Nacional y esta bancada de ADN. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas les puedo decir que van a contar con nosotros para que continúen haciendo su trabajo y devolverle la seguridad a las familias ecuatorianas. Muchísimas gracias, señor presidente.

Bueno, por primera vez, asambleísta Jaramillo, vamos a coincidir porque justamente en mi intervención me voy a referir precisamente a esas víctimas del estado de militarización que tiene este país. Hablemos entonces, colegas, de Edwin Pat, hablemos de Bruno Rodríguez, hablemos de Fardy Muñoz, de Romario Caicedo, de Cirilio Minota, de Luis Delgado, de Jefferson Bolaño, de Cristian Cabrera, de Osvaldo Morales, de Ariel Franco, de Neville Mina, de Jordi Morales, de David Loor, de Juan Santillán, de Jairo Tapia, de Justin Álvarez, de Dalton Osvaldo, de Cristian Sandoya, de Jonathan Adrián, de Oscar Bravo, de Yajaira Marquinez, de Jean-Pierre Castellana, de Justin Valverde, de Darío Vázquez, de Luis Salas, de Francisco Albario, de Jorge Luis Izquierdo, de Brian Torres, de Carlos Pilko, de Kevin Pisco, de Miguel Morán, de Ismael Eduardo Arroyo Bustos, de Josué Arroyo, de Nemías Alborleda, de Steven Medina, de Jonathan Daniel, de Kevin Danilo, de Fabricio Alejandro, de Jason Ariel, de Franco Gil, de Víctor García y de las más de 50 víctimas de desapariciones forzadas.

Quieren ponerles nombres. Estas son las verdaderas víctimas de este estado de militarización que se ha llevado con profunda irresponsabilidad en este país. Y quisiera referirme a un caso particular, el caso de David Loor, y lo voy a leer específicamente de un informe de amnistía internacional. David Loor, de 20 años de edad, y Juan Santillán, de 27 años de edad, fueron interceptados por dos camionetas de militares mientras se dirigían a una tienda en el cantón Ventanas, el 26 de agosto de 2024. Esa misma noche, una patrulla policial allanó arbitrariamente el domicilio de la madre de David Loor, sin ninguna explicación.

Esa noche, la madre de Dave, en la búsqueda de su hijo, halló en el camino a un joven desconocido que había sido desnudado y fuertemente golpeado. El chico indicó que los militares los estaban torturando a él y a varios jóvenes dentro del monte. La denuncia fue ingresada por desaparición involuntaria, a pesar de que había indicios de participación militar. Finalmente, después de insistir, su madre en la fiscalía aceptaron esta denuncia, pero por desaparición involuntaria, no por desaparición forzada. La Fiscalía General del Estado cuenta con un informe militar que reconoce la aprehensión y luego una supuesta liberación.

Esa liberación no ha sido registrada, por lo que se constituye en una desaparición forzada. Esa aprehensión, colegas asambleístas, tuvo que ser inmediatamente puesta en conocimiento de la Policía Nacional o de la Fiscalía General del Estado, y no fue así. Más de 50 casos de desapariciones forzadas, donde en ninguno de estos casos existe un solo acto dentro de Fiscalía de denuncias por algún tipo de cometimiento de delito por parte de estas más de 50 personas que fueron desaparecidas forzosamente, que está en esas investigaciones. Pero lo que sí existe a día de hoy, y está documentado a nivel internacional, incluso por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, es que este estado de militarización ha llevado a graves vulneraciones a los derechos humanos.

Y es así, en ese contexto, que llegamos al debate de esta importante ley. Y digo importante porque no estamos discutiendo si es que se va a realizar un apoyo complementario de Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Ese es un debate que ya quedó zanjado, además, en las urnas por el pueblo ecuatoriano, que dijeron, sí, vamos hacia un apoyo complementario de Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Sin embargo, ese apoyo complementario tiene que tener reglas. Y esas reglas deben ser claras precisamente, precisamente para proteger la vida de inocentes, precisamente para proteger a las víctimas de la pobreza y la marginalidad.

Porque yo no me olvido, colegas asambleístas, tal vez ustedes sí, pero yo no me olvido que alias Marino, un delincuente de alto valor, y como lo llama el ministro Reimberg, vivía en uno de los barrios más lujosos de la ciudad de Guayaquil. Alias Marino fue atacado, fue asesinado además, por otra banda delincuencial, en las canchas de fútbol en un barrio en San Borondón. Entonces, cuando decimos que ustedes no están peleando contra la delincuencia, sino que están matando a los más pobres, nos referimos precisamente a esos más de 50 casos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

A mí la verdad me sorprende mucho cómo son capaces de un día proponer una cosa, y al siguiente proponer otra, y me refiero específicamente a lo que ha sucedido con este proyecto de ley en la Comisión de Seguridad. El proyecto de ley fue ingresado por la asambleísta Alarcón e incluía algunos elementos que eran importantes y los voy a señalar. En el artículo 3, por ejemplo, hablaba de una lista de principios rectores, donde claramente hacían referencia a la sujeción de las fuerzas militares al poder civil, y hablaba del respeto irrestricto a los derechos humanos, de la necesidad de fiscalizar y también de un control democrático y judicial.

Todo esto, entre el proyecto que ingresó la propia asambleísta Alarcón y este proyecto de ley que discutimos el día de hoy, simplemente no existe. El artículo 11, que imponía límites claros e importantes para la actuación de fuerzas armadas, insisto, en este proyecto de ley eso ya no existe. Había restricciones al uso de la fuerza letal y un respeto al derecho a la protesta. Se hablaba también de la progresividad y se hablaba de eliminar la existencia de una vigilancia a las protestas sociales. Eso actualmente ya no existe.

El artículo 14 era un artículo bastante importante y que a mí personalmente me llamó mucho la atención haberlo visto en un proyecto ingresado por ustedes. Y era precisamente la fiscalización que tenía que hacer la Comisión de Seguridad frente a, digamos, el desarrollo de este estado de militarización. Ese artículo decía específicamente lo siguiente. Control político. La Asamblea Nacional ejercerá un control político sobre la aplicación de esta ley a través de la Comisión Especializada que conozca los asuntos de defensa, seguridad y soberanía del Estado. Esta comisión convocará al Ministro de Defensa, Ministro del Interior, Comandante General de la Policía y Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Esto para rendir cuentas, lo más importante de esta ley era eso, rendir cuentas de la ejecución de operaciones militares en apoyo a la Policía Nacional. Simplemente de la noche a la mañana este artículo desapareció. Finalmente, el artículo 18 habla de operaciones clasificadas en función de la seguridad nacional. A pesar de que la Constitución dice claramente que en materia de graves violaciones a los derechos humanos no existe información reservada, no existe información clasificada. Y Amnistía Internacional ha documentado algo profundamente grave. Y es que los procesos de investigación por desapariciones forzadas y por ejecuciones extrajudiciales no están avanzando porque el Ministerio de Defensa alega reserva para entregar estos comandos de operaciones.

Nosotros no vamos a caer, colegas asambleístas, en la trampa que ustedes una y otra vez quieren colocar en los debates respecto al tema de seguridad. Si votan esta ley, entonces están con la seguridad. Si votan esta ley es porque quieren paz en el país. Y si votan en contra de esta ley, entonces es porque están con la delincuencia, como dijeron por ahí, defendiendo los derechos de los delincuentes. No vamos a caer en esa trampa, colegas asambleístas, porque aquí nadie, en este Pleno de la Asamblea Nacional, absolutamente nadie está en contra de que en este país exista paz.

Nadie está en contra de que los militares hagan su trabajo, pero que lo hagan bien. Porque a día de hoy, los únicos resultados que podemos contabilizar del Estado de militarización es precisamente las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas. Porque llevar a los militares a las calles, sin un debido proceso de instrucción en derecho operacional, sin las herramientas necesarias, lo único que genera es exponer precisamente a esas Fuerzas Armadas que ustedes tanto dicen cuidar. Cuidar a las Fuerzas Armadas es entregarles normativa clara, es entregarles procedimientos claros, no una carta abierta para que hagan lo que quieran hacer sin seguir ciertos procedimientos.

Porque además hay que recordar que las graves vulneraciones a los derechos humanos no prescriben. Y el día de mañana, ni ustedes ni el Presidente de la República estarán en estos cargos, pero quienes sí tendrán que enfrentar a la justicia por estas graves vulneraciones son los militares a los que ahora ustedes están exponiendo. Gracias, Presidente.

Dos temas que me llaman la atención de lo que ha indicado la legisladora que me antecedió la palabra y que me nombró. Y el primero es con respecto a la reserva. La legisladora no le quita más de cinco minutos leer el artículo en donde habla claramente que no se establece una reserva general automática ni permanente. El artículo es claro. La expresión podrán ser clasificados, exige valor a cada documento y justificar que su divulgación pueda comprometer la seguridad o eficacia de operaciones. No me tomó menos de 30 segundos leerlo, legislador.

Le invito a que lo haga. Segundo, con respecto a lo que usted indica, que el informe de primer debate ha estado bien. Los artículos han sido consecuentes con lo que queremos indicar. Explíquenle al pueblo ecuatoriano por qué votó en contra de ese informe. ¿Cuál era la razón para votar en contra si el informe de primer debate ha estado tal cual? A usted le parecía que estaba conveniente. ¿Por qué votó en contra? Seguramente por las órdenes que le dan de que así lo haga. No quiero seguir hablando acerca de los controles porque ya lo expliqué detenidamente lo que dice la Constitución, lo que habla acerca de cuáles son estos controles políticos que nos corresponde a nosotros como legisladores.

Pero sí voy a hablar acerca de lo que dice sobre la Defensoría del Pueblo, que no lo dije anteriormente con respecto al artículo 215, que ya establece que la Defensoría del Pueblo tendrá como funciones la protección y la tutela de los derechos de los habitantes del Ecuador y la defensa de los derechos de los ecuatorianos. Eso ya está claramente establecido. Ya están establecidos los controles, señores legisladores y pueblo ecuatoriano. No se dejen engañar. Y a la legisladora le digo que es lamentable cada nombre que ella ha indicado en este Pleno de la Asamblea Nacional.

Cada caso que ha sido nombrado en este Pleno de la Asamblea Nacional. Pero legisladora, tenga sangre en la cara. No los revictimice. No los use para subir a sus plataformas políticas. Si tanto le duele esa realidad, es el momento de que hoy vote a favor de esta ley. Gracias, señor presidente.

Presidente, buenas tardes, buenas tardes a los ecuatorianos que nos ven desde sus casas, seguramente bastante frustrados por escuchar que se siguen defendiendo los derechos de los delincuentes por encima de los derechos de la gente de bien, porque pensamos en eso y les voy a decir por qué. Les encanta hablar de los cuatro niños de las Malvinas. Están sentenciados los responsables. ¿Y por qué no hablamos entonces de la violación de Santiago Díaz, de los 7.129 casos de violación? ¿Por qué no hablamos de eso? Porque les duele, ¿verdad?

Pero políticamente seguir victimizando a los niños de las Malvinas les conviene. Pero claro, un legislador aquí fue un violador de una menor. ¿Saben cuántos casos hubo el año pasado? Jairén dice 50, yo tengo 33, pero digamos que son 50. Esas son las desapariciones. ¿Saben cuántas violaciones hubo el año pasado? 7.129 casos. Y no los veo hablando de eso. No los veo diciendo en este caso que está mal, que no existe una lista de violadores, porque ahí no, los derechos humanos, ¿verdad? Y los niños. Pero eso no es políticamente rentable, ¿verdad?

Dejemos de poner los derechos de los delincuentes por encima de los derechos de la gente de bien. Ojalá los derechos humanos metieran plata en Ecuador para luchar contra la delincuencia, porque les encanta meter opiniones, pero para defender delincuentes porque es rentable. Hasta la vez veo que, por ejemplo, estén defendiendo a estos niños. O que, por ejemplo, hubieran defendido ante la Corte la decisión del listado de violadores, porque es revictimizar a los violadores, pobrecitos. Señores, por Dios, el pueblo ecuatoriano nos dio una orden. Hay que cumplirla.

No, es que no voy a votar a favor porque me sacaron dos artículos que a mí me gustaban. ¿En qué momento? ¿En qué momento la ley impide que un mal funcionario haga su trabajo? O sea, que porque vamos a poner en la ley prohibiciones expresas que ya existen en el COIP, de hecho, por eso son delitos, la desaparición forzada, etc. ¿En qué momento vamos a lograr que una ley evite que un delincuente delinca? O que un mal funcionario público lo haga mal? Pero, como vemos los casos, son mínimos cuando comparamos con otros temas reales que sí deberíamos estar debatiendo y quisiera que todos ustedes estén diciendo que los violadores, etc., etc., y ahí sí les duela como los niños de las Malvinas.

Pero vemos a 7.000 casos que no dicen nada porque un legislador de esa bancada violó a una niña y siete meses no dijeron nada. Entonces, dejemos la hipocresía, señores, y pongámonos a trabajar. Eso es lo que tenemos que hacer. Las reglas existen. Si comete un delito el militar, tienes la fiscalía. En este caso, si existe un abuso, está la defensoría. Ya existe la ley. Entonces, esta norma lo que busca es reglar la orden que nos dio el pueblo ecuatoriano. Pero, repito, dejemos la hipocresía que nos genera hablar de los niños de las Malvinas.

Sí, un caso lamentable. Cuando tenemos 7.200 niños violados, y ahí no estamos diciendo nada porque rentable político no es, ¿verdad? Entonces, pongámonos a trabajar. Porque los ecuatorianos que nos escuchan allá, escuchan derechos, que son los derechos humanos. Pero, ¿sabes qué pasa cuando un delincuente le dispara a una madre o un padre? No aparecen los derechos humanos de la víctima, pero sí aparecen a defender a los delincuentes en las cárceles porque hay abuso. Abuso de gente que corta cabezas y juega pelota. Esa es la gente que se está defendiendo con los disqueabusos.

Señores, si no hubiéramos tenido a nuestras Fuerzas Armadas, hoy tendríamos un país como existe en Colombia con la FARC, con grupos terroristas, con estos alfarovines, que bueno, en algún momento fueron hasta asambleístas. Eso es lo que tuviéramos en este momento. Por eso nuestros militares, claro que existen malos funcionarios, pero también existen grandes militares, que cuando fue la guerra fueron a combatir. Yo no vi asambleístas combatiendo en las guerras. Fueron los militares los que nos defendieron. Entonces, dejemos de generalizar con que todos son malos. Los malos funcionarios a la cárcel.

Para eso existe la ley. Para eso está Fiscalía para perseguir esos delitos. Para eso está la Defensoría para defender a las víctimas. Pero hoy tenemos que cumplir con el mandato de los ecuatorianos, que nos dicen que quieren el apoyo complementario. Entonces, para ser puntual en este proyecto de ley, primero, reglas claras existen. Hay un procedimiento para que se lleve a cabo el mandato constitucional de los ecuatorianos. Y esto comienza con una solicitud motivada de la Policía. Pasa a presidencia, luego un informe al COSEPE y finalmente se emite el decreto.

Que tiene control constitucional posterior, como debe de ser. Estamos cumpliendo. Existe una temporalidad. El apoyo es de 180 días, renovarse por una sola vez hasta 30. No es eterno. Se tiene que solicitar cada vez que la policía se vea rebasada. ¿Por qué negarnos a eso? ¿Puede terminarse de manera anticipada? Sí, en el momento que esté resuelto el tema puntual por el cual la policía pide el apoyo. Establece mecanismos permanentes de coordinación, como debe de ser. Hoy no tenemos una guerra y no se desnaturaliza a las Fuerzas Armadas.

Se hace un apoyo complementario, sin que ninguno tenga jerarquía por encima del otro, sino como socios contra la delincuencia. Entonces, yo no entiendo. ¿Cómo nos puede molestar esto? Porque vemos lo chiquito, pero no vemos lo grande. Y eso es lo que tenemos que analizar aquí. ¿El proyecto es bueno? Sí, es bueno. ¿Que en los reglamentos habrá que ser puntual? Sí, habrá que ser puntual. ¿Que deben de existir sanciones claras para los malos funcionarios? Existe. Están los delitos en el COIP. Que se debe de proteger a las víctimas está la Defensoría y el mandato, su facultad legal.

Entonces, nos ponemos a ver lo mínimo para decir que no estamos de acuerdo, pero no vemos el beneficio para los ecuatorianos. Porque cuando vemos que existen militares, es hasta un efecto disuasivo. Y hoy los ecuatorianos lo que necesitan es eso. Seguridad. No discusiones de derechos humanos que, repito, no ponen un centavo en este país y les gusta ser los grandes opinadores. Pero cuando hay que defender a las víctimas, ahí no aparecen porque no es rentable políticamente. El proyecto, por eso, establece disposiciones para su implementación. Pero, claro, que tienen que ser reglas claras que estarán en los reglamentos pertinentes.

Y, lógicamente, ya existe la ley para corregir cualquier tipo de abuso. Este el COIP está para defender a las víctimas de la Defensoría. Pero, repito, dejemos de politizar casos puntuales. El tema de los niños de las Malvinas es lamentable. Esos seres están procesados en este momento. Están presos. La ley cumplió lo que tiene que hacer con los malos funcionarios y lo seguirá haciendo. Pero no por ellos. Podemos satanizar a nuestras Fuerzas Armadas. Porque, claro, como dicen por ahí, cuando el avión se cae, ahí nadie es ateo.

Hoy nuestras Fuerzas Armadas son las que, si pasa algún conflicto bélico, salen a defendernos. Mientras están cómodos en sus casas ustedes chateando. Eso es lo que pasa. Entonces, dejemos de satanizar a nuestras Fuerzas Armadas por un solo caso. Cuando tenemos, repito, 7.000 niños violados. Pero se opusieron cuando se habló, en este caso, del listado de violadores para llevar un registro. Ahí se opusieron. ¿Por qué se vulneraba el derecho de los violadores? Yo creo que todos los ecuatorianos y nosotros, los asambleístas, también estamos cansados de que la ley sirva para defender al delincuente y no a la víctima.

Eso tiene que acabarse en esta Asamblea. Porque ya no es culpa de los de antes. Es culpa de nosotros si no lo hacemos. Así que, señor Presidente, el proyecto es viable. ¿Existen los mecanismos de control en leyes accesorias? Sí. Así que a los ecuatorianos no se les puede mentir. Finalmente, a quien le debe dar miedo ver un militar en la calle es a los delincuentes. A los que colaboran con delincuentes. O a los que son parte de la delincuencia. A los ecuatorianos de bien les va a dar seguridad.

Y esta Asamblea tiene que cumplir con ese mandato. Mi palabra, señor Presidente. Muchas gracias.

de la voluntad popular se expresó en las urnas, cuando quienes nos han traído a este espacio han sido los ciudadanos y a quienes debemos responder. Y hoy nuestra misión es precisamente ello, responder a los ecuatorianos. Su voluntad fue expresada y hoy nos toca a nosotros, a cada uno de los legisladores, también cumplir con ese mandato constitucional. Esa reforma parcial al artículo 158 de la Constitución es necesaria, por supuesto, claro que sí, hubo tiempo para que los ciudadanos analicen su decisión el día que acudieron a las urnas y votaron sí.

Por lo tanto, a la Asamblea Nacional y a cada uno de nosotros nos corresponde también tener coherencia con los ciudadanos, cumplir con ellos, decir sí a este paso importante de apoyo a nuestra Policía Nacional. A ustedes, señores policías que están aquí brindándonos seguridad, a aquellos policías que nos ven también en vivo y en directo esta sesión del Pleno, a los medios de comunicación que difunden este trabajo. Ahí una madre de un policía, un hijo de un policía, militares que apoyan a nuestra Policía Nacional, que son padres, que son esposos, que son hermanos.

Ellos están cumpliendo un rol, exponiendo su vida, hacendos operativos y al siguiente día vemos también a delincuentes que salen como si no ha pasado nada cuando la policía y los militares exponen su vida por darnos seguridad. Y hablaba un asambleísta de aquellos ciudadanos de los derechos humanos. Yo le recuerdo también policías que se enfrentaron a aquellos que trataron de destruir a nuestro país. Ex-policías como Luis Manotaxi, Giovanni Lasso, Eduardo Moyo y Jesús Getacama, que se enfrentaron a aquel ciudadano que tanto daño le hizo al Ecuador y que después fueron declarados inocentes gracias a un recurso de revisión.

Policías que no tuvieron miedo a enfrentarse a aquellos que los humillaban. Y hoy nuestra policía no se humilla al crimen, señores. No se humilla al crimen. Tienen decencia, tienen valor. Y hoy lo que debemos hacer es precisamente apoyar a cada policía de nuestra nación. A todos, a los sargentos, a los cabos, a los oficiales que luchan a diario en territorio junto a nuestros militares. De ellos debemos tener también piedad porque se están enfrentando a estructuras criminales que dejaron avanzar sin piedad, sin contemplación. Aquí no vengan a decir que pobrecitos los delincuentes, que los derechos humanos de los señores delincuentes, que pobrecitos no están comiendo, no están comiendo.

Y la madre que sufre cuando le van a extorsionar y el joven que no puede salir de su casa cuando tiene temor ser reclutado por las estructuras criminales. Eso debería darnos pena. No aquellos delincuentes que roban la inocencia de nuestros jóvenes, de nuestra gente. Ahí están los verdaderos derechos humanos que debería preocuparnos. ¿Quién defiende? Hoy, señores, tenemos una gran tarea, defender en nuestro país y también demostrar de qué lado estamos. Si de los delincuentes o de las familias que nos exigen hoy cumplir con su voluntad ciudadana, no con lo que a mí me da la gana o con lo que a ustedes les da la gana, sino con lo que dijo el pueblo y el trabajo que ha hecho el presidente Daniel Novoa, el bloque de seguridad, nuestra policía y los miro a los ojos.

Les digo gracias, gracias porque no tienen miedo a defendernos. Gracias a nuestros militares y a sus familias, porque seguramente cada noche rezan porque vuelvan a su casa. Y quienes tenemos familiares que están en las fuerzas, sabemos lo doloroso que es cuando algo ocurre, cuando está un intento de atentado contra nuestros familiares. Quienes sabemos realmente el dolor que siente una madre de perder un policía, de perder un militar un esposo, es incalculable. Señores, tengamos conciencia y coherencia. El pueblo habló en las urnas y habló con claridad y decisión.

El Ecuador tiene que cumplir y la voluntad del pueblo tiene que respetarse. Gracias.

Seré verdaderamente breve. No quiero cansar, ya tenemos algún tiempo en este supuesto debate. A mí me llama la atención profundamente que dediquemos o nos dediquemos someramente a hablar de estos temas. Nos falta profundidad para enfrentar estos temas. Y cuando la argumentación se va agotando, no nos queda más que la demagogia y la mentira. Y la mentira es muy propia de modelos extremos, en este caso de la extrema derecha, que también tenemos acá en el Ecuador. Daniel Novoa lleva ya 33 meses como presidente de la República del Ecuador.

De esos 33 meses, el dato dice que ha gobernado con estado de excepción entre el 85% y el 95%. Estado de excepción permanente que permite violar principios preciosos construidos a lo largo de la historia de la humanidad. Y no solo de Ecuador, la humanidad entera. Han debido concurrir grandes filósofos para que nos permitan defender, por ejemplo, la inviolabilidad de nuestro domicilio. La inviolabilidad de la correspondencia. Todo eso se va al garete con los estados de excepción. Y toques de queda también hemos tenido para disque defendernos.

Y hemos tenido en 2025 9.300 muertes violentas que hacen de 2025 el año más violento de la historia de mi país, de nuestro país. Todo con estados de excepción, todo con aumento de presupuestos, todo con el incremento del IVA. Todo a disposición para usar la fuerza. Y no ha dado resultado. Por eso digo que seguimos enfrentando estos temas de manera somera, sin la profundidad que nos exige la situación actual. El Ecuador reclama, aunque les parezca manido, el Ecuador reclama educación, salud, entretenimiento, propuestas artísticas y culturales para nuestra gente.

¿Qué estamos ofreciendo en estas discusiones? Estamos ofreciendo más violencia, más exterminio. Los derechos humanos, los derechos humanos se defienden con todo. Con todo de lo que seamos capaces. Si yo, como persona y ahora como asambleísta, no soy capaz de defender los derechos humanos, me tengo que ir. No sirve estar aquí si no ponemos esas prioridades. La ausencia de derechos humanos castiga al más vulnerable. Y el más vulnerable es la mayoría de nuestra gente. Por eso, si no somos capaces de defender los derechos humanos, ¿qué hacemos aquí?

Que las Fuerzas Armadas van a la guerra. Para eso estudian. Para eso se preparan. Que yo no voy a la guerra. Que estoy en un escritorio muy cómodamente sentado. Es que no me he preparado para ir a la guerra. Las Fuerzas Armadas sí, pero no saben tratar con la ciudadanía. Y esto ya los tiene hastiados también a los propios o algunos integrantes de las Fuerzas Armadas. No deben estar en las calles. Las Fuerzas Armadas no saben tratar con los ciudadanos. Para eso está la policía. Para eso está la policía.

Así que eso es lo que quería decir, Presidente, y dejarnos de estas superficialidades. Muchas gracias.

Serrano nos hacía un llamado de atención y él también se llamaba la atención cuando señalaba que apenas el plazo era de 200 días y han transcurrido 820 días para que hoy estemos reunidos en este hemiciclo analizando la tarea cumplida por la Comisión. No sé si es pecado, me pregunto, que una dama que a lo mejor no sea de la tendencia que está viendo mil peros en el contenido de este proyecto de ley, no sé si es pecado que la señora sea oficialista o sea de ADN y por ende todo lo que haga este conglomerado legislativo que tenga la etiqueta de ADN o del gobierno esté mal.

Yo quiero felicitar el trabajo y el esfuerzo de Inés Alarcón y de sus compañeros asambleístas porque tratar uno de estos temas no es tratar un tema muy simple. Javier Lazo decía en su intervención y cuando usted señor presidente le daba la palabra a Javier, yo ya me preparaba para intervenir porque al parecer ya nos iba a dar la palabra a quienes somos del grupo de la tercera edad porque desde este rincón también nos mantenemos a la expectativa, aprendemos de las experiencias, de los conocimientos de hombres y mujeres que estamos aquí gracias al respaldo de un pueblo y fue ese pueblo el que en algún momento haciendo uso de su derecho obviamente tomó la decisión de votar positivamente para que las fuerzas armadas sean fuerzas complementarias a la policía nacional.

todos los ecuatorianos sabemos y conocemos cuál es la tarea de la policía nacional, los ecuatorianos sabemos también cuál es la tarea de las fuerzas armadas, pero hoy venía en horas de la mañana y sin lugar a dudas al mirar grupos de militares caminando por la calle colón en la esquina de la 6 de diciembre, sin duda que la gente respira más seguridad, respira más protección, ventajosamente digo yo hemos llegado a este momento sin el conflicto armado que teníamos antes con la vecina república del Perú, donde obviamente se volcaba todo el esfuerzo militar a cuidar esas fronteras, pero hoy estamos viviendo el llamado conflicto armado interno y yo quiero en cambio repetir lo que hace pocos días señalaba el general en servicio pasivo Juan Méndez, ex director de inteligencia de las fuerzas armadas y él concebía ya el problema de otra manera, es decir, ya no estamos solamente en un conflicto armado interno, decía el militar con mucha experiencia y él decía el Ecuador ya debe sostener que la delincuencia organizada, que el crimen organizado ya le declaró la guerra al estado ecuatoriano y que bajo esa visión se deberían también complementar el resto de países y así entender por qué este no solamente es un problema que está viviendo el Ecuador.

Todos los días nos despertamos para escuchar promedios de asesinatos, promedios de masacres que obviamente generan miedo, que obviamente generan terror. Sergio Peña con sus conocimientos hizo referencia y creo que eso hay que decirle al país sin duda que es cierto que a lo mejor en este cuerpo legal no están incluidas todas las soluciones para castigar a todo tipo de delito. Jamás estaremos de acuerdo en los abusos que puedan cometer ciertos elementos de las fuerzas armadas en el Ecuador o en los países vecinos o en cualquier país del mundo.

Jamás estaremos de acuerdo. Pero tampoco estaremos de acuerdo en que nos crucemos de brazos y no construyamos leyes y normas lo suficientemente robustas para enfrentar a alguien que ya le declaró la guerra al estado ecuatoriano y a alguien que siga amenazando obviamente en la región. Considero que aquellos delitos que sin duda son preocupación también de los asambleístas que están en el costado opuesto respecto de que a lo mejor los militares si no les ponemos reglas claras pueden cometer abusos, pueden irse en contra de los civiles.

No sé si de esa manera queremos agredir la dignidad de nuestras fuerzas armadas. Porque hablar de nuestras fuerzas armadas es hablar de una garantía, es hablar de una noble institución como tal, que igual que en nuestras familias no todos somos buenos, igualmente podemos tener parte de nuestros familiares que están equivocados y asimismo en las fuerzas armadas también habrá gente que se equivoque y como dijo Sergio, hay normas que castigan, hay una constitución que castiga también a aquellas personas, llámense policías, llámense militares, llámense civiles que vayan más allá de lo que está permitido y que caigan en lo que está prohibido obviamente por la ley.

Yo quiero nuevamente señalar ese afán permanente que prima en aquellos que hemos sufrido en carne propia la pérdida de seres queridos en manos de delincuentes. Yo quiero decirles que debemos también ponernos en los zapatos de aquellos hombres y mujeres, de aquellos padres y madres de familia que hoy lamentan y sí quisieran y sí quieren que las fuerzas armadas sean lo suficientemente fuertes y que se mantenga con ese mismo coraje de siempre para enfrentar el mal. Ayer lo hicimos en las fronteras, hoy nuestras fuerzas armadas están trabajando por el bienestar, la seguridad de nuestros ciudadanos y creo que en nuestra condición de padres, de madres, de familia, debemos mirar eso con buenos ojos.

Y qué bueno que hoy obviamente se haya tomado esta decisión, que hoy haya un presidente, llámese como se llame, un ser humano ecuatoriano que haya tomado la decisión de dar el pecho a las balas y enfrentar a esto, insisto, que no lo vamos a solucionar mañana. Esto que seguirá demandando la voluntad de los asambleístas que hoy estamos, de los asambleístas que vendrán y así sucesivamente. Pero lo importante es obviamente que a este recinto lleguen hombres y mujeres con la firme decisión de trabajar por quienes hoy están preocupados de nuestra tarea.

Insisto, no solamente estamos incumpliendo en la reforma y en este mandato que nos da un pueblo, todavía hay otros deberes que debemos cumplir y que estamos recontra atrasados. Si 200 días nos dieron y estamos en 820 días, entonces estamos dándole la razón a la gente que dice que no solamente unos traban, sino que aquí en la asamblea no estamos cumpliendo la tarea que debíamos cumplir. Mi palabra, señor presidente.

Presidente, me parece que uno de los labores que debemos tener aquí los legisladores es reorientar el debate. Y reorientar el debate significa saber qué es lo que estamos en este momento discutiendo y qué es lo que estamos debatiendo en este momento. Estamos debatiendo un proyecto de ley que desarrolla un mandato constitucional en relación al rol que deben tener de forma complementaria las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el combate al crimen organizado y a la inseguridad. Vivimos en un Estado constitucional, no desde el 2008 sino desde 1978 tenemos un Estado de Derecho.

¿Cuál es el rol del Estado? El rol del Estado fundamentalmente es defender al ciudadano de la inseguridad. ¿De qué tipos de inseguridad? De la inseguridad que causa el crimen organizado y la delincuencia y también defenderle de los abusos del poder en manos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Yo no entiendo en este momento dónde perdió esta legislatura el horizonte para establecer una posición de protección a las Fuerzas Armadas que, de acuerdo a lo que han establecido las sentencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ejercen un poder coercitivo de seguridad externa y a las que queremos darles el rol de que coadyuven al crimen organizado, al combate al crimen organizado.

Aquí nadie, nadie está en contra del combate al crimen organizado, pero sí me permito puntualizar y sí me permito decir, yo me voy a oponer a los abusos también de la Policía y de las Fuerzas Armadas cuando tenemos casos de ejecuciones extrajudiciales. Entonces, el rol de esta ley es también limitar el poder que tienen las Fuerzas Armadas por el simple y sencilla razón de que ejercen coerción, ejercen fuerza, ejercen poder y al ciudadano tampoco se le puede someter abusos de arbitrariedades. ¿Qué esto recién en esta ley?

Falso, ya tenemos Tibi versus Ecuador, Chaparro Lapo versus Ecuador, una serie de sentencias. Pero también tenemos que tener en cuenta que esto a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional no solo se les defiende con procedimientos que pudieran ser cuestionables desde el punto de vista legal, hay que darles dignidad. Y cuando va uno al territorio resulta que las UPCs están desatendidas, que las Fuerzas Armadas no tienen herramientas de persecución y de combate, que no hay una normativa, que el policía no tiene las herramientas para perseguir.

Entonces, para aplicar la Constitución y el mandato no necesitan esta ley para asignar los recursos de seguridad, para darle los recursos de seguridad complementaria a los GATS. Me opondré, y con esto concluyo, presidente, a este debate que nos pone pro o en contra de las Fuerzas Armadas. Aquí el centro debe ser el ser humano de los abusos de las Fuerzas Armadas y del poder y también de la inseguridad. Muchas gracias, presidente.

Presidente, colegas legisladores, muy buenos días, buenas tardes al pueblo ecuatoriano de igual manera. La seguridad es un derecho y el Estado tiene la obligación de garantizarlo, por ello como asambleísta por la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas, mi posición frente a este proyecto de ley nace de una realidad, porque Santo Domingo sabemos lo que significa vivir entre carreteras estratégicas, comercio, producción, movilidad humana y desarrollo económico, pero también sabemos lo que significa que el crimen organizado intente convertir nuestras rutas, nuestros barrios y nuestros territorios en espacios para operar, algo que no es lejano en las distintas provincias que conforman el Ecuador y por eso, colegas legisladores, nuestra responsabilidad es representar de manera correcta y firme a cada uno de los ciudadanos en esta Asamblea Nacional.

El artículo 158 de la Constitución abre una puerta y es nuestra obligación y responsabilidad construir el marco jurídico que permita utilizar de manera correcta esta herramienta. Ya lo ha mencionado la asambleísta Inés Alarcón en los diversos puntos de este proyecto de ley y yo considero que este proyecto establece algo que considero fundamental, las Fuerzas Armadas no sustituyen a la Policía Nacional, la Policía conserva sus competencias constitucionales y legales y las Fuerzas Armadas actúan únicamente como apoyo cuando exista una insuficiencia operativa, objetiva y verificable. Cada institución tiene una misión, cada uniforme tiene una responsabilidad y cada operativo debe tener una cadena de mando claramente determinada.

Por eso, respaldo el principio de complementariedad y celebro que el proyecto de ley establezca un límite temporal de 180 días como máximo y una sola renovación de hasta 30 días. Debemos entender, colegas legisladores, que el crimen organizado ya no es común. Tiene logística, tiene financiamiento, tiene inteligencia, tiene armas, tiene capacidad de movilización e incluso muchas veces tiene conexiones que atraviesan fronteras. Por eso, la respuesta del Estado no puede ser menor. Necesitamos a la Policía Nacional, necesitamos a las Fuerzas Armadas, necesitamos a la Fiscalía, necesitamos las instituciones de inteligencia, necesitamos cooperación institucional y necesitamos cortar de raíz las fuentes económicas del crimen organizado.

Hoy, quiero un Ecuador donde cada institución pueda coordinarse con las demás dentro de la Constitución y la ley. Por eso, desde esta curul, vengo a decir que este proyecto es necesario, sí, y respeta la voluntad del pueblo ecuatoriano que se pronunció en las urnas el 2024. Y yo acompaño al pueblo ecuatoriano, al ciudadano que le importa regresar a salvo a casa, que su hijo pueda salir a estudiar, que su negocio pueda abrir, que un transportista pueda circular, que un agricultor pueda trabajar, que una familia pueda vivir sin miedo.

Por eso, mi voto será pensando en una sola cosa, que el Estado tenga las herramientas jurídicas para enfrentar el crimen organizado. Y desde Santo Domingo de los Áchiles, desde esta curul que representa una provincia trabajadora, trabajadora, luchadora y estratégica, asumo esa responsabilidad de votar sí por un mejor país. Muchísimas gracias.

Asambleístas, creo que esta diversidad de criterios, sin lugar a duda, lleva a establecer conclusiones que desde la posición que tengamos, quienes actuamos con cierta independencia, podamos opinar de manera razonable. Y quiero hacer una especie de abordaje de lo que ha sido la elección de la compañera Caterine Pacheco como vocal del CAL. Yo entendería, y se lo había dicho, que la designación anterior del compañero Steve Ordóñez era mérito respecto de la participación y existencia de los independientes. Sin embargo, entendiendo que la posibilidad de ser representados y de coparticipar en el proceso y las funciones que tiene el CAL, creo que estaríamos bien representados por usted.

En este enfoque, yo quiero traer a colación la pregunta que en el Casillero A, en el 21 de abril del 2024, se refería al referéndum y consulta popular. Que no se nos olvide cuál es la misión que nos encomendó en este caso el pueblo ecuatoriano. Y la pregunta establecía, ¿está usted de acuerdo con permitir el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución? Esta interrogante, traducida ya en relación a la aceptación mayoritaria del pueblo ecuatoriano, se contiene en la disposición transitoria segunda de la reforma parcial del artículo 158 de la Constitución de la República, que establece que en el plazo de 200 días, contados a partir de la entrada de vigencia de dicha reforma, la Asamblea Nacional debe aprobar el marco normativo que desarrolle los parámetros y los límites formales y materiales de apoyo complementario de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Repito el verbo rector, la Asamblea Nacional debe aprobar. Y la pregunta respecto de la posición posiblemente argumentada de quienes digan, no, es que las funciones de las Fuerzas Armadas de acuerdo a la Constitución son estas, y de la Policía son estas, todos entendemos aquello. Pero, en relación a la determinación de la obediencia que debe tener este Parlamento, se establece ya un mandato, y por eso en relación al alcance que genera todas las fuentes del derecho y en relación al contenido propio del artículo 1 del Código Civil, decimos que la ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita en la Constitución, manda, prohíbe o permite.

¡Manda! Está mandando el pueblo ecuatoriano y, por tanto, la permisividad respecto de la complementaridad está regida precisamente por la voluntad del pueblo ecuatoriano. De ahí viene. ¿Por qué el pueblo ecuatoriano votó sí en esta pregunta? Es fácil. Cuando referimos a los rankings de credibilidad de las instituciones del Estado ecuatoriano, resulta que la institución con mayor credibilidad en el país es precisamente las Fuerzas Armadas. Que la segunda institución con mayor credibilidad es la Policía Nacional. Y sepan ustedes que las instituciones con peor credibilidad son la clase política, es decir, la Asamblea Nacional y el Consejo de la Judicatura.

Decirle no en este momento tan importante al país es no sólo desacatar el mandato que nos han encomendado, sino ratificar las estadísticas de que no nos hemos puesto de acuerdo para coincidir en estas coincidencias que han dicho todos. Estamos de acuerdo. Me parece que con la excepción del señor Lazo, dijo que la policía debe dedicarse a lo suyo y los militares a lo suyo, lo cual no comparto, porque me parece que ya está abierta esta posibilidad con esta reforma parcial a la Constitución. Vale la pena reflexionar si la confianza en las Fuerzas Armadas está dada en la disciplina, en el respeto, en la certeza, y en la confianza que tenemos en ellos.

Y claro, voy a tirar un facto respecto de lo que ha mencionado la compañera Diana Jacome, de aquellos policías, de aquellos cabos, de aquellos sargentos, cuando pensamos en la retribución que nosotros a través de la determinación de leyes, pensemos bien lo que estamos haciendo dentro del régimen ISPOL y el régimen ISFA, precisamente para ser consecuentes con quienes sacrifican la vida, en un escenario de proporcionalidad, en un escenario en el cual permita que todos sin distinción sean reconocidos como tal en sus derechos, ya ahora en funciones, ya cuando tengan la calidad de jubilados.

Es correcto cuando han referido que la proporcionalidad debe estar justificada con el accionar de las Fuerzas Armadas. Yo también reflexionaba respecto de los excesos que no únicamente han acaecido en relación al caso Malvinas, que por cierto es detestable. Yo hacía un pronunciamiento respecto del juicio de valor que tengo en el accionar de aquellos que son malos, malos servidores judiciales, malos servidores policiales, malos servidores militares. Pero entendamos de que no todos son malos y que respecto de la construcción de esta normativa, cuando establecemos la caracterización de delitos que, a la fecha de la consulta popular, efectivamente, eran aquellos relacionados con otros que han ido generándose y que han ido mutándose intentándose dentro de lo que significa la jerarquización de las estructuras criminales.

Narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, tráfico de personas, terrorismo, minoría ilegal, extorsión, intimidación, delincuencia organizada. El presidente, en estas facultades que le estamos confiriendo, que nunca se diga que no ha existido al menos una posición clara y objetiva de quienes generamos un juicio crítico de valor, que no ha existido el apoyo. Y es posible que en la construcción modular que tenga que hacerse entre el informe de la Policía Nacional, cuando así proceda, para con el presidente y todas las autoridades, inclusive, se tengan que incluir otro tipo de delitos.

Sucumbidos, la provincia a la que me merezco pertenecer, ha sido objeto de varios escenarios de aplicación de estos estados de excepción. Y el propósito de esta ley es básicamente frenar esta discrecionalidad que tiene el Ejecutivo para reglamentarla. Porque sí, en efecto, muchos han versado respecto de la afectación de puntuales derechos. Correcto, estamos de acuerdo. Pero esta ley va a permitir, en cierta forma, generar esta modulación. Por eso es que yo no comparto cuando en el cuestionamiento se decía que el acto únicamente tiene que ver con la notificación.

Me parece que no se ha leído completo el texto de la norma y en relación concreta al artículo 15. No sólo habla de la notificación, sino que luego de emitir el decreto y dentro de las 24 horas se debe notificar, en este caso, a la Corte Constitucional y a la Asamblea Nacional. Para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, efectúen el control posterior correspondiente. No le podemos volver a traducir y será controlado por la Asamblea Nacional porque entendemos que en el carácter orgánico de nuestra ley, que tiene como tal, tenemos esa facultad para ejercer el control político.

Y que la Corte Constitucional, a través de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, también tiene lo propio para hacer este control. Y que dicho sea de paso, ya han existido algunas observaciones respecto de estas declaratorias de estados de excepción o de los denominados conflictos armados internos. Ahora, cuando se ha referido a los posibles excesos que bien pudieran existir, creo que no sería conveniente, dentro de la interpretación hermenéutica de la construcción de la normativa, transcribir todo lo que determine el artículo 30.1 y 30.2 del Código Orgánico Integral Penal.

¿Por qué? Aquí están las excepciones que se establecen dentro del cumplimiento de uno de los parámetros de la teoría general del delito, y que es la antijuricidad. Y ahí dice que en el cumplimiento del deber legal, del servidor policial o de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, existe un cumplimiento de un deber legal. Y únicamente podrá ser excluido de la existencia o el calificativo de un delito cuando se cumplan las condiciones. Y existen en este caso tres condiciones. El 30.2 establece que en el cumplimiento del deber legal del servidor de las entidades complementarias de la seguridad ciudadana también podrían estar exentos de una posible responsabilidad penal de acuerdo a las cuatro condiciones que establece en este caso el instrumento que prohíbe determinadas conductas.

Entonces, creo que es pertinente que en relación a esta determinación se pueda generar un alcance de que no se puede transcribir la normativa de otros textos legales para incluirles acá. Porque sería repetitivo. Nada está encima de la Constitución. Lo que sí lo voy a decir con un juicio crítico, y se lo digo a la Comisión, sin temor a equivocarme, que en el artículo 19, cuando se habla de la formación en derechos humanos, a más de la Policía Nacional, a más del establecimiento de estas instituciones que serían las encargadas de la formación en este tema, debió haberse incluido a la Defensoría del Pueblo.

Por supuesto que estoy de acuerdo. Porque ellos lo van a explicar, Derechos Humanos, a su manera. Y la única entidad que garante el cumplimiento de los derechos y su protección es la Defensoría del Pueblo. Me parece que ahí, ahí ha existido un lazo, que espero que la interpretación de derechos humanos es general y no puede ser concebida únicamente desde la vista de los militares o los policías. En conclusión, señor Presidente y compañeros asambleístas, mi posición es de que Ecuador requiere orden, Ecuador requiere disciplina, Ecuador requiere paz.

Y la mejor forma de hacerlo es precisamente aprobando este proyecto de ley que demanda la complementariedad entre las dos instituciones más prestigiosas, más reconocidas que tiene como sobrevivientes el Estado ecuatoriano. Por tanto, mi voto será a favor de la moción. Señor Presidente, mi palabra.

Hemos publicado una intervención dentro del pleno, pero luego de todas estas discusiones que hemos tenido, considero relevante el marcar una línea roja y decir las cosas muy claras. Y es que entre ustedes, los de la bancada del oficialismo, y nosotros quienes defendemos los derechos más fundamentales, existe una diferencia no superficial, abismal, ética e incluso hasta irreconciliable en esta temática. Aquí lo que han presentado es un proyecto de ley para blindar el abuso del poder de una institución de la cual algunos miembros incluso ya cuentan con sentencias ejecutoriadas por desapariciones forzadas y por sentencias extrajudiciales.

Y miren, hasta cierto punto está muy bien que lo hagan. ¿Saben por qué? Porque así por lo menos se despojan de esa máscara y defienden una agenda de corte fascista. Una agenda que nosotros jamás podríamos defender porque si realmente estamos con las víctimas. Lo que realmente resulta inaceptable, indecoroso, descarado y doloroso es que ustedes intenten hablar en nombre de las víctimas. Y lo digo de esta forma porque luego de que la asambleísta noriega dijera una serie de nombres, ni siquiera se percataron en que ahí estaban los nombres de cuatro niños que también ya fueron declarados aquí en nuestras cortes de haber sido víctimas de esos abusos.

Pero no, lo que ustedes hacen aquí con soltura es simplemente revictimizar a aquellos que ya no están aquí para defenderse. Y lo hacen sin soltura también para aquellas familias que están llorando a sus seres queridos, que están al frente de fosas comunes porque ni siquiera saben dónde están sus cuerpos. Algunos esperan días, semanas, otros van décadas. Y esto de defender o de utilizar a la justicia dentro de este nombre, dentro de este proyecto, nada más es un insulto para la memoria de nuestro país. El día de hoy incluso ciertas víctimas, de familiares de víctimas desaparecidas, quisieron entrar al pleno de la Asamblea Nacional.

Se trata de los pescadores que todavía están preguntando dónde están sus hijos, sus esposos, que fueron desaparecidos en algún lugar en Altamar. Por estos estados de excepción, estos acuerdos que se hacen, tras bastidores a espaldas del pueblo ecuatoriano en nombre de la seguridad. Y tampoco los dejaron entrar aquí. No quieren escuchar lo que dicen los familiares de estas víctimas. A nosotros no nos engañan. Sabemos que defienden esta propuesta utilizando artimañas y mentiras, disfrazándolas de un falso discurso de seguridad nacional. Pero ¿saben qué? El país entero lo sabe.

Los índices de popularidad de este gobierno lo dicen claramente. Y saben que ustedes no están buscando proteger a la ciudadanía de la delincuencia. Lo que realmente saben es que están tratando de armar aún más a las fuerzas de seguridad. Están tratando de callar a todos quienes salen a protestar. A todos ellos que tienen una voz disidente y que se opone a lo que hace el gobierno. Sigan lo que quieran. Sigan utilizando esta cruzada autoritaria que están utilizando además para tapar su incapacidad. A nosotros no nos asustan.

Porque cada discurso que dan, cada aplauso que elevan por la impunidad, solo nos pone con más fuerza del lado correcto. De ese grado correcto, que es el lado de la gente que camina en la calle con miedo no solo a la delincuencia, sino al abuso de poder. Del lado del campesino, del lado del comunero que defiende su tierra por el despojo. Del lado del ambientalista y el estudiante que marchan por el futuro de la patria. Del lado de la feminista y del perseguido político que no se callan ante el autoritarismo.

Pueden decir lo que digan y votar como ustedes quieran. Nosotros siempre nos vamos a sentir profundamente orgullosos de jamás, ni un solo segundo, estar del lado del opresor. Muchas gracias.

asambleístas, es importante decir las cosas por su nombre. El país está atento hoy en este segundo debate, en este proyecto urgente de apoyo y respaldo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Aquí felicito denodadamente por el trabajo que vienen haciendo en el territorio ecuatoriano. Hay que recordarle a la colega que me enseñó una palabra que decía que entre ella y nosotros hay diferencias irreconciliables, por supuesto que hay diferencias, porque nosotros sí defendemos al pueblo ecuatoriano, nosotros sí defendemos a la gente de los sectores populares, nosotros sí defendemos a los ecuatorianos de las bandas delictivas que ustedes la provocaron cuando abrieron las fronteras para que crece todo tipo de ciudadanos del mundo sin mirar su pasado judicial.

Ahí comenzamos a perder esta guerra. No entraron inversionistas, no entraron genios, entraron delincuentes prófugos del mundo que hoy están engrosando las filas de las 40 bandas delictivas que hay en el país que tienen más poder económico que el Estado y mucho más fuerza y mucho más armas que nuestras Fuerzas Armadas. Claro que hay diferencias irreconciliables, porque nosotros sí estamos junto a la gente. El presidente Daniel Novozin ha enviado proyectos en el campo de la seguridad que ustedes y la Corte Constitucional avetaron cuando aquí se aprobó el indulto anticipado.

Yo no sé por qué le molesta que las Fuerzas Armadas salgan a respaldar a la policía. Este no es un problema solo de las Fuerzas Armadas. También debería estar la Infantería Marina. Deberían estar todos los ecuatorianos para poder combatir esta lacra que tiene casi de rodillas al país. Hoy debe primar la unidad por tratar de salvar a la patria de estas bandas delictivas. Y les voy a poner un ejemplo. Ya se dieron casos que las Fuerzas Armadas respaldaron a la Policía Nacional cuando fue presidente Febrez Cordero.

Cuando por ahí quería surgir una banda delictiva que eran delincuentes comunes como Alfaro Vive Carajo. Y las Fuerzas Armadas salieron pues a respaldar al país. Y producto de aquello. Hasta hace poco vivíamos en paz. Hoy, claro que nos han ganado las bandas delictivas. Porque la oposición que ustedes hacen no es una oposición correcta. Eso no es hacer oposición. Eso es hacerle maldad al pueblo ecuatoriano porque no ayudan con sus votos para que estos proyectos beneficien a la gente que más los necesita. Decía un colega, aquí respeto mucho al colega Lazo, que los militares no están preparados para tratar a las personas.

Por Dios santo, no hay que mentirle a la gente. ¿Acaso los militares salen a ofender o atacar al ciudadano común? Salen a atacar a los delincuentes, colega Lazo. Y eso hay que darles con todo porque tienen de rodillas la patria. Hay que diferenciar entre el ciudadano correcto que sale a laborar y el delincuente que sale a asesinar. Las Fuerzas Armadas están hechas para defendernos. Están preparadas para la guerra. ¿Por qué nos oponemos? Hoy el país está atento de la votación de cada uno de nosotros. Mi voto claro que será favorable en respaldo a las Fuerzas Armadas y en respaldo al pueblo ecuatoriano.

Gracias señor presidente. Gracias colegas asambleistas.

Estimados colegas, Jorge Chamba, tú y yo hemos vivido en el barrio del Mercado de Durán. Y solo me preocupa escucharte decir como que las cosas están mejor. Entonces, te comento que personalmente fui amenazada, que personalmente estuve frente a personas que no me estaban diciendo palabras cariñosas. Entonces, pedí resguardo, no por ser asambleísta solamente, sino por ser una ciudadana que estaba siendo amenazada. La única respuesta que me dieron es que no calificaba. Me imagino que porque no me dieron un balazo. Entonces, sí me duele escuchar como que si las cosas están bien.

No está nada bien, están terribles. Terribles. Entonces, mis respetos y agradecimiento a las Fuerzas Armadas, a la policía. Cuando veo un policía joven, créanme que me la acerco y le digo, permíteme decirte como si fuera tu madre que Dios te bendiga. Porque están en peligro, porque constantemente mueren. Esto no tiene que ver con que yo diga que las Fuerzas Armadas o la policía hace algo mal. Es que digo que no veo resultados. Es que digo que algo está mal, algo pasa. Porque se sigue muriendo la gente en la calle, en mi tierra y en el resto del Ecuador.

Porque, insisto, me llega tanto Jorge, porque a mí me fueron a decir, si no haces esto, te mueres. Porque amo a Durán y he luchado y seguiré luchando por mi cantón. Y cuando me pidieron que sea candidata a la alcaldía, me sentí honrada. Pero no puedo poner a mi familia, que vive en el centro, en la Pontón 1, en diferentes lugares, como tengo familia, como en 6, 7 sectores de Durán, donde durante tres semanas, Jorge, desde que fui precandidata, mataron un chico de la puerta de mi casa a la acera de enfrente.

Un menor que no tenía nada que ver de antecedentes en esquina. Y cada semana mataron durante tres semanas a jóvenes. De los cuales me consta que dos no tenían nada que ver con temas delictivos que se supiera públicamente. Entonces me di cuenta que podían entrar a la casa de mis hermanos, de mi familia y hacerles algo, si yo no obedecía a lo que me estaban pidiendo. Y por eso, con el dolor de mi alma, le dije a Durán, te sigo defendiendo desde la asamblea, pero no voy a soportar que un familiar mío muera por no dejarme presionar por las bandas, por eso me duele, Jorge.

Y siento ese dolor que me imagino que muchos duraneños sienten cuando se dice como que no pasa nada. O como que estamos mejorando, yo no veo la mejoría. También te cuento, si no supiste, que en un día de un clásico, Marcelo de Mele, cometió el error mi primo hermano que hoy cumpliría años, Carlos Alberto Velasco Aguilar. Espero que Dios lo tenga en su gloria. Y hoy celebramos el dolor de su cumpleaños, de recordar su cumpleaños. Se sentó, le dijeron, ven, en el barrio del mercado, si lo conoces, ahí en la Cruz de Mayo, ven, te baja.

Y bajó del balcón y se sentó al lado de una vecina. Al tipo que perseguían, se le ocurre tirarse en medio de los dos. Al tipo solo le llegaron balas por la pierna, me contaron que por el glúteo, creo que sigue vivo. Pero los dos ciudadanos inocentes murieron en el acto. Jorge, por eso, no quería ni hablar. Pero yo sí pido, por amor a Dios, que lo que se apruebe o no se apruebe es responsabilidad del presidente, más allá de aquello, que no puedo actuar urgentemente antes que sigan muriendo inocentes.

Créeme que no quiero entrar en más detalles, solo pedirle al gobierno que tenga humanidad, que tenga un poco de empatía. Porque te juro que aparte de aquellos que están metidos en los temas y mueren por sus vendetas, hay muchos inocentes quedando en la calle en charcos de sangre. Y el dolor de las familias es irlos a recoger. Me imagino que peor será aquellos niños y jóvenes que desaparecen sin explicación. Me imagino que debe ser más desesperante todavía. Así que lo único que les pido cuando nos refiramos a estos temas es que sepamos que muchos afuera están sufriendo por eso y que Durán lo que pide es que se lo escuche, como sé que lo pide Manta, como sé que lo pide Machala, como todo el Ecuador está pidiendo, que hagamos algo más que hablar y que se vea el resultado.

Eso es todo, Jorge. Gracias, señora Presidenta.

Sí pasa, compañeros, sí pasa algo en nuestro país, estaríamos ciegos al decir que nada está pasando. Por supuesto que vivimos la infiltración del narcotráfico en todas las esferas, pues, políticas, sociales, judiciales. Y ha sido el presidente Daniel Novoa quien ha encarado esta lucha contra el narcotráfico y lo ha hecho de manera firme y contundente. Pero lo ha hecho sin sentar, pues, a un cabecilla de los grupos de delincuencia organizada en las mesas de seguridad, sin pactar con las mafias, sin pacificar a las pandillas. Lo ha hecho extraditando a los cabecillas de los grupos de delincuencia organizada.

Y qué lástima que de este lado del hemiciclo hoy comiencen con somos diferentes. Claro que somos diferentes, señores. Bajo ningún concepto nosotros pactaríamos con el crimen organizado, sacaríamos a la base de manta, abriríamos el microtráfico para los jóvenes, para que este país se hunda en la delincuencia como así lo hicieron ustedes. Háganse responsables, señores. Háganse responsables de toda la política pública que dañaron en cuanto a seguridad. Es su responsabilidad. Y qué lástima que ahora ustedes también estén viviendo lo que viven miles de ecuatorianos. Señora Presidenta, voy a emocionar, no sin antes decir que un legislador ha dicho cuatro veces acerca de los derechos humanos.

Los derechos humanos, los derechos humanos, los derechos humanos. Estamos claros con eso. Pero, legislador, les recuerdo que la Policía Nacional y los miembros de las Fuerzas Armadas también tienen derechos humanos. Y por eso estamos aquí, hoy legislando justamente, para que haya formación, para que haya capacitación para ellos. Y solo les voy a dar algo, un poco de información, porque sé que les cuesta un poco leer a este lado del hemiciclo. En el Plan Nacional de Seguridad Nacional, del 2025 al 2029, en su cuarto eje, habla acerca de la reconstrucción del tejido social a través de dinamizar la economía.

A través de mirar la seguridad como debe ser, multidimensional. Y si queremos hablar de política pública en cuanto a seguridad y en cuanto a comenzar a reconstruir el tejido social que ustedes dañaron a través de sus políticas públicas, el presidente Novoa ya lo está haciendo. Presidenta, he mandado una moción para que cuando usted considere necesario, envíe a votación. Muchas gracias. Gracias.

Se cierra el debate. Señor secretario, certifique si la moción presentada por la asambleísta Inés Alarcón ha sido ingresada por escrito.

Sí, señora Presidenta, la moción ha sido ingresada por escrito a esta Secretaría.

tiene apoyo la moción señor secretario de lectura de la moción presentada y tome votación

Procedo a dar lectura y tomar votación de la moción presentada. Memorando a N-A-B-M-2026-0152-M.

Asunto.

Moción dentro de la sesión 117 del Pleno de la Asamblea Nacional. De mi consideración, con respetuoso saludo en el contexto de la sesión 117 del Pleno de la Asamblea Nacional, convocada para este día martes 25 de agosto de 2026 a las 10 horas en estricto apego a los establecidos los artículos 61 y 135 de la Ley Orgánica de la Afición Legislativa y con relación al tercer punto del orden del día y cual tiene por objeto conocer y resolver respecto al informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica que regule el apoyo complementario y subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 158 de la Constitución de la República del Ecuador en calidad de ponente, presento la siguiente moción.

Que el Pleno de la Asamblea Nacional apruebe el texto íntegro del proyecto de ley orgánica que regule el apoyo complementario y subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 158. de la Constitución de la República del Ecuador. Consentimiento, destituida a consideración, atentamente, Inés Alarcón, asambleísta. Hasta aquí la lectura, señora Presidenta. Señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas, de existir alguna novedad, informar a esta Secretaría. Secretaría.

Estamos con 149 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleista Inés Alarcón. Señores asambleístas, por favor consignar su voto.

Gracias, señor secretario.

Señor Operador, presente los resultados. Señora Presidenta, me permite informar que de un total de 149 asambleístas presentes contamos con 83 votos afirmativos, 63 votos negativos, 0 blancos y 3 abstenciones. Ha sido aprobada la moción presentada por la asambleísta Inés Alarcón.

reconsideración.

Señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las currules electrónicas, de existir alguna novedad, informar a esta secretaría.

Se pone a consideración del pleno de la Asamblea Nacional la reconsideración presentada por la asambleísta Inés Alarcón. Señores asambleístas, por favor consignar su voto.

Señor operador, presente los resultados. Señora presidenta, me permite informar que de un total de 143 asambleístas presentes contamos con 61 votos afirmativos, 80 votos negativos, 0 blancos y 2 abstenciones. Por lo tanto, no ha sido aprobada la moción de reconsideración presentada por la asambleísta Inés Alarcón.

Señor secretario, certifique si existen puntos adicionales en el orden del día.

Señora Presidenta, cumplo con certificar que has agotado el orden del día.

Se clausura la presente sesión.

Se toma nota, señora presidenta, se clausura la sesión siendo las 14 horas con 13 minutos.