🕒 0:22 Diego Enrique Salas Barriga (75%)

Muchísimas gracias, señor presidente, por otorgarnos el uso de la palabra, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano, que nos ven, nos escuchan a través de los diferentes medios de comunicación. Queridos jóvenes, nuestros abuelos dicen que lo barato sale caro. Y en política pública, una norma, cuando no se crea con un candado, por supuesto que el país luego tendrá que pagarlos en conflictos, frustraciones y jóvenes decepcionados. Hoy debatimos una ley que pretende unir la educación con el sector productivo, pero no podemos ignorar la verdadera realidad que vive el país. De cada 10 jóvenes, 4 tienen empleo adecuado. Casi 2 tienen su empleo. Y hablando en forma general de desempleo, de cada 100 existen 3 o 4 desempleados. De cada 100 jóvenes, tenemos 7 desempleados. Esa es la verdadera realidad que viven los jóvenes en nuestro país. Reconozco que el informe, el segundo informe, tiene mejoras puntuales en comparación con el primero. Mejoras, algunos controles, protección de datos y candados fiscales. Pero la pregunta es sencilla. ¿Eso corrige lo esencial? Claro que no, colegas asambleístas, queridos jóvenes, pueblo ecuatoriano. Porque mantiene un problema estructural. Permite que la formación dual se convierta en un sustituto barato de las pasantías empresariales. Sin garantías o sin piso mínimo de compensación ni protección social. Eso abre la puerta, sin lugar a dudas, al trabajo real, con empresas reales y sin garantías. Sí, estamos de acuerdo que formación dual y pasantías no es lo mismo. Pero esa diferencia no justifica bajar el estándar de protección. La constitución de la República de Ecuador protege el trabajo y prohíbe también el trabajo gratuito impuesto. Y si una formación se desarrolla en un ambiente productivo real y existe el beneficio de empresas o empresarios, el Estado tiene dos caminos, de crear un contrato formativo con garantías mínimas o crear un incentivo perverso para seguir explotando a los más débiles como son nuestros jóvenes. Y el problema se agrega por una incoherencia peligrosísima. El informe permite que estos jóvenes cumplan con el porcentaje obligatorio que tienen las empresas. Pero también insisten de que no son pasantes y que tampoco aplica la protección, el régimen de protección de pasantías. ¿Qué es lo que le dicen a las empresas con esto? Con palabras sencillas. Cumplan sus obligaciones, pero con menos responsabilidades. Y eso no lo podemos permitir. Aquí no pedimos lujos, pedimos coherencia, acuerdo formativo claro, autoridades verificables, visión de sustitución laboral, compensación mínima cuando hay trabajo real y cobertura de seguridad social. Eso no mata la formación dual, la hace más seria y sostenible. Y protege también a las empresas responsables. Por eso, con respeto y con firmeza, decimos lo siguiente. Este informe mantiene fallas que pueden ser inconstitucionales en la práctica y representan una regresión indirecta del estándar de protección hacia nuestros jóvenes. Si aprobamos esto como está, mañana veremos jóvenes en formación cumpliendo tareas reales sin piso mínimo y empresas cumpliendo cuotas con figuras menos protectoras. En cambio, si corregimos, podemos construir una formación dual de verdad con puertas abiertas, no que abarate derechos. Por eso, desde la revolución ciudadana y con profundo compromiso en el país, le decimos y exigimos formación dual, sí, pero con dignidad. Vinculación productiva, sí, pero con protección. Aprendizaje en empresas, sí, pero sin trabajo gratuito. Muchas gracias, señor presidente. Hasta ahí mi palabra.